CASACIÓN Nº 9426-2020 LIMA
Tema: NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Sumilla: Conforme al criterio establecido por el Tribunal  Constitucional respecto de los alcances del artículo 33°  del Texto Único Ordenado del Código Tributario, resulta  constitucionalmente legítimo el cobro de intereses moratorios  durante los plazos legales que tiene la autoridad administrativa  tributaria para resolver los recursos administrativos que  prevé el procedimiento contencioso tributario, pero es  inconstitucional su cobro injustificado o irrazonable en el  tramo en que la autoridad administrativa excede el plazo  legal por causas atribuibles a ella y no al administrado  (actuaciones dilatorias), a lo que se agrega que no existe una  causa objetiva que justifique el tratamiento diferenciado entre  los recursos de reclamación y apelación, en lo que respecta  a la suspensión del cobro de los intereses moratorios luego  de vencido el plazo legal establecido para que la autoridad  administrativa resuelva tales recursos, por lo que el mismo  criterio resulta aplicable durante la tramitación de ambos  medios impugnatorios. Palabras claves: Suspensión del cómputo de los intereses  moratorios Lima, trece de octubre de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA I. VISTA la causa número  nueve mil cuatrocientos veintiséis dos mil veinte - Lima, con  el expediente administrativo acompañado, en audiencia  pública llevada a cabo en la fecha a través de la plataforma  virtual Google Hangouts Meet, y luego de verificada la  votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 1.  Objeto del recurso de casación En el presente proceso  sobre nulidad de resolución administrativa, se han  interpuesto los siguientes recursos de casación: i) de la  codemandada Superintendencia Nacional de Aduanas y  de Administración Tributaria – SUNAT, con fecha trece de  agosto de dos mil veinte, obrante de fojas setecientos  veintiuno a setecientos treinta y seis del expediente principal,  y ii) del codemandado Tribunal Fiscal, con fecha diecinueve  de agosto de dos mil veinte, obrante de fojas setecientos  cuarenta y uno a setecientos cincuenta y siete del mismo  expediente, ambos recursos contra la sentencia de vista  contenida en la resolución número cuarenta y siete del  treinta y uno de julio de dos mil veinte, expedida por la Sexta  Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, corriente de fojas  seiscientos noventa y dos a setecientos siete de los autos  principales, que confirmó la sentencia apelada de primera  instancia, contenida en la resolución número treinta y seis,  de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, obrante  de fojas quinientos cuarenta y seis a quinientos ochenta y  seis de los referidos autos, que declaró fundada en parte  la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 07657-11-2012, del dieciocho de mayo de  dos mil doce, en el extremo referido a los reparos al impuesto  general a las ventas de los periodos enero a junio de dos mil  uno, por la calificación de los servicios prestados por la  demandante, así como los reparos por ingresos omitidos y  consideración como costo y gasto de los pagos a cuenta de  los periodos enero a junio de dos mil uno respecto del  impuesto a la renta del ejercicio dos mil uno , y las multas  relacionadas a dichos reparos y ordenó que el Tribunal  Fiscal emita nueva resolución administrativa y la no  aplicación de intereses moratorios por el exceso del plazo  para resolver los recursos de reclamación y apelación por  parte de la administración tributaria y la SUNAT, respecto a  la Resolución de Multa Nº 0920020001265, e infundada la  demanda en todo lo demás que esta contiene. 2. Causales  por las que se han declarado procedentes los recursos  de casación Mediante autos calificatorios del diez de  noviembre de dos mil veinte (fojas trescientos treinta y cinco  a trescientos treinta y nueve, y trescientos cuarenta a  trescientos cuarenta y cinco del cuaderno de casación  formado en esta Corte Suprema de Justicia), se declararon  procedentes los recursos de casación interpuestos por loscodemandados Superintendencia Nacional de Aduanas y  de Administración Tributaria - SUNAT y por el Tribunal  Fiscal, por las siguientes causales: Recurso de casación  de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria - SUNAT a) Infracción del  numeral 5 del artículo 139° de la Constitución Política  del Perú e inobservancia de la Sentencia del Tribunal  Constitucional  Nº  04082-2012-PA/TC.  Argumenta  principalmente que el Tribunal Constitucional a través de  reiterada jurisprudencia, tales como las sentencias Nº  04082-2012-PA/TC, Nº 03184-2012-PA/TC y Nº 03373- 2012-PA/TC, entre otras, ha confirmado la validez  constitucional del artículo 33° del Código Tributario, que  prevé el pago de intereses moratorios de naturaleza  tributaria durante la tramitación de la apelación ante el  Tribunal Fiscal, correspondiendo entonces que la Sala  Superior resolviera en coherencia con la citada jurisprudencia  constitucional, lo que sin embargo no ocurrió. Agrega que la  Sala de mérito no hizo el más mínimo esfuerzo para  interpretar la norma legal que inaplicó, esto es, el artículo  33° del Código Tributario, y mucho menos la sometió a un  test de razonabilidad y proporcionalidad para verificar su  constitucionalidad. En consecuencia, indica, se verifica la  transgresión del derecho a la motivación de las resoluciones  judiciales, pues no se cumplió con brindar una motivación  adecuada en la sentencia de vista. Recurso de casación  del Tribunal Fiscal a) Infracción normativa del numeral 5  del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.  Argumenta que la Sala Superior incurre en una motivación  aparente, por cuanto no se realizó a cabalidad un análisis  adecuado de los medios probatorios actuados por el Tribunal  Fiscal en relación a la facturación de los proveedores,  apreciándose que no se estableció mayor análisis de los  considerandos de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  07657-11-2012, a efectos de determinar si los reparos  efectuados por la SUNAT resultaban contrarios a derecho.  Además, no se ha considerado que el Tribunal Fiscal cumplió  con evaluar todos los medios probatorios presentados en  sede administrativa y, a luz de la normativa pertinente,  estableció que al estar girados los comprobantes de pago  que sustentan los gastos efectuados por la recurrente, a su  nombre, ha pasado a ser titular de los mismos, y por ende,  su calidad de mediadora y/u organizadora ha quedado  desvirtuada, verificándose que se convirtió en la prestadora  directa del servicio turístico, estando afecta al impuesto  general a las ventas e impuesto a la renta. b) Infracción del  artículo 33° del Texto Único Ordenado del Código  Tributario. Precisa que no puede considerarse que la  aplicación de intereses moratorios constituya la afectación  de derecho constitucional alguno, pues si el contribuyente  desea evitar el pago de intereses, debe adecuar su conducta  a lo que el ordenamiento exige, esto es, cumplir  oportunamente y debidamente con sus obligaciones  tributarias. Dicho razonamiento, indica, se corrobora con lo  señalado en la sentencia del Tribunal Constitucional Nº  03769-2010-PA/TC, según la cual se precisó que las  situaciones derivadas del incumplimiento de normas de  observancia obligatoria y de formalidades prescritas, no se  constituyen en atentatorias de las libertades económicas en  sí  mismas  cuando  provienen  precisamente  de  la  inobservancia. Entonces, correspondía que la Sala Superior  aplique el último párrafo del artículo 33° del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, más aún cuando no existe  un supuesto de excepción que impida la generación de  intereses moratorios durante la tramitación del recurso de  apelación ante el Tribunal Fiscal, y sobre todo porque dicha  norma no ampara la suspensión de ninguna índole. 3.  Cuestión jurídica en debate En el caso particular, la  cuestión jurídica en debate consiste en verificar i) si la  sentencia de vista que se impugna ha respetado o no los  cánones mínimos de motivación que, como derecho implícito  del derecho continente del debido proceso, debe observarse  en todo proceso judicial, de conformidad con el numeral 5  del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, y ii) si  la sentencia de vista ha infringido lo dispuesto en el último  párrafo del artículo 33° del Texto Único Ordenado del Código  Tributario. II. CONSIDERANDO Referencias principales  del proceso judicial PRIMERO: Antes de absolver las  denuncias planteadas y para contextualizar el caso  particular, es pertinente iniciar el examen que corresponde a  este Supremo Tribunal con un sumario recuento de las  principales actuaciones vinculadas con el desarrollo de la  presente causa judicial. Así, tenemos: c.1. Materialización  del ejercicio del derecho de acción Con fecha siete de  diciembre de dos mil doce la demandante, Peruvian Andean  Treks Empresa Individual de Responsabilidad Limitada  acude al órgano jurisdiccional e interpone demanda sobre  nulidad de resolución administrativa, obrante de fojasdieciocho a setenta y siete del expediente principal,  subsanada mediante escrito que obra a fojas ochenta y seis  del mismo expediente, y plantea como petitorio lo siguiente1:  Pretensión principal: Se declare la nulidad de la Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 07657-11-2012, del dieciocho de mayo  de dos mil doce, que revoca y confirma en lo demás que  comprende la Resolución de Intendencia Nº 095-014- 0000348/SUNAT, del veintinueve de septiembre de dos mil  seis, toda vez que dicho Tribunal debió haber declarado la  nulidad de las resoluciones de determinación y de multa  emitidas por la SUNAT, en tanto no contienen los requisitos  de validez previstos en el artículo 77° del Código Tributario.  Primera pretensión subordinada: Se declare la ineficacia  de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07657-11-2012, en  tanto dicho Tribunal ha realizado una errónea interpretación  de las normas tributarias, y, en consecuencia, que el Tribunal  Fiscal emita nuevo pronunciamiento conforme a ley.  