CASACIÓN Nº 9441-2020 LIMA
TEMA: NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SUMILLA: La sentencia de vista afecta el principio de  congruencia, que compone el derecho a la motivación de las  resoluciones judiciales, cuando la decisión adoptada omite  dictar pronunciamiento sobre una cuestión central planteada  en el recurso de apelación. Es decir, no es el resultado de una  evaluación de los argumentos que comprenden las defensas  esgrimidas por los sujetos procesales —en particular, en el  recurso de apelación— Palabras clave: debido proceso, congruencia procesal,  debida motivación de resoluciones judiciales Lima, dieciocho de octubre de dos mil veintidós.- LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICAI. VISTA; la causa número  nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno-dos mil veinte-Lima,  en audiencia pública llevada a cabo en la fecha a través de la  plataforma virtual Google Hangouts Meet, con la participación  de los señores Jueces Supremos Yaya Zumaeta (presidente),  González Aguilar, Rueda Fernández, Bustamante del Castillo  y Dávila Broncano, y luego de verificada la votación con  arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:1. Objeto del  recurso de casaciónEn el presente proceso sobre nulidad de  resolución administrativa, el demandado, Tribunal Fiscal,  representado por el Procurador Público Adjunto a cargo de los  Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas,  con fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, ha  interpuesto el recurso de casación obrante de fojas quinientos  cuarenta y ocho a quinientos sesenta y ocho del expediente  judicial electrónico, contra la sentencia de vista contenida en  la resolución número trece, del veinticinco de agosto de dos  mil veinte, corriente de fojas quinientos veinte a quinientos  veintiocho del mismo expediente, que confirmó la sentencia  apelada de primera instancia, expedida mediante resolución  número siete, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil  diecinueve, obrante de fojas cuatrocientos treinta y dos a  cuatrocientos cuarenta de los autos principales, que declaró  fundada en parte la demanda y, en consecuencia, nula la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08029-5-2017, por lo que el  colegiado  administrativo  debía  emitir  un  nuevo  pronunciamiento, adecuadamente motivado, acerca del  recurso de apelación que interpusiera Sociedad Minera Cerro  Verde Sociedad Anónima Abierta contra la Resolución de  Intendencia Nº 0150140013923, del veinte de abril de dos mil  diecisiete.2. Causal por la que se ha declarado procedenteel recurso de casaciónMediante auto calificatorio de fecha  veintiséis de enero de dos mil veintidós, corriente de fojas  ciento cuarenta y siete a ciento cincuenta y tres del cuaderno  de casación, formado en esta Sala Suprema, se declaró  procedente el recurso de casación interpuesto por el  demandado Tribunal Fiscal, por las siguientes causales:a)  Vulneración del debido proceso, debida motivación y  congruencia procesal, en tanto se transgrede el numeral  3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, y  el artículo VII del título preliminar y el numeral 6 del  artículo 50° de Código Procesal Civil.Fundamenta esta  infracción de la siguiente manera:Que una sentencia judicial  no puede fundarse en hechos diversos de los alegados por  las partes, ni omitir pronunciarse sobre pretensiones de la  contestación ni sobre los agravios denunciados en el recurso  de apelación. Si ello sucede el juez incurre en nulidad por  emitir una sentencia incongruente afectando el debido  proceso, tampoco analizó ni respondió a la improcedencia  invocada en la contestación de demanda y el recurso de  apelación por el Tribunal Fiscal. [Por lo tanto,] Al no haber  verificado el vicio de nulidad denunciado ni dar una respuesta  del porqué no era importante -si así lo consideraba- la Sala  Superior ha emitido una sentencia que es nula desde su  emisión al haber vulnerado el debido proceso en su  manifestación de falta de motivación e incongruencia  procesal.b) Vulneración de la debida motivación, en tanto  se transgrede el numeral 5 del artículo 139° de la  Constitución Política del Perú.Se fundamenta de la  siguiente  manera  (énfasis  nuestro):[…]  a  pesar  de  reconocerse en el considerando noveno de la Sentencia  impugnada la existencia de un procedimiento contencioso  administrativo en el que se encuentra pendiente de  pronunciamiento por parte del Tribunal Fiscal el recurso  de apelación interpuesto por la demandante, respecto de  la validez de las resoluciones de determinación emitidas  por los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de marzo a  diciembre de dos mil diez, la Sala Superior señala, sin mayor  fundamentación, que resultaba imperativo que el Tribunal  Fiscal se pronunciara sobre los argumentos expuestos por la  demandante en su recurso de apelación, independientemente  de lo que constituya su decisión, es decir, la fundabilidad o no  de la solicitud de devolución. Agrega que la sala superior  indica indebidamente que no resultaría suficiente la razón  expresada  por  el  Tribunal  Fiscal  para  obviar  su  pronunciamiento pues sin soslayarse la vinculación entre los  aspectos a dilucidar, resultaría evidente la autonomía con la  que deben tratarse las solicitudes de devolución.3. Asunto  jurídico en debateEn el caso particular, la cuestión jurídica  en debate consiste en verificar si la sentencia de vista que se  impugna ha respetado o no los cánones mínimos de  motivación y de congruencia procesal que, como derechos  implícitos del derecho continente del debido proceso, deben  observarse en todo proceso judicial al resolverse sobre las  pretensiones de la demandada, dirigidas a cuestionar la  validez de las resoluciones administrativas emitidas en el  trámite del procedimiento administrativo iniciado por la  demandante, que culminó con la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 08029-5-2017, del doce de septiembre de dos mil  diecisiete.II. CONSIDERANDO:Referencias principales del  proceso judicialPRIMERO.- Para resolver las denuncias  planteadas y contextualizar el caso particular, es pertinente  iniciar el examen que corresponde a este Supremo Tribunal  con el sucinto recuento de las principales actuaciones  vinculadas con el desarrollo de la presente causa judicial. Así,  tenemos:i.1. Materialización del ejercicio del derecho de  acciónEl veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete  Sociedad Minera Cerro Verde Sociedad Anónima Abierta  (en adelante, Sociedad Minera Cerro Verde) acudió al órgano  jurisdiccional para interponer demanda sobre nulidad de  resolución administrativa, obrante de fojas catorce a treinta  y tres del expediente judicial electrónico, planteando el  siguiente petitorio: como primera pretensión principal, se  declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  08029-5-2017; como pretensión accesoria a la primera  pretensión principal, se declare la nulidad de las Resoluciones  de Intendencia Nº 0150140013293 y Nº 012-180-0012035/ SUNAT; y, como segunda pretensión principal, en ejercicio de  la plena jurisdicción, se reconozca y declare su derecho a la  devolución del pago indebido por concepto de intereses  moratorios del pago a cuenta del impuesto a la renta de marzo  a diciembre de dos mil diez, en aplicación de la Casación Nº  4392-2013-Lima.Se sustenta el petitorio argumentando que:  a) respecto a la primera pretensión principal, sostiene que el  Tribunal Fiscal, en lugar de emitir un pronunciamiento sobre  los argumentos esgrimidos para establecer el carácter  indebido de los pagos por concepto de intereses moratorios,  relacionados a los reparos reconocidos en una declaración  jurada rectificatoria del pago a cuenta del impuesto a la rentade marzo a diciembre de dos mil diez, renuncia a emitir una  respuesta respecto a los mismos, sobre la base de verificar  que las pretensiones de las solicitudes de devolución están  supeditadas a las planteadas en los recursos de reclamación  contra las Resoluciones de Determinación de números 052- 003-0012398, 052-003-0012394, 052-003-0012404, 052- 003-0012399, 052-003-0012405, 052-003-0012395, 052- 003-0012406,  052-003-0012413,  052-003-0012407  y  52-003-0012414; b) no obstante, dichos procedimientos  tienen alcance distinto, pues en la solicitud de devolución se  establecerá la calidad de pago indebido de los abonos por  intereses moratorios y multas relacionadas a reparos  “reconocidos” en una declaración rectificatoria, mientras que  en el segundo procedimiento se establecerá la procedencia  de los reparos “no reconocidos” en la citada rectificatoria y  que son cuestionados precisamente en el recurso de  reclamación