CASACIÓN Nº 9319-2020 SULLANA
TEMA: NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SUMILLA: La Ley Nº 29342 - Ley que Establece un Régimen  Especial de Depreciación para Edificios y Construcciones,  aprobó un beneficio tributario para los contribuyentes del  régimen general del impuesto a la renta y, en su desarrollo,  también estableció las condiciones que estos debían alcanzar  para verse favorecidos con sus efectos, siendo que, incluso,  determinó qué documentación debía servir para tener por  cumplida la condición referida al momento en que se daba  inicio a la construcción de la respectiva obra o construcción,  conforme con el texto del literal a) de su artículo 2º. Palabras clave: debido procedimiento, verdad material,  régimen especial de depreciación Lima, seis de octubre de dos mil veintidós.- LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA I. VISTA; la causa número  nueve mil trescientos diecinueve-dos mil veinte-Sullana, en  audiencia pública llevada a cabo en la fecha mediante la  plataforma virtual Google Hangouts Meet, con la participación  de los señores Jueces Supremos Yaya Zumaeta (presidente),  González Aguilar, Rueda Fernández, Bustamante del Castillo  y Dávila Broncano, y luego de verificada la votación con  arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 1. Objeto del  recurso de casación En el presente proceso sobre nulidad  de  resolución  administrativa,  la  demandante,  Grupo  Empresarial del Chira Sociedad Anónima, con fecha seis  de enero de dos mil veinte, ha interpuesto el recurso de  casación obrante de fojas quinientos treinta y siete a  quinientos cuarenta y dos del expediente principal, contra la  sentencia de vista contenida en la resolución número  veintiuno, del veinte de septiembre de dos mil diecinueve,  corriente de fojas quinientos catorce a quinientos veinticuatro  del mismo expediente, que confirmó la sentencia apelada  de primera instancia, expedida mediante resolución número  dieciséis, del quince de julio de dos mil diecinueve, obrante de  fojas cuatrocientos cincuenta y cinco a cuatrocientos setenta  y dos de los autos principales, que declaró infundada la  demanda. 2. Causal por la que se ha declarado procedente  el recurso de casación Mediante auto calificatorio del  veintiuno de junio de dos mil veintiuno, corriente de fojas  ciento sesenta y tres a ciento sesenta y cinco del cuaderno de  casación formado en esta Sala Suprema, se declaró  PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la  demandante, Grupo Empresarial del Chira Sociedad Anónima,  por la siguiente causal: Infracción normativa de los incisos  1.2 (principio del debido procedimiento) y 1.11 (principio  de verdad material) del artículo IV del título preliminar del  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444. Alega que los  jueces se han limitado a meritar como prueba los únicos  documentos que señala la Ley Nº 29342, sin admitir otro tipo  de documentos, lo cual ha afectado el procedimiento  administrativo, el debido proceso y el derecho a probar de la  demandante, así como los principios administrativos del  debido procedimiento, impulso de oficio y de verdad material.  Sostiene al respecto que, en virtud del inciso 1.2 del numeral  1 del título preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº  27444, se prevé el principio del debido procedimiento,  señalando que los administrados gozan de los derechos y  garantías implícitos al debido procedimiento administrativo,  derechos y garantías que comprenden, entre otros, los  derechos a ofrecer y a producir pruebas. Asimismo, indica que  el numeral 1.3 contempla el principio de impulso de oficio, en  virtud del cual las autoridades deben dirigir e impulsar de  oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de  los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y  resolución de las cuestiones necesarias. Adicionalmente,  precisa que el inciso 1.11 regula el principio de verdad  material, por el cual se establece que la autoridad  administrativa competente deberá verificar plenamente los  hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual  deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias  autorizadas por la ley. Específicamente, la recurrente señala  que correspondía que la administración tributaria y los jueces  que habrían avalado el comportamiento de la administración,  realicen todos los actos convenientes que permitan esclarecer  las cuestiones controvertidas y, al no haber procedido de  dicha manera, se ha restringido el derecho de prueba,  argumentando que la no aprobación del reglamento de la  citada ley impediría admitir otro tipo de prueba documental,  cuando es perfectamente factible que con otro tipo de  documentos se pruebe la primera condición establecida en la  Ley Nº 29342, así como es posible que se pruebe con otro  documento el avance de obra, dado que no existe undocumento oficial emitido por la municipalidad que permita  acreditar los avances de obra. Por ende, la motivación  efectuada por la Sala Superior resulta, en concepto de la  recurrente, arbitraria y sin sustento alguno. 3. Asunto jurídico  en debate En el caso particular, la cuestión jurídica en debate  pasa por establecer si la decisión de la instancia superior de  carácter confirmatorio, con la que se desestima la demanda  de autos, ha significado el desconocimiento de la normativa  aplicable y los hechos probados en el proceso respecto de las  infracciones normativas imputadas por la parte demandante,  con relación a la infracción normativa de los incisos 1.2 y 1.11  del artículo IV del título preliminar del Texto Único Ordenado  de la Ley Nº 27444, que regulan los principios de debido  procedimiento y de verdad material. II. CONSIDERANDO:  Referencias principales del proceso judicial PRIMERO.-  Para resolver la denuncia planteada y contextualizar el caso  particular, es pertinente iniciar el examen que corresponde a  este Supremo Tribunal con el sucinto recuento de las  principales actuaciones vinculadas con el desarrollo de la  presente causa judicial. Así, tenemos: IV.1. Materialización  del ejercicio del derecho de acción El diecisiete de  noviembre de dos mil diecisiete, Grupo Empresarial del  Chira Sociedad Anónima (en adelante, Grupo Empresarial  del Chira) acudió al órgano jurisdiccional para interponer  demanda sobre nulidad de resolución administrativa,  obrante de fojas ochenta a noventa y cinco del expediente  principal, modificada y ampliada por escrito obrante de fojas  doscientos quince a doscientos treinta del mismo expediente,  planteando el siguiente petitorio: se declare la nulidad de la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 8420-1-2017, de la  Resolución de Intendencia Nº 085-014-0002453, de la  Resolución de Determinación Nº 082-003-0007678, de la  Resolución de Multa Nº 082-002-0005917 y del Resultado de  Requerimiento Nº 0822140000383. Se sustenta el petitorio  argumentando que: