CASACIÓN Nº 12475-2019 LIMA
SUMILLA: Considera esta Sala Suprema que la causal  denunciada vinculada a la errónea interpretación no ha sido  expuesta de manera clara y precisa. Asimismo, no se ha  señalado la incidencia sobre la resolución recurrida, en tanto  la recurrente no lleva consigo los argumentos interpretativos  y las hipótesis formuladas respecto a cómo deberían  interpretarse los artículos 62 y 156 del Texto Único Ordenado  del Código Tributario.  Lima, nueve de junio de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: I. VISTOS El recurso de  casación interpuesto por el Tribunal Fiscal (mediante el  Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales  del Ministerio de Economía y Finanzas), presentado el  veintidós de abril de dos mil diecinueve (folios 241-255 del  Expediente Principal Nº 05181-2017-0-1801-JR-CA-22),  contra la sentencia de vista contenida en la resolución número  catorce, del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (folios  211-236), que revocó la sentencia de primera instancia,  contenida en la resolución número ocho, del veintiocho de  setiembre de dos mil dieciocho (folios 157-167), que declaró  infundada la demanda; y, reformándola la declaró fundada  en parte, en consecuencia, nula parcialmente la Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 01599-1-2017, en el extremo que  confirma la Resolución de Intendencia Nº 0260150004655/ SUNAT, y se ordenó al Tribunal Fiscal emitir nueva resolución;  asimismo se declaró improcedente la pretensión accesoria.  II. ANTECEDENTES Demanda 1. El siete de abril de dos  mil diecisiete, Evangelista Villavicencio Maria Mercedes  interpuso demanda contenciosa administrativa (folios 11-21).  Señaló las siguientes pretensiones: d) Pretensión Principal:  Solicita la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal  Nº 01599-1-2017, en el extremo que dispone confirmar  la determinación de la renta por incremento patrimonialno justificado derivado del cruce de información con las  empresas Inversiones S.A.C e Inmobiliaria Vialex S.A.C, que  confirma la Resolución de Intendencia Nº 0260150004655/ SUNAT. e) Pretensión Accesoria: Solicita que se declare  fundado el recurso de reclamación presentado y se declare  la extinción del importe acotado como impuesto dejado de  pagar más los intereses de ley derivado de la Resolución de  Determinación que fuera materia de apelación y posterior  Resolución del Tribunal Fiscal. Contestación de la demanda  2. El ocho de junio de dos mil diecisiete (folios 67-76), la  SUNAT, en calidad de codemandada, contesta la demanda,  solicitando que la misma sea declarada infundada. 3. El  veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el codemandado  Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales  del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del  Tribunal Fiscal, contesta la demanda (folios 41-55) y sostiene  que la resolución impugnada ha sido emitida conforme a  ley. Sentencia de primera instancia 4. El Vigésimo Primero  Juzgado Especializado Contencioso Administrativo con  Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, a través de su sentencia  contenida en la resolución número ocho, del veintiocho de  setiembre de dos mil dieciocho (folios 157-167), declaró  infundada la demanda en todos sus extremos. La sentencia  de primera instancia señaló lo siguiente: “DÉCIMO.- Que,  en los considerandos precedentes ha quedado demostrado  que la resolución del Tribunal Fiscal N° 01599-1-2017, ha  sido emitida de acuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento  jurídico. En ella, se confirma que la Administración Tributaria  ha dado pleno cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal  Fiscal mediante Resolución N° 11131-1-2008, al requerir  información mediante la notificación válida de Requerimientos,  respecto a las empresas Inmobiliaria Vialex S.A.C.,  Importaciones Vialex S.A.C. e Inversiones Jacc S.A.C., no  estando conforme, respecto a la empresa Importaciones San  Bartolomé SAC. Siendo ello así, la Resolución del Tribunal  Fiscal N° 01599-1-2017 del veintidós de febrero de dos  mil diecisiete, que confirmó la Resolución de Intendencia  Nº 0260150004655/SUNAT del veintisiete de octubre de  dos mil once, en el extremo del incremento patrimonial no  justificado, contenida en la Resolución de Determinación N°  0240030013570, no incurre en la causal de nulidad prevista  y sancionada por el numeral 1 del artículo 10° de la Ley N°  27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, razón  por la que corresponde declarar infundada la demanda”.  