de los citados valores, por lo que no existe  relación de “subordinación” entre las pretensiones planteadas  en ambos procedimientos, para dejar en suspenso su  pretensión; c) uno de los fundamentos más importantes por  los cuales solicitaron la devolución de los abonos por intereses  moratorios y multa relacionados a reparos “reconocidos” en la  declaración rectificatoria del pago a cuenta del impuesto a la  renta de marzo a diciembre de dos mil diez, es que tales  pagos, con la publicación de la Casación Nº 4392-2013-Lima,  devinieron en indebidos, por cuanto dicho precedente deja sin  efecto los intereses moratorios por supuestas omisiones a los  pagos a cuenta originadas por la rectificación que de los  mismos se realice con posterioridad a su pago oportuno,  efectuado de acuerdo con los elementos de cálculo vigentes  al momento de su abono; d) por lo tanto, sin perjuicio del  análisis de fondo, la resolución del Tribunal Fiscal impugnada  adolece de serias irregularidades que determinan que los  actos dictados en el ejercicio de la función revisora carezcan  de los requisitos de validez previstos en la Ley Nº 27444, por  lo cual no les son aplicables los supuestos de conservación  del acto administrativo y deviniendo consecuentemente en  nulos de pleno derecho; e) respecto de la segunda pretensión  principal, de conformidad con la Casación Nº 4392-2013- Lima, para la Corte Suprema habrá generación de intereses  moratorios por los pagos a cuenta del impuesto a la renta en  los términos del artículo 34° del Código Tributario, en la  medida que los anticipos no sean oportunamente abonados  conforme a ley, criterio bajo el cual no generará intereses  moratorios el pago a cuenta abonado con arreglo a ley en su  oportunidad, aun cuando con posterioridad hubiese sido  objeto de una reliquidación mayor, sea esta última efectuada  por el deudor tributario de manera voluntaria (espontánea),  inducida (presentada en el curso de un procedimiento de  fiscalización), o realizada por el ente fiscal (a través de la  emisión de resoluciones de determinación); y f) al verificarse  en autos que estamos ante un caso de interpretación  equivocada del artículo 34° del Código Tributario, resulta  aplicable el criterio contenido en la Casación Nº 4392-2013- Lima, que reconoce que no generan intereses moratorios los  pagos a cuenta del impuesto a la renta de marzo a diciembre  de dos mil diez, tomando que se hicieron tomando en cuenta  todos los elementos de cálculo y liquidación vigentes para su  abono a tal fecha, y se calculó el respectivo coeficiente sobre  la base de la información que era válida en ese momento.i.2.  Formulación del contradictorio (en lo que importa relievar  aquí)El demandado, Tribunal Fiscal, a través del Procurador  Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del  Ministerio de Economía y Finanzas, mediante escrito  presentado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho,  obrante de fojas noventa a ciento cuatro del expediente  judicial electrónico, absuelve la demanda, pretendiendo que  esta sea declarada infundada o improcedente en todos sus  extremos. Son fundamentos principales de la absolución los  siguientes: a) la demanda no cumple con los requisitos  necesarios para su tramitación en la vía judicial, porque no  tiene la calidad de ser una resolución que tenga un  pronunciamiento que haya causado un status jurídico en la  demandante, pues por dicha resolución se resolvió una suerte  de reenvío para que la administración tributaria volviera a  emitir pronunciamiento respecto a la procedencia de las  solicitudes de devolución de pagos indebidos y/o en exceso  por conceptos de intereses de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta de marzo a diciembre de dos mil diez, una  vez que hubiera emitido pronunciamiento respecto del recurso  de apelación contra las Resoluciones de Determinación de  números °052-003-0012398, 052-003-0012394, 052-003- 0012404, 052-003-0012399, 052-003-0012405, 052-003- 0012395, 052-003-0012406, 052-003-0012413, 052-003- 0012407 y 052-003-0012414; por lo tanto, resulta evidente  que en aplicación del artículo 148° de la Constitución Política,  solo se recurre a la vía contencioso administrativa para  resolver el fondo, lo que no sucede en este proceso; b)además, por la forma como ha sido planteada la demanda, el  cuestionamiento principal se encontraría circunscrito a  dilucidar si resulta aplicable a la demandante el criterio vertido  en la Casación Nº 4293-2013-Lima; sin embargo, bajo ese  pretexto, la actora pretende cuestionar la legalidad de las  mencionadas resoluciones de determinación, cuando en la  resolución del Tribunal Fiscal no se ha emitido pronunciamiento  de fondo al respecto, justamente porque al estar en trámite un  procedimiento contencioso tributario contra tales valores, el  que tiene incidencia en la solicitud de devolución materia de  autos, se hace necesario regresar el expediente para que la  administración tributaria vuelva a emitir pronunciamiento  sobre la procedencia de las devoluciones solicitadas y, de ese  modo, evitar pronunciamientos incongruentes; c) de otro lado,  la controversia que se generó en este proceso es distinta a la  del caso de la Casación Nº 4392-2013 Lima, pues el conflicto  no es sobre el tema de fondo de pagos a cuenta que se  cuestionó en la referida sentencia, sino respecto de una  devolución que tiene como origen los pagos a cuenta  incorrectamente declarados por la demandante y corregidos  vía fiscalización, los cuales a la fecha aún son materia de  revisión (vía apelación) por el Tribunal Fiscal, razón por la cual  el monto pagado voluntariamente por la actora respecto de  pagos a cuenta que fueron observados por la administración  tributaria, no serían indebidos, en tanto las resoluciones  emitidas producto de la fiscalización siguen siendo válidas  mientras no hayan sido revocadas por el colegiado  administrativo; y d) además, se sigue ante el tribunal  administrativo un proceso mediante el cual la demandante ha  cuestionado los pagos a cuenta del periodo marzo a diciembre  de dos mil diez, reparados por la administración tributaria  como producto de una fiscalización —pagos a cuenta que  generaron los intereses que la contribuyente pagó y que  ahora pretende se devuelvan por considerarlos indebidos—,  siendo que dicho proceso aún está pendiente de resolverse;  por lo tanto, no se ha emitido un pronunciamiento de fondo  sobre la solicitud de devolución, atendiendo a la existencia de  un proceso en el cual se cuestiona el pago a cuenta del  impuesto a la renta de marzo a diciembre de dos mil diez y  que tendría incidencia en el presente proceso.i.3. Sentencia  de primera instanciaMediante resolución número siete, de  fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve,  obrante de fojas cuatrocientos treinta y dos a cuatrocientos  cuarenta del expediente judicial electrónico, el Décimo Octavo  Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima emite sentencia de  primera instancia, declarando fundada en parte la demanda  y, en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  08029-5-2017, debiendo emitir un nuevo pronunciamiento  conforme a los considerandos establecidos en dicha  resolución, e improcedente la segunda pretensión principal  de la demanda.Se funda la decisión judicial principalmente en  lo siguiente: i) respecto de la primera pretensión principal, el  Tribunal Fiscal plantea que no corresponde aplicar la  Casación Nº 4392-2013-Lima en el procedimiento, debido a  que la procedencia de la devolución de los montos solicitados  por la recurrente se encuentra directamente relacionada con  el pronunciamiento que se emita dentro del procedimiento  contencioso tributario seguido con el Expediente Nº 3201- 2016, en el que se determinará si los importes que canceló la  accionante por los intereses de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta de los periodos marzo a diciembre de dos  mil diez, devienen indebidos o en exceso, por lo que no emite  pronunciamiento alguno sobre la controversia; ii) en ese  contexto, el Juzgado colige que la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 08029-5-2017 no se encuentra debidamente  motivada, pues no da respuesta al pedido realizado por la  contribuyente en su recurso administrativo, esto es, respecto  a la solicitud de devolución, argumentando que la deuda  tributaria, generada por los pagos a cuenta del impuesto a la  renta y contenida en las Resoluciones de Determinación de  números052-003-0012398,  052-003-0012394,  052-003- 0012404, 052-003-0012399, 052-003-0012405, 052-003- 0012395, 052-003-0012406, 052-003-0012413, 052-003- 0012407 y 052-003-0012414, se encuentra impugnada en  otro procedimiento contencioso