a) ejecutó la construcción de las  instalaciones del Terminal Terrestre Gechisa, respecto del  cual procedió a deducir la depreciación respectiva aplicando  el régimen especial de la Ley Nº 29342, que aprobó una  depreciación acelerada del veinte por cierto (20%) anual,  cuya aplicación fue objeto de cuestionamiento y observación  por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria, pese a que había cumplido con  todos los requisitos y condiciones legales para aplicarla; b)  así, con relación al primer requisito o condición que establece  dicha ley, que exige que la construcción hubiera iniciado a  partir del uno de enero de dos mil nueve, precisa que inició la  construcción de dicho terminal terrestre con fecha diez de  abril de dos mil nueve, conforme consta en el documento  “Contrato de Ejecución de Obra - Contrato Privado a Suma  Alzada”, que suscribió con la empresa constructora HMB  Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada, cuyas  firmas constan certificadas por notario público; c) este  documento da cuenta de que inició tal construcción en el año  dos mil nueve, con cartas enviadas por la empresa  constructora y recibidas por la actora, con las que aquella  alcanza las valorizaciones de obra números uno a tres,  acreditando el avance de la obra “Construcción de Cerco  Perimétrico del Terminal Terrestre” y “Construcción de  Terminal Terrestre Gechisa”, que dan cuenta de que la  construcción tanto del cerco perimétrico como del terminal se  efectuaron en ese año; d) presentó asimismo las Facturas de  números 0001, 000007, 000009, 000010, 000011, 000014,  000015, 000016, 000017, 000018 y 000019, emitidas por la  referida empresa constructora entre marzo y junio de dos mil  nueve, correspondiendo estos comprobantes de pago a los  avances o valorizaciones de las obras de las construcciones  indicadas, probando igualmente que es a partir de dos mil  nueve que las inició; e) respecto a la Licencia de Obra Nº  002436, indica que dada la demora que los trámites  administrativos pueden implicar en la ejecución de las obras,  decidió adelantar la tramitación de dicha licencia ante la  Municipalidad de Piura, a efectos de contar con ella  oportunamente, lo que sucedió el veinte de octubre de dos mil  ocho, pero ello no implica que la ejecución o inicio de la  construcción se haya efectuado en ese año, pues este  documento solo prueba que obtuvo la licencia o autorización  de la autoridad para poder dar inicio a las obras, las cuales  tuvieron lugar en el año dos mil nueve; f) la propia ley  estableció una presunción acerca del momento en que se  entendería el inicio de la construcción, pero resulta claro que  esta admitía prueba en contrario al ser una presunción iuris  tantum, pues el legislador contempló la posibilidad de probar  con otros documentos aprobados en el reglamento, el que no  se llegó a publicar, pero este hecho no implica la restricción o  menoscabo del derecho de probar del contribuyente, por otros  medios, el cumplimiento de las condiciones para gozar de la  depreciación acelerada; g) en cuanto al segundo requisito de  la ley, referido a contar como mínimo un avance de obra delochenta por ciento (80%) hasta el treinta y uno de diciembre  de dos mil diez, precisa que en el “Contrato de Ejecución de  Obra - Contrato Privado a Suma Alzada” suscrito con la  constructora HMB Contratistas Generales Sociedad Anónima  Cerrada, se estipuló que la obra iniciaría el diez de abril de  dos mil nueve y sería ejecutada en un plazo de ciento setenta  y cuatro días calendarios, plazo que concluiría el treinta de  septiembre de dos mil nueve; asimismo, el dieciséis de marzo  de dos mil diez suscribió con esta empresa el “Contrato de  Ejecución de Adicional de Obra - Contrato Privado a Suma  Alzada”, que tenía por objeto la construcción de adicionales a  la obra, que debían ser ejecutados en un plazo de sesenta  días calendarios; también presentó el Informe Nº 008-2009- JEUP/SUPGECHISA, del veinticuatro de noviembre de dos  mli nueve, en el que un ingeniero supervisor de obra da  cuenta de los avances de la obra en tres etapas o tramos,  obteniéndose un promedio de avance de 82.66% a noviembre  de dos mil nueve; presentó igualmente la Carta Nº 057, del  diecisiete de diciembre de dos mil nueve, por la cual la  empresa alcanzaba la Valorización de Obra Nº 14, que da  cuenta de un avance del 85.90% a diciembre de dos mil  nueve; h) precisa que, si bien la obra fue recibida el veinte de  abril de dos mil once, según consta en el Acta de Recepción  de Obra que se ofreció como prueba, la entrega en ese año  obedece a observaciones que fueron formuladas por la  accionante, las que son normales en ese giro de negocio, sin  que deba perderse de vista la circunstancia de que el tributo y  periodo fiscalizados por la SUNAT corresponden al impuesto  a la renta de tercera categoría del ejercicio dos mil once,  siendo que en abril de ese año —dentro del ejercicio— ya  había recibido la obra culminada y habían sido levantadas  todas las observaciones; e, i) en mérito a lo expuesto,  considera que en este caso no se han aplicado los principios  de verdad material y debido procedimiento, pues han  restringido el derecho a probar de la actora bajo el argumento  de que la no aprobación del reglamento de la mencionada ley  impediría admitir otro tipo de prueba documental, cuando es  factible que pueda presentar otros documentos que prueben  fehacientemente el inicio de la obra al dos mil nueve, y su  avance al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. IV.2.  Formulación  del  contradictorio  La  demandada,  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración Tributaria (en adelante, SUNAT), a través  de su Procurador Público, mediante escrito presentado el  ocho de agosto de dos mil dieciocho, obrante de fojas  doscientos noventa y siete a trescientos seis del expediente  principal, absuelve la demanda, pretendiendo que esta sea  declarada improcedente o infundada en todos sus extremos.  