Segunda pretensión subordinada: En caso no se declare  la nulidad ni la ineficacia de la Resolución del Tribunal Fiscal  Nº 07657-11-2012, que no se disponga el cobro de los  intereses moratorios devengados a lo largo del procedimiento  contencioso tributario y del presente proceso contencioso  administrativo. Se sustenta el petitorio argumentando lo  siguiente: a) La empresa demandante ofrece como su  principal servicio la atención a operadores turísticos no  domiciliados, actuando como intermediaria entre dichos  operadores y los servicios que se contratan en nuestro país,  por lo cual cobra comisiones o, en su caso, organiza  paquetes turísticos y percibe una retribución por tales  servicios. Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el  numeral 10 del apéndice V de la Ley del Impuesto General a  las Ventas, su empresa no gravaba con el impuesto general  a las ventas los servicios de intermediación prestados a  favor de los operadores turísticos no domiciliados; b) Indica  que,  como  resultado  del  proceso  de  fiscalización  correspondiente al ejercicio dos mil uno , tanto del impuesto  general a las ventas como del impuesto a la renta, la SUNAT  procedió a emitir diversos valores (resoluciones de  determinación y multa), que fueron materia de reclamación,  la cual fue amparada en parte por la Resolución de  Intendencia Nº 095-014-0000348/SUNAT, del veintinueve de  septiembre de dos mil seis, que a su vez fue apelada. y  revocada en parte mediante Resolución Nº 07657-11-2012,  del dieciocho de mayo de dos mil doce, en el extremo  referido al reparo a la base imponible del pago a cuenta del  impuesto a la renta de enero de dos mil uno, por diferencias  entre lo declarado y registrado, a la determinación de los  ingresos gravados del impuesto general a las ventas y pagos  a cuenta del impuesto a la renta de enero a junio de dos mil  uno y del impuesto a la renta del ejercicio dos mil uno; a las  Resoluciones de Multa Nº 092-002-0001251 a Nº 092-002- 0001263, vinculadas a dichos extremos, y al cálculo de los  intereses aplicables a la Resolución de Multa Nº 092-002- 0001265; y dispuso que la administración proceda conforme  a lo señalado en la resolución, y confirmarla en lo demás que  contiene; c) En cuanto a la pretensión principal, afirma que  las referidas resoluciones de determinación y multa no  señalan de manera clara y precisa cuáles son los motivos  del reparo ni la forma en que se determinaron los importes  omitidos que han sido consignados en tales resoluciones, lo  que hace evidente que estas no han sido emitidas conforme  a lo dispuesto en el artículo 77° del Código Tributario y, por  tanto, hay ausencia de tipicidad y causalidad, lo que acarrea  su nulidad de pleno derecho; d) En cuanto a la primera  pretensión subordinada, indica que suscribió respecto al  ejercicio dos mil uno, y desde el año mil novecientos noventa  y nueve, contratos de representación y mandato con  diversos operadores de turismo no domiciliados, mediante  los cuales se le dieron facultades para negociar y contratar  servicios turísticos en el país por cuenta de estos y en  beneficio de los turistas no domiciliados que contrataron con  dichos operadores extranjeros, por lo que recibía de los  operadores extranjeros diversas cantidades de dinero para  cancelar los servicios contratados por cuenta de tales  operadores y que Dichos depósitos eran recibidos en calidad  de “depósitos en administración”, por los cuales emitió  documentos de cobranza para controlar la recepción de los  fondos enviados por los operadores no domiciliados,  registrados en la cuenta contable 464 “Entregas a rendir  cuenta - agencias del exterior”. Asimismo, los saldos de  dicha cuenta correspondían a la contraprestación que la  compañía recibía por los servicios de intermediación. Por tal  contraprestación, la demandante emitía el comprobante de  pago correspondiente a favor de los operadores, sin  trasladarles el impuesto general a las ventas, debido a que  se trataba de una exportación de servicios. No obstante ello,  por las exigencias de los proveedores, las facturas emitidas  por estos se registraban a nombre de la empresa y no de losoperadores extranjeros, como debió ser, ya que el servicio  de hospedaje solo podía ser utilizado por el turista no  domiciliado para quien se hizo la reserva. Refiere, además,  que los servicios de intermediación prestados a favor de los  operadores extranjeros han sido pactados a título oneroso,  cuyo prestador [del servicio] fue un sujeto domiciliado en el  país (la demandante) y los usuarios son aquellos sujetos no  domiciliados (los operadores extranjeros), así como que el  uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios se  efectuó en el exterior y no en el país. El servicio de  intermediación de los viajes prestado por la empresa se  aprovecha en el extranjero, ya que permite a los operadores  extranjeros ofrecer sus servicios turísticos en su país y,  “pese a que no es el caso”, cuando la agencia presta el  servicio de organización de viajes, posibilita a los operadores  no domiciliados a ofrecer sus servicios turísticos en su país  y valerse de ese servicio de organización para celebrar  contratos de viaje en el extranjero; e) Con relación a la  segunda pretensión subordinada, podrá constatarse que  durante la prolongada duración del proceso contencioso  tributario se han devengado intereses moratorios respecto  de la deuda tributaria, de forma tal que la misma ha duplicado  su importe, por lo que su cobro estaría mermando  indebidamente  el  patrimonio  de  la  compañía.  c.2.  Contestación de la demanda El codemandado Tribunal  Fiscal, representado por el Procurador Adjunto a cargo de  los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y  Finanzas, mediante escrito presentado el veinticinco de julio  de dos mil trece (fojas ciento cuarenta y cinco a ciento  sesenta y cuatro del expediente principal), contesta la  demanda, solicitando que la misma sea declarada  improcedente o infundada. Argumenta como fundamentos  de la defensa los siguientes: a) Respecto a la pretensión  principal, los valores cumplen con los requisitos establecidos  en el artículo 77° del Código Tributario. Inclusive la  liquidación de la deuda final se encuentra debidamente  detallada, lo que demuestra que el derecho de defensa de la  actora no se ha visto vulnerado; b) Con relación a la primera  pretensión subordinada, los servicios de mediación y/u  organización de servicios turísticos se encontraban inafectos  al impuesto general a las ventas, siempre y cuanto se  prestaran a favor de agencias u operadores turísticos  domiciliados en el exterior, lo que no ha sido acreditado por  la demandante, quien ha presentado diversos comprobantes  de pago expedidos a su nombre. Esto evidencia que ha  realizado servicios de alimentación y hospedaje de forma  directa y no en calidad de mediadora y/u organizadora; c)  Respecto a la segunda pretensión subordinada, no existe  norma jurídica alguna que ordene la inaplicación de los  intereses moratorios para la configuración del supuesto  argumentado por la actora. De otro lado, mediante escrito  presentado el veinticinco de julio de dos mil trece (fojas  ciento setenta y ocho a ciento ochenta y dos de la causa  principal), la codemandada Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria contesta la  demanda, negándola y contradiciéndola, y solicita que la  misma se declare improcedente o infundada. Expone como  fundamento de su defensa que la resolución del Tribunal  Fiscal ha sido dictada sin afectar norma constitucional, legal  ni reglamentaria, reuniendo todos los requisitos formales  para su validez como acto administrativo y cumpliendo con  el procedimiento establecido. c.3. Principales actuaciones  procesales Mediante resolución número doce, del diecisiete  de julio de dos mil quince (fojas doscientos sesenta y uno a  doscientos setenta y seis del expediente principal), el  Juzgado de primera instancia emite sentencia declarando  fundada en parte la demanda. Sin embargo, a través de la  sentencia de vista contenida en la resolución número  diecinueve, del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis  (fojas trescientos setenta y dos a trescientos setenta y ocho  del mismo expediente), la Sala Superior de origen declaró la  nulidad de la citada sentencia de primera instancia y dispuso  que el Juzgado renueve el acto procesal afectado de nulidad.  Por resolución número veinticuatro, del treinta de noviembre  de dos mil diecisiete (fojas cuatrocientos dos a cuatrocientos  diecinueve del expediente principal), el Juzgado expide  nuevo fallo que declara fundada la demanda y ordena que el  Tribunal Fiscal emita nueva resolución administrativa. No  obstante, por sentencia de vista contenida en la resolución  número treinta y dos, del quince de mayo de dos mil  dieciocho (fojas cuatrocientos ochenta y seis a cuatrocientos  noventa y seis), la Sala Superior de origen declaró nula la  sentencia apelada y dispuso que el Juzgado emita nueva  resolución. 1.4. Sentencia de primera instancia Mediante  resolución número treinta y seis, del dieciséis de octubre  de dos mil diecinueve (fojas quinientos cuarenta y seis a  quinientos ochenta y seis del expediente principal), el  Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo ContenciosoAdministrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, emite  sentencia de primera instancia, que declara fundada en  parte la demanda y, en consecuencia, declara nula la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07657-11-2012, del  dieciocho de mayo de dos mil doce, en el extremo referido a  los reparos al impuesto general a las ventas de los periodos  enero a junio de dos mil uno, por la calificación de los  servicios prestados por la demandante; así como a los  reparos por ingresos omitidos y consideración como costo y  gasto de los pagos a cuenta de los periodos enero a junio de  dos mil uno respecto del impuesto a la renta del ejercicio dos  mil uno, y las multas relacionadas a dichos reparos; y ordenó  que el Tribunal Fiscal emita nueva resolución administrativa,  así como la no aplicación de intereses moratorios por el  exceso del plazo para resolver los recursos de reclamación  y apelación por parte de la administración tributaria y la  SUNAT,  respecto  a  la  Resolución  de  Multa  Nº  0920020001265, e infundada la demanda en todo lo demás  que esta contiene. Los fundamentos sustanciales de la  decisión son los siguientes: a) Respecto a la pretensión  principal, de la revisión de los valores en cuestión, se aprecia  el efectivo cumplimiento de los requisitos previstos en el  artículo 77° del Código Tributario, puesto que los mismos  contienen información completa y detallada de la