CASACIÓN Nº 9878-2020 LIMA
Sumilla: La inconstitucionalidad del Decreto Legislativo  N.°987, declarada por el Tribunal Constitucional, en su  pronunciamiento recaído en el expediente N.°00016-2007- PI/TC, ha implicado un periodo de vacatio sententiae  del referido Decreto Legislativo, por lo tanto, corresponde  declarar su inaplicabilidad durante este periodo de tiempo  como sucede para el presente caso. Lima, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICAI. VISTALa causa número  nueve mil ochocientos setenta y ocho, guion dos mil veinte,  Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con la  participación de los señores Jueces Supremos González  Aguilar (presidente), Rueda Fernández, Bustamante del  Castillo, Barra Pineda y Dávila Broncano, producida la  votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:1.1.  Materia del recursoSe trata del recurso de casación  interpuesto por la parte demandante Palmas del Espino S.A.,  del veinticuatro de agosto de dos mil veinte (foja seiscientos  treinta y seis del EJE); contra la sentencia de vista emitida por  la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima —en adelante, Sala  Superior—, del tres de julio de dos mil veinte (foja seiscientos  dos del EJE), que confirmó la sentencia apelada del quince de  octubre de dos mil diecinueve (foja trescientos cuarenta y  cinco del EJE) que declaró infundada la demanda.1.2.  Fundamentos del recursoEl recurso de casación de Palmas  del Espino S.A. fue declarado procedente por resolución del  siete de diciembre de dos mil veintiuno (foja trescientos  setenta y seis del cuadernillo de casación), por las siguientes  causales:Primera infracción normativa:Inaplicación del  artículo 139.5 de la Constitución Política del Perú, del  artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil  que regula el principio de congruencia procesal, así como  de los incisos 6 y 14 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú, que regula la pluralidad de instancias.a)  Sostiene que la Sala Superior no emitió pronunciamiento  sobre la pretensión nulificante del recurso de apelación, lo  que configura el desconocimiento del derecho a la debida  motivación, la congruencia procesal y el principio de pluralidad  de instancias, en tanto no analizó los vicios de nulidad  enunciados y no realizó una sustentación apropiada sobre  dicha pretensión.b) Añade, sobre la base de lo desarrollado  por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el  Expediente Nº 00728-2008-PH/TC, respecto al derecho a la  debida motivación, que en el recurso de apelación sustentó  que se debía inaplicar el Decreto Legislativo Nº 978 porque  vulneraba los principios de igualdad, el derecho de propiedad  y el principio de no confiscatoriedad. Asimismo, presentó el  informe jurídico del profesor de derecho constitucional César  Landa, el cual fue debidamente admitido y que sustenta el  punto de vista constitucional. Sin embargo, refiere que ello no  fue contestado por la Sala Superior, pues solo hizo una  referencia textual al principio de legalidad sobre la base de  que el Decreto Legislativo Nº 978 habría estado vigente en  enero del dos mil once. Esta omisión se configura como vicio  de falta de motivación.c) Aunado a lo anterior, señala que la  Sala Superior no ha emitido pronunciamiento sobre la  aplicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº  6081-2005-HC/TC respecto a la vacatio sententiae, conforme  lo ha establecido la Casación Nº 4703-2007 en lo  correspondiente a que los órganos jurisdiccionales deben  emitir un debido pronunciamiento sobre la invocación a la  aplicación de sentencias del Tribunal Constitucional, en tanto  la recurrente invocó que por vía de control difuso se inaplique  el artículo 11 del título III de Decreto Legislativo Nº 978, que  fue declarado inconstitucional y no correspondía que fuese  aplicado por el Tribunal Fiscal. No hacerlo, supone que se  estaría sancionando en aplicación de una norma declarada  inconstitucional; por ello, era válida la aplicación de control  difuso en el caso concreto.d) Indica que la Sala Superior ha  incurrido en una falta de motivación interna debido a que no  analiza el criterio jurisprudencial sobre los efectos de la  declaratoria de inconstitucionalidad de una norma y solo  aborda aspectos como la aplicación inmediata del impuesto  general a las ventas. No existe corrección lógica en su  razonamiento entre las premisas planteadas por la misma  Sala y sus conclusiones, por lo cual se termina otorgando  efectos derogatorios al Decreto Legislativo Nº 978.Segunda  infracción normativa:Interpretación errónea del principio  de legalidad o juricidad regulado por el artículo 51 de la  Constitución y del numeral 1.1. del artículo IV del títulopreliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo  General, y la aplicación indebida del artículo 11 del título  III del Decreto Legislativo Nº 978.a) Sostiene que la Sala  Superior incurre en la referida infracción normativa debido a  que avala la aplicación del Decreto Legislativo Nº 978, el  mismo que ya no pertenece al sistema jurídico por ser  inconstitucional. A su vez, refiere que dicho colegiado  interpreta  erróneamente  la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional recaída en el Expediente Nº 0016-2007-PI/TC,  desconociendo los reales alcances de la primacía de la  Constitución y del principio de legalidad.b) Sobre la sentencia  del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0004- 2004-AI/TC, señala que ella concluyó que la declaración de  inconstitucionalidad, a diferencia de la derogación, anula por  completo la capacidad regulativa de las normas declaradas  inconstitucionales. Así, la recurrente trae a colación lo  desarrollado en la sentencia recaída en el Expediente Nº  0004-2004.AI/Acumulados, respecto a que la declaración de  inconstitucionalidad “aniquila” todo efecto que la norma pueda  cumplir, incluso los que pueda haber cumplido en el pasado,  en caso de que hayan estado relacionados a lo penal o a lo  tributario.c) Precisa que a partir del diez de julio del dos mil  once surtió efectos la declaración de inconstitucionalidad del  Decreto Legislativo Nº 978 (al finalizar la vacatio sententiae) y  quedó fuera del ordenamiento jurídico, motivo por el cual  ninguna autoridad podía aplicarlo posteriormente, sobre todo  cuando ello trajera como consecuencia el cobro de un  impuesto sustentado en una norma declarada inconstitucional.  Frente a ello, refiere que más allá de la vigencia en el mes de  enero del dos mil once del Decreto Legislativo Nº 978, el  Tribunal Fiscal emite la resolución impugnada en una fecha  en que la aplicación de dicha norma ya era inconstitucional.  La SUNAT y el Tribunal Fiscal, pues, debieron actuar conforme  al principio de legalidad y jerarquía de la Constitución Política  del Perú.d) […] El Tribunal Fiscal mediante la resolución  impugnada confirma la aplicación del Decreto Legislativo Nº  978, aun cuando a la fecha de la emisión del acto administrativo  dicho decreto no formaba parte del ordenamiento jurídico, con  lo que se configura una afectación directa del principio de  legalidad.[…]f) Aunado a lo anterior, refiere que el análisis de  la estructura y los efectos de la sentencia del Tribunal  Constitucional que resolvió el proceso de inconstitucionalidad  interpuesto contra los Decretos Legislativos Nº 977 y Nº 978,  descarta que la recurrente se encontrase obligada a efectuar  el pago del impuesto general a las ventas del período de  enero de dos mil once, al estar vigente el régimen especial de  exoneración  de  dicha  zona.Tercera  infracción  normativa:Interpretación errónea del artículo 82 del  Código Procesal Constitucional.a) Refiere que la Sala  Superior ha desestimado la aplicación de las sentencias  recaídas en los Expedientes Nº 0019-2005-PI/TC y Nº 0004- 2004-AI/TC, fundamentales para la resolución de la  controversia, basándose solo en que no son de materia  tributaria.b) Frente a lo expuesto, señala que no solicitaron la  aplicación de las sentencias citadas por ser de materia similar,  sino porque, desde el punto de vista fáctico, se emitieron  como resultado de un proceso de inconstitucionalidad; y, en  consecuencia, son vinculantes para los poderes públicos y  producen efectos generales por disposición del artículo 82 del  Código  Procesal  Constitucional.Cuarta  infracción  normativa:Interpretación errónea del artículo 138 de la  Constitución Política del Perú y del artículo 9 del Texto  Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley del Proceso  Contencioso Administrativo.a) Señala que la Sala Superior  en el considerando décimo de la sentencia de vista es  impertinente, en tanto, pretende invalidar los fundamentos de  la recurrente solo porque desestimaron la resolución del  Tribunal Fiscal impugnada.b) Advierte que la Sala Superior  sostiene que no ha aplicado el control difuso porque el  Decreto Legislativo Nº 978 (norma declarada inconstitucional  en el dos mil nueve) gozaba, en su concepto, de presunción  de constitucionalidad y validez. Con ello, interpreta  erróneamente y contra la Constitución el artículo 138 de esta  y el artículo 9 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo  otorgando alcances que no han sido contemplados en la  norma al momento de verificar si corresponde o no aplicar el  control difuso, cuando este supone una verificación objetiva y  contrastada entre la norma cuestionada y su adecuación a la  Constitución.c) Señala que la interpretación de la Sala  Superior, al ser contraria a la Constitución, deviene en un  absurdo jurídico. A su vez, precisa que la Sala Superior señala  que el ordenamiento jurídico ha recogido el criterio de  aplicación inmediata de la norma en el tiempo.d) Finalmente,  acota que el control difuso no es aplicable por la Sala Superior  debido a que no se habría acreditado la vulneración de los  derechos constitucionales. Sin embargo, refiere que sí ha  expuesto la afectación que supone la aplicación del Decreto  Legislativo Nº 978 y que, al amparo del control difuso, dichodecreto legislativo debía ser inaplicado al caso concreto, pues  ya no se encontraba dentro del ordenamiento jurídico.Quinta  infracción normativa: se declaró improcedenteSexta  infracción  normativa:Inaplicación  del  principio  de  igualdad regulado por el numeral 2 del artículo 