CASACIÓN Nº 9438-2020 LIMA
Sumilla: El cálculo y abono por concepto de los pagos  a cuenta del impuesto a la renta debe realizarse de forma  íntegra y oportuna; lo contrario genera intereses moratorios. Lima, trece de octubre de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICAVISTALa causa número  nueve mil cuatrocientos treinta y ocho – dos mil veinte,  Lima, con los acompañados respectivos, en audiencia  pública llevada a cabo en la fecha, la Sala Suprema  integrada por los señores Jueces Supremos Yaya Zumaeta  (presidente),  González  Aguilar,  Rueda  Fernández,  Bustamante del Castillo y Dávila Broncano, luego de  producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente  sentencia:Materia del recurso de casaciónSe trata de los  recursos de casación interpuestos por la codemandada  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración Tributaria (SUNAT), mediante escrito del  veinticuatro de agosto de dos mil veinte (fojas setecientos  treinta y uno a setecientos cuarenta y seis del Expediente  Judicial Electrónico – EJE), y el codemandado Tribunal  Fiscal, a través de la Procuraduría Pública a cargo de los  asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas,  con escrito del veinticuatro de agosto de dos mil veinte  (fojas setecientos trece a setecientos treinta del EJE),  contra la sentencia de vista contenida en la resolución  número diecisiete, del tres de julio de dos mil veinte (fojas  seiscientos cincuenta y cinco a seiscientos noventa y tres  del EJE), que confirmó la sentencia de primera instancia,  contenida en la resolución número diez, del veinticinco de  septiembre de dos mil diecinueve (fojas trescientos sesenta  a cuatrocientos veintiocho del EJE), que declaró fundada  en parte la demanda interpuesta por Unión de Cervecerías  Peruanas Backus y Johnston S.A.A..Antecedentes del  caso  sub  litisSede  administrativaLa  administración  tributaria inició a la empresa Unión de Cervecerías  Peruanas Backus y Johnston S.A.A. un procedimiento de  fiscalización por el impuesto a la renta del ejercicio dos mil  cinco, para lo cual cursó la Carta Nº 080011259630-01/ SUNAT (fojas ciento setenta y cuatro del tomo 21 del  Expediente Administrativo Electrónico – EAE) y el  Requerimiento Nº 0121080000122 (fojas cuarenta y nueve  del tomo 20 del EAE). Producto de ello, se emitieron  diversos valores, conforme al siguiente detalle:- La  Resolución de Determinación Nº 012-003-0019113 (fojas  ciento ochenta y uno del tomo 22 del EAE), por los  siguientes reparos:a) Exceso de gastos de representación  (visitas a fábricas).b) Actos de liberalidad (gratis a  particulares).c) Exceso de gastos recreativos (atenciones  al personal).d) Presunción de renta ficta por comodato de  bienes del activo fijo.e) Pasajes aéreos y viáticos  internacionales  no  sustentados  fehacientemente.f)  Indemnización a distribuidoras por resolución de contrato.g)  Honorarios varios no sustentados con comprobantes de  pago ni vinculados con la generación de renta gravada  (servicio de asesoría financiera en venta de Industrias del  Envase S.A., y pago por obligación de no hacer a favor del  Sr. Robilliard).h) Seguro de responsabilidad civil no  acreditado (no domiciliado).i) Ajustes de precio no  sustentados de manera fehaciente.- Las Resoluciones de  Determinación Nº 012-003-0019114 a Nº 012-003-0019125  (fojas ciento ochenta y tres a ciento noventa y cuatro del  tomo 22 del EAE), por concepto de pagos a cuenta del  impuesto a la renta de enero a diciembre de dos mil cinco.-  Las Resoluciones de Multa Nº 012-002-0015519 a Nº  012-002-0015531 por la infracción tipificada en el numeral  1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario (fojas ciento noventa y cinco a doscientos seis  del tomo 22 del EAE).La empresa aceptó algunos reparos,  conforme al siguiente detalle1: i) pago por obligación de no  hacer a favor del Sr. Robilliard por la suma de S/ 344,444.44  (Trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y  cuatro soles con cuarenta y cuatro céntimos); ii) exceso de  gastos recreativos (atenciones al personal) por la suma de  S/ 176,861.04 (ciento setenta y seis mil ochocientos  sesenta y un soles con cuatro céntimos); iii) pasajes aéreos  y viáticos internacionales no sustentados por la suma de S/  58,779.62 (cincuenta y ocho mil setecientos setenta y  nueve soles con sesenta y dos céntimos).El diecisiete de  noviembre de dos mil diecinueve, la empresa presentó  recurso de reclamación parcial contra las referidas  resoluciones (fojas siete a ciento sesenta y siete del tomo  22 del EAE), el mismo que fue declarado fundado en parte  mediante Resolución de Intendencia Nº 0150140009197del veintisiete de julio de dos mil diez; de modo que, se  levantó el reparo por indemnización a distribuidores  por resolución de contrato, y se procedió a rectificar la  Resolución de Determinación Nº 012-003-0019113 y la  Resolución de Multa Nº 012-002-0015519.Esta decisión  fue apelada parcialmente por la empresa (fojas doscientos  treinta y siete a doscientos cuarenta y cuatro del tomo 28  del EAE), respecto a los siguientes reparos: i) exceso de  gastos de representación (visitas a fabrica), ii) actos de  liberalidad (gratis a particulares), iii) ajustes no sustentados  fehacientemente (Embotelladora Frontera), iv) presunción  de renta ficta por comodato de bienes del activo fijo, v)  pasajes aéreos y viáticos internacionales no sustentados  fehacientemente, vi) honorarios varios no sustentados con  comprobantes de pago ni vinculados con la generación de  renta gravada (servicio de asesoría financiera en venta de  Industrias del Envase S.A., y pago por obligación de no  hacer a favor del Sr. Robilliard), y vii) seguro de  responsabilidad civil no acreditado (no domiciliado). Asimismo, en dicho recurso se alegó que la administración  no consideró la rebaja del cincuenta por ciento (50 %)  prevista en el régimen de incentivos regulado en el artículo  179 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. Por  último, se apelaron las resoluciones de determinación y de  multa giradas en relación a los pagos a cuenta de marzo a  diciembre del ejercicio dos mil cinco, por el mayor  coeficiente que determinó la SUNAT al liquidar los  indicados anticipados, producto de haber incluido en  el numerador reparos efectuados a la renta neta del  ejercicio fiscal dos mil cuatro, así como la disminución  indebida del saldo a favor del ejercicio dos mil cuatro.El  recurso de apelación dio lugar a la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 2119-3-2018, del dieciséis de marzo de  dos mil dieciocho (fojas cincuenta y uno a noventa y nueve  del tomo 28 del EAE), que revocó en parte la Resolución  de Intendencia Nº 150140009197, en el extremo de los  reparos por exceso de gastos de representación (cuenta  63784 “atenciones varias”), honorarios no sustentados  (asesoría financiera), ajustes de precios no sustentados,  pagos a cuenta de enero a febrero del año dos mil  cinco, la rebaja del cincuenta por ciento (50%) por  aplicación del régimen de incentivos (Resolución de Multa  Nº 012-002- 001559) y confirmó en los demás extremos. Sede  judicialDemandaEl  proceso  contencioso  administrativo inició con la interposición de la demanda por  parte de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas  Backus y Johnston S.A.A. (fojas setenta a ciento treinta y  nueve del EJE), en la cual postuló las siguientes  pretensiones:2a)  Pretensión  principal:  Por  plena  jurisdicción solicita que se revoque los reparos confirmados  a través de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02119-3- 2018 emitida el dieciséis de marzo dos mil dieciocho y, en  consecuencia, ordene a la administración proceder  conforme a la sentencia que se emita como resultado de la  tramitación  del  presente  proceso.b)  Pretensión  subordinada: Se declare la nulidad parcial de la Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 02119-3-2018 en el extremo que  confirma los puntos apelados por la demandante respecto  de la Resolución de Intendencia Nº 0150140009197.c)  Pretensión accesoria a la pretensión subordinada: Se  declare la nulidad de la Resolución de Intendencia Nº  0150140009197.La  empresa  demandante  esgrimió  argumentos respecto a los reparos formulados en sede  administrativa, que trascendieron hasta la instancia judicial;  principalmente, son los siguientes:a) Sobre el reparo por  “exceso de gastos de representación (visitas a fábricas)”:  Se cuestiona que la administración tributaria haya calificado  a tales gastos como gastos de representación; puesto que,  al tratarse de visitas realizadas por personas que no eran  clientes de la empresa, correspondía que aquellos se  consideren como gastos de promoción y publicidad.b)  Respecto del reparo por “actos de liberalidad”: Los gastos  por promociones de ventas fueron reparados por falta de  acreditación del principio de causalidad; sin embargo, se  observa la carente valoración de los medios probatorios,  especialmente de los contratos de exclusividad, que han  permitido  que  tiendas  minoristas  y  distribuidoras  comercialicen exclusivamente los productos de la empresa  y, por ende, incrementen sus ingresos.c) Con relación al  reparo por “presunción de renta ficta por comodato de  bienes del activo fijo”: La administración tributaria consideró  que se realizó una cesión de bienes muebles de activos  fijos (depreciables) a título gratuito, a pesar que se  demostró que dichos bienes no fueron cedidos en uso a  terceros, sino usado directamente por la empresa. No se  valoró el contrato de distribución y comodato.d) Sobre el  reparo por “pasajes aéreos y viáticos”: Se cuestiona que se  haya observado el no cumplimiento del principio decausalidad, cuando obran en autos informes elaborados  por los funcionarios de la empresa, en los que se listan las  actividades realizadas y la justificación de la necesidad de  los viajes. Esto es, la valoración probatoria fue aparente y  ello afectó el derecho a un pronunciamiento motivado.e)  Respecto del reparo por “honorarios varios no sustentados”:  A consideración de la SUNAT, el gasto relacionado al señor  Robilliard debía sustentarse con el contrato de prestación  de servicios suscrito con Lima Real S.A. y con comprobantes  de pago; sin embargo, ello es un desacierto porque existen  dos relaciones jurídicas distintas e independientes.f) Con  relación al reparo por “seguro de responsabilidad civil no  sustentado”: Se cuestiona que dicho gasto haya sido  calificado como un acto de liberalidad por no acreditar la  causalidad. Se soslayó que Bavaria S.A. contrató un  seguro de responsabilidad civil a favor de diversas  empresas de su grupo empresarial, entre ellos, la  demandante, quien es también beneficiada por la póliza  contratada.En esa misma línea, la demandante expuso  diversos argumentos relacionados a los principios de  razonabilidad, de no ejecutoriedad, entre otros. Estos se  detallan, a continuación, de forma sucinta:g) La resolución  impugnada vulnera el principio de razonabilidad en dos  aspectos: i) al capitalizar los intereses, e ii) inobservar la  prohibición de aplicar intereses moratorios, prevista en el  artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario.  