obligación  tributaria y señala además los motivos determinantes del  reparo y/o sanción impuesta, así como los fundamentos y  disposiciones que los amparan. Adicionalmente, corresponde  considerar que, tomando en consideración la finalidad de los  requisitos antes esbozados, efectivamente se aprecia que la  información detallada en las resoluciones de determinación  y de multa no solo ha sido completa y acorde a ley, sino que  ha  cumplido  eficazmente  con  el  fin  de  informar  adecuadamente a la contribuyente sobre todas las aristas de  los reparos y sanciones en cuestión, lo cual se verifica del  contenido justamente del recurso de reclamación interpuesto  por la demandante, que demuestra que su derecho de  defensa no se vio vulnerado en lo absoluto; b) Sobre la  primera pretensión subordinada, de la revisión del  expediente administrativo, se aprecia que obran diversos  comprobantes de pago emitidos por los proveedores de la  accionante (fojas cinco mil ciento ochenta y nueve a cinco  mil seiscientos noventa y dos), en los cuales se describieron  los servicios que fueron prestados, casi todos por servicios  de hospedaje y alimentación. Asimismo, se observa que se  consignó como usuario de los servicios a la razón social y el  Registro Único de Contribuyente (RUC) de la demandante,  así como que los comprobantes de pago fueron emitidos sin  determinar el impuesto general a las ventas, lo que llevaría  a suponer que dichos servicios fueron prestados por los  proveedores a la demandante. Sin embargo, es importante  indicar que, de la observación de los comprobantes de pago,  se advierte que algunos de ellos contienen datos relevantes  para determinar realmente si los servicios de hospedaje y  alimentación fueron prestados a la actora, pues se deja  constancia de que el servicio de alojamiento, hospedaje o  alimentación fue brindado a diversas empresas (no  domiciliadas) y personas, que podría inferirse que son  extranjeras,  tal  como  lo  señalan  algunas  facturas  (nacionalidad). Del mismo modo, se advierte que las facturas  fueron emitidas a la demandante, pero se indica que fue “por  cuenta de”, es decir, en nombre de otras empresas no  domiciliadas, como Andean Treks Inc. (Estados Unidos de  Norteamérica), Orión (Brasil) o Dav Summit (Alemania),  entre otras, con lo cual puede concluirse que el hecho de  que en los comprobantes de pago emitidos por los  proveedores de la demandante se consignen sus datos, no  puede señalarse como un factor determinante para  establecer que ella (la actora) no actuó como mediadora y/u  organizadora de los servicios turísticos, o que esta transfirió  la propiedad de los servicios turísticos de hospedaje y  alimentación a sus clientes en el extranjero, como lo indican  la administración tributaria y el Tribunal Fiscal, que solo  valoran parcialmente el contenido de las facturas, ya que  solo se toma en cuenta que estas fueron emitidas a nombre  de la demandante, pero no se emite pronunciamiento u  observación respecto a que el servicio fue utilizado por  terceros (empresas no domiciliadas o personas naturales  extranjeras); c) De la revisión del expediente administrativo,  se advierte que las facturas de compra merituadas no se  contabilizaron en los registros de la actora, ello debido a que  formaban parte de las “Liquidaciones de Grupo” que la  demandante llevaba por la prestación de sus servicios de  mediación u organización, con lo cual resultaba lógico que,  al ser dichos comprobantes emitidos para el consumo de los  operadores turísticos extranjeros, estos no se reconozcan  como un gasto de la accionante, por lo que no debieron ser  registrados en su Libro de Compras, y que el hecho que lasfacturas se hayan emitido a nombre de esta no determina  que los servicios de hospedaje y alimentación se hayan  trasladado a la administrada o que esta haya operado y  ejecutado directamente los paquetes turísticos. Igualmente,  de fojas cinco mil noventa y cuatro a cinco mil ciento diez del  expediente administrativo, obra el Libro Diario de la  accionante, en el cual se registró en los meses febrero,  marzo y abril de dos mi uno la cuenta 46 “Cuentas por Pagar  Diversas”, subcuenta 464 “Entregas a Rendir Cuenta  Agencias del Exterior”, en las cuales especificó que el motivo  de dichas subcuentas eran: “Por el ingreso de dinero de  clientes del exterior para el pago de sus cuentas en el Perú”,  “Por el pago de servicios por cuenta de la Agencia del  exterior”, y “Por la mediación de servicios según registro de  ventas”, lo cual supondría que la demandante actuó como  mediadora u organizadora de paquetes turísticos entre los  operadores no domiciliados y los prestadores de servicios  de hospedaje y alimentación. Asimismo, en etapa de  fiscalización, la demandante presentó diversos contratos  celebrados con los operadores turísticos no domiciliados  (fojas seis mil trescientos ochenta y ocho a seis mil  trescientos noventa y cuatro del expediente administrativo),  los cuales se encuentran en idioma inglés. Sobre ello, se  tiene que la actora celebró diversos acuerdos con empresas  no domiciliadas, en el marco de los cuales realizó las  funciones de mediador, agente de viajes en Perú y  organizador de los paquetes turísticos solicitados por los  clientes de los operadores no domiciliados, y del mismo  modo se indicó que los operadores extranjeros pagarían a la  demandante una comisión por la actuación de esta como  intermediaria entre los proveedores locales de servicios; d)  Por lo expuesto, se aprecia que la valoración probatoria  efectuada por el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 07657- 11-2012 no es conforme a ley, debido a que no efectuó una  debida evaluación conjunta de todos los medios probatorios  presentados, con lo cual ha vulnerado el derecho al debido  procedimiento de la demandante y ha incurrido en causal de  nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley Nº  27444. Por lo tanto, corresponde estima, en parte, la primera  pretensión subordinada de la demanda, en el extremo  referido a los reparos al impuesto general a las ventas de los  periodos enero a junio de dos mil uno, por la calificación de  los servicios prestados por la accionante como mediación  y/u organización de servicios turísticos, así como a los  reparos por ingresos omitidos y consideración como costo y  gasto de los pagos a cuenta de los periodos enero a junio de  dos mil uno respecto del impuesto a la renta del ejercicio dos  mil uno, y las multas relacionadas a dichos reparos  correspondientes a las infracciones tipificadas en los  numerales 1 y 2 del artículo 178° del Código Tributario, por  lo que se ordena al Tribunal Fiscal que emita un nuevo  pronunciamiento conforme a ley, valorando de manera  correspondiente  los  documentos  ofrecidos  por  la  demandante; e) Sobre la segunda pretensión subordinada,  el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el  Expediente Nº 04082-2012-PA/TC ha establecido que “[el  principio de no confiscatoriedad] se transgrede cada vez que  un tributo excede el límite que razonablemente puede  admitirse como justificado en un régimen en que se ha  garantizado el derecho subjetivo a la propiedad”. Asimismo,  agrega que si bien los intereses moratorios no pueden ser  considerados como tributos per se, es evidente que estas  sanciones tributarias deben respetar el principio de  razonabilidad reconocido en la jurisprudencia del Tribunal  Constitucional (Expedientes Nº 02192-2004-AA/TC y Nº  00535-2009-PA/TC, entre otros). Del mismo modo, el  Tribunal Constitucional analizó en dicha sentencia el cobro  de intereses moratorios durante el trámite del procedimiento  contencioso tributario señalando lo siguiente: El cómputo de  intereses durante el trámite del procedimiento contencioso  tributario, no puede impedir ni restringir la posibilidad de  impugnar  en  sede  administrativa  las  resoluciones  susceptibles de afectar derechos o intereses legítimos de los  administrados. Asimismo, no puede asumirse la mala fe del  contribuyente y reprimirse con una sanción el ejercicio  legítimo de los derechos constitucionales, máxime si cuando  el trámite del procedimiento se extendió por un largo periodo  de tiempo por razones ajenas al administrado. El cómputo  de intereses moratorios durante el trámite del procedimiento  contencioso tributario lesiona el derecho a recurrir en sede  administrativa, así como el principio de razonabilidad de las  sanciones. Según el artículo VI del título preliminar del  Código Procesal Constitucional, los Jueces deben interpretar  y aplicar las leyes o todas las normas con rango de ley y los  reglamentos  según  los  preceptos  y  principios  constitucionales, de conformidad con la interpretación de los  mismos que resulten de las resoluciones dictadas por el  Tribunal Constitucional. En ese sentido, se considera que elcriterio establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional  recaída en el Expediente Nº 04082-2012-PA/TC es aplicable  al caso en concreto; f) Mediante el artículo 6° del Decreto  Legislativo Nº 981, se incorporó al artículo 33° del Código  Tributario el siguiente párrafo: La aplicación de los intereses  moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de los  plazos máximos establecidos en el Artículo 142° hasta la  emisión de la resolución que culmine el procedimiento de  reclamación ante la Administración Tributaria, siempre y  cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la  reclamación fuera por causa imputable a ésta. De la revisión  de autos, se advierte que, con fecha seis de diciembre de  dos mil cinco, la demandante interpuso su recurso de  reclamación, el cual fue resuelto por la administración  tributaria mediante la Resolución de Intendencia Nº 095- 014-0000348/SUNAT, del veintinueve de septiembre de dos  mil seis. Del mismo modo, mediante el artículo 142° del  Código Tributario, aplicable en el caso de autos, se tenía  previsto que el plazo para resolver el recurso de reclamación  por parte de la administración tributaria era de seis meses  desde la presentación del recurso de reclamación. En ese  sentido, se advierte que la administración tributaria excedió,  por tres meses y veintitrés días, el plazo establecido por el  Código Tributario para resolver el recurso de reclamación  presentado por la accionante, por lo cual no procede el  cómputo de intereses moratorios respecto a dicho plazo en  exceso. Sobre el recurso de apelación, de autos se observa  que