CASACIÓN Nº 9431-2020 LIMA
Sumilla: El recurso extraordinario resulta infundado toda vez  que la sentencia de vista sustenta jurídicamente las razones  por las cuales los servicios objeto de reparo califican como  servicios públicos de telecomunicaciones. Así, el artículo 20 del  Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones establece como  supuestos de los servicios públicos de telecomunicaciones  que: 1) el uso esté a disposición del público en general, 2)  se preste a cambio de una contraprestación tarifaria, 3) se  preste sin discriminación alguna, dentro de las posibilidades  de oferta técnica que ofrecen los operadores. Lima, primero de setiembre de dos mil veintidós QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL  TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE  LA REPÚBLICA. VISTOS: La causa número nueve mil  cuatrocientos treinta y uno guion dos mil veinte Lima; en  Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; la Sala integrada  por los señores Jueces Supremos González Aguilar  (presidente), Rueda Fernández, Bustamante del Castillo, Barra  Pineda y Dávila Broncano, luego de verificada la votación de  acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO: Viene  a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación  interpuesto por el representante legal de la empresa Telefónica  del Perú Sociedad Anónima Abierta mediante escrito del  catorce de agosto de dos mil veinte (fojas mil ochocientos  cuarenta y seis a mil ochocientos ochenta y siete del expediente  principal), contra la sentencia de vista emitida por la Sexta Sala  Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub  Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Lima, mediante resolución número ochenta y siete  de fecha veintinueve de julio de dos mil veinte (fojas mil  quinientos ochenta y tres a mil seiscientos siete del expediente  principal), que confirma en parte la sentencia apelada, emitida  mediante resolución número setenta y dos, de fecha quince de  octubre de dos mil diecinueve (fojas mil trescientos cuarenta y  seis a mil trescientos sesenta y nueve del expediente principal);  y revocaron la misma en el extremo que desestima la demanda  formulada por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada  en Telecomunicaciones en lo relativo al servicio de “cambio de  titularidad”, y, reformándola, declararon fundada la demanda endicho extremo. I.1. ANTECEDENTES I.1.1 DEMANDA El  Organismo  Supervisor  de  la  Inversión  Privada  en  Telecomunicaciones - Osiptel interpone demanda contra el  Tribunal Fiscal y contra la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ  S.A.A. con las pretensiones de nulidad de la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 13446-10-2013, del veintiuno de agosto del  dos mil trece, que revocó la Resolución de Gerencia General  Nº 001-2013-GG/OSIPTEL y la Resolución de Reclamación Nº  09-2012-GFS/OSIPTEL; dejó sin efecto la Resolución de  Determinación Nº 050-2005-GFS/OSIPTEL del periodo dos mil  cuatro, emitida por concepto de aporte por regulación y derecho  especial al Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones -  Fitel. Como pretensión accesoria, solicita se ordene al Tribunal  Fiscal que emita nueva resolución estableciendo los criterios  sobre lo que debe entenderse como servicios públicos de  telecomunicaciones con arreglo a lo establecido en los artículos  40 y 9 de la Ley de Telecomunicaciones y el artículo 23 de su  reglamento. Como pretensión subordinada, solicita se declare  la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal impugnada, toda  vez que el fallo del tribunal administrativo debió declarar la  nulidad de la Resolución de Gerencia General Nº 001-2013- GG/OSIPTEL, ya que el fallo revocatorio de la resolución del  Tribunal Fiscal impugnada no permite que Osiptel emita una  nueva resolución al recortar sus facultades de determinación y  fiscalización establecidas en el artículo 62 del Código Tributario,  lo que igualmente vulnera el principio de seguridad jurídica.  Como pretensión accesoria a la pretensión subordinada, pide  se declare la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal  impugnada, toda vez que el fallo del tribunal administrativo  debió declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia General  Nº 001-2013-GG/OSIPTEL, ya que el fallo revocatorio de la  resolución del Tribunal Fiscal impugnada no permite que  Osiptel emita una nueva resolución que acredite la clasificación  del servicio de telecomunicaciones requerido. I.1.2 SENTENCIA  DE PRIMERA INSTANCIA El Décimo Noveno Juzgado  Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima con  Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros, por  sentencia emitida mediante resolución número setenta y dos,  del quince de octubre de dos mil diecinueve (fojas mil  trescientos cuarenta y seis a mil trescientos sesenta y nueve  del expediente principal), declaró: 1) Fundada en parte la  demanda en el extremo referido a los servicios de “paquete de  16 direcciones IP”, “content delivery”, “servicio edge suite  delivery” y servicio streaming”, por lo que ordena al Tribunal  Fiscal una nueva resolución sobre la apelación interpuesta por  la empresa codemandada, teniendo en consideración lo  señalado en la presente sentencia. Asimismo, dispone que el  Tribunal Fiscal ordene la restitución de lo devuelto a la empresa  codemandada más los intereses correspondientes a la fecha  de devolución. 2) Infundada la demanda en todo lo demás que  contiene. I.1.3 SENTENCIA DE VISTA La Sexta Sala  Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte  Superior de Justicia de Lima emite sentencia de vista con  resolución número ochenta y siete, del veintinueve de julio de  dos mil veinte, que confirma en parte la sentencia emitida en  primera instancia, que declaró fundada en parte la demanda; y,  revoca la misma sentencia en el extremo referido al servicio  “cambio de titularidad”, y, reformándola, declara fundada la  demanda en dicho extremo; en consecuencia, nula la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 13466-10-2013; ordena al  Tribunal Fiscal que emita nueva resolución; en caso OSIPTEL  hubiere devuelto los montos objetos de reparo a la empresa,  ordena que esta cumpla con la restitución de lo indebidamente  devuelto más los intereses correspondientes a la fecha de la  devolución. La sentencia de vista sostiene medularmente que  los servicios objeto de reparo “cambio de titularidad”, “paquete  de 16 direcciones IP”, “content delivery”, “servicio edge suite  delivery” y servicio “free flow streaming”, deben ser  considerados servicios públicos de telecomunicaciones, al  cumplir con las condiciones establecidas en los art. 8, 9, 40 de  la Ley General De Comunicaciones y artículo 32 de su  reglamento, por tanto, los citados servicios constituyen base  imponible para el Aporte por Regulación al OSIPTEL y al  Derecho Especial destinado al FITEL. I.2 RECURSO DE  CASACIÓN: I.2.1 La empresa Telefónica Del Perú S.A.A.,  mediante escrito de fecha catorce de agosto de dos mil veinte  (fojas mil ochocientos cuarenta y seis a mil ochocientos ochenta  y siete del expediente principal), formula recurso de casación  por las siguientes infracciones normativas: a) Infracción de los  numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución, así  como del numeral 6 del artículo 50 y del artículo 121 del  Código Procesal Civil Sustenta en que, la sentencia de vista  no ha cumplido con el deber de motivación, al desestimar el  petitorio de nulidad de la resolución apelada, señalando  únicamente que aquella sentencia se encontraba debidamente  motivada, omitiendo pronunciarse sobre los fundamentos  planteados al respecto en el recurso de apelación. En que, la  recurrida no ha abordado diversos fundamentos del recurso encuestión con relación a los reparos efectuados por el Organismo  Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones  (OSIPTEL), incurriendo en motivación aparente y deficiencias  en la motivación externa. b) Infracción normativa de los  numerales 1 y 4 del artículo 190 del Código Procesal Civil  Fundamenta en que, la sentencia de vista no ha actuado  conforme a lo previsto en las normas señaladas, en cuanto a  que no es necesario probar hechos que no son controvertidos  en el proceso, o aquellos que son notorios o de pública  evidencia. Sostiene la recurrente, no es necesario probar lo  previsto en las disposiciones del ordenamiento jurídico  nacional, las cuales deben ser aplicadas de oficio por los  jueces, específicamente a cuestiones tales como que el  servicio de Netflix califica como servicio de streaming de video,  y que IBM, AKAMAI, CLOUDFARE, AMAZON WEB SERVICES,  entre otras, ofrecen los servicios de Content Delivery y Edge  Suite Delivery en el Perú. De igual manera, no requeriría  probanza lo establecido en el Reglamento de Neutralidad de  Red publicado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº  165-2016-CD/OSIPTEL y su informe adjunto. Infracciones de  carácter material: c) Infracción normativa del artículo 58 de  la Constitución Política