CASACIÓN Nº 11019-2020 LIMA
Tema: NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Sumilla: Al dejar de lado el análisis de situaciones relevantes  y del Addendum Nº 1 del “Contrato de Obra para la Ejecución  de Labores de Profundización, Desarrollos y Preparación de  Niveles”, no solo se vulnera el derecho de la demandante  a que se valoren de manera adecuada y motivada todos  los medios probatorios que han ingresado al proceso y que  han sido actuados, sino que también se incurre en vicio de  motivación insuficiente, debido a que las conclusiones a las  que arriba el colegiado superior no se respaldan en pruebas  fundamentales y relevantes, dando lugar a que no se genere  certeza de los hechos expuestos por las partes. Palabras claves: Motivación de las resoluciones judiciales,  derecho a la prueba. Lima, ocho de noviembre de dos mil veintidós.- LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICAI. VISTA la causa número  once mil diecinueve-dos mil veinte-Lima ; en audiencia pública  llevada a cabo en la fecha a través de la plataforma virtual  Google Hangouts Meet, con la participación de los señores  Jueces Supremos Yaya Zumaeta (presidente), González  Aguilar, Rueda Fernández, Bustamante del Castillo y Dávila  Broncano, y luego de verificada la votación con arreglo a ley,  emite la siguiente sentencia:1. Objeto del recurso de  casaciónEn el presente proceso sobre nulidad de resolución  administrativa,  la  demandante,  JRC  Ingeniería  y  Construcción Sociedad Anónima Cerrada, ha interpuesto  recurso de casación con fecha seis de octubre de dos mil  veinte, obrante de fojas doscientos seis a doscientos  dieciocho del expediente judicial electrónico, contra la  sentencia de vista contenida en la resolución número doce,  de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte,  corriente de fojas ciento noventa y uno a doscientos dos del  mismo expediente, dictada por la Sexta Sala Especializada en  lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, que revocó la sentencia apelada de primera  instancia, contenida en la resolución número siete, de fecha  veintisiete de mayo de dos mil veinte, obrante de fojas ciento  veinticinco a ciento treinta y siete del citado expediente  electrónico,  que  declaró  fundada  la  demanda  y,  reformándola, declara infundada la demanda en todos  sus extremos.2. Causales por las que se ha declarado  procedente el recurso de casaciónMediante auto calificatorio  de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, corriente de  fojas ciento treinta y tres a ciento treinta y ocho del cuaderno  de casación formado en esta Sala Suprema, se declaró  procedente el recurso de casación interpuesto por la  demandante JRC Ingeniería y Construcción Sociedad  Anónima Cerrada, por las siguientes causales:a) Infracción  de las normas que garantizan un debido proceso: inciso  5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú,  artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y  artículos 122°, incisos 3 y 4, y 197° del Código Procesal  Civil. Sostiene que tanto la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) como el  Tribunal Fiscal son de la opinión de que la recurrente seencuentra obligada a facturar el valor de los explosivos  entregados por la comitente, porque éste los transfirió en  propiedad a su empresa, lo cual supuestamente se desprende  del contrato de obra; sin embargo, ambas entidades  administrativas y la Sala Superior omiten analizar la prueba  documental ofrecida por su parte, como es el “Addendum Nº  1” del citado contrato de obra, que acredita la realidad  económica de la operación, es decir, el hecho imponible que  se subsume en el inciso b) del Artículo 1° de la Ley del  Impuesto General a las Ventas, por lo que se incurre en vicio  de nulidad que la Jueza de la causa correctamente advirtió,  pero que el Colegiado Superior no hace acotación de ello en  ninguna parte de su resolución. En efecto, en el numeral 2.1  de la Cláusula Segunda del “Addendum N.°1”, se consigna  que la comitente asume el costo de los explosivos y conexos  de uso civil, y que “[…] el costo de dichos materiales  necesarios para la ejecución de las obras y/o trabajos no será  asumido por EL CONTRATISTA y su entrega por parte de  LOS QUENUALES se efectuará en cumplimiento de lo  dispuesto en el artículo 1773° del Código Civil”.b) Infracción  normativa de derecho material: indebida interpretación y  aplicación del segundo párrafo del artículo 14° de la Ley  del Impuesto General a las Ventas, al aplicar la teoría de la  unicidad. Indica que la resolución impugnada ha realizado  una indebida interpretación y aplicación del segundo párrafo  del artículo 14° de la Ley del Impuesto General a las Ventas,  ya que erróneamente considera que el caso materia de  discusión se resuelve aplicando la Teoría de la Unicidad,  según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de tal  forma que, si la actividad está exenta, todo lo que la acompañe  estará exento y viceversa. Sin embargo, en el presente caso  no estamos ante la existencia de una prestación principal y  una accesoria, pues no existe una prestación de servicios que  implique la entrega accesoria de un bien (explosivos), y  tampoco estamos ante una relación contractual en la que se  reciban bienes a cambio de servicios (permuta), sino que  estamos ante un contrato de obra por el cual se contrata a un  tercero para realizar un servicio gravado, cuyo tratamiento  tributario respecto del Impuesto a la Renta, Impuesto General  a las Ventas y Reglamento de Comprobantes de Pago, de los  bienes suministrados por la Comitente, requiere previamente  definir los alcances de la relación contractual entre las  partes.3. Cuestión jurídica en debateEn el caso particular, la  cuestión jurídica en debate consiste en verificar: (i) si la  sentencia de vista que se impugna ha respetado o no los  cánones mínimos de motivación que, como derecho implícito  del derecho continente del debido proceso, debe observarse  en todo proceso judicial, de conformidad con el numeral 5 del  artículo 139° de la Constitución Política del Perú; y (ii) si la  sentencia de vista ha realizado una indebida interpretación y  aplicación del segundo párrafo del artículo 14° de la Ley del  Impuesto  General  a  las  Ventas.II.  CONSIDERANDO:Referencias principales del proceso  judicialPRIMERO.- Antes de absolver las denuncias  planteadas y para contextualizar el caso particular, es  pertinente iniciar el examen que corresponde a este Tribunal  Supremo con un sumario recuento de las principales  actuaciones vinculadas con el desarrollo de la presente causa  judicial. Así, tenemos:c.1. Materialización del ejercicio del  derecho de acciónCon fecha veintiséis de septiembre de dos  mil dieciocho la demandante, JRC Ingeniería y Construcción  Sociedad Anónima Cerrada acude al órgano jurisdiccional  para interponer demanda sobre nulidad de resolución  administrativa, obrante de fojas veintisiete a treinta y ocho del  expediente judicial electrónico, planteando como petitorio lo  siguiente:Pretensión principal: Se declare la nulidad de la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03626-2-2018, del once de  mayo de dos mil dieciocho, y de la Resolución Aclaratoria Nº  05857-2-2018, del tres de agosto del mismo año, que  confirman la Resolución de Intendencia Nº 025-014-0013927/ SUNAT, del treinta y uno de mayo de dos mil once, que  declaró infundada la reclamación interpuesta contra las  Resoluciones de Determinación Nº 022-003-0013266 a Nº  022-003-0013277, giradas por impuesto general a las ventas  de enero a diciembre de dos mil ocho, y contra las  Resoluciones de Multa Nº 022-002-0009474 al Nº 022-002- 