CASACIÓN Nº 12477-2019 LIMA
Sumilla: El rol que la SUNAT debe asumir en el marco de la  verificación del tercer método de valoración, es independiente  de la carga de la prueba que inicialmente recae sobre el  administrado, y consiste en motivar las razones por las  que se emplea un determinado método y cuáles son los  parámetros que rigen su aplicación. Realiza en este marco  las acciones de verificación que resulten necesarias para  establecer el valor y comprobar si corresponde aplicar un  ajuste por diferencia en el nivel comercial o la cantidad que  influya en el precio del producto. Para ello, se requiere de un  intercambio de información entre el importador y la SUNAT. El  informe de determinación debe ser motivado con el resultado  de la referida comprobación, que forma parte de la decisión  administrativa del ajuste de valor. Lima, veintitrés de agosto de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA La causa número doce  mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve,  Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con la  participación de los señores Jueces Supremos González  Aguilar (presidente), Rueda Fernández, Bustamante del  Castillo, Barra Pineda y Dávila Broncano, luego de verificada  la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia:  Objeto del recurso de casación Vienen a conocimiento de  esta Sala Suprema los recursos de casación interpuestos por  el Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales  del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del  demandado Tribunal Fiscal, mediante escrito del dieciséis de  abril de dos mil diecinueve (fojas cuatrocientos setenta y  nueve  a  cuatrocientos  setenta  y  seis),  y  por  la  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración Tributaria (SUNAT), mediante escrito del  diecisiete de abril de dos mil diecinueve (fojas quinientos  quince a quinientos veintiséis); ambos contra la sentencia de  vista del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (fojas  cuatrocientos cuarenta y ocho a cuatrocientos sesenta y  cuatro), que revocó la sentencia de primera instancia —que  declaró infundada la demanda—, y, reformándola, declaró  fundada la demanda. Antecedentes del recurso De la vía  administrativa El veintiséis de febrero de dos mil catorce,  Transel Agencia de Aduana S.A. enumeró la Declaración  Aduanera de Mercancías1 Nº 118-2014-10-074687, en  representación de Inversiones e Importaciones La Nueva Piel  S.A.C., solicitando la importación para el consumo de cuero  artificial procedente de China, amparada en la Factura  Comercial Nº HDLLM131126. La administración cursó la  Notificación Valor OMC Nº 003769-2014, de fecha diez de  marzo de dos mil catorce, donde estableció la duda razonable  respecto al valor en aduana declarado, otorgándole el plazo  de cinco días (prorrogables, a su solicitud, por cinco días más)  para presentar la documentación y la explicación del valor  declarado en la mencionada DAM. No obstante, la empresa  no presentó documentación alguna dentro del plazo otorgado  por la SUNAT, que expidió la Notificación Nº 118-3D1310- 2014-003470-SUNAT el treinta y uno de marzo de dos mil  catorce (fojas veintiocho a veintinueve del expediente  administrativo). La Administración Aduanera confirmó la duda  razonable, señalando que no resulta aplicable el primer  método de valoración del Acuerdo de Valor de la Organización  Mundial del Comercio (en adelante, OMC). Asimismo, puso  en conocimiento de la empresa la referencia que consideraba  aplicable y le solicitó proporcionar valores en aduana demercancías idénticas o similares para aplicar el segundo o el  tercer método de valoración. La empresa, mediante escrito  del nueve de abril de dos mil catorce (fojas treinta a cuarenta  del expediente administrativo), ratificó su posición de que le  era aplicable el Primer método de valoración aduanera, y  adjuntó extemporáneamente documentos para sustentar ello,  señalando además que la referencia indicada por la  administración no cumplía con los requisitos para ser  considerada comparable. La Intendencia de Aduana Marítima  del Callao emitió el Informe de Determinación de Valor Nº  118-3D2120-2014-407-SUNAT el diecinueve de mayo de dos  mil catorce (fojas cuarenta y dos a cincuenta y uno del  expediente administrativo), en el cual concluyó el valor en  aduana bajo la aplicación del tercer método de valoración  establecido en el Acuerdo del Valor de la OMC y dispuso la  emisión de la Liquidación de Cobranza Nº 2014-115741 (foja  cincuenta y dos del expediente administrativo). Ante ello, la  empresa interpone recurso de reclamación el dieciséis de julio  de dos mil catorce, en cuya respuesta se emite la Resolución  Gerencial Nº 118-3D4000/2015-000203 el nueve de marzo de  dos mil quince (fojas ciento doce a ciento quince del  expediente administrativo). Ella declara infundado el recurso  interpuesto y dispone proseguir con el cobro de la liquidación  de cobranza ascendente a US$14 706, 00 (sic) (catorce mil  setecientos seis mil con 00/100 dólares americanos) más los  intereses que correspondan, con la ejecución de la Orden de  Depósito de Garantía OMC Nº 118-2014-000168. Como  fundamento, indica que el no proporcionar, dentro del plazo  de cinco días hábiles, la documentación sustentatoria del  valor declarado, solicitada a través de la Notificación OMC Nº  003769-2014, a fin de desvirtuar la duda razonable generada  en el despacho, se confirma la falta de acreditación del precio  realmente pagado o por pagar de las mercancías importadas,  descartando la aplicación del primer método de valoración en  el despacho de la declaración aduanera de mercancías bajo  análisis. La empresa interpone recurso de apelación el uno de  abril de dos mil quince, el cual es resuelto mediante la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 10184-A-2016, del  veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, que: i) confirma la  Resolución de Gerencia Nº 118-3D4000/2015-000203 en el  extremo de ajuste de valor efectuado en las Serie 2 de la DAM  Nº 118-2014-10-074687, y ii) revoca la Resolución de  Gerencia Nº 118-3D4000/2015-000203 en el extremo del  ajuste de valor efectuado en las Series 1 y 3 de las DAM Nº  118-2014-10-074687. Como fundamento de esta resolución,  el Tribunal Fiscal señaló que el descarte del primer método se  debió a que la parte recurrente no presentó medios probatorios  dentro del plazo a fin de desvirtuar la duda razonable.  