2 de la  Constitución Política del Estado y por el numeral 2 del  artículo 66 de la Ley del Procedimiento Administrativo  General.a) Refiere que le corresponde el derecho a la  igualdad de condiciones respecto a entidades que, hallándose  en idéntica situación, sí gozan de la exoneración del impuesto  general a las ventas por encontrarse ubicadas en la Amazonía  y que no fueron excluidas por una norma inconstitucional. Por  ello, no correspondería aplicar en el caso el Decreto  Legislativo Nº 978 durante el período de enero dos mil once  por establecer un trato discriminatorio. De lo contrario, se  admitiría que una vacatio sententiae puede habilitar  situaciones que vulneran el principio de igualdad y desconocen  el objetivo esencial de esta figura de derecho constitucional.b)  Señala que la sentencia del Tribunal Constitucional no tenía  como finalidad favorecer a determinados sujetos y no a otros  para gozar de los beneficios de la Ley de la Amazonía. Sin  embargo, en el proceso de cumplimiento legislativo se habría  producido una situación que vulneraba el derecho de igualdad,  puesto que determinadas zonas de la Amazonía gozaron del  beneficio en enero del dos mil once, mientras que otras, como  el departamento de San Martín.Adicionalmente a lo  establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del  Perú, la recurrente señala la infracción normativa del artículo  66 de la Ley de Procedimiento Administrativo General; sin  embargo, desarrolla, en realidad, lo contenido en el artículo  55  del  mismo  cuerpo  normativo.Séptima  infracción  normativa:Interpretación errónea del principio de no  confiscatoriedad reconocido en el artículo 74 de la  Constitución Política del Perú y del derecho de propiedad  regulado por el artículo 2.16 de la carta magna.a) Señala  que, en mérito a la sentencia recaída en el Expediente Nº  0004-2004-AI/TC, la SUNAT pretende hacer el cobro del  impuesto general a las ventas del período enero dos mil once  sustentando la exigibilidad de la obligación tributaria en mérito  a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 978, norma que  fue declarada inconstitucional. En ese sentido, se vulnera el  principio de no confiscatoriedad desde el punto de vista  cualitativo, en tanto, infiere que el Estado pretende ejercer su  potestad tributaria sobre la base de una norma inconstitucional  que vulnera la reserva de ley en materia tributaria.b) Refiere  que, al ser una empresa exonerada del impuesto general a  las ventas en mérito a lo establecido en el Régimen de  Amazonía, las ventas del período enero dos mil once  realizadas en el departamento de San Martín no estuvieron  gravadas con el impuesto general a las ventas.c) Finalmente,  infiere que los aspectos temporales a los que se refiere la  Sala Superior no son determinantes de la afectación del  derecho de propiedad, pues ello puede suceder incluso bajo  la aplicación de una norma constitucional. A su vez, precisa  que la Sala Superior no ha considerado la sustracción  ilegítima de la propiedad y ha considerado dicha vulneración  en función de aspectos ajenos al derecho de propiedad.1.3.  Antecedentes1.3.1. Vía administrativaMediante Orden de  Fiscalización Nº 110181076520-01/SUNAT, se programó un  procedimiento de fiscalización a la demandante, con la  finalidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones  tributarias del impuesto general a las ventas del período enero  de dos mil once; posteriormente, mediante la Carta Nº  110181076520-01-SUNAT, de fecha catorce de abril de dos  mil once, la SUNAT comunicó sobre dicha fiscalización al  demandante y mediante el Requerimiento Nº 1822110000060  solicitó al demandante diversa información la cual se debería  presentar en las oficinas de la administración tributaria en  Tarapoto.Del mismo modo por medio del Requerimiento  N.°1822110000150, se solicitó al demandante, entre otros,  sustentar por escrito y con la base legal correspondiente, los  motivos por los cuales no se afectó con el impuesto general a  las ventas, el importe de S/ 10´456,104.86 (diez millones  cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento cuatro soles con  ochenta y seis céntimos), anotados en el Registro de Ventas  del mes de enero de dos mil once como ventas no gravadas. Como resultado del procedimiento de fiscalización, la  administración tributaria emitió el Informe Nº 582-2011- 2Q2002/SUNAT, en el cual determinó que el demandante  declaró ventas no gravadas, cuando en el departamento de  San Martín se encontraban gravadas con el impuesto general  a las ventas y determinó un menor saldo a favor para el  siguiente mes que el declarado por el demandante,  ascendente a S/ 1’000, 415.00 (un millón cuatrocientos quince  soles con cero cero céntimos); del mismo modo señaló que el  demandante incurrió en la infracción tipificada en el artículo  178° numeral 1 del Texto Único del Código Tributario y normas  modificatorias, por lo que, correspondía emitir una Resoluciónde Multa por el importe de S/ 47, 436.00 soles (cuarenta y  siete mil cuatrocientos treinta y seis soles con cero cero  céntimos).En consecuencia, el veinte de mayo de dos mil  once, la SUNAT emitió la Resolución de Determinación Nº  182-003-0000090, por reparo a la base imponible del  impuesto general a las ventas del período enero dos mil once.  De igual forma, emitió la Resolución de Multa Nº 182-002- 0000197, por la comisión de la infracción tipificada en el  numeral 1 del artículo 178° del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99- EF, en adelante Código Tributario.Mediante escrito del  veintidós de junio de dos mil once, la demandante interpone  recurso  de  reclamación  contra  las  resoluciones  de  determinación y multa anteriormente mencionadas, el cual fue  ampliado mediante escrito de fojas trescientos quince a  trescientos dieciséis del expediente administrativo según  foliación de la SUNAT.Los citados recursos fueron resueltos  mediante Resolución de Intendencia Nº 185-014-0000226/ SUNAT del veintiocho de octubre de dos mil once, que declara  infundado el recurso de reclamación, y proseguir con la  cobranza actualizada de la deuda tributaria reclamada.  Posteriormente, contra la resolución de intendencia, la  demandante interpuso recurso de apelación del veinticinco de  noviembre de dos mil once.Finalmente, con la emisión de la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06790-1-2017 del nueve de  agosto de dos mil diecisiete, se confirmó la Resolución de  Oficina Zonal Nº 185-014-0000226/SUNAT.1.3.2. DemandaEl  doce de diciembre de dos mil diecisiete (foja noventa del  EJE), Palmas del Espino S.A. interpuso demanda contencioso- administrativa, en la cual solicitó como primera pretensión  principal se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 06790-1-2017, del nueve de agosto de dos mil  diecisiete, que confirmó la Resolución de Oficina Zonal Nº  185-014-0000226/SUNAT del veintiocho de octubre de dos  mil once, debido a que ha vulnerado el procedimiento  administrativo, por presentar defectos de motivación, y se  ordene al Tribunal Fiscal a emitir un nuevo pronunciamiento  que corrija dichos defectos de validez del acto administrativo,  justificando debidamente las razones de su fallo. Asimismo,  como primera pretensión subordinada a la pretensión  principal, solicita se ordene al Tribunal Fiscal que emita un  nuevo pronunciamiento, mediante el cual se inaplique el  Decreto Legislativo Nº 978, debido a que esta norma ha sido  expulsada  del  ordenamiento  jurídico.Como  segunda  pretensión subordinada a la pretensión principal, solicita se  declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  06790-1-2017, de la Resolución de Oficina Zonal Nº 185-014- 0000226/SUNAT, de la Resolución de Determinación Nº 182- 003-0000090 emitida por el impuesto general a las ventas de  enero de dos mil once y de la Resolución de Multa Nº 182- 002-0000197, girada por la infracción tipificada en el numeral  1 del artículo 178° del Código Tributario; y se determine la  procedencia de la exoneración del impuesto general a las  ventas efectuada por la demandante en el período de enero  de dos mil once.Fundamenta en su demanda que la  Resolución del Tribunal Fiscal no explica el motivo por el cual  desconocía los argumentos formulados por la empresa, sobre  todo, si estos fundamentaban por qué la exoneración del  impuesto general a las ventas era aplicable al periodo enero  de dos mil once, tema medular para verificar si procedía el  reparo atribuido por la administración tributaria a través de la  Resolución de Oficina Zonal Nº 185-014-0000226/SUNAT,  por lo que, en ese sentido se ha vulnerado el derecho a la  debida  motivación  que  se  encuentra  protegido  constitucionalmente.El Tribunal Fiscal se limitó a señalar que  las normas que excluyeron del beneficio tributario a la Región  San Martín, permanecieron vigentes hasta el ocho de febrero  de dos mil once, de acuerdo a la vacatio sententiae establecida  en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el  expediente Nº 00016-2007-PI/TC, pero en ningún momento  señala el motivo por el cual desconoce sus argumentos.Que,  la interpretación de la sentencia recaída en el expediente Nº  0016-2007PI/TC, que declara la inconstitucionalidad de los  Decretos Legislativos Nº 977 y Nº 978, descarta cualquier  cobro del impuesto general a las ventas de enero de dos mil  once. Por lo que, dado su carácter vinculante obligaba a que  Tribunal Fiscal deje sin efecto los valores impugnados y la  resolución apelada. En suma, la empresa no se encontraba  obligada a efectuar el pago del impuesto general a las ventas  del periodo enero de dos mil once.En la resolución materia de  litis, el Tribunal Fiscal no se ha pronunciado respecto del  informe  elaborado  por  el  especialista  en  Derecho  Constitucional y ex magistrado del Tribunal Constitucional Dr.  