0009484, giradas por la infracción tipificada en el numeral 1  del artículo 178° del Código Tributario.Pretensión accesoria:  Se declare la nulidad de la Resolución de Intendencia Nº 025- 014-0013927/SUNAT, del treinta y uno de mayo de dos mil  once, que declaró infundada la reclamación interpuesta  contra las Resoluciones de Determinación Nº 022-003- 0013266 a Nº 022-003-0013277, giradas por impuesto  general a las ventas de enero a diciembre de dos mil ocho, así  como las Resoluciones de Multa Nº 022-002-0009474 a Nº  022-002-0009484, giradas por la infracción tipificada en el  numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario.Se sustenta  el petitorio argumentando que: a) según el criterio del TribunalFiscal y de la SUNAT, la actora habría descontado  indebidamente de su retribución de tercera categoría el valor  de los bienes que le fueron entregados por su comitente,  Empresa Minera Los Quenuales Sociedad Anónima, para la  ejecución de la obra que le fue encargada; no obstante, en el  procedimiento administrativo ha señalado que el contrato de  obra que suscribió con dicha empresa tiene connotaciones  legales especiales, que demuestran que el valor de los  materiales entregados no forman parte de la citada retribución;  b) en efecto, el artículo 1773° del Código Civil dispone que es  obligación del comitente proporcionar al contratista los  materiales necesarios para la ejecución de la obra, salvo  costumbre o pacto distinto. La propia Ley del Impuesto  General a las Ventas, en el numeral 2 del inciso a) del artículo  3°, establece que la entrega de bienes a un tercero, para ser  utilizados en la fabricación de otros bienes que la empresa le  hubiera encargado, no es una operación de venta; es decir,  no existe transferencia de propiedad de los bienes a título  oneroso (ni tampoco ingreso afecto al impuesto general a las  ventas), sino una entrega condicionada a que los materiales  se utilicen en beneficio del comitente, para quien se considera  como parte de su costo o gasto, puesto que son adquiridos  por él y serán utilizados exclusivamente a su favor en la  ejecución del contrato de obra; c) en el caso específico, la  comitente entregó a la actora explosivos y materiales conexos  para ser utilizados en la ejecución del contrato de obra, los  cuales no le podían ser transferidos a título oneroso en  atención a lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto Ley Nº  25707, al estar prohibida la venta a terceros de estos  materiales, por lo que una interpretación en contrario no  puede constituir un argumento válido. En consecuencia, el  argumento del Tribunal Fiscal, en el sentido de que existe una  transferencia onerosa por parte de la comitente y que la  contratista puede adquirir los explosivos y materiales conexos  de uso civil de otras empresas, para utilizarlos en el contrato  de obra —y por ende obligado a incluirlos en su retribución o  ingreso de tercera categoría— carece de sustento legal e  implica vulnerar abiertamente lo señalado en el Decreto Ley  Nº 25707; d) de acuerdo a los términos del “Contrato de Obra  para la Ejecución de Labores de Profundización, Desarrollos  y Preparación de Niveles”, y su “Addendum Nº 1”, los ingresos  de la contratista se encuentran expresamente vinculados con  el “análisis de los precios unitarios”, donde consta que la  utilidad es el 10% de los costos directos y 10% de los costos  directos para gastos generales, acordándose expresamente  en el numeral 2.1 de la cláusula segunda del citado  “Addendum Nº 1”, que el valor de los explosivos y conexos no  forman parte de los costos directos ni gastos generales, y que  el costo de los materiales necesarios para la ejecución de las  obras o trabajos no será asumido por la contratista, y su  entrega por parte de la comitente se efectuará en cumplimiento  de lo dispuesto en el artículo 1773° del Código Civil; e) no  obstante haber presentado el “Addendum Nº 1” a la SUNAT  en la etapa de fiscalización, mediante escrito del dieciséis de  abril de dos mil diez, el mismo no fue analizado tampoco en la  etapa de reclamación, ni por el Tribunal Fiscal al resolver la  apelación mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03626- 2-2018, sino que recién mereció análisis en virtud del pedido  de aclaración presentado por su parte, en mérito a lo cual se  emitió la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05857-2-2018, la  cual descartó la fehaciencia del documento por haber  adquirido fecha cierta con posterioridad al cierre de los  requerimientos, y porque las facturas correspondientes a los  trabajos mineros realizados consignan el valor neto de las  valorizaciones, lo que implicaría el cobro por la entrega de los  referidos materiales bajo la modalidad de descuento en la  facturación de los servicios proporcionados por los  contratistas; y, f) sin embargo, no se tiene en cuenta que el  addendum no fue solicitado en ningún momento durante la  etapa de fiscalización, ni fue presentado fuera del plazo  establecido en algún requerimiento; además, la empresa  recurrente no está obligada a incluir en su retribución de renta  de tercera categoría, vía factura, el costo de los explosivos y  accesorios de voladura civil, ya que dichos materiales fueron  entregados por la comitente para la prestación del contrato de  obra.c.2. Contestación de la demandaLa codemandada  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración Tributaria, por escrito del dieciocho de  octubre de dos mil dieciocho, obrante de fojas cuarenta y  cinco a cincuenta y nueve del expediente judicial electrónico,  contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en todos  sus extremos y solicita que la misma sea declarada infundada.  Sostiene como fundamento de su defensa lo siguiente: a) el  artículo 14° de la Ley del Impuesto General a las Ventas,  modificada por el Decreto Legislativo Nº 950, señala que,  cuando con motivo de la venta de bienes, la prestación de  servicios gravados o el contrato de construcción se  proporcionen bienes muebles o servicios, el valor de estosformará parte de la base imponible, aun cuando se encuentren  exonerados o inafectos; asimismo, cuando con motivo de la  venta de bienes, prestación de servicios o contratos de  construcción exonerados o inafectos se proporcionen bienes  muebles o servicios, el valor de estos estará también  exonerado o inafecto; b) la administración tributaria solicitó a  la demandante que explicara por escrito adjuntando  documentación sustentatoria e indicando la base legal según  corresponda, la razón por la cual los comprobantes de pago  emitidos a su cliente Empresa Minera Los Quenuales  Sociedad Anónima, por el periodo de enero a diciembre de  dos mil ocho, no fueron emitidos por el total de las  valorizaciones calculadas, ya que se constató que de su  monto se dedujo el concepto “descuento de materiales”, el  cual incluía el valor de los explosivos a utilizar. Sin embargo,  revisado el “Contrato de Obra para la Ejecución de Labores  de Profundización, Desarrollos y Preparación de Niveles”, así  como las valorizaciones correspondientes a los trabajos  mineros, se encuentra acreditado que la demandante recibió  bienes a cambio de los servicios que prestó a la citada  empresa minera, por lo que se configuró el supuesto previsto  en el inciso b) del artículo 1° de la Ley del Impuesto General a  las Ventasy, por tanto, se debieron emitir comprobantes de  pago por dichos servicios, incluyendo en la base imponible del  citado impuesto el total de valor de los bienes entregados. En  consecuencia, el reparo materia de análisis se encuentra  arreglado a ley y procede confirmar en este extremo la  apelada; c) carece de sustento