tributario bajo el Expediente  Nº 3201-2016; iii) sin embargo, observa que la controversia  en el procedimiento administrativo se centra en la devolución  de intereses moratorios pagados indebidamente por la  modificación de pagos a cuenta del impuesto a la renta de  marzo a diciembre de dos mil diez, en aplicación del  precedente vinculante recaído en la Sentencia de Casación  Nº 4392-2013-Lima, siendo esta última controversia una  distinta e independiente a la que se ventila en el procedimiento  administrativo signado con el Expediente Nº 3201-2016,  donde se discuten los reparos realizados por la administración  tributaria al impuesto a la renta del ejercicio dos mil diez, quedieron lugar a la modificación del coeficiente para el cálculo  de los pagos a cuenta de dicho impuesto, reparos que, al  margen de que sean confirmados o revocados, no inciden  sustancialmente en la pretensión administrativa formulada por  la contribuyente —devolución de los intereses generados por  los pagos a cuenta del impuesto a la renta pagados  indebidamente—, dado que se está solicitando la devolución  de lo que se pagó por concepto de intereses moratorios en  aplicación de la Casación Nº 4392-2013-Lima, mas no el  reintegro de los pagos a cuenta del ejercicio dos mil diez y que  fuera modificado por la administración vía procedimiento de  fiscalización, al variarse el coeficiente que se utilizó para su  determinación, como consecuencia de los reparos al impuesto  a la renta de dicho ejercicio; iv) en ese orden de ideas, se  colige que la resolución impugnada adolece de falta de debida  motivación, al inferir que lo que se resuelva en el Expediente  Nº 3201-2016 se encuentra directamente vinculado con la  controversia planteada en el procedimiento de devolución,  dado que independientemente de que se confirmen los  reparos en dicho procedimiento, lo que solicita la recurrente  es la devolución de los intereses moratorios pagados y no la  devolución de los pagos a cuenta propiamente dicha, y se  deja pendiente sin justificación válida un pronunciamiento  sobre el fondo de lo pedido por la ahora accionante, a resultas  de lo que se resuelva en otro procedimiento, más aún si la  recurrente alega que no ha controvertido los valores  impugnados en dicho extremo; el tribunal administrativo, por  tanto, omite pronunciarse sobre lo solicitado por la actora, y  tampoco da razones suficientes sobre por qué no sería  aplicable al caso la Casación Nº 4392-2015 Lima; por estas  razones, se ampara la demanda en este extremo; y v) sobre  la segunda pretensión principal, precisa que al ampararse la  primera pretensión principal referente a la indebida motivación  de la resolución impugnada, ello trae como consecuencia que  el tribunal administrativo deba emitir un nuevo pronunciamiento  de fondo sobre la solicitud de devolución de pagos indebidos  y/o en exceso, por lo que no corresponde pronunciarse por  esta pretensión principal y sus accesorias; en ese sentido, no  se emite pronunciamiento sobre el reconocimiento a la  devolución de pago indebido por concepto de intereses  moratorios del pago a cuenta del impuesto a la renta de marzo  a diciembre de dos mil diez.i.4. Ejercicio del derecho a la  impugnaciónEl codemandado Tribunal Fiscal, representado  por el Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos  Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante  escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil  diecinueve, obrante de folios cuatrocientos cuarenta y dos a  cuatrocientos cuarenta y siete del expediente judicial  electrónico, interpone recurso de apelación contra la sentencia  de primera instancia, que declaró fundada en parte la  demanda. Son agravios principales del recurso vertical los  siguientes: a) el Juzgado parte de un error de análisis, toda  vez que los importes que fueron pagados por la demandante  mediante boletas de pago y que fueron solicitados en  devolución por ella, corresponden a los pagos realizados por  concepto de intereses moratorios de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta de marzo a diciembre de dos mil diez,  respecto de los que se emitieron las mencionadas resoluciones  de determinación, es decir, no existe diferencia entre los  importes pagados por la actora y cuya devolución ahora  pretende, con los importes contenidos en esas resoluciones  de determinación, toda vez que estas fueron emitidas como  consecuencia del reparo al coeficiente de los pagos a cuenta  de marzo a diciembre de dos mil diez y giradas, únicamente,  por los intereses moratorios referenciales, esto es, los mismos  conceptos cuya devolución es pretendida por la accionante;  b) por dicha razón, al advertir que la solicitud de devolución de  la demandante se refiere a los importes contenidos en las  indicadas resoluciones de determinación, que son valores  que se encuentran controvertidos en otro procedimiento  contencioso tributario, dispuso que la administración esté a lo  que se resuelva en el Expediente Nº 3201-2016, a fin de evitar  pronunciamientos contradictorios entre sí, pues no se puede  declarar que no procede una solicitud de devolución de pagos  de determinados valores si aún no se ha dilucidado la validez  de la determinación de los mismos; c) ello es así porque lo  contrario implicaría que existan dos pronunciamientos  conexos entre sí, analizados de forma aislada, soslayando el  hecho de que están íntimamente vinculados, pues es evidente  que, al declararse que lo precisado en las resoluciones de  determinación anotadas no es válida, sí sería procedente la  referida solicitud de devolución de los pagos efectuados por  los mismos valores; y d) el Juzgado no ha tomado en cuenta  que la aludida demanda resulta improcedente, ya que la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08029-5-2017 materia de  controversia no ha causado estado, esto es, no contiene un  pronunciamiento sobre la materia sustantiva o sobre la  procedencia o no de la solicitud de devolución de los pagoscorrespondientes a los intereses moratorios de los pagos a  cuenta del impuesto a la renta de marzo a diciembre de dos  mil diez, por los que se emitieron las resoluciones de  determinación indicadas previamente.i.5. Sentencia de  segunda instanciaLa Sexta Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, mediante resolución número trece, del veinticinco de  agosto de dos mil veinte, corriente de fojas quinientos veinte  a quinientos veintiocho del expediente judicial electrónico,  confirmó la sentencia apelada de primera instancia, que  declaró  fundada  en  parte  la  demanda.Constituyen  argumentos principales de la decisión superior los siguientes:  i) el Tribunal Fiscal no ha emitido pronunciamiento sobre el  argumento central que sirvió de sustento al recurso de  apelación formulado por la empresa contribuyente en sede  administrativa, según el cual los pagos cuya devolución ha  solicitado, correspondientes a los pagos a cuenta de marzo a  diciembre de dos mil diez, son indebidos, porque solo se  generan intereses moratorios por los pagos a cuenta cuando  estos no se realizan oportunamente, no afectándose en  ningún aspecto por las modificaciones posteriores en los  datos que inciden en el cálculo de los coeficientes, criterio que  ha sido establecido con el carácter de precedente vinculante  en la invocada Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima,  emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social  Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República,  aplicable al presente caso; ii) tal como se aprecia del recurso  de apelación interpuesto el seis de junio de dos mil diecisiete  contra la Resolución de Intendencia Nº 0150140013293, la  empresa contribuyente adujo, en síntesis, que debe valorarse  la fuerza vinculante del precedente judicial contenido en la  Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima, acorde con lo  previsto en el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley  Nº 27584; que la solicitud de devolución es la vía idónea para  recuperar los pagos por los reparos aceptados cuando  devienen en indebidos; y que con la publicación de la invocada  sentencia casatoria (treinta de octubre de dos mil quince), se  devela o hace patente el error de derecho en que incurrió al  abonar los intereses moratorios, pues, según el criterio de la  Corte Suprema, la reliquidación de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta realizada mediante una declaración  rectificatoria y efectuada con posterioridad a su pago  oportuno, no tiene efecto alguno y, por ende, no cabe el pago  de intereses moratorios; iii) esta argumentación sirvió  igualmente de basamento para las solicitudes de devolución y  el recurso de reclamación planteado por