Asimismo, afirma que el descarte del segundo método de  valoración, siguiendo el criterio establecido en el Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 06509-A-2013, se da cuando la  administración aduanera no tenga una referencia de  mercancía idéntica con las características de las mercancías  objeto de valoración y el importador tampoco proporcione  una. Finalmente, respecto a la aplicación del tercer método de  valoración - mercancías similares para determinar el valor en  aduana de la mercancía materia de este caso, la administración  aduanera señala que el importador no ha alegado ni ha  presentado información, y el modelo de referencia es uno de  prestigio comercial entre las marcas. Asimismo, el colegiado  administrativo precisa que se tomó en cuenta el “tiempo”,  pues la mercancía fue embarcada el dieciséis de enero de  dos mil catorce y las mercancías utilizadas como referencia  fueron embarcadas el dieciséis de enero de dos mil trece,  esto es, dentro de los dieciocho meses; lo mismo se hizo  respecto a la “cantidad”, pues de acuerdo a la DAM (Serie 2)  y la referencia es de Serie 3 “Mayorista”, en ambos casos,  tanto del importador y el de referencia, tienen la calidad de  mayoristas. De la demanda en vía judicial El veintidós de  febrero de dos mil diecisiete (fojas ciento cincuenta y tres a  ciento setenta y cinco), la empresa INVERSIONES E  IMPORTACIONES LA NUEVA PIEL S.A.C. interpone  demanda  contencioso  administrativa  postulando:  a)  Pretensión principal: Se declare la nulidad de lo resuelto en  el artículo 1 de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 10184-A- 2016, de fecha veintiocho de octubre del dos mil dieciséis,  que confirmó el ajuste de valor de la Serie 2 de la Declaración  Única de Aduanas2 Nº 118-2014-10-074687, efectuado  mediante la Resolución de Gerencia Nº 118 3D4000/2015- 000203, del nueve de marzo de dos mil quince. b) Pretensión  accesoria: Se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia  Nº 118 3D4000/2015-000203, del nueve de marzo de dos mil  quince, que declaró infundado el recurso de reclamación  interpuesto contra el Informe de Determinación del Valor Nº  118-3D2120-2014-407-SUNAT y la Liquidación de Cobranza  Nº 2014- 115741. Como fundamentos de la demanda, señala:  a) El procedimiento de valoración se da con la notificación de  la duda razonable y concluye con la emisión de la liquidaciónde cobranza, iniciándose así el proceso contencioso. En tal  sentido, tenemos que la presentación de medios probatorios  se puede realizar en cualquiera de las dos etapas, ello  conforme a la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04544-A- 2015. b) Alega que se encontraba facultada para entregar los  medios probatorios durante todo el procedimiento de  valoración, y solicitó mediante Expediente Nº 118-0114-2014- 064059-5 que sus medios probatorios sean considerados  como extemporáneos de acuerdo al artículo 141 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario, teniendo en cuenta  que la empresa canceló el integro de la orden de depósito de  garantía por un monto superior al ajuste. Pese a ello, la  administración insistió en su negativa de evaluar los medios  probatorios. c) Agrega que el presente proceso de valoración  sustentado en la notificación de Valor OMC Nº 003769-2014,  notificación de Confirmación de Valor Nº 118-3D1310-2014- 00347-SUNAT y el Informe Nº 118-3D2120-2014-407-SUNAT,  se encuentra viciado de nulidad, en la medida que no se  encuentra debidamente motivado a pesar de que las normas  de valoración y las normas que regulan el procedimiento  administrativo así lo exigen. Además de ello, no se pronuncian  respecto de las pruebas y argumentos ofrecidos durante el  proceso de valoración. d) La administración, para efectuar el  ajuste de valor, ha utilizado referencias sobre las cuales no ha  sustentado técnicamente las diferencias por gramaje con la  mercancía materia de valoración, siendo esta falta de  motivación la que no permite concluir estar frente a  transacciones comparables. Así, resulta preocupante que el  Tribunal Fiscal convalide esta posición de la administración  aduanera, respecto a los ajustes de valor realizados a la serie  2 de la DAM Nº 118-2014-074687, pues no se puede concluir  que dichas referencias son una transacción comparable y, por  tanto, intercambiable en los términos del Acuerdo de Valor de  la OMC. e) Señala que el Tribunal Fiscal ha convalidado el  ilegal proceder de Aduanas, al omitir la subsistencia de una  motivación técnica y legal para acreditar que, pese a las  diferencias en la composición de la mercancía, subsiste la  aplicación del tercer método de valoración. f) El Tribunal  Fiscal, contraviniendo sus propios criterios, convalidó el ilegal  proceder de Aduanas, pues esta no acompañó un informe  técnico que demuestre que pese a la diferencia existente en  cuanto a la denominación comercial, ambas mercancías  resultan ser intercambiables entre sí. En consecuencia,  queda acreditado que no se encuentra arreglado a ley el  ajuste de valor contra la DAM Nº 118-2014-074687. De la  sentencia de primera instancia El Vigésimo Primer Juzgado  Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, mediante la sentencia contenida en la resolución  número once, del treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas  trescientos cuarenta y cuatro a trescientos sesenta y uno),  declaró infundada la demanda interpuesta por INVERSIONES  E IMPORTACIONES LA NUEVA PIEL S.A.C. Sentencia de  segunda instancia Conocida en grado de apelación, la Sétima  Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub  Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Justicia de Lima, a través de la sentencia de vista  contenida en la resolución número diecinueve, del veintisiete  de marzo de dos mil diecinueve, revocó la sentencia de  primera instancia y, reformándola, declaró fundada la  demanda y, en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 10184-A-2016, del veintiocho de octubre de dos mil  dieciséis, y la Resolución Gerencia Nº 118-3D4000/2015- 000203, del nueve de marzo de dos mil quince. Del recurso de  casación y auto calificatorio Mediante autos calificatorios de  fecha veinticuatro de setiembre de dos mil diecinueve (fojas  ciento cuarenta y siete a ciento cincuenta y cinco del cuaderno  de casación), la Tercera Sala de Derecho Constitucional y  Social Transitoria declaró procedentes los recursos de  casación interpuestos, por las siguientes causales. Del  Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos  Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en  representación del demandado Tribunal Fiscal, por la  siguiente causal3: Interpretación errónea del artículo 13 del  Reglamento para la Valoración de Mercancías, según el  Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Organización  Mundial de Comercio, aprobado por Decreto Supremo Nº  186-99-EF; El recurrente refiere que el aspecto controvertido  se circunscribe a comprobar la correcta aplicación del tercer  método de valoración, en cuanto al elemento cantidad, así  pues la Sala Superior en función a una errada interpretación  del artículo 13 del indicado Reglamento para la Valorización  de Mercancías, señala respecto a los alcances de la obligación  de verificación de la aduana, que no se habría justificado que  la notoria diferencia de cantidades no influía en los precios,  para liberarse así de un ajuste a la referencia; sin tomar en  cuenta que los alcances de dicha verificación están en el  Acuerdo de Reunión de Sala Plena N° 2013-09, según el cualla comprobación o verificación debe hacerla la Administración,  pero no puede desarrollarla a cabalidad si el mismo interesado  no proporciona ninguna información al respecto, pues no es  posible conocer si se otorgó un descuento en el precio; en  consecuencia, no es verdad que el elemento cantidad haya  pasado inadvertido, sino que de los actuados fluye el  requerimiento de tal información al administrado y ante la  ausencia de la misma le resultaba materialmente imposible  realizar ajuste alguno a la declaración aduanera de  mercancías  empleada  como  referencia.  