EXPEDIENTE N° 11164 – 2021 LA LIBERTAD
Materia: Acción contencioso administrativa laboral Pago de Beneficios sociales PROCESO ORDINARIO Lima, seis de julio de dos mil veintidós VISTO; el expediente principal, y CONSIDERANDO:  PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el  recurso de queja interpuesto por la parte demandante, Albina  Cruz Rubio de fecha seis de julio de dos mil veintiuno,  obrante a fojas veintidós del cuaderno de queja, contra el auto  de vista de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno,  obrante a fojas ciento veintidós; correspondiendo calificar los  requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio  impugnatorio conforme a lo establecido en el artículo 402 del  Código Procesal Civil; en concordancia con el numeral 4 del  artículo 34, así como el artículo 35 del Texto Único Ordenado  de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso  Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 011- 2019-JUS. SEGUNDO: El numeral 4 del artículo 34 del Texto  Único Ordenado de la Ley N° 27584 señala lo siguiente:  “Artículo 34.- En el proceso contencioso administrativo  proceden los siguientes recursos: (…) 4. El recurso de queja  contra las resoluciones que declaran inadmisible e  improcedente el recurso de apelación o casación. También  procede contra la resolución que concede el recurso de  apelación con un efecto distinto al solicitado”; asimismo, el  artículo 35 del citado texto legal refiere que: “Los recursos  tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia  regulados en el Código Procesal Civil”; y el artículo 402 del  Código Procesal Civil indica lo siguiente: “Al escrito que  contiene el recurso se acompaña, además del recibo que  acredita el pago de la tasa correspondiente, copia simple con  el sello y la firma del Abogado del recurrente en cada una, y  bajo responsabilidad de su autenticidad, de los siguientes  actuados: 1. Escrito que motivó la resolución recurrida y, en  su caso, los referentes a su tramitación. 2. Resolución  recurrida. 3. Escrito en que se recurre. 4. Resolución  denegatoria. El escrito en que se interpone la queja debe  contener los fundamentos para la concesión del recurso  denegado. Asimismo, precisará las fechas en que se notificó  la resolución recurrida, se interpuso el recurso y quedó  notificada la denegatoria de este.”. TERCERO: Así, se verifica  que el medio impugnatorio interpuesto cumple con los  requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 4 del  artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, así  como con lo previsto en el artículo 402 del Código Procesal  Civil; por lo que corresponde analizar los requisitos de  procedencia. CUARTO: Respecto a los requisitos de  procedencia contemplados en el artículo 402 del Código  Procesal Civil, es de verse que la entidad recurrente, cumple  con lo exigido en el acotado dispositivo legal, ya que  fundamenta su recurso en el siguiente agravio: Infracción  normativa del artículo 139 numerales 3, 5 y 6 de la  Constitución Política del Estado. Señala que el auto de  vista impugnado que declara nulo el concesorio de apelación  vulnera su derecho a obtener una decisión de segunda  instancia debidamente motivada, es decir, la Sala Superior  omitió emitir pronunciamiento por los agravios planteados en  el recurso de apelación de sentencia. Agrega que lo que viene  peticionando es que la entidad demandada le pague susbeneficios laborales como son la compensación por tiempo de  servicios, gratificaciones, vacaciones, escolaridad, etc.  QUINTO: Cabe precisar que, si bien es cierto, esta Sala  Suprema es competente para analizar los recursos de  casación, es menester señalar que en resguardo del derecho- principio a la tutela jurisdiccional efectiva que le asiste a la  recurrente, se procederá a emitir pronunciamiento por el  recurso de queja interpuesto contra el auto de vista que  declara la nulidad del concesorio de apelación de sentencia, y  declara improcedente el recurso de apelación, en razón a que  se busca reparar la falta de pronunciamiento en la que incurre  la Sala Superior de la Corte de La Libertad, infringiendo el  derecho a la pluralidad de instancias, garantía que consagra  el inciso 6) del artículo 139° de la Constitución Política del  Estado, el cual garantiza que las personas, naturales o  jurídicas que participen en un proceso judicial, tengan la  oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional,  sea revisado por uno superior de la misma naturaleza,  siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios  pertinentes, formulados dentro del plazo legal1, corresponde  emitir pronunciamiento respecto de la causal aceptada.  