CASACIÓN Nº 11278-2017 LIMA
Sumilla: Las divergencias en el nivel comercial existentes  entre las Declaraciones Únicas de Aduanas objeto de ajuste  y las Declaraciones Únicas de Aduanas empleadas como  referencia han influido en el precio de las mercancías, para  así arribar a la conclusión de que no son valores pasibles de  comparación. Lima, veintiuno de abril de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICAVISTALa causa once mil  doscientos setenta y ocho, guion dos mil diecisiete, guion  LIMA; con el expediente administrativo; el Informe de  Interpretación Prejudicial N° 401-IP-2018, emitido por el  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, con lo  expuesto en el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo  Contencioso Administrativo; en audiencia pública de la fecha,  y luego de efectuada la votación con arreglo a ley; interviniendo  como ponente el señor Juez Supremo, Toledo Toribio, con  la adhesión de los señores Jueces Supremos: Arias Lazarte,  Bustamante Zegarra y Dávila Broncano, con el voto singular  de esta última Jueza Suprema mencionada; y, con el voto en  minoría de los señores Jueces Supremos Pariona Pastrana,  Rueda Fernández y Bermejo Ríos; se emite la siguiente  Sentencia:I. RECURSO DE CASACIÓNViene a conocimiento  de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por  UPS SCS PERÚ Sociedad Comercial de Responsabilidad  Limitada de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete,  obrante a fojas trescientos treinta y cinco, contra la sentencia  de vista emitida por la Séptima Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y  Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha  diez de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos,  que confirmó la sentencia apelada de fecha veintitrés de  agosto de dos mil dieciséis, a fojas doscientos treinta y tres,  que declaró infundada la demanda.II. FUNDAMENTOS POR  LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL  RECURSO DE CASACIÓNMediante resolución de fecha  veintidós de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas  ciento quince del cuadernillo de casación, se ha declarado  procedente el recurso de casación por las siguientes causales:  a) Infracción normativa por interpretación errónea del  inciso c) del artículo 13 del Decreto Supremo N° 186-99- EF. Sostiene la recurrente que la Sala Superior no analizó  correctamente el texto completo del inciso c) del artículo 13  del Reglamento Interno para la Valoración de Mercancías  según el Acuerdo OMC, aprobado por el Decreto Supremo N°  186-99-EF, con el cual se debe verificar si el valor tomado  como referencia cumple, con respecto a la mercancía sujeta a  valoración, con los requisitos establecidos en dicha norma.  Agrega que la última parte del inciso citado es importante  porque afirma lo que la demandante argumenta en el sentido  que cuando el nivel comercial influye en el precio, las  mercancías del Sistema de Verificación de Precios –Sivep- no  pueden utilizarse como referencias de valoración. Esto  reafirma que hechos como el nivel comercial en el que son  importados los productos, las características y configuración  de los productos importados, influyen directamente en el  precio de las mercancías. Alega que la empresa recurrente es  un operador logístico que no comercializa los productos, por  tanto, su nivel comercial es residual y no puede ser comparado  con un nivel comercial en el cual sí existen operaciones  comerciales. Asimismo, el precedente contenido en la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03893-A-2013 vulnera las  disposiciones del Acuerdo de la OMC, la Resolución 846 y el  Reglamento Interno, ya que estas normas no disponen que  los ajustes por nivel comercial se realicen en base a  descuentos; b) Infracción normativa por inaplicación de la iNota Interpretativa de los artículos 2 y 3 del Acuerdo de  Valor de la Organización Mundial del Comercio – OMC,  del inciso f) del artículo 2 de la Resolución N° 846 del  Reglamento de la Decisión Comunitaria N° 571 y del  numeral 10 del Comentario 10.1 del Comité Técnico de  Valoración. Indica la recurrente que la Nota Interpretativa a  los artículos 2 y 3 del Acuerdo de Valor de la OMC señala que  la Administración de Aduanas, al determinar el valor en  aduana debe utilizar el valor de transacción de mercancías  idénticas o similares vendidas al mismo nivel comercial y  sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías  objeto de valoración; cuando no exista tal venta, se podrá  utilizar una venta de mercancías idénticas que se realice en  las condiciones que allí se establecen. Precisa que a pesar  que el Acuerdo y sus Notas Interpretativas son claras a la  forma en la que proceden los ajustes conforme a la aplicación  de los Métodos de Valoración, la sentencia no contiene ningún  análisis respecto del nivel comercial; del mismo modo,  inaplica las referidas notas interpretativas y el artículo 2 de la  Resolución Nº 846, sin motivar porque el precedente de la  Resolución del Tribunal Fiscal N° 03893-A-2013 resulta  aplicable. El citado precedente no tiene en consideración los  casos específicos de cada importación, como es el caso de  las importaciones de UPS, las mismas que no pueden ser  analizadas en razón a descuentos. Refiere que si la sentencia  impugnada hubiera analizado lo concerniente al nivel  comercial, se hubiera pronunciado respecto de la importancia  o no del nivel comercial de las actividades comerciales de  UPS y determinaría que las mismas no encajan en las  categorías de fabricante, mayorista, minorista o detallistas,  sino que es una categoría residual por su calidad de operador  logístico, por ello se ubica en el nivel comercial “otros”, por lo  que la existencia de descuentos no puede ser un factor  determinante. Arguye que, si la propia Aduana ha señalado  que la parte recurrente no forma parte del canal principal de  comercialización, bajo ninguna circunstancia el análisis del  comportamiento del importador se asemejará a las prácticas  comerciales del vendedor; c) Infracción normativa por  aplicación indebida del precedente de observancia  obligatoria contenida en la Resolución del Tribunal Fiscal  N° 3893-A-2013. Señala la recurrente que ha quedado  demostrado que los productos importados por UPS están  destinados única y exclusivamente a satisfacer un reclamo de  garantía, por lo que su valor no puede ser similar al de un bien  manufacturado para ser vendido, pese a ello, la Sala Superior  insiste en que la aplicación del tercer método de valoración es  el adecuado, sin tomar en consideración las características  especiales de las operaciones realizadas. UPS no puede ni  podrá beneficiarse de ningún tipo de descuento como si lo  pueden hacer los clientes de CISCO USA cuyos valores de  importación son utilizados generalmente como valores de  referencia. Agrega que la sentencia impugnada debió verificar  si el valor tomado como referencia cumple, respecto de la  mercancía sujeta a valoración, con los requisitos establecidos  en el artículo 13 del Decreto Supremo N° 186-99-EF, sin  embargo, a diferencia de ello, interpretó erróneamente la  citada norma y las notas interpretativas del Acuerdo OMC, así  como el artículo 2 de la Resolución Nº 846. Refiere además  que la Sunat, el Tribunal Fiscal y la Sala Superior no han  utilizado medida objetiva alguna de comparación que valide  los ajustes de valor, ya que no han analizado el nivel  comercial. Señala también que, la sentencia impugnada debió  tomar en consideración que, cuando el nivel comercial  registrado en la importación objeto de ajuste es “otros”, las  prerrogativas por el nivel comercial que registra el importador  podrían ser mayores o menores a las prerrogativas del nivel  comercial del importador de las declaraciones utilizadas como  referencia, máxime si las importaciones de UPS no son  comercializadas, por tanto, no puede realizarse un análisis  respecto a la existencia de descuentos o no; por esta razón la  interpretación contenida en la Resolución del Tribunal Fiscal  N° 03893-A-2013 no resulta aplicable; y, d) Infracción  normativa de las normas que garantizan el derecho a la  motivación de las resoluciones. Sostiene la recurrente que,  en la sentencia impugnada no existen fundamentos  contundentes ni motivación alguna respecto del tema del nivel  comercial, lo cual es fundamental en el caso concreto. Agrega  que, tampoco existen fundamentos contundentes para aplicar  la RTF N° 03893-A-2013, el cual es inaplicable porque no se  trata de ninguna compraventa, por lo que no caben los  descuentos. Del mismo modo, se han soslayado los  argumentos sobre el nivel comercial y el hecho de que la  mercancía tiene como única finalidad cubrir reclamos de  garantía.III.  CONSIDERANDOSPRIMERO:  SOBRE  EL  TRÁMITE ADMINISTRATIVO1.1. Con Declaración Única de  Aduanas N° 235-2014-10-16 7903-01-1-001, numerada el  veintiocho de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas ocho  del expediente administrativo, el cual contiene la importación,del ítem 01 y 07 contenidos en la Factura Comercial Nº  152921646.1.2. Con Notificación Valor OMC Nº 005901-2014,  de fecha seis de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas  veintitrés del expediente administrativo, se comunicó que al  amparo del artículo 11 del Reglamento para Valoración de  Mercancías según el Acuerdo Sobre Valoración en Aduana de  la OMC, aprobado mediante Decreto Supremo N° 186-99-EF,  la Administración Aduanera establece que existe duda  razonable respecto a los ítems 1 y 7, al advertirse que en el  Sistema de Verificación de Precios (Sivep) se encontró con  indicadores de precio cuyo valor FOB es mayor, otorgándole  a la ahora demandante un plazo a fin de que sustente con  documentación y explicación complementaria los valores  declarados en ella.1.3. Posteriormente, con la Notificación Nº  235-3Z1110-2014-3231, de fecha dos de diciembre de dos mil  catorce, obrante a fojas veintinueve del expediente  administrativo, se confirmó la duda razonable y la no  aplicación del primer método de valoración, por lo que requirió  a la empresa demandante alcance información que posea  acerca del valor en aduana de mercancías idénticas o  similares para proceder a la aplicación del segundo o tercer  método de valoración; mediante Informe sobre Verificación  del Valor Declarado Nº 1129-2014-3Z1110, obrante de fojas  cincuenta y nueve del expediente administrativo, la  Administración Aduanera indicó que el valor declarado por el  importador no puede admitirse como precio realmente pagado  o por pagar según el Primer Método de Valoración; asimismo,  señaló que no resulta aplicable el Segundo Método de  Valoración, debido a que ni ella ni el importador cuentan con  valores de transacción de mercancías idénticas a las que son  objeto de valoración, por lo que procedió a aplicar el Tercer  Método de Valoración Aduanera y emitir la Liquidación de  Cobranza Nº 2014-161123, obrante a fojas sesenta del  expediente administrativo.1.4. Mediante Resolución de  Gerencia N° 235-3Z1000/2015-000352, de fecha dieciséis de  julio de dos mil quince, obrante a fojas ciento diez del  expediente administrativo, se declaró infundado el recurso de  reclamo presentado por la empresa UPS SCS (PERÚ) SRL,  contra la sustitución del valor efectuado en las series 01 y 07  de la Declaración Única de Aduanas N° 235-2014-10-167903- 01-1-00; en consecuencia, confírmese la sustitución del valor  declarado en las citadas series y prosígase con el cobro de la  Liquidación de Cobranza N° 235-2014- 161123, siendo la  División de Importaciones encargada de su seguimiento y  ejecución.1.5. Dicha resolución fue objeto de recurso de  apelación, siendo resuelto por la Resolución del Tribunal  Fiscal N° 10350-A-2015, de fecha veintitrés de octubre de dos  mil quince, obrante a fojas ciento cuarenta y siete del  expediente administrativo, en la que se declaró confirmar la  Resolución de Gerencia N° 235-3Z1000/2015- 000352, de  fecha dieciséis de julio de dos mil quince, emitida por la  Intendencia de Aduana Aérea y Postal.SEGUNDO: SOBRE  EL TRÁMITE DEL PRESENTE PROCESO JUDICIAL2.1.  Del análisis de los autos se advierte que el presente proceso  ha sido iniciado con motivo de la demanda, obrante a fojas  setenta y uno, mediante la cual UPS SCS PERÚ Sociedad de  Responsabilidad Limitada, postula como pretensión principal  se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  10350-A-2015 de fecha veintitrés de octubre de dos mil  quince, que confirmó la Resolución de Gerencia N° 235- 3Z1000/2015-000352 de fecha dieciséis de julio de dos mil  quince. En consecuencia, solicita no se tenga por realizado el  ajuste de valor en Aduana de la DAM Nº 235-2014-10-167903  (ítems 1 y 7) conforme al tercer método de valoración.  Adicionalmente, solicita como pretensión accesoria, se  declare la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 235- 3Z1000/2015-000352 de fecha dieciséis de julio de dos mil  quince, así como de la Liquidación de Cobranza N° L/C N°  235-2014-161123.2.2.  El  Vigésimo  Segundo  Juzgado  Especializado  en  lo  Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior  de Justicia de Lima, mediante la sentencia de fecha veintitrés  de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos  treinta y tres, declaró infundada la demanda.2.3. Por su parte,  la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia de  vista de fecha diez de abril de dos mil diecisiete, obrante a  fojas trescientos, confirmó la sentencia apelada de fecha  veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas  doscientos treinta y tres, que declaró infundada la demanda  en  todos  sus  extremos.TERCERO:  SOBRE  LAS  INFRACCIONES DENUNCIADAS3.1. Mediante resolución  de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, obrante a  fojas ciento quince del cuadernillo de casación, se ha  declarado procedente el recurso de casación por la causales  siguientes: a) Infracción normativa por interpretación errónea  del inciso c) del artículo 13 del Decreto Supremo N° 186-99-EF; b) Infracción normativa por inaplicación de la nota  interpretativa de los artículos 2 y 3 del Acuerdo de Valor de la  Organización Mundial del Comercio – OMC, del inciso f) del  artículo 2 de la Resolución 846 del Reglamento de la Decisión  Comunitaria 571 y del numeral 10 del Comentario 10.1 del  Comité Técnico de Valoración; c) Infracción normativa por  aplicación indebida del precedente de observancia obligatoria  contenida en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 3893-A- 2013; y, d) Infracción normativa de las normas que garantizan  el derecho a la motivación de las resoluciones.3.2. Siendo así,  atendiendo a las causales declaradas procedentes se debe  iniciar el análisis del recurso por la causal contenida en el  literal d), dado su efecto nulificante en caso sea amparada, y  de no ser así, se procederá a examinar las causales  contenidas en los literales a), b) y c) por ser de carácter  material.CUARTO: SOBRE EL DERECHO A LA TUTELA  JURISDICCIONAL EFECTIVA, EL DEBIDO PROCESO Y  MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES4.1.  