Sentencia de vista 5. La Sétima Sala Especializada en  lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en  Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de  Justicia de Lima, mediante sentencia de vista contenida  en la resolución número catorce, del veinticinco de marzo  de dos mil diecinueve (folios 211-236), revocó la sentencia  expedida mediante resolución número ocho, del veintiocho de  setiembre de dos mil dieciocho (folios 157 -167), que declara  infundada la demanda; y reformándola, declaró fundada en  parte la demanda, en consecuencia, nula parcialmente la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01599-1-2017 del veintidós  de febrero de dos mil diecisiete, en el extremo que confirma  la Resolución de Intendencia Nº 0260150004655/SUNAT del  veintisiete de octubre de dos mil once, y ordenó al Tribunal  Fiscal cumpla con emitir una nueva resolución administrativa;  e improcedente la pretensión accesoria. Fundamentó su  fallo en los siguientes argumentos: “Es decir, al señalar la  Administración que las empresas vendedoras (Inmobiliaria  Vialex S.A.C. e Inversiones Jacc S.A.C.) no han cumplido con  proporcionar la información contable y comercial solicitada,  conforme a lo ordenado por el Tribunal Fiscal, se colige que  la administración no llegó a comprobar, ni a verificar, ni a  constatar (la documentación presentada por la recurrente) a  fin de establecer la realidad de la operaciones de compra y  venta. Mucho más si se tiene en cuenta que el Tribunal Fiscal  dispuso el cruce de información en los aspectos contable,  societario y comercial, sin embargo, la administración tributaria  únicamente se refiere a requerimientos de información en los  aspectos contable y comercial, lo cual reafirma la conclusión  a la que arriba este superior colegiado consistente en que  no se ha cumplido con el cruce de información dispuesto  por el órgano resolutor. A pesar de ello, la administración en  ejercicio de su función fiscalizadora que incluye la inspección  e investigación no requirió a las entidades públicas (por  ejemplo, a los Registros Públicos) o privadas para que  informen o comprueben el cumplimiento de obligaciones  tributarias de la recurrente con el fin de establecer la realidad  de las operaciones de compra y venta. Bajo esa línea de  razonamiento, resulta evidente que la administración no  ha tenido elementos probatorios suficientes que sustenten  el reparo por incremento patrimonial no justificado, pese a  que el Tribunal Fiscal dispuso se realicen acciones a fin de  establecer la realidad de las operaciones efectuadas.” 6.Los hechos determinados por las instancias de mérito  a) El veintidós de mayo de dos mil tres, la administración  tributaria notificó a la demandante la Carta de Presentación  Nº 030023473120-1-SUNAT y el Requerimiento Nº 00183122  (folio 1232 del expediente administrativo, tomo III). Asimismo,  notificó los Requerimientos Nº 00147852 (folio 1228 del  expediente administrativo, tomo III), Nº 00143109 (folio 1222  del expediente administrativo, tomo III), Nº 00163782 (folio  1219 del expediente administrativo, tomo III) y Nº 00163799  (folio 1198 del expediente administrativo, tomo III), a través de  los cuales, la SUNAT inició un procedimiento de fiscalización  con la finalidad de verificar el grado de cumplimiento de las  obligaciones tributarias del impuesto a la renta del ejercicio  gravable dos mil uno de la demandante. b) Como resultado  del procedimiento de fiscalización, la SUNAT notificó la  Resolución de Determinación Nº 0024-003-0013570 (folios  1365-1367 del expediente administrativo, tomo III), emitida  por el impuesto a la renta del ejercicio gravable dos mil uno,  por haberse determinado reparos a la renta por incremento  patrimonial no justificado debido a que la demandante habría  efectuado la adquisición de nueve (9) inmuebles, de acuerdo  al siguiente detalle: N° VENDE- DOR DIREC- CIÓN RE- GISTROS  PÚBLICOS DIREC- CIÓN  FÍSICA  DREC- CIÓN  MUNICI- PALID DISTRI- TO VALOR $ T.C  VTA VALOR S/. 1 INV.  JACC  SAC LT 10 MZ  K Habilitac  Ind Panm  Norte  Av Alfredo  Mendiola  2804- 2810 Av Alfredo  Mendiola  2810 Indepen- dencia 148,000.00 2 Av Argenti- na 246-298  (Sub  Lote A) Av  Argentina  246-298  Av  Argentina  246-298  Cercado  de Lima 135,000.00 3 Av Arequi- pa 4501 Av Arequipa  4501 Av Arequi- pa 4501 Miraflo- res 118,300.00 3.527 417,244.00 4 INM  VIALES  SAC Local Com  Frente  a Av. P  Thours  5260 Av  Petit Thours  5260 Av Petit  Thours  5260 Miraflo- res 243,500.00 5 Calle  Cusco 77 Jr Cusco N°  459-461 Jr Cusco  461 Cercado  de Lima 63,500.00 3.527 223,964.50 6 Jr de la  Unión 553 Jr de la  Unión 553 Jr de la  Unión  553 Cercado  de Lima 862,000.00 7 Tda Frente  a Av. Petit  Thouars  5250 Av Petit  Thouars  5250 Av. Petit  Thouars  5250 Miraflo- res 197,000.00 8 IMP  VIALEX  SA Jr. Cuzco  415 Dpto 5 Jr. Cuzco  N° 415 Jr. Cuzco  N° 415 Cercado  de Lima 88,500.00 9 IMP SAN  BARTO- LOME Jr. Cuz- co-Calle  