Son fundamentos principales de la absolución los siguientes:  a) tomando en consideración los alcances de la Ley Nº 29342  y de la información facilitada por la accionante, se observa  que la Licencia de Obra Nº 002436, que le concediera la  Municipalidad Provincial de Piura, tiene como fecha el veinte  de octubre de dos mil ocho, por lo que no cabe duda de que  la fecha de inicio de la construcción es la que corresponde a  dicho documento, en aplicación del inciso a) del artículo 2° de  esa ley, la que utiliza una conjunción disyuntiva, descartando  así cualquier otro documento como posibilidad de acreditar el  inicio de la construcción; b) habiendo previsto la ley cuáles  son los documentos que acreditan el inicio de la construcción,  y siendo uno de ellos el presentado por la accionante, se  cumple con el contenido taxativo de la ley, no siendo posible  la presentación de otra documentación posterior para hacerse  acreedor de los beneficios que la misma aprobó; c) sin  perjuicio de lo expuesto, el ejercicio de la facultad de  verificación o fiscalización por parte de la administración se  ejerce en forma discrecional y no requiere ser fundamentada,  por lo que este tipo de documentos, a través de los cuales la  SUNAT  ejerce  esta  facultad,  no  requieren  mayor  fundamentación que la comunicación al administrado de tal  ejercicio y del señalamiento de las normas que lo fundamentan,  por lo que, si la accionante no está conforme con el contenido  normativo sobre el que se ampara la resolución del Tribunal  Fiscal, resulta impertinente la demanda; c) se aprecia  entonces que la fecha de inicio de la construcción fue el veinte  de octubre de dos mil ocho, sin que alcance a la accionante el  beneficio a que alude la Ley Nº 29342, en tanto que este  abarca desde el uno de enero de dos mil nueve en adelante;  d) asimismo, en el inciso b) del artículo 2° de la Ley Nº 29342,  se refiere a la culminación de la obra iniciada dentro de los  parámetros del inciso a), de tal manera que los incisos a) y b)  de esta norma son “concurrentes”, por lo que al no cumplirse  con el primer requisito es imposible cumplir con el siguiente; y  e) la administración verificó la documentación exhibida por la  contribuyente durante el procedimiento y concluyó que no  cumplía con las condiciones establecidas en los incisos a) y b)  del artículo 2° de la Ley Nº 29342; por consiguiente, no  procedía aplicar el porcentaje de depreciación del veinte porciento (20%), habiendo la accionante expuesto varios  argumentos que no desvirtúan la situación de no cumplimiento  de las exigencias legales. Mediante resolución número siete,  del diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, obrante de  fojas trescientos treinta y nueve a trescientos cuarenta y  cinco, se declaró rebelde al demandado Tribunal Fiscal. IV.3.  Sentencia de primera instancia Mediante resolución  número dieciséis, de fecha quince de julio de dos mil  diecinueve, obrante de fojas cuatrocientos cincuenta y cinco a  cuatrocientos setenta y dos del expediente principal, el  Juzgado Especializado Civil Transitorio de la Provincia de la  Corte Superior de Justicia de Sullana emite sentencia de  primera instancia, declarando infundada la demanda en  todos sus extremos. Se argumenta principalmente que: i) la  primera condición que establece el artículo 2° de la Ley Nº  29342 es que se acredite que la construcción haya iniciado a  partir del uno de enero de dos mil nueve; para ello, dispone  que se entiende como inicio de la construcción el momento en  que se obtenga la licencia de edificación u otro documento  que establezca el reglamento de la mencionada ley; pero,  como esta no ha sido reglamentada, se entiende que el inicio  de la construcción se acredita con la licencia de edificación u  obra, y la fecha de este documento tiene preponderancia para  determinar ese hecho, y no se ha establecido otro medio  probatorio para acreditarlo; ii) la administrada ha alcanzado  en el procedimiento administrativo la Licencia de Obra Nº  002436, de fecha veinte de octubre del dos mil ocho; en  consecuencia, en el marco de la Ley N° 29342, la administrada  inició la construcción en esa fecha (veinte de octubre de dos  mil ocho) y, siendo ello así, no se encuentra dentro de los  parámetros establecidos en la primera condición del artículo  2° de la indicada ley; iii) en cuanto a la segunda condición que  establece tal disposición, respecto a que la administrada  acredite que la construcción tiene un avance como mínimo de  ochenta por ciento (80%) hasta el treinta y uno de diciembre  de dos mil diez, y, si no han concluido a esa fecha, se presume  que el avance de la obra en ese momento es menor a dicho  porcentaje salvo que el contribuyente pruebe lo contrario; en  este caso, del expediente administrativo se tiene que la  demandante no ha acreditado con documento oficial que la  obra, al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, tenía un  avance del ochenta por ciento, entendiéndose por documento  oficial el que expida la entidad municipal con la conformidad  de obra, documento que no consta en el expediente  administrativo; iv) por ende, el Juzgado entiende que, para  acogerse a ese régimen especial de depreciación, ambas  condiciones son concurrentes y, siendo así, no se ha  acreditado el cumplimiento de las condiciones que establece  la Ley Nº 29342 en este caso; v) además, conforme se  advierte del expediente administrativo, la actora ha ofrecido  los medios probatorios que ha considerado pertinentes ante  el requerimiento efectuado por el ente fiscalizador; por lo  tanto, no se ha restringido su derecho a probar, sino que la  administración ha emitido pronunciamiento teniendo en  cuenta que la Ley Nº 29342 otorga un beneficio tributario a los  beneficiarios constructores que cumplen con las condiciones  que allí se fijan, no pudiéndose extenderse sus efectos a  personas o supuestos distintos de los señalados en la ley; y  vi) esta decisión de la administración no puede significar  restricción de su derecho a la prueba, sino el resultado de la  aplicación de la ley misma; incluso el Tribunal Constitucional  ha establecido que el derecho de prueba está sujeto a  restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad  de que sean armonizadas con otros derechos o bienes,  situaciones que permitieron concluir que la demanda incoada,  por lo expuesto, es infundada. IV.4. Ejercicio del derecho a  la impugnación La demandante Grupo Empresarial del  Chira, mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos  mil diecinueve, obrante de folios cuatrocientos ochenta a  cuatrocientos noventa del expediente principal, interpone  recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,  que declaró infundada la demanda, el que plantea esgrimiendo  argumentos similares a los expuestos en su escrito de  demanda. IV.5. Sentencia de segunda instancia La Sala  Civil - Mixta de la Corte Superior de Justicia de Sullana,  mediante resolución número veintiuno, del veinte de  septiembre de dos mil diecinueve, corriente de fojas quinientos  catorce a quinientos veinticuatro del expediente principal,  confirmó la sentencia apelada de primera instancia, que  declaró infundada la demanda. Constituyen argumentos  principales de la decisión superior los siguientes: i) el  colegiado superior comparte lo sostenido por el Juzgado con  relación a que no se ha vulnerado el derecho a probar de la  accionante, toda vez que, de acuerdo con el expediente  administrativo, la administrada ofreció los medios probatorios  que consideró pertinentes ante el requerimiento efectuado  por el ente fiscalizador; por lo tanto, no puede alegar que se le  haya restringido el derecho de probar, máxime cuando lacarga de la prueba pesa en quien la ofrece; ii) por otro lado, la  administración ha emitido pronunciamiento teniendo en  cuenta que la Ley Nº 29342, que otorga