En este caso, se han devengado intereses moratorios por  casi diez años, producto de la demora en la resolución del  recurso de apelación por parte del Tribunal Fiscal.h) Se ha  transgredido el principio de no ejecutoriedad (que opera  respecto  de  los  actos  administrativos  tributarios  oportunamente impugnados y no concluidos), puesto que,  las Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0019114 a  Nº 012-003-0019125, emitidas por concepto de pagos a  cuenta del impuesto a la renta de enero a diciembre de dos  mil cinco, se sustentan en la determinación de dicho tributo  respecto a los ejercicios de dos mil tres y dos mil cuatro, los  cuales han sido impugnados y aún no cuentan con  pronunciamiento firme. No se ha considerado que la  interposición de un recurso impugnatorio suspende la  ejecutoriedad de cualquier acto administrativo tributario de  contenido crediticio.i) La resolución impugnada contraviene  el precedente vinculante establecido en la Sentencia de  Casación Nº 4392-2013 Lima sobre el cobro indebido de  los intereses moratorios por los pagos a cuenta del  impuesto a la renta. Dicho precedente fue invocado en el  escrito ampliatorio del recurso de apelación, el cual es  aplicable al caso concreto, puesto que solo hay intereses  moratorios por pagos a cuenta de dicho impuesto cuando  estos no se realizan oportunamente (mensualmente y en  los plazos legales), es decir, las modificaciones posteriores  no inciden en cálculo de los coeficientes.j) Por último, la  SUNAT se negó a aplicar el régimen de incentivos  previsto en el artículo 179 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, pese a que la empresa pagó la multa  correspondiente a los reparos aceptados sin aplicar  ninguna reducción, y cumplió con todos los requisitos para  que dicho acogimiento se considere válido. Por tanto, el  Tribunal Fiscal se equivoca al mencionar que la interposición  de recurso impugnatorio automáticamente produce la  pérdida del referido régimen.La demanda es admitida a  trámite mediante resolución número dos, del veinticuatro  de julio de dos mil dieciocho (fojas ciento sesenta y cinco a  ciento sesenta y siete del EJE). Es contestada por ambas  entidades codemandadas SUNAT y Tribunal Fiscal (fojas  ciento setenta y cinco a doscientos dos, y doscientos once  a doscientos cincuenta y ocho del EJE, respectivamente).  Ante ello, se emite el auto de saneamiento procesal y  probatorio (fojas doscientos sesenta y tres a doscientos  sesenta y cinco del EJE) y se remite el expediente al  Ministerio Público.Sentencia de primera instanciaCon el  Dictamen Fiscal respectivo, en el que se opina que la  demanda debe declararse infundada (fojas doscientos  setenta y ocho a trescientos veinticuatro del EJE), el  Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad  Tributaria  y  Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió  la sentencia contenida en la resolución número diez, del  veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, que  declaró fundada en parte la demanda. Únicamente se  estimó el extremo referido al cobro de intereses  moratorios por los pagos a cuenta, relacionados con el  impuesto a la renta de los meses enero a diciembre del  ejercicio dos mil cinco, en aplicación del precedente  vinculante contenido en la Casación Nº 4392-2013 Lima;  por tanto, se declaró la nulidad parcial de dicho extremo de  la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02119-3-2018,  dejándose a salvo los demás extremos. Asimismo, sedeclaró improcedente la demanda sobre los argumentos  referidos a: i) la ausencia de motivación y vulneración del  debido procedimiento, y ii) la capitalización de intereses e  intereses moratorios, al no cumplir con agotar la vía  administrativa. Por último, se declaró improcedente la  demanda respecto a la aplicación del régimen de incentivos,  por falta de interés para obrar.Los principales fundamentos  para arribar a tal conclusión, fueron los siguientes:Reparosa)  Sobre el reparo por “exceso de gastos de representación  (visitas a fábricas)”: Los gastos considerados por la  demandante como promocionales y publicitarios, no están  dirigidos a la masa de consumidores reales o potenciales  con el objeto de publicitar las marcas de la empresa, sino a  clientes seleccionados por las distribuidoras; por tanto,  correspondía  que  se  clasifiquen  como  gastos  de  representación (en exceso), conforme a la ley del impuesto  a la renta y su reglamento.b) Respecto al reparo por “actos  de liberalidad”: Las entregas gratuitas de cervezas y  gaseosas, no constituyen gastos promocionales como  alegó la demandante, porque no se acreditó la relación de  causalidad entre dichos gastos y la generación de rentas  gravadas. Además, los contratos de exclusividad de ventas  de los productos de Backus y los comprobantes de pagos  adjuntados, no demuestran que existiera contraprestación.c)  Con relación al reparo por “presunción de renta ficta por  comodato de bienes del activo fijo”: La empresa cedió  bienes muebles en condición de comodato, tales como  botellas inflables, toldos, enfriadoras horizontales, entre  otros, y no acreditó (con documentación) que ello se haya  efectuado en el marco de una relación contractual mixta y  que fuera a título oneroso.d) Sobre el reparo por “pasajes  aéreos y viáticos”: Los distintos gastos por pasajes y  viáticos por viajes internacionales no fueron sustentados  con documentación pertinente e idónea que acredite la  necesidad de estos y su vinculación con la generación de  rentas o el mantenimiento de la fuente; a pesar de tener la  carga de la prueba. Aunado a ello, no ha sustentado los  motivos que sustentan la supuesta confidencialidad de la  información relacionada al viaje del señor Larrabure.e)  Respecto del reparo por “honorarios varios no sustentados”:  Subsistió el reparo referido al contrato que contiene  obligación de no hacer suscrito por la empresa demandante  con el señor Robilliard Casuso. La obligación de no hacer  consistía en no brindar asesoría en temas cerveceros y/o  gaseoseros que compitan con los de la demandante o  participar directa o indirectamente en actividades de la  competencia, por lo que Backus se obligaba a pagarle una  contraprestación a la firma del Convenio de No Hacer. Sin  embargo, no se presentó el contrato de prestación de  servicios con Lima Real S.A. ni el acuerdo de resolución  del mismo, lo cual impidió identificar que la obligación de  no hacer asumida por el señor Robilliard fue como  representante de Lima Real S.A. y no como persona  natural. A ello se añade que no presentó comprobantes de  pago. Por tal motivo, no se acreditó la causalidad del  gasto.f)  Con  relación  al  reparo  por  “seguro  de  responsabilidad civil no sustentado”: La demandante no  presentó la relación de directores y administradores de  Bavaria, considerados en las pólizas de seguros, así como  tampoco presentó documentación fehaciente que sustente  que, en caso de un siniestro, recibiría la indemnización  correspondiente. Por tanto, el desembolso constituyó un  acto de liberalidad.Principio de razonabilidadg) En el  recurso de apelación administrativa no se cuestionaron los  intereses moratorios ni la capitalización de estos, por lo  que, es correcto que el Tribunal Fiscal no se haya  pronunciado al respecto. A pesar de que dicho argumento  no ha cumplido con agotar la vía administrativa y, por ende,  deviene improcedente, se precisa que correspondía la  aplicación de capitalización de intereses porque la deuda  es del dos mil cinco, fecha en que no seguía vigente tal  regla.Principio  de  no  ejecutoriedad  de  los  actos  administrativosh) Todo acto administrativo es eficaz a partir  de la notificación legalmente realizada, que produce sus  efectos jurídicos. Asimismo, la interposición de recursos  impugnatorios no suspende la ejecución de las resoluciones  administrativas, por lo cual correspondía utilizar el impuesto  a la renta (sobre los ejercicios dos mil tres y dos mil cuatro)  calculado en las Resoluciones de Determinación Nº 012- 003-0012800  y  Nº  012-003-0017515.Sentencia  de  Casación Nº 4392-2013 Limai) En las Resoluciones de  Determinación Nº 012-003-0019114 a Nº 012-003-0019125,  emitidas por los pagos a cuenta del impuesto a la renta de  enero a diciembre del ejercicio dos mil cinco, se modificó el  coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del referido  ejercicio, en función a los resultados de la fiscalización de  los ejercicios dos mil tres y dos mil cuatro. Sin embargo, la  administración tributaria no consideró que la empresademandante cumplió de forma oportuna con realizar el  cálculo del coeficiente para determinar los pagos a cuenta,  por lo que, no correspondía la aplicación de intereses  moratorios.Aplicación del régimen de incentivosj) La  empresa carece de interés para obrar porque no se advierte  que se encuentre en estado de necesidad jurídica para que  se provea la tutela solicitada.Sentencia de vistaLa  sentencia emitida en primera instancia fue apelada, en el  siguiente orden, por la codemandada SUNAT (fojas  cuatrocientos treinta y tres a cuatrocientos cincuenta y  siete del EJE), por la empresa demandante (fojas  cuatrocientos sesenta y siete a quinientos treinta y dos del  EJE), y por el codemandado Tribunal Fiscal (fojas  quinientos treinta y seis a quinientos cincuenta del EJE).  Ante ello, la Séptima Sala Especializada en lo  Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad  Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de  Lima, emitió la sentencia de vista contenida en la resolución  número diecisiete, del tres de julio de dos mil veinte, que  confirmó la sentencia de primera instancia. Los principales  argumentos que sustentaron la decisión del Colegiado  Superior fueron los siguientes:Reparosa) Sobre el reparo  por “exceso de gastos de representación (visitas a  fábricas)”: La SUNAT determinó que los gastos dirigidos a  distribuidores y mayoristas no constituían gastos de  publicidad  comercial  masiva,  publicidad  estática  o  auspicios, por no estar dirigida a la masa de consumidores  reales o potenciales, sino solo a un grupo de clientes  seleccionados  por  las  distribuidoras  (vendedores  minoristas, detallistas, bodegueros, dueños de bares,  licorerías, etc.). En tal sentido, fueron gastos de  representación que se destinaron a proveedores de la  demandante y no a la gran masa de consumidores  potenciales, y que además excedieron del límite establecido  en el literal q) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de  la Ley del Impuesto a la Renta, por lo que no resultaban  deducibles.b)  Respecto  del  reparo  por  “actos  de  liberalidad”: En el expediente administrativo obran cartas  que hacen referencia a la donación de productos apelando  a la solidaridad y filantropía; asimismo, del conjunto de  pruebas, se advierte que la entrega estaba dirigida a  particulares, y no a consumidores reales o potenciales. Por  tanto, la empresa no acreditó con documentación  fehaciente la verdadera naturaleza de las entregas  gratuitas de sus productos a determinados particulares y  que estas hayan tenido como finalidad incrementar sus  ventas, ya sea a través de documentación contable o  documentación interna de marketing respecto de la medida  de promoción adoptada. De otro lado, los contratos de  exclusividad no demuestran la relación de causalidad entre  los gastos por entregas gratuitas de productos terminados  a particulares con la generación de la renta.c) Con relación  al reparo por “presunción de renta ficta por comodato de  bienes del activo fijo”: Los activos materia del reparo  fueron: equipos de frío, torre de cerámica, toldos, kioscos,  reflector y botellas inflables; los mismos que no son  indispensables para la comercialización de los productos,  ya que de no efectuarse tal entrega de bienes sería posible  obtener rentas gravadas. Además, los beneficiarios directos  con la publicidad y la utilización de los referidos bienes  cedidos son los clientes de