César Landa Arroyo, presentado en etapa de reclamación, el  cual se solicitó que sea valorado en etapa de apelación. Asimismo, señala que el Tribunal Fiscal mediante la resolución  materia de litis confirma la aplicación a su caso del Decreto  Legislativo Nº 978, aun cuando a la fecha de la emisión delacto administrativo, la referida norma no formaba parte del  ordenamiento jurídico. En su caso, a partir del diez de julio de  dos  mil  once  surtió  efectos  la  declaración  de  inconstitucionalidad del referido Decreto Legislativo (al  culminar la vacatio sententiae), quedando expulsado del  ordenamiento jurídico, por lo que, ninguna autoridad puede  pretender su posterior aplicación, más aún cuando su  aplicación trae como consecuencia el cobro de un impuesto  sustentado en una norma declarada inconstitucional.En este  escenario, independientemente de que el Decreto Legislativo  Nº 978 se haya encontrado vigente en el mes de enero de dos  mil once; a la fecha en que el Tribunal Fiscal emite la  resolución materia de litis —que confirma la posición de la  administración tributaria sobre la exigencia de un cobro de  deuda  tributaria  bajo  la  aplicación  de  una  norma  inconstitucional— está aplicando una norma inconstitucional.  Por lo tanto, al haberse aplicado el Decreto Legislativo Nº 978  que fue expulsado del ordenamiento jurídico al haber sido  declarado inconstitucional, se ha vulnerado el principio de  legalidad, debiéndose aplicar la exoneración regulada en la  Ley de la Amazonía.La administración tributaria y el Tribunal  Fiscal interpretan de manera incorrecta los alcances de la  sentencia Nº 0016-2007-PI/TC, ya que el Decreto Legislativo  Nº 978 no era aplicable en el periodo de enero de dos mil  once.1.3.3. Sentencia de primera instanciaEl Décimo  Noveno  Juzgado  Especializado  en  lo  Contencioso  Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró  infundada  la  demanda,  argumentando  en  la  parte  considerativa, a partir del numeral II.6.11, lo siguiente:[…]Si  bien con la Ley Nº 29661 se volvió a suspender la aplicación  de los artículos del Decreto Legislativo Nº 978 hasta el 31 de  diciembre de 2013, ello tuvo efectos jurídicos a partir del 09 de  febrero de 2011 de lo cual se infiere que lo interpretado por el  Tribunal Fiscal no vulnera lo previsto por los artículos 74 ° y 79  ° de la Constitución Política del Perú y los Principios que estos  artículos recogen, sino que se ha resuelto conforme al  Principio de aplicación de la norma en el tiempo […].[…]II.6.15  Por tanto, de acuerdo a la posición sentada por las Sentencias  del Tribunal Constitucional y lo señalado por la doctrina, debe  concluirse que en el ordenamiento peruano rige, como regla  general, el principio de aplicación inmediata de las normas,  puesto que la irretroactividad solo puede ser aplicada en  materia penal cuando favorece al reo y la ultractividad solo  cuando la Ley así lo dispone (como sucede en el caso de los  contratos de estabilidad jurídica).En atención a ello, el artículo  103°de la Constitución (modificado por la Ley N° 28389)  parece haber sido claro al prescribir que la nueva norma que  entra en vigencia se aplica a:- Las consecuencias de las  “situaciones jurídicas” existentes.Es decir, aplicable a aquellas  atribuciones, derechos, deberes, obligaciones y calificaciones  jurídicas que recibe una persona cuando adopta un status  jurídico frente al derecho.- Y a las consecuencias de las  “relaciones jurídicas” existentes.Entendiéndose con ello,  aplicable a las diversas vinculaciones jurídicas existentes  entre dos o más situaciones jurídicas interrelacionadas (como  ejemplo la relación entre los contratantes o las del acreedor y  el deudor).II.6.16 Agregado a lo señalado anteriormente debe  puntualizarse que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia  recaída en el Expediente N° 00016-2007-AI, si bien declaró la  inconstitucionalidad de la Ley N° 28932 y de las demás  disposiciones conexas, como el Decreto Legislativo N° 978 no  es menos verdad que a fin de no dejar un vacío normativo,  susceptible  de  generar  consecuencias  económicas  importantes, dispuso la aplicación de la “vacatio sententiae”,  por lo cual dicho Decreto y sus disposiciones conexas  siguieron  vigentes  a  pesar  de  su  declaración  de  inconstitucionalidad; ya que el Tribunal Constitucional  estableció que la mencionada Sentencia surtiría efectos una  vez  que  el  legislador  promulgara  la  norma  legal  correspondiente que reemplace a la Ley N°28932 y sus  normas conexas.II.6.17 Ahora bien, en el caso materia de  análisis se ha determinado que rige la aplicación inmediata de  la norma, puesto que ello ha sido establecido en los artículos  103° y 109° de nuestra Carta Magna, en ese sentido cabe  analizar desde cuando entró en vigencia la Ley N° 29661 y  desde qué fecha se aplicaba dicha norma, a fin de determinar  si para el período enero 2011 regía la exoneración al pago del  Impuesto General a las Ventas tal como lo señala el  demandante.II.6.18 Como bien se ha señalado en párrafos  anteriores, el artículo 11° del Decreto Legislativo N° 978  eliminó la exoneración del Impuesto General a las Ventas,  contenido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N°  27037, a partir del 0 1 de enero de 2009.Ello significa que a  partir del 01 de enero de 2009 el demandante, que se  encontraba en la situación jurídica de sujeto exonerado del  Impuesto General a las Ventas, estaría obligado a la  declaración y pago de dicho impuesto.Del mismo modo, laLey N° 29310, publicada el 31 de diciembre 2008 suspendió  los artículos contenidos en el Título III del Decreto Legislativo  N° 978 hasta el 01 de enero de 2011, por lo cual, en aplicación  del principio de aplicación inmediata de la norma, a partir del  02 de enero de 2011 el demandante estaría obligada a la  declaración y pago de dicho impuesto hasta el 08 de febrero  de 2011 fecha en que entró en vigencia la Ley N° 29661 que  lo suspendió, por lo que en virtud de lo señalado por el artículo  11° del Texto Único Ordena do de la Ley del Impuesto General  a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por  Decreto Supremo N° 055-99-EF 17, la demandante se  encontraba obligada a declarar y pagar el Impuesto General a  las Ventas del período 2011.Conforme a ello, esta judicatura  concluye que la Ley N° 29661 ha sido aplicada de manera  inmediata en el caso en concreto, cumpliendo lo previsto por  los artículos 103° y 109 ° de la Constitución Política del Perú,  y de esa aplicación se desprende que el demandante se  encontraba obligado al pago del Impuesto General a las  Ventas del periodo enero 2011, debido a la vacacio sententiae  ordenada por el Tribunal Constitucional, la cual se aplicó a fin  de evitar que la declaración de inconstitucionalidad y su  inmediata eliminación del sistema jurídico resulte más  perniciosa que mantener su vigencia momentánea.[…]1.3.4.  Sentencia de vistaLa Sétima Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros, resolvió confirmar la sentencia  apelada, decisión adoptada a mérito de los siguientes  argumentos:OCTAVO:[…]De lo expuesto se verifica que el  Juzgado ha emitido pronunciamiento respecto de los  argumentos de la actora en la demanda, arribando a la  conclusión de que en el periodo de enero 2011 el departamento  de San Martin se encontraba gravado con el Impuesto  General a las Ventas, en consecuencia, resulta claro que la  apelada ha sido emitida cumpliendo con los criterios de  motivación y congruencia debidos, contrariamente a lo  señalado por la actora.[…]DÉCIMO CUARTO: Al haberse  establecido que la posición de la actora no se encuentra  conforme con la Constitución y en consecuencia, no está  debidamente fundamentada, no corresponde realizar un  control difuso de lo previsto por el Decreto Legislativo Nº 978,  toda vez que, no se ha acreditado ninguna vulneración a  alguno de sus derechos constitucionales, considerando  además que respecto del periodo materia de análisis -enero  2011- el Tribunal Constitucional ha concluido que la  inconstitucionalidad de dicho cuerpo legislativo aun no surta  efectos y siga siendo válida y aplicable, por lo que, en tanto  máximo intérprete de la Constitución, su decisión debe de ser  respetada y la argumentación de la actora en este extremo  debe de ser desestimada.[…]DÉCIMO NOVENO: En lo que  respecta a la interpretación de la estructura y efectos de la  sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente N°  0016-2007-PI/TC, la actora señala expresamente en la página  58 del recurso de apelación que “cuando el Tribunal  Constitucional analizó el tema controvertido, la venta de  bienes en la Amazonia se encontraba exonerada del IGV (...)  siendo esta la situación que quiso preservar al momento de  emitir la Sentencia, razón por la cual declaró la vacatio  sententiae hasta que se emitiera una nueva norma  -formalmente adecuada- que eliminara la exoneración. (...)  Interpretar que la sentencia buscó que el Decreto Legislativo  N° 978 se torne aplicable o que se otorgó un plazo excesivo a  favor del Congreso para que se valide el cobro del IGV y no se  aplique la exoneración no es coherente con las garantías  contenidas en los artículos 74 y 79 de la Constitución.Esa  interpretación, al ser contraria a la Constitución, deviene en  un absurdo jurídico.” Como se puede apreciar, la actora  pretende otorgar a la sentencia un único sentido, el de la  inaplicación del Decreto Legislativo N° 978, basándose  únicamente en lo que ella considera que el Tribunal quiso  preservar al momento de sentenciar sin fundamento jurídico  ni factico alguno que sustente su posición.Nótese que, si bien  en efecto la demora en legislar por un plazo excesivo otorgado  al Congreso es un acto reprochable, ello no lo convierte en un  absurdo jurídico que vulnere per se los artículos 74 y 79 de la  Constitución como pretende sostener la apelante. En otras  palabras, conforme ya ha sido expuesto, es permisible  interpretar contrariamente a la actora, en el sentido que, de  acuerdo a la aplicación de las normas en el tiempo, en enero  de 2011 el Decreto Legislativo N° 978 era aplicable al caso de  autos.II. CONSIDERANDOSPrimero: De esta manera,  atendiendo a los fundamentos del recurso de casación,  respecto de la sentencia de vista, corresponde a esta Sala  Suprema analizar las infracciones normativas denunciadas  por la empresa en forma integral y determinar si corresponde  anular o revocar la resolución recurrida.A propósito de ello,  corresponde mencionar de manera preliminar, que la finalidad  del recurso de casación es la adecuada aplicación del derecho  objetivo al caso concreto, sometidos al conocimiento de losórganos jurisdiccionales, así como garantizar la uniformidad  de la jurisprudencia nacional emitida por la Corte Suprema de  Justicia de la República, tal