un beneficio tributario  a los beneficiarios constructores que cumplen con las  condiciones que allí se fijan, no puede extender sus efectos a  personas o supuestos distintos de los señalados en ella;  siendo ello así, la decisión de la entidad demandada no puede  significar que la administración tributaria está restringiendo el  derecho de prueba de la demandante, sino que ello obedece  al mandato de la indicada ley; iii) agrega que el Tribunal  Constitucional ha establecido en la sentencia dictada en el  Expediente Nº 6712- 2005/HC/TC que: “[…] por el derecho a  ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a  que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se  asegure la producción o conservación de la prueba a partir de  la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos  sean valorados de manera adecuada y con la motivación  debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la  sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente  motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable  pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y  adecuadamente realizado”; en este sentido, no habiendo  logrado la apelante desvirtuar lo sostenido por el Juzgado en  la resolución materia de grado —máxime cuando la Licencia  de Obra Nº 002436 data del veinte de octubre de dos mil  ocho, por lo que la obra inició en esa fecha—, la accionante  no se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la  primera condición del artículo 2° de la Ley Nº 29342.  Anotaciones acerca del recurso de casación SEGUNDO.-  Contextualizado el caso, es pertinente hacer referencia sobre  los alcances del recurso extraordinario de casación, que  delimitan la actividad casatoria de esta Sala Suprema. Así,  tenemos: 2.1. El recurso de casación tiene por fines la  adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y  la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa el  artículo 384° del Código Procesal Civil. En materia de  casación,  es  factible  el  control  de  las  decisiones  jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se  han infringido o no las normas que garantizan el derecho al  proceso regular, teniendo en consideración que este supone  el cumplimiento de los principios y garantías que regulan al  proceso como instrumento judicial, precaviendo sobre todo el  ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto.  2.2. El recurso extraordinario de casación tiene por objeto el  control de las infracciones que las sentencias o los autos  puedan cometer en la aplicación del derecho, partiendo a tal  efecto de los hechos considerados probados en las instancias  de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si  la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos  hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa,  sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo sobre  el resultado de lo decidido. Así también, habiéndose acogido  entre los fines de la casación la función nomofiláctica, debe  precisarse que esta no abre la posibilidad de acceder a una  tercera instancia no se orienta a verificar un reexamen del  conflicto ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por  otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, constituyendo  antes bien un recurso singular que permite acceder a una  corte de casación para el cumplimiento de determinados  fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al  caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional  por la Corte Suprema de Justicia de la República. 2.3. Por  causal de casación se entiende al motivo que la ley establece  para la procedencia del recurso1, debiendo sustentarse en  aquellas previamente señaladas en la ley, pudiendo por ende  interponerse por apartamiento inmotivado del precedente  judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la  forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la  ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al  caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las  pretensiones formuladas por las partes, y la falta de  competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma  aluden a infracciones en el proceso2, por lo que, si bien es  cierto todas las causales suponen una violación de la ley,  también lo es que estas pueden darse en la forma o en el  fondo. 2.4. En el caso concreto, se debe considerar que se ha  declarado procedente el recurso de casación por una causal  normativa material, y corresponde emitir pronunciamiento  respecto de ella, no sin antes hacer algunos apuntes sobre la  normativa aplicable. Sobre los actuados en sede  administrativa TERCERO.- Como paso previo al análisis de  la causal que es objeto del recurso interpuesto, resulta  conveniente hacer algunas precisiones sobre lo actuado en el  procedimiento administrativo. 3.1. Mediante Carta Nº  130081291450-01-SUNAT, del dieciocho de septiembre de  dos mil trece, obrante a fojas mil seiscientos sesenta y tres del  expediente administrativo, reiterada luego mediante Carta Nº130081291450-02-SUNAT, del dieciséis de abril de dos mil  catorce, obrante a fojas mil seiscientos sesenta y dos de dicho  expediente, la Intendencia Regional de Piura de la SUNAT  inició una fiscalización definitiva a las obligaciones tributarias  de Grupo Empresarial del Chira, respecto del ejercicio  tributario dos mil once, con relación al impuesto a la renta de  tercera categoría. 3.2. Por Requerimiento Nº 0822140000383,  del nueve de abril de dos mil catorce, obrante de fojas mil  quinientos noventa y cuatro a mil quinientos noventa y uno del  expediente  acompañado,  la  SUNAT  advirtió  de  la  documentación exhibida por la contribuyente —punto 4—,  que la Licencia de Obra Nº 002436, obrante a fojas mil quince  del mismo expediente, otorgada por la Municipalidad  Provincial de Piura, fue emitida el veinte de octubre de dos mil  ocho, lo que impedía tener por cumplida la condición prevista  en el inciso a) del artículo 2° de la Ley Nº 29342, para  acogerse al beneficio de la tasa de depreciación acelerada  del veinte por cierto (20%). La empresa contribuyente  respondió este requerimiento mediante carta del diecisiete de  julio de dos mil catorce, obrante de fojas mil quinientos  ochenta a mil quinientos setenta y cinco del expediente  administrativo. 3.3. Ante ello, la SUNAT emitió el Resultado  de Requerimiento Nº 0822140000383 del siete de agosto de  dos mil catorce, obrante de fojas mil quinientos ochenta y dos  a mil quinientos noventa del expediente acompañado, en el  cual determinó que, en el caso concreto, la contribuyente no  cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Nº 29342  para poder acogerse al beneficio de la tasa de depreciación  del veinte por cierto (20%). 3.4. Con base en lo expuesto, la  SUNAT emitió los siguientes valores tributarios: Resolución N.