del Estado, de los artículos 8 y 40  de la Ley de Telecomunicaciones y de los artículos 18, 19,  20 y el numeral 1 del artículo 50 del Reglamento de dicha  ley Señala la recurrente que la sentencia, habría incurrido en  tal infracción al considerar como servicio público de  telecomunicaciones al concepto reparado de “Cambio de  Titularidad”, a pesar de que este no ha sido reconocido como  tal en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de  Telecomunicaciones ni en otra disposición de dicho cuerpo  normativo. La recurrente resalta, además, que ninguno de los  conceptos reparados han sido declarados expresamente —por  norma con rango legal— como servicio público de  telecomunicaciones y ninguno de ellos tiene el objetivo de  satisfacer necesidades públicas. d) Infracción normativa del  artículo 29 de la Ley de Telecomunicaciones, de los  numerales 12 y 13 del artículo 99 del Reglamento de la Ley  de Telecomunicaciones y del Anexo I del Reglamento de  Neutralidad de Red Señala la recurrente que, la sentencia  impugnada no ha analizado la naturaleza del “Servicio a  Internet”, el cual constituye un servicio de valor añadido. Dicho  análisis resultaba relevante para efectos del caso, ya que los  conceptos objeto de reparo también habrían sido determinados  como servicios de valor añadido y, conforme a la normativa  aplicable, estos no se pueden utilizar como soporte un servicio  de similar naturaleza, sino únicamente servicios portadores o  finales o de difusión. De tal manera que, al omitir la  consideración de tal información en la clasificación de los  conceptos reparados, se configuró la referida infracción  normativa. e) Infracción normativa de los artículos 13, 14 y 16  del Reglamento de Neutralidad de Red Señala la recurrente  que la Sala Superior ha ignorado lo establecido en la Resolución  de Consejo Directivo Nº 165-2016- CD/OSIPTEL, la cual  aprueba el Reglamento de Neutralidad de Red, y el Informe Nº  00400-GPRC/2016, en los cuales el OSIPTEL precisa que los  conceptos “Paquete de 16 direcciones IP”, “Content Delivery” y  “Edge Suite Delivery” califican como medidas de neutralidad de  red, y, por ende, no constituyen servicios de valor añadido que  incorporan una característica o facilidad al “servicio de internet”.  e) Infracción normativa de los artículos 13, 14 y 16 del  Reglamento de Neutralidad de Red Señala la recurrente que la  Sala Superior ha ignorado lo establecido en la Resolución de  Consejo Directivo Nº 165-2016- CD/OSIPTEL, la cual aprueba  el Reglamento de Neutralidad de Red, y el Informe Nº 00400- GPRC/2016, en los cuales el OSIPTEL precisa que los  conceptos “Paquete de 16 direcciones IP”, “Content Delivery” y  “Edge Suite Delivery” califican como medidas de neutralidad de  red, y, por ende, no constituyen servicios de valor añadido que  incorporan una característica o facilidad al “servicio de internet”.  f) Infracción normativa del artículo 41 de la Ley de  Telecomunicaciones Sustenta la recurrente que, la sentencia  de vista ha realizado una indebida interpretación de la norma  en cuestión, ya que ha concluido que “los servicios brindados  por las empresas operadoras a cambio del pago de una  contraprestación, no calificarán como servicios privados de  telecomunicaciones,  sino  como  públicos  de  telecomunicaciones”. Sin embargo, no consideró que las  empresas operadoras pueden percibir ingresos también por  conceptos  que  no  califican  como  servicios  de  telecomunicaciones y que la determinación de un servicio  como público de telecomunicaciones se deriva de que este  cumpla con las características señaladas en el artículo 40 de la  Ley de Telecomunicaciones. g) Infracción normativa del  artículo 74 de la Constitución Política del Estado, de la  norma VIII del título preliminar del Código Tributario y de  los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo Nº 012- 2002-PCM  Expresa la recurrente que la Sala Superior ha incurrido en  dicha infracción normativa al extender la hipótesis de incidenciatributaria a un concepto que, taxativamente, no se hallaba  previsto en la norma jurídica aplicable. Asimismo, el órgano  jurisdiccional no consideró que no se encuentran contenidos  dentro de la base imponible del aporte por regulación al  OSIPTEL y el derecho especial al Fondo de Inversiones en  Telecomunicaciones, los ingresos obtenidos por servicios que  estén  relacionados  con  los  servicios  públicos  de  telecomunicaciones pero no califiquen como tales. I.2.3 AUTO  CALIFICATORIO I.2.3.1 Mediante resolución suprema de  fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós (fojas  quinientos sesenta y cinco a quinientos setenta y cuatro del  cuaderno de casación), emitida por la Quinta Sala de Derecho  Constitucional y Social Transitoria, se declaró PROCEDENTE  el recurso de casación interpuesto por la demandada Telefónica  del Perú S.A.A, por las causales antes detalladas. II.  CONSIDERANDO: Primero: Delimitación del objeto de  pronunciamiento 1.1 En el presente caso, conforme se tiene  detallado en la parte expositiva, son objeto de pronunciamiento  las infracciones normativas denunciadas por la empresa  recurrente, respecto de las siguientes normas procesales y  sustantivas: Infracciones de carácter procesal: a) Infracción  de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución, del  numeral 6 del artículo 50 y del artículo 121 del Código Procesal  Civil b) Infracción normativa de los numerales 1 y 4 del artículo  190 del Código Procesal Civil Infracciones de carácter  material: c) Infracción normativa del artículo 58 de la  Constitución Política del Estado, de los artículos 8 y 40 de la  Ley de Telecomunicaciones y de los artículos 18, 19, 20,  numeral 1 del artículo 50 del reglamento de la ley d) Infracción  normativa del artículo 29 de la Ley de Telecomunicaciones, de  los numerales 12 y 13 del artículo 99 del Reglamento de la Ley  de Telecomunicaciones y del Anexo I del Reglamento de  Neutralidad de Red. e) Infracción normativa de los artículos 13,  14 y 16 del Reglamento de Neutralidad de Red f) Infracción  normativa del artículo 41 de la Ley de Telecomunicaciones g)  Infracción normativa del artículo 74 de la Constitución, de la  norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario y de los  artículos 1 y 2 del Decreto Supremo Nº 012- 2002-PCM 1.2 La  línea argumentativa a desarrollar inicia con absolver las  causales procesales, que específicamente se encuentran  referidas a la denuncia por vulneración del derecho a la  motivación, por omisión de pronunciamiento sobre agravios de  apelación, y con relación al pronunciamiento sobre temas  probatorios. En el supuesto de no resultar estimables las  infracciones procesales, en segundo orden se procederá a  analizar las infracciones normativas sustantivas. Segundo:  Sobre la infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo  139 de la Constitución 2.1 Al respecto, resulta pertinente  efectuar  algunas  consideraciones  sobre  los  derechos  fundamentales a la motivación y el debido proceso, los cuales  sustentan las normas denunciadas y el pronunciamiento del  colegiado supremo. 2.2 El debido proceso es un derecho  fundamental que goza de reconocimiento en el artículo 8 de la  Convención Americana de Derechos Humanos. Está protegido  en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución y se concibe  como un derecho complejo que implica a su vez un conjunto de  manifestaciones que pueden ser entendidas también como  derechos1. Es definido por su finalidad en el proceso y las  garantías que brinda en la materialización de otros derechos en  el proceso, como el derecho de defensa, de motivación, de  impugnación, entre otros. La doctrina formula su definición con  base en la interpretación de las sentencias de la Corte  Interamericana de Derechos Humanos: El proceso “es un  medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución  justa de una controversia”, a lo cual contribuyen “el conjunto de  actos de diversas características generalmente reunidos bajo  el concepto de debido proceso legal”. En este sentido, dichos  actos “sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad  o el ejercicio de un derecho” y son “condiciones que deben  cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos  cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración  judicial”.2 2.3 El derecho fundamental a la debida motivación de  las resoluciones judiciales se encuentra reconocido en el  numeral 5 del artículo 139 de la Constitución3, también  encuentra amparo en los Tratados Internacionales sobre  Derechos Humanos, estando incluido como garantía procesal  en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos  Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos. Este derecho fundamental es uno  de los derechos que conforman el derecho fundamental al  debido proceso4, el cual se encuentra, a su vez, reconocido en  el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución. Asimismo, el  derecho a la motivación ha sido objeto de interpretación por la  Corte Interamericana de Derechos Humanos (vinculante para  el Perú en atención a la cuarta disposición final transitoria de la  Constitución Política del Estado), que establece que es un  derecho que permite verificar la materialización del derecho a  ser oído y que la argumentación de un fallo demuestra que losalegatos y pruebas han sido debidamente tomados en cuenta,  analizados y resueltos5, que es un derecho a ser juzgado por  las razones que el derecho suministra: […] la motivación es la  exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a  una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una  garantía vinculada con la correcta administración de justicia,  que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por  las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de  las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad  democrática […]. Garantizando la motivación de las decisiones  judiciales, el acceso a una respuesta del juzgador que se  encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que  justifiquen lógica y razonablemente la decisión, sobre la base  de los hechos acreditados en el proceso y del derecho aplicable  al caso, y que, resulten congruentes con las pretensiones y  alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la controversia.  