la contribuyente en el  respectivo procedimiento no contencioso, respecto de la cual  la administración tributaria —a diferencia de lo acontecido con  el Tribunal Fiscal— sí emitió pronunciamiento motivado, en  virtud del cual resulta imperativo que el tribunal administrativo  cumpla  con  pronunciarse  acerca  de  la  reseñada  fundamentación contenida en el recurso de apelación de la  empresa contribuyente, independientemente de lo que  constituya su decisión, esto es, de la fundabilidad o no que a  su juicio advierta en el tema de fondo (la pretendida  devolución); iv) no resulta suficiente la razón expresada por el  Tribunal Fiscal para obviar su pronunciamiento sobre la  aludida pretensión de la contribuyente, relacionada con la  decisión que vaya a adoptarse dentro del aludido  procedimiento  contencioso  tributario  seguido  con  el  Expediente Nº 3201-2016, pues, sin soslayarse la vinculación  entre los aspectos a dilucidar en cada uno de tales  procedimientos (uno contencioso y otro no contencioso), es  evidente también la autonomía con la que deben tratarse las  solicitudes de devolución, específicamente en atención a su  reseñada fundamentación; y v) por consiguiente, la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08029-5-2017, de fecha  doce de septiembre de dos mil diecisiete, ha incurrido en la  causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 10° de  la Ley Nº 27444, al carecer de una debida y adecuada  motivación, por lo que corresponde declarar la invalidez de tal  acto administrativo y disponer el reenvío de lo actuado en  sede administrativa al Tribunal Fiscal, para que emita un  nuevo pronunciamiento acerca del recurso de apelación que  la actora interpuso contra la Resolución de Intendencia Nº  0150140013293.Anotaciones acerca del recurso de  casaciónSEGUNDO.- Contextualizado el caso, es pertinente  hacer referencia a los alcances del recurso extraordinario de  casación, que delimitan la actividad casatoria de esta Sala  Suprema. Así, tenemos:2.1. El recurso de casación tiene por  fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso  concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la  Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo  precisa el artículo 384° del Código Procesal Civil. En materia  de casación, es factible el control de las decisiones  jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se  han infringido o no las normas que garantizan el derecho alproceso regular, teniendo en consideración que este supone  el cumplimiento de los principios y garantías que regulan al  proceso como instrumento judicial, precaviendo sobre todo el  ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto.2.2.  El recurso extraordinario de casación tiene por objeto el  control de las infracciones que las sentencias o los autos  puedan cometer en la aplicación del derecho, partiendo a tal  efecto de los hechos considerados probados en las instancias  de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si  la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos  hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa,  sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo sobre  el resultado de lo decidido. Así también, habiéndose acogido  entre los fines de la casación la función nomofiláctica, debe  precisarse que esta no abre la posibilidad de acceder a una  tercera instancia no se orienta a verificar un reexamen del  conflicto ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por  otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, constituyendo  antes bien un recurso singular que permite acceder a una  corte de casación para el cumplimiento de determinados  fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al  caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional  por la Corte Suprema de Justicia de la República.2.3. Por  causal de casación se entiende al motivo que la ley establece  para la procedencia del recurso1, debiendo sustentarse en  aquellas previamente señaladas en la ley, pudiendo por ende  interponerse por apartamiento inmotivado del precedente  judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la  forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la  ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al  caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las  pretensiones formuladas por las partes, y la falta de  competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma  aluden a infracciones en el proceso2, por lo que, si bien es  cierto todas las causales suponen una violación de la ley,  también lo es que estas pueden darse en la forma o en el  fondo.2.4. De otro lado, apreciándose que en el caso concreto  se ha declarado procedente el recurso de casación por  causales de infracción normativa procesal, corresponde  proceder con sus análisis, incidiendo en señalar que la  infracción procesal se configura cuando en el desarrollo de la  causa no se han respetado los derechos procesales de las  partes, se han soslayado o alterado actos del procedimiento,  la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano judicial  deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente,  en evidente quebrantamiento de la normatividad vigente y de  los principios procesales.Evaluación de las causales de  naturaleza procesal propuestas en el recursoTERCERO.-  Al constituir principio de la función jurisdiccional la observancia  del debido proceso y la tutela jurisdiccional —entendiéndose  doctrinalmente que el debido proceso es un derecho complejo  conformado por un conjunto de derechos esenciales y  garantías de las cuales goza el justiciable, entre ellos el de  congruencia procesal, que se compone asimismo del derecho  a la motivación de las resoluciones judiciales—, los cuales se  encuentran recogidos en los incisos 3 y 5 del artículo 139°  de la Constitución Política del Estado, y en los artículos  VII del título preliminar y 50° (numeral 6) del Código  Procesal Civil, se partirá por evocar, a manera ilustrativa,  algunos apuntes legales, doctrinales y jurisprudenciales sobre  los principios constitucionales implicados, que permitirán una  mejor labor casatoria de este Supremo Tribunal. Así  tenemos:3.1. El debido proceso (o proceso regular) es un  derecho complejo, desde que está conformado por un  conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad  y los derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o  insuficiencia de un proceso o procedimiento o se vean  afectados por cualquier sujeto de derecho —incluyendo el  Estado— que pretenda hacer uso abusivo sus derechos.  Como señala la doctrina:[…] por su naturaleza misma, se  trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a  la vez está conformado por un numeroso grupo de pequeños  derechos que constituyen sus componentes o elementos  integradores, y que se refieren a las estructuras, característica  del Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que  debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías  con que debe contar la defensa. 3Dicho de otro modo, el  derecho al proceso regular constituye un conjunto de  garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen el  derecho a ser oportunamente informado del proceso  (emplazamiento, notificación, tiempo razonable para preparar  la defensa), derecho a ser juzgado por un Juez imparcial que  no tenga interés en un determinado resultado del juicio,  derecho a la tramitación oral de la causa y a la defensa por un  profesional (publicidad del debate), derecho a la prueba,  derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso y  derecho al Juez legal.3.2. Con relación al derecho a la tutela  jurisdiccional efectiva, Picó i Junoy4 precisa que se trata deun derecho que contiene cuatro aspectos: i) el derecho de  acceso a los tribunales; ii) el derecho a obtener una sentencia  fundada en derecho congruente; iii) el derecho a la efectividad  de las resoluciones judiciales; y iv) el derecho al recurso  legalmente previsto. Sostiene el citado autor que el aspecto  consignado en el punto ii) hace referencia a dos aspectos  importantes, a saber: que las sentencias sean motivadas  jurídicamente y que sean congruentes.3.3. Así también, el  derecho al debido proceso —consagrado en el inciso 3 del  artículo 139° de la Constitución Política del Perú5— comprende  a su vez, entre otros derechos, el de motivación de las  resoluciones judiciales, esto es, el de obtener una resolución  fundada en derecho mediante decisiones en las que los  Jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus  fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y  jurídicos que los determinaron. Dicho dispositivo concuerda  con lo preceptuado en el numeral 6 del artículo 50° del Código  