CASACIÓN Nº 09415-2020 LIMA
Sumilla: La situación jurídica de causar estado se encuentra  identificada con el agotamiento de la vía administrativa  mediante la emisión de una decisión de carácter definitiva. En  el presente caso, no se ha cumplido con tal presupuesto, pues  la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 5108-1-2018, materia  de controversia, refiere que una vez que la SUNAT emita  las resoluciones de cumplimiento de diversas resoluciones  del Tribunal Fiscal, se podrá verificar si compete o no la  devolución de los pagos que realizó la empresa. Lima, seis de octubre de dos mil veintidós VISTA La causa número nueve mil cuatrocientos quince,  guion dos mil veinte, Lima; en audiencia pública llevada a  cabo en la fecha, el colegiado integrado por los señores  Jueces Supremos Yaya Zumaeta (presidente), González  Aguilar, Rueda Fernández, Bustamante del Castillo, y Dávila  Broncano; luego de verificada la votación con arreglo a ley,  emiten la siguiente sentencia: Objeto del recurso de  casación Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el  recurso de casación interpuesto por la parte demandante  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración Tributaria (SUNAT), mediante escrito del  siete de setiembre de dos mil veinte (fojas trescientos  cuarenta y uno a trescientos sesenta y tres); contra lasentencia de vista del veinticuatro de agosto de dos mil veinte  (fojas trescientos treinta a trescientos treinta y siete), que  revocó la sentencia de primera instancia del veintitrés de  diciembre de dos mil diecinueve (fojas ciento diecinueve a  ciento treinta y dos)y reformándola, declaró improcedente la  demanda. Antecedentes del recurso De la demanda  Mediante el escrito de veinticuatro de octubre de dos mil  dieciocho (fojas once a diecinueve), la parte recurrente  SUNAT, interpone demanda contencioso administrativo,  postulando las siguientes pretensiones: a) Pretensión  principal: Se declare la nulidad de la Resolución de Tribunal  Fiscal Nº 5108-1-2018, por cuanto resolvió revocar la  Resolución de Intendencia Nº 0150140009811 que declaró  infundada la reclamación formulada contra la Resolución de  Intendencia Nº 0121800003190/SUNAT, que a su vez declaró  improcedente la solicitud de devolución presentada por el  contribuyente. b) Pretensión accesoria: Al declarar fundada  la pretensión principal, se ordene al Tribunal Fiscal emita  nuevo pronunciamiento confirmando la Resolución de  Intendencia Nº 0150140009811. Como fundamentos de su  demanda señala que, no existe motivo para que la  administración tributaria vincule su pronunciamiento respecto  a la devolución solicitada por Telefónica Móviles S.A., a lo que  se resuelva en definitiva en el procedimiento contencioso  tributario respecto a la deuda por el impuesto a la renta de  tercera categoría del ejercicio dos mil dos, toda vez que el  monto cuya devolución se solicita es por los reparos  aceptados. En tal virtud, no serán materia de discusión en  dicho procedimiento. Refiere que resulta material y  jurídicamente imposible que la determinación de la deuda  tributaria respecto a los reparos aceptados y cancelados por  el contribuyente sean objeto de modificación en el  procedimiento contencioso tributario referido al impuesto a la  renta del ejercicio dos mil, en tanto que, al haber sido  aceptados, adquieren la calidad de firmes y no pueden ser  modificadas, ni para aumentar, ni disminuir su monto. De la  sentencia de primera instancia El Juez del Vigésimo  Juzgado Especializado en los Contencioso Administrativo  con  Sub  Especialidad  en  Temas  Tributarios  y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante  sentencia contenida en la resolución nueve, del veintitrés de  diciembre de dos mil diecinueve (fojas ciento diecinueve a  ciento treinta y dos) resolvió: 1. Declarando FUNDADA en  todos sus extremos, la demanda interpuesta por la  demandante  SUPERINTENDENCIA  NACIONAL  DE  ADUANAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA mediante su  Procuraduría Pública, contra el TRIBUNAL FISCAL y  TELEFONICA  DEL  PERÚ  S.A.A.  (absorbente  de  TELEFONICA MÓVILES S.A.) sobre acción contenciosa  administrativa; en consecuencia: a. Declaro la NULIDAD  TOTAL de la Resolución del Tribunal Fiscal número 05108-1- 2018 de fecha seis de julio del año dos mil dieciocho. b.  Declaro la VALIDEZ de la Resolución de Intendencia número  0150140009811 de fecha treinta de junio del año dos mil  once.  c.  