En lo que respecta a la causal del literal d), corresponde  tener presente el artículo 139 inciso 3 de la Constitución  Política del Perú prescribe: “Son principios y derechos de la  función jurisdiccional: La observancia del debido proceso y la  tutela jurisdiccional. […]” (subrayado agregado), el mismo que  ha sido desarrollado y ampliado por parte del legislador en  diversas normas con rango de ley, tales como el artículo 7 del  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que  taxativamente dispone: “En el ejercicio y defensa de sus  derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional,  con las garantías de un debido proceso. Es deber del Estado,  facilitar el acceso a la administración de justicia, promoviendo  y manteniendo condiciones de estructura y funcionamiento  adecuados para tal propósito” (subrayado agregado).4.2. A  nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en los  fundamentos cuadragésimo tercero y cuadragésimo octavo  de la sentencia emitida en el Expediente N° 0023-2005-PI/TC  manifestó lo siguiente:[…] los derechos fundamentales que  componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva  son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional  (jurisdicción ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que  pueden ser extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto  de otros órganos estatales o de particulares (procedimiento  administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones  entre particulares, entre otros), y que, […] el contenido  constitucional del derecho al debido proceso […] presenta dos  expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter  formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver  con las formalidades estatuidas, tales como las que  establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el  derecho de defensa y la motivación; y en su expresión  sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad  y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer.4.3.  Por su parte, la Corte Suprema en el considerando tercero de  la Casación N° 3775-2010-San Martín, emitida el dieciocho  de octubre de dos mil doce, dejó en claro lo siguiente:Es así  que el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional  efectiva reconocidos también como principio de la función  jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú, garantiza al justiciable, ante su pedido de  tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido  proceso y de impartir justicia dentro de los estándares  mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela  judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los  órganos de justicia como la eficacia de los decidido en la  sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra  todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder –  deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en  cambio significa la observancia de los principios y reglas  esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de  motivación de las resoluciones judiciales.4.4. Como es  sabido, uno de los principales componentes del derecho al  debido proceso se encuentra constituido por el denominado  derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, por lo  cual es imprescindible tener presente que el artículo 139  inciso 5 de la Constitución Política del Estado, prescribe lo  siguiente: “La motivación escrita de las resoluciones judiciales  en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite,  con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos  de hecho en que se sustentan”, asimismo que en el artículo  12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder  Judicial se señala que: “Todas las resoluciones, con exclusión  de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad,  con expresión de los fundamentos en que se sustentan” y que  en el artículo 122 inciso 4 del Código Procesal Civil se  menciona: “Las resoluciones contienen: La expresión clara y  precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los  puntos controvertidos. (…)”.4.5. Al respecto, la Corte Suprema  en el sexto fundamento de la Casación N° 2139-2007-Lima,publicada el treinta y uno de agosto de dos mil siete, ha  señalado que[…] además de constituir un requisito formal e  ineludible de toda sentencia constituye el elemento intelectual  de contenido crítico, valorativo y lógico, y está formado por el  conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que  el magistrado ampara su decisión; por ende, la exigencia de  la motivación constituye una garantía constitucional que  asegura la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta  los jueces para pronunciar sus sentencias; además, la  motivación constituye una forma de promover la efectividad  del derecho a la tutela judicial, y así, es deber de las instancias  de revisión responder a cada uno de los puntos planteados  por el recurrente, quien procede en ejercicio de su derecho de  defensa y amparo de la tutela judicial efectiva” (subrayado  agregado).4.6. Por su parte, el Tribunal Constitucional, en el  fundamento décimo primero de la sentencia del Expediente  N° 8125-2005-PHC/TC manifestó queEn efecto, uno de los  contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de  obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada,  motivada y congruente con las pretensiones oportunamente  deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La  exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en  proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la  Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea  la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación  jurídica que los ha llevado a decidir una controversia,  asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar  justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero  también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del  derecho de defensa de los justiciables. […] (subrayado  agregado).Por otro lado, en el considerando sétimo de la  sentencia del Expediente N° 728-2008-PHC/TC, se señaló  que: “[…] es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad  judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren  justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en  datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los  que se derivan del caso”.4.7. Por lo tanto, el derecho a la  motivación de las resoluciones judiciales, que forma parte del  contenido esencial del derecho al debido proceso, garantiza  que la decisión expresada en el fallo o resolución sea  consecuencia de una deducción razonada de los hechos del  caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, siendo  exigible que toda resolución, a excepción de los decretos,  contenga los fundamentos de hecho y de derecho, así como  la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta  garantía se respeta siempre que exista fundamentación  jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí  misma la resolución judicial exprese una suficiente justificación  de la decisión adoptada. Su finalidad en todo momento es  salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad judicial,  toda vez, que garantiza que las resoluciones judiciales no se  encuentren justificadas en el mero capricho de los  magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el  ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso.4.8. En  atención a lo expuesto, podemos establecer que la obligación  impuesta por estos dispositivos legales a todos los órganos  jurisdiccionales es que atiendan todo pedido de protección de  derechos o intereses legítimos de las personas, a través de  un proceso adecuado, donde no solo se respeten las garantías  procesales del demandante sino también del demandado y se  emita una decisión acorde al pedido formulado.QUINTO:  SOBRE LA PRIMERA CAUSAL Y EL CASO CONCRETO5.1.  En el caso de autos, la sentencia de vista, objeto de  impugnación, resolvió confirmar la sentencia apelada, que  declaró infundada la demanda; señala la Superior Sala que el  Juez de primera instancia ha sustentado correctamente el  ajuste de valor en aduana de las series 01 y 07 de la DAM Nº  235-2014-10-167903- 01-1-00, en base al Tercer Método de  Valoración – Valor de Transacción de Mercancías Similares,  en virtud a que las mercancías contenidas en la citada DAM  son similares a las mercancías utilizadas como referencia, por  lo que la resolución cuestionada ha sido emitida conforme a  ley. Sostiene la Sala Superior que,en lo referido al incorrecto  análisis del inciso c) del artículo 13 del Decreto Supremo N°  186-99-EF, que establece que los ajustes se realizan sobre  los datos comprobados que demuestren que los ajustes sean  razonables y exactos, de lo contrario no procederá ajuste  alguno y si la diferencia existente en el nivel comercial de las  referencias no influye en el precio, estas pueden ser tomadas  para la comparación, y que no se ha aplicado el comentario  10.1 del Comité Técnico en Valoración que exige que se  examine el nivel comercial de ambos importadores; cabe  mencionar que no resulta cierto lo alegado por la apelante en  este agravio toda vez que el A- quo en el cuarto párrafo del  sétimo considerando de la resolución impugnada señala  como normas aplicables al caso, el Acuerdo Relativo a la  aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre  Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Reglamento deValoración de Mercancías conforme al Acuerdo de Valor de la  OMC aprobado por Decreto Supremo 186-99-EF, y siendo  que mediante el artículo 2 del Decreto Supremo N° 186-99-EF  se incorporó a la legislación nacional las Decisiones del  Comité de Valoración Aduanera de la Organización Mundial  del Comercio (OMC) y los Instrumentos del Comité Técnico  de Valoración en Aduana (Bruselas), en ese sentido, se  advierte del Decreto Supremo antes citado, el cual es  aplicable al presente caso, tiene inmerso en su texto lo  expuesto por el Comité Técnico en Valoración en Aduana,  concluyendo el A-quo que la apelante no ha acreditado que la  calificación de sus operaciones tengan prerrogativas  comerciales que incidan sobre el precio pagado.5.2. En ese  contexto, resulta factible afirmar que no se ha vulnerado el  derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales,  ya que se ha resuelto efectuando un análisis detenido,  razonado y lógico de la discusión suscitada, es decir, con una  valoración racional y conjunta de los elementos fácticos y  jurídicos relacionados al caso concreto, esto, se observa  cuando se concluyó que la Autoridad Aduanera ante la duda  razonable advertida, solicita documentación adicional a la  empresa demandante, quien no cumplió con lo ordenado, por  lo que, resulta de aplicación el Tercer Método de Valoración  para calcular el valor de transacción, que dispone la utilización  de una venta de mercancías similares; por lo tanto,  indistintamente de que el criterio vertido sea correcto o no,  podemos afirmar que, existe una adecuada motivación de la  sentencia de vista impugnada, por lo tanto, la causal analizada  merece ser desestimada.SEXTO: SOBRE EL DECRETO  SUPREMO N° 186-99-EF QUE AP RUEBA EL REGLAMENTO  PARA LA VALORIZACIÓN DE MERCANCÍAS SEGÚN EL  ACUERDO SOBRE VALORACION EN ADUANA DE LA  OMC.6.1. En cuanto a las causales de los literales a) y b),  corresponde recordar que mediante Decreto Supremo N°  186-99-EF, publicado el veintinueve de diciembre de mil  novecientos noventa y nueve, se dispuso la aplicación de las  Normas de Valoración aprobadas por el Acuerdo Relativo a la  Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre  Aranceles Aduaneros y Comercio de mil novecientos noventa  y cuatro (en adelante Acuerdo de Valoración de la OMC), a  partir del primero de enero de dos mil, para el cincuenta por  ciento (50%) de las Partidas Arancelarias del Sistema  Armonizado contenidas en el Arancel de Aduanas del Perú,  las  cuales  serán  determinadas  mediante  Resolución  Ministerial de Economía y Finanzas y, a partir del uno de abril  de dos mil, para el cincuenta por ciento (50%) de la Partidas  Arancelarias restantes. Asimismo, con dicho decreto supremo,  se aprobó el Reglamento para Valoración de Mercancías  según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC.6.2.  