y, conforme se prescribe en el  artículo 3841 del Código Procesal Civil2.Al respecto, la  Casación Nº 3157-2013/Lima3, menciona lo siguiente:La  casación constituye un medio impugnatorio extraordinario,  concedido al justiciable a fin de que pueda solicitar al máximo  órgano de justicia el examen de la decisión dictada por los  jueces de mérito. Se dice que es extraordinario, pues la Ley lo  admite excepcionalmente, esto es, al agotarse la impugnación  ordinaria a fin de satisfacer finalidades limitadas como  observar la correcta aplicación del derecho objetivo al caso  concreto, es decir, la Corte de Casación solo puede  pronunciarse sobre los errores de derecho, más no respecto  de los hechos y las pruebas […]Segundo: En el presente  caso, la discrepancia surgida entre la empresa y la  administración tributaria se presenta al momento de  determinar si el Decreto Legislativo Nº 978, que excluyó a  partir del uno de enero de dos mil nueve a varias regiones,  entre ellas, a la Región de San Martín, de la exoneración del  impuesto general a las ventas (inciso 1 del artículo 13 de la  Ley Nº 27037), estuvo vigente entre el dos de enero de dos  mil once y el ocho de febrero de dos mil once, tomando en  cuenta que en este lapso de tiempo antecedía la Ley Nº  29310 que suspendió la aplicación del Decreto Legislativo Nº  978 hasta el uno de enero de dos mil once y la Ley Nº 296614  que restableció la exoneración del impuesto general a las  ventas a partir del nueve de febrero de dos mil nueve hasta el  treinta y uno de diciembre de dos mil doce.Análisis de las  causalesTercero: Las infracciones descritas en los literales  a, b, c, d, f y g del numeral 1.2.1. del recurso de casación  interpuesto por Palmas del Espino S.A., se encuentran  relacionadas unas con otras y serán analizadas de forma  conjunta, ya que están directamente relacionadas con un  mismo aspecto, la debida motivación, inaplicación e  interpretación errónea, que ampararían la tesis de la  recurrente, en el sentido de que las ventas efectuadas en el  mes de enero de dos mil once no estarían gravadas con el  Impuesto General a las Ventas, remitiéndose a la sentencia  recaída en el Proceso de Inconstitucionalidad Nº 016-2007-PI- TC,  por  el  que  el  Tribunal  Constitucional  declaró  inconstitucional la Ley Nº 28932 numeral 1 y 5 que dispuso  otorgar facultades al ejecutivo para que dicte normas en  materia tributaria, así como los Decretos Legislativos Nº 977 y  Nº 978, por los cuales se instauró el programa de sustitución  gradual de exoneraciones e incentivos tributarios a una parte  de la región selva.Por lo que, en ese sentido, es necesario  determinar si la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01595-1- 2018 ha sido emitida de acuerdo a ley, o si por el contrario  contiene algún vicio que amerite declarar su nulidad, debiendo  previamente realizar un análisis de las normas en el tiempo y  la sentencia del Tribunal Constitucional (expediente Nº  016-2007-PI-TC) a fin de determinar si han sido interpretadas  y aplicadas conforme a derecho, por ello esta Sala Suprema  considera necesario analizar dicho extremo, bajo el siguiente  marco normativo:Constitución Política del Perú de  1993Artículo 2°. - Derechos fundamentales de la personaToda  persona tiene derecho:[…]2. A la igualdad ante la ley. Nadie  debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo,  idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera  otra índole.Artículo 51°. - Supremacía de la ConstituciónLa  Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre  las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La  publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del  Estado.Artículo 74°. - Principio de LegalidadLos tributos se  crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración,  exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de  delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los  cuales se regulan mediante decreto supremo.Los Gobiernos  Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y  suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro  de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El  Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los  principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de  los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo  puede tener carácter confiscatorio.Las leyes de presupuesto y  los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre  materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad  anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a  su promulgación.No surten efecto las normas tributarias  dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. Artículo 138.- Administración de Justicia. Control difuso. La  potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce  por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con  arreglo a la Constitución y a las leyes.En todo proceso, de  existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una  norma legal, los jueces prefieren la primera.Igualmente,  prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rangoinferior.Artículo 139°. – Principios de la administración de  justiciaSon  principios  y  derechos  de  la  función  jurisdiccional:[…]5. La motivación escrita de las resoluciones  judiciales en todas las instancias excepto los decretos de  mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y los  fundamentos de hecho en que se sustentan.6. La pluralidad  de la instancia.[…]14. El principio de no ser privado del  derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda  persona será informada inmediatamente y por escrito de la  causa o las razones de su detención. Tiene derecho a  comunicarse personalmente con un defensor de su elección y  a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por  cualquier  autoridad.Código  Procesal  CivilTítulo  PreliminarArtículo VII.- El Juez debe aplicar el derecho que  corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por  las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no  puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos  diversos de los que han sido alegados por las partes.Ley Nº  27444  -  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  GeneralArtículo  IV.  Principios  del  Procedimiento  Administrativo1. El procedimiento administrativo se sustenta  fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio  de la vigencia de otros principios generales del Derecho  Administrativo:1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades  administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la  ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén  atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron  conferidasArtículo 66.- Derechos de los administradosSon  derechos de los administrados con respecto al procedimiento  administrativo, los siguientes:1. La precedencia en la atención  del servicio público requerido, guardando riguroso orden de  ingreso.2. Ser tratados con respeto y consideración por el  personal de las entidades, en condiciones de igualdad con los  demás administrados.3. Acceder, en cualquier momento, de  manera directa y sin limitación alguna a la información  contenida en los expedientes de los procedimientos  administrativos en que sean partes y a obtener copias de los  documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que  suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente  previstas por ley.4. Acceder a la información gratuita que  deben brindar las entidades del Estado sobre sus actividades  orientadas  a  la  colectividad,  incluyendo  sus  fines,  competencias,  funciones,  organigramas,  ubicación  de  dependencias, horarios de atención, procedimientos y  características.5. A ser informados en los procedimientos de  oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del  plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y  obligaciones en el curso de tal actuación.6. Participar  responsable y progresivamente en la prestación y control de  los  servicios  públicos,  asegurando  su  eficiencia  y  oportunidad.7. Al cumplimiento de los plazos determinados  para cada servicio o actuación y exigirlo así a las autoridades.8.  Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus  obligaciones.9. Conocer la identidad de las autoridades y  personal al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad  son tramitados los procedimientos de su interés.10. A que las  actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a  cabo en la forma menos gravosa posible.11. Al ejercicio  responsable del derecho de formular análisis, críticas o a  cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades.12.  A no presentar los documentos prohibidos de solicitar las  entidades, a emplear los sucedáneos documentales y a no  pagar tasas diferentes a las debidas según las reglas de la  presente Ley.13. A que en caso de renovaciones de  autorizaciones, licencias, permisos y similares, seentiendan  automáticamente prorrogados en tanto hayan sido solicitados  durante la vigencia original, y mientras la autoridad instruye el  procedimiento de renovación y notifica la decisión definitiva  sobre este expediente.14. A exigir la responsabilidad de las  entidades y del personal a su servicio, cuando así corresponda  legalmente, y15. Los demás derechos reconocidos por la  Constitución Política del Perú o las leyes.Decreto Legislativo  Nº 978Artículo 11.- Eliminación de la exoneración del  Impuesto General a las Ventas contenido en el numeral 13.1  del Artículo 13 de la Ley N° 27037Exclúyase a partir del 1 de  enero de 2009 a los Departamentos de Amazonas, Ucayali,  San Martín, Madre de Dios, la Provincia de Alto Amazonas del  Departamento de Loreto, así como a las provincias y distritos  de los demás departamentos que conforman la Amazonía, de  la exoneración del Impuesto General a las Ventas aplicable a  la venta de bienes, servicios y contratos de construcción o la  primera venta de inmuebles dispuesta por el numeral 13.1 del  Artículo 13 de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la  Inversión en la Amazonía.Ley Nº 28237.