De  la  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración Tributaria, por las siguientes causales4: a)  Infracción de lo dispuesto en los numerales 3 y 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú. La  recurrente sostiene que la sentencia de vista adolece de una  debida motivación, valoración de pruebas, errónea subsunción  de normas a los hechos acaecidos, así como una interpretación  extensiva de las normas aplicables a supuestos de hecho y  exigencias no previstas explícitamente en el texto normativo  pertinente, lo cual ha significado que a partir de juicios errados  se arribe a conclusiones ilegítimas y se considere vía  interpretación que a la autoridad aduanera le corresponde  obligatoriamente probar la no incidencia del factor de  diferencia en la cantidad. b) Infracción normativa por  interpretación errónea del artículo 13, inciso d), del  Reglamento para la Valorización de Mercancías según el  Acuerdo de Valor en Aduana de la OMC, aprobado por  Decreto Supremo N° 186-99-EF La recurrente fundamenta  que la sentencia de vista interpreta normas de valoración en  contra de la Administración Aduanera, señalando que la  referencia utilizada no es igual a la ajustada, sin tomar en  cuenta que no se trata de mercancías idénticas. Agrega, que  el texto del artículo 13, literal d), del citado Reglamento no  señala alguna cantidad patrón que se deba tener en cuenta al  decidir si el precio realmente pagado o por pagar por las  mercancías importadas constituye una base válida para  determinar el valor en aduana; añade que la aduana cuenta  con referencias de precios del SIVEP, las cuales cumplen las  exigencias de la normativa supranacional y nacional  aplicables, y que en virtud de la carga de la prueba,  correspondía al importador demostrar que dado su nivel  comercial y la cantidad adquirida le fue otorgado un precio  con descuentos. Aunado a ello, sostiene que la Sala Superior  no ha tenido en cuenta el criterio establecido en la  jurisprudencia de observancia obligatoria N° 2013-A-03893,  ni el Comentario 10.1 del Acuerdo sobre Valor de la OMC;  además, respecto a las mercancías utilizadas como referencia  el importador no declaró descuento alguno. c) Infracción  normativa por inaplicación del artículo 18 de la Decisión  571. La recurrente indica que la sentencia de vista no hace  referencia al artículo 18 mencionado, relativo a la carga de la  prueba, el cual era de suma importancia pues debía  establecerse sobre quién recae aquella; también ha pasado  por alto, los alcances de la obligación de verificación de la  aduana señalados en el Acuerdo de Reunión de Sala Plena  del Tribunal Fiscal N° 2013-09, según el cual la carga de la  prueba recae sobre la Administración; pero si esta no dispone  de más información porque el demandante no brinda ningún  medio probatorio que justifique un ajuste, no puede exigírsele  aquella obligación. Así, estima que en el caso particular, la  probanza que pudiera inhabilitar la declaración única de  aduana tomada como referencia, no sería posible sin la  oportuna y eficiente colaboración del importador, quien en su  condición de interesado está en mejor posición de la  probanza. CONSIDERANDOS Primero: Contextualizado el  caso, conviene hacer algunos apuntes acerca del recurso  extraordinario de casación, que delimitan la actividad  casatoria de esta Sala Suprema. 1.1. El recurso de casación  es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya  concesión y presupuestos de admisión y procedencia están  vinculados a los “fines esenciales”, que es la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la  uniformidad de la jurisprudencia nacional establecida por la  Corte Suprema de Justicia, tal como puede interpretarse de lo  dispuesto por el artículo 141 de la Constitución Política del  Estado y el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado  por el artículo 1 de la Ley Nº 29364. 1.2. Respecto a la causal  de infracción normativa, según Rafael de Pina: El recurso de  casación ha de fundarse en motivos previamente señalados  en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por  quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por  infracción de ley se refieren a la violación en el fallo de leyes  que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la  resolución judicial con las pretensiones deducidas por las  partes, a la falta de competencia etc.; los motivos de la  casación por quebrantamiento de forma afectan (…) a  infracciones en el procedimiento. 5 Segundo: Delimitación  del pronunciamiento casatorio 2.1. Corresponde mencionar,de manera preliminar, que la función nomofiláctica del recurso  de casación garantiza que los Tribunales Supremos sean los  encargados  de  salvaguardar  el  respeto  del  órgano  jurisdiccional al derecho objetivo, evitando cualquier tipo de  afectación a las normas jurídicas materiales y procesales, y  procurando, conforme menciona el artículo 384 del Código  Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo al  caso concreto. Tercero: Causales procesales y materiales  3.1. Conforme se ha detallado, los recursos de casación se  han declarado procedentes por causales de orden procesal y  material. Al respecto, es preciso señalar que la infracción  procesal se configura cuando en el desarrollo de la causa no  se han respetado los derechos procesales de las partes, se  han soslayado o alterado actos del procedimiento, la tutela  jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano judicial deja de  motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en  evidente quebrantamiento de la normatividad vigente y de los  principios procesales, lo que hace pertinente que, en principio,  se analice la causal de orden procesal y luego, de ser el caso,  las causales de orden material, dado el eventual efecto  nulificante de aquella. 3.2. Asimismo, es pertinente señalar:  […] que al término “infracción” -en sentido general- lo  podemos asimilar a lo que la doctrina procesal conoce como  el error, dentro de él por cierto encontramos al error in  iudicando, el error in procedendo y el error in cogitando.  