En cuanto a la duda razonable, según el artículo 1 literal d)  del Reglamento para Valoración de Mercancías según el  Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado  por el Decreto Supremo N° 186-99-EF, se presenta: “Cuando  la autoridad aduanera tiene motivos para dudar de la  veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados  por el importador para sustentar el Valor en Aduana  declarado”.6.3. Por su parte, el artículo 11 del referido  Reglamento  trata  sobre  el  procedimiento  a  seguir,  prescribiendo  queCuando  haya  sido  numerada  una  declaración aduanera de mercancías y la Administración  Aduanera tenga motivos para dudar del valor declarado o de  la veracidad o exactitud de los datos o documentos  presentados como prueba de esa declaración, notificará tales  motivos y requerirá al importador para que en un plazo de  cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación o  de la aceptación de la garantía señalada en el Artículo 12 del  presente Decreto Supremo, prorrogable por una sola vez por  el mismo plazo, sustente o proporcione una explicación  complementaria así como los documentos u otras pruebas  que acrediten que el valor declarado representa el pago total  realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas,  ajustado, cuando corresponda, de conformidad con las  disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración en  Aduana de la OMC. La duda razonable podrá iniciarse  sustentada en indicios que le generen duda a la Administración  Aduanera respecto al valor declarado, entre otros en la  existencia de valores superiores de mercancías idénticas o  similares con que cuente ésta o valores de referencia. Si una  vez recibida la información complementaria, o si vencido el  plazo antes previsto sin haber recibido respuesta, la  Administración Aduanera tiene aún DUDA RAZONABLE  acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá  decidir dentro de los tres (3) meses siguientes contados  desde la numeración de la declaración aduanera, que el valor  en aduana de las mercancías importadas no se determinará  con arreglo a las disposiciones del Artículo 1 del citado  Acuerdo, pasando a aplicar los otros Métodos de Valoración  en forma sucesiva y ordenada. En casos debidamentejustificados y previa notificación al importador, el plazo podrá  ampliarse hasta máximo un (1) año. […] Una vez determinado  el valor, la Administración Aduanera le notificará al importador,  indicando los motivos para haber rechazado el Primer Método  de Valoración. (…) (subrayado agregado).6.4. En cuanto a  los métodos de valoración aduanera, el artículo 2 del  Reglamento para Valoración de Mercancías según el Acuerdo  sobre Valoración en Aduana de la OMC prescribe lo  siguiente:El Valor en Aduana de las mercancías importadas  se determinará de acuerdo a los Métodos de Valoración  establecidos en el Acuerdo del Valor de la OMC, los que se  aplicarán en forma sucesiva y excluyente en el siguiente  orden: Primer Método: Valor de Transacción de las  Mercancías Importadas, definido y normado por lo dispuesto  en los Artículos 1, 8 y 15 del Acuerdo del Valor de la OMC y  sus Notas Interpretativas. Segundo Método: Valor de  Transacción de Mercancías Idénticas, definido y normado por  lo dispuesto en los Artículos 2 y 15 del Acuerdo del Valor de la  OMC y sus Notas Interpretativas. Tercer Método: Valor de  Transacción de Mercancías Similares, definido y normado por  lo dispuesto en los Artículos 3 y 15 del Acuerdo del Valor de la  OMC y sus Notas Interpretativas. […] (subrayado y resaltado  agregado).6.5. Así pues, respecto al primer método de  valoración aduanera, el artículo 3 del Reglamento para  Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración  en Aduana de la OMC, indica queDe acuerdo con este  Método, debe aplicarse el precio realmente pagado o por  pagar por las mercancías importadas cuando éstas se venden  para su exportación y cuando correspondan a la última venta,  a un importador residente en el territorio aduanero peruano  con los ajustes señalados en el Artículo 8 del Acuerdo del  Valor de la OMC cuando corresponda. [...].En cuanto a las  condiciones para la aplicación del primer método de  valoración, el artículo 4 literal a) del reglamento bajo  comentario, establece que: “a) Deben existir pruebas de la  existencia de una venta para la exportación a un importador  en el territorio peruano”.6.6. Ahora bien, sobre el segundo y  tercer método de valoración aduanera, el Reglamento para  Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración  en Aduana de la OMC, aprobado mediante Decreto Supremo  N° 186-99-EF, en su artículo 13 contempla:Para la aplicación  del Segundo y Tercer Método la Aduana DEBE VERIFICAR  si el valor tomado como referencia cumple, respecto a la  mercancía objeto de valoración, los siguientes requisitos: a)  Si efectuada la comparación, reúne las características de  mercancía idéntica o similar según las definiciones contenidas  en el Acuerdo. […] c) Si ha sido vendida al mismo nivel  comercial, o de lo contrario puedan efectuarse los ajustes  señalados en los Artículos 2 y 3 del Acuerdo del Valor de la  OMC. La existencia de una diferencia en el nivel comercial o  en la cantidad no implica obligatoriamente un ajuste, éste sólo  se aplicará cuando como consecuencia de ella, resulte una  diferencia en el precio o en el valor. El ajuste se efectuará  sobre datos comprobados que demuestren que aquél es  razonable y exacto, de lo contrario no procederá ajuste  alguno. Si la diferencia existente en el nivel comercial de las  referencias no influye en el precio, éstas pueden ser tomadas  para  la  comparación.  […]  (Subrayado  y  resaltado  agregado).6.7. El Acuerdo de Valoración de la OMC, en su  artículo 2, señala lo siguiente1. a) Si el valor en aduana de las  mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a  lo dispuesto en el artículo 1, el valor en aduana será el valor  de transacción de mercancías idénticas vendidas para la  exportación al mismo país de importación y exportadas en el  mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o  en un momento aproximado. b) Al aplicar el presente artículo,  el valor en aduana se determinará utilizando el valor de  transacción de mercancías idénticas vendidas al mismo nivel  comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que  las mercancías objeto de la valoración. Cuando no exista tal  venta, se utilizará el valor de transacción de mercancías  idénticas vendidas a un nivel comercial diferente y/o en  cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las  diferencias atribuibles al nivel comercial y/o a la cantidad,  siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base de  datos comprobados que demuestren claramente que aquéllos  son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento como  una disminución del valor. 2. Cuando los costos y gastos  enunciados en el párrafo 2 del artículo 8 estén incluidos en el  valor de transacción, se efectuará un ajuste de dicho valor  para tener en cuenta las diferencias apreciables de esos  costos y gastos entre las mercancías importadas y las  mercancías  idénticas  consideradas  que  resulten  de  diferencias de distancia y de forma de transporte. 3. Si al  aplicar el presente artículo se dispone de más de un valor de  transacción de mercancías idénticas, para determinar el valor  en aduana de las mercancías importadas se utilizará el valor  de transacción más bajo.En su artículo 3 se prescribe losiguiente1. a) Si el valor en aduana de las mercancías  importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto  en los artículos 1 y 2, el valor en aduana será el valor de  transacción de mercancías similares vendidas para la  exportación al mismo país de importación y exportadas en el  mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o  en un momento aproximado. b) Al aplicar el presente artículo,  el valor en aduana se determinará utilizando el valor de  transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel  comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que  las mercancías objeto de la valoración. Cuando no exista tal  venta, se utilizará el valor de transacción de mercancías  similares vendidas a un nivel comercial diferente y/o en  cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las  diferencias atribuibles al nivel comercial y/o a la cantidad,  siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base de  datos comprobados que demuestren claramente que aquéllos  son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento como  una disminución del valor. 2. Cuando los costos y gastos  enunciados en el párrafo 2 del artículo 8 estén incluidos en el  valor de transacción, se efectuará un ajuste de dicho valor  para tener en cuenta las diferencias apreciables de esos  costos y gastos entre las mercancías importadas y las  mercancías  similares  consideradas  que  resulten  de  diferencias de distancia y de forma de transporte. 3. Si al  aplicar el presente artículo se dispone de más de un valor de  transacción de mercancías similares, para determinar el valor  en aduana de las mercancías importadas se utilizará el valor  de transacción más bajo.SÉPTIMO: SOBRE LA DECISIÓN  571 - VALOR EN ADUANA DE LAS MERCANCÍAS  IMPORTADAS Y SU REGLAMENTO CON RESOLUCIÓN  8467.1. La Decisión 571 – Valor en Aduana de las Mercancías  Importadas, en su artículo 2 expresamente señala: “El valor  en aduana de las mercancías importadas será determinado  de conformidad con los métodos establecidos en los artículos  1 a 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus  respectivas Notas Interpretativas, teniendo en cuenta los  lineamientos generales del mismo Acuerdo, de la presente  Decisión y su reglamento”. Por otro lado, el artículo 3 prescribe  que[d]e conformidad con lo establecido por el Acuerdo sobre  Valoración de la OMC, los métodos para determinar el valor  en aduana o base imponible para la percepción de los  derechos e impuestos a la importación, son los siguientes: 1.  Primer Método: Valor de Transacción de las mercancías  importadas. 2. Segundo Método: Valor de Transacción de  mercancías idénticas. 3. Tercer Método: Valor de Transacción  de mercancías similares. 4. Cuarto Método: Método del Valor  Deductivo. 5. Quinto Método: Método del Valor Reconstruido.  6. Sexto Método: Método del “Último Recurso” y, por último,  el artículo 4 menciona que: “Según lo dispuesto en la Nota  General del Anexo I del Acuerdo sobre Valoración de la OMC,  los métodos señalados en el artículo anterior deben aplicarse  en el orden allí indicado […] (resaltado y subrayado  agregado).7.2. La Resolución 846 que contiene el Reglamento  Comunitario de la Decisión 571 – Valor en Aduana de las  Mercancías Importadas, en su artículo 1 inciso 1 menciona  que: “El valor en aduana de las mercancías importadas es la  base imponible para la liquidación de los Derechos de Aduana  ad-valórem, será determinado de conformidad con los  métodos y procedimientos del Acuerdo sobre Valoración de la  OMC, en concordancia con lo establecido en la Decisión 571  y en el presente Reglamento” (subrayado agregado); y, en el  artículo 2 define al nivel comercial de la siguiente manera: “f)  Nivel comercial: El grado o posición que ocupa el comprador  en la escala de comercialización y de cuyas condiciones  comerciales realmente se beneficia, en su calidad de usuario  industrial, mayorista, minorista, detallista, usuario final u otro”  (subrayado agregado).7.3. Sobre el tercer método de  valoración aduanera, el inciso 3 del artículo 37 de la  Resolución 846 señala: “Al aplicar este método, el valor en  aduana se determinará utilizando el valor de transacción de  mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y  sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías  objeto de la valoración. Cuando no se disponga de éste, se  harán los ajustes necesarios para tener en cuenta las  diferencias atribuibles al nivel comercial y/o a la cantidad”  (subrayado agregado).OCTAVO: SOBRE EL COMENTARIO  10.1 - AJUSTES POR DIFERENCIAS ATRIBUIBLES AL  NIVEL COMERCIAL Y A LA CANTIDAD SEGÚN EL  ARTÍCULO 1.2 b) Y LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DEL  ACUERDOEn cuanto a un diferente nivel comercial o  diferente cantidad – ajuste, el numeral 10 del Comentario 10.1  del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la  Organización Mundial de Aduanas menciona queEn aquellos  casos en que una diferencia en el precio puede atribuirse al  nivel comercial o a la cantidad, debe efectuarse un ajuste para  obtener un valor que se sitúe al mismo nivel comercial que las  mercancías objeto de valoración y que correspondasensiblemente a las mismas cantidades. Cuando haya que  efectuar tales ajustes, las prácticas comerciales del vendedor  de mercancías idénticas o similares constituyen un elemento  dominante.NOVENO:  SOBRE  LA  INTEPRETACIÓN  PREJUDICIALCorresponde tener presente que en la  Interpretación Prejudicial N° 401-IP-2018, obrante a fojas  ciento cincuenta y uno del cuadernillo de casación, el Tribunal  de Justicia de la Comunidad Andina a solicitud de esta Sala  Suprema, ha indicado lo siguiente1.12. Adicionalmente,  tomando en cuenta la nota interpretativa del Artículo 3 del  Anexo 1 del Acuerdo sobre valoración de la OMC cuando no  existan mercancías similares vendidas, se podrá utilizar una  venta de mercancías similares que se realice en cualquiera de  las tres condiciones siguientes:a) Una venta al mismo nivel  comercial pero en cantidades diferentes;b) Una venta a un  nivel comercial diferente pero sustancialmente en las mismas  cantidades; o,c) Una venta a un nivel comercial diferente y en  cantidades diferentes.1.13.- Cuando exista una venta en la  que concurra cualquiera de las tres condiciones indicadas  anteriormente, se deben efectuar Ios ajustes del caso en  función de:a) Factores de cantidad únicamente;b) Factores de  nivel comercial únicamente; o,c) Factores de nivel comercial y  factores de cantidad.1.14.- ES necesario que al realizar el  ajuste, ya sea incrementando o disminuyendo el valor en  aduana teniendo en cuenta la diferencia en los niveles  comerciales o en las cantidades, se haga solo sobre la base  de datos comprobados que demuestren claramente que es  razonable y exacto.1.15.