En la actualidad, la motivación de las decisiones judiciales se  plantea como un imperativo de validez y legitimidad, residiendo  la atención en el control de constitucionalidad de la motivación  en verificar su materialización en cada caso, al ser garantía de  la correcta administración de justicia, del respeto de los  derechos fundamentales y legales, y la proscripción de la  arbitrariedad. Asimismo, resulta pertinente señalar que el  derecho a la motivación de las resoluciones se encuentra  regulado legalmente, comprendiendo en sus exigencias la  observancia del principio de congruencia, y que las decisiones  sean expresas, precisas, motivada sobre la cuestión  controvertida, conforme lo prevén las normas del numeral 6 del  artículo 50 y del artículo 121 del Código Procesal Civil. 2.4  Ahora bien, en este caso particular la recurrente sostiene en el  numeral 1, páginas seis y siete de su recurso, errónea  motivación, señalando que el considerando décimo quinto de la  sentencia de vista, en estricto no es un verdadero análisis sino  que carece de contenido, y que en su recurso de apelación  detalló los aspectos omitidos en la sentencia de primera  instancia, sobre los cuales la sentencia de vista omitió  pronunciarse y desestimó el pedido de nulidad, limitándose a  señalar que la sentencia de primera instancia estaba bien  motivada; expresando como argumento medular de la causal  procesal en las páginas siete y ocho del recurso de casación,  de que la sentencia de vista habría omitido pronunciarse  respecto de su pretensión impugnatoria de nulidad parcial de la  sentencia de primera instancia: “Pues bien, como es evidente,  al NO HABER EMITIDO PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A  LA PRETENSION IMPUGNATORIA PRINCIPAL (Nulidad  parcial de la sentencia), al no haberse pronunciado debidamente  respecto a ninguno de los fundamentos expuestos por nuestra  parte en nuestro recurso de apelación, la Sentencia de Vista  deviene en NULA”. En las páginas nueve y diez de su recurso,  reitera la casacionista como fundamentos que la recurrida  omitió pronunciarse sobre sus agravios de apelación, de que el  Juzgado habría inaplicado el reglamento de neutralidad:  “Finalmente, cabe anotar que la Sala omitió pronunciarse  respecto a los fundamentos B, y E, de la apelación de  TELEFÓNICA. El fundamento B. estaba referido a que el  Juzgado inaplicó el Reglamento de Neutralidad de Red  aprobado por Resolución 165-2016-CD/OSIPTEL y el Informe  No. 00400-GPRC/2016 que sustenta la regulación contenida  en este a la controversia”. 2.4.1 Al respecto, es importante  anotar que el recurso extraordinario de casación no permite el  acceso a una tercera instancia, ni su objetivo es la revisión de  lo resuelto y motivado en primera y segunda instancia, sino en  estricto conforme lo establece el artículo 384 del Texto Único  Ordenado del Código Procesal Civil, cuando se acude en  función nomofiláctica, su finalidad esencial es “la correcta  aplicación e interpretación del derecho objetivo”, además de la  unificación de la jurisprudencia. 2.4.2 Además de ello, el  recurso extraordinario de casación tiene características  especiales que lo distancian de los otros recursos  impugnatorios, entre ellas y en razón de no ser un recurso de  instancia, no admite casar la sentencia de vista por defectos de  motivación si la parte resolutiva se ajusta a derecho, tal como  lo prevé el artículo 397 in fine del Texto Único Ordenado del  Código Procesal Civil; significando que quién acuda por  defectos de motivación, no solo debe acreditarlo, sino también  y medularmente, debe demostrar que ello ha tenido incidencia  en la parte resolutiva y que esta no se ajustaría a derecho.  2.4.3 No obstante lo señalado en nuestro ordenamiento  jurídico, en el presente caso la recurrente orienta su recurso  como si la casación fuera una tercera instancia, pretendiendo  que la Sala Suprema revise si la sentencia de vista se pronunció  sobre cada uno de los agravios de apelación y supuestos vicios  de nulidad de la sentencia de primera instancia, sin advertir la  recurrente que el objeto de la casación no es efectuar el control  de motivación ni verificar vicios de nulidad, respecto de la  sentencia de primera instancia. Asimismo, con relación a la  motivación de la sentencia de vista, la recurrente no ha  explicado ni demostrado —en las causales procesales—, lavinculación y trascendencia –de las supuestas omisiones-, con  el sentido de la decisión judicial y que esta no se ajustaría a  derecho; desestimando esencialmente la causal procesal de  supuesta infracción del derecho a la motivación, sustentada en  supuesta omisión de pronunciamiento de la recurrida sobre  vicios de nulidad de la sentencia de primer grado, por cuanto  estos no se vinculan con el sentido de la decisión judicial de la  sentencia de vista, cuyo pronunciamiento —conforme a lo  precisado en el numeral I.1.3 de la parte expositiva de esta  ejecutoria—, está referido al tema de fondo de las pretensiones  de la demanda. 2.5 En cuanto a lo sostenido por la recurrente:  1) que en el considerando décimo quinto de la sentencia  impugnada en casación, que desestima algunos argumentos  de la pretensión impugnatoria subordinada, no analiza el  fundamento de la apelación de la recurrente, referido a la  vulneración del derecho a la igualdad ante la ley; 2) que ignora  el fundamento E de su recurso de apelación referido a que  gravar los conceptos reparados con el aporte, vulnera el  artículo 74 de la Constitución y la norma VIII del título preliminar  del Código Tributario; 3) que en la motivación externa, la  sentencia no ha dedicado a analizar el servicio de internet. el  colegiado supremo advierte la carencia de sustento de dichas  alegaciones, conforme se pasa a detallar. 2.5.1 La sentencia de  vista sí se ha pronunciado en su considerando décimo quinto  (folio mil seiscientos cinco del expediente principal ), sobre la  supuesta vulneración del derecho a la igualdad ante la ley — por supuesto trato diferenciado discriminatorio, frente a otras  empresas que prestan los mismos servicios—, desestimando  dicho agravio en razón de que lo referido por la empresa no  tiene sustento o respaldo probatorio, al considerar que no ha  cumplido con la exigencia del artículo 196 del Código Procesal  Civil —de que la carga de la prueba corresponde a quien afirma  hechos—, expresando la recurrida: “que la aducida vulneración  del derecho a la igualdad ante la ley, por otorgársele un trato  diferenciado (discriminatorio) frente a otras empresas que  prestan los mismos servicios, carece de asidero probatorio, ya  que aquella no ha acreditado en modo alguno tal alegación,  acorde con lo preceptuado en el artículo 196 del Código  Procesal Civil, de supletoria aplicación”. Quedando evidenciado  que la sentencia de vista si emitió pronunciamiento expresando  las razones de la desestimación, y de que lo pretendido por la  recurrente es cuestionar las razones expresadas, así como  discrepar de la denegación de su agravio de apelación por falta  de probanza; por lo que este extremo del recurso de casación  resulta infundado. 2.5.2 Los sustentos de la casacionista  detallados en los numerales 2) y 3) del considerando 2.5 de  esta ponencia, igualmente no resultan amparables, debido que  la sentencia de vista al absolver los agravios de apelación en  su décimo quinto considerando, tiene expresado en el punto iii)  sobre el gravamen con los tributos, que los cuestionamientos  de la apelante carecen de sustento, al considerar que se trata  de prestación de los servicios que se realizan dentro del  territorio nacional a cambio de una contraprestación, y que el  goce efectivo de los servicios por los usuarios, también se  produce en territorio peruano; adicionando en el punto iv) que  se tratan de servicios que cumplen con los presupuestos  establecidos en el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la  Ley de Telecomunicaciones, para ser calificados como servicios  públicos de telecomunicaciones, descartando que sean  servicios privados. Asimismo, resulta pertinente anotar que  conforme indica la sentencia de vista en su considerando  tercero, los agravios de apelación de la demandada recurrente  estaban  orientados  esencialmente  a  una  pretensión  impugnatoria nulificante de la sentencia apelada y no, en el  sentido que ahora señala, que más bien se dirigen a discrepar  del razonamiento de la recurrida en los temas de fondo.  