ORDENO  a  la  Superintendente  de  la  SUPERINTENDENCIA  NACIONAL  DE  ADUANAS  Y  ADMINISTRACION TRIBUTARIA – SUNAT proceda a  declarar firme la Resolución de Intendencia número  0150140009811 de fecha treinta de junio del año dos mil  once, dentro del plazo de VEINTE DÍAS y bajo apercibimiento  de poner en conocimiento del Ministerio Público para el inicio  del proceso penal correspondiente conforme a lo establecido  por el inciso cuatro del artículo cuarenta y uno del Texto Único  Ordenado de la Ley 27584 dado por Decreto Supremo 013- 2008-JUS. De la sentencia de segunda instancia El  Colegiado de la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante  sentencia contenida en la resolución veintiuno, del veinticuatro  de agosto de dos mil veinte (fojas trecientos treinta a trecientos  treinta y siete), resolvió: REVOCARON la sentencia apelada,  resolución número nueve, de fecha veintitrés de diciembre del  dos mil diecinueve, obrante de folios ciento diecinueve a  ciento treintidós, por la que se resuelve declarar fundada la  demanda en todos sus extremos, y en consecuencia, la  nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal número 05108-1- 2018 de fecha seis de julio del dos mil dieciocho, la validez de  la Resolución de Intendencia número 0150140009811 de  fecha treinta de junio del dos mil once, y ordena a la SUNAT  proceda a declarar firme la Resolución de Intendencia número  0150140009811 del treinta de junio del dos mil once; y  REFORMÁNDOLA,  declararon  IMPROCEDENTE  la  demanda por falta de interés para obrar de la entidad  accionante. Del recurso de casación y auto calificatorio La  parte recurrente, interpone recurso de casación, el mismo que  es declarado procedente por esta Sala Suprema mediante  auto calificatorio del veintisiete de enero de dos mil veintidós  por las siguientes causales1: Primera infracción normativaVulneración del numeral 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Estado, del artículo VII del título  preliminar y del numeral 6 del artículo 50 del Código  Procesal Civil La recurrente organiza su argumentación  sobre esta infracción normativa en dos partes. Por un lado,  indica que la Sala Superior vulnera el debido proceso (en su  manifestación de la debida motivación) y el principio de  congruencia procesal, dado que se ha pronunciado sobre  aspectos que no fueron cuestionados por el demandado  Tribunal Fiscal ni por la codemandada Telefónica del Perú  S.A.A. Los argumentos referidos a este extremo son los  siguientes: a) El principio de congruencia procesal es una  manifestación del debido proceso y es una garantía procesal  de orden constitucional. b) Una sentencia judicial no puede  fundarse en hechos diversos de los alegados por las partes,  ya que lo contrario significaría que los juzgadores sustituyen a  los justiciables. c) Aduce que los recursos de apelación, tanto  del demandado Tribunal Fiscal como de la codemandada  Telefónica del Perú S.A.A., nunca alegaron la falta de interés  para obrar ni alegaron la improcedencia Por otro lado, la  recurrente denuncia que se ha vulnerado el principio de  proscripción de la arbitrariedad, dado que se ha resuelto en  forma contraria a los actuados y a lo señalado por el propio  demandado Tribunal Fiscal. Los argumentos son los  siguientes: a) El mismo Tribunal Fiscal señala que su  resolución contiene un pronunciamiento de fondo y que la  SUNAT está en la obligación de devolver lo solicitado por  Telefónica del Perú S.A.A. b) Así pues, la Sala no ha tenido en  cuenta que el Tribunal Fiscal sí ha emitido un pronunciamiento  de fondo al ordenar que la SUNAT devuelva lo solicitado por  Telefónica del Perú S.A.A. […] Segunda infracción  normativa Interpretación errónea del artículo 20 del Texto  Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el  Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por  Decreto Supremo Nº 0 13-008-JUS, del numeral 226.1 del  artículo 226 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444  - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado  por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, del artículo 157  del Código Tributario y del artículo 148 de la Constitución  Política del Estado Los argumentos de la recurrente son los  siguientes: a) El término causar estado implica que el acto  administrativo emitido por la última instancia administrativa  contiene un pronunciamiento de carácter definitivo y  concluyente. b) Indica que el término causar estado no solo  puede ser entendido desde una perspectiva procesal, sino  también desde una perspectiva material, tal como señala la  Casación Nº 6733-2013 Lima. c) Aduce que existen diversos  pronunciamientos de las salas de la Corte Suprema sobre el  término causar estado. d) La Sala Superior realiza una  interpretación errónea del término causar estado amparándose  en el inciso a del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta”  CONSIDERANDO Primero: Delimitación del pronunciamiento  casatorio 1.1. El recurso de casación es un medio impugnatorio  de carácter excepcional, cuya concesión, presupuestos de  admisión y procedencia están vinculados a los fines para los  cuales ha sido previsto, es decir, la adecuada aplicación del  derecho objetivo y la uniformidad de la jurisprudencia nacional  por la Corte Suprema de Justicia, tal como se señala en el  artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el  artículo 1 de la Ley Nº 29364; siendo así, sus decisiones en el  sistema jurídico del país tienen efectos multiplicadores y, a su  vez, permiten la estabilidad jurídica y el desarrollo de la  Nación. 