- A este respecto, cabe indicar que el  Comentario 10.1 del Comité de Valoración en Aduana, relativo  a Ios ajustes por diferencias atribuibles al nivel comercial y a  la cantidad según Ios Artículos 2 y 3 del Acuerdo sobre  Valoración (según el valor de transacción de mercancías  idénticas o similares), comunitarizado en virtud de su  incorporación en el Apéndice del Anexo del Reglamento  Comunitario de la Decisión 571 (Resoluciones 846 y 1684)  explica que si se comprueban diferencias en el nivel comercial  y en la cantidad, ante todo habrá que determinar si estas  influyeron en el precio o en el valor.DÉCIMO: SOBRE LA  SEGUNDA Y LA TERCERA CAUSAL Y EL CASO  CONCRETO10.1. Como se manifestó líneas arriba, mediante  Notificación Valor OMC N° 005901-2014, de fecha seis de  noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas veintitrés del  expediente administrativo, se estableció duda razonable de la  Declaración Única de Aduanas Nº 235-2014-10-167903- 01- 1-00, numerada el veintiocho de octubre de dos mil catorce,  obrante a fojas ocho del expediente administrativo, por lo que  se le otorgó a la empresa importadora el plazo de cinco días  hábiles para que brinde información de su valor declarado, lo  que finalmente no se concretizó por lo que se emitió la  Notificación Nº 235-3Z1110-2014-3231, de fecha dos de  diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas veintinueve del  expediente administrativo, con el cual se confirmó la duda  razonable y la no aplicación del primer método de valoración,  por lo que requirió a la empresa demandante alcance  información que posea acerca del valor en aduana de  mercancías idénticas o similares para proceder a la aplicación  del segundo o tercer método de valoración; mediante Informe  sobre Verificación del Valor Declarado Nº 1129-2014-3Z1110,  obrante a fojas cincuenta y nueve del expediente  administrativo, la Administración Aduanera indicó que el valor  declarado por el importador no puede admitirse como precio  realmente pagado o por pagar según el Primer Método de  Valoración; asimismo, señaló que no resulta aplicable el  Segundo Método de Valoración, debido a que ni ella ni el  importador cuentan con valores de transacción de mercancías  idénticas a las que son objeto de valoración, por lo que  procedió a aplicar el Tercer Método de Valoración Aduanera y  emitir la Liquidación de Cobranza Nº 2014-161123, obrante a  fojas sesenta del expediente administrativo, basándose en  que de acuerdo a la información contenida en las diversas  facturas comerciales y en la casilla 4.1 de las declaraciones  juradas suscritas por el importador en el formato B de la DAM,  las mercancías amparadas no constituyen una venta, sino  una sustitución de mercancías no devueltas (bajo garantía);  por lo tanto, el precio expresado en las facturas comerciales  no corresponden al precio realmente pagado o por pagar  directamente al vendedor, hecho que no se encuentra acorde  con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 1 del Acuerdo de  Valor de la OMC, ni a las condiciones establecidas en el  artículo 3 y el literal a) del artículo 5 del Reglamento para la  Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración  de Aduana de la OMC, aprobado por el Decreto Supremo N°  186-99, referidas al primer método de valoración .10.2. En  ese contexto, siguiendo el criterio sucesivo, ordenado y  excluyente consagrado en los artículos 2 y 11 del Reglamento  para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo Sobre  Valoración en Aduana de la OMC, aprobado mediante Decreto  Supremo N° 186-99-EF, es lógico que correspondería aplicarlos siguientes métodos de valoración aduanera, esto es, el  segundo o tercero método de valoración anteriormente  citados. Por otro lado, el artículo 13 del Reglamento  mencionado fija una serie de requisitos con los que deberá  contar el valor tomado como referencia respecto a la  mercancía objeto de valoración, los mismos que corresponden  ser verificados por la Administración Aduanera para que  proceda la aplicación del segundo o tercer método de  valoración, es decir, para emplear los referidos métodos de  valoración es indispensable que concurran todas las  exigencias, pues de no ser así, el método de valoración  utilizado sería contrario al ordenamiento jurídico. En  conclusión, la obligación de verificar dichos requisitos recae  únicamente en la Administración Aduanera, es decir, esta  última posee la competencia a efectos de establecer  correctamente el valor en aduana de la mercancía que  hubiera sido importada al territorio de nuestro país.10.3.  Siendo así, en cuanto a la Declaración Única de Aduanas N°  235-2014-10-167903-01-1-00, numerada el veintiocho de  octubre de dos mil catorce, debemos remitirnos al Informe  sobre Verificación del Valor Declarado N° 1129-2014-3Z1110,  de fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, en el que  la Administración Aduanera concluyó aplicar el tercer método  de valoración, tomando como referencia el valor declarado en  la Declaración Única de Mercancías N° 235-2014-107316,  numerada el diecisiete de julio de dos mil catorce (ítem 98) y  en la Declaración Única de Mercancías Nº 235-2014-157378,  numerada el ocho de abril de dos mil trece (ítem 8). Al  respecto, podemos observar lo siguiente: FUENTE: COMPRA/VENTA COMPRA/VENTA DAM 235-2014-10-167903 (Ítem 01) DAM 235-2014-107316 (ítem 98) Factura comercial N° 152921646 de fecha 10.10.2014 N° 20017544 de fecha  24.06.2014 Nivel comercial del  importador Otros Mayorista Nombre comercial Punto de Acceso Inalámbrico Punto de Acceso para  exteriores Marca Cisco Cisco Modelo AIR-CAP1552EU-A-K9 AIR-CAP1552EU-A-K9 Características Nuevo, 802.11N Outdoor access point,  Ext. Ant., unidad, a Reg. Dom, P/N  AIR-CAP1552EU-A-K9. Para transmisión de datos para equipo  Cisco. Incluye Accesorios Nuevo, punto de acceso  para exteriores, Marca Cisco  y clase 1552 Sistemas de  redes de telecomunicaciones  AIR- CAP 1552EU-A-K9, Transmisión inalámbrica  de datos. País de origen US-Estados Unidos US-Estados Unidos País de procedencia (embarque) US – Estados Unidos US – Estados Unidos Fecha de embarque 14.10.2014 11.07.2014 Cantidad 02 Unidad 01 Unidades Valor FOB Unit US$ US$ 1 438.000 US$ 2 634.183347 FUENTE: COMPRA/VENTA COMPRA/VENTA DAM 235-2014-10- 167903(Ítem 07) DAM 235-2014-157378(ítem 08) Factura comercial N° 152921646 de  fecha10.10.2014 N°112044483 de fecha 03.09.2014 Nivel comercial del  importador Otros Mayorista Nombre comercial Conmutador Conmutador Marca Cisco Cisco Modelo WS-C2960X-24TS-L S/M Características Nuevo, Catalyst 2960-X 24  GIGE, 4 X 1G SFP, LAN  Base, P/N WS- C2960X- 24TS-L, IncluyeAcceso- rios, Conmutador para  Transmisión de Datos de  24 Puertos para equipos  Catalyst 2960 X. Nuevo, P/N WS- C3960X-24TSL,- Catalyst 2960-X 24 Gige, 4X 1G  SFP, Lan Base, Conmutador para  Transmisión y Recepción de Datos  de24 Puertos. País de origen CN-China CN-China País de proceden- cia(embarque) US – Estados Unidos US – Estados Unidos Fecha de embarque 14.10.2014 03.10.2014 Cantidad 03 Unidad 05 Unidades Valor FOB Unit US$ US$ 766.400 US$ 1, 398.718 10.4. De lo observado, resulta claro que corresponde aplicar  el Tercer Método de Valoración dado que tras las  comparaciones hechas, se observa que las Declaraciones  Únicas de Aduanas objeto de ajuste y las Declaraciones  Únicas de Aduanas empleadas como referencia poseen  muchas similitudes, conforme a lo prescrito en el inciso b) del  numeral 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre Valoración en  Aduana de la OMC, pues se advierten caracteres y  composiciones semejantes que conllevan a cumplir las  mismas funciones, dado que estamos ante productossimilares con el mismo modelo, características, país de origen  y país de procedencia y tienen fechas de embarque muy  próximas, por lo que estamos frente a mercancías que  cumplen  funciones  parecidas  y  son  comercialmente  intercambiables.10.5. En ese contexto, se ha podido observar  que en algunas Declaraciones Únicas de Aduanas objeto de  ajuste se indica como nivel comercial “otros” y en las  Declaraciones  Únicas  de Aduanas  empleadas  como  referencia se precisa como nivel comercial “mayorista”, es  decir, si bien son dos niveles comerciales que se encuentran  debidamente reconocidas por el artículo 2 literal f) de la  Resolución 846, debemos tener en cuenta que en los valores  comparados difieren; no obstante, en lo actuado no se  encuentra comprobado si la empresa importadora obtuvo  algún beneficio o ventaja (descuento) producto de dichas  diferencias.10.6. En resumen, para esta Sala Suprema, se  debe acreditar que las divergencias en el nivel comercial  existentes entre las Declaraciones Únicas de Aduanas objeto  de ajuste y las Declaraciones Únicas de Aduanas empleadas  como referencia han influido en el precio de las mercancías,  para así arribar a la conclusión de que no son valores pasibles  de comparación. Sin embargo, eso no se logró evidenciar, al  no haber la empresa importadora alcanzado documentación o  cualquier otro medio probatorio suficiente que demuestre la  influencia del citado nivel comercial para hacerse acreedora a  una reducción en el precio de la mercancía declarada, lo cual  se ratifica con las facturas comerciales obrantes en el  expediente administrativo, al no estar consignado descuento  alguno en ninguna de ellas, conforme a lo establecido en el  numeral j)2 del artículo 5 del Decreto Supremo N° 186-99-EF;  por ende, lo sustentado por la Intendencia de Aduana Marítima  del Callao en su oportunidad se encuentra conforme al  requisito contenido en el literal c) del artículo 13 del Decreto  Supremo N° 186-99-EF; por consiguiente, en mérito a los  argumentos vertidos anteriormente, la segunda y tercera  causal analizada también merecen ser desestimadas. DÉCIMO  PRIMERO:  SOBRE  LOS  PRINCIPIOS  JURISPRUDENCIALES EN UN PROCESO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVOEn cuanto a la causal del literal c) y  teniendo en cuenta la naturaleza del presente proceso,  corresponde recordar que el artículo 37 del Texto Único  Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso  Contencioso Administrativo, ha establecido que cuando la  Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus  resoluciones  principios  jurisprudenciales  en  materia  contencioso  administrativa,  constituyen  precedente  vinculante, siendo que el texto íntegro de todas las sentencias  expedidas por la referida Sala Suprema se publicarán en el  diario oficial El Peruano y en la página web del Poder Judicial.  La publicación se hace dentro de los sesenta días de  expedidas,  bajo  responsabilidad.DÉCIMO  SEGUNDO:  SOBRE LA CUARTA CAUSAL Y EL CASO CONCRETOEn  el caso de autos, la empresa recurrente alega la infracción  normativa por indebida aplicación del precedente contenido  en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 3893-A-2013, de fecha  seis de marzo de dos mil trece; sin embargo, no toma en  cuenta que dicha resolución no es un precedente vinculante  emitido por la Sala Constitucional y Social de la Corte  Suprema de la República tal y como lo exige el artículo 37 del  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el  Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante  Decreto Supremo Nº 013- 2008-JUS; por lo tanto, la cuarta  causal invocada corresponde ser desestimada.DÉCIMO  TERCERO: CONCLUSIÓNLa sentencia de vista emitida por  la Sala Superior, no incurre en infracción normativa a las  normas de derecho procesal que garantiza el debido proceso  y a la debida motivación de las resoluciones consagradas en  la Constitución Política del Perú y en el Código Procesal Civil,  tampoco existió interpretación errónea del inciso c) del artículo  13 del Decreto Supremo N° 186-99-EF, inaplicación de la nota  interpretativa de los artículos 2 y 3 del Acuerdo de Valor de la  Organización Mundial del Comercio – OMC, del inciso f) del  artículo 2 de la Resolución N° 846 del Reglamento de la  Decisión Comunitaria 571 y del numeral 10 del Comentario  10.1 del Comité Técnico de Valoración ni en aplicación  indebida del precedente de observancia obligatoria contenida  en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 3893-A-2013, por lo  que al haber desestimado las causales invocadas corresponde  declarar infundado el recurso de casación.IV. DECISIÓNPor  tales consideraciones: declararon INFUNDADO el recurso de  casación interpuesto por UPS SCS PERÚ Sociedad  Comercial de Responsabilidad Limitada de fecha veintitrés  de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos  treinta y cinco; en consecuencia, NO CASARON la sentencia  de vista emitida por la Séptima Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y  Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha  diez de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos;y, ORDENARON la publicación de la presente resolución en  el diario oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por  UPS SCS PERÚ Sociedad Comercial de Responsabilidad  Limitada contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y  de Administración Tributaria – Sunat y otro, sobre acción  contenciosa administrativa. Notifíquese por Secretaría y  devuélvanse los actuados. Interviene el señor Juez Supremo:  Toledo Toribio.SS. SS.ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO,  BUSTAMANTE ZEGARRA, DÁVILA BRONCANO. LA  SECRETARIA DE LA QUINTA SALA DE DERECHO  CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  CERTIFICA que el voto suscrito por los señores jueces  supremos  ARIAS  LAZARTE,  TOLEDO  TORIBIO  y  BUSTAMANTE ZEGARRA fue dejado oportunamente en  relatoría, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 149°  del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder  Judicial, agregándose los referidos votos suscritos a la  presente resolución.EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA  JUEZA SUPREMA ROSA LILIANA DÁVILA BRONCANO  ES COMO SIGUE:Convocada como Jueza Dirimente en la  Casación  N°11278-2017-  LIMA;  con  el  estudio  correspondiente, me adhiero al voto de los señores Jueces  Supremos Arias Lazarte, Toledo Toribio y Bustamante  Zegarra en tanto coincido con sus fundamentos, los cuales  hago míos; agregando los siguientes:Análisis de las  infracciones materialesPrimero: Para iniciar este análisis,  resulta necesario puntualizar lo siguiente:1. Que en la  demanda, la recurrente ha señalado de manera repetida y  contundente, que no cuestiona su obligación tributaria, sino el  método de valoración utilizada por la administración,  propiamente la comparación con productos supuestamente  similares en el Sistema de Verificación de Precios (SIVEP)  porque considera que el nivel comercial en el que son  importados los productos y las características y configuración  influyen directamente en el precio de las mercancías.  