Adicionalmente a lo antes señalado, se advierte que la  recurrente no logra demostrar que la supuesta omisión de  pronunciamiento —respecto de que gravar los conceptos  reparados con el aporte vulnera el artículo 74 de la constitución  y la norma VIII del título preliminar del Código Tributario—,  hubiere afectado la corrección y conformidad con el derecho de  la decisión judicial, en tanto la sentencia de vista se sustenta en  la Ley de Telecomunicaciones y disposiciones infralegales cuya  constitucionalidad se presume, y lo que alega la recurrente se  trata de aspectos que no forman parte de la delimitación del  asunto y objeto de pronunciamiento en segunda instancia,  conforme la sentencia de vista en su considerando octavo tiene  precisado, de que la controversia se circunscribe a determinar  si los conceptos debatidos califican o no como servicios  públicos de telecomunicaciones y, en consecuencia, si están  gravados con el aporte por regulación y al Fitel: “Que,  atendiendo a los argumentos esgrimidos como fundamentación  de los recursos impugnativos que motivan la alzada, la  controversia en sede de revisión se circunscribe a determinar si  los conceptos denominados “cambio de titularidad”, “paquete  de 16 direcciones IMP”, “content delivery”, “edge suite delivery”  y “free flow steraming” califican como servicios públicos detelecomunicaciones, y a partir de ello si pueden incluirse dentro  de la base imponible de los Aportes por Regulación al OSIPTEL  y Derecho Especial destinado al FITEL” (…), y si como  consecuencia de ello, la Resolución del Tribunal Fiscal número  13446-10-2013 adolece de nulidad”. 2.6 Sobre la denuncia de  infracción normativa de los numerales 1 y 4 del artículo 190 del  Código Procesal Civil, es necesario precisar que las referidas  disposiciones legales establecen supuestos de improcedencia  de los medios de prueba, cuando tiendan a establecer hechos  no controvertidos, imposibles o que sean notorios o de pública  evidencia; que el derecho nacional debe ser aplicado de oficio  por los jueces, y en el caso del derecho extranjero, la parte que  lo invoque debe realizar actos destinados a acreditar la  existencia de la norma extranjera y su sentido. 2.7 Respecto de  las normas antes indicadas, la recurrente sustenta la denuncia  de infracción en que la sentencia de vista no habría actuado  conforme a lo previsto en las normas señaladas, en cuanto a  que: a) no es necesario probar hechos que no son controvertidos  en el proceso, o aquellos que son notorios o de pública  evidencia; b) de que no es necesario probar lo previsto en las  disposiciones del ordenamiento jurídico nacional, las cuales  deben ser aplicadas de oficio por los jueces, específicamente a  cuestiones tales como que el servicio de Netflix califica como  servicio de streaming de video, y que IBM, AKAMAI,  CLOUDFARE, AMAZON WEB SERVICES, entre otras, ofrecen  los servicios de Content Delivery y Edge Suite Delivery en el  Perú; c) que de igual manera, no requeriría probanza lo  establecido en el Reglamento de Neutralidad de Red publicado  mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 165-2016-CD/ OSIPTEL y su informe adjunto. Advirtiendo que los sustentos  de la recurrente no determinan las infracciones que denuncia,  en tanto en relación al acápite a), si bien la recurrente aduce  hechos notorios y de pública evidencia, tales afirmaciones no  se tratan de premisas fácticas que hubieren sido establecidas  en ese sentido por la sentencia de vista; correspondiendo  reiterar que no es objeto de casación modificar la base fáctica  ni es una instancia de revisión de lo actuado y valorado en el  proceso, sino una de control de derecho en función  nomofiláctica. De igual modo, respecto a los sustentos de los  acápites b) y c), no logran acreditar la infracción de las normas  procesales señaladas, en tanto, en el primer caso, no están  referidos en estricto a norma nacional inaplicada, sino a la  discrepancia de la casante con las consideraciones de la  recurrida sobre la naturaleza de los servicios prestados —de  servicios públicos de telecomunicaciones—; y, de igual forma,  se advierte del literal c), que se orienta a reafirmar la posición  sostenida por la recurrente sobre el tipo de servicio, mas no la  vulneración de la norma procesal. 2.8 Por todos los  fundamentos expresados en este considerando segundo, se  concluye que resultan infundadas las causales por infracción  de normas procesales denunciadas por la entidad recurrente.  TERCERO: Sobre las denuncias de infracción de los  artículos 58 y 74 de la Constitución, artículos 8, 29, 40, 41  de la Ley de Telecomunicaciones, artículos 12, 13, 18, 19,  20, numeral 1 del artículo 50, artículo 99 del reglamento de  dicha ley, del Anexo I y artículos 13, 14 y 16 del Reglamento  de Neutralidad de Red, norma VIII del título preliminar del  Código Tributario, artículos 1 y 2 del Decreto Supremo Nº  012- 2002-PCM 3.1 Los sustentos de las infracciones de  normas sustantivas denunciadas por la recurrente confluyen en  el argumento medular de que la sentencia de vista las habría  vulnerado  al  considerar  como  servicio  público  de  telecomunicaciones a los servicios prestados por la empresa  recurrente: - Sostiene la recurrente, que la sentencia de vista  habría considerado como servicio público al concepto reparado  de “Cambio de Titularidad”, a pesar de que este no ha sido  reconocido como tal en el artículo 18 del Reglamento de la Ley  de Telecomunicaciones ni en otra disposición de dicho cuerpo  normativo. - Señala, que ninguno de los conceptos reparados  han sido declarados expresamente —por norma con rango  legal— como servicio público de telecomunicaciones. - De que,  la sentencia impugnada no ha analizado la naturaleza del  “Servicio a Internet”, el cual habría sido determinado como  servicio de valor añadido y, conforme a la normativa aplicable,  estos no se pueden utilizar como soporte un servicio de similar  naturaleza, sino únicamente servicios portadores o finales o de  difusión. - Que, la recurrida ha ignorado el Reglamento de  Neutralidad de Red, y el Informe Nº 00400-GPRC/2016, en los  cuales el OSIPTEL precisa que los conceptos “Paquete de 16  direcciones IP”, “Content Delivery” y “Edge Suite Delivery”  califican como medidas de neutralidad de red, y, por ende, no  constituyen servicios de valor añadido que incorporan una  característica o facilidad al “servicio de internet”. - Que, la  sentencia de vista ha realizado una indebida interpretación al  concluir que los servicios brindados por las empresas  operadoras a cambio del pago de una contraprestación,  califican como servicios públicos de telecomunicaciones; sin  considerar que, las empresas operadoras pueden percibiringresos también por conceptos que no califican como servicios  de telecomunicaciones y que la determinación de un servicio  como público de telecomunicaciones se deriva de que este  cumpla con las características señaladas en el artículo 40 de la  Ley de Telecomunicaciones. - Que, la sentencia impugnada ha  extendido la hipótesis de incidencia tributaria a un concepto  que no se hallaba previsto en la norma jurídica aplicable, y que  no consideró que no se encuentran contenidos dentro de la  base imponible del aporte por regulación al OSIPTEL y el  derecho  especial  al  Fondo  de  Inversiones  en  Telecomunicaciones, los ingresos obtenidos por servicios que  estén  relacionados  con  los  servicios  públicos  de  telecomunicaciones pero no califiquen como tales. 3.2  Correspondiendo absolver las infracciones denunciadas,  acudiendo en primer término a la norma constitucional de  reconocimiento,  reiterando  lo  señalado  en  nuestra  jurisprudencia6, que para el derecho tributario, la norma  constitucional del artículo 74 constituye parámetro de validez,  que a tenor señala: “Los tributos se crean, modifican o derogan,  o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o  decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo  los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto  supremo”. En línea de lo que prevé la norma constitucional y  recogiendo la esencia del principio que de ella emana, la norma  IV del título preliminar del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF,  establece que: “Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso  de delegación, se puede: “a) Crear, modificar y suprimir tributos;  señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base  para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor  tributario y el agente de retención o percepción, sin perjuicio de  lo establecido en el Artículo 10; (…)”. 