° Fecha Concepto Período  tributario Importe Interés Total 0820030007678 24/03/2015 Impuesto  a la renta 2011 84,805.00 36,941.00 121,746.00 0820020005917 24/03/2015 Multa 2011 78,615.00 34,276.00 112,891.00 3.5. Luego, el tres de mayo de dos mil quince, la empresa  contribuyente interpuso recurso de reclamación, obrante de  fojas mil setecientos treinta a mil setecientos cuarenta y tres  del expediente administrativo. La Resolución de Intendencia  Nº 085-014-0002453, del veintidós de octubre de dos mil  quince, obrante de fojas mil setecientos ochenta y dos a mil  setecientos noventa y tres del mismo expediente, lo declaró  infundado y dispuso confirmar y proseguir con la cobranza  actualizada de los mencionados valores. 3.6. Finalmente, la  contribuyente interpuso recurso de apelación el once de  noviembre de dos mil quince, obrante de fojas mil ochocientos  diecinueve a mil ochocientos treinta y seis del expediente  acompañado, que fue elevado ante el Tribunal Fiscal, que  emitió la Resolución Nº 8420-1-2018, del veintidós de  septiembre de dos mil diecinueve, obrante de fojas mil  ochocientos sesenta a mil ochocientos sesenta y cuatro del  referido expediente, que resolvió confirmar la resolución  apelada. Infracción normativa de los incisos 1.2 (principio  del debido procedimiento) y 1.11 (principio de verdad  material) del artículo IV del título preliminar del Texto  Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento  Administrativo General CUARTO.- Estando a las causales  planteadas en el recurso casatorio, contenidas en el  punto 2 de la parte expositiva de la presente ejecutoria,  referida a la infracción normativa de dos principios  administrativos contemplados en la Ley del Procedimiento  Administrativo General, con referencia a los principios de  debido procedimiento y verdad material, conviene precisar lo  siguiente: 4.1. El artículo IV del título preliminar de la Ley Nº  27444 recoge los distintos principios que regulan la función  administrativa que, conforme con su inciso 2, sirven de criterio  interpretativo para resolver las cuestiones que puedan  suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento,  como parámetros para la generación de otras disposiciones  administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en  el ordenamiento administrativo. 4.2. Entre dichos principios,  en el numeral 1.1, se reconoce el de legalidad, que dispone  que las autoridades administrativas deben actuar con respeto  a la Constitución Política, la ley y el derecho, dentro de las  facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines  para los que les fueron conferidas. Este principio administrativo  implica que la administración pública se sujeta especialmente  a la ley, entendida como norma jurídica emitida por quienes  representan a la sociedad en su conjunto, vale decir, el  Parlamento. Ello se debe a que en el Estado de derecho se  ubica a la administración como esencialmente ejecutiva, que  encuentra en la ley su fundamento y el límite de su acción. Es  decir, es una administración sometida al derecho y, aunque  está habilitada para dictar normas generales, estas están  subordinadas a la ley3. 4.3. Por su parte, en el numeral 1.2 del  mismo artículo se encuentra el principio de debido  procedimiento, que prevé que los administrados gozan detodos los derechos y garantías inherentes al debido  procedimiento administrativo, que comprende el derecho a  exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas, y a  obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La  institución del debido procedimiento administrativo se rige por  los principios del derecho administrativo, y es aplicable la  regulación propia del derecho procesal civil solo en cuanto  sea compatible con el régimen administrativo. 4.4. Este  principio es tributario del derecho-principio al debido proceso  en sede administrativa, conforme lo ha expuesto reiterada  jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que se ha  precisado que: […] el debido proceso, como principio  constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas  las garantías y normas de orden público que deben aplicarse  a  todos  los  casos  y  procedimientos,  incluidos  los  administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones  de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier  acto del Estado que pueda afectarlos. 4 4.5. Sobre el referido  derecho al debido proceso, es importante señalar que el  intérprete constitucional ha expuesto a su vez lo siguiente:  […] los derechos fundamentales que componen el debido  proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a todo  órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción  ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que pueden ser  extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros  órganos  estatales  o  de  particulares  (procedimiento  administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones  entre particulares, entre otros). […] este contenido presenta  dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter  formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver  con las formalidades estatuidas, tales como las que  establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el  derecho de defensa y la motivación; y en su expresión  sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad  y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. 5  4.6. De acuerdo con la anotada jurisprudencia constitucional,  el principio de debido procedimiento se encuentra compuesto  de distintos elementos que integran el derecho al debido  proceso, como el derecho a la defensa, el derecho a ser oído,  a ofrecer y producir pruebas, a una decisión fundamentada y  al plazo razonable, entre otros, los que se integran al  procedimiento para la adopción de una decisión administrativa  sustancialmente justa. 4.7. Asimismo, el numeral 1.11 del  mismo dispositivo legal recoge el principio de verdad  material, que establece que la autoridad administrativa  competente deberá verificar plenamente los hechos que  sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual adoptará todas  las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley,  aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o  estos hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de  procedimientos trilaterales, la autoridad administrativa estará  facultada a verificar por todos los medios disponibles la  verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin  que ello signifique una sustitución del deber probatorio que  corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa  estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su  pronunciamiento pudiera involucrar también el interés público.  4.8. Conforme a lo expuesto, este principio prevé como regla  general que la autoridad administrativa competente debe  verificar plenamente los hechos que servirán de motivo a sus  respectivas decisiones y adoptar todas las medidas  probatorias necesarias autorizadas por ley para lograr dicho  propósito. 