Asimismo señaló que el valor declarado en el DAM es el  correspondiente a un producto manufacturado por CISCO  para garantía y no puede ser comparado con un producto  manufacturado para la venta. Inicia el cuestionamiento de las  resoluciones  administrativas  materia  de  impugnación  indicando, su condición de operador logístico únicamente, y  por ende los productos importados no son consecuencia de  una venta, sino que fueron consignados como consecuencia  de mercancías no devueltas (bajo garantía).2. Al respecto, el  Juez de primera instancia, tomó en cuenta lo señalado por la  demandante en el punto que los productos importados por  UPS SCS no están destinados a la venta y son destinados  únicamente a satisfacer un reclamo de garantía, por lo que su  valor no puede ser idéntico o similar al de un bien  manufacturado para ser vendido. De ello, consideró que aún  en el caso que no haya existido una venta, esto no es  impedimento para realizar el ajuste de valor por los métodos  establecidos, en tal caso, no será adecuado el primer método,  por lo que se tiene que realizar el análisis de los demás  métodos conforme a su orden.Tal premisa es concordante  con las normas que regulan el procedimiento aduanero  descritos en el marco normativo, en ese sentido, cuando  Aduanas cuestiona el valor declarado de una mercancía por  considerar que existen precios mayores de mercancías  idénticas o similares a la declarada, requiere al importador  sustentar dicho valor, otorga un plazo de 5 días para que el  importador pueda sustentar el valor declarado, por ende, la  empresa demandante tenía la obligación de acreditar el valor  pagado o por pagar (y ser pasible de la aplicación de los  métodos de valoración aduanera por parte de la Aduanas)  como se ha verificado en el caso de autos.3. Así, también es  necesario precisar que resulta ineludible la determinación del  valor en aduana de los productos importados; y esta  valoración juega un papel importante en la determinación de  la base imponible para el cálculo de los impuestos y derechos  de la mercancía importada. El valor en aduana es el resultado  del valor de transacción o precio pagado por las mercancías,  más los gastos efectuados en el extranjero. Si no se puede  determinar el valor de transacción de las mercancías  importadas o de mercancías idénticas o similares, se  determina con el precio unitario en que se venderá; o con  base en las mercancías similares a ellas en el país de  importación. Así además lo ha señalado el Tribunal de Justicia  de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 401- IP-2018, emitida a solicitud en este proceso.Hecha esta  precisión, debemos recordar que la demandante reconoce su  obligación tributaria; sin embargo, no ha demostrado el valor  de la transacción, porque afirma no haber comprado la  mercancía al ejercer un papel de operador logístico, es así  que al ser notificado respecto de la duda razonable del precio  de los productos declarados en la DAM, se le otorgaron cinco  (5) días hábiles a fin de que sustente con documentación yexplicación  complementaria  los  valores  declarados.  Seguidamente se le notificó que no podía admitirse el precio  pagado o por pagar según el primer método (valor de la  transacción), confirmando la duda razonable y requiriéndose  que presente documentación de mercancía idéntica o  similares importadas para la aplicación del Segundo (valor de  transacción de mercancías idénticas) o Tercer Método de  Valoración Aduanera (valor de transacción de mercancías  similares). Al no contar la demandante como la Administración  Aduanera con valores de transacción de mercancías  idénticas, se descartó el segundo método de valoración.4.  Corresponde ahora analizar la aplicación del Tercer Método  de Valoración Aduanera: Valor de Transacción de Mercancías  Similares, definido y normado por lo dispuesto en los artículos  3 y 15 del Acuerdo del Valor de la OMC y sus Notas  Interpretativas, de lo cual se puede concluir que debe ser  empleado cuando la mercancía tomada como referencia por  la administración aduanera es similar.Adicionalmente, de  conformidad con el numeral 2, inciso b) del artículo 15 del  Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VII del Acuerdo  General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 1994: “Se  entenderá por “mercancías similares” las que, aunque no  sean iguales en todo, tienen características y composición  semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones  y ser comercialmente intercambiables. Para determinar si las  mercancías son similares habrán de considerarse, entre otros  factores, su calidad, su prestigio comercial y la existencia de  una marca comercial”.5. De tales normas se concluye, como  se ha referido anteriormente, que el Tercer Método de  Valoración Aduanera se aplica luego de haber previamente  descartado en orden y de forma excluyente el Primer y  Segundo Método. El Tercer Método debe ser empleado  cuando la mercancía tomada como referencia por la  administración aduanera es similar, para lo cual la mercancía  objeto de ajuste y la de la referencia deben tener el mismo  nivel comercial (salvo que el nivel comercial diferente no  incida en el precio), la misma cantidad, el mismo momento o  en uno próximo y realizarse diferencia de costos y gastos. Absolviendo las causales, el Juzgado de primera instancia  determinó que revisado el expediente administrativo se tiene  que tanto la Administración Aduanera como el Tribunal Fiscal  en sus resoluciones respectivas han realizado el análisis  referente al nivel comercial de la mercancía usada como  referencia y la importada por la demandante, así tiene que en  cuanto al nivel comercial, si bien es cierto en la mercancía  importada por la demandante se ha consignado “otros” y en  las declaraciones utilizadas como referencia se consignó el  nivel comercial “mayorista”, la Administración Aduanera  determinó que si bien es cierto son distintos niveles, en el  caso de las declaraciones utilizadas como referencias no  existen prerrogativas o descuentos realizados a los  importadores. Asimismo, en el caso de la demandante, esta  no ha demostrado que existan prerrogativas o descuentos,  tampoco proporcionó explicación alguna respecto al nivel  comercial que consignó, es decir, no ha logrado desvirtuar lo  señalado  por  la  Administración  Aduanera  en  sede  administrativa, y en el presente proceso tampoco lo ha  realizado, debido a que no ha demostrado que la configuración  y las características de los productos importados por ella  hayan sido distintos a los utilizados como referencia,  únicamente ha mencionado de manera puntual en su  demanda, que el valor de la DAM es el correspondiente a un  producto manufacturado por CISCO para garantía y que no  puede ser comparado con un producto manufacturado, en  este caso por la misma empresa CISCO para la venta, sin  señalar cual sería la diferencia en tanto sea para la venta o  para garantía el producto debe ser, como lo es, de la misma  calidad y características. Además, si es para garantía o para  venta (destino del producto), no altera su valor en aduana,  más aún si consideramos que se trata del mismo producto  manufacturado por CISCO y el argumento de la demandante  resulta ser parte de un negocio interno entre exportador e  importador; y que finalmente se puede advertir que al  denominarse  agente  logístico  (papel  comercial  que  desempeña por un costo) y estando a su lógica, en este caso  CISCO estaría desempeñando propiamente la condición de  exportador (vendedor) como importador (comprador – agente  logístico), en tanto la mercancía formaría parte de la garantía  de sus ventas, situación que no ha sido del todo esclarecida  por la demandante al momento que se le requirió que  demostrara el valor de transacción para que pueda atribuirse  el primer método de valoración aduanera.6. En cuanto al nivel  comercial, el Juzgado ha analizado que en cuanto a lo que se  entiende como “nivel comercial”, conforme el Acuerdo sobre  Valoración de la OMC y la normativa comunitaria, esto se  presenta cuando un vendedor, como consecuencia de su  política comercial, da un tratamiento diferenciado a sus  compradores  ubicando  a  cada  uno  en  niveles  decomercialización distintos. Los niveles más comunes o  utilizados son los de mayorista, minorista, usuario, entre  otros, claro está, sin que ello signifique una limitación para el  vendedor, ya que dicho tratamiento depende únicamente de  él, de manera que este podría clasificar a sus compradores  con otras denominaciones. Siendo esto así, el nivel comercial  constituye una condición del comprador que se la atribuye  únicamente el vendedor de la mercancía. Este tratamiento  diferenciado puede significar la aplicación de descuentos en  los precios, pero también podría no tener ninguna incidencia  en ellos y consistir en un tratamiento diferenciado de otros  aspectos de la relación comercial entre comprador y vendedor,  como es la publicidad, el servicio post venta, etc. Por tanto,  concluyó que se puede decir que el elemento “nivel comercial”  afecta el valor de transacción de la mercadería únicamente si  este significa que el vendedor otorgue un descuento por dicho  concepto.7. En el mismo sentido, la Sala de mérito ha  fundamentado que, con la finalidad de determinar si el valor  en aduanas de las mercancías objeto de ajuste, en base al  Tercer Método de Valorización realizado por la Administración  Aduanera se realizó o no conforme a ley, se debe analizar la  información del ítem 02 contenido en la DAM presentada por  la demandante y aquella que se utilizó como referencia; y del  cuadro comparativo que contiene la presente resolución, se  observa que cuentan con características y composición  semejantes, es la misma marca, modelo, país de origen y  procedencia, por lo que sus características semejantes le  permite cumplir con las mismas funciones y ser comercialmente  intercambiables.De ello, se advierte que en el caso de autos,  para la aplicación del Tercer Método es factible la comparación  de mercancías efectuada por la administración aduanera, es  posible con aquellas que incluso hayan sido vendidas a un  nivel comercial y cantidades diferentes, debiéndose realizar  un ajuste solo cuando dichas circunstancias influyan en el  precio; para tal efecto, la autoridad aduanera debe examinar  la práctica comercial, solicitando consultas a las partes  interesadas, como ocurrió en el caso concreto. No obstante,  UPS Perú ante el requerimiento señaló que al no existir  ningún tipo de comercialización no se podían aceptar rebajas  ni descuentos, esto es, no demostró que la calificación de sus  operaciones tenga implicancia en el precio declarado.Aunado  a ello, tampoco demostró haber sido beneficiada por su  proveedor por un descuento por nivel comercial o alguna otra  razón que justifique haber declarado montos menores a los  que figuran en el SIVEP de Aduanas. Por lo tanto, ha quedado  acreditado que la diferencia en el nivel comercial no influyó en  el precio ni tampoco la cantidad importada, resultando  correcto el análisis realizado por la autoridad aduanera en la  aplicación del Tercer Método. Lo cual coincide con lo señalado  por la Interpretación Pre Judicial cuando respecto al  Comentario 1.15 del Comité de Valoración en Aduana, señala  que, cuando nos encontramos con ajustes por diferencias  atribuibles al nivel comercial, lo más importante es determinar  si esta diferencia influyó en el precio o en el valor.Teniéndose  presente  que 8. En consecuencia, la sentencia de vista ha establecido  conforme al artículo 13 literal c) del Decreto Supremo Nº 186- 99-EF que las diferencias del nivel comercial no han influido en  el precio o en el valor de las mercancías importadas y que la  administración efectuó la comparación con “mercancías  similares” que cumplen con las características de calidad y  prestigio comercial; pues la diferencia en el nivel comercial no  ha incidido en el precio de la mercancía, por lo tanto, no se ha  vulnerado la citada norma como lo sostiene la recurrente, razón  por cual, esta causal debe ser declarada infundada.Segundo:  En cuanto a la infracción de lo dispuesto en el numeral 10 del  Comentario 10.1 del Comité Técnico de Valoración, la  recurrente aduce ser una importadora que no realiza  operaciones de compraventa, sino un operador logístico  contratado para la entrega de las garantías de los productos de  acuerdo a las instrucciones de Cisco USA. Al respecto, si bien  no se observa que la sentencia de vista haya aplicado la norma  denunciada, la cual se refiere al ajuste que debe realizarse  cuando la diferencia del precio pueda atribuirse al nivel  comercial o la cantidad, supuesto que en el presente caso no  ha ocurrido, desde que la accionante no ha acreditado que la  calificación de sus operaciones hayan tenido algún descuento  o que incidan sobre el precio pagado, por lo que, esta causaltambién deviene en infundada.Tercero: Respecto de la Nota  Interpretativa de los artículos 2 y 3 del Acuerdo de Valor de la  OMC y el inciso f) del artículo 2 de la Resolución N° 846,  Reglamento de la Decisión Comunitaria 571, que establecen  los requisitos que se deben cumplir a efectos de aplicar el  Tercer Método de Valoración de Aduanas y define el nivel  comercial, respectivamente, si bien la Sala Superior no ha  invocado las normas señaladas de manera expresa. Sin  embargo, de los argumentos expuestos se advierte que la  sentencia de vista no desconoce la normativa invocada ni la  interpreta en un sentido o contenido que ella no prevé, pues ha  concluido que la administración aduanera descartó el primer  método de valoración en la medida que la demandante no  realizó descargo al inicio del procedimiento de duda razonable  y tampoco proporcionó información destinada a determinar el  valor de la transacción de las mercancías importadas, bajo el  argumento, de que se trataba de mercaderías destinadas a la  reposición por garantía otorgada por la empresa Cisco USA y  no constituía operación comercial, en base a que tampoco  presentó prueba de mercancía idéntica, entonces, no existiendo  en el SIVEP información sobre ello, se descartó también el  segundo método de valoración. Por lo que, la entidad  demandada recurrió al tercer método de valoración, en tanto  existía información suficiente para su aplicación, comparando  la mercancías objeto de valoración con la mercancía similar. Por consiguiente, la Sala Superior ha coincidido con lo resuelto  en el juzgado de primera instancia, así como de lo decidido a  nivel administrativo, en el sentido que si la diferencia existente  en el nivel comercial de la referencia no influye en el precio (es  decir, no afecta al análisis de similitud), estas pueden ser  tomadas para la comparación, y habiéndose concluido que la  demandante no ha acreditado que la calificación de sus  operaciones tengan prerrogativas comerciales que incidan  sobre el precio pagado; por tanto, las alegaciones de la parte  recurrente no pueden servir como soporte de las infracciones  normativas denunciadas. Tanto más, si la Sala Superior ha  practicado un correcto control jurídico de las actuaciones de  Sunat y la efectiva tutela de los derechos de la actora, por lo  que, este extremo del recurso también debe ser declarado  infundado.Cuarto: Sobre la aplicación indebida del precedente  contenido en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 3893-A-2013  18, la casante arguye que el Colegiado Superior aplica dicho  precedente administrativo sin considerar que no es posible la  comparación a través de descuentos, toda vez que las  importaciones de la recurrente no están destinadas a la venta y  no existe comercialización de los productos importados, en  cuyo contexto no podría existir beneficio de ningún tipo de  descuento, como sí lo pueden hacer los clientes de Cisco USA,  cuyos valores de importación son utilizados generalmente  como valores de referencia.Resulta oportuno citar la parte  pertinente de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 3893-A-2013,  que dispone[…] Para calificar a una mercancía importada  como similar a la que es objeto de valoración, debe existir entre  ellas una identidad parcial en sus aspectos fundamentales o  sustanciales y accesorios o complementarios, siendo una  condición para establecer dicha calificación que se sustente  técnicamente que las diferencias existentes entre ambas  mercancías no impidan que estas cumplan las mismas  funciones y que sean comercialmente intercambiables.  