lo alegado por la demandante  en el sentido de que no corresponde gravar los bienes  recibidos de la empresa minera, ya que fueron utilizados en el  desarrollo del giro de su negocio, pues el destino o uso que se  otorgue a los bienes no desvirtúa el hecho de que fueron  transferidos a título oneroso a la demandante, y que por lo  tanto formaron parte de la contraprestación pagada por sus  servicios, siendo además que la actora podía adquirir los  bienes a otra empresa y utilizarlos en las labores de  explotación de las unidades mineras; y d) en el caso de autos,  la entrega de bienes por parte de la Empresa Minera Los  Quenuales  Sociedad Anónima  no  calificó  como  un  autoconsumo efectuado por dicha empresa para la realización  de sus operaciones gravadas, ya que si bien tal consumo  puede ser realizado directamente por ella o a través de un  tercero, este implica necesariamente la existencia de  transferencia gratuita de bienes, lo que no ha ocurrido en el  caso  de  autos,  pues,  tal  como  se  ha  señalado  precedentemente, la entrega de bienes a la demandante se  efectuó a título oneroso, es decir, pagando por ellos.De otro  lado, el codemandado Tribunal Fiscal, representado por el  Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales  del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante escrito  presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho,  obrante de fojas sesenta y nueve a ochenta y dos del  expediente  judicial  electrónico,  contesta  la  demanda  exponiendo básicamente lo siguiente: a) las facturas  correspondientes a los trabajos mineros realizados por la  demandante fueron emitidas de conformidad con el detalle  aprobado en las valorizaciones, ya que contenían el valor  total de los servicios brindados por ella y en ellas se descontó  el valor de los explosivos entregados por la Empresa Minera  Los Quenuales Sociedad Anónima, es decir, el valor de venta  de tales comprobantes de pago correspondía al valor neto de  las valorizaciones, lo que implicó un cobro por la entrega de  los referidos materiales bajo la modalidad de descuento en la  facturación de los servicios proporcionados por la contratista,  situación que no se ve enervada por el hecho de que no se  haya procedido directamente a exigir el pago de su valor, sino  que se descontara de la liquidación mensual del avance de  obra; b) en tal sentido, está acreditado que la demandante  recibió bienes a cambio de los servicios que prestó, por lo que  se configuró el supuesto previsto por el inciso b) del artículo  1° de la Ley del Impuesto General a las Ventas y, por lo tanto,  se debieron emitir comprobantes de pago por dichos servicios  incluyendo en la base imponible del citado impuesto por los  periodos de febrero a junio, septiembre y diciembre de dos mil  ocho, el total del valor de los bienes entregados, por lo que el  reparo se encuentra ajustado a ley.1.3. Sentencia de primera  instanciaMediante resolución número siete de fecha  veintisiete de mayo de dos mil veinte, obrante de fojas ciento  veinticinco a ciento treinta y siete de los actuados judiciales  electrónicos, el Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, emitió la sentencia de primera instancia, declarando  fundada  la  demanda  en  todos  sus  extremos.Son  fundamentos sustanciales de la decisión los siguientes: i) la  actora celebró el “Addendum Nº 1” del “Contrato de Obra para  la Ejecución de Labores de Profundización, Desarrollos y  Preparación de Niveles”, con la Empresa Minera LosQuenuales Sociedad Anónima, en el cual establecieron  ciertos lineamientos ligados específicamente a la entrega de  determinados materiales por parte de la empresa minera a  favor de la demandante. Así, en la segunda cláusula del  aludido documento, las partes pactaron literalmente lo  siguiente:2.1. Para efectos de lo dispuesto en El Contrato, las  partes  aclaran  y  precisan  que  LOS  QUENUALES  proporcionará -a su costo- los materiales que sólo ella se  encuentre obligada a adquirir en cumplimiento de normas  legales vigentes, tales como: explosivos y accesorios de  voladura de uso civil. El costo de dichos materiales necesarios  para la ejecución de las obras y/o trabajos no será asumido  por EL CONTRATISTA y su entrega por parte de LOS  QUENUALES se efectuará en cumplimiento de lo dispuesto  en el Artículo 1773° del Código Civil.2.2. Las partes acuerdan  que las liquidaciones y/o valorizaciones de la ejecución de las  obras y/o trabajos pactados, a que se refieren las cláusula  quinta y sexta de El Contrato, tendrán en cuenta la entrega de  los materiales necesarios señalados en el numeral anterior,  debiendo entenderse que el valor de esos materiales no  forma parte de los ingresos y/o retribución de EL  CONTRATISTA, independientemente de su consignación en  los Precios Unitarios pactados de mutuo acuerdo por ambas  partes.En consecuencia, en ningún caso EL CONTRATISTA  tendrá derecho a exigir el pago a LOS QUENUALES del costo  y/o valor de los materiales (explosivos y accesorios de  voladura) que son necesarios para la ejecución de las obras  y/o trabajos contratados […].ii) sin perjuicio de lo establecido  por las partes, es de resaltar que el contrato celebrado se  enmarca dentro de los márgenes de la legislación civil, de  manera que la regla que rige a este tipo de contratos es que  los materiales que constituyen condición de ejecución de  obra, los proporciona aquel que encarga la ejecución de la  obra, salvo que contractualmente o por costumbre se  establezca lo contrario. En el caso en estudio, las partes, al  regular en el “Addendum Nº 1” que los explosivos y accesorios  de voladura de uso civil serán proporcionados por la empresa  minera a su costo exclusivo, en la medida que solo ella se  encuentra obligada a adquirirlos y a hacerlo incluso en  cumplimiento de las normas vigentes, lo que han hecho es  únicamente reproducir por escrito la regla comprendida en la  norma del artículo 1773° del Código Civil, que establece que  los materiales que constituyen condición para la ejecución de  la obra deberán ser proporcionados por el comitente (o sea,  en este caso por la empresa minera), salvo que las partes  voluntariamente decidan apartarse de dicha regla o la  costumbre diga lo contario, supuestos que no se han  configurado; iii) se desprende entonces que lo alegado por la  accionante —en el sentido de que no corresponde gravar los  bienes recibidos de la empresa minera, ya que fueron  utilizados en el desarrollo del giro del negocio de la empresa  minera—, sí tiene sustento legal, en la medida de que el  destino o uso efectivamente otorgado a los mismos por su  condición de materiales necesarios para ejecutar la obra,  desvirtúa el fundamento de la administración pública respecto  a que habrían sido transferidos a título oneroso a la  demandante y que, por tanto, formaban parte de la  contraprestación pagada por los servicios prestados; iv) por  otro lado, el decreto ley que declara en emergencia la  utilización de explosivos de uso civil y conexos, Decreto Ley  Nº 25707, contemplaba en su artículo 4° que: “La  comercialización de explosivos no puede hacerse sino por el  fabricante, no siendo permitida dicha comercialización por  terceros intermediarios”, de manera que, como sostiene la  demandante, la comitente no podía actuar como intermediaria  en la venta de explosivos ni materiales conexos de uso civil,  transfiriéndolos al contratista para la ejecución del contrato de  obra, al haber constituido dicho acto un ilícito, pero que sin  embargo fue tomado como fundamento en el tercer párrafo de  la página siete de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03626- 2-2018; y v) el contrato fue celebrado bajo el sistema de  precios unitarios, el cual, en virtud de lo estipulado en el  artículo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con  el Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344- 2018-EF, es “aplicable en las contrataciones de bienes,  servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede  conocerse con exactitud o precisión las cantidades o  magnitudes requeridas”. Así pues, no era posible que las  partes acuerden con absoluta certeza la retribución que  finalmente la usuaria del servicio tendría que pagarle a la  actora, puesto que dicho monto resultaría de la elaboración  de las liquidaciones y/o valorizaciones de la ejecución de las  obras y/o trabajos pactados, siendo que el importe que  finalmente resultase equivaldría al valor que ambas partes  subjetivamente habrían asignado al servicio prestado por la  demandante, y que además se vería plasmado en los  comprobantes de pago a emitirse, en virtud de la prestación  realizada. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la baseimponible del impuesto general a las ventas, en el caso de  servicios, corresponde a la suma total que queda obligado a  pagar el usuario del servicio, y que dicha suma está integrada  por el valor total consignado en el comprobante de pago, no  sería acorde a ley que el valor de los explosivos suministrados  por la empresa minera integre la base gravable del  impuesto.1.4.  Ejercicio  del  derecho  a  impugnarEl  codemandado Tribunal Fiscal interpone recurso de apelación  contra la sentencia de primera instancia, conforme aparece  del escrito obrante de fojas ciento cuarenta y uno a ciento  cuarenta y siete del expediente judicial electrónico,  exponiendo como agravios los siguientes: a) conforme al  contrato de ejecución de obra, la contratista tenía la obligación  de  suministrar  todos  los  materiales,  maquinarias,  herramientas, mano de obra, equipo y demás elementos  necesarios para la ejecución de la obra, mientras que la  propietaria tenía la facultad de proporcionar materiales y  equipos a la contratista, siempre y cuando exista una causal  debidamente acreditada y ello obedezca a su vez a casos  excepcionales, en cuya situación la transferencia de tales  bienes se realizará a los valores establecidos en el contrato o,  en su defecto, a valores de mercado. El costo total de cada  una de las partidas (rampa de profundización sección 4 x 4,  draw point en mineral, entre otros), incluía como parte del  mismo el valor de los explosivos a utilizar y, en ese sentido,  resulta claro que se ha producido una transferencia de  explosivos acordada entre las partes contratantes, pues ha  quedado demostrado que dichas partes han estipulado  además que la entrega será condicionada en razón de las  circunstancias  especiales  debidamente  acreditadas,  encontrándose inclusive tal entrega sujeta a la potestad de la  propietaria; y b) de los medios probatorios descritos (contrato  de obra, valorizaciones y factura por los trabajos mineros  realizados), se colige que la empresa demandante entregó  bienes a título oneroso a la empresa contratista, por lo que,  contrariamente a lo argüido por la actora, se configuró el  supuesto previsto por el inciso 1 del literal a) del artículo 3° de  la Ley del Impuesto General a las Ventas y, por lo tanto, la  ahora demandante emitió comprobantes de pago por dichas  transferencias, que ya fueron glosadas en líneas precedentes,  e incluyó tales ventas en la base imponible del citado impuesto  por los periodos reparados; por tanto, el reparo materia de  análisis se encuentra arreglado a ley.La codemandada  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria, interpone también recurso de apelación, cuyo  escrito corre de fojas ciento cincuenta y dos a ciento sesenta  y siete del expediente judicial electrónico, exponiendo como  agravios los siguientes: a) la sentencia apelada no sustentó  mínimamente cuál fue el método de interpretación utilizado  para sostener que el término “prestación de servicios”,  contenido en el inciso b) del artículo 1° de la Ley del Impuesto  General a las Ventas, también incluye el valor de los  explosivos suministrados por la empresa minera e integra la  base gravable del impuesto, máxime si la norma VIII del título  preliminar del Código Tributario prohíbe expresamente que  vía interpretación no se pueden extender disposiciones  tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados  en la ley; y b) no se sustenta por qué los reparos de la SUNAT  no se encuentran arreglados a ley.1.5. Sentencia de vistaLa  Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución  número doce, del veintinueve de septiembre de dos mil veinte,  obrante de fojas ciento noventa y uno a doscientos dos del  Expediente Judicial Electrónico, revoca la sentencia apelada  de primera instancia —que declaró fundada la demanda—, y,  reformándola, declara infundada la demanda en todos sus  extremos.Constituyen argumentos principales de la decisión  superior los siguientes: i) de acuerdo a lo señalado en la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00002-5-2014, del dos de  enero de dos mil cuatro, la teoría de la unicidad justifica la  idea de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, a  excepción de que la ley disponga algún tratamiento especial;  por lo que debe considerarse el tratamiento que la ley ha  previsto para la operación principal, conforme se encuentra  recogido en el segundo párrafo del artículo 14° de la Ley del  Impuesto General a las Ventas. Es así que el fin común de  dos prestaciones distintas sirve para definir cuándo son  independientes o cuándo se trata de una obligación principal  u otra accesoria, y en este último supuesto la obligación  accesoria no tiene sustantividad u objetivo independiente,  sino que, en circunstancias concretas, solo sirve para dar total  cumplimiento a la obligación principal. En este sentido, en el  caso de la prestación de servicios, los bienes muebles o  servicios (obligación accesoria) que sirven para dar total  cumplimiento a la obligación principal, integrarán la base  imponible de esta última, con excepción de lo que establezca  la ley; ii) de la revisión del “Contrato de Obra para la Ejecuciónde Labores de Profundización, Desarrollos y Preparación de  Niveles”, suscrito entre la accionante y la Empresa Minera Los  Quenuales para el periodo enero a diciembre de dos mil ocho,  se observa que en el acápite 5.1 de la cláusula 5, se acordó  como retribución por la ejecución de las obras pactadas que  la empresa minera pagaría a la demandante los precios  unitarios indicados en el Anexo Nº 04 – “Listado de Precios  Unitarios de Labores Mineras - 2008”, para lo cual se debería  tener en cuenta lo dispuesto en la cláusula 6 del citado  contrato. En el acápite 6.1 de la cláusula 6, se acordó que la  Empresa Minera Los Quenuales elaboraría liquidaciones con  periodicidad mensual, correspondiente a los avances  realizados en el periodo respectivo. Del resultado de la  liquidación a ser cancelada, se descontaría el monto  correspondiente para la constitución del fondo de garantía a  que se refiere la cláusula primera del Anexo Nº 05 – “Cláusulas  Generales de Contratación”, así como el monto de cualquier  deuda u obligación dineraria que la contratista haya contraído  con la empresa minera, derivado directa o indirectamente del  contrato. Asimismo, en el acápite 5.4 de la cláusula 5, se dejó  constancia de que en el Anexo Nº 04 del contrato estarían  considerados todos los equipos y gastos para la ejecución de  las obras, es decir, todo lo que sería necesario para el buen  desempeño de las tareas y/o trabajos, tales como jumbos,  scoops,  ventiladores,  alivas,  bombas  sumergibles,  alojamiento, transporte, alimentación de su personal y otros  conceptos, cuyo costo sería asumido por la contratista; iii) de  la revisión de las valorizaciones relacionadas a los trabajos  mineros efectuada por la demandante de enero a diciembre  de dos mil ocho1, se observa que estas fueron emitidas  conforme a lo estipulado en el contrato, para lo cual se  incluyeron las sumas de los explosivos y materiales según  consta en el “Detalle de las Valorizaciones y Facturación  efectuada a la Empresa Minera Los Quenuales S.A.” (Anexo  Nº 02 del Resultado del Requerimiento Nº 02220900047452).  