este ingresó al Tribunal Fiscal el diecinueve de diciembre  de dos mil seis, por lo cual, de acuerdo a lo regulado por el  artículo 150° del Código Tributario, el Tribunal Fiscal tenía  como plazo para resolver la apelación hasta el diecinueve de  diciembre de dos mil siete; sin embargo, la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 07657-11-2012 fue emitida con fecha  dieciocho de mayo de dos mil doce. Señala que el artículo  33° del Código Tributario, aplicable al caso de autos, no  regulaba la inaplicación de intereses para aquellos casos en  que el Tribunal Fiscal excediera el plazo para resolver las  apelaciones, regulado en el artículo 150° del Código  Tributario; no obstante, aplicando el criterio establecido por  el Tribunal Constitucional recaído en el Expediente Nº  04082-2012-PA/TC, se ha determinado que hubo un exceso  del plazo para resolver la apelación por parte del Tribunal  Fiscal de cuatro años, cuatro meses y veintinueve días; g) Ni  la administración tributaria ni el Tribunal Fiscal han señalado  alguna causa que justifique el exceso del tiempo para  resolver los recursos de reclamación y apelación, por lo que  puede concluirse que hubo una dilación indebida e imputable  a estos órganos administrativos, la cual afecta a la  demandante, debido a que se ha producido un incremento  injustificado de intereses moratorios por todo el plazo en que  la administración tributaria y el Tribunal Fiscal se retrasaron  en resolver los recursos de reclamación y apelación, lo que,  según el criterio esbozado por el Tribunal Constitucional,  resulta una afectación a la tutela judicial efectiva y el principio  de razonabilidad, por lo que debe estimarse la segunda  pretensión subordinada a la primera pretensión principal  solo en el extremo referido a la suspensión de los intereses  moratorios por el exceso en resolver los recursos de  reclamación y apelación presentados por la demandante,  respecto de la Resolución de Multa Nº 0920020001265. 1.5.  Ejercicio del derecho a impugnar El codemandado  Tribunal Fiscal, representado por el Procurador Adjunto a  cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía  y Finanzas, interpone recurso de apelación contra la  sentencia de primera instancia, conforme aparece del escrito  de fojas quinientos noventa y cinco a seiscientos catorce del  expediente principal. Expone como agravios los siguientes:  a) Tratándose de operaciones complejas, se ha valorado la  totalidad de los medios probatorios presentados por la  demandante en sede administrativa. Además, se ha tenido  en cuenta la normativa aplicable sobre la materia, llevando  cabo una adecuada interpretación de lo regulado por la Ley  del Impuesto General a las Ventas y sus modificaciones,  concluyendo que se transfirió la propiedad de los paquetes  turísticos a la accionante, independientemente de que los  servicios hayan sido cancelados con dinero del exterior, por  lo que dichas adquisiciones se encuentran gravadas con el  impuesto general a las ventas; b) El Juzgado no ha tomado  en cuenta que el interés generado por la demora tiene como  finalidad compensar la pérdida patrimonial que sufre el  acreedor tributario por el retraso en la percepción de la  prestación, así como una finalidad indemnizatoria, pues  dicho retraso no debe reportar ventajas financieras a los  sujetos pasivos de la obligación tributaria, resultando  razonable y proporcional que toda deuda tributaria impaga  genere la aplicación de intereses moratorios a favor del  fisco; c) El Juzgado está aplicando indebidamente la STC Nº  04082-2012-PA/TC, pues no toma en cuenta que en otrosprocesos de amparo el Tribunal Constitucional ha señalado  que la exención de intereses moratorios por deuda tributaria  impaga resulta aplicable única y exclusivamente a aquellos  otros procesos donde esas sentencias fueron emitidas, por  lo que está vedado que puedan ser aplicadas y extendidas a  procesos distintos, como es el caso del presente proceso  contencioso administrativo. Por su parte, la codemandada  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración Tributaria, mediante escrito presentado el  veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, de fojas  seiscientos dieciocho a seiscientos treinta y cuatro del  expediente principal, interpone recurso de apelación contra  la citada sentencia de primera instancia. Expresa como  agravios de su recurso los siguientes: a) No resultan  aplicables al caso de autos, las Sentencias del Tribunal  Constitucional Nº 04082-2012-PA/TC y Nº 4523-2013-AA/ TC, ya que la demandante no ha ejercido su derecho según  las normas tributarias que regulan el recurso de queja  tributaria y el silencio administrativo, por lo que ahora no  puede denunciar un exceso del plazo para resolver.  Asimismo, la desnaturalización del derecho al plazo  razonable no autoriza a que se inapliquen los intereses  moratorios, debido a que mediante las Casaciones Nº 4544- 2015-Lima y Nº 5476-2016-Lima, se ha establecido que los  intereses moratorios tienen sustento legal y, como tal, no  pueden dejar de cobrarse, en tanto tienen naturaleza  compensatoria y no sancionatoria; b) En el caso de autos,  no correspondía la suspensión de intereses moratorios, sino  que correspondía la aplicación de intereses moratorios  hasta el trece de julio de dos mil quince y, luego de esta  fecha,  la  inaplicación  de  intereses  moratorios  y,  consecuentemente,  aplicar  el  índice  de  precios  al  consumidor, justamente en virtud de lo establecido en la Ley  Nº 30230, que modificó el artículo 33° del Código Tributario  y el Decreto Supremo Nº 362-2015-EF, los cuales entraron  en vigencia bajo los parámetros dispuestos en los artículos  103° y 109° de la Constitución Política del Perú, por lo que  debe revocarse dicho extremo de la sentencia y declararse  infundada la demanda. 1.6. Sentencia de vista La Sexta  Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución  número cuarenta y siete, del treinta y uno de julio de dos mil  veinte (fojas seiscientos noventa y dos a setecientos siete  del expediente principal), confirmó la sentencia apelada de  primera instancia, que declaró fundada en parte la  demanda interpuesta. Constituyen argumentos principales  de la decisión superior, los siguientes: a) De la revisión del  expediente administrativo, si bien se advierte que obran  diversos comprobantes de pago (fojas cinco mil ciento  ochenta y nueve a cinco mil seiscientos noventa y dos)  emitidos por los proveedores, en donde se describe la  prestación de los servicios de hospedaje y alimentación, en  los que se consigna como usuario de dichos servicios a la  empresa demandante, con lo cual se debería entender que  dichos servicios fueron prestados por los mencionados  proveedores a la actora, sin embargo algunos de los  comprobantes presentados por la demandante durante la  fiscalización contienen datos especialmente relevantes para  determinar si los servicios de hospedaje y alimentación  fueron prestados a ella. De dichos comprobantes de pago,  además de consignarse el nombre de la empresa  demandante, también se consigna en la descripción de los  mismos que el servicio fue “por cuenta de” Andean Treks Inc.  (Estados Unidos de Norteamérica), Orión (Brasil) y Dav  Summit (Alemania), operadores turísticos no domiciliados  con las cuales la accionante suscribió contratos que obran  de fojas seis mil trescientos ochenta y ocho a seis mil  trescientos noventa y cuatro del expediente administrativo,  mediante los cuales se determina, como prestación a cargo  de la empresa actora, funciones de mediadora y organizadora  de los paquetes turísticos solicitados por los clientes de  dichos operadores no domiciliados, y que, a cambio de  dichos servicios, se acordó el pago de una tarifa. Estos  contratos son de carácter indeterminado, ya que tienen una  fecha de inicio, mas no se precisa en los mismos una fecha  de término, ya que se deja a las partes determinar su  vigencia hasta que lo consideren necesario. Asimismo, en  las facturas de fojas seis mil doscientos veintinueve a seis  mil doscientos treinta y tres del expediente administrativo,  emitidas por la empresa demandante a sus operadores  turísticos no domiciliados Andean Treks Inc. (Estados Unidos  de Norteamérica) y Dav Summit Club (Alemania), se aprecia  que no se consignó el impuesto general a las ventas por los  servicios de mediación y organización. Igualmente, en el  expediente administrativo obran otros medios probatorios,  que, al igual que los ya mencionados, sustentan lo alegado  por la actora, como el Libro Diario de la demandante (fojascinco mil noventa y cuatro a cinco mil ciento diez del  acompañado), en el que se aprecia que se registró la cuenta  46 “Cuenta por Pagar Diversas”, subcuenta 464 “Entregas a  Rendir Cuentas Agencias del Exterior”, respecto de los  meses de febrero, marzo y abril del año dos mil uno, donde  se señaló que dichas subcuentas se debían al ingreso de  dinero de clientes del exterior para el pago de sus cuentas  en el Perú, así como para el pago de servicios por cuenta de  la agencia del exterior y para la mediación de servicios.  Asimismo, se aprecian las copias de diversas hojas de  liquidación de la Administración de Fondos de Terceros  (fojas seis mil doscientos noventa y nueve a seis mil  trescientos cincuenta y dos del acompañado), donde la  empresa demandante registró los montos depositados por  sus clientes operadores turísticos no domiciliados para  pagar los servicios requeridos por estos últimos, y en donde  se hace distinción de los montos para costear los servicios  requeridos de los montos por el servicio de mediación y  organización  de  paquetes  turísticos.  