Asimismo, es necesario que se hayan producido en el mismo  país y que no tengan incorporados o no contengan, según el  caso, los elementos previstos en el numeral iv) del inciso b) del  apartado 1) del artículo 8º del Acuerdo sobre Valoración de la  OMC, por los cuales se hayan hecho ajustes (…) Cuando en  aplicación del Segundo o Tercer Método de Valoración  Aduanera del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, se tiene  como referencia únicamente el valor de transacción de la  mercancía vendida a un nivel comercial y/o cantidad diferente,  se deberá comprobar si en la transacción de la mercancía  objeto de valoración y/o en la transacción de la mercancía  idéntica o similar que se utiliza como referencia, el precio fue  afectado con un descuento por un nivel comercial y/o cantidad,  en cuyo caso, se deberá realizar los ajustes respectivos al valor  de transacción de la mercancía que se utiliza como referencia  a efecto de hacerlo comparable con el valor de transacción de  la mercancía objeto de valoración y así poder utilizarlo para  determinar el valor en aduanas.De la lectura del precedente  citado entre otros, se determinó los aspectos a evaluar para  determinar si las mercancías son idénticas o similares, así  como el análisis del elemento “nivel comercial”, estando el  contenido de tal precedente en la misma línea de la presente  sentencia. En tal sentido, se evidencia que los parámetros  normativos fijados en el citado precedente sí resultan aplicables  al supuesto fáctico establecido por las instancias inferiores, al  contener precisiones referidas a la aplicación del tercer método  de valoración aduanera, debiéndose declarar también  infundado este extremo.En consecuencia, MI VOTO es porque  se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto porUPS SCS PERÚ Sociedad Comercial de Responsabilidad  Limitada de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete,  obrante a fojas trescientos treinta y cinco; en consecuencia, NO  SE CASE la sentencia de vista emitida por la Séptima Sala  Especializada  en  lo  Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de  Justicia de Lima, de fecha diez de abril de dos mil diecisiete,  obrante a fojas trescientos; y, SE DISPONGA la publicación del  texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano,  conforme a ley. En los seguidos por UPS SCS PERÚ Sociedad  Comercial  de  Responsabilidad  Limitada  contra  la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria – SUNAT y otro, sobre acción contencioso  administrativa; y devuélvase los actuados.S. S.DÁVILA  BRONCANOEL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES  JUECES  SUPREMOS  PARIONA  PASTRANA,  RUEDA  FERNÁNDEZ Y BERMEJO RÍOS, ES COMO SIGUE:I. VISTA  la causa; con el expediente administrativo, con el Informe de  Interpretación Prejudicial N° 401-IP-2018, emitido por el  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con lo expuesto  en el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso  Administrativo.I.1. De la sentencia materia de casación.Es  objeto de casación, la sentencia de vista contenida en la  resolución número diecinueve, de fecha diez de abril de dos mil  diecisiete, obrante a fojas trescientos del expediente principal,  por la cual la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la  Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó la sentencia  apelada emitida por resolución número doce de fecha veintitrés  de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos  treinta y tres, que declaró infundada la demanda; en los  seguidos por UPS SCS (Perú) Sociedad Comercial de  Responsabilidad Limitada contra el Tribunal Fiscal y la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria – Sunat, sobre impugnación de resolución  administrativa.I.2. De la demanda y los pronunciamientos  emitidos en instancias inferiores.I.2.1UPS SCS (Perú)  Sociedad  Comercial  de  Responsabilidad  Limitada,  interpuso demanda contencioso administrativa, obrante a fojas  setenta y uno del expediente principal, postulando las  siguientes pretensiones:i) Pretensión principal: Solicita se  declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N°  10350-A-2015, que resolvió confirmar la Resolución de  Gerencia Nº 235-3Z1000/2015-000352, la cual declaró  infundado el recurso de reclamación contra el ajuste de valor  efectuado por la DAM N° 235-2014-10 -167903-01-1-00 (series  1 y 7) del veintiocho de octubre de dos mil catorce.ii) Primera  pretensión accesoria: Pide se declare la nulidad de la  Resolución de Gerencia N° 235-3Z1000/2015-000352.iii)  Segunda pretensión accesoria: Peticiona se declare la  nulidad de la Liquidación de Cobranza N° 235-2014-161123,  así como su correspondiente informe.I.2.2Con fecha veintitrés  de agosto de dos mil dieciséis, se emitió la resolución número  doce, obrante a fojas doscientos treinta y tres, por medio de la  cual se declaró infundada la demanda. Interpuesto el recurso  de apelación contra la sentencia de primera instancia, por  resolución número diecinueve de fecha diez de abril de dos mil  diecisiete, la Sala de mérito confirma la sentencia apelada.I.3.  Del recurso de casación y calificación del mismo.I.3.1 UPS  SCS (Perú) Sociedad Comercial de Responsabilidad  Limitada, interpuso recurso de casación el veintitrés de mayo  de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos treinta y cinco,  el cual fue declarado procedente por auto calificatorio de fecha  veintidós de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento  quince del cuaderno de casación formado en esta Sala  Suprema,  por  las  siguientes  causales:I.3.1.1Infracción  normativa por interpretación errónea del literal c) del  artículo 13 del Reglamento Interno para la Valorización de  Mercancías según el Acuerdo de la OMC, aprobado por  Decreto Supremo N° 186-99-EF. Se alega que, la Sala  Superior debió verificar si el valor de referencia de la mercancía  sujeta a valoración cumple con los requisitos establecidos en el  artículo 13 del Decreto Supremo N° 186-99- EF; sin embargo,  la Sala Superior no analiza correctamente el texto completo del  literal c) de dicho artículo; pues conforme a la última parte del  referido literal cuando el nivel comercial influye en el precio, las  mercancías del Sistema de Verificación de Precios no pueden  utilizarse como referencias de valoración, por lo que la  Resolución del Tribunal Fiscal N° 03893-A-2013 vulnera las  disposiciones del Acuerdo de la OMC, la Resolución N° 846 y  el Reglamento para la valoración de mercancías según el  Acuerdo de Valoración, ya que estas normas no disponen que  los ajustes por nivel comercial se realicen en base a  descuentos.I.3.1.2Infracción normativa por inaplicación de  la Nota Interpretativa a los artículos 2 y 3 del Acuerdo de  Valor de la OMC y del literal f) del artículo 2 de la Resolución  846 - Reglamento de la Decisión Comunitaria 571, e  inaplicación del numeral 10 del Comentario 10.1 del ComitéTécnico de Valoración. Argumentó que, se ha inaplicado las  normas interpretativas del Acuerdo de la OMC y no se ha  analizado el artículo 2 de la Resolución N° 846, tampoco ha  motivado porqué el precedente del Tribunal Fiscal N° 03893-A- 2013 es aplicable al presente caso; agrega, que el importador  ha manifestado que la empresa demandante es un operador  logístico que no tiene contrato con los compradores de  productos CISCO USA, siendo su única función importar y  entregar (no vender) a los clientes de CISCO USA las piezas  de recambio que deben sustituir a las piezas defectuosas y  únicamente cuando existen reclamos de garantía de  cumplimiento de su labor como operador logístico; asimismo,  manifiesta que la RTF N° 03893-A-2013 no es aplicable al caso  concreto, debido a que la demandante no comercializa los  productos y, por tanto, al no existir tal comercialización, dichas  importaciones no pueden analizarse en base a descuentos  sino a lo que señala la normativa comunitaria sobre el  particular.I.3.1.3Infracción normativa de las normas que  garantizan el derecho a la motivación de las resoluciones:  Adujo que, no existen fundamentos contundentes ni motivación  alguna respecto al nivel comercial, el cual en este caso es  fundamental; añade, que tampoco existen argumentos  contundentes para aplicar el precedente RTF N° 03893-A- 2013, el mismo que no es aplicable al presente caso, toda vez  que no se trata de una compra-venta, por lo que no caben  descuentos. Del mismo modo, se han soslayado los argumentos  sobre el nivel comercial y el hecho de que la mercancía tiene  como  única  finalidad  cubrir  reclamos  de  garantía.I.3.1.4Infracción normativa por aplicación indebida  del Precedente de Observancia Obligatoria contenida en la  Resolución del Tribunal Fiscal N° 03893-A-2013: Expresa  que ha quedado demostrado que los productos importados por  UPS están destinados única y exclusivamente a satisfacer un  reclamo en garantía, por lo que su valor no puede ser similar al  de un bien manufacturado para ser vendido, pese a ello se  insiste que el tercer método de valor es el adecuado. Agrega  que, la sentencia impugnada debió verificar si el valor tomado  como referencia cumple, respecto de la mercancía sujeta a  valoración, con los requisitos establecidos en el artículo 13 del  Decreto  Supremo  N°  186-99-EF.I.4.  Interpretación  prejudicialA fojas ciento cincuenta y uno del cuaderno de  casación, obra el Informe de Interpretación Prejudicial del  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contenida en el  Proceso 401-IP-2018, respecto de las normas comunitarias  aplicables al caso de autos, solicitado por la Sala de Derecho  Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de  Justicia de la República del Perú.I.5. Dictamen Fiscal  SupremoCon lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo N°  89 3-2018-MP-FN-FSTCA de fecha nueve de abril de dos mil  dieciocho, obrante a fojas ciento veintiséis del cuaderno de  casación, con opinión de que se declare infundado el recurso  de casación.II. CONSIDERANDOSPRIMERO. Delimitación  del objeto de pronunciamiento1.1. De acuerdo a los términos  de las denuncias casatorias efectuadas y declaradas  procedentes  en  el  auto  calificatorio,  es  objeto  de  pronunciamiento si la sentencia de vista ha infringido o no las  normas que garantizan el derecho a la motivación de las  resoluciones.1.2. De verificarse que no se incurrió en la  infracción procesal anotada, en segundo orden, se procederá  al análisis de las infracciones normativas de índole material, y  que está relacionada a la infracción normativa por  interpretación errónea del literal c) del artículo 13 del  Reglamento para la Valorización en Aduana de la OMC,  aprobado por Decreto Supremo N° 186-99-EF; por  inaplicación de la Nota Interpretativa a los artículos 2 y 3 del  Acuerdo de Valor de la OMC y del literal f) del artículo 2 de  la Resolución 846, Reglamento de la Decisión Comunitaria  571, y del numeral 10 del Comentario 10.1 del Comité  Técnico de Valoración; y por aplicación indebida del  precedente de observancia obligatoria contenida en la  Resolución del Tribunal Fiscal N° 03893-A-2013.1.3. Es  necesario que esta Sala Suprema ponga de relieve que la  naturaleza del recurso de casación es ser un medio  impugnatorio extraordinario de carácter formal, ya que, de  acuerdo al ordenamiento jurídico peruano, tal recurso cumple  función nomofiláctica por control del derecho. Es decir, los  cuestionamientos en que debe fundarse el mencionado recurso  deben ser de índole jurídico y no fáctico o de revaloración  probatoria. Con ello, se asegura el cumplimiento de los fines de  la casación, que son la adecuada aplicación del derecho  objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia  nacional por la Corte Suprema de Justicia.SEGUNDO. Sobre  la infracción normativa de las normas que garantizan el  derecho a la motivación de las resoluciones.; y la  aplicación indebida del precedente de observancia  obligatoria contenida en la Resolución del Tribunal Fiscal  N° 03893-A-20132.1. De los varios elementos que conforman  el debido proceso, la denuncia casatoria en comento guardaespecífica relación con la debida motivación de las resoluciones  judiciales, prevista en el numeral 5 del artículo 139 de la  Constitución y que además está regulada en el artículo 123 del  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y  en los artículos 50 (numeral 6)4 y 122 (numerales 35 y 46) del  Código Procesal Civil.2.2. En ese contexto, es menester que  esta Sala Suprema analice los fundamentos empleados por la  Sala Superior en la sentencia de vista. Cabe agregar que en la  actualidad ya no forma parte de la discusión jurídica si las  resoluciones deben estar motivadas o no, pues es un hecho  aceptado que existe la obligación de motivar.2.3. En relación al  tema casatorio, el derecho fundamental a la debida motivación  de las resoluciones judiciales se encuentra reconocido en el  numeral 5 del artículo 139 de la Constitución7, el cual también  encuentra amparo en los Tratados Internacionales sobre  Derechos Humanos, incluido como garantía procesal en el  artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos,  y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos. Como ya se ha expresado, este derecho  fundamental es uno de los derechos que conforman el derecho  fundamental al debido proceso8, que se encuentra reconocido  en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución.2.4. El  derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones  ha obtenido interpretación de la Corte Interamericana de  Derechos Humanos (vinculante para el Perú en atención a la  Cuarta Disposición Final Transitoria de la Constitución Política),  estableciendo que es un derecho que permite verificar la  materialización del derecho a ser oído, y que la argumentación  de un fallo demuestra que los alegatos y pruebas han sido  debidamente tomados en cuenta, analizados y resueltos9, y  que “(…) [e]l deber de motivar las resoluciones es una garantía  vinculada con la correcta administración de justicia, que  protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las  razones que el Derecho suministra (…)”10.2.5. Realizando el  control de motivación de la resolución impugnada en instancia  de casación, es menester tener en consideración la  interpretación del Tribunal Constitucional en la Sentencia N°  00728-2008-PHC/TC , que en su fundamento jurídico séptimo,  ha señalado que la motivación insuficiente está vinculada al  mínimo de motivación exigible, y está referida a la ausencia o  insuficiencia de argumentos a la luz de lo que se está  resolviendoMotivación insuficiente.