Procesal Civil6. Además, la exigencia de motivación suficiente  prevista en el inciso 5 del artículo 139° de la Carta  Fundamental7 garantiza que el justiciable pueda comprobar  que la solución del caso concreto viene dada por una  valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado  y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no  de una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese  entendido es posible afirmar que una resolución que carezca  de motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino  también principios de nivel constitucional8.3.4. El proceso  regular en su expresión de motivación escrita de las  resoluciones judiciales, entiende que una motivación  defectuosa puede expresarse en los siguientes supuestos: a)  Falta de motivación propiamente dicha: cuando se advierte  una total ausencia de motivación en cuanto a la decisión  jurisdiccional emitida en el caso materia de conflicto, sea en el  elemento fáctico y/o jurídico; b) Motivación aparente: cuando  el razonamiento en la sentencia sea inconsistente, sustentado  en conclusiones vacías que no guardan relación con el real  contenido del proceso; c) Motivación insuficiente: cuando se  vulnera el principio lógico de la razón suficiente, es decir, el  sentido de las conclusiones a las que arriba el juzgador no se  respaldan en pruebas fundamentales y relevantes, de las  cuales este debe partir en su razonamiento para lograr  obtener la certeza de los hechos expuestos por las partes y la  convicción que lo determine en un sentido determinado,  respecto de la controversia planteada ante la judicatura; y, d)  Motivación defectuosa en sentido estricto: cuando se violan  las leyes del hacer/pensar, tales como de la no contradicción  (nada puede ser y no ser al mismo tiempo), la de identidad  (correspondencia de las conclusiones a las pruebas), y la del  tercio excluido (una proposición es verdadera o falsa, no hay  tercera opción), entre otros, omitiendo los principios  elementales de la lógica y la experiencia común.3.5. El  derecho a la motivación de las resoluciones judiciales tiene  como una de sus expresiones al principio de congruencia,  reconocido en el artículo VII del título preliminar del Código  Procesal Civil9, así como en el inciso 6 del artículo 50° de este  mismo cuerpo legal, el cual exige la identidad que debe  mediar entre la materia, las partes, los hechos del proceso y  lo resuelto por el juzgador, en virtud de lo cual los Jueces no  pueden otorgar más de lo demandado o cosa distinta a lo  pretendido, ni fundar sus decisiones en hechos no  aportados por los justiciables, con obligación entonces  de pronunciarse sobre las alegaciones expuestas por las  partes, tanto en sus escritos postulatorios como, de ser  el caso, en sus medios impugnatorios, de tal manera que  cuando se decide u ordena sobre una pretensión no postulada  en el proceso, y menos fijada como punto controvertido, o a la  inversa, cuando se excluye dicho pronunciamiento, se  produce una incongruencia, lo que altera la relación procesal  y transgrede las garantías del proceso regular, desde que la  decisión debe ser el reflejo y externación lógica, jurídica y  congruente del razonamiento del juzgador, conforme a lo  actuado en la causa concreta, todo lo cual garantiza la  observancia del derecho al debido proceso, resguardando a  los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias,  conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional en el  fundamento jurídico número 11 de la sentencia recaída en el  Expediente Nº 1230-2003-PCH/TC. En estos términos, el  principio de congruencia ordena al Juez, al momento de  pronunciarse sobre una causa determinada, que no omita,  altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas10 y, por  lo tanto, exige que la sentencia guarde conformidad con las  cuestiones articuladas por las partes, pues si omite alguna de  ellas estamos ante una decisión citra petita; si recae sobre  puntos no alegados, estamos ante una decisión extra petita; y  si excede los límites de la controversia, nos ubicamos ante la  ultra petita11. Es en el contexto de lo elucidado que este  supremo colegiado verificará si se han respetado o no en el  asunto concreto las reglas del debido proceso, motivación ycongruencia.3.6. La exigencia de motivación suficiente  garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución  del caso concreto viene dada por una valoración racional de  la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las  disposiciones jurídicas pertinentes, facilitando así la crítica  interna y el control posterior de las instancias revisoras12, todo  ello dentro de la función endoprocesal de la motivación.  Paralelamente, permite el control democrático de los Jueces  que obliga, entre otros hechos, a la publicación de la  sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la autosuficiencia  de la misma13. En tal virtud, los destinatarios de la decisión no  son solo los justiciables, sino también la sociedad, en tanto los  juzgadores deben rendir cuenta a la fuente de la que deriva su  investidura14, todo lo cual se presenta dentro de la función  extraprocesal de la motivación.Por ello, la justificación  racional de lo que se decide es interna y externa. La primera  gravita en comprobar que el paso de las premisas a la  conclusión es lógicamente —deductivamente— válido, sin  importar la validez de las propias premisas. La justificación  externa consiste en controlar la adecuación o solidez de las  premisas15, lo que admite que las normas contenidas en la  premisa normativa sean normas aplicables en el ordenamiento  jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una  proposición verdadera16. En esa perspectiva, la justificación  externa requiere: a) que toda motivación sea congruente, por  lo que no cabe que sea contradictoria; b) que toda motivación  sea completa, debiendo motivarse todas las opciones; y c)  que toda motivación sea suficiente, siendo necesario expresar  las razones jurídicas que garanticen la decisión17.El control  de las decisiones jurisdiccionales y el principio de  congruencia  aplicado  al  caso  concretoCUARTO.-  Desarrollados  los  supuestos  teóricos  precedentes,  corresponde ahora determinar si la resolución judicial  recurrida ha transgredido el principio de congruencia procesal,  que integra el derecho al debido proceso en su elemento  medular de motivación y, para ello, el análisis debe efectuarse  a partir de los propios fundamentos o razones que sirvieron de  base a la misma, por lo que cabe realizar el examen de las  razones o justificaciones expuestas en la resolución materia  de casación, no sin antes dejar anotado que la función de  control de este tribunal de casación es de derecho y no de  hechos, precisando además que las restantes piezas  procesales o medios probatorios del proceso solo pueden ser  evaluados para contrarrestar las razones expuestas en la  resolución acotada, mas no pueden ser objeto de una nueva  evaluación o análisis.4.1. En tal virtud, para la absolución de  las infracciones procesales se acude a la base fáctica fijada  por las instancias de mérito, así como a los argumentos  esgrimidos en la sentencia impugnada. Dicha labor requiere  identificar el contenido normativo de las disposiciones  constitucionales y legales para establecer, en principio, si el  numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del  Perú y los artículos VII del título preliminar y 50° (numeral 6)  del Código Procesal Civil han sido vulnerados, para cuyo  efecto este Supremo Tribunal debe verificar si el paso de las  premisas fácticas y jurídicas a la conclusión a que se arriba en  la sentencia de vista recurrida en casación, ha sido lógica o  deductivamente válida y no resulta contradictoria.4.2. En ese  propósito, del decurso del proceso y sobre la base de las  premisas fácticas y jurídicas expuestas e invocadas en el  mismo, tenemos que el petitorio de la demanda ha  comprendido,  como  primera  pretensión  principal,  la  declaración de nulidad de la Resolución Nº 08029-5-2017, del  doce de septiembre de dos mil diecisiete, por la cual el  Tribunal Fiscal revocó la Resolución de Intendencia Nº  0150140013293, del veinte de abril de dos mil diecisiete, que  declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por  Sociedad Minera Cerro Verde y confirmó la Resolución de  Intendencia Nº 012-180-0012035, del once de noviembre de  dos mil dieciséis, que declaró improcedentes las solicitudes  de devolución presentadas por dicha empresa mediante los  Expedientes de números 4326024, 3426023, 4326021,  4326020, 4326017, 4326016, 4326015, 4326013, 4326012 y  4326011, por pagos indebidos y/o en exceso por concepto del  impuesto a la renta - tercera