4.9. Siendo ello así, las actuaciones probatorias de  las autoridades administrativas deben estar dirigidas a la  identificación y comprobación de los hechos reales producidos  y a constatar la realidad, independientemente de cómo dichos  hechos hayan sido alegados y, en su caso, probados por los  administrados participantes en el procedimiento. En sentido  inverso, este principio pretende que la probanza actuada en el  procedimiento permita distinguir cómo en realidad ocurrieron  los hechos (verdad real o material), de lo que espontáneamente  pueda aparecer en el expediente de acuerdo a las pruebas  presentadas por los administrados6. Marco regulatorio  aplicado en sede de instancia QUINTO.- Es pertinente  evocar el marco regulatorio considerado por la instancia de  mérito, para determinar si lo decidido por el colegiado superior  ha sido el resultado de una correcta interpretación,  concordante y sistemática, de las normas especiales  invocadas para la resolución del caso de autos, de forma tal  que no puedan ser aplicadas sin advertir las demás  disposiciones del ordenamiento jurídico, en particular aquellas  que son objeto de estudio en esta instancia casatoria.  Específicamente, en cuanto al asunto traído a sede de  casación, referido al reparo efectuado por la administración  tributaria por el cual determinó que la empresa contribuyente  se habría acogido al beneficio de la tasa de depreciación del  veinte por ciento (20%) para edificaciones y construcciones,  pese a que no cumplía con los requisitos establecidos por lanormativa sobre la materia, tenemos lo siguiente: - Inciso f)  del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del  Impuesto a la Renta Artículo 37.- A fin de establecer la renta  neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los  gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así  como los vinculados con la generación de ganancias de  capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida  por esta ley, en consecuencia son deducibles: […] f) Las  depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes  de activo fijo y las mermas y desmedros de existencias  debidamente acreditados, de acuerdo con las normas  establecidas en los artículos siguientes. - Artículos 1° y 2° de  la Ley Nº 29342 - Ley que Establece un Régimen Especial  de Depreciación para Edificios y Construcciones Artículo  1.- Objeto de la Ley Establécese, de manera excepcional y  temporal, un régimen especial de depreciación de edificios y  construcciones para los contribuyentes del Régimen General  del Impuesto a la Renta, conforme a las disposiciones  contenidas en la presente Ley”. Artículo 2.- Régimen  especial de depreciación A partir del ejercicio gravable  2010, los edificios y las construcciones se podrán depreciar,  para efecto del Impuesto a la Renta, aplicando un porcentaje  anual de depreciación del veinte por ciento (20%) hasta su  total depreciación, siempre que cumplan las siguientes  condiciones: a) La construcción se hubiera iniciado a partir del  1 de enero de 2009. Se entiende como inicio de la construcción  el momento en que se obtenga la licencia de edificación u otro  documento que establezca el Reglamento. Para determinar el  inicio de la construcción, no se considera la licencia de  edificación ni cualquier otro documento que sea emitido como  consecuencia de un procedimiento de regularización de  edificaciones. b) Si hasta el 31 de diciembre de 2010 la  construcción tuviera como mínimo un avance de obra del  ochenta por ciento (80%). Tratándose de construcciones que  no hayan sido concluidas hasta el 31 de diciembre de 2010,  se presume que el avance de obra a dicha fecha es menor al  ochenta por ciento (80%), salvo que el contribuyente pruebe  lo contrario. Se entiende que la construcción ha concluido  cuando se haya obtenido de la dependencia municipal  correspondiente la conformidad de obra u otro documento  que establezca el Reglamento. Lo dispuesto en el párrafo  anterior también puede ser aplicado por los contribuyentes  que durante los años 2009 y 2010 adquieran en propiedad los  bienes que cumplan las condiciones previstas en los literales  a) y b). No se aplica lo previsto en el presente párrafo cuando  dichos bienes hayan sido construidos total o parcialmente  antes del 1 de enero de 2009. 5.1. Expuestos los aspectos  fácticos y normativos invocados en el fallo de la instancia  superior de mérito, este tribunal de casación —apreciando  que el reclamo casacional estriba en un pedido que busca  reconocer la ilegalidad de lo resuelto por la entidad  demandada con relación a validez del reparo efectuado por la  administración tributaria sobre lo declarado por la empresa  contribuyente— considera conveniente traer a colación lo  motivado sobre este particular en la Resolución de Intendencia  Nº 085-014-0002453 —sustentada en el Informe Nº 01039- 2015-6I0400, del veintidós de octubre de dos mil quince—,  por el cual la SUNAT declaró infundado el recurso de  reclamación interpuesto por la contribuyente contra los  valores  tributarios  emitidos  luego  de  culminado  el  procedimiento de fiscalización. Así, entre sus fundamentos,  dicho organismo señaló lo siguiente: […] para el caso de  autos se corrobora conforme a los actuados que obran en el  expediente lo determinado por la autora durante el proceso de  fiscalización, y se observa que la recurrente con fecha 10 de  octubre del 2008, obtuvo de la Municipalidad Provincial de  Piura la autorización Provisional Nº 084-2008-GLYCU- OPUyR/MPP, para la construcción del primer y segundo piso  de una edificación del tipo terminal terrestre del inmueble  ubicado en Zona Industrial II Prolongación Sánchez Cerro  Lote 09 - Piura (folio 458), luego con fecha 20 de octubre del  2008 obtuvo la licencia definitiva de la obra antes mencionada  (folio 457), por tanto en atención a lo prescrito en el literal a)  del artículo 2° de la Ley Nº 29342, se entiende que el inicio de  la construcción se realizó en dicha fecha. Sobre el particular,  la recurrente arguye que de acuerdo a Ley se reconoce que  existen otros medios documentarios para probar la fecha de  inicio/conclusión de la obra, sin embargo, tal como lo refiere la  recurrente en su escrito de Reclamación a la fecha aún no se  ha publicado la norma que establezca estos documentos, por  lo que conforme a Ley el documento autorizado para acreditar  el inicio de la obra resulta ser la licencia de edificación […].  Por tanto, conforme a los hechos antes expuestos se concluye  que la recurrente no cumplía con los requisitos regulados en  el artículo 2° de la Ley Nº 29342, por lo que no procedía la  aplicación del beneficio de la tasa de depreciación del 20%,  efectuándose el reparo al Impuesto a la Renta por el importe  de S/. 404,658.00 Nuevos Soles. 