- Código Procesal  Constitucional (aplicable por temporalidad)Artículo 82°. -  Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de  inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción  popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada,por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen  efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su  publicación. Tiene la misma autoridad el auto que declara la  prescripción de la pretensión en el caso previsto en el inciso  1) del artículo 104.La declaratoria de inconstitucionalidad o  ilegalidad de una norma impugnada por vicios formales no  obsta para que ésta sea demandada ulteriormente por  razones de fondo, siempre que se interponga dentro del plazo  señalado en el presente Código.Texto Único Ordenado de la  Ley  Nº  27584  -  Ley  del  Proceso  Contencioso  AdministrativoArtículo 9°. - Son facultades del órgano  jurisdiccional las siguientes:1.- Control DifusoEn aplicación de  lo dispuesto en los artículos 51 y 138 de la Constitución  Política del Perú, el proceso contencioso administrativo  procede aún en caso de que la actuación impugnada se base  en la aplicación de una norma que transgreda el ordenamiento  jurídico. En este supuesto, la inaplicación de la norma se  apreciará en el mismo proceso.Debemos considerar que la  Constitución es la fuente principal del derecho, por eso,  también es conocida como la ley fundamental de un país en la  que podemos encontrar la organización básica del Estado y  diversos principios rectores del sistema jurídico nacional y  derechos fundamentales. Debido a su importancia, de  acuerdo con el artículo 51 de nuestra Constitución, se  reconoce la supremacía de ésta dentro de nuestro  ordenamiento jurídico, estableciendo lo siguiente:Artículo  51.- Supremacía de la ConstituciónLa Constitución  prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de  inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es  esencial para la vigencia de toda norma del Estado.Por ese  motivo, no es posible que una norma de jerarquía inferior a la  Constitución pueda contradecirla en la forma o en el fondo; de  presentarse el caso, dicha norma debe ser expulsada del  ordenamiento jurídico al no guardar armonía normativa con lo  estipulado en la Carta Magna.Cuarto: Del control difusoEl  control difuso se encuentra reconocido en la Constitución en  el artículo 138:Artículo 138.- Administración de Justicia.  Control difusoLa potestad de administrar justicia emana del  pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus  órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las  leyes.En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una  norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la  primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra  norma de rango inferior.El control difuso es una atribución  reconocida a favor de los tribunales de justicia en los que  deben analizar la compatibilidad de una norma legal con la  Constitución. Dicho análisis puede llevarse tanto de manera  formal (procedimientos o estándares para la aprobación de la  norma) como material (se examina si la norma ha respetado  el conjunto de principios o derechos del sistema). De existir  una contradicción, el juez está facultado para inaplicar la  norma con rango de ley al existir una contradicción con la  Constitución para un caso determinado, ello significa que la  norma no es expulsada del ordenamiento, sino solo está  siendo inaplicada.Lo señalado anteriormente concuerda con  lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder  Judicial, concordado con el primer párrafo del artículo VI del  título preliminar del Código Procesal Constitucional, norma  que desarrolla los alcances del control judicial de  constitucionalidad llamado también control difuso5 y que  contiene  el  siguiente  enunciado:Cuando  exista  incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de  inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre  que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea  posible obtener una interpretación conforme a la constitución. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha fijado los  presupuestos que deben tener en cuenta los jueces cuando  inapliquen las normas legales por ser incompatibles con las  normas constitucionales.Quinto: Ahora bien, en lo que  respecta a la debida motivación de las resoluciones judiciales,  corresponde partir de lo establecido por el Tribunal  Constitucional en relación a la debida motivación, como uno  de los contenidos del debido proceso, conforme lo ha  desarrollado en su sentencia del expediente Nº 01230-2002- HC/TC:Uno de los contenidos del derecho al debido proceso  es el derecho de obtener de los órganos judiciales una  respuesta razonada, motivada y congruente con las  pretensiones oportunamente deducidas por las partes en  cualquier clase de procesos. La exigencia de que las  decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los  términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma  Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la  instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental  que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que  el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con  sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la  finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de  defensa de los justiciables.La Constitución no garantiza unadeterminada extensión de la motivación, por lo que su  contenido  esencial  se  respeta  siempre  que  exista  fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo  resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación  de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se  presenta el supuesto de motivación por remisión.Tampoco  garantiza que, de manera pormenorizada, todas las  alegaciones que las partes puedan formular dentro del  proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y  detallado. En materia penal, el derecho en referencia  garantiza que la decisión expresada en el fallo sea  consecuencia de una deducción razonable de los hechos del  caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas  en la resolución de la controversia. En suma, garantiza que el  razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado  y congruente con el problema que al juez penal corresponde  resolver.A fin de analizar lo alegado por la recurrente, es  necesario citar lo establecido por la Sala Superior sobre el  punto en cuestión:De lo expuesto se verifica que el Juzgado  ha emitido pronunciamiento respecto de los argumentos de la  actora en la demanda, arribando a la conclusión de que en el  periodo de enero 2011 el departamento de San Martin se  encontraba gravado con el Impuesto General a las Ventas, en  consecuencia, resulta claro que la apelada ha sido emitida  cumpliendo con los criterios de motivación y congruencia  debidos, contrariamente a lo señalado por la actora.Por otro  lado, sobre este punto (v) cabe tener presente que en el  recurso de apelación la actora invoca lo siguiente:- “Agravio  de nulidad” por omisión de pronunciamiento del Juzgado  sobre el control difuso, excepto un pie de página- “Agravio de  revocatoria” por no aplicar control difuso. Nótese que la  apelante invoca el mismo argumento pero para ambos tipos  de agravio, lo que resulta a todas luces impropio y carente de  lógica pues, o se considera que no hubo un pronunciamiento  del Juzgado y se solicita nulidad o se considera que hubo un  pronunciamiento desestimatorio y debe de ser revocado, pero  no se podría considerar ambos supuestos a la vez pues  resulta contradictorio y evidencia la posición inconsistente de  la posición de la actora. Resulta así que tal como se ha  acreditado en la presente sentencia, el Juzgado sí ha emitido  pronunciamiento en ese extremo, por lo que dicho agravio de  nulidad debe de ser desestimado y la correcta o no aplicación  del control difuso será determinada en el siguiente acápite  relativo al agravio revocatorio.Al respecto, uno de los  principales componentes del derecho al debido proceso se  encuentra constituido por el denominado derecho a la  motivación, consagrado por el inciso 5 del artículo 139 de la  Constitución Política del Estado, por el cual se garantiza a las  partes involucradas en la controversia el acceso a una  respuesta del juzgador que se encuentre adecuadamente  sustentada  en  argumentos  que  justifiquen  lógica  y  razonablemente —con base en los hechos acreditados en el  proceso y al derecho aplicable al caso—. En este caso, la  decisión adoptada por parte de la Sala Superior ha sido  motivada y justificada, concluyendo que Palmas del Espino  S.A., desde el dos al treinta y uno de enero de dos mil once,  sí se encontraría gravado con el impuesto general a las  ventas, puesto que se encontraba vigente la exclusión de la  exoneración prevista por la Ley Nº 27037 y que por tanto, lo  previsto por el Decreto Legislativo Nº 978 era aplicable a  dicho periodo.Sexto: Por otra parte, respecto a la vacatio de  la sentencia, es la declaración de inconstitucionalidad de una  norma, (ya sea que tenga efectos hacia futuro o retroactivos)  la que genera que dicha norma no sea aplicable en el  ordenamiento jurídico. Lo anterior implica que la declaración  de inconstitucionalidad de una norma genere lagunas  jurídicas. Es por ello que el Tribunal Constitucional puede  hacer uso de la vacatio sententiae, mediante la cual se  dispone la suspensión de la eficacia de una parte del fallo6. El  empleo de esta se sustenta en un temor a las lagunas  normativas legales, también conocido como horror vacui. Al  respecto, el Tribunal Constitucional, ha sostenido que:[…]  eliminar las leyes inconstitucionales del ordenamiento, pero  sin producir situaciones de mayor inconstitucionalidad, sin  que los resultados de su juicio sean todavía más perjudiciales  para el ordenamiento. Toda la historia de las sentencias  interpretativas, desestimatorias y estimatorias, de las  manipulativas, aditivas o sustitutivas, está allí para  demostrarlo. Ei horror vacui, el temor a la laguna, a menudo  es justificado por la advertencia que el posterius puede  resultar más inconstitucional que el prius. El temor a la laguna  acude, por tanto, a valores constitucionales imprescindibles.  No obstante, sin querer renunciar, por otra parte, a la  declaración de inconstitucionalidad, un remedio a veces  eficaz, en determinadas circunstancias, puede ser aquel de la  limitación de sus efectos temporales.7Se puede observar que  la declaración de inconstitucionalidad de una norma y su  inmediata eliminación del sistema jurídico resulta más“inconstitucional” que mantener su vigencia momentánea.  