categoría correspondiente a los  periodos de marzo a diciembre del ejercicio dos mil diez. El  tribunal  administrativo  dispuso,  además,  que  la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria (SUNAT) proceda conforme con lo señalado en  dicha resolución, en la que precisó que la administración  tributaria —para efectos de emitir un nuevo pronunciamiento—  debía estar a lo dispuesto como resultado en el procedimiento  seguido bajo el Expediente Nº 3201-2016, en el que se viene  tramitando el recurso de apelación que interpuso la  contribuyente contra la Resolución de Intendencia Nº 055- 014-0002255/SUNAT, que declaró infundados los recursos de  reclamación que interpuso a su vez contra las Resoluciones  de Determinación de números 052-003-0012398, 052-003-0012394, 052-003-0012404, 052-003-0012399, 052-003- 0012405, 052-003-0012395, 052-003-0012406, 052-003- 0012413, 052-003-0012407 y 052-003-0012414, expedidas  por pagos a cuenta del impuesto a la renta también por el  período de marzo a diciembre de dos mil diez. De manera  acumulada, la empresa accionante planteó, como segunda  pretensión principal, que en ejercicio de la plena jurisdicción el  Poder Judicial reconozca y declare su derecho a la devolución  del pago indebido por concepto de intereses moratorios del  pago a cuenta del impuesto a la renta de marzo a diciembre  de dos mil diez, en aplicación de la Casación Nº 4392-2013  Lima.4.3. En el escenario de hechos generado en el proceso  judicial que nos convoca y atendiendo a la naturaleza del  petitorio de la demanda de autos, que recoge como pretensión  principal primera la declaración de nulidad de un acto  administrativo, se observa que Sociedad Minera Cerro Verde  planteó su demanda a fin de que se analice la legalidad de la  Resolución Nº 08029-5-2017, del doce de septiembre de dos  mil diecisiete, emitida por el Tribunal Fiscal como instancia  revisora, e incluyó como pretensión accesoria a aquella que  se declare la nulidad de la Resolución de Intendencia Nº  0150140013293, del veinte de abril de dos mil diecisiete,  pronunciamientos administrativos que han tenido como origen  las solicitudes de devolución presentadas por dicha empresa  por pagos indebidos y/o en exceso por intereses por pagos a  cuenta del impuesto a la renta - tercera categoría  correspondiente a los periodos de marzo a diciembre del  ejercicio dos mil diez, que fueron inicialmente rechazados a  través de dichas resoluciones administrativas.4.4. Pues bien,  con atención a la secuencia procesal descrita en la presente  ejecutoria suprema, de la sentencia de vista se aprecia que el  colegiado superior, para sustentar su decisión de confirmar la  sentencia de primera instancia, que declaró fundada en parte  la demanda, expuso, en esencia, que resultaba inválido lo  resuelto por el Tribunal Fiscal, pues este había omitido  pronunciarse sobre el argumento central que sustentó el  recurso de apelación de la actora contra la Resolución de  Intendencia Nº 0150140013293, del veinte de abril de dos mil  diecisiete, según el cual los pagos cuya devolución solicita  eran indebidos, pues solo se producían intereses moratorios  por los pagos a cuenta del impuesto a la renta cuando estos  no se realizaban oportunamente, y no por modificaciones  posteriores en los datos que inciden en el cálculo de los  coeficientes necesarios para calcularlos, ello conforme al  criterio vinculante adoptado en la Casación Nº 4392-2013  Lima, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social  Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República,  argumento que sirvió también de sustento en las solicitudes  de devolución y recurso de reclamación que presentó la  contribuyente. Por lo tanto, considerando que existiría  autonomía entre las mencionadas solicitudes de devolución  (procedimiento no contencioso) y el procedimiento al que se  refiere el Tribunal Fiscal seguido bajo el Expediente Nº 3201- 2016 (procedimiento contencioso), el colegiado superior  estimó que el pronunciamiento de la entidad recurrente  devenía nulo por carecer de una debida y adecuada  motivación, y correspondía el reenvío de lo actuado en sede  administrativa a dicha instancia para que emita un nuevo  pronunciamiento acerca del recurso de apelación interpuesto  por la recurrente contra la Resolución de Intendencia Nº  0150140013293.4.5. Sin embargo, la Sala Superior plantea  un razonamiento en el que evalúa la legalidad de la decisión  dictada por el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 08029-5- 2017, pero no toma en consideración lo expuesto por la  entidad recurrente en su recurso de apelación contra la  sentencia de primera instancia, en la que expuso que el  Juzgado no valoró que la demanda incoada devenía  improcedente al impugnarse —a su decir— una resolución  administrativa que no causó estado, exponiendo sobre este  particular lo siguiente en el apartado 2 de dicho medio  impugnatorio:[…] el juzgado no ha tenido presente al  momento de resolver que la RTF N° 08029-5-2017, NO  CONTIENE UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA MATERIA  SUSTANTIVA, es decir, respecto de la procedencia o no de la  solicitud de devolución de los pagos correspondientes a los  intereses moratorios a los pagos a cuenta del Impuesto a la  Renta de marzo a diciembre de 2010 por los que se emitieron  las Resoluciones de Determinación N° 052-003-0012398,  052-003-0012394, 054-003-00123404, 052-003-0012399,  052-003-0012405,  052-003-0012395,  052-003-0012406,  052-003-0012416, 052-003-0012407 y 052-003-0012414, por  lo que NO HA CAUSADO ESTADO. Ello es así puesto que la  RTF N° 08029-5-2017 al revocar la Resolución de Intendencia  N°  0150140013293,  también  señaló  que  LA  ADMINISTRACIÓN DEBÍA PROCEDER DE ACUERDO A  LO EXPUESTO EN LA MENCIONADA RTF, ES DECIR,  DISPUSO  EL  REENVÍO  DEL  EXPEDIENTE  ADMINISTRATIVO EN EL QUE SE TRAMITARON LASSOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN, A FIN QUE LA SUNAT  RECIÉN EMITA UN NUEVO PRONUNCIAMIENTO A PARTIR  DE LO QUE RESOLVIERA EL TRIBUNAL FISCAL  RESPECTO A LA APELACIÓN TRAMITADA EN EL  EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 3201-2016.4.6. Cabe  señalar que este argumento de defensa fue expuesto por la  entidad recurrente también en su escrito de contestación a la  demanda, en el rubro III.1 sobre “LA RTF MATERIA DE  CONTROVERSIA NO CONTIENE UN PRONUNCIAMIENTO  QUE HAYA CAUSADO ESTADO”, en el que manifestó:La  presente demanda deberá ser declarada IMPROCEDENTE,  toda vez que la RTF N° 08029-5-2017, materia de la presente  controversia, NO CONTIENE UN PRONUNCIAMIENTO QUE  HAYA CAUSADO ESTADO CONFORME LO ESTABLECE  EL ARTÍCULO 148° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL  PERÚ COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DE LA  DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.Al respecto,  debemos indicar que una resolución administrativa causa  estado  cuando  CONTIENE  UN  PRONUNCIAMIENTO  SOBRE MATERIA SUSTANTIVA, QUE RESUELVE POR  EJEMPLO LA PROCEDENCIA O NO DEL COBRO DE UNA  DEUDA TRIBUTARIA, ASÍ COMO AQUEL ACTO QUE  AGOTA LA VÍA ADMINISTRATIVA, PORQUE FIJA DE  MANERA  DEFINITIVA  LA  VOLUNTAD  DE  LA  ADMINISTRACIÓN,  CONSTITUYENDO  LA  MANIFESTACIÓN FINAL DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA  Y CONTRA LA CUAL NO ES POSIBLE INTERPONER  RECURSO IMPUGNATORIO ADMINISTRATIVO ALGUNO. En el caso de autos, se puede evidenciar que la Demanda  Contencioso Administrativa interpuesta contra la RTF N°  08029-5-2017 no cumple con los requisitos necesarios  para su tramitación en esta vía judicial, toda vez que  dicha resolución resolvió que en una suerte de reenvío la  Administración  Tributaria  volvería  a  emitir  pronunciamiento respecto a la procedencia de las  solicitudes de devolución de los pagos indebidos y/o en  exceso por concepto de intereses de los pagos a cuenta  del Impuesto a la Renta de Marzo a Diciembre de 2010,  una vez que se hubiera emitido pronunciamiento en el  procedimiento contencioso administrativo (apelación en  trámite)  seguido  contra  las  Resoluciones  de  Determinación Ns° 052-003-0012398, 052-003-12394, 052- 003-00123404, 052-003-0012399, 052-003-0012405, 052- 003-0012395, 052-003-0012406, 005-003-0012413, 052- 003-0012407 y 052-003-0012414.