3.2.1 De los preceptos  normativos descritos se evidencia que el ejercicio de la potestad  tributaria en mérito al principio de legalidad exige que con  antelación el legislador determine por ley la obligación tributaria.  Es de este modo que el ejercicio de la potestad tributaria  persigue su legitimación dentro del Estado constitucional de  derecho en las normas supremas y a lo previsto en las normas  legales, eliminando cualquier estela de arbitrariedad e  inobservancia de los derechos fundamentales. Asimismo, en el  principio de reserva de ley, exigiendo que la regulación tributaria  sea exclusivamente por ley, especialmente de los elementos  que conforman el tributo, descartando cualquier producción de  norma tributaria mediante otra forma de creación legislativa  (salvo excepciones constitucionalmente previstas). Acentuando  que solo por ley se crean los tributos, la base para su cálculo,  la alícuota, los sujetos obligados, así como, con relación al  presente caso, corresponde acudir a lo previsto legalmente  respecto a los plazos y supuestos para la compensación de  pérdidas, en contexto de constitucionalidad. 3.2.2 En  compatibilidad con la norma de reconocimiento —artículo  constitucional 74—, que sustenta el sistema jurídico tributario y  acoge los principios de legalidad y reserva de ley, la actividad  interpretativa de las disposiciones de la materia debe efectuarse  conforme a lo previsto en la norma VIII del título preliminar del  Texto Único Ordenado del Código Tributario, la misma que  establece el siguiente tenor: “En vía de interpretación no podrá  crearse  tributos,  establecerse  sanciones,  concederse  exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a  personas o supuestos distintos de los señalados en la ley”. La  referida norma VIII ha sido objeto de examen por esta Sala  Suprema en la Casación Nº 4392-2013-Lima, en la cual se ha  fijado como criterio jurisprudencial en su fundamento jurídico  3.6 que el intérprete de la norma tributaria está atado de  manera indisoluble al texto de la acotada norma: “La Norma VIII  del Título Preliminar del Código Tributario, en coherencia con la  Norma IV que contempla los principios de legalidad y reserva  de ley, ratifica el sometimiento a la ley y refuerza la  vinculación del intérprete al contenido del texto legal,  cobrando  mayor  significancia  en  el  proceso  de  interpretación de leyes tributarias, los supuestos, las  obligaciones y elementos predeterminados y configurados  en la ley (…)”. (El énfasis es nuestro) 3.2.3 En el orden de lo  desarrollado, del artículo constitucional 74 y de la norma VIII  del título preliminar del Código Tributario, se extraen las  siguientes premisas normativas (EN significa enunciados  normativos) vinculadas al caso: EN1: Los tributos se crean  exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de  delegación de facultades. EN2: En vía de interpretación no  podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse  exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a  personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. 3.2.4  En el presente caso, no se establece vulneración de la norma  constitucional ni de la norma legal identificada, debido a que se  ha cumplido con el principio de legalidad y la delegación  reglamentaria, en la creación y regulación de los tributos, esto  es, del aporte por regulación y al Fitel. Además de ello, se  advierte que el sustento medular de las causales no reside encuestionar la legalidad y constitucionalidad de los referidos  gravámenes, sino que las causales denunciadas se sustentan  en que —según la recurrente—, los servicios prestados no  constituyen servicios públicos de telecomunicaciones —como  anota la sentencia de vista—, asimismo que, no se discute que  los servicios no son servicios privados de telecomunicaciones,  sino que, para la recurrente “estos no son ningún tipo de  servicio de telecomunicaciones” (fundamentos 9.7, 9.8 y 9.9 del  recurso de casación). Tales aspectos anotados por la recurrente  no se vinculan con la vulneración del principio de legalidad,  sino que se vinculan con un asunto de interpretación jurídica de  las normas legales y reglamentarias que regulan y distinguen  los tipos de servicios en telecomunicaciones; por lo cual no  resultan estimables las causales de infracción de la norma  constitucional y legal identificadas en el considerando 3.2 de  esta sentencia casatoria. 3.3 Asimismo, en el contexto  normativo descrito y conforme a los principios señalados  aplicables al derecho tributario —desarrollados en este  considerando—, guarda armonía lo previsto en el artículo 58 de  la Constitución, que acoge la economía social de mercado, con  libertad de iniciativa privada, y el Estado orienta el desarrollo  del país y actúa en las áreas de promoción de empleo, salud,  educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura;  identificando la norma vinculada al presente caso, que  establece: EN3: El Estado, bajo el régimen de economía social  de mercado, actúa en las áreas de promoción de servicios  públicos. 3.3.1 Conforme a lo previsto en la norma constitucional,  los servicios públicos son objeto de promoción por el Estado;  entendiendo por servicios públicos aquellos destinados a  satisfacer una necesidad pública; señalando Hauriou que es  “un servicio técnico prestado al público de una manera regular  y continua para la satisfacción de una necesidad pública y por  una organización pública” 7. Indicando Bielsa sobre los servicios  públicos que comprenden “toda acción o prestación realizada  por la administración pública activa, directa o indirectamente,  para la satisfacción concreta de necesidades colectivas, y  asegurada esa acción o prestación por el poder de policía”8.  3.3.2 Con relación a su finalidad, se afirma que “el objeto o  finalidad de esta actividad es —siempre estando a la  concepción tradicional— satisfacer una necesidad pública  (colectiva, de interés público, etc.). Necesidad pública, o  necesidad de interés público, significa la suma de las  necesidades individuales; no presupone necesariamente que  todos los individuos de la sociedad deban tenerla, sino solo que  una mayoría de ellos la tiene 9. En cuanto a sus características,  se especifica que estas son: “La generalidad, significa que  todos los habitantes tienen derecho a gozar del servicio, y se  comprende en una característica que a veces se menciona  aisladamente. La igualdad o uniformidad, por imperio de la cual  todos tienen derecho a exigir el servicio en igualdad de  condiciones. Regularidad quiere decir conformidad a reglas y  condiciones preestablecidas”10. De esto resulta que el Estado,  bajo el régimen de economía social de mercado, actúa en las  áreas de promoción de servicios técnicos prestados al público  de una manera general, uniforme y regular para satisfacer  necesidades públicas [servicios públicos]. 3.3.3 Por lo que, en  lo que atañe a la absolución de las causales, se establece que  no resulta estimable la infracción a la norma del artículo 58 de  la Constitución, debido a que los sustentos de la causal y la  controversia no se encuentra relacionada con la actuación del  Estado en áreas de servicios públicos, sino con determinar si  los servicios reparados y prestados por la recurrente constituyen  o no servicios públicos de telecomunicaciones y, en  consecuencia, se encuentran o no gravados; en consecuencia,  esta causal corresponde ser desestimada. 3.4 Respecto a las  causales de infracción normativa de los artículos 8 y 40 de la  Ley de Telecomunicaciones y de los artículos 18, 19, 20 y el  numeral 1 del artículo 50 de su reglamento, la recurrente  sostiene la vulneración al considerar la sentencia de vista como  servicio público de telecomunicaciones al concepto reparado  de “Cambio de Titularidad”, a pesar de que este no ha sido  reconocido como tal en el artículo 18 del Reglamento de la Ley  de Telecomunicaciones ni en otra disposición de dicho cuerpo  normativo; añadiendo la recurrente que ninguno de los  conceptos reparados han sido declarados expresamente —por  norma con rango legal— como servicio público de  telecomunicaciones y ninguno de ellos tiene el objetivo de  satisfacer necesidades públicas. Correspondiendo absolver las  causales arriba señaladas. 3.4.1 El artículo 8 de la Ley de  Telecomunicaciones11 contiene varias disposiciones, de las  cuales se extraen las normas vinculadas al presente caso, las  que establecen: EN4: Las telecomunicaciones en el Perú  técnicamente se orientan hacia el establecimiento de una Red  Digital Integrada de Servicios y Sistemas. EN5: A este efecto,  los servicios de telecomunicaciones se clasifican en: a)  servicios portadores; b) teleservicios o servicios finales; c)  servicios de difusión; y d) servicios de valor añadido. 