Así también, las facturas por los trabajos mineros prestados  por la recurrente3 fueron emitidas de acuerdo al citado detalle  de las valorizaciones, y en ellos se aprecia el valor total de los  servicios prestados por la contratista y el descuento del valor  de los explosivos suministrados por la empresa minera; iv) si  bien el Juzgado sustenta su posición sobre lo dispuesto en el  artículo 1773° del Código Civil, a fin de desconocer su  incorporación en el valor total de los servicios prestados por la  recurrente, al ser utilizados en el desarrollo del giro del  negocio de la empresa minera, no procede amparar lo  alegado en la sentencia de primera instancia, toda vez que la  aplicación supletoria de normas distintas a las tributarias,  recogida en la norma IX del título preliminar del Código  Tributario, refiere que tal supletoriedad solo resulta aplicable  en lo no previsto por el Código Tributario o en otras normas  tributarias, siempre que no se les opongan ni las  desnaturalicen. Así, en aplicación del principio de primacía de  la ley especial sobre la general, al constituir el Código  Tributario una norma especial, se aplicará a todos los asuntos  o temas de carácter tributario, salvo que exista algún vacío en  las normas tributarias, en cuyo caso serán de aplicación  supletoria las normas de otras materias; v) de conformidad  con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 14° de la  Ley del Impuesto General a las Ventas, si por motivo de la  prestación de servicios gravados se proporcionan bienes  muebles o servicios, el valor de estos formará parte del valor  total de los servicios brindados. Por ello, a fin de llevar a cabo  su obligación principal (la prestación de servicios para la  ejecución de las obras pactadas con la empresa minera), la  recurrente necesitó del uso, entre otros, de explosivos  (obligación accesoria), los mismos que fueron proporcionados  por la empresa minera; vi) teniendo en cuenta la teoría de la  unicidad, recogida en el mencionado artículo 14°, los  explosivos sirvieron para dar total cumplimiento a la obligación  principal, por lo que debieron integrarse a la base imponible  de esta última, esto es, de los servicios prestados. Ahora bien,  al entenderse que el valor de venta de los comprobantes de  pago emitidos por la recurrente correspondía al valor neto de  las citadas valorizaciones, es de asumir que el cobro por la  entrega de los explosivos formaría parte de la contraprestación  por los servicios realizados por la contratista. En consecuencia,  se acredita que la recurrente recibió los bienes (explosivos) a  cambio de los servicios que efectuó a la empresa minera, y  que las facturaciones de los servicios prestados obedecerían  a la modalidad de descuento al recibir como una forma de  pago la entrega de esos bienes; y vii) en el presente caso, el  valor total de los bienes entregados (explosivos) debió formar  parte de la base imponible del impuesto general a las ventas  respecto a los comprobantes de pago por los servicios  proporcionados por la recurrente; por ello, de conformidad  con lo establecido en el inciso b) del artículo 1° y el segundo  párrafo del artículo 14° de la Ley del Impuesto General a las  Ventas, el reparo formulado por la administración tributaria seencuentra arreglado a ley y lo mismo sucede con las multas  vinculadas a aquel.Anotaciones acerca del recurso de  casaciónSEGUNDO.- Contextualizado el caso, es pertinente  hacer referencia a los alcances del recurso extraordinario de  casación, que delimitan la actividad casatoria de esta Sala  Suprema.2.1. El recurso de casación tiene por fines la  adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y  la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa el  artículo 384° del Código Procesal Civil. En materia de  casación,  es  factible  el  control  de  las  decisiones  jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se  han infringido o no las normas que garantizan el derecho al  proceso regular, teniendo en consideración que este supone  el cumplimiento de los principios y garantías que regulan al  proceso como instrumento judicial, precaviendo sobre todo el  ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto.2.2.  El recurso extraordinario de casación tiene por objeto el  control de las infracciones que las sentencias o los autos  puedan haber cometido en la aplicación del derecho,  partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados  por las instancias de mérito y aceptados por las partes, para  luego examinar si la calificación jurídica realizada es la  apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la  infracción normativa, sino que se requiere que el error sea  esencial o decisivo sobre el resultado de lo decidido. Así  también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la  función nomofiláctica, debe precisarse que esta no abre la  posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a  verificar un reexamen del conflicto ni la obtención de un tercer  pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y  proceso. Constituye antes bien un recurso singular que  permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento  de determinados fines, como la adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la  jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la  República.2.3. Por causal de casación se entiende al motivo  que la ley establece para la procedencia del recurso4,  debiendo sustentarse en aquellas previamente señaladas en  la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamiento  inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o  por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de  casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de  leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta de  congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas  por las partes, y la falta de competencia. Los motivos por  quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el  proceso5, por lo que en tal sentido si bien todas las causales  suponen una violación de la ley, también lo es que estas  pueden darse en la forma o en el fondo.2.4. De otro lado,  considerándose que en el caso concreto se ha declarado  procedente el recurso de casación por causales de infracción  normativa material y procesal, corresponde en primer lugar  proceder con el análisis de la infracción de normas de carácter  procesal —de orden constitucional y legal—, desde que, si  por ello se declarara fundado el recurso, su efecto nulificante  implicaría la anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera  el vicio, con disposición, en su caso, de un nuevo  pronunciamiento por el respectivo órgano de instancia, en  cuyo supuesto carecerá de objeto emitir pronunciamiento  sobre la infracción normativa material invocada por la  recurrente en el escrito de su propósito; y, si por el contrario,  se declarara infundada la infracción procesal, corresponderá  emitir pronunciamiento respecto de la infracción material. Evaluación de la causal casatoria de naturaleza  procesalTERCERO.