Tales  medios  probatorios no han sido valorados en su conjunto, a efectos  de contrastar lo alegado por la accionante durante el  procedimiento administrativo y en la presente instancia,  respecto a que actuó como intermediaria entre los  proveedores locales de servicios, el no domiciliado y sus  clientes, encontrándose así dentro del supuesto de  exoneración del impuesto general a las ventas. En ese  sentido, debe confirmarse la sentencia impugnada, que  declara fundada en parte la demanda, respecto a la primera  pretensión subordinada, referida a los reparos al impuesto  general a las ventas de los periodos enero a junio de dos mil  uno , por la calificación de los servicios prestados por la  empresa demandante como mediación y/u organización de  servicios turísticos, así como los reparos por ingresos  omitidos y consideración como costo y gasto de los pagos a  cuenta de los periodos enero a junio de dos mil uno respecto  del impuesto a la renta del ejercicio y las multas relacionadas  a dichos reparos, correspondientes a las infracciones  tipificadas en los numerales 1 y 2 del artículo 178° del  Código Tributario, debiendo el Tribunal Fiscal emitir un  nuevo pronunciamiento, valorando de manera conjunta los  documentos ofrecidos por la parte demandante durante la  fiscalización; b) El artículo 33° del Texto Único Ordenado del  Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 135- 99-EF y sus modificatorias, señalaba la forma en que los  intereses moratorios de las deudas tributarias deberían ser  calculados. El artículo 6° del Decreto Legislativo Nº 981  incorporó en el artículo 33° antes referido el siguiente  párrafo: La aplicación de los intereses moratorios se  suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos  establecidos en el artículo 142° hasta la emisión de la  resolución que culmine el procedimiento de reclamación  ante la Administración Tributaria, siempre y cuando el  vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la reclamación  fuera por causa imputable a ésta. Asimismo, mediante el  artículo 7° de la Ley Nº 30230, se estableció que: La  aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir  del vencimiento de los plazos máximos establecidos en los  artículos 142°, 150° y 152° hasta la emisión de la resolución  que culmine el procedimiento de reclamación ante la  Administración Tributaria o de apelación ante el Tribunal  Fiscal, siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que se  haya resuelto la reclamación o apelación fuera por causa  imputable a dichos órganos resolutores. c) Conforme se  aprecia del expediente administrativo, respecto a las  Resoluciones de Determinación Nº 092-003-0000835 a Nº  092-003-0000853 y contra las Resoluciones de Multa Nº  092-002-0001251 a Nº 092-002-0001263 y Nº 092-002- 0001265, la empresa interpuso su recurso de reclamación el  seis de diciembre de dos mil cinco, el cual fue resuelto  mediante Resolución de Intendencia Nº 0950140000348/ SUNAT, del veintinueve de septiembre de dos mil seis, que  declaró fundado en parte dicho recurso. Tras ser apelada,  ingresó al Tribunal Fiscal el diecinueve de diciembre de dos  mil seis, conforme se advierte del cargo (fojas seis mil  seiscientos cincuenta y seis del expediente administrativo) y  fue resuelto mediante la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  07657-11-2012, del dieciocho de mayo de dos mil doce.  Considerando que el plazo para resolver el recurso de  reclamación al momento de ocurridos los hechos era de seis  meses (antes de la modificatoria del artículo 142° por el  Decreto Legislativo Nº 981 del quince de marzo de dos mil  siete), se advierte que la administración tributaria tuvo un  exceso en el plazo para resolver de tres meses y veintitrés  días, mientras que el Tribunal Fiscal respecto al recurso de  apelación se demoró más de cuatro años para resolver, lo  cual evidentemente vulnera el derecho de la administrada a  que se le dé respuesta a su impugnación dentro de un plazo  razonable, y, por tanto, lesiona su derecho al debido proceso,ya que no se advierte de las mencionadas resoluciones  fundamentos que puedan justificar la demora para resolver  los recursos interpuestos, no acreditándose del expediente  administrativo que la demora se haya debido a una conducta  aislada e intencional por parte de la contribuyente de  provocar algún tipo de retraso o demora en el procedimiento.  En ese sentido, la dilación indebida en el procedimiento  contencioso administrativo ha generado consecuencias  negativas en la empresa demandante, al verse incrementada  su deuda tributaria debido al pago de intereses moratorios,  siendo de considerar que lo expuesto ha sido desarrollado  por el Tribunal Constitucional a través de las sentencias  recaídas en los Expedientes Nº 04082-2012-PA/TC y Nº  04532-2013-PA/TC; d) Finalmente, cabe precisar que, en el  presente caso, los plazos establecidos en los artículos 142°  y 150° del Código Tributario, que tienen, respectivamente, la  administración tributaria y el Tribunal Fiscal para resolver,  resultan ser plazos prudentes y lógicos, dentro de los cuales  se deben resolver los recursos sin mayores dilaciones. En  consecuencia, sobre dicho extremo de la demanda y como  consecuencia del análisis expuesto, corresponde confirmar  la sentencia impugnada, que declara fundada en parte la  demanda, respecto a la segunda pretensión subordinada,  referida a la no aplicación de intereses moratorios por el  exceso del plazo para resolver los recursos de reclamación  y apelación por parte de Tribunal Fiscal y la Administración  Tributaria y la SUNAT, respecto a la Resolución de Multa Nº  0920020001265. Anotaciones acerca del recurso de  casación SEGUNDO: Contextualizado el caso, es pertinente  hacer referencia a los alcances del recurso extraordinario de  casación, que delimitan la actividad casatoria de esta Sala  Suprema. Así, tenemos: 2.1. El recurso de casación tiene  por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso  concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la  Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo  precisa el artículo 384 del Código Procesal Civil. En materia  de casación es factible el control de las decisiones  jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se  han infringido o no las normas que garantizan el derecho al  proceso regular, teniendo en consideración que este supone  el cumplimiento de los principios y garantías que regulan al  proceso como instrumento judicial, y cautela sobre todo el  ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto.  2.2. El recurso extraordinario de casación tiene por objeto el  control de las infracciones que las sentencias o los autos  puedan cometer en la aplicación del derecho, partiendo a tal  efecto de los hechos considerados probados en las  instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego  examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada  a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la  infracción normativa, sino que se requiere que el error sea  esencial o decisivo sobre el resultado de lo decidido. Así  también, habiéndose acogido entre los fines de la casación  la función nomofiláctica, debe precisarse que esta no abre la  posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a  verificar un reexamen del conflicto o a obtener un tercer  pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y  proceso. Constituye antes bien un recurso singular que  permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento  de determinados fines, como la adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la  jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de  la República. 2.3. Por causal de casación se entiende al  motivo que la ley establece para la procedencia del recurso2,  debiendo sustentarse en aquellas previamente señaladas  en la ley; puede, por ende, interponerse por apartamiento  inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o  por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de  casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de  leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta de  congruencia de lo decidido con las pretensiones formuladas  por las partes y la falta de competencia. Los motivos por  quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el  proceso3, por lo que en tal sentido si bien todas las causales  suponen una violación de la ley, también lo es que estas  pueden darse en la forma o en el fondo. 2.4. De otro lado,  considerando que en el caso concreto se han declarado  procedentes los recursos de casación por causales de  infracción normativa material y procesal, corresponde en  primer lugar proceder con el análisis de la infracción de  normas de carácter procesal —de orden constitucional—,  desde que si por ello se declararan fundados los recursos,  su efecto nulificante implicaría la anulación de lo actuado  hasta donde se advierta el vicio, con disposición, en su caso,  de un nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de  instancia, en cuyo supuesto carecerá de objeto emitir  pronunciamiento sobre la infracción normativa material  invocada por el respectivo recurrente en el escrito de supropósito; y si por el contrario, se declararan infundadas las  infracciones  procesales,  corresponderá  emitir  pronunciamiento  respecto  de  la  infracción  material.  Evaluación de las causales casatorias de naturaleza  procesal TERCERO: Iniciamos el análisis casatorio  haciendo mención al debido proceso (o proceso regular),  derecho complejo que está conformado por un conjunto de  derechos esenciales que impiden que la libertad y los  derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o  insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean  afectados por cualquier sujeto de derecho —incluyendo el  Estado— que pretenda hacer uso abusivo de estos. Como  señala la doctrina: […] por su naturaleza misma, se trata de  un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez  está conformado por un numeroso grupo de pequeños  derechos que constituyen sus componentes o elementos  integradores, y que se refieren a las estructuras,  característica del Tribunal o instancias de decisión, al  procedimiento que debe seguirse y a sus principios  orientadores, y a las garantías con que debe contar la  defensa. 4 Dicho de otro modo, el derecho al proceso regular  constituye un conjunto de garantías de las cuales goza el  justiciable, que incluyen el derecho a ser oportunamente  informado del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo  razonable para preparar la defensa), derecho a ser juzgado  por un Juez imparcial que no tenga interés en un determinado  resultado del juicio, derecho a la tramitación oral de la causa  y a la defensa por un profesional (publicidad del debate),  derecho a la prueba, derecho a ser juzgado sobre la base  del mérito del proceso y derecho al Juez legal. 3.1. Así  también, el derecho al debido proceso comprende a su vez,  entre otros derechos, el de motivación de las resoluciones  judiciales, previsto en el numeral 5 del artículo 139 de la  Carta Fundamental5, esto es, el de obtener una resolución  fundada en derecho mediante decisiones en las que los  Jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus  fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y  jurídicos  que  los  determinaron,  dispositivo  que  es  concordante con lo preceptuado por el inciso 3 del artículo  122 del Código Procesal Civil6 y el artículo 12 del Texto  Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial7.  