Entonces, cuando se denuncia la existencia de una infracción  lo que realmente se hace es evidenciar la existencia de un  error en la decisión judicial, la cual -como ya dijimos- puede  ser de naturaleza sustantiva o procesal […].6 En consecuencia,  nos corresponde determinar si existió infracción en la decisión  judicial respecto a las normas que las partes recurrentes  invocaron. 3.3: Análisis de la denuncia por la SUNAT sobre  “Infracción de lo dispuesto en los numerales 3 y 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú” Tal  infracción normativa consiste en la vulneración del derecho  fundamental a la debida motivación, el cual se encuentra  regulado en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución  Política del Estado7. Al respecto, corresponde mencionar que  dicho derecho también se encuentra consagrado en los  Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, y está  incluido como garantía procesal en el artículo 8 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el  artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y  Políticos. Asimismo, este derecho fundamental es uno de los  que conforma el derecho fundamental al debido proceso8, que  se encuentra reconocido en el numeral 3 del artículo 139 de la  Constitución. 3.4. El derecho fundamental a la debida  motivación de las resoluciones ha sido materia de  interpretación por la Corte Interamericana de Derechos  Humanos (vinculante para el Perú en atención a la cuarta  disposición final transitoria de la Constitución Política del  Estado), que estableció que es un derecho que permite  verificar la materialización del derecho a ser oído, y que la  argumentación de un fallo demuestra que los alegatos y  pruebas han sido debidamente tomados en cuenta, analizados  y resueltos9, y que “[…] la motivación es la exteriorización de  la justificación razonada que permite llegar a una conclusión.  El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada  con la correcta administración de justicia, que protege el  derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones  que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las  decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática  […]”10; y es obligación de los jueces fundamentar las  sentencias respetando el principio de congruencia. 3.5. En el  presente caso, la SUNAT ha limitado el sustento de su  denuncia a sostener que la sentencia de vista adolece de una  debida motivación y valoración de pruebas, y realiza una  errónea subsunción de normas a los hechos acaecidos, así  como una interpretación extensiva de las normas aplicables a  supuestos de hecho y exigencias no previstas explícitamente  en el texto normativo pertinente, lo cual ha significado que a  partir de juicios errados se arribe a conclusiones ilegítimas y  se considere vía interpretación que a la autoridad aduanera le  corresponde obligatoriamente probar la no incidencia del  factor de diferencia en la cantidad. Leída la sentencia de vista,  se puede verificar que la misma ha cumplido con realizar el  análisis fáctico y legal del tema en discusión, efectuando la  subsunción de las normas a los hechos acontecidos de  manera adecuada, lo cual se puede advertir desde el  considerando sexto y siguientes. De hecho, lo hace de  manera precisa, respecto a la probanza de la administración  sobre la incidencia o no del factor diferencia en la cantidad.  Este aspecto ha sido desarrollando en el considerando  décimo segundo, cuando señala que ello se hizo aplicando el  Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo  General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, en  concordancia con el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 186- 99-EF, que aprueba el Reglamento para la Valoración deMercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de  la OMC, en el cual se contemplan entre los elementos a  comparar para la aplicación del tercer método de valoración  aduanera las siguientes características: mercancía, tiempo,  lugar, cantidad y nivel comercial. Este último se entiende en el  artículo 2, literal f), de la Decisión 571 de la Comunidad  Andina, como aquella denominación dada por el vendedor a  efectos de diferenciar los niveles de comercialización de la  mercancía, señalando entre sus indicadores mayorista,  minorista, usuario, entre otros. Asimismo, a efectos de  determinar si el valor en aduana de las mercancías objeto de  ajuste realizado por la administración aduanera con base en  el tercer método de valoración se realizó o no conforme a ley.  Siendo así, de acuerdo al Informe de Determinación de Valor  Nº 118-3D2120-2014-407-SUNAT11, de fecha diecinueve de  mayo de dos mil catorce, la administración aduanera, para el  análisis del citado ítem, tomó como referencia el ítem 3 de la  DAM Nº 118-2013-10-490199, lo que se precisa en el  considerando décimo segundo de la sentencia de vista: […]  importador Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C.  ostenta el nivel comercial “mayorista” en la importación de  12,548.50 metros de tela con un valor FOB US$ 1.80 por  metro, y que el importador en la DAM de referencia N° 118- 2013-10-490199 (ítem 3) tiene el nivel comercial “mayorista”  en la importación de 5,062.00 metros de tela con un valor  FOB US$ 3.7 por metro, es así que sobre las diferencias  existentes, el citado Informe indica en el literal c) de la parte  denominada DETERMINACIÓN DEL VALOR del ESTUDIO  COMPARATIVO, respecto a los factores cantidad y nivel  comercial, que “(…) respecto de la mercancía objeto de  valoración y la mercancía utilizada como referencia de valor  […], aunque no sean iguales en todo, por lo que no pueden  considerarse como idénticas; se tiene que considerando sus  características y composición semejantes […], pueden  cumplir las mismas funciones y ser comercialmente  intercambiables, lo que les permite ser considerada como  mercancías similares, dentro del marco y alcance del Acuerdo  del Valor de la OMC.” Asimismo, en el literal f) y g) señala que:  “En cuanto al nivel comercial: […] se verifica que ambas  DAMS declaran nivel comercial de “MAYORISTA”. En cuanto  a la cantidad: […] se verifica que si bien las cantidades  comerciales son diferentes, es factible la comparación, toda  vez que no existe ninguna prerrogativa comercial (descuentos)  que implique una afectación en el precio por causa de tales  diferencias.” Además, la Resolución de Gerencia N° 118  3D4000/2015-000203 de fecha 09 de marzo de 2015 (ver  fojas 112 a 115 EA) señala el mismo argumento transcrito, por  su parte, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 101840-A-2016  (ver foja 168 EA) indica en su párrafo 34: “Que, con relación  al elemento “cantidad”, según consta de los actuados, la  cantidad de mercancía importada mediante la Declaración  Aduanera de Mercancías N° 118- 2014-10-07468 (serie 2)  son comprables