3.4.2 La  distinción con relación al tipo de servicios —que se controvierteen este proceso—, se encuentra en las normas del artículo 9  de la misma ley, el que si bien no ha sido denunciado como  causal, no obstante, no se puede soslayar su vinculación con  las normas del artículo 8, con los sustentos de las causales, y  que el artículo 9 contiene las razones que el derecho suministra  respecto a los servicios de telecomunicaciones, el cual  establece como norma vinculada al caso, la clasificación y  distinción por la utilización y naturaleza del servicio, en públicos  y privados: EN6: Por su utilización y naturaleza del servicio de  telecomunicaciones, estos se clasifican en servicios públicos,  privado y de radiodifusión privados de interés público. 3.4.3 La  norma del artículo 8° se complementa con la norma del artículo  40 de la misma ley12, el cual prevé las características que  deben contemplar los servicios públicos de telecomunicaciones,  estas son, que estén declarados así en el reglamento, que  estén a disposición del público en general y su uso se realice a  cambio de una contraprestación: EN7: Serán considerados  servicios públicos de telecomunicaciones aquellos servicios  declarados como tales en el reglamento de esta ley, que estén  a disposición del público en general y cuya utilización se  efectúe a cambio del pago de una contraprestación. 3.4.4 En  cuanto a las normas reglamentarias de los artículos 1813, 1914,  2015 y el numeral 1 del artículo 5016 de su reglamento, el primero  contiene la clasificación de los servicios de telecomunicaciones,  efectuada conforme al artículo 8 de la ley; el segundo reitera la  clasificación de los servicios públicos y privados contenidos en  el artículo 9 de la ley; el numeral 1 del artículo 50 regula los  teleservicios públicos; y el artículo 20 del reglamento contiene  más de una norma referida específicamente a los servicios  públicos de telecomunicaciones: EN8: Son servicios públicos  aquellos cuyo uso está a disposición del público en general a  cambio de una contraprestación tarifaria, sin discriminación  alguna, dentro de las posibilidades de oferta técnica que  ofrecen los operadores. EN9: Los servicios portadores son  necesariamente públicos. Los teleservicios, los servicios de  difusión y los de valor añadido pueden ser públicos 3.5  Quedando establecido de lo detallado en el considerando 3.4,  que la normatividad legal de telecomunicaciones si ha regulado  y determinado los elementos del servicio de telecomunicaciones  y con relación al servicio público de telecomunicaciones el  artículo 40 de la ley además de prever las características  esenciales de tales servicios, en el sentido de que estén a  disposición del público en general y su uso se realice a cambio  de una contraprestación, asimismo ha delegado al reglamento  la declaración de tales servicios. 3.5.1 Por su parte, la sentencia  de vista en el considerando décimo cuarto, atendiendo a los  antecedentes y a la normatividad invocada, concluye que los  servicios brindados por la recurrente: “califican como servicios  públicos de telecomunicaciones y por ende forman parte de la  base imponible del Aporte por Regulación al Osiptel y Derecho  Especial destinado al Fitel del periodo dos mil cuatro”;  expresando su análisis jurídico y las razones en relación a cada  uno de los servicios detallados. Análisis que se corresponde  con las normas antes anotadas de los artículos 8, 9 y 40 de la  ley identificadas en los considerandos anteriores de esta  ejecutoria, asimismo es necesario distinguir entre las normas  reglamentarias, aquellas que clasifican por el tipo de los  servicios de telecomunicaciones, de aquellas que distinguen  específicamente a los servicios públicos de telecomunicaciones,  existiendo concordancia en la recurrida de que estos servicios  públicos se encuentran normados conforme a las características  precisadas en la ley y en su reglamento. 3.5.2 Si bien la  recurrente sostiene que el servicio de cambio de titularidad y en  general que, ninguno de los conceptos reparados han sido  declarados expresamente —por norma con rango legal—  como servicio público de telecomunicaciones, sin embargo,  sus afirmaciones carecen de sustento, pues conforme al  contenido normativo antes señalados, las normas legales del  sector de telecomunicaciones sí regulan e identifican los  servicios públicos de telecomunicaciones precisando los  elementos y características de los servicios, los que se deben  desprender de su utilización y naturaleza del servicio; asimismo  han delegado —en forma expresa y taxativa sobre los  términos— la regulación y declaración en el reglamento,  observando el principio de legalidad y la facultad de delegación  reglamentaria. Evidenciando en este punto que las alegaciones  de la recurrente —de que los servicios que presta no constituyen  servicios públicos de telecomunicaciones— constituyen  afirmaciones destinadas a negar la calidad y naturaleza de sus  servicios, las que se encuadran en un contexto de prueba y  calificación jurídica. 3.5.3 Además de ello, con relación a lo  sostenido por la recurrente —de que el reglamento no lo habría  declarado como servicio público de telecomunicaciones—, se  advierte que este sustento de la recurrente se limita al contenido  del artículo 18 del reglamento vinculado a las normas del  artículo 8 de la ley, tratando la norma reglamentaria y la norma  legal citada, sobre la clasificación de los servicios de  telecomunicaciones por tipo de servicios (portadores, finales,difusión y valor añadido, y la definición de red digital); obviando  la impugnante las normas jurídicas de los artículos 19 y 20 del  reglamento —que se sustentan en las normas del artículo 9 de  la ley—, que, en interpretación sistemática y en concordancia  con el artículo 40 de la ley, vienen a ser las normas que están  referidas específicamente a “los servicios púbicos de  telecomunicaciones”, reiterando el artículo 19 la clasificación  legal de servicios públicos y privados, y el artículo 20  expresamente tiene establecido cuáles son los servicios  públicos de telecomunicaciones, identificando aquellos en que  1) el uso esté a disposición del público en general, 2) se preste  a cambio de una contraprestación tarifaria, 3) se preste sin  discriminación alguna, dentro de las posibilidades de oferta  técnica que ofrecen los operadores; ello conforme a los  enunciados normativos EN8 y EN9. Verificando que la  sentencia de vista ha resuelto en conformidad con las normas  legales y disposiciones reglamentarias señaladas, resultan  infundadas las causales denunciadas de infracción normativa.  3.6 Respecto a la causal de infracción normativa del artículo 41  de la Ley de Telecomunicaciones, señala la recurrente que la  sentencia de vista ha realizado una indebida interpretación de  la norma en cuestión, ya que ha concluido que “los servicios  brindados por las empresas operadoras a cambio del pago de  una contraprestación, no calificarán como servicios privados de  telecomunicaciones,  sino  como  públicos  de  telecomunicaciones”, sin considerar que las empresas  operadoras pueden percibir ingresos también por conceptos  que no califican como servicios de telecomunicaciones y que la  determinación  de  un  servicio  como  público  de  telecomunicaciones se deriva de que este cumpla con las  características señaladas en el artículo 40 de la Ley de  Telecomunicaciones. Al respecto, se tiene que el artículo 4117  contiene la regulación sobre el servicio privado de  telecomunicaciones, de lo cual se evidencia que dicha causal  no resulta amparable debido a que, como lo indica la misma  recurrente en el fundamento 9.7 de su recurso de casación, no  discute que “no son, ni pueden ser servicios privados de  telecomunicaciones”, sino que —según la recurrente— plantea  que  sus  servicios  no  serían  servicios  “públicos  de  telecomunicaciones”. Además de ello, es necesario reiterar que  la sede casatoria no es una tercera instancia, sino de control de  derecho respecto a los fundamentos jurídicos que sustentan la  decisión judicial, y, en ese sentido, la decisión judicial contenida  en la sentencia de vista no reside en los servicios privados, sino  que tiene como argumento medular que los servicios materia  de  reparo  sí  califican  como  servicios  públicos  de  telecomunicaciones; resultando infundada esta causal. 3.7 La  recurrente sustenta infracción normativa del artículo 29 de la  Ley de Telecomunicaciones, de los numerales 12 y 13 del  artículo 99 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones y  del Anexo I del Reglamento de Neutralidad de Red, señala que  la sentencia impugnada no ha analizado la naturaleza del  servicio a internet, denominado técnicamente como “Servicio  de Conmutación de Datos por Paquetes” tipificado en el inciso  13 del artículo 102 del reglamento y artículo 12 de la ley; que,  la sentencia de vista en su considerando décimo cuarto llega a  la conclusión de que los conceptos reparados content delivery,  edge suite delivery, free flow streaming y paquete de 16  direcciones IP, son servicios públicos de telecomunicaciones,  de que serían servicios de valor añadido, infringiendo el artículo  29, al establecer un servicio de valor añadido que se soporta  sobre otro servicio de valor añadido (servicio de acceso a  internet), lo que es imposible conforme a la norma citada.  