1.2. Respecto a la causal de infracción normativa,  según Rafael de Pina: El recurso de casación ha de fundarse  en motivos previamente señalados en la ley. Puede  interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de  forma. Los motivos de casación por infracción de ley se  refieren a la violación en el fallo de leyes que debieran  aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la resolución  judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a la  falta de competencia etc.; los motivos de la casación por  quebrantamiento de forma afectan […] a infracciones en el  procedimiento.2 1.3. A su vez, corresponde mencionar de  manera preliminar, que la función nomofiláctica del recurso de  casación garantiza que los Tribunales Supremos sean los  encargados  de  salvaguardar  el  respeto  del  órgano  jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así cualquier tipo  de afectación a normas jurídicas materiales y procesales,  procurando, conforme se menciona en el artículo 384 del  Código Procesal Civil. Segundo: Controversia 2.1. Previo al  desarrollo de las causales que fueron declaradas procedentes,  es oportuno anotar que la misma se generó como  consecuencia del conflicto consistente en determinar si  corresponde o no a la administración tributaria hacer  devolución por pagos indebidos o en exceso solicitado por la  empresa, y en consecuencia determinar si corresponde  declarar nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 5108-1- 2018 por cuanto resolvió revocar la Resolución de IntendenciaNº 0150140009811. Tercero: Causales procesales y  materiales 3.1. Conforme se ha detallado, se ha declarado  procedente el recurso de casación por causales de orden  procesal y material. Al respecto, es preciso señalar que la  infracción procesal se configura cuando en el desarrollo de la  causa no se han respetado los derechos procesales de las  partes, se han soslayado o alterado actos del procedimiento,  la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano judicial  deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente,  en evidente quebrantamiento de la normatividad vigente y de  los principios procesales. Todo lo que hace pertinente que, en  principio, se analice la causal de orden procesal y luego, de  ser el caso, las causales de orden material, dado el eventual  efecto nulificante de aquella. 3.2 Asimismo, se debe precisar:  […] que al término “infracción” —en sentido general— lo  podemos asimilar a lo que la doctrina procesal conoce como  el error, dentro de él por cierto encontramos al error in  iudicando, el error in procedendo y el error in cogitando.  Entonces, cuando se denuncia la existencia de una infracción  lo que realmente se hace es evidenciar la existencia de un  error en la decisión judicial, la cual —como ya dijimos— puede  ser de naturaleza sustantiva o procesal […]. En consecuencia,  corresponde determinar si existió infracción en la decisión  judicial respecto a las normas que la parte recurrente invocó,  examinando dichas infracciones, que conforme se puede  observar de los fundamentos que la sustentan se tratan de  normas que rigen sobre resoluciones administrativas que  causan estado. Cuarto: Pronunciamiento respecto a la  causal de vulneración del numeral 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Estado, del artículo VII del título  preliminar y del numeral 6 del artículo 50 del Código  Procesal Civil. 4.1. De la revisión de la casación, se aprecia  que la parte recurrente sostiene que la Sala Superior ha  resuelto de forma contraria a los actuados y que nunca se  alegó una falta de interés para obrar; asimismo, la Sala  Superior no ha tenido en cuenta que el Tribunal Fiscal si ha  emitido un pronunciamiento de fondo al ordenar que la SUNAT  devuelva lo solicitado por la empresa Telefónica del Perú  S.A.A. 4.2. Respecto a las causales antes descritas se debe  precisar que el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución  Política consagra como principio rector de la función  jurisdiccional la observancia del debido proceso, el cual,  conforme a la interpretación que reiteradamente ha sostenido  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige  fundamentalmente que todo proceso o procedimiento sea  desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a las  personas involucradas en él las condiciones necesarias para  defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los  derechos u obligaciones sujetos a consideración. 4.3. Uno de  los principales componentes del derecho al debido proceso se  encuentra constituido por el denominado derecho a la  motivación, consagrado por el numeral 5 del artículo 139 de la  Carta Política, por el cual se garantiza a las partes involucradas  en la controversia el acceso a una respuesta del juzgador que  se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que  justifiquen lógica y razonablemente, sobre la base de los  hechos acreditados en el proceso y del derecho aplicable al  caso, la decisión adoptada, y que, además, resulten  congruentes con las pretensiones y alegaciones esgrimidas  por aquellas dentro de la controversia. 