Además, la exigencia de motivación suficiente garantiza que  el justiciable pueda comprobar que la solución del caso  concreto viene dada por una valoración racional de la  fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las  disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad  de los magistrados, por lo que en ese entendido es posible  afirmar que una resolución que carezca de motivación  suficiente no solo infringe normas legales, sino también  principios de nivel constitucional8. 3.2. El proceso regular en  su expresión de motivación escrita de las resoluciones  judiciales supone que una motivación defectuosa puede  expresarse en los siguientes supuestos: a) Falta de  motivación propiamente dicha: cuando se advierte una total  ausencia de motivación en cuanto a la decisión jurisdiccional  emitida en el caso materia de conflicto, sea en el elemento  fáctico y/o jurídico; b) Motivación aparente: cuando el  razonamiento en la sentencia sea inconsistente, sustentado  en conclusiones vacías que no guardan relación con el real  contenido del proceso; c) Motivación insuficiente: cuando se  vulnera el principio lógico de la razón suficiente, es decir,  que el sentido de las conclusiones a las que arriba el  juzgador no se respaldan en pruebas fundamentales y  relevantes, de las cuales este debe partir en su razonamiento  para lograr obtener la certeza de los hechos expuestos por  las partes y la convicción que lo determine en un sentido  determinado, respecto de la controversia planteada ante la  judicatura; y d) Motivación defectuosa en sentido estricto:  cuando se violan las leyes del hacer/pensar, tales como de  la no contradicción (nada puede ser y no ser al mismo  tiempo), la de identidad (correspondencia de las conclusiones  a las pruebas), y la del tercio excluido (una proposición es  verdadera o falsa, no hay tercera opción), entre otros,  omitiendo los principios elementales de la lógica y la  experiencia común. 3.3. Asimismo, el derecho a la motivación  de las resoluciones judiciales tiene como una de sus  expresiones el principio de congruencia, legislado en el  numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, el cual  exige la identidad que debe mediar entre la materia, las  partes, los hechos del proceso y lo resuelto por el juzgador,  en virtud a lo cual los Jueces no pueden otorgar más de lo  demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni fundar sus  decisiones en hechos no aportados por los justiciables, con  obligación, entonces, de pronunciarse sobre las alegaciones  expuestas por las partes, tanto en sus escritos postulatorios  como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal  manera que cuando se decide u ordena sobre una pretensión  no postulada en el proceso, y menos fijada como puntocontrovertido, o a la inversa, cuando se excluye dicho  pronunciamiento, se produce una incongruencia, lo que  altera la relación procesal y transgrede las garantías del  proceso regular. En el sentido descrito, se tiene que la  observancia del principio de congruencia implica que en  toda resolución judicial exista: i) coherencia entre lo  peticionado por las partes y lo finalmente resuelto, sin omitir,  alterar o excederse de dichas peticiones (congruencia  externa), y ii) armonía entre la motivación y la parte  resolutiva (congruencia interna), de tal manera que la  decisión sea el reflejo y externación lógica, jurídica y  congruente del razonamiento del juzgador, conforme a lo  actuado en la causa concreta, todo lo cual garantiza la  observancia del derecho al debido proceso, resguardando a  los particulares y a la colectividad de las decisiones  arbitrarias, conforme a lo establecido por el Tribunal  Constitucional en el fundamento jurídico 11 de la sentencia  Nº 1230-2003-PCH/TC. 3.4. Entonces, el derecho a la  debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos  judiciales a resolver las pretensiones de las partes de  manera congruente con los términos en que vengan  planteadas, sin cometer desviaciones que supongan  modificación o alteración del debate procesal (incongruencia  activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca  tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su  control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir,  el dejar incontestadas las pretensiones o el desviar la  decisión del marco del debate judicial generando indefensión,  constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y  también del derecho a la motivación de la sentencia  (incongruencia omisiva). Resulta un imperativo constitucional  que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una  respuesta razonada, motivada y congruente de las  pretensiones efectuadas, pues precisamente el principio de  congruencia procesal exige que el juez, al momento de  pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere  o se exceda en las peticiones ante él formuladas. CUARTO:  Desarrollados  los  supuestos  teóricos  precedentes,  corresponde ahora determinar si la resolución judicial  recurrida en casación ha transgredido el derecho al debido  proceso, en su vertiente de motivación de las resoluciones,  tal como se denuncia en los literales a) de los recursos de  casación interpuestos tanto por la SUNAT como por el  Tribunal Fiscal. 4.1. Así, tenemos que, en el caso concreto,  la SUNAT cuestiona que la Sala Superior no haya resuelto  en coherencia con la jurisprudencia establecida por el  Tribunal Constitucional con relación al artículo 33° del  Código Tributario, sobre pago de intereses moratorios  durante el trámite del recurso de apelación, inaplicando la  norma citada sin interpretar sus alcances ni someterla a un  test de constitucionalidad, con lo cual no se brinda una  motivación adecuada. 4.2. Sobre el particular, no resulta  ajustado a lo actuado que la Sala Superior haya inaplicado  el artículo 33° del Código Tributario por incompatibilidad con  alguna norma constitucional, de manera tal que pueda  pretenderse la aplicación del test de constitucionalidad para  establecer si era o no correcta su inaplicación o determinar  sus alcances. Por el contrario, la Sala Superior razona — como en su momento también lo hizo la Jueza de la causa—  que a la fecha en que se resolvió el recurso de apelación por  el Tribunal Fiscal únicamente se encontraba vigente en  dicho articulado el párrafo incorporado por el artículo 6° del  Decreto Legislativo Nº 981, publicado el quince de marzo de  dos mil siete, referido a la suspensión de la aplicación de los  intereses moratorios hasta que culmine el procedimiento de  reclamación, lo que sin embargo no impide que en aplicación  de los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional  en las sentencias recaídas en los Expedientes Nº 04082- 2012-PA/TC y Nº 04532-2013-PA/TC, se respete el derecho  de la administrada a obtener respuesta a su recurso de  apelación en un plazo razonable. Esto no ocurrió en el caso  concreto, debido a que el recurso de apelación demoró más  de cuatro años en resolverse, sin advertirse de la resolución  impugnada fundamentos que puedan justificar la demora en  resolver el recurso, así como tampoco se advierte del  expediente administrativo que la demora se haya debido a  una conducta aislada e intencional de la contribuyente de  provocar algún tipo de retraso o demora en el procedimiento,  lo que genera consecuencias negativas en la actora al ver  incrementada la deuda tributaria en razón de los intereses  moratorios. 4.3. En efecto, el Tribunal Constitucional  estableció por medio de la sentencia recaída en el  Expediente Nº 04082-2012-PA/TC un criterio en el siguiente  sentido: […] 69. No puede presumirse la mala fe del  contribuyente y reprimirse con una sanción el ejercicio  legítimo de los derechos constitucionales, máxime cuando el  trámite del procedimiento se extendió por un largo periodo  de tiempo por razones ajenas al administrado, como ocurreen el presente caso. 70. Así, dado que el cómputo de  intereses moratorios durante el trámite del procedimiento  contencioso tributario lesiona el derecho a recurrir en sede  administrativa, así como el principio de razonabilidad de las  sanciones, la demanda también debe ser estimada en este  extremo. 71. Debe inaplicarse a este caso el artículo 6 del  Decreto Legislativo 981 en el extremo en que disponía el  cómputo de intereses moratorios durante el trámite del  procedimiento contencioso tributario, disponiéndose que la  Sunat suspenda el cómputo de los mismos en el tiempo de  exceso frente al plazo de ley incurrido por el Tribunal Fiscal  al resolver el procedimiento contencioso tributario. […] 4.4.  Si bien tal sentencia fue emitida en el marco de un proceso  constitucional de amparo, el criterio referido fue aplicado  nuevamente por el Tribunal Constitucional y se extendieron  sus alcances a los casos similares que se encontrasen en  trámite o pendientes de resolución firme, incluyendo para tal  efecto la fase de ejecución del procedimiento o proceso, en  la que se suele proceder a la liquidación de los intereses  moratorios. Así consta en la sentencia del Expediente Nº  04532-2013-PA/TC: 16. En el Expediente 04082-2012-PA/ TC, doña Emilia Rosario del Rosario Medina de Baca  solicitó, entre otros aspectos, que se inaplique a su caso el  artículo 33 del Texto Único Ordenado (TUO) del Código  Tributario, referido al cobro de intereses moratorios durante  la etapa impugnatoria en el procedimiento contencioso  tributario y su respectiva capitalización, en su versión vigente  hasta el ejercicio 2006, así como el artículo 3 del Decreto  Legislativo 969, que lo modificó, y la Segunda Disposición  Complementaria Final del Decreto Legislativo 981. Al  respecto, este Tribunal estableció que el cobro de intereses  moratorios resultaba lesivo del derecho a recurrir en sede  administrativa, así como del principio de razonabilidad,  respecto al tiempo de exceso frente al plazo legal que tuvo  el Tribunal Fiscal para resolver el procedimiento contencioso  tributario. 