la demandante. Por tanto, la  cesión temporal de bienes muebles se realizó a título  gratuito, ya que los bienes de propiedad de la demandante  se encontraron en posesión y uso de terceros generadores  de renta de tercera categoría, quienes no entregaron una  contraprestación a cambio.d) Sobre el reparo por “pasajes  aéreos y viáticos”: De la interpretación conjunta de los  artículos 37 (literal r) y 51-A del Texto Único Ordenado de la  Ley del Impuesto a la Renta, y los artículos 21 (literal n) y  29-B de su reglamento, se tiene que solo son deducibles  los gastos de viaje que sean indispensables, de acuerdo  con la actividad productora de la renta gravada, y que la  necesidad del viaje debe acreditarse con documentación  pertinente, por citar: correspondencia, pasajes, documentos  emitidos en el exterior (siempre que conste en ellos, por lo  menos, el nombre, denominación o razón social y el  domicilio del transferente o prestador del servicio, la  naturaleza u objeto de la operación, y la fecha y monto de  la misma), comprobantes de pago, contratos, etc. En el  caso, la empresa presentó pasajes aéreos y comprobantes  de pagos, pero ello no ha sido suficiente para acreditar la  necesidad de los viajes y la vinculación de estos con la  generación de renta y mantenimiento de la fuente.e)  Respecto del reparo por “honorarios varios no sustentados”:  No se presentó ningún contrato en el que conste la  obligación contractual de pagar una contraprestación por la  obligación de no hacer asumida por el señor Robilliard  Casuso. Asimismo, de acuerdo a lo pactado en el Conveniode No Hacer la contraprestación que se entregaría se  considera renta de cuarta categoría, de acuerdo al literal f)  del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley del  Impuesto a la Renta, en cuyo caso debía ser sustentada  con la emisión de un recibo por honorarios, conforme al  artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de Pago; sin  embargo, ello no sucedió.f) Con relación al reparo por  “seguro de responsabilidad civil no sustentado”: La  demandante no presentó la relación de directores y  administradores de Bavaria considerados en las pólizas de  seguros que han efectuado labores a su favor, así como  tampoco presentó documentación que sustente que en  caso se produjera uno de los siniestros contemplados en la  póliza, qué empresa o empresas del Grupo Empresarial  Bavaria recibiría la indemnización pagada por las  compañías de seguro. Aunado a ello, de la documentación  presentada, no se aprecia que las pólizas de seguro  contratadas por el Grupo Empresarial Bavaria tengan como  finalidad asegurar a los directores y/o gerentes de la  demandante por la responsabilidad civil que pudiese  derivarse del desempeño de las labores realizadas en ella.  Por tanto, el referido desembolso constituye un acto de  liberalidad.Inobservancia del deber de motivacióng) Si  bien, este extremo fue declarado improcedente mediante la  sentencia de primera instancia porque la demandante no  habría cumplido con agotar la vía administrativa, cabe  precisar que en el recurso de apelación no se fundamenta  en qué medida dicha decisión configuró un agravio para la  empresa. Además, de la revisión de la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 02119-3-2018 se aprecia que el colegiado  administrativo cumplió con motivar su decisión, conforme al  ordenamiento jurídico y con la exposición de razones  jurídicas.Principio de razonabilidadh) La sentencia de  primera instancia declaró improcedente este extremo  porque la demandante no habría cumplido con agotar la vía  administrativa, asimismo, en el recurso de apelación no se  fundamenta en qué medida dicha decisión configuró un  agravio para la empresa. Pese a ello, de la revisión del  expediente administrativo, se advierte que en instancia  administrativa no estuvieron en controversia la inaplicación  de intereses moratorios por el exceso del plazo para  resolver ni la regla de capitalización de los mismos. Principio  de  no  ejecutoriedad  de  los  actos  administrativosi) Los actos administrativos tienen carácter  ejecutorio sin necesidad de acudir a un pronunciamiento  judicial, por lo que la interposición de un recurso  administrativo o una demanda judicial no suspenden su  ejecución. Por tanto, correspondía que la SUNAT utilice el  impuesto a la renta calculado, pero sin el cobro de intereses  correspondientes a los ejercicios dos mil tres y dos mil  cuatro.Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Limaj)  Mediante las Resoluciones de Determinación Nº 012-003- 0019114 a Nº 012-003-0019125, emitidas por concepto de  pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero a diciembre  de dos mil cinco, la administración modificó el coeficiente  aplicable a los pagos a cuenta de dicho ejercicio, en función  a los resultados a fiscalización del impuesto a la renta de  los ejercicios dos mil tres y cuatro (Resoluciones de  Determinación Nº 012-003-0012800 y Nº 012-003- 0017515). De acuerdo a la base fáctica de la Casación Nº  4392-2013 Lima y la base fáctica del caso concreto, se  advierte que existe semejanza exacta, por lo que las reglas  que constituyen precedente vinculante en dicha casación  son aplicables al presente caso. En consecuencia, las  entidades codemandadas SUNAT y Tribunal Fiscal  realizaron una interpretación extensiva del inciso a) del  artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto  a la Renta y el artículo 34 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, ya que lo correcto era emplear el  contenido en la declaración jurada primigenia al ser esta  última la vigente al momento de la presentación de las  declaraciones juradas observadas.Aplicación del régimen  de incentivosk) La demandante no ha sustentado el  agravio, pues solo se limita a reiterar la pérdida del referido  incentivo. Sin embargo, se ratifica la postura del Juzgado,  pues conforme a lo resuelto en la resolución del Tribunal  Fiscal impugnada ─en la que le otorga la razón─, la  empresa carece de interés para obrar.Fundamentos por  los cuales se han declarado procedentes los recursos  de casaciónConforme se advierte de los actuados, los  codemandados SUNAT y Tribunal Fiscal han interpuesto  recurso de casación, los cuales fueron declarados  procedentes por esta Sala Suprema (fojas cuatrocientos  treinta y tres a cuatrocientos cuarenta del cuaderno de  casación). A continuación, se reproducen textualmente los  resúmenes que en los autos de procedencia se realizó, en  su oportunidad:Recurso de casación de la codemandada  SUNAT:a) Arbitrariedad manifiesta en la sentencia desegundo grado, que vulnera su derecho fundamental a  la debida motivación y debido proceso. Sostiene que las  instancias de mérito han fundamentado su decisión  considerando que los hechos analizados en la Casación Nº  4293-2013 guarda similitudes fácticas con el presente  caso; en ese sentido, le serían aplicables las conclusiones  arribadas en la citada casación.b) Interpretación errónea  del artículo 34 del Código Tributario y del artículo 85 de  la Ley del Impuesto a la Renta. Alega vulneración del  referido dispositivo en la sentencia de vista, porque esta se  sustenta en el criterio de no aplicar intereses moratorios a  los pagos a cuenta que fueron efectuados en su  oportunidad, pero, erradamente, contraviene lo dispuesto  en el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario y lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley del  Impuesto  a  la  Renta.Recurso  de  casación  del  codemandado Tribunal Fiscal:a) Interpretación errónea  del inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la  Renta y del artículo 34 del Código Tributario.Sostiene  que la interpretación conjunta de ambos dispositivos  normativos sanciona con la aplicación de intereses  moratorios por el no abono oportuno de los pagos a cuenta  del impuesto a la renta, y que la Sala Superior no ha tenido  en cuenta que el supuesto de la norma tiene que ver con la  omisión, sea total o parcial. Por tanto, no existe razón  constitucional  o  legal  que  sustente  una  posición  interpretativa en contrario, puesto que el artículo 34 del  Código Tributario no se limita a la omisión total del  cumplimiento de la prestación.b) Inaplicación del artículo  88 del Código Tributario. Sostiene que las instancias de  mérito no han valorado que el contribuyente determinó la  base de cálculo incorrectamente y/o no se usó el coeficiente  que correspondía, con lo que se infringió las obligaciones  de determinar y declarar correctamente. Esto implica  consecuencias relacionadas con la generación de intereses  moratorios por no haberse ingresado al fisco el monto  correcto que correspondía en el plazo de ley.c)  Contravención de las normas del debido proceso:  vulneración de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo  139 de la Constitución Política del Estado. Sostiene que  la Sala Superior incurrió en vicio de motivación y en  arbitrariedad  manifiesta,  porque  debió  emitir  un  pronunciamiento respecto a la aplicación del control difuso  que sustente la inaplicación de los intereses moratorios  regulados en el artículo 34 del Código Tributario. Concluye  que el contribuyente está obligado a determinado  comportamiento y no puede alegar ese error a efectos de  beneficiarse económicamente por su propia negligencia,  toda vez que ello supondría incurrir en un supuesto de  abuso  de  derecho  y  enriquecimiento  sin  causa. FUNDAMENTOS  DE  ESTA  SALA  SUPREMACONSIDERANDOPrimero: Planteamiento del  problemaDe acuerdo a los hechos acontecidos en  instancia administrativa, se tiene que la empresa  demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y  Johnston S.A.A. fue fiscalizada por el impuesto a la renta  del dos mil cinco y que producto de ello, la administración  tributaria emitió diversos valores (Resoluciones de  Determinación y de Multa). Los reparos formulados a la  base imponible del mencionado tributo, principalmente se  sustentaron en la falta de acreditación de los gastos  incurridos (causalidad y fehaciencia). Por otro lado, se  observó el cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la  renta del ejercicio gravable cuestionado, y se emitieron  multas vinculadas a dicha observación y a los acotados  reparos.Así las cosas, con la decisión del Tribunal Fiscal  que confirmó diversos reparos, transcendieron hasta  instancia judicial seis de estos; a ello, se añadieron  cuestionamientos a los principios de razonabilidad y de  ejecutoriedad de resoluciones administrativas, así como,  relacionados a la contravención de la Casación Nº 4392- 2013 Lima y la aplicación del régimen de incentivos.El  Juzgado declaró infundado el extremo de la demanda  referido a los reparos impugnados; principalmente, porque  algunos  gastos  incurridos  por  la  demandante  no  demostraron ser causales y, en otros casos, no fueron  sustentados con documentación pertinente e idónea,  cuestionándose  su  fehaciencia.  