4.4. Así, este derecho  no solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular  correspondiente a las partes involucradas en la controversia,  sino que también juega un papel esencial en la idoneidad del  sistema de justicia en su conjunto, pues no debe olvidarse  que una razonable motivación de las resoluciones constituye  una de las garantías del proceso judicial directamente  vinculada con la vigilancia pública de la función jurisdiccional,  por la cual se hace posible conocer y controlar las razones  que llevaron al juez a decidir una controversia en un  determinado sentido; implica, por ello, un elemento limitativo  de los supuestos de arbitrariedad. Por esta razón, su vigencia  específica en los distintos tipos de procesos ha sido  desarrollada por diversas normas de carácter legal, como los  artículos 50 (numeral 6), 121 y 122 del Código Procesal Civil,  por los que se exige que la decisión del juzgador cuente con  una exposición ordenada y precisa de los hechos y el derecho  que justifiquen la decisión. 4.5. Sobre el particular, el Tribunal  Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme  jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia Nº 3943- 2006-PA/TC, del once de diciembre de dos mil seis, que el  derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no  garantiza una motivación extensa de las alegaciones  expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en  el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye  automáticamente  la  violación  del  contenido  constitucionalmente protegido del derecho a la motivación;  sino que basta que las resoluciones judiciales expresen de  manera razonada, suficiente y congruente las razones quefundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia  sometida a su conocimiento, para considerar que la decisión  se encuentra adecuadamente motivada. 4.6. Con los alcances  legales y jurisprudenciales efectuados, corresponde analizar  si la Sala Superior cumplió o no con expresar las razones de  hecho y de derecho por las cuales revocó la sentencia  apelada, que declaró fundada la demanda y reformándola  declaró improcedente la demanda por falta de interés para  obrar de la SUNAT, lo cual implica dar respuesta a los  argumentos que expone la parte recurrente como omisión por  parte de la Sala Superior. 4.7. Para tal efecto, tenemos que la  Sala Superior, en torno a la legalidad de la resolución  impugnada, señaló lo siguiente: […] este Colegiado estima  conveniente destacar lo siguiente: A) acorde con lo prescrito  en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley número  27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo,  aprobado por Decreto Supremo número 013-2008-JUS, es  requisito para la procedencia de la demanda el agotamiento  de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas en  la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas  especiales; B) asimismo, con sujeción a lo previsto en el  artículo 226, numeral 226.1, del Texto Único Ordenado de la  Ley número 27444, Ley del Procedimiento Administrativo  General, aprobado por Decreto Supremo número 006-2017- JUS, vigente al tiempo de interposición de la demanda, un  acto administrativo sólo es recurrible en el proceso  contencioso administrativo siempre y cuando cause  estado; y C) concordante con ello, el artículo 157 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto  Supremo número 133-2013-EF, preceptúa que la resolución  del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa y que dicha  resolución  podrá  impugnarse  mediante  el  Proceso  Contencioso Administrativo, el cual se regirá por las normas  contenidas en el mismo Código y, supletoriamente, por la Ley  número 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso  Administrativo; SEXTO.- Que, a partir de la normatividad  glosada, no puede afirmarse razonablemente que el acto  administrativo que agota la vía administrativa y causa estado  es aquel que fija la última voluntad de la Administración, pues  resulta obvio que no siempre será así, debiendo ponerse  énfasis en la naturaleza concreta de la decisión de que se  trate y el contexto en que se adopte; SÉTIMO.- Que, en  este orden de ideas, en examen de lo actuado en sede  administrativa, según el expediente de su propósito  acompañado, se constata lo siguiente: i) producto de la  fiscalización seguida a la empresa Telefónica Móviles S.A.  respecto de sus obligaciones tributarias correspondientes al  Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil dos, la Administración  Tributaria emitió, entre otras, la Resolución de Determinación  número 012-003-0010409, obrante a folios trescientos  veintiséis; ii) contra el aludido valor la citada empresa, con  fecha seis de noviembre del dos mil seis, presentó recurso de  reclamación parcial, el cual fue resuelto por Resolución de  Intendencia número 0150140006963 del veintiocho de  diciembre del dos mil siete, obrante de folios ciento ochentiséis  a ciento ochentiocho, sustentada