5.2. Y, en la Resolución Nº08420-1-2017, el Tribunal Fiscal, como última instancia  administrativa, precisó lo siguiente: Que la recurrente  considera que el activo fijo mencionado se encuentra dentro  de los alcances de la Ley N° 29342 para depreciarlo  anualmente con la tasa especial del 20%, por lo que  corresponde verificar el cumplimiento de las condiciones  previstas por dicha ley, teniendo en consideración el análisis  expuesto previamente. Que respecto de la primera condición,  referida al inicio de la construcción a partir del 1 de enero de  2009, como se ha señalado, el documento que determinará  dicho momento, para los efectos de la Ley N° 29342, es la  licencia de edificación. Que siendo así, obra en autos copia  de la Licencia de Obra N° 002436 emitida el 20 de octubre de  2008 por la Municipalidad Provincial de Piura, con la cual se  otorgó la autorización para llevar a cabo la construcción del  terminal terrestre de la Zona Industrial II, prolongación  Sánchez Cerro, Lote 9, Piura, de propiedad de la recurrente  (foja 457). Que conforme al citado documento, se tiene que el  inicio de la construcción se dio en una fecha anterior al 1 de  enero de 2009, por lo que no se cumple lo establecido por la  Ley N° 29342, careciendo de relevancia que se analice la  segunda condición, pues basta que no se cumpla con una de  ellas para que no proceda la aplicación del régimen especial  de depreciación. Que en tal sentido, se concluye que no  procedía que el activo fijo observado fuera depreciado con la  tasa especial 20%, sino con la tasa general del 5% establecida  en la Ley del Impuesto a la Renta, por lo que el reparo al  exceso de depreciación se encuentra arreglado a ley,  correspondiendo confirmar la apelada en este extremo. 5.3.  De lo transcrito, se revela que la tesis manejada por el tribunal  administrativo es que la empresa recurrente no cumplió con  acreditar el requisito establecido en el literal a) del artículo 2°  de la Ley Nº 29342 para encontrarse beneficiada, a partir del  ejercicio gravable dos mil diez, con la depreciación acelerada  del veinte por cierto (20%) sobre la construcción —tipo  terminal terrestre— que levantó en el inmueble ubicado en  Zona Industrial II Prolongación Sánchez Cerro Lote 09, Piura,  dado que, atendiendo a la fecha de emisión de la licencia de  edificación que obtuvo para realizar esa obra, la construcción  había iniciado antes del uno de enero de dos mil nueve. Es  decir, para el Tribunal Fiscal la decisión adoptada por la  administración tributaria se encuentra arreglada a derecho,  pues, de la valoración del documento señalados por la propia  ley para determinar la fecha de inicio de la mencionada  construcción —esto es, la Licencia de Obra Nº 002436— se  podía concluir que la empresa no cumplía con uno de los  requisitos necesarios para acogerse al régimen especial de  depreciación previsto por la anotada disposición legal.  SEXTO.- Por lo tanto, las disposiciones que se invocan en la  causal material denunciada, en los términos en que esta se  fundamenta, se dirigen a sostener que la Sala Superior no  habría tomado en consideración que los principios de debido  procedimiento y verdad material permiten acreditar a la  recurrente el supuesto factual establecido en el literal a) del  artículo 2° de la Ley Nº 29342, con relación a que la  construcción de la contribuyente debía iniciar después del  uno de enero de dos mil nueve, pues incluso cuando esta  norma entendía que ese momento coincide con la fecha en  que la administrada obtuvo la licencia de edificación y esta era  el único documento que permitía acreditar este hecho —dado  que no se ha aprobado aún el reglamento de esta ley, que  podía establecer otros supuestos—, la administración  tributaria no ha efectuado un análisis concordado de dicha  disposición legal a la luz de los mencionados principios  administrativos. Análisis del caso concreto SÉPTIMO.- De  acuerdo con lo expuesto preliminarmente, el debido  procedimiento constituye una representación del derecho al  debido proceso en sede administrativa, el cual es un derecho  de la función jurisdiccional consagrado en el inciso 3 del  artículo 139° de la Constitución Política, que se orienta a velar  por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las  garantías constitucionales que lo integran, dando a toda  persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la  tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un  procedimiento regular en el que se le dé oportunidad  razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de  defensa, de producir pruebas y obtener una sentencia  debidamente  motivada.  7.1.  En  efecto,  el  Tribunal  Constitucional peruano ha expresado que el derecho al  debido proceso es aplicable a todo proceso en general, por lo  que constituye también un principio y un derecho del  procedimiento administrativo7; en esa línea y como se ha  expuesto, ha dejado establecido que este derecho está  concebido como el cumplimiento de todas las garantías y  normas de orden público que deben aplicarse a todos los  casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de  que las personas estén en condiciones de defender  adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estadoque pueda afectarlas. 7.2. A su vez, el intérprete constitucional  ha señalado que el derecho al debido proceso es uno de  configuración legal, en el sentido de que para la delimitación  concreta del contenido constitucional protegido de este  derecho es preciso tomar en consideración lo establecido en  la respectiva ley, lo cual implica que esta se convierte en un  requisito esencial para la culminación de la delimitación  concreta del contenido directamente atribuible a este derecho  fundamental8. 7.3. A partir de estas consideraciones, en el  caso de autos, la Ley Nº 29342, publicada el siete de abril de  dos mil nueve, aprobó un régimen especial de depredación de  edificios y construcciones para los contribuyentes del régimen  general del impuesto a la renta, con carácter excepcional y  temporal, el que tenía como propósito beneficiar con una  elevada depreciación de estos bienes a quienes acrediten el  cumplimiento de dos condiciones: i) que la construcción haya  iniciado a partir del uno de enero de dos mil nueve —literal a)  de su artículo 2°—; y ii) que la construcción tuviera como  mínimo, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, un  avance de obra del ochenta por ciento (80%) —literal b) de su  artículo 2°—. 7.4. Con respecto a la primera condición que  debió evaluar la autoridad administrativa, el Juzgado y la Sala  de mérito la han considerado como incumplida en el caso de  la empresa recurrente, pues el mencionado texto legal previó  que los contribuyentes debían acreditar el inicio de sus  construcciones con la respectiva licencia de edificación,  entendiéndose que la fecha de emisión de este documento  coincide con el momento en que empezó la obra, y añaden  que también podía acreditarse tal cuestión fáctica con aquella  documentación que estableciera el respectivo Reglamento de  la Ley Nº 29342, pero al no existir aún reglamentación sobre  esta materia, los contribuyentes solo podían demostrar este  hecho con la anotada autorización o permiso. 