Así, a través de la vacatio sententiae se busca evitar que se  genere un vacío en la regulación; por lo que, se suspende los  efectos de la sentencia y se exhorta al legislativo para que en  un plazo razonable cumpla con emitir una norma que no  transgreda la Constitución; es recién con esta nueva  regulación que la declaración de los efectos de la  inconstitucionalidad por parte del máximo intérprete de la  Constitución, surte efectos erga omnes.8Así las cosas, es  necesario mencionar que el Tribunal Constitucional del Perú,  viene emitiendo desde hace algunos años sentencias que son  exhortaciones al legislador, estas sentencias que declaran la  inconstitucionalidad de una ley, son las conocidas como  Vacatio Sententiae9, a través de la cual el Supremo Tribunal  invoca al legislador a corregir la Ley que es considerada  inconstitucional pero con la finalidad de no generar un caos o  efectos nocivos a la sociedad o economía del Perú no la  declara inconstitucional con la publicación de su sentencia  sino que suspende sus efectos hasta que el legislador emita  nueva norma dentro del marco de la constitucionalidad, aun  cuando no exista mandato constitucional para acatar dicho  mandato del Tribunal.Así debe tenerse en cuenta que la  definición de la “Vacatio Sententiae” ha sido determinada por  el propio Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el  expediente Nº 0004-2006-PUTC en la que señala que:[…] La  potestad de los Tribunales Constitucionales de diferir los  efectos de sus sentencias de acuerdo a la naturaleza de los  casos sometidos a su conocimiento, constituyen un elemento  de vital importancia en el Estado Constitucional, pues se  difiere con el objeto de evitar los efectos destructivos que  podría generar la eficacia inmediata de una sentencia que  declara la inconstitucionalidad de una ley. Ello no implica una  total discrecionalidad, o arbitrario accionar por parte del  Tribunal Constitucional, sino todo lo contrario. Como sostiene  Zagrebelsky, esta potestad de diferir los efectos de sus  decisiones “empleada con prudencia y, al mismo tiempo, con  firmeza por parte de la Corte Constitucional, sería la  demostración de un poder responsable y consciente de las  consecuencias”. El orden y la gradualidad en la transformación  del derecho son exigencias de relevancia, no simplemente de  hecho, sino constitucional. Es por ello que, la Corte no puede  desinteresarse de los efectos de los pronunciamientos de  inconstitucionalidad,  cuando  estos  pueden  determinar  consecuencias que trastornen aquel orden y aquella  gradualidad. En tales casos, ella no puede observar Pura y  simplemente- es decir ciegamente- la eliminación de la ley  inconstitucional, tanto para el pasado como para el futuro.En  cuanto a los efectos de una sentencia que declara la  inconstitucionalidad de la ley, cabe mencionar que el artículo  204° de la Constitución establece que:“La sentencia del  Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se  publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación,  dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la  sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o  en parte, una norma legal”.Séptimo: Sobre la exoneración  del impuesto general a las ventas en la Amazonía. Respecto al beneficio de la exoneración del impuesto general  a las ventas, estipulado en el numeral 13.1 del artículo 13 de  la Ley Nº 27037, “Ley de Promoción de la Inversión de la  Amazonía” del treinta de diciembre de mil novecientos  noventa y ocho, estableció que los contribuyentes ubicados  en la Amazonía gozan de la exoneración del impuesto general  a las ventas por las operaciones de venta de bienes que  efectúen en la zona para su consumo en la misma y por los  servicios que presten en la zona, entre otros.Artículo 13.-  Impuesto General a las Ventas13.1 Los contribuyentes  ubicados en la Amazonía gozarán de la exoneración de  Impuesto General a las Ventas, por las siguientes  operaciones:a) La venta de bienes que se efectúe en la zona  para su consumo en la misma;b) Los servicios que se presten  en la zona; y,c) Los contratos de construcción o la primera  venta de inmuebles que realicen los constructores de los  mismos en dicha zona.Los contribuyentes aplicarán el  Impuesto General a las Ventas en todas sus operaciones  fuera del ámbito indicado en el párrafo anterior, de acuerdo a  las normas generales del señalado impuesto.El dieciséis de  diciembre de dos mil seis, se publicó la ley que delega al  Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria  Ley Nº 28932, a través del cual el Congreso de la República  delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materia  tributaria,  habilitándolo  a  prorrogar  o  eliminar  las  exoneraciones y los beneficios tributarios vigentes. Así,  tenemos que en los numerales 1 y 5 del artículo 2 de la  referida ley, se señala lo siguiente:Artículo 2.- Delegación de  facultadesEn el marco de la delegación, el Poder Ejecutivo  está facultado para:1. Dictar el marco general que defina, en  forma transparente, los principios y las reglas que se deberán  cumplir para la dación de normas que contengan tratamientostributarios especiales, incentivos, beneficios o exoneraciones  tributarias, así como los criterios para evaluar su eficacia en  cuanto al logro de los objetivos para los cuales fueron  otorgados y la revisión de la necesidad de su permanencia. […]5. Prorrogar o eliminar las exoneraciones y los beneficios  tributarios vigentes sujetos a plazo, previa evaluación de la  necesidad de su permanencia.Así, en mérito a dicha facultad,  el ejecutivo emite el Decreto Legislativo Nº 978, publicado el  quince de marzo de dos mil siete, que establece la entrega a  los gobiernos regionales o locales de la región selva y de la  Amazonía, para inversión y gasto social, del íntegro de los  recursos tributarios cuya actual exoneración no ha beneficiado  a la población. Dicha normatividad, a través del artículo 11 del  título III, excluye a partir del uno de enero de dos mil nueve, al  departamento de San Martin y otros departamentos que  conforman la Amazonía, de la exoneración del impuesto  general a las ventas aplicable a la venta de bienes, servicios  y contratos de construcción o la primera venta de inmuebles  dispuesta por el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley Nº  27037. Asimismo, en el artículo 12 estableció que a partir del  uno de enero de dos mil nueve, los contribuyentes  comprendidos en el citado artículo 11, determinarían el  impuesto a pagar de acuerdo a las normas que regulaban el  mencionado impuesto y tendrían un derecho a deducir un  porcentaje del impuesto a pagar, a partir del uno de enero de  dos mil nueve hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil  doce.Artículo 11.- Eliminación de la exoneración del  Impuesto General a las Ventas contenido en el numeral  13.1 del Artículo 13 de la Ley Nº 27037Exclúyase a partir del  1 de enero de 2009 a los Departamentos de Amazonas,  Ucayali, San Martín, Madre de Dios, la Provincia de Alto  Amazonas del Departamento de Loreto, así como a las  provincias y distritos de los demás departamentos que  conforman la Amazonía, de la exoneración del Impuesto  General a las Ventas aplicable a la venta de bienes, servicios  y contratos de construcción o la primera venta de inmuebles  dispuesta por el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley Nº  27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Artículo 12.- Programa de sustitución gradual de la  exoneración del Impuesto General a las Ventas.12.1. A  partir del 1 de enero de 2009 los contribuyentes del Impuesto  General a las Ventas comprendidos en el artículo 11 del  presente Decreto Legislativo determinarán el impuesto a  pagar de acuerdo a las normas que regulan el citado  impuesto.12.2. A partir del 1 de enero de 2009 y hasta el 31 de  diciembre de 2012 dichos contribuyentes tendrán derecho a  deducir del impuesto a pagar un crédito equivalente a:a) En el  año 2009: 80% del Impuesto a pagar.b) En el año 2010: 60%  del Impuesto a pagar.c) En el año 2011: 40% del Impuesto a  pagar.d) En el año 2012: 20% del Impuesto a pagar. Posteriormente, el artículo único de la Ley Nº 29310, publicada  el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, suspendió la  aplicación del título III del Decreto Legislativo Nº 978,  Programa de sustitución gradual de exoneraciones e  incentivos tributarios, hasta el uno de enero de dos mil once. Octavo: Del proceso de inconstitucionalidad del Decreto  Legislativo Nº 978El Tribunal Constitucional a través de la  expediente Nº 00016-2007-PI/TC, publicado el dieciséis de  abril de dos mil nueve, declaró la inconstitucionalidad de los  incisos 1 y 5 del artículo 2 de la Ley Nº 28932 por transgredir  lo regulado en el último párrafo del artículo 79 de la  Constitución Política del Perú, es decir, por delegar al Poder  Ejecutivo una materia que por mandato constitucional queda  cubierta por el principio de reserva de ley absoluta, y por ello,  también inconstitucional el Decreto Legislativo Nº 978, en  aplicación del artículo 78 del Código Procesal Constitucional,  y disponiendo la vacatio de la sentencia hasta que el Congreso  de la República legislara sobre la materia. La sentencia Nº  00016-2007-PI/TC  resolvió:1.  Declarar  FUNDADA  la  demanda  de  inconstitucionalidad;  en  consecuencia,  inconstitucionales los incisos 1 y 5 del artículo 2° de la Ley Nº  28932.2. Declarar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo  78° del Código Procesal Constitucional, inconstitucionales los  Decretos Legislativos Nº 977, Nº 978, y la Ley Nº 29175.3.  