- Se refiere, básicamente,  al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de  hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión  está debidamente motivada. Si bien (…) no se trata de dar  respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la  insuficiencia, vista aquí en términos generales, solo resultará  relevante desde una perspectiva constitucional si es que la  ausencia de argumentos o la insuficiencia de fundamentos  resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está  decidiendo.2.6. El argumento medular de la sentencia de vista  es que la diferencia en el nivel comercial no incide en el análisis,  puesto que el importador no ha acreditado que la calificación de  sus operaciones tengan prerrogativas comerciales que incidan  sobre el precio pagado(…) [e]n lo referido al incorrecto análisis  del inciso c) del artículo 13 del Decreto Supremo N° 186-99-EF  que establece que los ajustes se realizan sobre los datos  comprobados que demuestren que los ajustes sean razonables  y exactos, de lo contrario no procederá ajuste alguno y si la  diferencia existente en el nivel comercial de las referencias no  influye en el precio, éstas pueden ser tomadas para la  comparación, y que no se ha aplicado el comentario 10.1 del  Comité Técnico en Valoración que exige que se examine el  nivel comercial de ambos importadores; cabe mencionar que  no resulta cierto lo alegado por la apelante en este agravio toda  vez que el A-quo en el cuarto párrafo del sétimo considerando  de la resolución impugnada señala como normas aplicables al  caso, el Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VII del  Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de  1994 y el Reglamento de Valoración de Mercancías conforme  al Acuerdo de Valor de la OMC aprobado por Decreto Supremo  N° 186-99-EF, y siendo que mediante el artículo 2 del Decreto  Supremo N° 186-99-EF se incorporó a la legislación nacional  las Decisiones del Comité de Valoración Aduanera de la  Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Instrumentos  del Comité Técnico de Valoración en Aduana (Bruselas), en  ese sentido, se advierte del Decreto Supremo antes citado, el  cual es aplicable al presente caso, tiene inmerso en su texto lo  expuesto por el Comité Técnico en Valoración en Aduana,  concluyendo el A-quo que la apelante no ha acreditado que la  calificación  de  sus  operaciones  tengan  prerrogativas  comerciales  que  incidan  sobre  el  precio  pagado,  correspondiendo desvirtuar el agravio formulado por la  apelante.2.7. Del análisis de los argumentos de la sentencia de  vista se advierte que ha plasmado como premisa mayor, que  tanto las Declaraciones Aduaneras de Mercancías – DAM´s a  ajustar como las Declaraciones Aduaneras de Mercancías  DAM´s de referencia pueden tener diferente nivel comercial,señalando como premisa menor que los niveles comerciales  son distintos; concluyendo por tal motivo el ajuste de valor  realizado está acorde a ley; razonamiento que permite señalar  que la sentencia de segunda instancia ha cumplido con las  exigencias de logicidad en justificación interna; por tanto, la  sentencia recurrida ha plasmado las razones suficientes en  que basó su decisión de declarar infundada la demanda,  debiéndose por ello desestimar el recurso de casación en lo  atinente a la infracción del derecho al debido proceso,  específicamente el derecho a la debida motivación de  resoluciones judiciales.2.8. En lo referente a que se debía  aplicar la Resolución N° 03893-A-2013, emitida por el Tribunal  Fiscal, es de señalar que de acuerdo al artículo 154 del Código  Tributario, dicha resolución es vinculante para los órganos de la  Administración Tributaria y no para la Sala Superior, por lo que  no estaba obligada a aplicarla al caso concreto, debiéndose  desestimar este argumento y el recurso de casación en este  extremo.TERCERO. Acerca de la infracción normativa por  interpretación errónea del literal c) del artículo 13 del  Reglamento para la Valorización en Aduana de la OMC, y  por inaplicación de la Nota Interpretativa a los artículos 2 y  3 del Acuerdo de Valor de la OMC y del literal f) del artículo  2 de la Resolución N° 846 - Reglamento de la Decisión  Comunitaria 571, e inaplicación del numeral 10 del  Comentario 10.1 del Comité Técnico de Valoración.3.1.  Dentro del marco del Estado Constitucional de Derecho, las  disposiciones legales deben ser interpretadas en compatibilidad  con los derechos fundamentales, reconocidos en la Convención  Americana de Derechos Humanos, la cual en el literal b) de su  artículo 29 consagra que: “Ninguna disposición de la presente  Convención puede ser interpretada en el sentido de (…) limitar  el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda  estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los  Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea  parte uno de dichos Estados”. Acorde con la precitada norma  convencional, es menester poner de relieve que, para la  efectivización de la labor interpretativa, esta debe estar  armonizada con el principio de legalidad recogido en el artículo  911 de la mencionada Convención y en el artículo 7412 de la  Constitución, concibiéndose este principio en aspecto límite  para el Estado, en especial en lo referente a la potestad  tributario-aduanera.3.2. Lo anterior se respalda en el sistema  de división de poderes acogido en el ordenamiento  constitucional peruano, el cual prescribe que ningún poder es  absoluto, incluso los poderes constitucionalmente establecidos,  así como las instituciones y entidades que derivan de estos. En  resumen, todas las entidades se encuentran sometidas a lo  previsto en la Constitución y al sistema de controles que de ella  fluyen, significando que la potestad tributario-aduanera  atribuida al Estado no es absoluta, sino que se encuentra  sujeta a controles y debe ser ejercida con arreglo a los fines,  principios, derechos y límites que las normas constitucionales y  legales prevén.3.3. Debe agregarse, que en el trabajo  interpretativo de las disposiciones tributarias- aduaneras — como en todas las especialidades y por estar inmerso en un  Estado Constitucional de Derecho con supremacía y  obligatoriedad de las normas constitucionales—, siempre ha de  partirse de la norma de reconocimiento que sustenta el sistema  jurídico acogido por el constituyente; de esta forma, conforme  al artículo 74 de la Constitución, que prevé el principio de  legalidad en materia tributaria, se acude a la Norma VIII del  Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código  Tributario.3.4. En la anotada Norma VIII del Título Preliminar  del Texto Único Ordenado del Código Tributario se establece la  proscripción de que en vía interpretativa se creen tributos,  introduzcan sanciones, se otorguen exoneraciones tributarias o  se extiendan las disposiciones tributarias a supuestos no  regulados en la ley, teniendo el siguiente tenor: “En vía de  interpretación no podrá crearse tributos, establecerse  sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de  los señalados en la ley”.3.5. La referida Norma VIII ha sido  objeto de examen por esta Sala Suprema en la Casación N°  4392-2013-Lima, en la cual se ha fijado como criterio  jurisprudencial en su fundamento jurídico 3.6, que el intérprete  jurídico está indisolublemente atado al texto de la norma ,  como[l]a Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario,  en coherencia con la Norma IV que contempla los principios de  legalidad y reserva de ley, ratifica el sometimiento a la ley y  refuerza la vinculación del intérprete al contenido del texto  legal, cobrando mayor significancia en el proceso de  interpretación de leyes tributarias, los supuestos, las  obligaciones y elementos predeterminados y configurados  en la ley (…)”. (Énfasis es nuestro)3.6. En su recurso de  casación, la empresa recurrente sostiene —en resumen— que  la Sala Superior no ha analizado correctamente el texto  completo del literal c) del artículo 13 del Reglamento para la  Valoración de Mercancías según el Acuerdo de la OrganizaciónMundial del Comercio - OMC, el cual señala que cuando el  nivel comercial influye en el precio, las mercancías del Sistema  de Verificación de Precios no pueden utilizarse como  referencias de valoración; añade que, no tiene contrato con los  compradores de productos CISCO USA, siendo su única  función importar y entregar (no vender) a los clientes de CISCO  USA las piezas de recambio que deben sustituir a las piezas  defectuosas y únicamente cuando existen reclamos de garantía  de cumplimiento de su labor como operador logístico.3.7. Antes  de ingresar a realizar la función nomofiláctica, es menester  tener claro el panorama normativo en mérito a las denuncias  efectuadas. En este contexto, el dos de marzo de mil  novecientos noventa y cuatro el Perú aceptó el Acuerdo relativo  a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre  Aranceles Aduaneros y Comercio (Acuerdo sobre Valoración  en Aduana de la Ronda Tokio), retrasando la aplicación de sus  disposiciones por cinco años, contados desde el uno de abril de  mil novecientos noventa y cuatro. De esta forma, por Resolución  Legislativa N° 26407, vigente desde el uno de enero de mil  novecientos noventa y cinco se aprobó el “Acuerdo por el que  se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y  los Acuerdos Comerciales contenidos en el Acta Final de la  Ronda de Uruguay”.3.8. Con el propósito de la función  nomofiláctica, debe tenerse presente el texto normativo del  literal b) del numeral 1 del artículo 3 (Cuando no exista tal  venta, se utilizará el valor de transacción de mercancías  similares vendidas a un nivel comercial diferente y/o en  cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las  diferencias atribuibles al nivel comercial y/o a la cantidad,  siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base de  datos comprobados que demuestren claramente que aquéllos  son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento como  una disminución del valor) y del literal b) del numeral 2 del  artículo 15 (se entenderá por “mercancías similares” las que,  aunque no sean iguales en todo, tienen características y  composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas  funciones y ser comercialmente intercambiables) del Acuerdo  de Valor de la Organización Mundial del Comercio (en adelante  OMC); extrayéndose las siguientes normas pertinentes al  caso:EN1:Constituyen “mercancías similares” las que, aunque  no sean iguales entodo,tienencaracterísticas y composición  semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y  ser comercialmente intercambiables.EN2: Cuando no exista tal  venta, se utilizará el valor de transacción de mercancías  similares vendidas a un nivel comercial diferente ajustado para  tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial. EN3: Los ajustes se realizarán siempre que puedan hacerse  sobre la base de datos comprobados que demuestren  claramente que aquéllos son razonables y exactos, tanto si  suponen un aumento como una disminución del valor.3.9. De  las normas esbozadas, se desprende que las mercancías  similares vienen a ser aquellas que, sin ser idénticas, poseen  características y composición semejantes, aspectos que  permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente  intercambiables; así también, cuando el valor de transacción de  mercancías similares no sea vendido al mismo nivel comercial,  se realizará ajuste para considerar las diferencias atribuibles al  nivel comercial.3.10. De forma similar, la Nota Interpretativa del  artículo 3 del Acuerdo de Valoración de la OMC señala que:  “Para la aplicación del artículo 3, siempre que sea posible, la  Administración de Aduanas utilizará el valor de transacción de  mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y  sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías  objeto de valoración”. Por no tratarse de mercancías idénticas,  no es posible realizar el análisis de la Nota Interpretativa del  artículo 2 del aludido Acuerdo.3.11. Por su parte, el literal c) del  artículo 13 del Reglamento para la Valorización en Aduana de  la OMC prescribe que: “Si ha sido vendida al mismo nivel  comercial, o de lo contrario puedan efectuarse los ajustes  señalados en los Artículos 213 y 314 del Acuerdo del Valor de la  OMC. La existencia de una diferencia en el nivel comercial o en  la cantidad no implica obligatoriamente un ajuste, este solo se  aplicará cuando como consecuencia de ella, resulte una  diferencia en el precio o en el valor. El ajuste se efectuará sobre  datos comprobados que demuestren que aquél es razonable y  exacto, de lo contrario no procederá ajuste alguno”;  desglosándose como normas que:EN4: De no haberse vendido  las mercancías al mismo nivel comercial, pueden efectuarse  ajustes.EN5: El ajuste solo se aplicará cuando resulte una  diferencia en el precio o en valor.EN6: El ajuste se realizará  sobre datos comprobados que demuestren que aquel es  razonable y exacto.3.12. Igualmente, el literal f) del artículo 2  del Reglamento Comunitario de la Decisión 571, contenido en  la Resolución N° 846, prevé “Nivel comercial: El grado o  posición que ocupa el comprador en la escala de  comercialización