Por  su  parte,  los  argumentos referidos a la ausencia de motivación y  vulneración del debido procedimiento, y a la afectación del  principio de razonabilidad por aplicación de la regla de  capitalización de intereses e intereses moratorios, fueron  declarados improcedentes por la falta de agotamiento de la  vía administrativa. De igual modo, el argumento referido a  la inaplicación del régimen de incentivos, fue declarado  improcedente por falta de interés para obrar de la  demandante. Sin embargo, se declaró fundado el extremo  de la demanda vinculado a la procedencia de interesesmoratorios por los pagos a cuenta del impuesto a la renta  del ejercicio dos mil cinco, en aplicación de la Sentencia de  Casación Nº 4392-2013 Lima; puesto que, el Juez  consideró que el cálculo del coeficiente del referido  concepto se realizó de forma oportuna, independientemente  de la modificación posterior que se suscitó por las  fiscalizaciones de los ejercicios dos mil tres y dos mil  cuatro.La Sala Superior confirmó todos los extremos de la  sentencia de primera instancia, por lo que, a efectos de no  redundar en el tema, se precisa que su decisión siguió el  mismo razonamiento lógico jurídico que el Juzgado.Bajo el  contexto narrado, se advierte que la cuestión controvertida  analizada por las instancias de mérito, que únicamente ha  transcendido a esta instancia extraordinaria de casación,  se centra en la procedibilidad de los intereses  moratorios por los pagos a cuenta del impuesto a la  renta del ejercicio dos mil cinco, por la modificación del  cálculo del coeficiente de tal concepto, y la aplicación de  la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima. Sobre la  base de lo expuesto, se analizará la fundabilidad de los  recursos de casación presentados por las entidades  codemandadas SUNAT y Tribunal Fiscal, respecto de las  infracciones normativas declaradas procedentes mediante  auto calificatorio Nº 9438-2020 Lima, del dieciocho de  noviembre de dos mil veintiuno.En esa misma línea,  partiendo de las facultades de esta Sala Suprema, debe  quedar claro que el análisis no implicará la realización de  labor valorativa de las pruebas actuadas y los aspectos  fácticos acontecidos.Segundo: Finalidad del recurso de  casaciónSegún lo establecido en el artículo 384 del Código  Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº  29364, el recurso de casación tiene por fines esenciales la  adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto  y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema  de  Justicia  (finalidad  nomofiláctica  y  uniformizadora, respectivamente), aspecto precisado por  las Casaciones Nº 4197- 2007 La Libertad y Nº 615-2008  Arequipa3. Por tanto, esta Sala Suprema, sin constituirse  en una tercera instancia procesal, debe cumplir su deber  de pronunciarse acerca de los fundamentos de los recursos  por  las  causales  declaradas  procedentes.Asimismo,  considerando que en los recursos de casación objeto de  análisis se han formulado infracciones normativas de  carácter procesal (error in procedendo) e infracciones  normativas de carácter material (error in iudicando), que  fueron declaradas procedentes, corresponde, en primer  término, que esta Sala Suprema emita pronunciamiento  respecto a la denuncia de carácter procesal, toda vez que,  de ser estimada, carecería de objeto pronunciarse sobre  las demás causales. Solo en caso se desestimen las  infracciones normativas de carácter procesal, se analizarán  las infracciones normativas de carácter material.Infracción  normativa  de  carácter  procesal  formulada  por  la  codemandada SUNATTercero: Análisis de la infracción  normativa consistente en la vulneración de los  derechos fundamentales a la motivación de las  resoluciones judiciales y al debido proceso, por la  arbitrariedad manifiesta de la sentencia de vista4.3.1.  De los argumentos expuestos por la entidad recurrente, se  desprende que cuestiona que la Sala Superior haya  aplicado la Sentencia Casación Nº 4293-2013 Lima y no la  Casación Nº 5048-2012 y su aclaratoria. Ello, a pesar de  que, en primer lugar, la jurisprudencia aplicada únicamente  fija como precedente vinculante los alcances de la norma  VIII del título preliminar del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, relacionado a los métodos adecuados  para la interpretación de normas tributarias; y, en segundo  lugar, los hechos analizados en la Casación Nº 4293-2013  Lima son diferentes a los acontecidos en este caso, en  aquel caso la modificación del coeficiente fue por una  rectificación voluntaria, y en este caso la modificación fue a  razón a un fiscalización.3.2. El derecho a la motivación de  las resoluciones judiciales, está regulado en el inciso 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú, conforme  al siguiente texto:Constitución Política del Perú de  1993Artículo 139.- Principios de la Administración de  JusticiaSon  principios  y  derechos  de  la  función  jurisdiccional:[…]5.  La  motivación  escrita  de  las  resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los  decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley  aplicable y de los fundamentos de hecho en que se  sustentan.[…]Por su parte, el derecho al debido proceso  está regulado en el inciso 3 de la acotada norma  constitucional:Constitución  Política  del  Perú  de  1993Artículo 139.- Principios de la Administración de  JusticiaSon  principios  y  derechos  de  la  función  jurisdiccional:[…]3. La observancia del debido proceso y la  tutela jurisdiccional.Ninguna persona puede ser desviadade la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a  procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni  juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por  comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su  denominación.Ambos derechos se relacionan entre sí,  porque el derecho al debido proceso y a la tutela  jurisdiccional reconoce a la exigencia de la motivación  suficiente como una garantía, por el cual toda persona  tiene derecho a obtener una resolución fundada en derecho  mediante decisiones en las que los Jueces expliciten en  forma suficiente las razones de sus fallos, con mención  expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los  determinaron. Así las cosas, el derecho a la debida  motivación de las resoluciones judiciales garantiza que el  justiciable pueda comprobar que la solución del caso  concreto viene dada por una valoración racional de la  fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las  disposiciones jurídicas pertinentes, y no nace de una  arbitrariedad de los magistrados, caso en el cual sería  posible afirmar que una resolución que carezca de  motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino  también principios de nivel constitucional.3.3. La garantía  de la motivación de las resoluciones judiciales también  está regulada en el artículo 12 de la Ley Orgánica del  Poder  Judicial,  que  prevé  lo  siguiente:Todas  las  resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son  motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los  fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza  a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que  absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los  fundamentos de la resolución recurrida, no constituye  motivación suficiente.De la misma forma, el Código  Procesal Civil establece, en los incisos 3 y 4 de su artículo  122, que las resoluciones contienen:[…]3. La mención  sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución  con las consideraciones, en orden numérico correlativo,  de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión,  y los respectivos de derecho con la cita de la norma o  normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo  actuado;4. La expresión clara y precisa de lo que se decide  u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el  Juez denegase una petición por falta de algún requisito o  por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio,  deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la  norma correspondiente;[…]. [Énfasis nuestro]Asimismo, el  proceso regular en su expresión de motivación escrita de  las resoluciones judiciales entiende que una motivación  defectuosa  puede  expresarse  en  los  siguientes  supuestos:a) Falta de motivación propiamente dicha:  cuando se advierte una total ausencia de motivación en  cuanto a la decisión jurisdiccional emitida en el caso  materia de conflicto, sea en el elemento fáctico y/o  jurídico.b) Motivación aparente: cuando el razonamiento en  la sentencia sea inconsistente y se sustente en conclusiones  vacías que no guardan relación con el real contenido del  proceso.c) Motivación insuficiente: cuando se vulnera el  principio lógico de la razón suficiente, es decir, cuando el  sentido de las conclusiones a las que arriba el juzgador, no  se respaldan en pruebas fundamentales y relevantes, de  las cuales este debe partir en su razonamiento para lograr  obtener la certeza de los hechos expuestos por las partes y  la convicción que lo determine en un sentido determinado,  respecto de la controversia planteada ante la judicaturad)  Motivación defectuosa en sentido estricto: cuando se violan  las leyes del hacer/pensar, tales como de la no contradicción  (nada puede ser y no ser al mismo tiempo), la de identidad  (correspondencia de las conclusiones a las pruebas), y la  del tercio excluido (una proposición es verdadera o falsa,  no hay tercera opción), entre otras que suponen la omisión  de los principios elementales de la lógica y la experiencia  común.En tal sentido, es pertinente anotar que esta Sala  Suprema entiende que la idea de motivación no alude a  una justificación profusa, abundante o retórica, sino a  la exigencia de un mínimo de motivación congruente,  en cuya ratio decidenci puedan observarse las razones por  las que la Sala Superior llegó a la decisión correspondiente.  Ello se condice con la postura del Tribunal Constitucional,  expresada por ejemplo en el fundamento 5 (literal e) de la  sentencia recaída en el Expediente Nº 04295-2007-PHC/ TC:5. Sin embargo no todo ni cualquier error en el que  eventualmente incurra una resolución judicial constituye  automáticamente  una  violación  del  contenido  constitucionalmente protegido del derecho a la motivación  de las resoluciones judiciales. A juicio del Tribunal, el  contenido constitucionalmente garantizado de este derecho  queda delimitado en los siguientes supuestos: […]e) La  motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la  tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debidamotivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales  a resolver las pretensiones de las partes de manera  congruente con los términos en que vengan planteadas, sin  cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan  modificación o alteración del debate procesal (incongruencia  activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca  tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su  control en sede constitucional. El incumplimiento total de  dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las  pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate  judicial generando indefensión, constituye vulneración del  derecho a la tutela judicial y también del derecho a la  motivación de la sentencia (incongruencia omisiva).3.4.  Siguiendo esa misma línea, el Tribunal Constitucional  también ha señalado que en las decisiones judiciales no es  necesaria una profusa fundamentación. Por citar, los  siguientes casos:Sentencia recaída en el Expediente Nº  02050-2005-HC/TC:  Caso  Walter  Lee.Uno  de  los  contenidos del derecho al debido proceso es el de obtener  una respuesta razonada, motivada y congruente con las  pretensiones oportunamente planteadas por las partes en  cualquier clase de procesos. La Constitución no garantiza  una determinada extensión de la motivación, por lo que su  contenido esencial se respeta siempre que exista  fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo  resuelto y por sí misma exprese una suficiente justificación  de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o  se presenta el supuesto de motivación por remisión.  (Fundamentos Jurídicos 9 y 11).Sentencia recaída en el  Expediente Nº 04228-2005-HC/TC: Caso Gustavo Adolfo  La Torre Gálvez.El derecho a la debida motivación de las  resoluciones judiciales se respeta siempre que exista  fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo  resuelto y, por sí mismo exprese una suficiente justificación  de la decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa, o  se presenta un supuesto de motivación por remisión  (Fundamento Jurídico 1).Así las cosas, la protección del  derecho de defensa implica la observancia del principio de  congruencia, por el cual, el juez al momento de resolver  debe atenerse a los hechos de la demanda y de la  contestación, que hayan sido alegados y probados. De  modo que, de producirse una transgresión a este  principio procesal el efecto será la nulidad de la  resolución judicial, conforme disponen el artículo VII del  título preliminar del Código Procesal Civil, los incisos 3 y 4  del artículo 122 y el inciso 6 del artículo 50 del mismo  código. En esa misma línea, se ha pronunciado la Corte  Suprema, respecto a la observancia del principio de  congruencia procesal5. Por tanto, el derecho a la motivación  de las resoluciones judiciales, reconocido en el inciso 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú, implica  que los jueces están obligados a expresar las razones o  justificaciones objetivas que sustentan sus decisiones, en  relación con los hechos demandados y controvertidos.Bajo  el contexto narrado, solo se podrá decir que existe  motivación suficiente por parte del órgano jurisdiccional y  que, por ende, se han respetado los derechos a la  motivación de las resoluciones y al debido proceso, cuando  se emita pronunciamiento respecto del íntegro de las  cuestiones debatidas en el procedimiento administrativo y  el proceso judicial.3.5. De la revisión de la sentencia de  vista, se advierte que el considerando vigésimo señala que  el criterio contenido en la Casación Nº 4392-2013 Lima es  aplicable al caso de autos porque la base fáctica analizada  en dicho pronunciamiento es semejante a la analizada en  este proceso judicial. La Sala Superior no arriba a tal  conclusión sin sustento alguno y sin previamente realizar la  justificación debida, en tanto, expresamente realizó una  comparación entre la base fáctica de la Sentencia de  Casación Nº 4392-2013 Lima y la base fáctica del caso  concreto. Por tanto, no se puede colegir que la decisión  judicial cuestionada adolece de defectos en su motivación  y que, por ende, vulnera los derechos al debido proceso y  a la tutela jurisdiccional.Aunado a ello, los argumentos  expuestos por la recurrente para sustentar la indebida  motivación de la sentencia de vista, en realidad están  dirigidos a cuestionar el criterio interpretativo del Colegiado  Superior respecto a la aplicación de la Casación Nº 4392- 2013 Lima; de modo que, se debe tener presente que la  cualidad interpretativa de los fundamentos de una  resolución judicial no determinan la vulneración del derecho  a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en  tanto, dicha garantía no depende de la interpretación  jurídica que cada parte procesal le otorga a determinada  disposición normativa y/o jurisprudencia ─o interpretación  de esta─, como en el caso en concreto sucede con la  recurrente. La interpretación que el órgano jurisdiccional  realice sobre una norma o jurisprudencia no siempre seráacorde a los intereses de las partes procesales, empero,  ello no inválida la resolución que contiene tal interpretación. En consecuencia, se ha determinado que la infracción  normativa  de  carácter  procesal  formulada  por  la  codemandada SUNAT carece de sustento; por tanto,  corresponde  desestimarla.3.6.  Sin  perjuicio  de  lo  expuesto, considerando que este Supremo Tribunal ha  emitido pronunciamiento en casos similares, respecto a la  aplicabilidad  y  alcances  del  precedente  vinculante  contenido en la Sentencia de Casación Nº 4293-2013 Lima,  se harán precisiones al respecto.3.6.1. En primer lugar, se  debe establecer de forma clara que en la Sentencia de  Casación Nº 4392-2013 Lima, se estableció con carácter  de precedente vinculante, lo siguiente:QUINTO: Precedente  vinculante5.2.1 La Norma VIII del Título Preliminar del  Código Tributario no descarta la aplicación de la analogía  tampoco la interpretación extensiva ni restrictiva, admitidas  en el derecho para cierto tipo de normas; sino que el uso se  encuentra limitado por la prohibición del segundo párrafo  de la Norma anotada, resultando para ello muy importante  que el Juez seleccione el método adecuado al tipo de  disposición tributaria a interpretar.5.2.2 No resultan  pertinentes la interpretación extensiva ni la restrictiva para  interpretar disposiciones que restringen derechos, ni para  normas que establecen obligaciones como el caso de los  pagos a cuenta del Impuesto a la Renta previstos en el  numeral a) del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la  Ley del Impuesto a la Renta, y para los casos de aplicación  de intereses moratorios previstos en el artículo 34 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario. [Énfasis nuestro] Según se aprecia, el criterio vinculante en dicha  jurisprudencia está referido a la interpretación de las  normas tributarias que corresponde en estos casos, así  como a la pertinencia de algunos métodos de interpretación.  Aunado a ello, de la citada casación se desprende que,  para que no proceda la aplicación de intereses moratorios,  es necesario que, en primer lugar, la determinación de los  pagos a cuenta del impuesto a la renta se realice siguiendo  el procedimiento legal establecido en la ley que regula tal  impuesto; y, en segundo lugar, que la cancelación de los  pagos a cuenta se realice en el plazo oportuno dispuesto  en el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario.3.6.2. Ahora bien, el artículo 37 del Texto Único  Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que Regula el Proceso  Contencioso  Administrativo,  aprobado  por  Decreto  Supremo Nº 013-2008-JUS, y sus modificatorias por el  Decreto Legislativo Nº 1067, vigente el momento de los  hechos, señala sobre los principios jurisprudenciales  que:Cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte  Suprema fija en sus resoluciones principios jurisprudenciales  en  materia  contencioso  administrativa,  constituyen  precedente vinculante.Los órganos jurisdiccionales podrán  apartarse de lo establecido en el precedente vinculante,  siempre que se presenten circunstancias particulares en el  caso que conocen y que motivan debidamente las razones  por las cuales se apartan del precedente. […]Asimismo,  sobre los criterios jurisprudenciales, Adrián Coripuna6  indica lo siguiente:[...] la doctrina jurisprudencial vinculante  resalta de modo especial una de las más importantes  funciones que tiene la jurisprudencia como es la función  institucional. En efecto, los altos tribunales de justicia  tienen como una de las principales funciones la de proveer  a la sociedad de criterios, orientaciones y principios que  sirvan para crear la regla que lleva a la solución de casos,  de manera que en el futuro los poderes públicos y  ciudadanos puedan contar con tales elementos que no  hacen sino complementar el ordenamiento jurídico.Sin  embargo, es importante precisar que los alcances de la  Casación Nº 4392-2013 Lima están referidos a la no  aplicación de intereses moratorios por los pagos a cuenta  como consecuencia de la rectificación voluntaria por el  contribuyente. Por tanto, no pueden ser considerados  aquellos casos en los cuales la rectificación del coeficiente  para determinar los pagos a cuenta, sean como  consecuencia de una fiscalización. De modo que, la razón  que sustenta la decisión de la Corte Suprema en el  precedente vinculante es importante, porque delimita su  ámbito de aplicación; incluso, ello ha sido compartido por  el Tribunal Constitucional, como se verá posteriormente. Adicionalmente, en cuanto a los intereses moratorios, es  importante tener en cuenta lo señalado en la parte final del  fundamento  3.8.  de  la  Casación  4392-2013  Lima:Desprendiéndose de la norma identificada que si  están afectos a la aplicación de intereses moratorios los  abonos mensuales pues si bien no tiene naturaleza del  tributo si son obligaciones de abono al que la ley le ha  atribuido el carácter de pago a cuenta del impuesto a la  renta (conforme numeral a) del artículo 85 de la ley delimpuesto a la renta) identificando la norma del artículo 34  del código tributario vinculado al caso la que establece que  los abonos con carácter de pagos a cuenta a cargo de los  contribuyentes que perciben rentas de tercera categoría  cómo generan intereses moratorios cuando no son  abonados oportunamente en los plazos de ley.3.6.3. El  Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre los  precedentes vinculantes y su relación respecto al contenido  en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima. Por citar,  en el fundamento jurídico décimo segundo de la sentencia  recaída en el Expediente Nº 04119-2005-PA/TC, se indica  que:[…] las sentencias no sólo comprenden el fallo (o parte  dispositiva), sino que lo más trascendente en un Tribunal  […], son precisamente las “interpretaciones” que se ubican  en la parte de la justificación del fallo. Como se ha  observado, dentro de la motivación hay que ubicar la  denominada ratio decidendi – o ‘hilo lógico’ del razonamiento  de los jueces-, que comprende en los sistemas del common  law tanto el principio de derecho como el hecho relevante  considerado por el Juez (holding), como también las  denominadas obiter dicta o razones subsidiarias. Son las  razones decisivas para el caso las que vinculan, más no las  consideraciones tangenciales o de aggiornamento (obiter  dicta).Por tanto, significa que es de suma relevancia  diferenciar la parte dispositiva de la ratio decidendi y de los  argumentos periféricos.El Tribunal Constitucional7, incluso,  tiene en cuenta que el hecho de determinar el coeficiente  de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de un  determinado ejercicio y que posteriormente se produzca  una redeterminación de tal coeficiente por rectificación  voluntaria del contribuyente, trae como consecuencia que  este asuma la responsabilidad del pago debido (el  diferencial) cuando no fue realizado oportunamente o no  fue declarado correctamente:[…]4. La carga de determinar  y declarar correctamente sus deudas tributarias, así  como cancelarlas oportunamente corresponde al  deudor, si producto de la fiscalización posterior de  parte de la Administración Tributaria, se detectan  inconsistencias, ésta se encuentra en la ineludible  obligación de enmendar tal situación a través de los  mecanismos  legales  establecidos  y  liquidarla  correctamente, así como imponer las sanciones que  correspondan a fin de desincentivar este tipo de  conductas.5. Si el actor declara una deuda menor a la que  le corresponde, tiene que necesariamente hacerse  responsable de asumir tanto la deuda no cancelada  oportunamente como de los intereses y multas que  correspondan […]. [Resaltado nuestro].Sobre esto, se ha  precisado que el no haber efectuado la declaración jurada  con ajuste a la veracidad, y como consecuencia de ello  haber efectuado un cálculo errado del coeficiente, trae  como consecuencia que el monto establecido como pago a  cuenta haya sido determinado en un monto inferior. Por  tanto, su pago no se ajusta a la legalidad y, por ende, no se  debería convalidar con el término de “oportuno” referido