17. Si bien en el caso precitado la recurrente era  una persona natural que no ejercía actividad económica  comercial, mientras que en el caso de autos la demandante  es una persona jurídica dedicada a la actividad empresarial,  este Tribunal Constitucional considera que el razonamiento  establecido en el Expediente 04082- 2012-PA/TC, en los  extremos referidos a los intereses moratorios y su  capitalización, resulta aplicable a la presente controversia.  […] 51. Finalmente, advertida la existencia de controversias  similares a la dilucidada en el Expediente 04082-2012-PA/ TC, este Tribunal considera necesario, en aplicación del  principio de previsión de consecuencias, precisar los  alcances de la aplicación de esta decisión a casos  sustancialmente iguales. Con el criterio allí establecido no  se ha pretendido revivir procedimientos fenecidos ni mucho  menos premiar a los contribuyentes que mantienen  obligaciones antiguas con la Sunat. Ello en mérito a dos  razones fundamentales: i) al tratarse de un proceso de  control concreto, los efectos de lo resuelto sólo vinculan a  las partes del mismo, y ii) el razonamiento allí desarrollado  no puede ser aplicado retroactivamente, sino sólo a partir de  la publicación de la aludida sentencia. 52. En ese sentido,  dicho criterio no resulta aplicable a aquellos procedimientos  contencioso-tributarios que se encuentren concluidos, esto  es aquellos en los que los mecanismos de cobro de la deuda  tributaria se hayan agotado en sede administrativa sin que  haya existido de por medio recurso administrativo alguno  que fuera ejercido por el contribuyente en contra de estos  actos de cobranza, o que habiendo existido algún recurso,  este haya sido denegado sin que posteriormente el  contribuyente  haya  judicializado  su  cuestionamiento.  Asimismo, tampoco resulta aplicable a aquellos procesos  judiciales  (contencioso  administrativos  o  procesos  constitucionales) que, con anterioridad a la publicación de  dicha sentencia, cuenten con resolución judicial firme  respecto al cálculo de intereses moratorios. 53. Sí  corresponderá, en cambio, la aplicación de estos  criterios en aquellos casos en los que, luego de  publicada la sentencia, ya sea que se trate de  procedimientos contencioso-tributarios o procesos  judiciales, aún se encuentren en trámite o pendientes de  resolución firme, incluyendo para tal efecto la fase de  ejecución del procedimiento o proceso en la que se  suele proceder a la liquidación de los intereses  moratorios. [Énfasis nuestro] 4.5. De esta manera, se  aprecia que, más allá de lo previsto en el artículo 33° del  Código Tributario, la Sala Superior tuvo en cuenta la doctrina  jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional  con relación a la materia analizada, según la cual resulta  irrazonable el cobro de intereses moratorios por el periodo  en que el Tribunal Fiscal excede el plazo legal para resolver,  por causa no atribuible al contribuyente. En consecuencia,  no se advierte la transgresión del derecho a la motivación delas resoluciones judiciales que refiere la SUNAT en su  recurso de casación ni la inobservancia de la sentencia del  Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 04082- 2012-PA/TC (que por el contrario ha sido invocada y  evaluada), puesto que el colegiado superior ha expuesto  razones suficientes que justifican su decisión de amparar la  segunda pretensión subordinada, y no ha desconocido el  derecho de la administración al cobro de los intereses  moratorios, pero precisando que su cómputo no puede ir en  perjuicio del administrado y menos en vulneración del  principio de razonabilidad (específicamente del derecho de  este a obtener una respuesta dentro del plazo razonable),  por lo que debe desestimarse la causal propuesta, en tanto  deviene en infundada. 4.6. De otro lado, al fundamentar la  causal de naturaleza procesal, el Tribunal Fiscal sostiene  que la sentencia de vista contiene una motivación aparente,  debido a que no ha efectuado un análisis de los medios  probatorios actuados por dicha entidad respecto a la  facturación de los proveedores, debido a que se ha  establecido que, al estar los comprobantes girados a nombre  de la actora, aquella ha pasado a ser titular de los mismos y  , por ende, su calidad de mediadora y/u organizadora ha  quedado desvirtuada. 4.7. No obstante, revisado el fallo del  colegiado superior, específicamente el octavo considerando,  se aprecia que el mismo desarrolla de forma extensa las  razones por las cuales estima que, a pesar de existir diversos  comprobantes de pago emitidos por los proveedores en  donde se describe la prestación de los servicios de  hospedaje y alimentación, consignándose como usuario de  dichos servicios a la empresa demandante, con lo cual se  debería entender que dichos servicios fueron prestados por  los mencionados proveedores a la empresa demandante,  también es cierto que existen diversos medios probatorios  adjuntos al expediente administrativo acompañado que  acreditan los servicios prestados por la accionante por  cuenta de otras agencias u operadores no domiciliados en el  país, como son las facturas de fojas cinco mil quinientos  veintitrés, cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho, cinco mil  trescientos cincuenta y ocho, cinco mil trescientos cincuenta  y tres, cinco mil trescientos cuarenta y uno, cinco mil ciento  noventa y uno, cinco mil trescientos treinta y siete y cinco mil  trescientos  cuarenta  y  ocho  del  citado  expediente  acompañado. En dichos comprobantes de pago, además de  figurar el nombre de la empresa demandante, también se  consigna en la descripción de los mismos que el servicio fue  “por cuenta de” Andean Trecks Inc. (Estados Unidos de  Norteamérica), Orión (Brasil) y Dav Summit (Alemania),  operadores turísticos no domiciliados con las cuales la  empresa demandante suscribió contratos que obran de fojas  seis mil trescientos ochenta y ocho a seis mil trescientos  noventa  y  cuatro  del  expediente  administrativo,  determinándose como prestación a cargo de la accionante  funciones de mediadora y organizadora de los paquetes  turísticos solicitados por los clientes de dichos operadores  no domiciliados y que, a cambio de lo cual se acordó el pago  de una tarifa. Asimismo, el Libro Diario de la recurrente  (fojas cinco mil noventa y cuatro a cinco mil ciento diez del  acompañado), en el que se aprecia que se registró la cuenta  46 “Cuenta por Pagar Diversas”, subcuenta 464 “Entregas a  Rendir Cuentas Agencias del Exterior”, respecto de los  meses de febrero, marzo y abril del año dos mil uno, donde  se señaló que dichas subcuentas eran debido al ingreso de  dinero de clientes del exterior para el pago de sus cuentas  en el Perú, así como por el pago de servicios por cuenta de  la agencia del exterior y por la mediación de servicios.  Asimismo, se aprecia las copias de diversas hojas de  liquidación de la Administración de Fondos de Terceros  (fojas seis mil doscientos noventa y nueve a seis mil  trescientos cincuenta y dos del expediente administrativo),  donde la empresa demandante registró los montos  depositados por sus clientes operadores turísticos no  domiciliados para pagar los servicios requeridos por estos  últimos y en donde se hace distinción de los montos para  costear los servicios requeridos de los montos por el servicio  de mediación y organización de paquetes turísticos. 4.8. Al  verificarse la existencia de medios probatorios concretamente  individualizados en el expediente administrativo, no  valorados por el Tribunal Fiscal, que acreditan que la  demandante sí prestó servicios como mediadora y/u  organizadora de servicios turísticos, según lo establecido  como hechos probados por las instancias de mérito, ello ha  motivado el amparo de la demanda, con orden al colegiado  administrativo para que emita nueva resolución, efectuando  una valoración conjunta de la prueba actuada en sede  administrativa. Por lo mismo, no se aprecia que la decisión  recurrida en casación contenga una motivación aparente,  como denuncia el Tribunal Fiscal en el literal a) de su  recurso, por lo que este extremo del mismo debe serdesestimado, al resultar infundado. Análisis de la causal  casatoria de naturaleza material QUINTO: Habiéndose  desestimado las causales de naturaleza procesal, nos  encontramos  habilitados  para  emitir  pronunciamiento  respecto a la causal casatoria de naturaleza material,  contenida en el literal b) del apartado 2 de la sección I de la  presente ejecutoria suprema, referida al recurso de casación  promovido por el codemandado Tribunal Fiscal. 5.1. La  citada entidad recurrente sostiene que se infringe el artículo  33° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, toda  vez que la aplicación de intereses moratorios no afecta  derecho constitucional alguno, y que si la contribuyente  desea evitar el pago de intereses debe cumplir con sus  obligaciones tributarias, por lo que correspondía aplicar el  último párrafo de la norma citada, al no existir excepción que  impida la generación de intereses moratorios durante la  tramitación del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal y  porque la norma no ampara la suspensión de ninguna  índole. 5.2. En primer lugar, tenemos que la generación de  los intereses moratorios, en el caso concreto, no es  consecuencia de la conducta omisiva de la contribuyente, es  decir, no es que de forma intencional o deliberada esta haya  omitido el pago de los impuestos imputados por el periodo  fiscalizado (dos mil uno), sustrayéndose conscientemente  de sus obligaciones. Por el contrario, aquella empresa no  tributó por considerar que se encontraba exenta del pago del  impuesto general a las ventas en su calidad de prestadora  de servicios de mediación y/u organización de servicios  turísticos prestados a favor de agencias u operadores  turísticos domiciliados en el exterior. En consecuencia, ha  sido finalidad de este proceso contencioso administrativo,  como lo fue en su oportunidad del procedimiento  administrativo tributario, establecer si la demandante,  durante el periodo fiscalizado, prestó o no los servicios que  se atribuye y si, en consecuencia, le corresponde o no pagar  los valores imputados, incluyendo los intereses moratorios  generados y que se generen hasta la fecha de su cobranza  efectiva. 5.3. En segundo lugar, como ya se refirió en los  considerandos anteriores, las instancias de mérito no han  desconocido la plena vigencia de las normas contenidas en  el artículo 33° del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, menos aún han declarado que aquellas sean  contrarias a la Constitución Política vigente o que su  aplicación afecte algún derecho constitucional en concreto.  