Asimismo, señala que la sentencia infringe el Anexo I del  Reglamento de Neutralidad de Red, al inaplicarlo respecto a la  naturaleza del servicio de acceso a internet. 3.7.1 El artículo 29  de la ley18 regula los servicios de valor añadido, estableciendo  que son servicios de valor añadido aquellos que utilizando  como soporte servicios portadores o finales o de difusión,  añaden alguna característica o facilidad al servicio que le sirve  de base. Precisa la disposición legal —sin que constituya una  lista cerrada—, que los servicios —entre otros—, de facsímil,  videotex,  teletexto,  teleacción,  telemando,  telealarma,  almacenamiento y retransmisión de datos, teleproceso, son  servicios de valor añadido; y establece que el reglamento  señalará los servicios de valor añadido y sus modalidades. De  lo cual, se establece que, conforme a la ley, los servicios de  valor añadido tienen dos elementos esenciales: i) utilizan como  soporte servicios portadores o finales o de difusión, ii) añaden  alguna característica o facilidad al servicio que le sirve de base.  Extrayendo las siguientes normas vinculadas al caso: EN10:  Son servicios de valor añadido aquellos que utilizando como  soporte servicios portadores o finales o de difusión, añaden  alguna característica o facilidad al servicio que les sirve de  base. EN11: Son servicios de valor añadido, entre otros, el  facsímil, el videotex, el teletexto, la teleacción, telemando,  telealarma, almacenamiento y retransmisión de datos,  teleproceso. EN12: El Reglamento de la Ley señalará losservicios de valor añadido y sus modalidades. 3.7.2 Con  relación a los numerales 12 y 13 del artículo 99 del Reglamento  de la Ley de Telecomunicaciones, la recurrente precisa en el  fundamento 7.4 de su recurso que el texto se mantiene en el  artículo 102 del reglamento, el cual establece la clasificación  de los servicios de valor añadido al servicio de consulta  (numeral 12), y el servicio de conmutación de datos por  paquetes (numeral 13)19, consistiendo el primero de los  nombrados en el servicio interactivo que proporciona la  capacidad de acceder a la información almacenada en  centros de bases de datos, y el segundo consiste en el  servicio que sin utilizar redes propias, fracciona de acuerdo a  una secuencia o trama, las señales de datos en tamaño  normalizado denominados paquetes. 3.7.3 Sobre el servicio  de valor añadido, la sentencia de vista tiene determinado que  el paquete de 16 direcciones IP constituye valor añadido,  expresando sus fundamentos en el considerando décimo  cuarto, acápite B), en concordancia con el EN10 — identificando el servicio soporte y las características y aportes  agregados por el paquete—, y en conformidad con el EN11  —que precisa que no se trata de una lista cerrada, indicando  “entre otros”—. De los fundamentos manifestados por la  sentencia de vista, se denota que inicia su análisis acogiendo  los sustentos expresados por la empresa demandada —que  fueron señalados en sus recursos impugnatorios en sede  administrativa y al contestar la demanda—, de que: la  dirección IP es un número que utilizan las computadoras para  identificarse entre ellas, dichas direcciones constan de cuatro  series de número, y los servicios de transmisión de datos  brindado por la empresa que “involucran el uso de internet  requieren de la utilización de direcciones IP”, anota que,  cuando el cliente por razones de capacidad técnica requiera  direcciones IP adicionales, la empresa ofrece tales direcciones  a cambio de una contraprestación incremental, señalando:  “siendo este el caso de la cuenta denominada Paquete de 16  direcciones IP”; de lo cual extrae la sentencia de vista que la  relación del usuario con la empresa no se agota en la  prestación del servicio de comunicaciones, sino que en su  transcurso, se realizan requerimientos, solicitudes de  servicios que se brinda a cambio de contraprestación, y por  consiguiente: “las direcciones IP adicionales, al identificar a  su usuario, le permiten navegar o interactuar en internet, de  ahí que este concepto es un servicio de valor añadido, toda  vez que le añade alguna característica o facilidad al servicio  de internet que le sirve de base”. 3.7.4 Por lo que conforme a  los fundamentos detallados de la recurrida, no se advierte que  esta hubiere incurrido en infracción a la norma legal, pues ha  atendido los supuestos normativos identificados en los  considerandos 3.7.1 y 3.7.2 de esta ponencia, y ha acogido  los propios sustentos de la recurrente, referidos a las  características del paquete de 16 direcciones IP, y su  vinculación con el servicio de internet que le sirve de soporte,  el cual añade las características y facilidades referidas a la  capacidad técnica requerida por el usuario, y las cualidades  de la navegación e interactuación en internet. Asimismo, los  fundamentos expresados por la sentencia recurrida no  infraccionan el Anexo I del Reglamento de Neutralidad de  Red, en tanto dichas disposiciones no se contradicen con los  supuestos normativos acogidos en la sentencia respecto al  valor añadido, conteniendo el referido anexo en sus numerales  17, 18 y 19 definiciones referidas al proveedor de aplicaciones,  servicios o contenidos en internet, proveedor del servicio de  acceso a internet, y el servicio de acceso a internet. En cuanto  a lo señalado por la recurrente, en el sentido de que el Informe  Nº 00400-GPRC/2016 precisa que los conceptos “Paquete de  16 direcciones IP”, “Content Delivery” y “Edge Suite Delivery”  califican como medidas de neutralidad de red, y, por ende, no  constituyen servicios de valor añadido que incorporan una  característica o facilidad al “servicio de internet”; no resultan  atendibles en sede casatoria, por no ser oponible un informe  a lo establecido en las normas legales y reglamentarias  identificadas en el considerando tercero de esta sentencia,  además, que las alegaciones de la recurrente no se orientan  a un control normativo, sino a la apreciación y valoración  probatoria de un informe. 3.8 Respecto a los artículos 1 y 2 del  Decreto Supremo Nº 012-2002-PCM, señala la recurrente  que la sentencia de vista incurre en infracción normativa al  extender la hipótesis de incidencia tributaria a un concepto  que no se hallaba previsto en la norma jurídica aplicable.  Sostiene la recurrente que no se encuentran contenidos  dentro de la base imponible del aporte por regulación al  Osiptel y el derecho especial al Fondo de Inversiones en  Telecomunicaciones, los ingresos obtenidos por servicios que  estén  relacionados  con  los  servicios  públicos  de  telecomunicaciones pero no califiquen como tales. 3.8.1 El  artículo primero del referido decreto supremo contiene  regulaciones sobre el aporte por regulación, estableciendo  que la base de cálculo que deben pagar las empresasoperadoras —de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº  27332—, corresponde a los ingresos facturados y percibidos  por la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones  dentro del territorio nacional, e incluye los ingresos por  corresponsalías y/o liquidación de tráficos internacionales;  con las deducciones permitidas20. El artículo segundo regula,  en forma similar, que el derecho especial Fitel, precisando  que se encuentra destinado al fondo de inversión en  telecomunicaciones, correspondiendo al uno por ciento de los  ingresos facturados y percibidos por la prestación de servicios  de telecomunicaciones, portadores y finales de carácter  público21. 3.8.2 Se advierte que con relación a las normas  arriba citadas, el fundamento de las infracciones denunciadas  tiene como presupuesto una afirmación no contenida en la  sentencia de vista y que más bien constituye argumento de  defensa y alegación de la recurrente, de que los servicios  materia de reparo no estarían calificados como servicios  públicos de telecomunicaciones, es con base en ello, alega  que los ingresos por dichos servicios no estarían dentro de la  base imponible del aporte por regulación y del Fitel. Sin  embargo, como se tiene señalado en los considerandos  anteriores de esta ponencia, los fundamentos de la sentencia  de vista expresados en concordancia con las normas  constitucionales, con el principio de legalidad, con las normas  legales y reglamentarias sobre telecomunicaciones, y  conforme a su análisis con relación a los servicios materia de  reparo, en el caso concreto determina que se han dado los  supuestos normativos —verificados en corrección material—  y que los servicios reparados sí constituyen servicios públicos  de telecomunicaciones; por lo que en consecuencia, de  acuerdo a dicha base fáctica y calificación jurídica es que la  recurrida concluye en la afectación con el aporte por  regulación y el Fitel; en ese orden no se establece extensión  de la hipótesis de incidencia, sino la aplicación correcta de las  normas precisadas en el considerando 3.8.1 de esta  sentencia, de lo cual se establece que resulta infundado este  extremo del recurso de casación. III. DECISIÓN: Por tales  consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de  casación formulado por el representante legal de la empresa  TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., mediante escrito de fecha  catorce de agosto de dos mil veinte. En consecuencia, NO  CASARON la sentencia de vista emitida por la Sexta Sala  Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub  Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Lima, mediante resolución número ochenta y  siete, de fecha veintinueve de julio de dos mil veinte , que  confirma en parte la sentencia apelada, y revocaron la misma  en el extremo que desestima la demanda formulada por el  Organismo  Supervisor  de  la  Inversión  Privada  en  Telecomunicaciones en lo relativo al servicio de “cambio de  titularidad”, y, reformándola, declararon fundada la demanda  en dicho extremo; en los seguidos por el Organismo  Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones y  el PRONATEL contra el Ministerio de Economía y Finanzas,  en representación del Tribunal Fiscal y contra TELEFÓNICA  DEL PERÚ S.A.A., sobre acción contencioso administrativa.  