7.5. De lo  expuesto, la Ley Nº 29342 - Ley que Establece un Régimen  Especial de Depreciación para Edificios y Construcciones,  aprobó un beneficio tributario para los contribuyentes del  régimen general del impuesto a la renta y, en su desarrollo,  también estableció las condiciones que estos debían alcanzar  para verse favorecidos con sus efectos, siendo que, incluso,  determinó qué documentación debía servir para tener por  cumplida la condición referida al momento en que se daba  inicio a la respectiva construcción de la obra, conforme con el  texto del literal a) de su artículo 2°. 7.6. En este sentido, ha  sido la propia ley la que ha establecido los parámetros o  condiciones que los contribuyentes deben cumplir para  acceder al mencionado beneficio tributario, por lo que este  Tribunal Supremo no advierte que la Sala de mérito haya  vulnerado el principio de debido procedimiento, cuyo  contenido, como expresión del principio-derecho al debido  proceso en sede administrativa, es de configuración legal, por  lo que resultaba preciso tomar en consideración lo establecido  expresamente en la respectiva ley que regulaba el mencionado  régimen especial, a efectos de advertir si la contribuyente  podía acceder a sus alcances. Por lo tanto, dado que la  empresa contribuyente había presentado una licencia de  edificación de fecha veinte de octubre de dos mil ocho, no  podía pretender que tal construcción se vea favorecida con lo  dispuesto por la Ley Nº 29342, al no cumplir con una de las  condiciones que esta norma fijaba. 7.7. De igual manera, este  Tribunal Supremo tampoco aprecia que se haya vulnerado el  principio de verdad material, pues aun cuando a través del  mismo la administración pública debe adoptar todas las  medidas probatorias necesarias para verificar los hechos que  sirven de motivo a sus decisiones, este principio debe ser  aplicado de manera concordada y sistemática con el de  legalidad, que sujeta y subordina a todas las entidades  públicas a lo previsto en la ley y, por lo tanto, la administración  tributaria no podía actuar en contravención de la mencionada  disposición legal, que expresamente señalaba qué documento  resultaba suficiente para acreditar el supuesto fáctico  establecido como condición necesaria para la aplicación del  referido régimen especial, en lo que atinente al momento en  que iniciaba la construcción de la edificación cuestionada.  7.8. Debemos señalar que esta posición resulta congruente  con la norma VIII del título preliminar del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto  Supremo Nº 135-99-EF9, dado que se ha interpretado el  reseñado marco normativo considerando su texto expreso, de  cuyo contenido no resulta amparable el criterio asumido por la  empresa contribuyente, el cual, por el contrario, pretende  otorgarle a la norma un sentido distinto, al buscar que se  amplíen sus enunciados a supuestos distintos a los que ella  reconoce. Efectivamente, la recurrente pretende que se  adopte una interpretación extensiva del literal a) del artículo  2° de la Ley Nº 29342, cuando alude a que no debe limitarse  la verificación de la condición que esta norma recoge a lo  señalado en la licencia de construcción; sin embargo, en  ninguno de sus enunciados se puede acoger una interpretaciónde esa índole, con lo cual se soslaya el tenor de esta  disposición legal, que únicamente reconoce la posibilidad de  acreditar la mencionada condición con dicho documento.  OCTAVO.- En atención a todo lo expuesto, la sentencia  materia de impugnación no ha incurrido en la infracción  normativa material contenida en los incisos 1.2 (principio del  debido procedimiento) y 1.11 (principio de verdad material)  del artículo IV del título preliminar del Texto Único Ordenado  de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo  General, pues las instancias de mérito han respetado su  contenido para la resolución del presente caso. Por tanto,  deviene en infundada la causal de su propósito. III.-  DECISIÓN: Por tales fundamentos y de acuerdo a lo regulado  por el artículo 397° del Código Procesal Civil, RESOLVIERON:  PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de  casación interpuesto por la demandante, Grupo Empresarial  del Chira Sociedad Anónima, con fecha seis de enero de  dos mil veinte, obrante de fojas quinientos treinta y siete a  quinientos cuarenta y dos del expediente principal.  SEGUNDO.- NO CASAR la sentencia de vista contenida en  la resolución número veintiuno del veinte de septiembre de  dos mil diecinueve, corriente de fojas quinientos catorce a  quinientos veinticuatro del mismo expediente, dictada por la  Sala Civil - Mixta de la Corte Superior de Justicia de Sullana.  TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente  resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los  seguidos por la demandante, Grupo Empresarial del Chira  Sociedad Anónima, con los demandados, Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el  Tribunal Fiscal, sobre nulidad de resolución administrativa; y  devolvieron los actuados. Interviene como ponente el señor  Juez Supremo Yaya Zumaeta. SS. YAYA ZUMAETA,  GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE  DEL CASTILLO, DÁVILA BRONCANO. 1  MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil.  Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359. 2  DE PINA, Rafael (1940). Principios de derecho procesal civil. México D.F.,  Ediciones Jurídicas Hispano Americanas; p. 222. 3  GUZMÁN NAPURÍ, Christian (2016). Manual del procedimiento administrativo  general. Segunda edición. Lima, Instituto Pacífico; pp. 28-29. 4  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4289-2004-PA/TC, del diecisiete de  febrero de dos mil cinco 5  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0023-2005-PI/TC, del veintisiete de  octubre de dos mil seis 6  MORÓN URBINA, Juan Carlos (2011) Comentarios a la Ley del Procedimiento  Administrativo General. Novena edición. Lima, Gaceta Jurídica; p. 84. 7  Fundamento 2.3.1 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 4644-2012-PA/TC 8  Fundamento 47 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 0023-2005-PI/TC 9  NORMA VIII: INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS  Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación  admitidos por el Derecho.  Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la Superintendencia  Nacional de Administración Tributaria - SUNAT- tomará en cuenta los actos,  situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o  establezcan los deudores tributarios.  En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones,  concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas  o supuestos distintos de los señalados en la ley. C-2136204-13