Corcovado  447 -451 Jr. Cuzco  N° 447  -451 Cercado  de Lima 670,000.00 TOTA- LES 2´985,208.50  c) El catorce de octubre de dos mil cinco, la demandante  interpuso recurso de reclamación (folios 1372-1385 del  expediente administrativo, tomo III) contra la Resolución de  Determinación Nº 0024-003-0013570, vencido el plazo  para resolver, la SUNAT no emitió resolución que resuelva  el recurso de reclamación presentado. d) El seis de junio  de dos mil seis, la demandante interpuso recurso de  apelación contra la resolución denegatoria ficta del recurso  de  reclamación  (folios  1476-1493  del  expediente  administrativo, tomo III). Luego de ello, el dieciséis de  septiembre de dos mil ocho, el Tribunal Fiscal emitió la  Resolución  Nº  11131-1-2008  (folios  1690-1697  del  expediente administrativo, tomo IV), mediante la cual  resolvió revocar la Resolución de Determinación Nº 0024- 003-0013570, y ordenó a la administración proceder de  acuerdo con lo expuesto en dicha resolución. e) Para dar  cumplimiento a la resolución del Tribunal Fiscal Nº 11131- 1-2008, mediante Resolución de  Intendencia  Nº  0260150004655/SUNAT, del veintisiete de octubre de dos  mil once (folios 1756-1759 del expediente administrativo,  tomo IV), la SUNAT declaró fundado en parte el recurso de  reclamación interpuesto. f) El dos de diciembre de dos mil  once, la demandante interpuso Recurso de Apelación  contra la Resolución de Intendencia Nº 0260150004655/ SUNAT (folios 1796-1812 del expediente administrativo,  tomo IV). Dicho recurso fue resuelto por el Tribunal Fiscal  mediante Resolución Nº 01599-1-2017 (folios 1888-1895  del expediente administrativo, tomo IV), del veintidós de  febrero de dos mil diecisiete, que resolvió revocar la  Resolución de Intendencia Nº 0260150004655/SUNAT en  el extremo del cruce de información con Importaciones San  Bartolomé S.A.C., ordenó que la SUNAT proceda conforme  con lo expuesto en dicha Resolución del Tribunal Fiscal y  confirmó en lo demás que contiene. Calificación del  recurso de casación 7. Mediante resolución casatoria delveinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se  declaró procedente el recurso de casación presentado por  el Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos  judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en  representación del Tribunal Fiscal. por las siguientes  causales: a) Infracción procesal del numeral 5 del artículo  139 de la Constitución Política del Perú – debida motivación.  b) Infracción normativa de los artículos 62 y 156 del Texto  Único  Ordenado  del  Código  Tributario.  III.  CONSIDERANDOS Los fines del recurso de casación 8.  Debemos establecer, en principio, que la finalidad del  recurso extraordinario de casación es la adecuada  aplicación del derecho objetivo y la uniformidad de la  jurisprudencia nacional establecida por la Corte Suprema  de Justicia, tal como puede interpretarse de lo dispuesto  por el artículo 141 de la Constitución Política de 1993 y el  artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el  artículo 1 de la Ley Nº 29364. 9. En este sentido, en un  Estado Constitucional, esta finalidad nomofiláctica del  recurso de casación debe traducirse en la función que  ostentan las Salas Supremas, como órganos de vértice,  para establecer y fijar la interpretación de las disposiciones  normativas en base a buenas razones. Como refiere  Taruffo1, se puede colegir que es vital en la corrección del  procedimiento de elección y la aceptabilidad de los criterios  sobre los cuales se funda la interpretación de las  disposiciones normativas, que deben ser seguidas por  todos los jueces de la República. Normas aplicables para la  determinación sobre base presunta 10. Las disposiciones  normativas aplicables al caso son las siguientes: Texto  Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el  Decreto  Supremo  N°  135-99-EF2:  “Artículo  61.-  Fiscalización o Verificación de la Obligación Tributaria  efectuada por el Deudor Tributario La determinación de  la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario  está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración  Tributaria, la que podrá modificarla cuando constate la  omisión o inexactitud en la información proporcionada,  emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago  o Resolución de Multa.” “Artículo 62.- Facultad de  Fiscalización  La  facultad  de  fiscalización  de  la  Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional,  de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la  Norma IV del Título Preliminar. El ejercicio de la función  fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control  del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de  aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o  beneficios tributarios. Para tal efecto, dispone de las  siguientes facultades discrecionales: [...] 