Declarar la vacatio de la presente sentencia hasta que el  Congreso de la República legisle sobre la materia, respetando  la interpretación del Tribunal Constitucional del último párrafo  del artículo 79° de la Constitución.Finalmente, y en virtud de  lo ordenado en la sentencia aludida, mediante el artículo 2 de  la Ley Nº 29661, publicada el ocho de febrero de dos mil once,  se dispone restablecer hasta el treinta y uno de diciembre de  dos mil doce la exoneración del impuesto general a las ventas  dispuesta por el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley Nº  27037 “Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía”,  entre los cuales se encontraba el departamento de San  Martin.En consecuencia, a partir del nueve de febrero de dos  mil once se encontraba nuevamente exonerado del impuesto  general a las ventas, no obstante, el periodo comprendidoentre el dos de enero y el ocho de febrero de dos mil once, sí  se encontraban gravadas con el referido impuesto.A su vez, el  artículo 2 de la Ley Nº 29661, publicado el ocho de febrero de  dos mil once, entró en vigencia a partir del nueve de febrero  de dos mil once, ello de conformidad a lo previsto en el artículo  109 de la Constitución Política del Estado:La ley es obligatoria  desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial,  salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su  vigencia en todo o en parte.Noveno: Ahora bien, conforme al  considerando anterior, el Decreto Legislativo Nº 978 se  encontraba vigente en enero de dos mil once, periodo por el  cual la administración tributaria considera que la empresa  recurrente debía pagar el impuesto general a las ventas, y por  su parte la empresa considera que no corresponde su pago,  en mérito a que el Tribunal Constitucional había declarado su  inconstitucionalidad mediante sentencia recaída en el  expediente Nº 00016-2007-PI/TC, publicado el dieciséis de  abril de dos mil nueve; sin embargo, la sentencia del Tribunal  Constitucional había decretado la “vacatio sententiae”, esto  es, que se postergaba los efectos de la sentencia que declaró  la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo Nº 978 y  prorrogaba su vigencia hasta que se legisle sobre la materia,  lo que hizo con la dación de la Ley Nº 29742 que lo derogaba,  en fecha nueve de julio de dos mil once.Debe resaltarse que  en la sentencia emitida en el expediente Nº 00016-2007-PI/ TC, si bien es cierto se declararon inconstitucionales los  Decretos Legislativos Nº 977 y Nº 978, se fijó una vacatio  sententiae hasta que el Congreso de la República legislase  sobre la materia. Dicha vacatio significó que la sentencia no  iba a surtir sus efectos inmediatamente, sino hasta que se  reemplacen  las  normas  que  fueron  declaradas  inconstitucionales. Dicha regulación de los efectos en el  tiempo de la citada sentencia se basó en el segundo párrafo  del artículo 81 del Código Procesal Constitucional entonces  vigente (hoy, segundo párrafo del artículo 80 del mismo  código) que establece el deber del Tribunal Constitucional de  determinar los efectos de la sentencia en el tiempo, cuando se  declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por  vulneración del artículo 74 de la Constitución.Atendiendo a lo  expuesto, se concluye que del dos de enero al ocho de  febrero de dos mil once, los Decretos Legislativos Nº 977 y  Nº 978 estaban vigentes, es decir, formalmente no había una  exoneración del impuesto general a las ventas a la venta de  bienes efectuada en la Amazonía para su consumo en la  misma para los servicios que se presten en la zona y para los  contratos de construcción o la primera venta de inmuebles  que realicen los constructores de los mismos en dicha zona. Por todo ello, se debe considerar que el Decreto Legislativo  Nº 978 estaba vigente del dos de enero al ocho de febrero de  dos mil once, y con esto se declare su inaplicación por  transgredir la Constitución, haciendo una invocación a la  aplicación del control difuso.Décimo: Aplicación del Control  difuso en periodo de vacatio sententiaeEl principio de  constitucionalidad regulado en el artículo 51 de la Constitución  Política del Estado, establece que la Constitución prima sobre  cualquier otra norma del orden jurídico de menor jerarquía, es  así que, en caso de existir incompatibilidad entre ambos  preceptos normativos, se aplicará la norma constitucional  sobre la de inferior jerarquía, facultad conocida como control  difuso (artículo 138 de la Constitución), o la norma inferior se  dejará sin efecto y quedará eliminada del orden jurídico (inciso  4 del artículo 200, inciso 1 del artículo 202 y artículo 204 de la  Constitución).Aunado a ello, el artículo VI del Código Procesal  Constitucional establece la facultad conferida a los jueces  para aplicar control difuso:Cuando exista incompatibilidad  entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el  Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante  para resolver la controversia y no sea posible obtener una  interpretación conforme a la Constitución.Los Jueces no  pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad  haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o  en un proceso de acción popular.Los Jueces interpretan y  aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los  reglamentos según los preceptos y principios constitucionales,  conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las  resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.Al  respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída  en el Expediente Nº 1109-2002-AA/TC, ha dejado establecido  que:Control difuso en el proceso constitucional de  amparo[…] El control difuso de la constitucionalidad de las  normas constituye un poder-deber del Juez […].El control  difuso es un acto complejo en la medida en que significa  preferir la aplicación de una norma cuya validez, en principio,  resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las  normas del Estado. Por ello, su ejercicio no es un acto simple,  y para que él sea válido se requiere de la verificación, en cada  caso, de los siguientes presupuestos:a. Que, en el proceso  constitucional, el objeto de impugnación sea un acto queconstituya la aplicación de una norma considerada  inconstitucional. (artículo 3° de la Ley Nº 23506)b. Que la  norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e  indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea  relevante en la resolución de la controversia.c. Que la norma  a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la  Constitución, aun luego de haberse acudido a interpretarla de  conformidad con la Constitución, en virtud del principio  enunciado en la Segunda Disposición General de la Ley  Orgánica del Tribunal Constitucional.[…]Es de resaltar que en  el presente caso se analizará el cumplimiento de las reglas  para la aplicación del control difuso, conforme lo establece la  doctrina jurisprudencial vinculante emitida por la Corte  Suprema de Justicia de la República, en fecha dieciséis de  agosto de dos mil dieciséis, en la Consulta Nº 1618-2016  Lima Norte:2.5 Enfatizando las siguientes reglas para el  ejercicio del control difuso judicial:i. Partir de la presunción de  validez, legitimidad y constitucionalidad de las normas  legales, las que son de observancia obligatoria conforme lo  prevé el artículo 109 de la Constitución Política, gozan de  legitimidad en tanto hayan sido promulgadas conforme al  procedimiento previsto en la Constitución; debiendo suponer  a priori que la norma no viene viciada de ilegitimidad, en ese  orden, quien enjuicie la norma esgrimiendo infracción a la  jerarquía de la norma constitucional, debe cumplir con la  exigencia de demostrar objetivamente la inconstitucionalidad  alegada.ii. Realizar el juicio de relevancia, en tanto solo podrá  inaplicarse una norma cuando es la vinculada al caso,  debiendo los jueces ineludiblemente verificar si la norma  cuestionada es la aplicable permitiendo la subsunción de las  premisas  de  hecho  en  los  supuestos  normativos,  constituyendo la regla relevante y determinante que aporta la  solución prevista por el ordenamiento jurídico para resolver el  caso concreto; en tanto la inaplicación permitida es sólo  respecto de la norma del caso en un proceso particular.iii.  Identificada la norma del caso, el juez debe efectuar una  labor  interpretativa  exhaustiva,  distinguiendo  entre  disposición y norma, siendo el primero el texto o enunciado  legal sin interpretar, y la norma es el resultado de la  interpretación, por lo que, siendo el control difuso la última  ratio, que se ejerce cuando la disposición no admite  interpretación compatible con la Constitución, es obligación  de los jueces haber agotado los recursos y técnicas  interpretativas para salvar la constitucionalidad de la norma  legal; por el contrario el uso indiscriminado acarrea  inseguridad jurídica en relación a la aplicación de las normas,  vulnerando el orden del sistema normativo.iv. En esencia el  control difuso es un control de constitucionalidad en concreto  que conlleva la inaplicación al caso particular, por lo que, es  exigencia ineludible iniciar identificando los derechos  fundamentales involucrados en el caso concreto, el medio  utilizado, el fin perseguido, el derecho fundamental  intervenido y el grado de intervención, para así poder  aplicar el test de proporcionalidad u otro de igual nivel de  exigencia, examinando si la medida legal en cuestión,  supera el examen de idoneidad (de medio a fin), el examen  de necesidad (de medio a medio), y el examen de  proporcionalidad en sentido estricto (cuanto mayor la  intensidad de la intervención o afectación del derecho  fundamental, debe ser mayor el grado de satisfacción u  optimización del fin constitucional). (Énfasis nuestro)Al  respecto, se debe señalar que, sobre la primera regla, “[…]  partir  de  la  presunción  de  validez,  legitimidad  y  constitucionalidad de las normas legales […]”, en efecto, el  artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 978, suprimió la  exoneración del pago del impuesto general a las ventas  aplicable a la venta de bienes, servicios y contratos en la  región San Martin, entre otras, que ha sido dispuesta en el  artículo 13.1 de la Ley Nº 27037 a la Región San Martin, es  decir, que se encontraba vigente en enero de dos mil once,  pues la norma es aplicable y relevante para el presente caso;  siendo así, debe evaluarse la presunta vulneración a los  derechos y principios constitucionales invocados en la  demanda.Sobre la segunda regla, “[…] Realizar el juicio de  relevancia […]”, si bien es cierto que el Decreto Legislativo Nº  978 se encontraba vigente, no es razonable sostener que se  termine exigiendo la aplicación del citado texto normativo  cuando es el propio Tribunal Constitucional —al expedir la  sentencia emitida en el expediente Nº 00016-2007-PI/TC del  