SEXTO: Es así, que el Tribunal Constitucional, ha señalado  en reiterada jurisprudencia que: “El derecho a la pluralidad de  instancias es una garantía consustancial al derecho al debido  proceso, que persigue que lo resuelto por un Juez en primera  instancia pueda revisarse por un órgano funcionalmente  superior, permitiendo de esta manera que lo resuelto por  aquel, sea objeto cuando menos de un doble pronunciamiento  jurisdiccional.2” SÉPTIMO: Asimismo, a nivel del ordenamiento  jurídico internacional, el artículo 14 del Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito por el Estado  peruano en 1988, y ratificado en 1995, prescribe que “(…)  Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente, con  las debidas garantías por un tribunal competente, (…); y la  Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual  también forma parte el Perú, reconoce en su artículo 8° dentro  de las garantías judiciales: (…) “h) el derecho de recurrir del  fallo ante juez o tribunal superior”, y en su artículo 25.1. “Toda  persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a  cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales  competentes, que la ampare contra actos que violen sus  derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la  ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea  cometida por personas que actúen en ejercicio de sus  funciones oficiales”. OCTAVO: De lo expuesto, queda claro  que las normas nacionales, al igual que las internacionales,  reconocen el derecho a la pluralidad de instancias como un  derecho fundamental dentro de la actividad jurisdiccional, a fin  de garantizar el debido proceso; por lo tanto, debe ser  resguardado por nuestros tribunales de justicia. NOVENO: Es  por ello, que este Supremo Tribunal, advierte, que lo  efectuado por la Sala Superior de la Libertad, viene  siendo  una  práctica  constante  dentro  de  sus  pronunciamientos como órgano jurisdiccional. DÉCIMO:  En el presente caso, mediante sentencia de primera  instancia (Resolución N° 04) de fecha veintiocho de octubre  de dos mil veinte, obrante a fojas noventa y siete, el Juez de  la causa declaró infundada la demanda, en razón de que la  demandante tiene la condición de docente contratada, por  tanto, no le corresponde los beneficios sociales regulados en  el régimen laboral Nº 276, como son la compensación por  tiempo de servicios, vacaciones, aguinaldo por escolaridad y  gratificaciones. DÉCIMO PRIMERO: Resolución que fue  apelada por la parte accionante Albina Cruz Rubio, mediante  escrito de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, obrante  a fojas ciento cinco; dicho recurso fue concedido mediante  Resolución N° 06 de fecha diez de mayo de dos mil veintiuno,  obrante a fojas ciento dieciséis. DÉCIMO SEGUNDO: La Sala  Superior, mediante Auto de vista (Resolución N° 08) de  fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, obrante a fojas  ciento veintidós, declaró nula la Resolución N° 06, e  improcedente la apelación formulada contra la sentencia de  primera instancia, al señalar básicamente que en mérito a la  facultad que tiene de reexaminar la calificación del recurso de  apelación, advierte que la demandada no expresa en forma  congruente cual es el error de hecho o derecho incurrido en  las razones expuestas en la sentencia apelada, debido a que  no cuenta con una exposición razonada acorde a la sentencia  que supuestamente le causa agravio, sino más bien, sólo se  limita a indicar alegaciones genéricas, pues, pretende que se  revoque la sentencia de primera instancia citando dispositivos  legales como los artículos 4, 43, 48, el literal d) del artículo 24,  y el literal b) del artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 276;  asimismo, el numeral 2 de la