12. Requerir a las  entidades públicas o privadas para que informen o  comprueben el cumplimiento de obligaciones tributarias de  los sujetos con los cuales realizan operaciones, bajo  responsabilidad.” “Artículo 64.- Supuestos para aplicar  la Determinación sobre Base Presunta La Administración  Tributaria podrá utilizar directamente los procedimientos de  determinación sobre base presunta, cuando: [...] 2. La  declaración presentada o la documentación complementaria  ofreciera dudas respecto a su veracidad o exactitud, o no  incluya los requisitos y datos exigidos; o cuando existiere  dudas sobre la determinación o cumplimiento que haya  efectuado el deudor tributario. 4. El deudor tributario oculte  activos, rentas, ingresos, bienes, o consigne pasivos o  gastos falsos que impliquen la anulación o reducción de la  base imponible. [...] 10. Las normas tributarias lo  establezcan de manera expresa.” Texto Único Ordenado de  la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto  Supremo N° 054-99-EF3: “Artículo 52.- Se presume de  pleno derecho que los incrementos patrimoniales cuyo  origen no pueda ser justificado por el contribuyente o  responsable, constituyen renta neta no declarada por  éstos. Los incrementos patrimoniales a que hace referencia  este artículo, no podrán ser justificados con donaciones  que no consten de escritura pública o de otro documento  fehaciente; tampoco podrán justificarse con utilidades  derivadas de actividades ilícitas.” “Artículo 91.- Sin  perjuicio de las presunciones establecidas por el Código  Tributario,  serán  de  aplicación  las  presunciones  establecidas en los artículos siguientes.” “Artículo 92.- La  SUNAT procederá a determinar de oficio el impuesto, de  acuerdo con el Código Tributario, cuando compruebe la  existencia de incrementos patrimoniales cuyo origen no  pueda ser justificado por el contribuyente o responsable, de  conformidad con el Artículo 52 de esta ley.” “Artículo 93.-  Para los efectos de la determinación sobre base presunta  la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  podrá utilizar: [...] b) LOS SIGNOS EXTERIORES DE  RIQUEZA. - Como el alquiler de la casa-habitación; el valor  estimado de la habitación y de las fincas de recreo oesparcimiento que posee la persona natural; los vehículos,  embarcaciones, caballerizas de lujo; el número de  servidores, viajes al exterior, clubes sociales; gastos en  educación; obras de arte, etc.; c) Las variaciones o  incrementos patrimoniales del contribuyente y cualquier  otro elemento de juicio que obre en poder de la SUNAT o  que obtenga de terceros. El Reglamento establecerá el  método de evaluación aplicable a dichos elementos.”  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado  por el Decreto Supremo N° 122-94-EF4: “Artículo 59.  Incrementos Patrimoniales No Justificados Tratándose  de incrementos patrimoniales no justificados, a que se  refieren los Artículos 52, 92 y 94 de la Ley, cuando el  contribuyente en un ejercicio gravable no justifique los  incrementos patrimoniales o la diferencia entre los gastos  comprobados y las rentas totales declaradas, la SUNAT  determinará la renta imponible mediante acotación de  oficio. Para el efecto, en su caso, se adicionará a la renta  neta declarada el incremento patrimonial no justificado o la  referida diferencia.” “Artículo 60.- Determinación Sobre  Base Presunta [...] Para efecto de lo previsto en los incisos  b) y c) del Artículo 93 de la Ley, se podrá aplicar, entre  otros, el método del flujo monetario privado, que toman  como base los ingresos percibidos y los gastos efectuados  por el contribuyente en el ejercicio gravable sujeto a  fiscalización.”  IV.  ANÁLISIS  DE  LAS  CAUSALES  DECLARADAS  PROCEDENTES  Primera  infracción  normativa procesal 11. Infracción procesal del numeral 5  del artículo 139 de la Constitución Política del Perú –  debida motivación. 12. La disposición normativa establece  lo siguiente: Constitución Política del Perú de 1993  Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia  Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […]  5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en  todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite,  con mención expresa de la ley aplicable y de los  fundamentos de hecho en que se sustentan. 