en  el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario. Esto, porque el diferencial no pagado como  consecuencia de la declaración no ajustada a la veracidad,  es un pago a cuenta (en cuanto al diferencial) no pagado  oportunamente, y por ende se encuentra, en estricto,  dentro de los alcances del pago no oportuno (en cuanto al  diferencial), establecido en el artículo 34 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, y corresponde legalmente  el pago correspondiente de los intereses moratorios,  conforme al principio de legalidad establecido en el numeral  1.4 del artículo IV del título preliminar de la Ley Nº  27444.3.6.4. Empero, es pertinente señalar que la  aplicación del precedente se encuentra circunscrita a  determinados lineamientos desarrollados en doctrina, los  cuales legitiman su aplicación. Tales lineamientos justifican  la similitud o distinción fáctica del caso concreto y del caso  del precedente vinculante:Siendo así, solo será precedente  vinculante, si el caso posterior al que se quiere aplicar el  precedente judicial, guarda las mismas características o el  conflicto gira sobre la base de las mismas circunstancias  fácticas y jurídicas. Es decir, la Ratio Decidendi entra a  tallar como una pieza de un rompecabezas; en cambio,  sino es así, uno se aparta del precedente explicando  que a pesar de tratarse de un hecho similar, las  circunstancias fácticas o el punto controvertido no  guardan relación con las condiciones que han motivado  la decisión del precedente del cual se pretende apartar.8  [Énfasis nuestro]A nivel jurisprudencial, el Tribunal  Constitucional también ha mencionado este procedimiento  o técnica tomada de la doctrina del precedente de origen  anglosajón o “common law”, denominada el “distinguishing”,  consistente en analizar el relato fáctico de la resolución  anterior (precedente) y determinar si coincide con loshechos del proceso sobre el que se debe dictar sentencia.  Esta doctrina desarrollada jurisprudencialmente por el  Tribunal Constitucional, también es aplicable al ámbito  judicial, pues comparten un mismo origen, que es la  doctrina del precedente del “common law”. Así, tenemos  que:8. […], un precedente constitucional obliga a que a  todos los jueces: (i) lo apliquen -apply- en caso adviertan  “la existencia de similitudes fácticas entre el caso a resolver  y aquél del que emana el precedente”; o, (ii) lo sigan  -follow- en caso verifiquen “la existencia de similitudes  y diferencias fácticas; las que en el caso de estas  últimas no justifican un trato jurídico distinto”; o (iii) se  aparten del mismo -distinguish- si objetivamente no se  cumple ni lo uno ni lo otro (cfr. párrafo 57 de la Sentencia  00024-2003-AI/TC, cita no textual).9[Énfasis nuestro]3.6.5.  Ahora bien, la Corte Suprema ha emitido pronunciamiento  en la Casación Nº 4392-2013 Lima, sobre la aplicación de  intereses moratorios por modificación del coeficiente de los  pagos a cuenta del impuesto a la renta, en el que han  analizado las infracciones denunciadas correspondientes a  la circunstancias fácticas y jurídicas del precedente  vinculante (que aparecen en el fundamento 4.3); sin  embargo, se debe enfatizar que dichos fundamentos no  constituyen las reglas del precedente, porque la Corte  Suprema  solo  ha  establecido  con  carácter  de  precedente vinculante, lo señalado en el considerando  quinto de la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima  (proscripción de la interpretación extensiva y restrictiva  respecto de disposiciones que restringen derechos y  normas que establecen obligaciones, como es el caso de  los pagos a cuenta del impuesto a la renta previstos en el  numeral a) del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la  Ley del Impuesto a la Renta, y para los casos de aplicación  de intereses moratorios previstos en el artículo 34 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario).Infracción normativa  de carácter procesal formulada por el codemandado  Tribunal  FiscalCuarto:  Análisis  de  la  infracción  normativa consistente en la vulneración de lo dispuesto  en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú10.4.1. El recurrente cuestiona la  motivación de la sentencia recurrida por la aplicación de la  Casación Nº 4392-2013 Lima porque, según considera, la  Sala Superior no explicó las razones por las cuales aplicó  dicha jurisprudencia. Sin embargo, conforme a lo expuesto  en el fundamento tercero de la presente Ejecutoria  Suprema, se colige que ello es erróneo porque la decisión  judicial cuestionada sí contiene justificación expresa que  sustente la aplicación de la citada casación. Como se ha  indicado, el Colegiado Superior realizó la comparación y  análisis de la base fáctica del caso discutido en el  pronunciamiento supremo y del caso concreto, y a partir de  ello concluyó lo siguiente:[…] resulta indubitable que existe  semejanza exacta entre el caso analizado y la base fáctica  expuesta en la Casación Nº 4392-2013-Lima; por lo que las  reglas que constituyen precedentes vinculantes en dicha  casación, resultan aplicables al presente caso. […]La  discrepancia con el carácter interpretativo que utilice el  órgano jurisdiccional no es pasible de sancionarse con  nulidad, en tanto, se cumpla con mínimo exigible de  motivación que toda resolución debe contener, como ha  sucedido en el caso concreto. Por tal motivo, se ratifica que  la sentencia de vista no adolece de nulidad por indebida  motivación, lo que no quiere decir que este Supremo  Tribunal comparte ineludiblemente su postura.4.2. Ahora  bien, otro argumento del recurrente para sustentar la  acotada causal casatoria, consiste en que la Sala Superior  no habría ejercido válidamente el control difuso de la  constitucionalidad de las leyes, al inaplicar el artículo 34  del Texto Único Ordenado del Código Tributario.Al respecto,  se precisa que para la emisión de la sentencia de vista no  se aplicó control difuso, puesto que la conclusión a la que  arribó el Colegiado Superior no implicó la inaplicación de la  mencionada norma, sino la inaplicación de los intereses  moratorios por pagos a cuenta del impuesto a la renta que  regula esta, lo cual no es lo mismo. Precisamente en los  considerandos vigésimo y vigésimo primero de la decisión  judicial  cuestionada  se  desarrollaron,  analizaron  e  interpretaron los alcances del artículo 34 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, conjuntamente con el  inciso a) del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley  del Impuesto a la Renta y la norma VIII del código citado;  sobre esta base y en aplicación de las reglas jurídicas  contenidas en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013  Lima, se determinó que no era pertinente emplear la  interpretación extensiva o restrictiva para la interpretación  de las normas contenidas en los precitados artículos 34 y  85, sino la interpretación literal, a fin de conocer la  cabalidad del sentido normativo de estas. Así las cosas,considerando que en el caso concreto la empresa  demandante habría realizado el cálculo y pago (de forma  oportuna) de los pagos a cuenta del impuesto a la renta del  ejercicio dos mil cinco, se concluyó lo siguiente:[…] VIGÉSIMO: […]En ese sentido, de los argumentos  expuestos por las codemandadas (SUNAT y Tribunal  Fiscal), se tiene que realizan una interpretación extensiva  de los artículos citados, pues lo correcto era emplear el  contenido en la declaración jurada primigenia al ser  ésta última la vigente al momento de la presentación de  las declaraciones juradas observadas, en consecuencia,  no resulta aplicable al presente caso los intereses  moratorios previstos en el artículo 34 del TUO del  Código Tributario, en tanto, dicha norma sanciona con el  pago de intereses moratorios el pago no oportuno de los  anticipos y pagos a cuenta, supuesto que no ocurrió en el  presente caso. […].[Énfasis nuestro].4.3. De esta forma,  debe quedar claro que la Sala Superior no realizó control  difuso y que, por ende, el argumento alegado por el  recurrente Tribunal Fiscal no tiene asidero alguno. De ahí  que, se corrobora que la sentencia recurrida se emitió en  respeto irrestricto del derecho a la motivación de las  resoluciones judiciales, por lo que, corresponde desestimar  la infracción normativa de carácter procesal.Ahora bien, se  procederá con el análisis de las infracciones normativas de  carácter  material  formuladas  por  ambas  entidades  recurrentes, para lo cual se tendrán en cuenta los  fundamentos  esbozados  con  anterioridad.Infracción  normativa de carácter material formulada por la  codemandada SUNATQuinto: Análisis de la infracción  normativa por interpretación errónea del artículo 34 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario y del  artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del  Impuesto a la Renta11.5.1. La recurrente alega que las  normas denunciadas fueron interpretadas erróneamente  por la Sala Superior porque de la interpretación literal y  sistemática de tales artículos, se determina que el no pago  correcto de los pagos a cuenta genera el pago de intereses  moratorios. Agrega que, ello se condice con los deberes del  deudor tributario, regulados en los artículos 59, 60 y 61 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario; sin embargo,  tiene especial injerencia el artículo 88 del citado código,  que establece que la declaración tributaria debe contener  la declaración correcta y sustentada de los datos solicitados  por la administración tributaria. Por ello, considerando que  en este caso la determinación del impuesto a la renta que  sirvió de base para determinar el pago a cuenta de dicho  impuesto, fue modificado producto de una fiscalización, se  tiene que no se habría utilizado información veraz, lo cual  significa infringir las obligaciones de determinar y declarar  correctamente; y, además, genera intereses moratorios.5.2.  Al respecto, se debe tener en cuenta que la tipología de la  referida infracción normativa procede cuando el órgano  jurisdiccional le da a la norma un sentido que no  corresponde a su genuino espíritu, esto es, aplica la norma  pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente; sin  embargo, es requisito de esta casual, que la norma cuya  interpretación equivocada se alega, haya sido utilizada por  la resolución recurrida, así como también que la recurrente  describa con claridad la interpretación efectuada por el  órgano jurisdiccional que considera errónea, y además,  efectúe una propuesta interpretativa de la norma, a ser  validada o rechazada por este Supremo Tribunal.En el  caso concreto, la Sala Superior citó y analizó el artículo 34  del Texto Único Ordenado del Código Tributario y el artículo  85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la  Renta. Asimismo, se advierte que la recurrente ha explicado  las razones por las cuales considera que dichas normas  fueron interpretadas de forma errónea e, incluso, ha  indicado la forma en que considera que deben interpretarse. Por tal motivo, se procederá a analizar los alcances de las  normas denunciadas; para ello, de forma complementaria,  será pertinente referirnos también al artículo 88 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario y disposiciones  contenidas en la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento  Administrativo General.5.3. En primer lugar, se deben citar  las normas que han sido denunciadas por la casacionista,  las cuales establecen lo siguiente:Texto Único Ordenado  de la Ley del Impuesto a la Renta (aprobado por Decreto  Supremo Nº 054-99-EF)12Artículo 85.