con la cantidad de las mercancías importadas  mediante la Declaración Aduanera de Mercancías N° 118- 2013-10- 490199 (serie 3) utilizada como referencia.” Y en el  párrafo 36 señala que: “[…] los importadores tampoco  declararon haber sido beneficiados por su proveedor con un  descuento por cantidad o nivel comercial, de manera que  corresponde  considerar  igualmente  que  en  dichas  transacciones no se han concedido descuentos por cantidad  o nivel comercial”. Por tanto, respecto a la diferencia de nivel  comercial no se advierte que la misma hubiera tenido relación  con el precio establecido, sin embargo, respecto a la cantidad  resulta insuficiente lo argumentado por la Administración,  debido a la diferencia existente en razón que el metraje  consignado en la DUA de referencia N° 118-2013-10-490199  es menos de la mitad del metraje consignado en la Declaración  Única de Aduana N° 118-2014-10-074687; la Administración  Aduanera no motivó debidamente su decisión de no ajustar el  valor de la mercancía por diferencia en la cantidad, máxime si  era ella la llamada a probar la no incidencia de dicho factor en  el precio de la mercancía, más no simplemente señalar que el  importador era quien debía demostrar esto, ya que la inacción  del administrado no la releva de ejecutar el ajuste de valor de  acuerdo a ley, circunstancia que no fueron advertidas  correctamente por el Tribunal Fiscal ni tampoco por la A-quo  en la sentencia de primera instancia […].12 3.6. Para entender  cuándo se configura la inexistencia de motivación o motivación  aparente, se debe recoger lo establecido por el Tribunal  Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº  728-2008-HC/TC: […] a) Inexistencia de motivación o  motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el  derecho a una decisión debidamente motivada cuando la  motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente,  en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas  que sustentan la decisión o de que no responde a las  alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta  dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose enfrases sin ningún sustento fáctico o jurídico. […] 3.7. Como se  advierte en el texto del décimo segundo considerando de la  sentencia de vista citado, el órgano jurisdiccional se centra en  que la SUNAT no motivó adecuadamente la decisión de no  ajustar el valor de la mercancía por la diferencia en la cantidad,  a pesar de ser la encargada de verificar la incidencia de tal  factor en el precio de la mercancía, y que no debió basarse  únicamente en la información ofrecida por el importador. Cabe  tener en cuenta que, como bien lo ha establecido el Tribunal  Constitucional en la Sentencia Nº 1480-2006-AA/TC: “El  derecho a la debida motivación de las resoluciones importa  que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o  justificaciones objetivas que los llevan a tomar una  determinada decisión”. En vista a ello, en el presente caso, se  advierte que el órgano jurisdiccional sí expuso los fundamentos  que justificaron el fallo y abordó de manera integral los  aspectos controvertidos. En consecuencia, la infracción  denunciada deviene infundada. Cuarto: Continuando con el  análisis de las infracciones denunciadas, se advierte que  tanto el Tribunal Fiscal como la SUNAT han invocado la  “Infracción normativa por Interpretación errónea del  artículo 13 del Reglamento para la Valoración de  Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en  Aduana de la OMC, aprobado por el D.S. 186-99-EF”. Por  tanto, se procederá a realizar un análisis conjunto, pues los  sustentos son similares. 4.1. En el presente caso, se evidencia  que la discusión se centra en establecer si se determinó  correctamente el valor de la mercancía importada por la  empresa importadora INVERSIONES E IMPORTACIONES  LA NUEVA PIEL S.A.C. En principio, respecto al concepto de  valoración aduanera, podemos señalar que puede entenderse  como la técnica aduanera que permite determinar el valor de  la mercancía con la finalidad de realizar los cálculos tendientes  a determinar los impuestos aduaneros, cumpliendo con los  principios  y  normas  establecidos  en  los  acuerdos  supranacionales así como en la legislación nacional13. En el  Perú, mediante Resolución Legislativa Nº 26407, del dieciocho  de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se  incorporó a nuestra legislación el “Acuerdo por el que se  establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los  Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta  Final de la Ronda de Uruguay”14, que viene a ser el sistema de  valoración que rige las importaciones, salvo puntuales  excepciones. Su aplicación se inició en el año dos mil, con la  aprobación del Reglamento para la Valorización de  Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de  la OMC, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 186-99- EF, que en su artículo 2 señala: Artículo 2.- El Valor en Aduana  de las mercancías importadas se determinará de acuerdo a  los Métodos de Valoración establecidos en el Acuerdo del  Valor de la OMC, los que se aplicarán en forma sucesiva y  excluyente en el siguiente orden: Primer Método: Valor de  Transacción de las Mercancías Importadas, definido y  normado por lo dispuesto en los Artículos 1, 8 y 15 del Acuerdo  del Valor de la OMC y sus Notas Interpretativas. Segundo  Método: Valor de Transacción de Mercancías Idénticas,  definido y normado por lo dispuesto en los Artículos 2 y 15 del  Acuerdo del Valor de la OMC y sus Notas Interpretativas.  Tercer Método: Valor de Transacción de Mercancías Similares,  definido y normado por lo dispuesto en los Artículos 3 y 15 del  Acuerdo del Valor de la OMC y sus Notas Interpretativas.  Cuarto Método: Valor Deducido, definido y normado por lo  dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo del Valor de la OMC y  su Nota Interpretativa. Quinto Método: Valor Reconstruido,  definido y normado por lo dispuesto en el Artículo 6 del  acuerdo del Valor de la OMC y su Nota Interpretativa. Sexto  Método: Del Último Recurso, definido y normado por lo  dispuesto en el Artículo 7 del Acuerdo del Valor de la OMC y  su Nota Interpretativa. El referido orden resulta ser de  prelación, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo relativo  a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre  Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo de  Valoración de la OMC). De esta manera, la primera base para  establecer el valor en aduana de la mercancía, será el valor  de transacción, que resulta ser “el precio realmente pagado o  por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su  exportación al país de importación, de acuerdo con lo  dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo”15. Existe la posibilidad  de que la SUNAT solicite al importador la acreditación del  valor declarado, con la finalidad de verificar si en efecto  corresponde al monto realmente pagado o por pagar de las  mercancías, esto en el marco del procedimiento de duda  razonable, que se encuentra regulado en el artículo 11 del  Decreto Supremo Nº 186-99-EF, y en el cual se señala que  una  vez  recibida  la  información  complementaria  o  documentación solicitada, o vencido el plazo otorgado para la  acreditación, si la SUNAT tiene aún duda razonable acerca de  la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidirdentro de los tres meses siguientes contados desde la  numeración de la declaración aduanera, que el valor en  aduana no será el de transacción, y se aplicarán los otros  métodos de valoración en forma sucesiva y ordenada.  