13. Como  argumentos que sustenta la infracción normativa, la  recurrente señala lo siguiente: a) Señala que, la Sala  Superior  incurrió  en  una  indebida  motivación,  transgrediendo la garantía de la debida motivación prevista  en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política  del Perú, concordado con el numeral 2 del artículo 386 del  Código Procesal Civil. Asimismo, realiza un correlato sobre  los alcances conceptuales que sobre el particular el  Tribunal Constitucional ha desarrollado en las sentencias  recaídas en los Expedientes Nº 02424-2004-AA/TC, Nº  8125-2005-PHC/TC, Nº 0791-2002-HC/TC, Nº 1091-2002- HC/TC, Nº 1230-2002-HC/TC y Nº 04228-2005-HC/TC. b)  Agrega que, la sentencia de vista que invalida la Resolución  del Tribunal Fiscal limita sus atribuciones reguladas en el  artículo 101 del Código Tributario, e imposibilita al Estado a  cumplir con sus fines de justicia administrativa y tutela  efectiva. 14. Sobre la infracción denunciada (deber de  motivación), esta Sala Suprema debe señalar que la Corte  Interamericana de Derechos Humanos en el caso Apitz  Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso  Administrativo”) vs. Venezuela, se ha pronunciado en el  siguiente sentido: 77. La Corte ha señalado que la  motivación “es la exteriorización de la justificación razonada  que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar  las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta  administración de justicia, que protege el derecho de los  ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho  suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas  en el marco de una sociedad democrática. En el mismo  sentido: Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción  Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de  27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr.152. 15. Del  mismo modo, el Tribunal Constitucional en el fundamento 6  del Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC, respecto a la  debida motivación, ha señalado lo siguiente: […] Ya en  sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N. º  1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de  precisar que “el derecho a la debida motivación de las  resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas,  expresen las razones o justificaciones objetivas que los  llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones […]  deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y  aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente  acreditados en el trámite del proceso. 16. No obstante, en  un  escenario  de  concretización  de  este  derecho  fundamental,  debemos  señalar  que  el  Tribunal  Constitucional en el Expediente Nº 1480-2006-AA/TC,  señala que el análisis de si en una determinada resolución  judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación  de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los  propios  fundamentos  expuestos  en  la  resolucióncuestionada. 17. De esta manera, al órgano jurisdiccional  no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo  de la resolución, a efectos de constatar si esta es el  resultado de un juicio racional y objetivo donde el Juez  Superior ha puesto en evidencia su independencia e  imparcialidad en la solución de un determinado conflicto,  sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación  del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la  valoración de los hechos. 18. En el caso, la sentencia de  vista concluyó lo siguiente: DÉCIMO QUINTO: […] Sobre el  particular, cabe señalar que el presente caso se centra que  las empresas vendedoras Inversiones Jacc S.A.C., e  Inmobiliaria Vialex S.A.C., no cumplieron con presentar la  documentación solicitada en los Requerimientos N°  0260550040781 y 0260550040779, respectivamente; es  decir, en la no valoración de medios probatorios  presentados, y no en que la recurrente, no haya cumplido  con presentar ningún medio probatorio. La Administración  Tributaria mediante cruce de información tenía la facultad  de requerir documentos a efectos de verificar el  cumplimiento de las obligaciones tributarias; sin embargo,  dicha facultad no puede ser restrictiva, en el sentido de que  para acreditar la determinación de una obligación tributaria,  se acepte que dichas empresas vendedoras incumplieran  con presentar alguna información y tales hechos puedan  ser imputables a la recurrente, es decir, el incumplimiento  de un tercero le genere un efecto adverso a la recurrente,  quien no fue requerida para presentar documentación  adicional, de ser el caso; un actuar así resulta abiertamente  ilegal. Por otra parte, el Tribunal Fiscal, no ha valorado los  medios probatorios presentados por la recurrente, pues se  basó fundamentalmente, en que habiendo sido requerida  diversa documentación, las empresas vendedoras no  cumplieron con lo solicitado por la SUNAT, tanto más si  existe evidencia suficiente de las adquisiciones realizadas,  las cuales se encuentran inscritas en el Registro de  Propiedad Inmueble de Lima. En atención a ello, la  Resolución del Tribunal Fiscal N° 06135-10-2016 deviene  en nula por haberse afectado el principio del debido  proceso, derecho de defensa, la debida motivación de las  resoluciones  administrativas,  la  interdicción  de  la  arbitrariedad y la verdad material, deviniendo en atendible  el cuarto agravio. 