y de cuyas condiciones comerciales realmente  se beneficia, en su calidad de usuario industrial, mayorista,  minorista, detallista, usuario final u otro”; extrayéndose comonorma que:EN7: El Nivel comercial consiste en grado o  posición que ocupa el comprador en la escala de  comercialización y de cuyas condiciones comerciales realmente  se beneficia.3.13. Por su parte, el numeral 10 del Comentario  10.1 del Comité Técnico de Valoración prescribe que: “En  aquellos casos en que una diferencia en el precio puede  atribuirse al nivel comercial o a la cantidad, debe efectuarse un  ajuste para obtener un valor que se sitúe al mismo nivel  comercial que las mercancías objeto de valoración (…)”;  desglosándose como norma vinculada al caso que:EN8: Si  existe diferencia en el precio atribuible al nivel comercial, debe  efectuarse un ajuste para obtener un valor que se sitúe al  mismo nivel comercial que las mercancías objeto de  valoración.3.14. En las normas descritas en las EN3 a EN8 se  indica que si las mercancías (importadas y de referencia) no  tienen el mismo nivel comercial, se realizarán los ajustes que  sean necesarios para tener en consideración las diferencias  atribuibles a su nivel comercial. Esto se condice con la  Interpretación Prejudicial N° 401-IP- 2018, en la cual se  señala si se comprueban diferencias en el nivel comercial  y en la cantidad, ante todo habrá que determinar si estas  influyeron en el precio o en el valor.3.15. Es decir, en el  supuesto de no tener el mismo nivel comercial, la Administración  Tributaria, que realiza la comparación entre la mercancía  importada y la de referencia, debe realizar el ajuste requerido  para tener presente las diferencias al nivel comercial.3.16. La  sentencia de vista —específicamente, en los párrafos descritos  en el noveno considerando- sustentó su decisión en que la  diferencia en el nivel comercial no incide en el análisis, puesto  que el importador no ha acreditado que la calificación de sus  operaciones tenga prerrogativas comerciales que incidan  sobre el precio pagado.3.17. En lo que atañe al nivel comercial,  se advierte de la base fáctica —que es expuesta por la  sentencia de vista— que el nivel comercial de importador de las  mercancías analizadas es “otros”, mientras que de las  mercancías de referencia es “mayorista” y; por lo que  atendiendo a dicha diferencia, es de aplicación lo dispuesto en  las normas del literal b) del numeral 1 del artículo 3 del Acuerdo  de Valor de la OMC, literal c) del artículo 13 del Reglamento  para la Valorización en Aduana de la OMC y el numeral 10 del  Comentario 10.1 del Comité Técnico de Valoración, según las  cuales deben realizarse los ajustes necesarios sobre la base  de datos comprobados para tener en cuenta las diferencias  imputables al nivel comercial.3.18. Sin embargo, pese a que el  nivel comercial de las mercancías objeto de valoración y de  referencia son disímiles, la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat no ha efectuado  el ajuste con las exigencias requeridas con el propósito de  verificar o hallar diferencias que sean atribuibles al nivel  comercial, limitándose a indicar que sí se cumplió con el  elemento del nivel comercial por ser aceptable el nivel comercial  “mayorista” frente al de “otros”, aduciendo que no es necesario  ajuste alguno.3.19. En ese sentido, habiéndose efectuado la  labor nomofiláctica, se concluye que la sentencia de vista ha  afectado las normas denunciadas en el recurso de casación,  por cuanto ha determinado que no se ha acreditado por parte  de la Administración Tributaria que se haya realizado el ajuste  del nivel comercial sobre la base de datos comprobados, al ser  aquel distinto entre las mercancías importadas y las de  referencia.CUARTO. Actuación en sede de instancia4.1.  Atendiendo a que el recurso de casación resulta fundado en  virtud al razonamiento que esta sede casacional ha expuesto  en los considerandos que preceden, es que corresponde  proceder a la actuación en sede de instancia.4.2. La sentencia  apelada declaró infundada la demanda sobre la base de que la  diferencia de los niveles comerciales no ha incidido en el precio  pagado por las mercancías o valor de las mismas: “En cuanto  al nivel comercial del importador, ambos difieren, ya que el  importador presenta nivel comercial “Otros” y la de referencia  “Mayorista”; sin embargo, la diferencia en el nivel comercial en  que se recibieron los productos no ha generado diferencias en  el precio o en el valor de los mismos”.4.3. De este modo, lo  argumentado por el Juez de primera instancia discrepa con los  fundamentos que esta Sala de Casación ha plasmado en la  presente sentencia casatoria, toda vez que se ha expresado  que deben realizarse los ajustes necesarios sobre la base de  datos comprobados para tener en cuenta las diferencias  imputables al nivel comercial; por tanto, la Resolución del  Tribunal Fiscal N° 10350-A-2015, de fecha veintitrés de octubre  de dos mil quince, ha incurrido en causal de nulidad  contemplada en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley N°  27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al  contravenir lo preceptuado en las normas materiales  denunciadas; por ende, corresponde estimar la pretensión  principal de la demanda.4.4. En cuanto a las pretensiones  accesorias, habiéndose estimado la pretensión principal,  corresponde declarar fundadas aquellas y entonces declarar la  nulidad de la Resolución de Gerencia N° 235-3Z1000/2015-000352 de fecha dieciséis de julio de dos mil quince; y de su  respectiva Liquidación de Cobranza N° 235-2014- 161123,  como su correspondiente informe.III. DECISIÓNPor estas  consideraciones, y estando a lo establecido por el artículo 396  del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la  Ley N° 29364, de aplicación supletoria para el presente caso;  NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso  de casación interpuesto por UPS SCS (Perú) Sociedad  Comercial de Responsabilidad Limitada, el veintitrés de  mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos treinta  y cinco del expediente principal; en consecuencia, SE CASE  la sentencia de vista contenida en la resolución diecinueve de  fecha diez de abril de dos mil diecisiete, obrante fojas  trescientos, emitida por la Sétima Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y  Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, y  actuando en sede de instancia, SE REVOQUE la sentencia  apelada contenida en la resolución número doce, de fecha  veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas  doscientos treinta y tres, que declaró infundada la demanda  y reformándola se declare FUNDADA la misma; por  consiguiente, NULAS la Resolución del Tribunal Fiscal N°  10350-A-2015 de fecha veintitrés de octubre de dos mil  quince, la Resolución de Gerencia N° 235-3Z1000/2015- 000352 del dieciséis de julio de dos mil quince, y así como la  Liquidación de Cobranza N° 235-2014-161123 y su respectivo  informe; en los seguidos por UPS SCS Perú Sociedad  Comercial de Responsabilidad Limitada contra el Tribunal  Fiscal y otro, sobre impugnación de resolución administrativa;  SE DISPONGA la publicación de la presente resolución en el  diario oficial El Peruano conforme a ley; y se devuelva. Jueza  Suprema Ponente Rueda Fernández.SS. SS.PARIONA  PASTRANA, RUEDA FERNÁNDEZ, BERMEJO RÍOS. LA  SECRETARIA DE LA QUINTA SALA DE DERECHO  CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  CERTIFICA que el voto suscrito por los señores jueces  supremos PARIONA PASTRANA y BERMEJO RÍOS fue  dejado oportunamente en relatoría, en cumplimiento a lo  establecido en el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la  Ley Orgánica del Poder Judicial, agregándose los referidos  votos suscritos a la presente resolución. 1  Ahora denominado Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) y empleado en el  procedimiento administrativo 2  Artículo 5.- Para la aplicación de este método de valoración debe tenerse en  cuenta que el precio expresado en la FACTURA COMERCIAL debe: j) Contener la  Forma y condiciones de pago, y cualquier otra circunstancia que incida en el precio  pagado o por pagarse (descuentos, comisiones, intereses, etc.). 3  Artículo 12.- Motivación de resoluciones  Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas,  bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan.  Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia  que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la  resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.” 4  Artículo 50.- Son deberes de los jueces en el proceso:  (…)  6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los  principios de jerarquía de las normas y el de congruencia. 5  Contenido y suscripción de las resoluciones.  Artículo 122.- Las resoluciones contienen:  (…)  3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las  consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho  que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o  normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado. 6  Contenido y suscripción de las resoluciones.  Artículo 122.- Las resoluciones contienen:  (…)  4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los  puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito  o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa  indicar el requisito faltante y la norma correspondiente. 7  Principios de la Administración de Justicia  Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 5. La  motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto  los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los  fundamentos de hecho en que se sustentan. 8  El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es parte del  derecho al debido proceso consagrado en el artículo 139 numeral 3 de la  Constitución Política del Estado, como uno de los principios y derechos de  la función jurisdiccional, el cual exige que en todas las instancias judiciales se  cumplan necesariamente todas las garantías, requisitos y normas de orden  público que han sido establecidas a fin de generar que todas las personas estén  en reales condiciones de poder defender de manera apropiada sus derechos. Así,  el debido proceso es una garantía procesal de inexorable cumplimiento en tanto su  observancia permite la efectiva protección de otros derechos fundamentales y el  acceso a la justicia.9  Corte IDH. Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo,  Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de enero de 2009, párrafo 153. 10  Caso Apitz Barbera y otros, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos  Humanos de fecha 05 de agosto de 2008, fundamento 77. 11  Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad  Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de  cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede  imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una  pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 12  Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una  exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación  de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto  supremo. 13  Artículo 2  1. a) Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse  con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, el valor en aduana será el valor de  transacción de mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país  de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de  valoración, o en un momento aproximado.  b) Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará utilizando el  valor de transacción de mercancías idénticas vendidas al mismo nivel comercial  y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de la  valoración. Cuando no exista tal venta, se utilizar á el valor de transacción de  mercancías idénticas vendidas a un nivel comercial diferente y/o en cantidades  diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel  comercial y/o a la cantidad, siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre  la base de datos comprobados que demuestren claramente que aquéllos son  razonables y exactos, tanto si suponen un aumento como una disminución del  valor.  2.Cuando los costos y gastos enunciados en el párrafo 2 del artículo 8 estén  incluidos en el valor de transacción, se efectuará un ajuste de dicho valor para  tener en cuenta las diferencias apreciables de esos costos y gastos entre las  mercancías importadas y las mercancías idénticas consideradas que resulten de  diferencias de distancia y de forma de transporte.  3.Si al aplicar el presente artículo se dispone de más de un valor de transacción  de mercancías idénticas, para determinar el valor en aduana de las mercancías  importadas se utilizará el valor de transacción más bajo. 14  Artículo 3  1. a) Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse  con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 y 2, el valor en aduana será el valor de  transacción de mercancías similares vendidas para la exportación al mismo país  de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de  valoración, o en un momento aproximado.  b) Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará utilizando el  valor de transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial  y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de la  valoración. Cuando no exista tal venta, se utilizará el valor de transacción de  mercancías similares vendidas a un nivel comercial diferente y/o en cantidades  diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel  comercial y/o a la cantidad, siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre  la base de datos comprobados que demuestren claramente que aquéllos son  razonables y exactos, tanto si suponen un aumento como una disminución del  valor.  2. Cuando los costos y gastos enunciados en el párrafo 2 del artículo 8 estén  incluidos en el valor de transacción, se efectuará un ajuste de dicho valor para  tener en cuenta las diferencias apreciables de esos costos y gastos entre las  mercancías importadas y las mercancías similares consideradas que resulten de  diferencias de distancia y de forma de transporte.  3. Si al aplicar el presente artículo se dispone de más de un valor de transacción  de mercancías similares, para determinar el valor en aduana de las mercancías  importadas se utilizará el valor de transacción más bajo. C-2136204-21