[…]4.7. A partir del  escenario descrito, tenemos que el juicio lógico-jurídico y  evaluación por parte del tribunal de revisión debía orientarse,  en principio, a dilucidar este agravio formulado por la entidad  apelante, que constituye uno de sus principales argumentos  de defensa ante los órganos jurisdiccionales de mérito, y que  exigía revisar la procedencia de la pretensión anulatoria  planteada en la demanda, ello en línea con el principio de  congruencia procesal, cuya observancia implica que en toda  resolución judicial existan: a) coherencia entre lo pretendido  por los sujetos procesales y lo finalmente decidido, sin  omitirse, alterarse o excederse las peticiones (congruencia  externa); y b) coherencia entre la motivación y la parte  resolutiva (congruencia interna), lo cual garantiza el respeto al  principio del derecho al debido proceso y motivación.4.8. En  el contexto de las pretensiones planteadas por la demandante  y en observancia del principio de congruencia procesal, se  evidencia entonces que la Sala de mérito analizó  insuficientemente el recurso de apelación interpuesto por la  entidad recurrente, al dictar un pronunciamiento que, en este  caso, omitió analizar lo expuesto por esta parte en cuanto a  que la resolución administrativa impugnada recogía una  decisión que no causaba estado (citra petita), asunto invocado  por la demandada como parte de sus argumentos centrales  de defensa con relación al pedido de nulidad del  pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal, con lo cual se  verifica que el fallo de la sentencia de vista omite un aspecto  central planteado por esta parte en su escrito de apelación, el  que incluso fue reconocido como agravio en la sentencia de  vista, en el acápite ii) de su considerando segundo, al referir  que la apelante denunció lo siguiente:[…] ii) la sentencia  materia de impugnación no ha considerado que la demanda  es improcedente, al no tener presente que la Resolución del  Tribunal Fiscal número 08029-5-2017 no contiene un  pronunciamiento sobre la materia sustantiva, es decir,  respecto de la procedencia o no de la solicitud de devolución  de los pagos correspondientes a los intereses moratorios de  los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de marzo a  diciembre del dos mil diez, por lo que no ha causado  estado.4.9. En efecto, el juicio desarrollado por la Sala  Superior, al confirmar la declaración de fundabilidad de la  demanda y la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  08029-5-2017, otorga a la decisión contenida en esta  resolución el carácter de un acto administrativo que causóestado, aun cuando no realiza ningún examen respecto de los  alegatos de la recurrente sobre el incumplimiento de dicha  condición, para que pueda revisarse la legalidad de lo resuelto  por el tribunal administrativo. Esto trunca indebidamente el  debate procesal formulado por esta parte con sus escritos de  apelación y contestación, pues asume la Sala Superior que la  cuestionada resolución administrativa es impugnable en sede  contencioso administrativa e ingresa al tema de fondo, sin  considerar si la posición de la entidad recurrente es amparable  o no, cuestión que, además de no haber sido estudiada por la  Sala de revisión, ha sido reconocida por ella incluso como  agravio, como se reitera, en la parte considerativa de la  sentencia de vista recurrida.4.10. En esa perspectiva, la Sala  Superior ha infringido el inciso 3 del artículo 139° de la  Constitución Política del Estado, y los artículos VII del título  preliminar y 50° (numeral 6) del Código Procesal Civil, con lo  cual lesiona el contenido normativo del debido proceso en su  vertiente de congruencia, al emitir pronunciamiento sin  absolver todas las cuestiones planeadas en la presente  causa, con afectación del derecho de la recurrente a obtener  una decisión final lógica y coherente con lo debatido en el  proceso principal. El principio de congruencia es un pilar  básico de todo proceso y, como tal, resulta imperioso que se  vea reflejado en toda resolución; por lo mismo, este supremo  colegiado advierte una nulidad insubsanable, por lo que  corresponde anular la sentencia de vista, deviniendo este  apartado del recurso examinado en fundado.QUINTO.-  Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el  recurrente también denuncia la infracción normativa del inciso  5 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado para  sostener que la fundamentación contenida en la sentencia de  vista, en cuanto versa sobre el tema de fondo referido a la  legalidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08029-5- 2017, vulnera igualmente el derecho a la debida motivación  de las resoluciones judiciales, debido proceso y congruencia  procesal, pues, sin mayor fundamento, sostiene que resulta  imperativo que el Tribunal Fiscal se pronuncie sobre los  argumentos expuestos por la empresa demandante en su  recurso de apelación contra la Resolución de Intendencia Nº  0150140013293, bajo el señalamiento de que resulta evidente  la autonomía con la que deben tratarse las solicitudes de  devolución presentadas por la empresa demandante ante la  administración tributaria por pagos indebidos y/o en exceso,  con respecto al procedimiento tramitado bajo el mencionado  Expediente Nº 3201-2016.5.1. Sobre este particular, aun  cuando lo expuesto anteriormente permite advertir un vicio de  nulidad en la resolución recurrida, al dejar sin respuesta un  argumento central de defensa planteado por la entidad  recurrente en su recurso de apelación contra la sentencia de  primera instancia, resulta necesario que este Tribunal  Supremo establezca, además, si el razonamiento vertido en la  sentencia de vista recoge una motivación que permita  descalificarla como arreglada a derecho, en tanto la Sala  Superior podría, en caso desestime las alegaciones de la  recurrente acerca de que la resolución administrativa  impugnada no causó estado, emitir pronunciamiento sobre el  fondo de la controversia —respecto a la validez de la  Resolución Nº 08029-5-2017— y confirmar la sentencia  apelada bajo estos mismos fundamentos.5.2. En este sentido,  tenemos que la Sala de mérito sustenta el fallo adoptado en la  sentencia de vista en lo expuesto en sus considerandos  décimo a décimo segundo, en los que expresa lo  siguiente:DÉCIMO.- Que, de los antecedentes reseñados, se  advierte con meridiana claridad que el Tribunal Fiscal no ha  emitido pronunciamiento sobre el argumento central que  sirvió de sustento al recurso de apelación formulado por la  empresa contribuyente en sede administrativa, según el cual,  los pagos cuya devolución ha solicitado, correspondientes a  los pagos a cuenta de marzo a diciembre del dos mil diez, son  indebidos porque sólo se generan intereses moratorios por  los pagos a cuenta cuando estos no se realizan oportunamente,  no afectándose en ningún aspecto por las modificaciones  posteriores en los datos que inciden en el cálculo de los  coeficientes, criterio que ha sido establecido con el carácter  de precedente vinculante en la invocada sentencia de  Casación número 4392-2013 Lima, emitida por la Sala de  Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte  Suprema de Justicia de la República, aplicable al presente  caso; en efecto, tal como se aprecia del recurso de apelación  interpuesto el seis de junio del dos mil diecisiete contra la  Resolución de Intendencia número 0150140013293, según  escrito de folios treintiséis a cincuentisiete del tomo cinco del  expediente  administrativo  acompañado,  la  empresa  contribuyente adujo, en síntesis, lo siguiente: a) la fuerza  vinculante del precedente judicial contenido en la sentencia  Casación número 4392-2013 Lima, acorde con lo prescrito en  el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley número  27584, aprobado por Decreto Supremo número 013-2008-JUS; b) la solicitud de devolución es la vía idónea para  recuperar los pagos por los reparos aceptados cuando  devienen en indebidos; y c) con la publicación de la invocada  sentencia casatoria (el treinta de octubre del dos mil quince),  se devela o hace patente el error de derecho en que incurrió  al abonar los intereses moratorios, pues según el criterio de la  Corte Suprema, la reliquidación de los pagos a cuenta del  Impuesto a la Renta -realizada mediante una declaración  rectificatoria- efectuada con posterioridad a su pago oportuno,  no tiene efecto alguno, y por ende, no cabe el pago de intereses  moratorios (sic); cabe añadir que esta argumentación sirvió  igualmente de basamento para las solicitudes de devolución y  el recurso de reclamación planteado por la contribuyente en el  respectivo procedimiento no contencioso, respecto de la cual la  Administración Tributaria -a diferencia de lo acontecido con el  Tribunal Fiscal- sí emitió un pronunciamiento motivado, en  cuya virtud resulta imperativo que el citado Tribunal  Administrativo cumpla con pronunciarse acerca de la reseñada  fundamentación contenida en el recurso de apelación de la  empresa contribuyente, independientemente de lo que  constituya su decisión, esto es, de la fundabilidad o no que a su  juicio advierta en el tema de fondo (la pretendida devolución);  UNDÉCIMO.