en el Informe número  003-2007-SUNAT/2H3300-EMC, de folios ciento ochentinueve  a doscientos once, que lo declaró fundado en parte, y dispuso  modificar y proseguir con la cobranza de la deuda contenida  en la Resolución de Determinación número 012-003-0010409,  ascendente a S/.43’321,213.00, más intereses; iii) tal decisión  fue apelada por la contribuyente, generando la emisión de la  Resolución número 12003-8-2016 del veintiséis de diciembre  del dos mil dieciséis, mediante la cual el Tribunal Fiscal: a)  declaró  nula  la  Resolución  de  Intendencia  número  0150140006963, en el extremo referido a la Resolución de  Determinación número 012-003-0010409, en cuanto al reparo  por provisión de cobranza dudosa no sustentada respecto de  las provisiones realizadas en el ejercicio dos mil dos que no  fueron objeto de muestreo por parte de la Administración al  momento de formular el citado reparo, conforme se detalla en  los Anexos N° 6.3 y 6.4 del Resultado del Requerimiento  número 219266; b) confirmó la Resolución de Intendencia  número 0150140006963, en el extremo referido a los reparos  por deducción tributaria denominada “Overhead”, depreciación  del costo de activos no sustentados (activos dados de alta el  treintiuno de diciembre del dos mil) y efecto en el REI, costo  de enajenación no acreditado y depreciación de activos no  sustentados documentariamente y efecto en el REI; y c)  revocó la misma Resolución de Intendencia número  0150140006963, en cuanto a otros reparos; iv) al respecto, a  través del Oficio número 51-2018-SUNAT/7D4300 de fecha  dos de julio del dos mil dieciocho, obrante a folios catorce y  quince, la Administración Tributaria refiere que el cumplimento  de la Resolución del Tribunal Fiscal número 12003-8-2016 se  encuentra supeditado al cumplimiento de las Resoluciones  del Tribunal Fiscal números 20274-9-2012 y 11549-2-2016  (Impuesto a la Renta dos mil y dos mil uno), las que a su vezse encuentran en estado de cumplimiento suspendido, y en  consecuencia, no se han emitido las resoluciones de  cumplimiento ni se ha reliquidado el importe de las  Resoluciones de Determinación números 012-003-0006018,  012-003-0008641 y 012-003-0010409; y v) por otro lado,  según el escrito obrante de folios trescientos veinte a  trescientos veinticuatro y el formulario 4949 número 03408204  de folios trescientos treinticuatro, con fecha veintinueve de  diciembre del dos mil diez, la empresa contribuyente solicitó la  devolución de los pagos indebidos realizados por concepto  del Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil dos, por la suma  de S/.19’587,036.00 y sus intereses moratorios por  S/.16’380,595.00, esto es, por un total de S/.35’967,630.00  más los intereses correspondientes, argumentando que sigue  un procedimiento ante el Tribunal Fiscal, a que se contrae el  expediente número 9565-2007, a fin de que se le reconozca  el costo computable de la Red Nortel y, como consecuencia  de ello, se establezca que la pérdida neta sufrida en el  ejercicio dos mil asciende a S/. 321’599,437.00, por lo que  atendiendo a la magnitud de la pérdida generada en el  ejercicio dos mil, es claro que, cuando sea aplicada contra la  renta neta del ejercicio dos mil uno, aun tomando en cuenta  los reparos aceptados por la empresa en ese año, se  establecerá que ésta hizo pagos indebidos o en exceso por el  Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil uno, y por lo mismo,  en los ejercicios dos mil y dos mil uno, también se establecerá  la existencia de mayores saldos a favor arrastrables al  ejercicio fiscalizado (dos mil dos). […] 4.8. De lo expuesto, se  verifica que para la devolución de los pagos realizados por la  empresa Telefónica del Perú S.A.A., se deberá realizar  cumplimiento de lo ordenado por las diferentes resoluciones  del Tribunal Fiscal, es decir la administración tributaria debe  emitir resoluciones de Intendencia que den cumplimiento a las  resoluciones del Tribunal Fiscal, reliquidando así los montos  que se cobrarán a la empresa, y a partir de esa reliquidación  se podrá verificar si corresponde o no una devolución; en  consecuencia, declara que la SUNAT tiene falta de legitimidad  para obrar en aplicación de las normas que regulan el proceso  contencioso administrativo y a que un acto solo es recurrible  cuando cause estado. 4.9. Por lo tanto, la Sala Superior  concluye que la demanda es improcedente, debido a que la  resolución del Tribunal Fiscal cuya nulidad se solicita, no es  una resolución que cause estado conforme a las normas  desarrolladas en la sentencia de vista. Así, se verifica que la  Sala Superior realizó el análisis siguiendo los criterios de la  debida motivación, cumpliendo con exponer las razones de  hecho y derecho por las cuales revoca la sentencia apelada,  permitiendo conocer cuál fue el razonamiento empleado para  llegar a tal conclusión. Por consiguiente, la sentencia de vista  contiene una suficiente motivación en los términos señalados  por la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el  expediente  Nº  3493-2006-PA/TC  antes  citado.  