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  diario oficial El Peruano, conforme a ley. Notifíquese por  Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como  ponente la señora Jueza Suprema Rueda Fernández. SS.SS.  GONZÁLEZ  AGUILAR,  RUEDA  FERNÁNDEZ,  BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA PINEDA, DÁVILA  BRONCANO. 1  SALMÓN, Elizabeth y BLANCO, Cristina (2012). El derecho al debido proceso en  la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lima, PUCP;  p. 23. 2  Ibídem, p. 24. 3  Principios de la Administración de Justicia  Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 5. La  motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto  los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los  fundamentos de hecho en que se sustentan. 4  El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es parte del  derecho al debido proceso, consagrado en el numeral 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Estado como uno de los principios y derechos de la  función jurisdiccional. Exige que en todas las instancias judiciales se cumplan  necesariamente todas las garantías, requisitos y normas de orden público que  han sido establecidos, a fin de generar que todas las personas estén en reales  condiciones de poder defender de manera apropiada sus derechos. Así, el  debido proceso es una garantía procesal de inexorable cumplimiento en tanto su  observancia permite la efectiva protección de otros derechos fundamentales y el  acceso a la justicia. 5  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2009). Caso Tristán  Donoso vs. Panamá; párrafo ciento cincuenta y tres. 6  Por citar, la Sentencia Casatoria del precedente vinculante N° 4392-2014 fecha  veinticuatro de marzo de dos mil quince, fundamento tercero; Sentencia Casatoria  N° 10737-2016 fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, fundamentosegundo. Sentencia Casatoria N° 2083-2014 de fecha seis de setiembre de  dos mil dieciseis, fundamento tercero. Sentencia Casatoria N° 6829-2016 fecha  diecinueve de abril de dos mil dieciocho, fundamento tercero. 7  Hauriou, Maurice, Précis de Droit Administratif, París, 1919, 9ª ed., p. 44.  Citado por Gordillo Agustín, Tratado de derecho administrativo y obras selectas:  teoría general del derecho administrativo, Tomo 8 (Teoría General Del Derecho  Administrativo). - 1a ed. - Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo,  2013, p. 400. 8  Bielsa, Derecho administrativo, tomo 1, Buenos Aires, 1964, 6ª ed., p. 463. Citado  por Gordillo Agustín, op. cit. p. 400 9  Bielsa, op. cit. 467, Citado por Gordillo Agustín, op. cit. p. 401. 10  Gordillo Agustín, op. cit., p. 401. 11  Artículo 8.- Las telecomunicaciones en el Perú técnicamente se orientan hacia  el establecimiento de una Red Digital Integrada de Servicios y Sistemas. A este  efecto los servicios de telecomunicaciones se clasifican en: a) Servicios Portadores  b) Teleservicios o Servicios Finales c) Servicios de Difusión d) Servicios de Valor  Añadido 12  Artículo 40.- Serán considerados servicios públicos de telecomunicaciones  aquellos servicios declarados como tales en el reglamento de este Ley, que estén  a disposición del público en general y cuya utilización se efectúe a cambio del pago  de una contraprestación. Su prestación será normada por la presente Ley y podrá  ser reglamentada cuando por las características del servicio ello fuere necesario.  Los servicios portadores serán considerados necesariamente servicios públicos. 13  Artículo 18º.- De conformidad con el Artículo 8º de la Ley, los servicios de  telecomunicaciones se clasifican en:  1. Servicios Portadores  2. Teleservicios, también llamados Servicios Finales  3. Servicios de Difusión  4. Servicios de Valor Añadido  Para efecto del citado artículo 8º de la Ley, se entiende por Red Digital Integrada  de Servicios y Sistemas, a la red que mediante la aplicación de tecnologías  digitales permite la integración de todos los servicios en una red única. 14  Artículo 19.- De conformidad con el Artículo 9 de la Ley, los servicios de  telecomunicaciones se clasifican en:  1. Públicos  2. Privados  3. De radiodifusión: Privados de interés público. 15  Artículo 20.- Son Servicios Públicos aquellos cuyo uso está a disposición del  público en general a cambio de una contraprestación tarifaria, sin discriminación  alguna, dentro de las posibilidades de oferta técnica que ofrecen los operadores.  Los Servicios Portadores son necesariamente públicos. Los Teleservicios, los  Servicios de Difusión y los de Valor Añadido pueden ser públicos. 16  Artículo 50.- Se consideran Teleservicios Públicos a los siguientes: 1. Servicio  Telefónico.- es el que permite a los usuarios la conversación telefónica en tiempo  real, en ambos sentidos de transmisión, a través de la red de telecomunicaciones. 17  Artículo 41.- Serán considerados servicios privados de telecomunicaciones  aquellos servicios que han sido establecidos por una persona natural o jurídica  para satisfacer sus propias necesidades de comunicación, dentro del territorio  nacional. Estos servicios no pueden ser brindados a terceros, salvo que se trate  del suministro de servicios de valor añadido para el cumplimiento de su objeto  social. Para efectos de su clasificación como servicios privados se considerará  como una misma persona a los miembros, filiales y subsidiarios de una misma  persona jurídica que funcionen como un conjunto económico. Estos servicios no  pueden ser brindados a terceros. 18  Artículo 29.- Son servicios de valor añadido aquellos que utilizando como soporte  servicios portadores o finales o de difusión, añaden alguna característica o  facilidad al servicio que les sirve de base. Se considera como servicios de valor  añadido entre otros el facsímil, el videotex, el teletexto, la teleacción, telemando,  telealarma, almacenamiento y retransmisión de datos, teleproceso. El Reglamento  de esta Ley señalará los servicios de valor añadido y sus modalidades. 19  Artículo 102.- Son Servicios de Valor Añadido los siguientes:  12. Servicio de Consulta.- Es el servicio interactivo que proporciona la capacidad  de acceder a la información almacenada en centros de bases de datos. Esta  información se enviara al usuario únicamente a petición. La información puede  consultarse individualmente el momento en que debe comenzar la secuencia de  información deseada encontrándose, bajo el control del usuario. 13. Servicio de  conmutación de datos por paquetes.- Es el servicio que sin utilizar redes propias,  fracciona de acuerdo a una secuencia o trama, las señales de datos en tamaño  normalizado denominados paquetes, utilizando las normas X.25 y X.75 de la  CCITT. Este servicio puede incluir modalidades de nuevas tecnologías similares.  Queda excluido de éste servicio el tráfico de voz en tiempo real. 20  Artículo 1.- Precisión sobre el Aporte por Regulación  Precísase que la base de cálculo del Aporte por Regulación que deben pagar  las empresas operadoras de conformidad con el Artículo 10 de la Ley Nº 27332,  corresponde a aquellos ingresos facturados y percibidos por la prestación de  servicios públicos de telecomunicaciones, dentro del territorio nacional, incluidos  los ingresos por corresponsalías y/o liquidación de tráficos internacionales;  deducidos los cargos de interconexión, el Impuesto General a las Ventas y el  Impuesto de Promoción Municipal. 21  Artículo 2.- Precisión sobre Derecho Especial FITEL Precísase que el Derecho  Especial (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS destinado al Fondo de Inversión  en Telecomunicaciones (FITEL) a que alude el literal a) del Artículo 61 del Decreto  Supremo Nº 008-2001-PCM corresponde al uno (1%) por ciento de los ingresos  facturados y percibidos por la prestación de servicios de telecomunicaciones,  portadores y finales de carácter público, incluidos los ingresos por corresponsalías  y/o liquidación de tráficos internacionales; deducidos los cargos de interconexión,  el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal. C-2136204-15