- Los contribuyentes  que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con  carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que  en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable,  dentro de los plazos previstos por el Código Tributario,  cuotas mensuales que determinarán con arreglo a alguno  de los siguientes sistemas:a) Fijando la cuota sobre la base  de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes, el  coeficiente resultante de dividir el monto del impuestocalculado  correspondiente  al  ejercicio  gravable  anterior entre el total de los ingresos netos del mismo  ejercicio.Los pagos a cuenta por los períodos de enero y  febrero, se fijarán utilizando el coeficiente determinado en  base  al  impuesto  calculado  e  ingresos  netos  correspondientes al ejercicio precedente al anterior. En  este caso, de no existir impuesto calculado en el ejercicio  precedente al anterior se aplicará el método previsto en el  inciso b) de este artículo.En base a los resultados que  arroje el balance del primer semestre del ejercicio gravable,  los contribuyentes podrán modificar el coeficiente a que se  refiere el primer párrafo de este inciso. Dicho coeficiente  será de aplicación para la determinación de los futuros  pagos  a  cuenta.[…][Énfasis  nuestro]Texto  Único  Ordenado del Código Tributario (aprobado por Decreto  Supremo Nº 135-99-EF)13Artículo 34.- Cálculo en los  intereses en los anticipos y pagos a cuentaEl interés  moratorio correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta  no pagados oportunamente se aplicará hasta el vencimiento  o determinación de la obligación principal.A partir de ese  momento, los intereses devengados constituirán la nueva  base para el cálculo del interés moratorio.Del texto citado  de la Ley del Impuesto a la Renta se desprende que  contempla lo siguiente: i) una obligación a cargo de los  contribuyentes de efectuar un abono anticipado (en cuotas  mensuales) con carácter de pago a cuenta del impuesto a  la renta, dentro de los plazos previstos en la Ley; y ii) el  método para fijar la cuota mensual, para lo cual se  considera la declaración jurada anual del impuesto a la  renta del ejercicio anterior o precedente al anterior, ya que  en ella se consignan datos a utilizarse para determinar el  coeficiente aplicable a los ingresos netos del mes. El  cumplimiento de esta obligación, debe responder a lo  regulado en el artículo 88 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135- 99-EF, que señala:Artículo 88.- DE LA DECLARACIÓN  TRIBUTARIA88.1 Definición, forma y condiciones de  presentaciónLa declaración tributaria es la manifestación  de hechos comunicados a la Administración Tributaria en la  forma y lugar establecidos por Ley, Reglamento, Resolución  de Superintendencia o norma de rango similar, la cual  podrá constituir la base para la determinación de la  obligación tributaria.[…]Los deudores tributarios, deberán  consignar en su declaración en forma correcta y  sustentada los datos solicitados por la administración  tributaria.  14[Énfasis  nuestro]Entonces,  la  declaración  jurada presentada a la administración tributaria debe ser  cierta, correcta y legal, puesto que el contribuyente está en  la obligación de presentarla con información veraz, porque  servirá para determinar el coeficiente aplicable para el  pago a cuenta del impuesto a la renta de acuerdo al  procedimiento establecido en el artículo 85 del Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.Por otro lado,  de acuerdo a lo previsto expresamente en el artículo 34 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario, los pagos a  cuenta no cancelados dentro de los plazos establecidos  devengarán  intereses  moratorios15.  Por  tanto,  corresponderá la aplicación de tales intereses cuando los  pagos a cuenta, fijados conforme al procedimiento de  cálculo previsto en el artículo 85 del Texto Único Ordenado  de la Ley del Impuesto a la Renta, no se realicen de forma  oportuna, es decir, mensualmente y en los plazos legales  establecidos.Así las cosas, se reitera que el referido pago  debe ser efectuado luego de haberse determinado el  coeficiente aplicable para el pago a cuenta, al que hace  referencia el artículo 85 de la precitada ley. Para ello, la  determinación de tal coeficiente debe partir de la  información declarada por el contribuyente, de acuerdo a lo  regulado en el artículo 88 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario. De ahí que, el pago oportuno a que  hace referencia este dispositivo está vinculado a la  obligación del contribuyente de declarar de manera  veraz el impuesto calculado y los ingresos netos del  ejercicio anterior, que es necesario para el cálculo del  coeficiente que servirá para determinar el monto de los  pagos a cuenta que deben ser pagados oportunamente.5.4.  La obligación formal del contribuyente de declarar con  veracidad sus ingresos, está vinculada con el deber de  contribuir, conforme lo señala el Tribunal Constitucional:[…]  el fundamento de la imposición no se limita únicamente a  una cuestión de Poder Estatal, sino que incorpora a su  razón de ser el deber de todo ciudadano al sostenimiento  de los gastos públicos, deber que si bien originalmente  fuera entendido respecto al cumplimiento de obligaciones  sustanciales y formales relacionadas con el pago […].16De  modo que, si el contribuyente omite el cumplimiento de la  acotada obligación, esta no puede ser convalidada en  perjuicio de la administración pública, puesto que el cobrode intereses moratorios por el diferencial de los pagos a  cuenta de la SUNAT debe efectuarse tutelándose los  intereses públicos, para que el contribuyente responda a lo  estrictamente necesario.En esa misma línea, en el numeral  1.4 del artículo IV del título preliminar de la Ley Nº 27444,  se regula el principio de razonabilidad:Artículo IV. Principios  del procedimiento administrativo[…]1.4. Principio de  razonabilidad.  -  Las  decisiones  de  la  autoridad  administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen  infracciones,  impongan  sanciones,  o  establezcan  restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro  de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la  debida proporción entre los medios a emplear y los fines  públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo  estrictamente necesario para la satisfacción de su  cometido.[…]Por su parte, sobre el acotado principio de  razonabilidad, indica el jurista Morón Urbina17:[…] principio  de razonabilidad (art. IV, 1.4.) que ha sido concebido, con  una regla adicional y particularizada para las decisiones de  gravamen sobre los administrados, ya que se entiende que  estas medidas convergen en afectaciones admitidas sobre  los derechos y bienes de los administrados.En tal sentido,  teniendo como ámbito protector a la persona humana y  arbitrando razonablemente con el interés pública, la Ley  mediante este principio da una pauta fundamental a la  autoridad que tiene la competencia para producir actos de  gravamen contra los administrados: producirla de manera  legítima, justa y proporcional.La norma contempla que para  cumplir con el principio de razonabilidad una disposición de  gravamen, de cumplir con:- Adoptarse dentro de los límites  de la facultad atribuida. Esto es cumplir y no desnaturalizar  la finalidad para la cual fue acordada la competencia de  emitir el acto de gravamen.- Mantener la proporción entre  los medios y fines. Quiere decir que la autoridad al decidir  el tipo de gravamen a emitir o entre los diversos grados que  una misma nación puede conllevar, no tiene plena  discrecionalidad para la opción, sino que debe optar por  aquella que sea proporcional a la finalidad perseguida por  la norma legal.[…]5.5. El Tribunal Constitucional18, como ya  hemos mencionado, también tiene en cuenta que el hecho  propio, que el contribuyente omita la obligación de efectuar  su declaración con datos veraces, trae como consecuencia  que este asuma la responsabilidad del pago debido (el  diferencial) que no fue realizado en forma correcta y  oportuna.A partir de lo expuesto, debe quedar claro que, de  no efectuarse la declaración jurada con ajuste a la  veracidad, el cálculo del coeficiente es errado y, por ende,  el monto establecido como pago a cuenta constituye un  monto inferior. De modo que, este pago no se ajusta a la  legalidad ni se considera “oportuno”, conforme a los  alcances del artículo 34 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario.Dicho de otro modo, el diferencial no  pagado, como consecuencia de la declaración no  ajustada a la veracidad, es un pago a cuenta no pagado  oportunamente; por lo cual, se encuentra dentro de los  alcances del pago no oportuno (en cuanto al diferencial),  establecido en el precitado artículo 34, lo que conlleva  legalmente el pago correspondiente por los intereses  moratorios,  conforme  al  principio  de  razonabilidad  establecido en el numeral 1.4 del artículo IV del título  preliminar de la Ley Nº 27444.5.6. Para la interpretación del  artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto  a la Renta, es importante considerar el artículo 88 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario, puesto que, según  esta norma la declaración tributaria constituye una  declaración jurada de la cual depende la determinación de  la obligación tributaria que tendrá incidencia en el impuesto  calculado del ejercicio gravable anterior que se tome como  referencia para el cálculo del coeficiente del pago a cuenta  del impuesto a la renta. De esta forma, la eventual  modificación del impuesto calculado significa la modificación  del coeficiente del pago a cuenta del impuesto a la renta, lo  que conlleva que los abonos realizados (sin tener en cuenta  tal incidencia del cambio del monto), no sean íntegros ni  oportunos. En consecuencia, en dicho escenario procede  la aplicación de intereses moratorios.5.7. Así las cosas, en  el considerando vigésimo de la sentencia de vista, al  analizarse si la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima  era aplicable al caso de autos, se evaluaron los  antecedentes administrativos, indicándose expresamente  lo siguiente:[…]Base fáctica del caso concretoEn el  presente caso, la Administración Tributaria emitió las  Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0019114 a  012-003-0019125 por los pagos a cuenta del Impuesto a la  Renta de enero a diciembre 2005 (folios 183 a 194, Tomo  22 del EAE). En efecto, la Administración Tributaria  modificó el coeficiente aplicable a los pagos a cuenta  del Impuesto la Renta de los meses de enero adiciembre 2005, en función a los resultados de la  fiscalización del citado impuesto correspondiente a los  ejercicios 2003 y 2004, […][Énfasis nuestro]Seguidamente,  se determinó que la interpretación del inciso a) del artículo  85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la  Renta y el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario debía ser literal, en virtud de la norma VIII del  mencionado código. A partir de ello, se concluyó que no  correspondía aplicar intereses moratorios, porque la  empresa demandante realizó el cálculo y el abono de los  pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio dos mil  cinco, de forma oportuna, en base a la declaración jurada  primigenia; sin embargo, la SUNAT modificó el coeficiente  aplicable a tal concepto en base a los resultados de las  fiscalizaciones realizadas sobre el impuesto a la renta de  los ejercicios dos mil tres y dos mil cuatro.No obstante, este  Supremo Tribunal ha establecido que la interpretación de  las normas denunciadas, debe incluir los alcances del  artículo 88 del Texto Único Ordenado del Código Tributario.  