19. A partir de estas premisas, esta Sala  Suprema concluye que la sentencia de vista se encuentra  adecuadamente sustentada en los hechos y las normas  aplicables al caso. Es decir, la sentencia de vista ha  establecido con claridad y precisión las razones que  sustentan la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  01599-1-2017. 20. En tal sentido, en la sentencia de vista  no es posible advertir una falta de motivación como  denuncia el recurrente, por lo que se debe declarar  infundada la causal denunciada. Segunda infracción 21.  Infracción sustantiva: aplicación indebida del artículo 62 –  facultad de fiscalización y del artículo 156 del Texto Único  Ordenado  del  Código  Tributario  –resoluciones  de  cumplimiento. 22. Las disposiciones normativas establecen  lo siguiente: Texto Único Ordenado del Código  Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99- EF5 Artículo 62.- Facultad de Fiscalización La facultad  de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en  forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último  párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. El ejercicio de  la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación  y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias,  incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación,  exoneración o beneficios tributarios. Para tal efecto,  dispone de las siguientes facultades discrecionales: [...] 12.  Requerir a las entidades públicas o privadas para que  informen o comprueben el cumplimiento de obligaciones  tributarias de los sujetos con los cuales realizan  operaciones,  bajo  responsabilidad.  Artículo  156.-  RESOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO Las resoluciones  del Tribunal Fiscal serán cumplidas por los funcionarios de  la Administración Tributaria, bajo responsabilidad. En caso  que se requiera expedir resolución de cumplimiento o emitir  informe, se cumplirá con el trámite en el plazo máximo de  noventa (90) días hábiles de notificado el expediente al  deudor tributario, debiendo iniciarse la tramitación de la  resolución de cumplimiento dentro de los quince (15)  primeros  días  hábiles  del  referido  plazo,  bajo  responsabilidad, salvo que el Tribunal Fiscal señale plazo  distinto. 23. Como argumentos que sustentan la infracción  normativa, la recurrente refiere lo siguiente: a) Señala que,  la sentencia de vista en sus considerandos décimo tercero  a décimo sexto señala que el Tribunal Fiscal al emitir la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01599-1-2017 desconoce  el desarrollo conceptual de cruce de información y sus  efectos. Agrega que la Sala Superior al momento deresolver no tomó en cuenta que la administración tributaria  cumplió a cabalidad con lo ordenado por el Tribunal Fiscal  mediante la Resolución N° 1131-1-2008, puesto que realizó  el cruce de información con las empresas Inversiones  JACC Sociedad Anónima Cerrada e Inmobiliaria Vialex  Sociedad Anónima Cerrada, al solicitarles documentación  a fin de establecer la realidad de sus operaciones de  compraventa. b) Considera errado que la Sala Superior  incluya en las funciones de la administración tributaria, que  esta deba recurrir a entidades como Registros Públicos  para establecer la realidad de las operaciones, dado que a  las empresas que se requirió la información estaban  vinculadas a la demandante, por lo que para levantar dicho  reparo, la demandante debió presentar los documentos a  fin de no desacatar lo ordenado por la SUNAT. c) Acota que  las empresas vinculadas, Inmobiliaria Vialex Sociedad  Anónima Cerrada e Inversiones Jacc Sociedad Anónima  Cerrada, conjuntamente con la demandante, no cumplieron  con presentar lo requerido por la administración tributaria  mediante los Requerimientos Nº 0260550040781 y Nº  0260550040779, respectivamente, por lo que esta actuó en  cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, en  virtud del artículo 156 del Código Tributario. d) Finalmente,  señala que la Sala Superior no ha valorado que la  administración tributaria cumplió a cabalidad con lo  ordenado por el Tribunal Fiscal mediante la Resolución de  Intendencia Nº 0260150004655/SUNAT. 24. Antes de  ingresar en el análisis de esta causal, esta Sala Suprema  debe establecer que la idea de aplicación de una disposición  normativa implica no solo la interpretación de una  disposición normativa; sino también la comprobación de los  hechos de la causa (que en nuestro sistema son aquellos  determinados por las instancias de mérito), la calificación  del supuesto de hecho concreto del que se trate y la  decisión de la controversia. Así refiere Guastini6: Aplicación  e interpretación son cosas evidentemente diferentes.  