- Iniciamos el análisis casatorio haciendo  mención al debido proceso (o proceso regular), derecho  complejo que está conformado por un conjunto de derechos  esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los  individuos perezcan ante la ausencia o insuficiencia de un  proceso o procedimiento o se vean afectados por cualquier  sujeto de derecho —incluido el Estado— que pretenda hacer  uso abusivo de estos derechos. Como señala la doctrina:[…]  por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy  complejamente estructurado, que a la vez está conformado  por un numeroso grupo de pequeños derechos que  constituyen sus componentes o elementos integradores, y  que se refieren a las estructuras, característica del Tribunal o  instancias de decisión, al procedimiento que debe seguirse y  a sus principios orientadores, y a las garantías con que debe  contar la defensa.6Dicho de otro modo, el derecho al proceso  regular constituye un conjunto de garantías de las cuales  goza el justiciable, que incluyen el derecho a ser  oportunamente informado del proceso (emplazamiento,  notificación, tiempo razonable para preparar la defensa),  derecho a ser juzgado por un juez imparcial que no tenga  interés en un determinado resultado del juicio, derecho a la  tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional(publicidad del debate), derecho a la prueba, derecho a ser  juzgado sobre la base del mérito del proceso y derecho al juez  legal.3.1. Así también, el derecho al debido proceso  comprende a su vez, entre otros derechos, el de motivación  de las resoluciones judiciales, previsto en el numeral 5 del  artículo 139° de la Carta Fundamental7, esto es, el de  obtener una resolución fundada en derecho mediante  decisiones en las que los jueces expliciten en forma suficiente  las razones de sus fallos, con mención expresa de los  elementos fácticos y jurídicos que los determinaron,  dispositivo que es concordante con lo preceptuado por el  inciso 3 del artículo 122° del Código Procesal Civil8 y en el  artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del  Poder Judicial9. Además, la exigencia de motivación suficiente  garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución  del caso concreto viene dada por una valoración racional de  la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las  disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad  de los magistrados, por lo que en ese entendido es posible  afirmar que una resolución que carezca de motivación  suficiente no solo infringe normas legales, sino también  principios de nivel constitucional10.3.2. El proceso regular en  su expresión de motivación escrita de las resoluciones  judiciales, entiende que una motivación defectuosa puede  expresarse en los siguientes supuestos: a) Falta de motivación  propiamente dicha: Cuando se advierte una total ausencia de  motivación en cuanto a la decisión jurisdiccional emitida en el  caso materia de conflicto, sea en el elemento fáctico y/o  jurídico; b) Motivación aparente: Cuando el razonamiento en  la sentencia sea inconsistente, sustentado en conclusiones  vacías que no guardan relación con el real contenido del  proceso; c) Motivación insuficiente: Cuando se vulnera el  principio lógico de la razón suficiente, es decir, las conclusiones  a las que arriba el juzgador no se respaldan en pruebas  fundamentales y relevantes, de las cuales este debe partir en  su razonamiento para lograr obtener la certeza de los hechos  expuestos por las partes y la convicción que lo determine en  un sentido determinado, respecto de la controversia planteada  ante la judicatura; y d) Motivación defectuosa en sentido  estricto: Cuando se violan las leyes del hacer/pensar, tales  como de la no contradicción (nada puede ser y no ser al  mismo tiempo), la de identidad (correspondencia de las  conclusiones a las pruebas), y la del tercio excluido (una  proposición es verdadera o falsa, no hay tercera opción),  entre otros, omitiendo los principios elementales de la lógica y  la experiencia común.3.3. Asimismo, el derecho a la  motivación de las resoluciones judiciales tiene como una de  sus expresiones al principio de congruencia, legislado en el  numeral 6 del artículo 50° del Código Procesal Civil, el cual  exige la identidad que debe mediar entre la materia, las  partes, los hechos del proceso y lo resuelto por el juzgador, en  virtud a lo cual los jueces no pueden otorgar más de lo  demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni fundar sus  decisiones en hechos no aportados por los justiciables, con  obligación de pronunciarse sobre las alegaciones expuestas  por las partes, tanto en sus escritos postulatorios como, de  ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal manera que  cuando se decide u ordena sobre una pretensión no postulada  en el proceso, y menos fijada como punto controvertido, o a la  inversa, cuando se excluye dicho pronunciamiento, se  produce una incongruencia, lo que altera la relación procesal  y transgrede las garantías del proceso regular. En el sentido  descrito, se tiene que la observancia del principio de  congruencia implica que en toda resolución judicial exista: 1)  coherencia entre lo peticionado por las partes y lo finalmente  resuelto, sin omitir, alterar o excederse de dichas peticiones  (congruencia externa); y 2) armonía entre la motivación y la  parte resolutiva (congruencia interna), de tal manera que la  decisión sea el reflejo y externación lógica, jurídica y  congruente del razonamiento del juzgador, conforme a lo  actuado en la causa concreta, todo lo cual garantiza la  observancia del derecho al debido proceso, resguardando a  los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias,  conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional en el  fundamento jurídico número 11 de la Sentencia Nº 1230- 2003-PCH/TC.3.4. Entonces, el derecho a la debida  motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales  a resolver las pretensiones de las partes de manera  congruente con los términos en que vengan planteadas, sin  cometer desviaciones que supongan modificación o alteración  del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no  cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera  de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento  total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las  pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate  judicial generando indefensión, constituye vulneración del  derecho a la tutela judicial y también del derecho a la  motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Resultaun imperativo constitucional que los justiciables obtengan de  los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y  congruente  de  las  pretensiones  efectuadas,  pues  precisamente el principio de congruencia procesal exige que  el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa  determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones  ante él formuladas.3.5. Como se tiene referido en el primer  párrafo del presente considerando, una de las garantías del  debido proceso es el derecho a la prueba, aspecto medular  del proceso que permite a las partes acreditar las pretensiones  de su pedido, y al juez fundamentar su decisión sobre la base  de la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios  actuados. Precisamente el artículo 188° del Código Procesal  Civil establece como finalidad de los medios probatorios  acreditar los hechos expuestos por las partes, producir  certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y  fundamentar sus decisiones, en tanto que el artículo 197° del  mismo