Sin embargo, estiman que para el caso analizado deben  tomarse en cuenta otros criterios para determinar la  procedencia del cómputo de los intereses moratorios durante  el trámite administrativo, siendo dicho criterio el principio de  razonabilidad respecto al tiempo en exceso frente al plazo  legal que tuvo el Tribunal Fiscal para resolver el procedimiento  contencioso tributario, tal como fue establecido por el  máximo intérprete de la Constitución en las sentencias  recaídas en los Expedientes Nº 04082-2012-PA/TC y Nº  04532-2013-PA/TC. 5.4. En tercer lugar, ingresando al  análisis de la materia controvertida en este extremo del  recurso, es cierto que el último párrafo del artículo 33° del  Texto Único Ordenado del Código Tributario, incorporado  por el artículo 6° del Decreto Legislativo Nº 981, publicado el  quince de marzo de dos mil siete, establecía lo siguiente: “La  suspensión de intereses no es aplicable a la etapa de  apelación ante el Tribunal Fiscal ni durante la tramitación de  la demanda contencioso-administrativa”. Sin embargo, como  ha sido ya mencionado, lo señalado por el Tribunal  Constitucional en las sentencias recaídas en los Expedientes  Nº 04082-2012-PA/TC y Nº 04532-2013-PA/TC también fue  considerado en la aplicación de la referida disposición,  teniendo en cuenta el impacto que un cómputo irrazonable  de intereses moratorios puede generar en la esfera de los  derechos de la contribuyente, criterio que no se puede  soslayar en atención a lo normado en el último párrafo del  artículo VI del título preliminar del Código Procesal  Constitucional, aprobado por Ley Nº 28237 (hoy, artículo VII  del  título  preliminar  del  Nuevo  Código  Procesal  Constitucional, aprobado por Ley Nº 31307), conforme al  cual: “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda  norma con rango de ley y los reglamentos según los  preceptos y principios constitucionales, conforme a la  interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones  dictadas por el Tribunal Constitucional”. 5.5. De esta manera,  en aplicación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal  Constitucional y teniendo en cuenta que el Tribunal Fiscal  excedió el plazo legal para emitir pronunciamiento respecto  del recurso de apelación, y a que no hubo actuaciones de la  parte administrada que pudieran considerarse dilatorias del  procedimiento, se determinó el carácter irrazonable del  cómputo de intereses moratorios por el periodo que excede  el referido término. 5.6. En efecto, este Tribunal Supremo ha  tenido a la vista el expediente administrativo y ha verificadoque por escrito de fecha treinta y uno de octubre de dos mil  seis (fojas seis mil quinientos tres a seis mil quinientos  cuarenta y cinco), Peruvian Andean Treks Empresa  Individual de Responsabilidad Limitada interpuso recurso de  apelación contra la Resolución de Intendencia Nº 095-014- 0000348/SUNAT, el mismo que fue concedido mediante  proveído del doce de diciembre de dos mil seis (fojas seis mil  seiscientos cincuenta y cinco del mismo acompañado),  luego de lo cual no se advierte ninguna actuación  administrativa del Tribunal Fiscal, salvo la constancia de  recepción del expediente (diecinueve de diciembre de dos  mil seis) y su refoliación, que obran a fojas seis mil  seiscientos cincuenta y seis y seis mil seiscientos cincuenta  y siete del citado expediente administrativo, además del  apersonamiento de la empresa contribuyente y señalamiento  de domicilio procesal (fojas seis mil seiscientos ochenta y  dos de aquellos autos), no existiendo ninguna actividad  procesal hasta la emisión de la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 07657-11-2012, que tuvo lugar el dieciocho de  mayo de dos mil doce, materia de nulidad a través de la  demanda incoada. Por tanto, de conformidad con el artículo  150° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, la  entidad contaba con doce meses para emitir su resolución,  contados a partir de la fecha de ingreso de los actuados al  Tribunal Fiscal. Este plazo venció el diecinueve de diciembre  de dos mil siete, por lo que a la fecha de expedición de la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07657-11-2012 (fojas seis  mil seiscientos noventa y seis a seis mil seiscientos ochenta  y seis del expediente acompañado), habían transcurrido  más de cuatro años en exceso del plazo para resolver la  controversia en sede administrativa, lo que resultaba a todas  luces irrazonable, más aún si la administración no ha  brindado ninguna justificación que sustente este irregular  proceder. De manera que el pronunciamiento emitido por el  órgano jurisdiccional superior de instancia no puede ser  calificado como arbitrario, por disponer la inaplicación de  intereses moratorios durante el periodo en exceso analizado.  5.7. En ese contexto, conforme al criterio establecido por el  Tribunal Constitucional respecto de los alcances del artículo  33° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, resulta  constitucionalmente legítimo el cobro de intereses moratorios  durante los plazos legales que tiene la autoridad tributaria  para resolver los recursos administrativos que prevé el  procedimiento contencioso tributario, por lo que carece de  consideración su cobro injustificado o irrazonable en el  tramo en que la autoridad administrativa excede el plazo  legal por causas atribuibles a ella y no al administrado  (actuaciones dilatorias). A lo indicado se agrega que no  existe una causa objetiva que justifique el tratamiento  diferenciado entre los recursos de reclamación y apelación,  en lo que respecta a la suspensión del cobro de los intereses  moratorios luego de vencido el plazo legal establecido para  que la autoridad administrativa resuelva tales recursos, por  lo que el mismo criterio resulta aplicable durante la  tramitación de ambos medios impugnatorios. 5.8. En  consecuencia, al no advertirse que la Sala Superior hubiera  infringido los alcances del artículo 33 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario y, por el contrario, al  verificarse que sus alcances han sido interpretados  atendiendo a los lineamientos jurisprudenciales establecidos  por  el  Tribunal  Constitucional  en  casos  similares,  corresponde desestimar la causal material que contiene este  extremo del recurso, la cual resulta infundada. III.  DECISIÓN: Por tales fundamentos y de acuerdo con lo  regulado en el primer párrafo del artículo 397 del Código  Procesal Civil, de aplicación supletoria, RESOLVIERON:  Primero: DECLARAR INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto  por  la  codemandada,  Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria con  fecha trece de agosto de dos mil veinte, obrante de fojas  setecientos veintiuno a setecientos treinta y seis del  expediente principal. Segundo: DECLARAR INFUNDADO  el recurso de casación interpuesto por el codemandado,  Tribunal Fiscal, representado por el Procurador Adjunto a  cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía  y Finanzas, del diecinueve de agosto de dos mil veinte,  obrante de fojas setecientos cuarenta y uno a setecientos  cincuenta y siete de los actuados principales. Tercero: NO  CASAR la sentencia de vista contenida en la resolución  número cuarenta y siete, del treinta y uno de julio de dos mil  veinte, expedida por la Sexta Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, corriente de fojas seiscientos noventa y dos a  setecientos siete del mismo expediente. Cuarto: DISPONER  la publicación de la presente resolución en el diario oficial El  Peruano conforme a ley, en los seguidos por la demandante,  Peruvian  Andean  Treks  Empresa  Individual  deResponsabilidad Limitada, con las entidades demandadas,  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria y Tribunal Fiscal, sobre nulidad de resolución  administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los  actuados. Interviene como ponente el señor Juez  Supremo Yaya Zumaeta. SS. YAYA ZUMAETA, GONZÁLEZ  AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL  CASTILLO, DÁVILA BRONCANO. 1  Este petitorio ha sido fijado a través de los puntos controvertidos a que se contrae  la resolución número seis., de fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, de  fojas ciento noventa y cuatro a ciento noventa y seis del expediente principal. 2  MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil.  Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.  3  DE PINA, Rafael (1940). Principios de derecho procesal civil. México D.F.,  Ediciones Jurídicas Hispano Americanas; p. 222 4  FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. “El Derecho a un juicio justo”. En: Las garantías  del debido proceso (materiales de enseñanza). Lima, Instituto de Estudios  Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos; p. 17. 5  Constitución Política del Perú  Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […]   5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,  excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de  los fundamentos de hecho en que se sustentan. 6  Código Procesal Civil  Artículo 122°.- Las resoluciones contienen:   […]  3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las  consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho  que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o  normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado. 7  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial  Artículo 12°.- Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite,  son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en  que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de  segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los  fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente. 8  El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC ha puntualizado  que:  […] el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces,  al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los  llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, […] deben provenir no  sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios  hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela  del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir  de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo y decididas  por los jueces ordinarios. C-2136203-10