Mientras que el verbo «interpretar» concuerda con  cualquier sujeto (ya que cualquiera puede desempeñar la  actividad interpretativa), el verbo «aplicar» concuerda solo  con aquellos sujetos que designan -precisamente- órganos  llamados  de  aplicación:  principalmente  jueces  y  funcionarios administrativos (principalmente, pero no  exclusivamente: muchas normas constitucionales, para  poner el ejemplo más obvio, son aplicadas por los supremos  órganos constitucionales y algunas solo por ellos). Se  puede decir de un jurista, o de un ciudadano cualquiera,  que «interpreta» el derecho; pero no sería apropiado decir  que un jurista, o un ciudadano, «aplica» el derecho. Ver G.  Tarello,  «Ürientamenti  analitico-linguistici  e  teoría  dell’interpretazione giuridica», en U. Scarpelli (ed.), Diritto  e analisi dellinguaggio, Milano, 1976. Por otra parte, el  término «aplicación», especialmente si se refiere a órganos  jurisdiccionales, designa comúnmente un conjunto de  operaciones que no se extinguen con la interpretación, ya  que incluyen junto con la interpretación propiamente dicha  (y la construcción jurídica, claro): la comprobación de los  hechos de la causa, la calificación del supuesto de hecho  concreto del que se trate y la decisión de la controversia.  25. De esta manera, la denuncia de una causal por errónea  aplicación de una norma, debe implicar, por lo menos los  siguientes argumentos: a) La interpretación de la  disposición normativa cuya aplicación se pretende7. b) La  descripción de los hechos determinados por las instancias  de mérito, los mismos que no pueden ser objeto de  revaloración en sede casatoria. c) La calificación de los  hechos de la causa y la subsunción dentro del supuesto de  hecho de la norma. 26. En el caso, esta Sala Suprema  debe establecer que los argumentos de la recurrente no  proponen su hipótesis interpretativa respecto de las  disposiciones que regulan la facultad de fiscalización de la  administración ni como los hechos determinados por las  instancias de mérito se subsumen en la norma. En todo  caso, no acreditan como en el caso en particular ha sido  inaplicado esta facultad prescrita por el artículo 62 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por  el Decreto Supremo Nº 135-99-EF. 27. En este sentido, los  argumentos de la recurrente son esencialmente ajenos a la  inaplicación de las disposiciones normativas señaladas.  Así señala que la sentencia de vista en sus considerandos  décimo tercero a décimo sexto señala que el Tribunal  Fiscal al emitir la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01599- 1-2017 desconoce el desarrollo conceptual de cruce de  información y sus efectos. Agrega que la Sala Superior al  momento de resolver no tomó en cuenta que la  administración tributaria cumplió a cabalidad con lo  ordenado por el Tribunal Fiscal mediante la Resolución Nº  1131-1-2008, puesto que realizó el cruce de información  con las empresas Inversiones JACC Sociedad AnónimaCerrada e Inmobiliaria Vialex Sociedad Anónima Cerrada,  al solicitarles documentación a fin de establecer la realidad  de sus operaciones de compraventa. 28. No obstante,  como argumento obiter dicta, debemos señalar que la  sentencia de vista, sobre el cruce de la información y la  ausencia de análisis por parte del Tribunal Fiscal señala lo  siguiente: “DÉCIMO TERCERO: No obstante, a pesar de  que existía un mandato claro de cumplimiento, el Tribunal  Fiscal convalidó una actuación meramente formal de la  administración tributaria, equiparando los efectos de un  objetivo y real cruce de información debidamente analizado,  con un requerimiento donde no existió cruce de información  y menos análisis motivado que sustente el reparo. Como  resulta lógico, dicho razonamiento no puede ser compartido  por el órgano jurisdiccional porque vaciaría de contenido al  principio del debido proceso, el derecho de defensa y la  motivación de las resoluciones, tanto judiciales como  administrativas, cuando pudieron existir otros mecanismos  para que la administración tributaria sustente su reparo, lo  cual no hizo. En atención a ello, resulta evidente que la  administración tributaria no ha cumplido con comprobar,  verificar o constatar la documentación presentada por la  recurrente a fin de establecer la realidad de las operaciones  de compra y venta. Sin perjuicio de ello, el pronunciamiento  del Tribunal Fiscal mediante Resolución N° 01599-1-2017,  materia de controversia, contraviene lo que debe  entenderse por cruce de información, definido por la misma  entidad en su Resolución N° 13985-9-2013, de acuerdo al  considerando noveno de la presente sentencia. En efecto,  el Tribunal Fiscal no puede concluir en que se realizó el  cruce de información, cuando en la mencionada resolución  señaló que: “(...) el cruce de información es la evaluación  cruzada que debe efectuar la Administración respecto de la  información y documentación obtenida de terceros y del  contribuyente [...]