En tal sentido, para no redundar se recalca que la  incorrecta declaración tributaria tendría incidencia el  cálculo del coeficiente del pago a cuenta y, por ende, en  el abono íntegro y oportuno que se realice. Ello no ha  sido considerado por la Sala Superior; toda vez que, en el  caso de autos, el cálculo y abono del pago a cuenta del  impuesto a la renta del ejercicio dos mil cinco fue modificado  por las fiscalizaciones realizadas por la SUNAT al referido  impuesto correspondientes a los ejercicios dos mil tres y  dos mil cuatro; lo que implica que existe un diferencial no  pagado que genera un pago no oportuno de los pagos a  cuenta.Por estas razones, se determina que la sentencia  de vista contiene una interpretación errónea de las normas  denunciadas.5.8. De ahí que, la interpretación correcta del  artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto  a la Renta y el artículo 34 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario es la explicada precedentemente; lo que  no ha sido observado por la Sala Superior. En consecuencia,  corresponde declarar fundado este extremo del recurso de  casación.Infracciones normativas de carácter material  formuladas por el codemandado Tribunal FiscalSexto:  Análisis conjunto de las infracciones normativas por  interpretación errónea del inciso a) del artículo 85 del  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta  y del artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario19; y, por inaplicación del artículo 88 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario20.6.1. Según el  recurrente, de la interpretación conjunta del inciso a) del  artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto  a la Renta y del artículo 34 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, se desprende la sanción de aplicación  de intereses moratorios por el no abono oportuno de los  pagos a cuenta del impuesto a la renta. En esa misma  línea, dicha parte procesal, alega que la Sala Superior  inaplicó el artículo 88 del citado código, pese a que regula  los deberes de determinar y declarar correctamente, y la  consecuente generación de intereses moratorios ante el  incumplimiento de tales deberes.6.2. En primer lugar, se  hace la salvedad que, si bien, las causales mencionadas  son de tipología distinta, se considera pertinente analizarlas  de forma conjunta por la vinculación de la regulación que  contienen los dispositivos normativos. Asimismo, se precisa  que las normas denunciadas han sido objeto de análisis en  el fundamento quinto de la presente Ejecutoria Suprema,  por lo que nos remitimos a lo expuesto en este.6.3. Sobre  el particular, se reitera que la modificación del impuesto  calculado relacionado al ejercicio gravable anterior, que se  haya considerado para el cálculo del pago a cuenta del  impuesto a la renta, origina la modificación de este  coeficiente, lo que conlleva que el abono realizado por  tal concepto no sea íntegro ni oportuno, generándose  válidamente los intereses moratorios regulados por el  artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código Tributario.  Siendo ello así, no es suficiente cumplir con el abono de  los pagos a cuenta en las fechas que la administración  tributaria lo establezca, sino que este debe efectuarse  de forma correcta; máxime si, conforme se ha establecido  en el artículo 88 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, el contribuyente debe realizar su declaración  tributaria sobre la base de información cierta y veraz, caso  contrario,  debe  asumir  la  responsabilidad  que  el  incumplimiento de tal obligación acarrea.6.4. De la revisión  de autos, se ha verificado que la empresa demandante no  realizó de forma íntegra y oportuna el abono por concepto  de pago a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio dos  mil cinco, porque el coeficiente determinado para dicho  pago se basó en la primera información declarada respecto  a los ejercicios anteriores (dos mil tres y dos mil cuatro), sin  considerar la modificación suscitada como resultado delprocedimiento de fiscalización que dio lugar a las  Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0012800 y Nº  012-003-0017515. Por ello, no es acorde a derecho que en  la sentencia de vista se haya considerado que, en este  caso, la empresa realizó el abono oportuno de los pagos a  cuenta del impuesto a la renta del ejercicio dos mil cinco;  motivo por el cual, corresponde estimar las causales  casatorias analizadas de forma conjunta.6.5. Por último,  teniendo en cuenta que el único extremo de la demanda  que fue estimado en primera instancia judicial y confirmado  por el superior jerárquico, es el referido a la procedencia  de intereses moratorios por los pagos a cuenta del  impuesto a la renta del ejercicio dos mil cinco, en  aplicación de la Sentencia de Casación Nº 4392-2013  Lima, y que en base a ello se dispuso la nulidad parcial de  los actos administrativos impugnados; en atención a la  estimación de los recursos de casación interpuestos por las  entidades codemandadas SUNAT y Tribunal Fiscal,  corresponde actuar en sede de instancia y revocar la  sentencia de vista solo en el extremo que ha sido  objeto de casación, en consecuencia, declarar la validez  de Resolución del Tribunal Fiscal Nº 2119-3-2018 y sus  resoluciones vinculadas.6.6. Para concluir, se precisa que,  mediante la presente Ejecutoria Suprema el magistrado  Yaya Zumaeta expresa la variación de criterio respecto a  casos similares, relacionados a la aplicación de los  intereses moratorios por los pagos a cuenta del impuesto a  la renta, por la modificación del cálculo del coeficiente de  tal concepto, y la aplicación de la Sentencia de Casación  Nº 4392-2013 Lima.DECISIÓNPor tales consideraciones y  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 396 del  Código  Procesal  Civil,  DECLARARON:FUNDADO  el  recurso de casación interpuesto por la codemandada  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria, mediante escrito del veinticuatro de agosto de  dos mil veinte (fojas setecientos treinta y uno a setecientos  cuarenta y seis del Expediente Judicial Electrónico – EJE);  y,FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el  codemandado Tribunal Fiscal, a través de la Procuraduría  Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de  Economía y Finanzas, con escrito del veinticuatro de agosto  de dos mil veinte (fojas setecientos trece a setecientos  treinta del EJE). En consecuencia, CASARON la sentencia  de vista contenida en la resolución número diecisiete, del  tres de julio de dos mil veinte (fojas seiscientos cincuenta y  cinco a seiscientos noventa y tres del EJE), que confirmó la  sentencia de primera instancia, contenida en la resolución  número diez, del veinticinco de septiembre de dos mil  diecinueve (fojas trescientos sesenta a cuatrocientos  veintiocho del EJE), que declaró fundada en parte la  demanda; y, actuando en sede de instancia, revocaron la  decisión judicial de la Sala Superior y reformándola,  declararon infundado el extremo de la demanda referido a  la aplicación de intereses moratorios por los pagos a cuenta  del impuesto a la renta del ejercicio gravable dos mil cinco;  y, se ordenó la nulidad parcial de los actos administrativos  vinculados.Por último, DISPUSIERON la publicación de la  presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme  a ley, en los seguidos por Unión de Cervecerías Peruanas  Backus y Johnston S.A.A. contra el Tribunal Fiscal y la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria, sobre impugnación de resolución administrativa.  Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo (P) Wilbert  González  Aguilar.SS.YAYA  ZUMAETA,  GONZÁLEZ  AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL  CASTILLO, DÁVILA BRONCANO. 1  Según expresa la empresa demandante en la página ocho de su demanda (foja  setenta y seis del EJE). 2  Se precisa que las pretensiones postuladas en la demanda coinciden con las  consignadas en las sentencias. 3  Ambas fueron publicadas en el diario oficial El Peruano el treinta y uno de marzo  de dos mil ocho. 4  Literal a) del recurso de casación de la codemandada SUNAT. 5  Se puede citar, por ejemplo, la Sentencia de Casación Nº 3950-2014-Lima,  publicada en el diario oficial El Peruano, el treinta y uno de mayo de dos mil  dieciséis, y la Sentencia de Casación Nº 1763-2014-Del Santa, publicada en el  diario oficial El Peruano, el dos de mayo de dos mil dieciséis. 6  CORIPUNA, Adrián J. (2007). “La jurisprudencia vinculante de los Altos Tribunales  como límite al principio de independencia judicial”. En CARPIO MARCOS,  Edgar y GRANDEZ CASTRO, Pedro (coordinadores), Estudios del precedente  constitucional, Lima, Editorial Palestra; p. 120. 7  Véase la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 3184- 2012-AA/TC, del veintinueve de enero del dos mil catorce 8  MONZÓN VALENCIA DE ECHEVARRIA, Loretta. (2011). Comentario exegético a  la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. Editora y Distribuidora  Ediciones Legales E.I.R.L.; p. 3329  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00321-2019-PA/ TC, del trece de abril del dos mil veintiuno; fundamento jurídico número 8. Voto  Singular del Magistrado Miranda Canales. 10  Literal c) del recurso de casación del codemandado Tribunal Fiscal. 11  Literal b) del recurso de casación de la codemandada SUNAT. 12  En adelante, Ley del Impuesto a la Renta o Texto Único Ordenado de la Ley del  Impuesto a la Renta, indistintamente. 13  Aplicable hasta la entrada en vigencia del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el veintidós  de junio de dos mil trece. 14  El citado artículo ha sido sustituido por el artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 953,  publicado el cinco de febrero de dos mil cuatro; sin embargo, el párrafo aludido no  ha sido modificado. 15  El Tribunal Constitucional considera que, en el cobro de intereses moratorios,  no se busca sancionar un eventual provecho económico que pudiera obtener el  contribuyente sino indemnizar al Estado por el no pago oportuno de su acreencia.  Cf. parte final del fundamento 28 del Expediente Nº 02051-2016-PA/TC. 16  Véase la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº  6626-2006-PA/TC, del diecinueve de abril del dos mil siete. 17  MORÓN URBINA, Juan. (2001). “Los Actos Administrativos en la Nueva Ley del  Procedimiento Administrativo General”. En Derecho & Sociedad, Nº 17; p. 250. 18  En la sentencia recaída en el Expediente Nº 3184-2012-AA/TC, citada en el punto  3.6.3 de la presente Ejecutoria Suprema, se indica:  […]  4. La carga de determinar y declarar correctamente sus deudas tributarias,  así como la cancelarlas oportunamente corresponde al deudor, si producto  de la fiscalización posterior de parte de la Administración Tributaria, se detectan  inconsistencias, ésta se encuentra en la ineludible obligación de enmendar tal  situación a través de los mecanismos legales establecidos y liquidarla  correctamente, así como imponer las sanciones que correspondan a fin de  desincentivar este tipo de conductas.  5. Si el actor declara una deuda menor a la que le corresponde, tiene que  necesariamente hacerse responsable de asumir tanto la deuda no cancelada  oportunamente como de los intereses y multas que correspondan. […].  [Énfasis nuestro] 19  Literal a) del recurso de casación del codemandado Tribunal Fiscal. 20  Literal b) del recurso de casación del codemandado Tribunal Fiscal. C-2136204-16