En  consecuencia, corresponde declarar infundado el recurso de  casación en este extremo. Quinto: Pronunciamiento  respecto a la Interpretación errónea del artículo 20 del  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula  el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por  Decreto Supremo Nº 013-008-JUS, del numeral 226.1 del  artículo 226 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444  - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado  por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, del artículo 157  del Código Tributario y del artículo 148 de la Constitución  Política del Estado. 5.1. La parte recurrente señala que la  Sala Superior realiza una interpretación errónea; pues, el  término causar estado implica un pronunciamiento definitivo y  concluyente, ya que considera que la resolución del Tribunal  Fiscal no causa estado, pues esta revoca la Resolución de  Intendencia disponiendo que la Sunat este a lo que se  resuelva donde se discute la deuda contenida; sin embargo,  causar estado no solo implica un pronunciamiento definitivo y  concluyente si no que existan aspectos pendientes  administrativamente, pues el Tribunal Fiscal dispuso que la  Sunat espere a que se resuelva otros procedimientos en la  que se discute la deuda y según al resultado se emita nuevo  pronunciamiento, respecto a la devolución solicitada por  Telefónica del Perú S.A.A., puesto que el monto pagado no  está vinculado en la referida resolución de determinación,  sino que dicho pago fue por unos reparos aceptados por la  empresa. 5.2. Al respecto, es necesario citar las normas cuya  interpretación errónea se denuncia por parte de la Sala  Superior. Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso  Contencioso Administrativo, aprobada por Decreto  Supremo Nº 013-008-JUS Artículo 20.- Agotamiento de la vía  administrativa Es requisito para la procedencia de la demanda  el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas  establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo  General o por normas especiales. Ley Nº 27444 - Ley del  Procedimiento Administrativo General, aprobada por DecretoSupremo Nº 006-2017-JUS: Artículo 226.- Agotamiento de la  vía administrativa 226.1 Los actos administrativos que agotan  la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder  Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a que  se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado.  Texto Único Ordenado del Código Tributario Artículo 157º.-  DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA La resolución  del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa. Dicha resolución  podrá impugnarse mediante el Proceso Contencioso  Administrativo, el cual se regirá por las normas contenidas en  el presente Código y, supletoriamente, por la Ley Nº 27584,  Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. La  demanda podrá ser presentada por el deudor tributario ante la  autoridad judicial competente, dentro del término de tres (3)  meses computados a partir del día siguiente de efectuada la  notificación de la resolución debiendo contener peticiones  concretas La presentación de la demanda no interrumpe la  ejecución de los actos o resoluciones de la Administración  Tributaria. La Administración Tributaria no tiene legitimidad  para obrar activa. De modo excepcional, la Administración  Tributaria podrá impugnar la resolución del Tribunal Fiscal  que agota la vía administrativa mediante el Proceso  Contencioso Administrativo en los casos en que la resolución  del Tribunal Fiscal incurra en alguna de las causales de  nulidad previstas en el artículo 10º de la Ley Nº 27444, Ley del  Procedimiento Administrativo General. Constitución Política  del Perú Artículo 148.- Las resoluciones administrativas que  causan estado son susceptibles de impugnación mediante la  acción contencioso-administrativa. Se puede observar que  estas normas exigen que la resolución administrativa cause  estado para ser impugnadas vía proceso contencioso  administrativo. Al respecto es necesario anotar que: […] el  acto administrativo que ‘causa estado’ es aquel que agota o  pone fin a la vía administrativa porque fija de manera definitiva  la voluntad de la administración, constituye la manifestación  final de la acción administrativa respecto de la cual no es  posible la interposición de otro recurso impugnativo, debiendo  entenderse que ello ocurre cuando se ha llegado al funcionario  superior con competencia para decidir en definitiva sobre el  acto impugnado, por lo que únicamente podría ser objeto de  cuestionamiento ante el Poder Judicial […]3 En consecuencia,  se advierte que el término causar estado no solo implica el  agotamiento de la vía administrativa, sino que dicha decisión  sea definitiva; por lo que, para que la decisión administrativa  por parte del Tribunal Fiscal cause estado se requiere que se  emita un pronunciamiento de fondo, agotando así esta vía,  esto significa que no sea pasible de impugnación