cuerpo normativo regula que todos los medios  probatorios son valorados por el juez en forma conjunta,  utilizando su apreciación razonada, encontrándose facultado  a expresar en la sentencia solo las valoraciones esenciales y  determinantes que sustentan su decisión. Valorar la prueba  implica realizar un trabajo cognitivo, racional, inductivo y  deductivo por parte del juez, respecto de los hechos del  proceso. Con el trabajo de valoración de la prueba se puede  llegar a determinar con un importante grado de exactitud la  verdad o falsedad de los hechos importantes del proceso, a  partir de la actividad desplegada por las partes en el  mismo.3.6. Además, el contenido del derecho a la prueba  comprende, a su vez, las siguientes garantías: a) ofrecer los  medios probatorios que demuestren la existencia o  inexistencia de los hechos que son objeto de la prueba; b) que  los  medios  probatorios  sean  admitidos  y  actuados  adecuadamente, incluyendo los que han sido incorporados de  oficio por el juzgador; c) el aseguramiento de la producción o  conservación de la prueba a través de la actuación anticipada  y adecuada de los medios probatorios; y d) que se valoren  de manera adecuada y motivada todos los medios  probatorios que han ingresado al proceso y que han sido  actuados.3.7. El Tribunal Constitucional, en la sentencia  recaída en el Expediente Nº 06712-2005-PHC/TC, ha  precisado que el derecho fundamental a la prueba implica que  los medios probatorios “[…] sean valorados de manera  adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el  mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de  la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con  la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho  mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado”. De allí  que se afirme que la valoración de los medios de prueba se  encuentra relacionada con la motivación de las resoluciones  judiciales, derecho reconocido en el numeral 5 del artículo  139° de la Constitución Política del Perú, que a su vez  constituye un principio y derecho de la función jurisdiccional.  La motivación es esencial en los fallos, ya que los justiciables  deben saber las razones por las cuales se ampara o desestima  una demanda, pues a través de su aplicación efectiva se llega  a una recta impartición de justicia, evitándose arbitrariedades  y permitiendo a las partes ejercer adecuadamente su derecho  de impugnación, planteando al superior jerárquico las razones  jurídicas que sean capaces de poner de manifiesto los errores  que pueda haber cometido el juzgador. La verificación de una  debida motivación solo es posible si en las consideraciones  de la sentencia se expresan las razones suficientes que  sustentan la decisión, las cuales deben ser objetivas y  completas, y, por consiguiente, la motivación debe ser  coherente con la valoración de la prueba.CUARTO.-  Desarrollados  los  supuestos  teóricos  precedentes,  corresponde determinar si la resolución judicial recurrida en  casación ha transgredido el derecho al debido proceso, en su  vertiente de motivación de las resoluciones, tal como se  denuncia en el literal a) del recurso de casación promovido  por la accionante JRC Ingeniería y Construcción Sociedad  Anónima Cerrada.4.1. En el caso concreto, la demandante  sostiene que el fallo impugnado considera que el valor de los  explosivos entregados por su comitente, Empresa Minera Los  Quenuales Sociedad Anónima, debió ser facturado, al haber  sido transferidos dichos bienes en propiedad a su empresa, y  que ello supuestamente se desprende del “Contrato de Obra  para la Ejecución de Labores de Profundización, Desarrollos  y Preparación de Niveles” suscrito entre las partes, conclusión  a la que se arriba sin tenerse en cuenta ni analizarse la prueba  documental consistente en el “Addendum Nº 1” del citado  contrato de obra, que acredita la realidad económica de la  operación, en cuyo numeral 2.1 se consigna que es la  comitente quien asume el costo de los explosivos y conexos  de uso civil, y no la contratista (demandante), y que su entrega  se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1773° del Código Civil.4.2. Conforme se advierte de la lecturade los fundamentos fácticos de la demanda, desde el acto  postulatorio la empresa demandante solicitó expresamente la  valoración del “Addendum Nº 1” del “Contrato de Obra para la  Ejecución de Labores de Profundización, Desarrollos y  Preparación de Niveles”, documento que presentó en sede  administrativa y que —según sostiene la recurrente— solo fue  valorado a su requerimiento y tras resolver el pedido de  aclaración por el Tribunal Fiscal mediante la Resolución Nº  05857-2-2018. Señaló que, en el citado addendum, se  estableció expresamente que el valor de los explosivos y  conexos no formaban parte de los costos directos ni gastos  generales y sería asumido por Empresa Minera Los  Quenuales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1773° del Código Civil.4.3. Al emitir sentencia en primera  instancia, la Jueza de la causa tuvo oportunidad de valorar el  citado “Addendum Nº 1”, tal como aparece en los numerales  II.4.4 a II.4.6 de la parte considerativa de su pronunciamiento,  constituyendo su análisis uno de los argumentos centrales  que motivaron el amparo de la demanda. Así, precisa que, en  el referido acuerdo —que se enmarca dentro de los márgenes  de la legislación civil—, las partes acordaron que los  explosivos y accesorios de voladura de uso civil serán  proporcionados por la empresa minera a su costo exclusivo,  en la medida que solo ella se encuentra obligada a adquirirlos  y hacer uso de los mismos, en cumplimiento de las normas  vigentes, para lo cual cita la regla comprendida en el artículo  1773° del Código Civil, conforme a la cual los materiales  constituyen condición para la ejecución de la obra. Agrega  que la postura de la demandante tiene sustento legal, en la  medida que el destino o uso efectivamente otorgado a los  bienes recibidos de la empresa minera, por su condición de  materiales necesarios para ejecutar la obra, desvirtúa el  argumento de la administración respecto a que habrían sido  transferidos a título oneroso a la demandante y que, por tanto,  formaban parte de la contraprestación pagada por los  servicios prestados. Refuerza esta conclusión citando el  numeral 3 del artículo 1774° del Código Civil, conforme al cual  la contratista se obliga a pagar los materiales que reciba solo  si estos, por su propia negligencia o impericia, quedan en  imposibilidad de ser usados para la ejecución de la obra.4.4.  Es cierto que, por convenir a su derecho, ni el Tribunal Fiscal  ni la SUNAT hicieron mención alguna al “Addendum Nº 1” al  momento de formular los agravios en sus respectivos recursos  de apelación; sin embargo, ello no justificaba que la Sala  Superior expidiera sentencia en segunda instancia omitiendo  toda referencia al citado medio probatorio, más todavía si a  través de su decisión el colegiado de mérito dispuso la  revocatoria del fallo recurrido, que amparaba la demanda, por  lo que debía expresar de forma motivada y suficiente las  razones por las cuales no compartió las conclusiones de la  Jueza de la causa, sea por diferente interpretación y aplicación  de las normas pertinentes en la solución del caso concreto o  por distinta apreciación y valoración de la prueba actuada,  que, para el caso particular, deviene relevante.4.5. La  sentencia de vista desestima la demanda en aplicación de lo  dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14° de la Ley del  Impuesto General a las Ventas , que establece —entre  otros— que, cuando con motivo de la prestación de servicios  gravados se proporcionen bienes muebles, el valor de estos  formará parte de la base imponible. Sin embargo, en la  aplicación de esta norma material, el colegiado superior omite  evaluar el alcance de lo pactado entre la demandante y la  Empresa Minera Los Quenuales en el “Addendum Nº 1”,  conforme al cual las partes expresamente convinieron que el  valor de los explosivos y accesorios de voladura de uso civil  entregados, “[…] no forman parte de los ingresos y/o  retribución de EL CONTRATISTA, independientemente de su  consignación en los Precios Unitarios pactados de mutuo  acuerdo por las partes”.4.6. Este Tribunal Supremo estima  pertinente y necesario que la Sala Superior se pronuncie  sobre el valor probatorio del citado “Addendum N.