Atendiendo a lo descrito anteriormente, en el supuesto de que  la SUNAT considere que el importador no ha presentado  suficiente documentación o información, respecto del valor  consignado, corresponderá aplicar el valor de mercancías  idénticas, y, en su defecto, el de mercancías similares, los  cuales se hallan regulados en los artículos 2 y 3 del Acuerdo  de Valoración de la OMC, respectivamente. 4.2. En el  presente caso, INVERSIONES E IMPORTACIONES LA  NUEVA PIEL S.A.C. importó cuero artificial procedente de  China, amparado en la Factura Comercial Nº HDLLM131126,  por medio de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118- 2014-10-074687. La administración le cursó la Notificación  Valor OMC Nº 003769-2014, estableciendo la duda razonable  respecto del valor declarado, basándose en información del  Sistema de Verificación de Precios - Sivep. Posteriormente, el  veintiuno de junio de dos mil trece, la SUNAT emitió la  Notificación Nº 118-3D1310-2014-003470-SUNAT, a fin de  comunicarle a la empresa demandante la confirmación de la  duda razonable y, por ende, el rechazo del primer método de  valoración. Con lo cual, debía aplicarse el segundo método de  valoración, correspondiente al valor de transacción de  mercancías idénticas. Al respecto, cabe señalar que el  Acuerdo de Valoración de la OMC establece en el literal a) del  numeral 2 del artículo 15 que “se entenderá por ‘mercancías  idénticas’ las que sean iguales en todo, incluidas sus  características físicas, calidad y prestigio comercial. Las  pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se  consideren como idénticas las mercancías que en todo lo  demás se ajusten a la definición”. En el presente caso, la  SUNAT y el importador no contaban con información de  mercancía que calce dentro de ese supuesto, por lo que se  rechazó la aplicación del segundo método de valoración. Es  así que correspondía aplicar el tercer método de valoración,  es decir, el valor de transacción de mercancías similares.  Para calificar como tales, los bienes, aunque no sean iguales  en todo, tienen características y composición semejantes, lo  que les permite cumplir las mismas funciones y ser  comercialmente intercambiables. Para determinar si las  mercancías son similares habrán de considerarse, entre otros  factores, su calidad, su prestigio comercial y la existencia de  una marca comercial, de conformidad con el literal b) del  numeral 2 del artículo 15 de la norma mencionada en el  anterior párrafo. 4.3. En el marco de tal verificación, la SUNAT  realizó las siguientes comparaciones:  Fuente DAM Nº 118-2014-10-074687  (ítem 2) DAM Nº 118-2013-10-490199  (Ítem 3) referencia Factura Comercial TS131209 …………….. Naturaleza de la  Transacción Compra/venta a precio firme, para  su Exp. Al país de Imp. Compra/venta a precio firme,  para su Exp. Al país de Imp. Nombre comercial Artificial Leather PVC Artificial Leather Marca …………….. Modelo ………………. Tech-1 NOVOCADO N° de Boletín  Químico 118-2014-4643 118-2013-26379 Tipo de Tela de  Construcción Tejido de Punto por urdimbre, te- ñido, perchado, recubierto por una  cara, gofrado, espesor= 1.23 mm Tejido por Punto por urdimbre,  de fibras sintéticas, teñido, per- chado, una cara y revestido la  otra cara con materia plástica,  gofrado; espesor=1.05 mm Composición Textil: 100% POLIESTER Plástico 100% POLIUTERANO TEJIDO=100%  FILAMENTOS  POLIESTER//MATERIA PLÁSTI- CA =POLIIURETANO Ancho 145 151CM Gramaje 484 G/M2 502G/M2 El rango de la diferencia de gra- majes es aproximada y compa- rable, de conformidad al criterio  en la RTF N° 09719-A-2012  (diferencia de 30 gr/m2-ítem 1  de DUA objeto de valoración de  tal caso apelado y confirmado,  siendo en el presente caso inclu- so una diferencia menor). Uso Marroqueria Tapicería, Otros Industria de Calzado y otros S.p. referencial 590320000 5903200000 País de Origen China China País de Embarque China China Cantidad 12548.50 5062 M Fecha de Embarque 16/01/2014 01/10/2013 Nivel Comercial Mayorista Mayorista Valor FOB Unit.  (US$) 1.80 3.7 Como se aprecia en esta tabla, la información empleada por  la SUNAT difería de la materia de ajuste en cuanto a la  cantidad de manera significativa. En el caso de la Declaración  Aduanera de Mercancías Nº 118-2014-10-074687, la cantidadconsignada ascendía a 12548.50 metros, mientras que en la  tomada como referencia la cantidad era de 5062 metros.  Tales diferencias no tendrían que descartar la aplicación del  tercer método de valoración, considerando lo previsto en el  literal b) del numeral 1 del artículo 3 del Acuerdo de Valoración  de la OMC, que estipula lo siguiente: Al aplicar el presente  artículo, el valor en aduana se determinará utilizando el valor  de transacción de mercancías similares vendidas al mismo  nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades  que las mercancías objeto de la valoración. Cuando no exista  tal venta, se utilizará el valor de transacción de mercancías  similares vendidas a un nivel comercial diferente y/o en  cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las  diferencias atribuibles al nivel comercial y/o a la cantidad,  siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base de  datos comprobados que demuestren claramente que aquéllos  son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento como  una disminución del valor. Asimismo, la nota interpretativa del  artículo 3 del aludido acuerdo, que se encuentra como parte  de sus anexos, señala lo siguiente: Para la aplicación del  artículo 3, siempre que sea posible, la Administración de  Aduanas utilizará el valor de transacción de mercancías  similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente  en las mismas cantidades que las mercancías objeto de  valoración. Cuando no exista tal venta, se podrá utilizar una  venta de mercancías similares que se realice en cualquiera de  las tres condiciones siguientes: a) una venta al mismo nivel  comercial pero en cantidades diferentes; b) una venta a un  nivel comercial diferente pero sustancialmente en las mismas  cantidades; o c) una venta a un nivel comercial diferente y en  cantidades diferentes. Por otro lado, el artículo 13 del