en sede  administrativa. De lo analizado, esta Sala Suprema coincide  con lo resuelto por la Sala Superior, ya que en el presente  caso no se ha cumplido con tal presupuesto, pues se observa  que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 5108-1-2018, materia  de controversia refiere que una vez que la Sunat emita las  resoluciones de cumplimiento de diversas Resoluciones del  Tribunal Fiscal, se podrá verificar si corresponde o no  devolución de los pagos que realizó la empresa, exponiendo  lo siguiente: […] Que en tal sentido, se tiene que lo que se  resuelva en el aludido procedimiento contencioso tributario  tendrá incidencia directa en la determinación de la devolución  del pago efectuado por la recurrente; en relación con la  Resolución de Determinación N° 012-003-0010409, materia  de la solicitud bajo análisis, por lo que corresponde que la  Administración esté a lo que se resuelva en tal procedimiento  contencioso, a efecto de establecer la procedencia de esta  última y, en consecuencia, corresponde revocar la resolución  apelada, debiendo la Administración proceder conforme con  lo señalado en la presente resolución […] Del cual se aprecia  que se expidió un requerimiento que no tiene carácter  definitivo, pues no resuelve el fondo de la controversia, sino  que precisa que la administración debe estar a lo que se  resuelva en diferentes procesos contenciosos, a efectos  de establecer si corresponde o no la devolución; no  siendo cierto lo alegado por la parte recurrente cuando  menciona que el Tribunal Fiscal está emitiendo un  pronunciamiento de fondo, dado que está disponiendo que la  Sunat devuelva lo solicitado por telefónica. De lo expuesto se  puede concluir que no existe decisión definitiva sobre la  materia controvertida en sede administrativa. Así también, la  recurrente refiere que , el monto pagado y solicitado en  devolución por la empresa telefónica no está vinculado a la  referida resolución de determinación sino que dicho pago fue  por unos reparos aceptados por la propia empresa; sin  embargo, se puede observar de la solicitud de devolución  (fojas trescientos veinte a trescientos veintitrés del expediente  administrativo) que fue por el pago para la aceptación del  recurso de reclamación contra la Resolución de Determinación  Nº 012-003-0010409, resolución que determina sobre el  impuesto a la renta del ejercicio dos mil dos. Asimismo, se  debe tener en cuenta que la parte recurrente tieneprocedimientos contenciosos pendientes de resolver con la  misma empresa, de los ejercicios dos mil y dos mil uno, los  cuales también son respecto a los reparos que determinan  sobre el impuesto a la renta; por lo que, de resolver en algún  sentido los ejercicios anteriores (dos mil y dos mil uno) podrán  establecerse si existe pérdida tributaria y/o saldo a favor del  ejercicio dos mil dos; asimismo, esta situación lo confirma la  misma  SUNAT  cuando  emite  el  informe  Nº  51-2018-SUNAT/7D4300  (fojas  catorce  a  quince  del  expediente administrativo) el cual expresa lo siguiente: […]  Resolución del Tribunal Fiscal N° 20274-9-2012.- Al respecto,  señalamos que su cumplimiento se encuentra suspendido,  toda vez que el Colegiado dispuso que la Administración  Tributaria devuelva a su despacho los actuados una vez que  se haya concluido el proceso penal por delito de defraudación  tributaria vinculado al reparo por retiro de bienes al accionista  mayoritario  (Red Analógica  Nortel)  adjuntando  copia  certificada de la sentencia respectiva, a fin de que se emita  pronunciamiento definitivo respecto del referido reparo. Al  respecto, con fecha 21 de junio de 2018, la Procuraduría  Pública de SUNAT informó que el referido proceso penal  concluyó con la emisión de la Sentencia N° 2955-2016 de  fecha 27 de setiembre de 2017, expedida por la Sala  Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República;  por lo que, mediante Oficio N° 50-2018-SUNAT/7D4300 se  remitió al Tribunal Fiscal el original del Expediente  Administrativo N° 2007009565, adjuntando copia simple de la  referida. A la fecha, el expediente se encuentra supeditado al  pronunciamiento definitivo del Tribunal Fiscal, a efecto de  proceder con la emisión de la resolución de cumplimiento  correspondiente. Resolución del Tribunal Fiscal N° 11549-2- 2016, cebe indicar que su cumplimiento se encuentra  supeditado al cumplimiento de la RTF N° 20274-9-2012  (Expediente Administrativo N° 9565-2007), que a su vez se  encuentra en estado de cumplimiento suspendido. Resolución  del Tribunal Fiscal N° 12003-8-2016, en similar sentido se  debe señalar que su cumplimiento se encuentra supeditado al  cumplimiento de las RTF 20274-9-2012 y 11549-2-2016  (Impuesto a la Renta 2000 y 2001), las que a su vez se  encuentran en estado de cumplimiento suspendido. En  consecuencia, no se han emitido las resoluciones de  cumplimiento, ni se ha relíquidado el importe de las  Resoluciones de Determinación N° 012-003-0006018, 012- 003-0008641 y 012-003-0010409. […] Se observa que la  administración tributaria