°1”, por  constituir fundamento fáctico de la pretensión de nulidad de  las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 03626-2-2018 y Nº  05857-2-2018, materia de demanda. Al dejar de lado su  análisis, no solo se vulnera el derecho de la demandante a  que se valoren de manera adecuada y motivada todos los  medios probatorios que han ingresado al proceso y que han  sido actuados, sino que también se incurre en vicio de  motivación insuficiente, debido a que las conclusiones a las  que arriba el colegiado revisor no se respaldan en pruebas  fundamentales y relevantes, dando lugar a que no se genere  certeza de los hechos expuestos por las partes, sobre todo  por la implicancia que puede o no tener ese medio de prueba  en el contenido y alcances de lo debatido en la causa.  Igualmente, se configura vicio de motivación incongruente  (congruencia externa), debido a que la sentencia de vista  omite pronunciarse sobre las alegaciones expuestas por la  accionante en su escrito postulatorio, no existiendo, por ello,coherencia entre lo peticionado y lo actuado, y lo finalmente  resuelto en el caso concreto. Por lo demás, es también  importante que se determine en sede de instancia sobre la  base de qué título (oneroso o gratuito) se produjo la entrega a  la contratista de los materiales (explosivos y accesorios de  voladura de uso civil) a que se contrae el precitado addendum  y, con esa información, examinar la implicancia de ello en el  reparo formulado por la administración tributaria, aspecto que,  no obstante haber formado parte del debate surgido a partir  de la controversia concreta, no aparece examinado en la  decisión revocatoria impugnada.4.7. Siendo esto así, en  atención a los fundamentos anteriormente expuestos, se  verifica que la decisión adoptada por la Sala Superior carece  de una adecuada motivación, y no se condice con los  argumentos centrales que motivan la demanda, pues omite  valorar una de las pruebas principales que la sustentan y  examinar situaciones relevantes, por lo que infringe lo  normado en el numeral 5 del artículo 139° de la Constitución  Política del Perú, concordante con el artículo 12° de la Ley  Orgánica del Poder Judicial, los incisos 3 y 4 del artículo 122°  y artículo 197° del Código Procesal Civil. Por estas razones,  la infracción procesal reseñada en el literal a) del acápite 2 de  la parte expositiva de esta ejecutoria suprema, resulta  fundada.QUINTO.-  En  mérito  a  las  consideraciones  expuestas, habiéndose amparado la causal por infracción  procesal denunciada en casación, carece de objeto emitir  pronunciamiento sobre la causal material admitida, por lo que  corresponde declarar la nulidad de la sentencia de vista, a fin  de que se emita un nuevo pronunciamiento teniendo en  cuenta las consideraciones expuestas en la presente  sentencia.III.- DECISIÓN:Por tales fundamentos y de acuerdo  con lo regulado en el primer párrafo del artículo 396° del  Código  Procesal  Civil,  RESOLVIERON:PRIMERO.-  DECLARAR FUNDADO el recurso de casación interpuesto  por la demandante, JRC Ingeniería y Construcción Sociedad  Anónima Cerrada, con fecha seis de octubre de dos mil  veinte, obrante de fojas doscientos seis a doscientos  dieciocho del expediente judicial electrónico.SEGUNDO.-  DECLARAR NULA la sentencia de vista contenida en la  resolución número doce, de fecha veintinueve de septiembre  de dos mil veinte, expedida por la Sexta Sala Especializada  en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en  Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de  Justicia de Lima, corriente de fojas ciento noventa a doscientos  dos del mismo expediente; ORDENAR que la Sala Superior  de  origen  emita  nueva  decisión  atendiendo  a  las  consideraciones expuestas en la presente ejecutoria suprema. TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente  resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los  seguidos por la demandante, JRC Ingeniería y Construcción  Sociedad Anónima Cerrada, con las entidades demandadas,  Tribunal Fiscal y Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria, sobre nulidad de resolución  administrativa; y devolvieron los actuados. Interviene como  ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta.SS.YAYA  ZUMAETA, GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ,  BUSTAMANTE DEL CASTILLO, DÁVILA BRONCANO. 1  Fojas seis, once, quince, dieciocho, veintitrés, veintisiete, treinta y uno, treinta y  cinco, cuarenta y tres, cuarenta y ocho del tomo 1; y fojas doscientos veintiuna y  doscientos diecisiete del tomo 2 del expediente administrativo 2  Fojas ciento once del tomo 3 del expediente administrativo 3  Fojas dos, siete, doce, dieciséis, veinte, veinticuatro, veintiocho, treinta y dos,  treinta y seis, cuarenta y cuatro del tomo 1; y fojas doscientos dieciocho y  doscientos trece del tomo 2 del expediente administrativo 4  MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil.  Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359. 5  DE PINA, Rafael (1940). Principios de derecho procesal civil. México D.F.,  Ediciones Jurídicas Hispano Americanas; p. 222 6  FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. El derecho a un juicio justo. En VARIOS, Las  garantías del debido proceso (materiales de enseñanza) Lima, Instituto de  Estudios Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos; p.17. 7  Constitución Política del Perú  Artículo 139.-  Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  […]  5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,  excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de  los fundamentos de hecho en que se sustentan. 8  Código Procesal Civil  Artículo 122.-  Las resoluciones contienen:  […]  3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las  consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho  que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o  normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado. 9  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder JudicialArtículo 12.- Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite,  son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en  que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de  segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los  fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente”. 10  El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC ha puntualizado  que:  […] el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces,  al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los  llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, […] deben provenir no  sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios  hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela  del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir  de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo y decididas  por los jueces ordinarios. C-2136204-20