Quinta Disposición Transitoria  del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, haciendo sólo  una mera referencia a su contenido. DÉCIMO TERCERO:  Absolución de agravios Respecto al agravio denunciado,  cabe precisar que el debido proceso, es un principio y derechode la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que tiene  por función velar por el respeto irrestricto de los derechos  fundamentales y las garantías constitucionales que lo  integran, dando a toda persona, la posibilidad de recurrir a la  justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a  través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad  razonable y suficiente de ser oído, a obtener una sentencia  debidamente motivada y garantizando el derecho a la  pluralidad de instancias, de conformidad con el inciso 6 del  artículo 139 de la Constitución Política del Estado.  DÉCIMO CUARTO: En tal sentido, atendiendo a lo señalado  en los considerandos que anteceden, es evidente que la Sala  Superior, al declarar improcedente el recurso de apelación,  incurre en las infracciones procesales denunciadas, ya que  desconoce su obligación de revisar la sentencia de primera  instancia, bajo los agravios expuestos en el recurso de  apelación, vulnerando la garantía procesal de la pluralidad de  instancias, así como la debida motivación de las resoluciones  judiciales, y con ello el debido proceso; si se tiene en cuenta  que el auto de vista, contiene una motivación aparente, al no  dar una respuesta razonada, motivada y congruente con las  alegaciones expuestas en el referido recurso, evidenciado  que el Colegiado de mérito, solo intentaba dar cumplimiento  formal a la norma, amparándose en frases sin ningún sustento  fáctico o jurídico; por lo tanto, corresponde disponer que la  Sala Superior, emita nuevo pronunciamiento sobre el fondo  de la controversia. DÉCIMO QUINTO: Asimismo, si bien  existe la posibilidad de rechazar el recurso de apelación en  virtud del artículo 367 del Código Procesal Civil, debe  señalarse que en el presente caso, el recurso de apelación  contiene una argumentación sobre la cual, los miembros del  Tribunal Superior, tenían la obligación de pronunciarse; por lo  tanto, al no hacerlo, es evidente que se ha vulnerado el  derecho de defensa y el derecho a la doble instancia; en tal  sentido, es necesario exhortar a los magistrados para que  cumplan con respetar los principios que conforman la  administración de justicia, ejerciendo correctamente sus  deberes en función al principio de la debida diligencia.  DECISIÓN: Por las consideraciones expresadas y de  conformidad con lo dispuesto en el artículo 396 del Código  Procesal Civil, declararon FUNDADO el recurso de queja  interpuesto por la parte demandante, Albina Cruz Rubio de  fecha seis de julio de dos mil veintiuno, obrante a fojas  veintidós; en consecuencia, NULA la resolución de vista de  fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, obrante a fojas  ciento veintidós; ORDENARON que la Sala Superior emita  nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia;  EXHORTARON a los jueces de la Sala Superior de la  Libertad, a que cumplan con su deber de impartir justicia en  función al principio de la debida diligencia. ORDENARON la  publicación de la presente resolución en el diario oficial “El  Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por la parte  recurrente contra el Gobierno Regional de La Libertad, sobre  pago de beneficios sociales; notifíquese por Secretaría, y  devolvieron los actuados. Interviene como ponente la señora  Jueza Suprema: Torres Vega. SS. TORRES VEGA, ARAUJO  SÁNCHEZ, GÓMEZ CARBAJAL, TEJEDA ZAVALA, LINARES  SAN ROMÁN. CONSTANCIA. Se deja constancia que en la  fecha se ha llevado a cabo la contienda de competencia con  los señores Jueces Supremos: Torres Vega, Araujo Sánchez,  Gómez Carbajal, Tejeda Zavala y Linares San Román.  Interviene el señor Juez Supremo Linares San Román por  licencia del señor Juez Supremo Mamani Coaquira. Lima, 06  de julio de 2022. FÉLIX CAPUÑAY PISFÍL. Relator. 1  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03261-2005-PA/ TC. 2  Sentencia del Tribunal constitucional recaída en el Expediente Nº 03261-2005-PA/ TC. C-2136195-402