confirma que existen varios procesos  contenciosos que se encuentran suspendidos para emitir las  reliquidaciones; es decir, , pendientes de resolver. Además, se  debe tener en cuenta que estos se encuentran supeditados  entre sí, por lo que, no se podría tomar una decisión definitiva  si corresponde o no la devolución de los pagos que realizó la  empresa; y así también se expone en la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 05108-1-2018, cuando señala: […] Que  toda vez que el análisis sobre la procedencia o no del reparo  por retiro de la red analógica Nortel tendría incidencia en la  determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2000,  como consecuencia de lo cual podría establecerse pérdida  tributarla y/o saldo a favor en dicho ejercicio, según lo  manifestado por la recurrente, que sería susceptible de  arrastrar a ejercicios posteriores y que tendría influencia en la  determinación del impuesto a la Renta del ejercicio 2002.  corresponde disponer que la Administración esté a lo que se  resuelva respecto al aludido reparo en el Expediente N” 8210- 2018, al momento de establecer de manera definitiva la  determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2002,  debiendo tener en consideración los créditos y saldos que  pudiesen generarse como consecuencia de a determinación  definitiva del Impuesto a la Renta de los ejercicios 2000 y  2001 y que influirían en la determinación del Impuesto a la  Renta materia de autos, de corresponder. Que con relación a  la vulneración al principio de no ejecutoriedad, cabe señalar  que de conformidad con los artículos 9” y 201° Texto Único  Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,  citados  previamente,  de  aplicación  supletoria  a  los  procedimientos tributarios de conformidad con la Norma IX  del Título Preliminar del Código Tributario, todo acto  administrativo se considera válido en tanto su pretendida  nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o  jurisdiccional, según corresponda, y tendrá carácter ejecutorio,  salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial  o que esté sujeto a condición o plazo conforme a ley, por lo  que en el presente caso, en tanto la Resolución de  Determinación N° 012-003-0010409, no sea dejada sin efecto  por este Tribunal o autoridad jurisdiccional, dicho valor puede  servir de sustento para el pronunciamiento de la solicitud de  devolución, lo que no vulnera los derechos del administrado ni  los principios invocados puesto que para la procedencia  definitiva en el caso materia de autos, deberá estarse a lo  resuelto en el procedimiento contencioso iniciado respecto delacto administrativo que le sirve de base; por tanto, no existe  vulneración al principio de no ejecutoriedad, criterio recogido  en la Resolución de! Tribunal Fiscal N° 17618-1-2012, entre  otras, en casos en los que el acto administrativo que sustenta  al impugnado también fue impugnado previamente, por lo que  lo alegado en contrario por la recurrente carece de sustento”.  En ese contexto, se aprecia que la Sala Superior ha merituado  el contenido de la resolución administrativa impugnada y lo  actuado en el procedimiento respectivo; por lo que, carece de  asidero lo afirmado respecto a que dicha resolución causa  estado. Con todo lo expuesto, resulta claro que en el presente  proceso no se ha emitido pronunciamiento firme sobre la  devolución de lo pagado por la empresa, pues esta se  encuentra supeditada a lo resuelto en los procedimientos  contencioso administrativo vinculados. En consecuencia,  corresponde también declarar infundado el recurso de  casación  en  este  extremo.  DECISIÓN  Por  estas  consideraciones, declararon INFUNDADO el recurso de  casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria, mediante escrito  del siete de setiembre de dos mil veinte (fojas trescientos  cuarenta y uno a trescientos sesenta y tres). En consecuencia,  NO CASARON la sentencia de vista del veinticuatro de  agosto de dos mil veinte (fojas trescientos treinta a trescientos  treinta y siete), emitida por la Sexta Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros; y DISPUSIERON la publicación de la  presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme a  ley, en los seguidos por la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria contra el Tribunal  Fiscal y Telefónica Móviles S.A.A., sobre impugnación de  resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y  devuélvanse los actuados. Interviene como ponente la señora  Jueza Suprema Dávila Broncano. SS. YAYA ZUMAETA,  GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE  DEL CASTILLO, DÁVILA BRONCANO. 1  Se transcribe la reseña elaborada en su oportunidad 2  DE PINA, Rafael (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México D.F.,  Ediciones Jurídicas Hispano Americana; p. 222. 3  DANOS, J. E. (1998). “Las resoluciones que ponen fin al procedimiento  administrativo. Las llamadas resoluciones que causan estado”. En Revista de la  Academia de la Magistratura; pp. 207-220. C-2136204-14