dieciséis de abril de dos mil nueve—, el que ha dispuesto la  invalidez del Decreto Legislativo en mención por adolecer de  inconstitucional, ello pese a que su eficacia haya quedado  sujeta a la aprobación por parte del Congreso de la República  mediante el requisito de forma establecido en el artículo 79 in  fine de la Constitución Política del Perú con la vacatio  sententiae, que duró aproximadamente dos años, desde la  fecha en que se expidió la sentencia del Tribunal  Constitucional, y se dispuso que el Congreso legisle sobre lamateria a través de la dación de la Ley Nº 29742, publicada el  nueve de julio de dos mil once, que derogó el Decreto  Legislativo Nº 978.De otro lado, el Tribunal Constitucional se  pronunció respecto de la naturaleza de las disposiciones  normativas tributarias. Así señaló que:Las normas tributarias  son del tipo autoaplicativas, pues en la medida que el  demandante sea sujeto pasivo del tributo y se configure en su  caso el hecho imponible de la norma, la misma ya le es  exigible; es decir, ya se encuentra obligado al pago sin  esperar que la administración desemboque su actuación  administrativa para ejercer la cobranza de la deuda […]”10En  ese sentido, es preciso señalar que el Decreto Legislativo Nº  978 sí colisiona con la Constitución Política del Perú, en  mérito a que el citado decreto fue emitido en virtud de la  delegación de facultades legislativas contenida en la Ley Nº  28932, conforme lo señalado en el considerando séptimo de  la presente resolución, y es que, en el artículo 2 de la citada  ley, se delegaron facultades al Poder Ejecutivo para fijar los  principios y reglas que regirían la dación de normas que  contengan tratamientos tributarios especiales, incentivos,  beneficios o exoneraciones tributarias, entre otros aspectos,  autorizando al gobierno central a prorrogar o eliminar las  exoneraciones y los beneficios tributarios vigentes sujetos a  plazo, previa evaluación de la necesidad de su permanencia. Se advierte de esta manera que la Ley Nº 28932 es  autoritativa, pues alude a la prórroga o eliminación de  exoneraciones y beneficios tributarios en general, sin  distinguirlos de aquellos beneficios tributarios que rigen para  determinadas zonas del país. Tal distinción es determinante y  relevante, pues conforme al último párrafo del artículo 79 de  la Constitución: “…solo por ley expresa, aprobada por dos  tercios de los congresistas, puede establecerse selectiva y  temporalmente un tratamiento tributario especial para una  determinada zona del país”.Es decir, el citado párrafo contiene  una reserva de Ley absoluta en materia de regulación  tributaria especial cuando esta no se aplica a nivel nacional,  sino solo a determinadas zonas. Tratándose de un supuesto  específico de indelegabilidad que se añade a la prohibición de  delegación contemplada en el segundo párrafo del artículo  104 de la Constitución, el cual establece “[…] no pueden  delegarse las materias que son indelegables a la comisión  permanente […]”; por ende, la Ley Nº 28932 en el inciso 5 de  su artículo 2, si bien autorizó al Poder Ejecutivo a legislar  acerca de la prórroga o eliminación de las exoneraciones  tributarias, no especificó que dicha delegación no incluía la  regulación, inclusión, modificación y derogación de los  beneficios tributarios a determinadas zonas del país, abriendo  la posibilidad de la supresión de las exoneraciones en la selva  previstas en la Ley Nº 27037.El cumplimiento de la regulación  del artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 978, que excluyó a  partir del uno de enero de dos mil nueve a varias regiones de  la exoneración del impuesto general a las ventas, entre ellas  la región de San Martín contenida en el citado inciso 1 del  artículo 13 de la Ley Nº 27037, colisiona con la reserva de ley  absoluta contenida en el último párrafo del artículo 79 de la  Constitución, pues se suprimió una exoneración contemplada  para una determinada zona del país (la Amazonía) a través de  un Decreto Legislativo y no de una ley como lo exigía el texto  constitucional antes mencionado.Aunado a ello, a fin de  abordar tal asunto, es necesario partir de lo señalado en el  artículo 74 de la Constitución Política del Estado:Artículo 74.-  Principio de LegalidadLos tributos se crean, modifican o  derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por  ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades,  salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante  decreto supremo.Los gobiernos locales pueden crear,  modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de  éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la  ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar  los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto  de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo  puede tener efecto confiscatorio.Los decretos de urgencia no  pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a  tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de  enero del año siguiente a su promulgación. Las leyes de  presupuesto no pueden contener normas sobre materia  tributaria.No surten efecto las normas tributarias dictadas en  violación de lo que establece el presente artículo”.Del  contenido del texto constitucional descrito precedentemente,  se desprenden varios principios que rigen la regulación de los  aspectos tributarios, entre los cuales está el principio de  reserva ley, que en la línea de lo establecido por el Tribunal  Constitucional en la sentencia del expediente Nº 02302-2003- AA/TC, “significa que el ámbito de la creación, modificación,  derogación o exoneración —entre otros— de tributos queda  reservada para ser actuada mediante una ley”.Es a partir de  ello que los aspectos esenciales de la hipótesis de incidencia  tributaria deben ser necesariamente regulados en la ley, comoes el caso del aspecto mensurable, dentro del cual se  encuentra la base imponible del tributo, que en palabras de  Geraldo Ataliba11 es “una perspectiva mensurable del aspecto  material de la hipótesis de incidencia que la ley califica, con la  finalidad de fijar criterio para la determinación, en cada  obligación tributaria concreta, del quantum debetur”.En tal  sentido, el Decreto Legislativo Nº 978, vigente entre el dos de  enero al ocho de febrero de dos mil once, es incompatible con  la Constitución. Por tanto, en ejercicio legítimo del Control  Difuso, debe inaplicarse respecto de la recurrente Palmas del  Espino S.A. dicho Decreto Legislativo, lo que acarrea que la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06790-1-2017, del nueve de  agosto de dos mil diecisiete, que dispuso confirmar la  Resolución de Oficina Zonal Nº 185-014-0000226/SUNAT de  fecha veintiocho de octubre de dos mil once, que declaró  infundada la reclamación formulada contra la Resolución de  Determinación Nº 182-003-000090 y Resolución de Multa Nº  182-002-0000197, giradas por el impuesto general a las  ventas de enero de dos mil once y la infracción tipificada en el  numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, devenguen  en valores nulos, manteniéndose en el caso concreto, la  exoneración del impuesto general a las ventas en la región de  San Martín, por el periodo comprendido entre el dos de enero  al ocho de febrero de dos mil once.III. DECISIÓNPor tales  consideraciones, de conformidad con el artículo 397 del  Código Procesal Civil, e INAPLICANDO respecto de la  recurrente Palmas del Espino S.A., el Decreto Legislativo Nº  978 por el periodo comprendido entre el dos de enero al ocho  de febrero de dos mil once; DECLARARON FUNDADO el  recurso de casación interpuesto por Palmas del Espino S.A.,  del veinticuatro de agosto de dos mil veinte (foja seiscientos  treinta y seis del EJE); en consecuencia, CASARON la  sentencia de vista emitida por la Sétima Sala Especializada  en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en  Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de  Justicia de Lima, del tres de julio de dos mil veinte (foja  seiscientos dos del EJE), y actuando en sede de instancia,  REVOCARON la sentencia apelada que declaró infundada la  demanda, y; REFORMANDOLA declararon FUNDADA la  demanda; en consecuencia NULA la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 06790-1-2017, del nueve de agosto de dos mil  diecisiete y NULA la Resolución de Oficina Zonal Nº 185-014- 0000226/SUNAT del veintiocho de octubre de dos mil once, la  Resolución de Determinación Nº 182-003-000090 y la  Resolución de Multa Nº 182-002-0000197, giradas por el  impuesto general a las ventas de enero de dos mil once y la  infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del  Código Tributario; en los seguidos por Palmas del Espino  S.A., contra el Tribunal Fiscal y la Sunat, sobre acción  contencioso administrativa. ORDENARON la publicación de  la presente resolución en el diario oficial El Peruano; y los  devolvieron.Interviene como ponente la señora Jueza  Suprema Barra Pineda.SS.GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA  FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA  PINEDA, DÁVILA BRONCANO. 1  Fines de la casación.  El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo  al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia. 2  Publicado en el diario oficial El Peruano el veintidós de abril de mil novecientos  noventa y tres. 3  Publicada en el diario oficial El Peruano el treinta de junio de dos mil dieciséis. 4  Publicada en el diario oficial El Peruano el ocho de febrero de dos mil once. 5  Al respecto, ver: ABAD YUPANQUI, Samuel. Derecho Procesal Constitucional la  edición. Gaceta Jurídica, Lima/ 2004. 6  Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, Víctor Hugo  Montoya Chávez, Carlos Quispe Astoquilca y Evelyn Chilo Gutiérrez, p. 82 7  Fundamento 50 de la STC 0005-2007-PI/TC. 8  Adrián, Javier. “Los efectos temporales de las sentencias de inconstitucionalidad”.  En: Gaceta del Tribunal Constitucional No.8, octubre - diciembre de dos mil siete. 9  Adrián, Javier. “Los efectos temporales de las sentencias de inconstitucionalidad”.  En: Gaceta del Tribunal Constitucional Nº 8, octubre - diciembre de dos mil siete. 10  Sentencia recaída en el expediente Nº 02302-2003-PA/TC. 11  ATALIBA, Geraldo (2011). Hipótesis de incidencia tributaria. Lima: ARA Editores.  Pp. 139. C-2136204-18