Decreto  Supremo Nº 186-99-EF dispone que: Para la aplicación del  Segundo y Tercer Método la Aduana DEBE VERIFICAR si el  valor tomado como referencia cumple, respecto a la mercancía  objeto de valoración, los siguientes requisitos: […] c) Si ha  sido vendida al mismo nivel comercial, o de lo contrario  puedan efectuarse los ajustes señalados en los Artículos 2 y  3 del Acuerdo del Valor de la OMC. La existencia de una  diferencia en el nivel comercial o en la cantidad no implica  obligatoriamente un ajuste, éste sólo se aplicará cuando  como consecuencia de ella, resulte una diferencia en el precio  o en el valor. El ajuste se efectuará sobre datos comprobados  que demuestren que aquél es razonable y exacto, de lo  contrario no procederá ajuste alguno. A partir de lo establecido  en las normas citadas, en el marco de aplicación del tercer  método de valoración, puede existir una diferencia en el nivel  comercial o la cantidad de las mercancías compradas. El  ajuste del valor se realizará si aquella diferencia influye en el  precio o valor de la mercancía; y debe efectuarse sobre la  base de información razonable y exacta. En tal medida, en  caso no exista una influencia en el precio o valor de la  mercancía, como consecuencia de la diferencia en el nivel  comercial o la cantidad, no sería necesaria la realización de  un ajuste. Para tal efecto, corresponde tener en cuenta,  además, lo previsto en el segundo párrafo de la introducción  general del Acuerdo de Valoración de la OMC, que señala lo  siguiente: 2. Cuando el valor en aduana no pueda determinarse  en virtud de lo dispuesto en el artículo 1, normalmente  deberán celebrarse consultas entre la Administración de  Aduanas y el importador con objeto de establecer una base  de valoración con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2 ó 3.  Puede ocurrir, por ejemplo, que el importador posea  información acerca del valor en aduana de mercancías  idénticas o similares importadas y que la Administración de  Aduanas no disponga de manera directa de esta información  en el lugar de importación. También es posible que la  Administración de Aduanas disponga de información acerca  del valor en aduana de mercancías idénticas o similares  importadas y que el importador no conozca esta información.  La celebración de consultas entre las dos partes permitirá  intercambiar la información, a reserva de las limitaciones  impuestas por el secreto comercial, a fin de determinar una  base apropiada de valoración en aduana. Es así que, en la  verificación del valor más acorde a la mercancía que es objeto  de ajuste, sea en el segundo o en el tercer método de  valoración, la SUNAT y el importador deben intercambiar la  información con la que cuenten, con la finalidad de determinar  la base imponible más exacta, lo cual ha sido recogido,  además, en el artículo 14 del Decreto Supremo Nº 186-99-EF.  4.4. En el presente caso, la información de las mercancías  empleadas como referencia fue obtenida por la SUNAT, y  detallada en el Informe de Determinación de Valor Nº  118-3D2120-2014-407-SUNAT, de fecha veintiséis de mayo  de dos mil catorce, en el cual se realizó un estudio comparativo,  tomando  como  referencia  los  siguientes  aspectos:  características y composición, respecto a la diferencia o la  variación del nombre comercial de los productos; las  características y composición, respecto a las característicasde mercancía similar con la mercancía DAM observada; la  cantidad y prestigio comercial; el país de origen y embarque;  el momento de exportación; el nivel comercial; la cantidad  (respecto a la afectación de precios por descuentos). En dicho  informe concluyó que el valor en aduana se establecía bajo la  aplicación del tercer método de valoración establecido en el  Acuerdo del Valor de la OMC: Que de conformidad con el  Artículo 3 del Acuerdo de Valoración de la OMC, de los  artículos 1, 3, 13 y 14 del Decreto Supremo Nº 186-99-EF y  sus modificatorias y el Procedimiento Especifico INTA- PE.01.10a (V6), y considerando el valor en Aduanas declarado  por el importador no ha podido determinarse el Valor de  Aduanas adoptando el valor de Transacción de mercancías  similares, para las series 1, 2, y 3 de la DAM N° 118-2014-10- 074687, siendo válida y eficaz la aplicación del TERCER  METODO DE VALORACIÓN del Acuerdo de Valor de la OMC,  en tal sentido corresponde emitir Liquidación de Cobranza  correspondiente por el monto ascendente de US$ 14706.00  (Catorce mil seis con 00/100 Dólares Americanos), más los  intereses correspondientes.16 Como se advierte en el texto  indicado, la SUNAT señala que, en la medida que el importador  no demostró que en el caso de las mercancías objeto de  ajuste, se haya efectuado algún descuento, entonces  procedía la comparación con las declaraciones aduaneras  aludidas. Sin embargo, en el texto descrito no se advierte un  desarrollo respecto de las condiciones económicas de las  declaraciones aduaneras utilizadas como referencia, y se  centra en precisar la información recibida por el importador, la  cual, si bien es fundamental en el procedimiento de verificación  del tercer método de valoración, no resulta suficiente, más  aún si es la SUNAT la que obtuvo la información  correspondiente a las declaraciones aduaneras empleadas.  4.5. Adicionalmente, corresponde precisar que, en el Decreto  Supremo Nº 186-99-EF, literal b) del artículo 1, se define la  carga de la prueba en el plano de la valoración aduanera. Se  indica que es la “Obligación que tiene el importador de probar  que el Valor en Aduana declarado es el precio realmente  pagado o por pagar por las mercancías importadas, de  conformidad con las condiciones y ajustes previstos en el  Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC y las normas  establecidas en el presente Reglamento”; y: “Si el importador  no cumple con la obligación dispuesta o no sustenta el valor  en aduana declarado, de modo que desvirtúe las dudas  razonables que hubieren, ADUANAS utilizará los otros  métodos de valoración en forma sucesiva y excluyente para  determinar el Valor en Aduana de las mercancías”. Respecto  al tercer método de valoración, el reglamento en referencia ha  establecido en su artículo 13, de manera expresa, que  corresponde a la SUNAT verificar si el valor tomado como  referencia, respecto de la mercancía objeto de valoración, ha  sido vendida sustancialmente en la misma cantidad o en una  cantidad diferente, en la medida que dicha diferencia no  influya en la fijación del precio de la mercancía. Es así que, si  en un determinado caso, la diferencia de cantidad es  sustancial, como sucede en el caso de autos, no resultaba  acorde con el mandato señalado en el párrafo anterior que la  SUNAT se remita únicamente a lo informado por el importador,  cuando en ella recae el deber de realizar las verificaciones  necesarias de la idoneidad del valor empleado como  referencia. 