. Siendo que cuando el cruce de  información sirve de base para la formulación de reparos,  este deberá proporcionar los elementos que sustenta las  acotaciones”. Según el propio Tribunal Fiscal, no  constituye cruce de información la simple comparación  de la información y documentación obtenida del tercero con  aquella obtenida del contribuyente, sin efectuar ningún  análisis ni conclusión, dado que se exige una evaluación  cruzada de tal información y documentación. Tampoco el  solo requerimiento al tercero y evaluación de la información  y documentación proporcionada por este. En ese contexto,  resulta evidente que el Tribunal Fiscal al emitir la Resolución  N° 01599-1-2017, desconoce su desarrollo conceptual del  cruce de información y sus efectos. Y con ello, incumple  una de sus atribuciones que es la de uniformar la  jurisprudencia en las materias de su competencia, lo cual  es tomado en cuenta por este superior colegiado para  reafirmar la posición asumida.” 29. En este sentido,  considera esta Sala Suprema que la causal denunciada  vinculada a la errónea interpretación no ha sido acreditada  por el recurrente, por lo que debe declararse infundada la  presente causal. DECISIÓN Por tales consideraciones y de  conformidad con lo regulado en el artículo 397 del Código  Procesal Civil, DECLARARON: INFUNDADO el recurso de  casación interpuesto por el Procurador Público Adjunto a  cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía  y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, mediante  escrito del veintidós de abril de dos mil diecinueve (folios  241-255 del Expediente Principal Nº 05181-2017-0-1801-JR- CA-22). En consecuencia, NO CASARON la sentencia de  vista contenida en la resolución número catorce del  veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (folios 211-236),  emitida por la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios  y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por  último, ORDENARON la publicación de la presente  resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en  los seguidos por Evangelista Villavicencio Maria Mercedes  contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria - SUNAT y el Tribunal Fiscal,  sobre acción contencioso administrativa. Notifíquese por  Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como  ponente el señor Juez Supremo Bustamante del Castillo  SS.  GONZÁLEZ  AGUILAR,  RUEDA  FERNÁNDEZ,  BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA PINEDA, DÁVILA  BRONCANO. 1  Esta no es la de asegurar la exactitud formal de la interpretación, lo que equivaldría  a hacer prevalecer la interpretación formalista, en cuanto fundada solo sobre  criterios formales, sino la de establecer cuál es la interpretación justa, o más justa,  de la norma sobre la base de directivas y de las elecciones interpretativas más  correctas (es decir, aceptables sobre la base de las mejores razones).   Una nomofiláctica formalista no tiene sentido, pues no significaría “defensa  de la ley” sino defensa de una interpretación formal de la ley. Por otra parte, lanomofiláctica como elección y defensa de la interpretación justa no significa que no  significa que, por esto, este sometida a criterios específicos y predeterminados de  justicia material ni mucho menos a criterios equitativos con contenidos particulares.  Significa en cambio, la elección de la interpretación fundada en las mejores  razones, sean lógicas, sistemáticas o valorativas: bajo este perfil la nomofilaquia  es la corrección del procedimiento de elección y la aceptabilidad de los criterios  sobre los cuales aquella se funda para constituir el elemento esencial, más que la  naturaleza del resultado particular que de ella deriva  TARUFFO, Michele (2005) El vértice ambiguo. Ensayos sobre la casación civil.  Lima, Palestra Editores; p.129 2  Norma aplicable al presente caso por temporalidad.  3  Norma aplicable al presente caso. 4  Norma vigente aplicable al presente caso. 5  Vigente a la fecha de los hechos 6  GUASTINI, Ricardo (2014). Interpretar y argumentar. Madrid, Centro de Estudios  Políticos y Constitucionales. p. 249. 7  GUASTINI, Riccardo (2015). “Interpretación y construcción jurídica”. En Isonomía  Nº 43, pp. 11-48.   http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n43/n43a2.pdf C-2136203-11