- Que, por lo demás, cabe enfatizar que no resulta  suficiente la razón expresada por el Tribunal Fiscal para obviar  su pronunciamiento sobre la aludida pretensión de la  contribuyente, relacionada con la decisión que vaya a adoptarse  dentro del aludido procedimiento contencioso tributario seguido  con el expediente número 3201-2016, pues sin soslayarse la  vinculación entre los aspectos a dilucidar en cada uno de tales  procedimientos (uno contencioso y otro no contencioso), es  evidente también la autonomía con la que debe tratarse las  solicitudes de devolución, específicamente en atención a su  reseñada  fundamentación;  DUODÉCIMO.-  Que,  por  consiguiente, la Resolución del Tribunal Fiscal número 08029- 5- 2017 de fecha doce de setiembre del dos mil diecisiete ha  incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 10,  numeral 2, de la Ley número 27444, al carecer de una debida  y adecuada motivación [...].5.3. De la citada fundamentación,  se aprecia que la Sala Superior da cuenta de que lo resuelto  por el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 08029-5-2017 — que revocó la resolución administrativa apelada y ordenó a la  administración tributaria resolver según lo que se decida en el  Expediente Nº 3201-2016—, califica como un pronunciamiento  inválido, pues, a diferencia de lo expuesto por este órgano  administrativo, si bien existe vinculación entre los aspectos a  dilucidar en el procedimiento que se refiere a la devolución de  pagos indebidos y el procedimiento contencioso que se sigue  en  el  mencionado  expediente  administrativo,  existe  igualmente autonomía en el trámite de la referida solicitud de  devolución, por lo que debería ordenarse al Tribunal Fiscal  que emita un nuevo pronunciamiento en el que finalmente  analice los argumentos que la contribuyente esgrimió en el  recurso de apelación que interpuso contra la Resolución de  Intendencia Nº 0150140013293.5.4. No obstante, lo expuesto  por la Sala revisora revela una motivación insuficiente, pues  aun cuando reconoce que los mencionados procedimientos  se encuentran vinculados, desestima esta condición bajo el  entendido de que la solicitud de devolución por pagos  indebidos efectuada por la accionante constituye un  procedimiento autónomo y, por ende, el Tribunal Fiscal no  necesita que previamente concluya el procedimiento seguido  en el Expediente Nº 3201-2016, pero no expone los motivos  en los que fundamenta dicha autonomía y, principalmente,  cómo la anotada vinculación no exigiría que la administración  tributaria atienda tal solicitud hasta que se resuelva primero el  referido expediente administrativo. Por lo tanto, en caso la  Sala Superior analice el asunto de fondo, deberá evaluar y  motivar con suficiencia si en virtud de la vinculación que  existiría entre ambos procedimientos (uno contencioso y el  otro no contencioso), es pertinente que se propicie sus  evaluaciones simultáneas o sucesivas por la administración  y/o por el Poder Judicial, tomando las medidas que fueran  apropiadas para este propósito.5.5. En este orden de ideas,  atendiendo al desarrollo jurídico plasmado en la sentencia de  vista, este Tribunal Supremo evidencia que la Sala Superior  ha infringido igualmente el inciso 5 del artículo 139° de la  Constitución Política del Estado, con lo cual ha vulnerado el  derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales  al emitir el mencionado pronunciamiento, asunto que también  exige declarar la nulidad de la sentencia de vista a fin de que  se emita un nuevo pronunciamiento, deviniendo también este  extremo del recurso examinado fundado.SEXTO.- Por último,  al generarse el reenvío de la causa a la instancia superior de  mérito, es importante precisar que lo aquí decidido de modo  alguno comporta la apreciación negativa o positiva por parte  de este Supremo Tribunal respecto a las pretensiones  contenidas en la demanda de autos, sino que este  simplemente se limita a sancionar con nulidad la resoluciónrecurrida, por las razones ya anotadas.III.- DECISIÓN:Por  tales fundamentos y de acuerdo a lo regulado además por los  artículos  171°  y  396°  del  Código  Procesal  Civil,  RESOLVIERON:PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO el  recurso de casación interpuesto por el demandado Tribunal  Fiscal, representado por el Procurador Público adjunto a  cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y  Finanzas, con fecha nueve de septiembre de dos mil veinte,  inserto de fojas quinientos cuarenta y ocho a quinientos  sesenta  y  ocho  del  expediente  judicial  electrónico. SEGUNDO.- DECLARAR NULA la sentencia de vista  contenida en la resolución número trece, del veinticinco de  agosto de dos mil veinte, corriente de fojas quinientos veinte  a quinientos veintiocho del Expediente Judicial Electrónico,  expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, y que la  indicada Sala Superior de origen emita nueva resolución,  teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la  presente ejecutoria suprema.TERCERO.- DISPONER la  publicación de la presente resolución en el diario oficial El  Peruano, conforme a ley, en los seguidos por la demandante,  Sociedad Minera Cerro Verde Sociedad Anónima Abierta, con  los demandados Tribunal Fiscal y la Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria , sobre  nulidad de acto administrativo; y devolvieron los actuados.  Interviene como ponente el señor Juez Supremo Yaya  Zumaeta.SS.YAYA  ZUMAETA,  GONZÁLEZ  AGUILAR,  RUEDA FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL CASTILLO,  DÁVILA BRONCANO. 1  MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil.  Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359. 2  DE PINA, Rafael (1940). Principios de derecho procesal civil. México D.F.,  Ediciones Jurídicas Hispano Americanas; p. 222. 3  FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. “El derecho a un juicio justo”. En VARIOS, Las  garantías del debido proceso (materiales de enseñanza). Lima, Instituto de  Estudios Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos; p. 17 4  PICÓ I JUNOY, Joan (1997). Las garantías constitucionales del proceso.  Barcelona, José María Bosch Editor; pp. 40-41. 5  Constitución Política del Perú  Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  […]  3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 6  Código Procesal Civil  Artículo 50.- Deberes.-  Son deberes de los Jueces en el proceso:  […]  6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los  principios de jerarquía de las normas y el de congruencia”. 7  Constitución Política del Perú  Artículo 139° Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  […]  5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,  excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de  los fundamentos de hecho en que se sustentan. 8  El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1480-2006-AA/TC ha puntualizado  que:  […] el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces,  al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los  llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, […] deben provenir no  sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios  hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela  del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir  de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo y decididas  por los jueces ordinarios. 9  Artículo VII.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque  no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo,  no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los  que han sido alegados por las partes. 10  Fundamento 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente  Nº 0896-2009-PH/TC. 11  LEDESMA NARVÁEZ, Marianella (2011). Comentarios al Código Procesal Civil.  Tercera edición. Tomo I. Lima, Gaceta Jurídica; p 136. 12  ALISTE SANTOS, Tomás Javier (2013). La motivación de las resoluciones  judiciales. Madrid-Barcelona-Buenos Aires, Marcial Pons; pp. 157-158.  GUZMÁN, Leandro (2013). Derecho a una sentencia motivada. Buenos Aires- Bogotá, Editorial Astrea; pp. 189-190. 13  IGARTUA SALAVERRÍA, Juan (2014). El razonamiento en las resoluciones  judiciales. Lima-Bogotá, Palestra-Temis; p. 15. 14  TARUFFO, Michel (2006). La motivación de la sentencia civil. México D.F., Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación; pp. 309-310. 15  ATIENZA, Manuel, Las razones del Derecho. Sobre la justificación de las  decisiones judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com. 16  MORESO, Juan José y VILAJOSANA, Josep María. Introducción a la teoría del  derecho. Madrid, Marcial Pons Editores; p. 184. 17  IGARTUA SALAVERRÍA, op. cit., p. 26. C-2136204-17