4.6. De conformidad también con lo establecido en  el numeral 1.3 del artículo IV del título preliminar de la Ley del  Procedimiento Administrativo General: “Las autoridades  deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la  realización o práctica de los actos que resulten convenientes  para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones  necesarias”. Asimismo, Morón Urbina17 sostiene que: El  fundamento del deber de oficialidad aparece en la necesidad  de satisfacer el interés público inherente, de modo directo o  indirecto, mediato o inmediato, en todo procedimiento  administrativo. De ahí que resulte indispensable no dejar  librada a la voluntad de los administrados concurrentes al  procedimiento, el impulso según su mayor o menor interés en  obtener una resolución certera, inmediata, pronta o diferida; y,  por el contrario, exige a la parte llamada a servir el interés  público (Administración), la función de impulsarlo, en todos  sus aspectos, independientemente del interés que puedan  mostrar los administrados. En consecuencia, la administración  tiene el deber de actuar independientemente de lo que realice  el administrado, con la finalidad de satisfacer el interés  público, que en este caso estaría plasmado en la determinación  del valor más idóneo que sustituya aquel que fue declarado  en un principio. 4.7. Por otro lado, en autos obra la  interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la  Comunidad Andina 158-IP-2020, del veintiuno de febrero de  dos mil veintidós18, solicitado en su oportunidad por la Tercera  Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la  Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. -Norma  a ser interpretada: La autoridad consultante solicitó lainterpretación prejudicial del artículo 18 de la Decisión 571 de  la Comisión de la Comunidad Andina. -Tema Objeto a  Interpretación: La carga de la prueba relacionada al uso del  Tercer Método para determinar el valor de Aduana. -De  acuerdo al artículo 18 de la Decisión 571 de la Comisión de la  Comunidad Andina, tanto en la determinación del valor en  Aduanas, como en las comprobaciones e investigaciones que  realice la autoridad aduanera, la carga de la prueba le  corresponde, por regla general, al importador o comprador de  la mercancía. -Análisis del tema objeto de interpretación  1.3. La norma en mención establece dos excepciones para  determinar a quién corresponde la carga de la prueba, así. a)  La carga de la prueba le corresponde al importador y  comprador, cuando tales roles recaen en distintas personas.  En este caso, la excepción implica que son ambas personas  (importador y comprador) quienes tiene la carga de probar el  valor de la mercancía o acreditar la información que se  requiera en el marco de las investigaciones que realice la  autoridad aduanera. b) La carga de la prueba recaerá en el  representante legal y/o persona autorizada cuando el  importador y comprador sean una persona jurídica. Esta  excepción implica que tanto el importador como el comprador  son la misma persona. […] 1.8. El proceso de investigación es  precisamente, la etapa en la cual se le confiere al importador  la oportunidad para que acredite mediante prueba idónea de  acuerdo con lo establecido en los artículos 1619, 1720 y 1821 de  la Decisión 571. 1.9 Como se ha señalado anteriormente, la  carga de la prueba para determinar el valor de la mercancía  en aduana así como en las comprobaciones e investigaciones  que realice la autoridad aduanera, le corresponde al  comprador (e importador). 1.10 Por lo anterior, en principio,  si bien en un proceso en el que se está discutiendo si se  aplicó debidamente el Tercer Método de Valoración, la  carga de la prueba recae en el administrado (importador  y/o comprador), e independientemente de que este último  haya presentado pruebas o no, corresponderá a la  autoridad aduanera motivar las razones que condujeron a  aplicar determinado método, así como los criterios y  parámetros objetivos que tomó en cuenta para su  aplicación, en cada caso concreto. (Resaltado nuestro).  […]. Se advierte que el órgano internacional destaca el rol que  la SUNAT debe asumir en el marco de la verificación del  tercer método de valoración —el cual es independiente de la  carga de la prueba que en un inicio recae sobre el  administrado— y consiste en motivar las razones por las que  se emplea un determinado método y cuáles son los  parámetros que rigen su aplicación. 4.8. Por lo analizado, no  se aprecia una interpretación errónea del artículo 13 del  Decreto Supremo Nº 186-99-EF por parte de la Sala Superior,  en tanto nos encontramos de acuerdo con su análisis, en  armonía con lo desarrollado en esta ejecutoria. Así,  concluimos que la SUNAT debió demostrar que la diferencia  en el elemento cantidad no influyó en la determinación del  precio, lo cual se derivaría del análisis y exposición de  aquellas prácticas y condiciones del vendedor de la mercancía  en referencia, en cuanto al precio según la cantidad, ya que  de ello se podría colegir si tales prácticas repercutieron en el  precio. En tal sentido, no se advierte una interpretación  errónea en el razonamiento del órgano jurisdiccional de  segunda instancia, considerando que aquella se configura  cuando un juez ha elegido una norma pertinente, pero se ha  equivocado en su significado, y por una interpretación  defectuosa le da un sentido o alcance que no tiene. Por ende,  deviene infundada la causal invocada por el Tribunal Fiscal y  por la SUNAT. Quinto: Análisis de la infracción normativa  invocada por la SUNAT sobre “Infracción normativa por  inaplicación del artículo 18 de la Decisión 571” Sobre esta  causal, la parte recurrente indica que la sentencia de vista no  hace referencia al artículo 18 mencionado, relativo a la carga  de la prueba, el cual era de suma importancia pues debía  establecerse sobre quién recae aquella. Al respecto, revisada  la sentencia de vista, se puede advertir que la misma hace  referencia a la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad  Andina, en el sétimo, décimo y décimo segundo considerando,  respecto a los artículos 2 f), 17. Si bien es cierto no lo hace de  manera precisa respecto al artículo 18, se advierte, del  desarrollo de la misma, la evaluación respecto a la carga  probatoria. Por lo demás, como ya se ha señalado al analizar  la infracción de artículo 13 del Reglamento para la Valoración  de Mercancías según el Acuerdo de la OMC, teniendo en  cuenta la interpretación prejudicial del Tribunal de la  Comunidad Andina, este órgano internacional destaca el rol  que la SUNAT debe asumir en el marco de la verificación del  tercer método de valoración, el cual es independiente de la  carga de la prueba que en un inicio recae sobre el  administrado; y consiste en motivar las razones por las que se  emplea un determinado método y cuáles son los parámetros  que rigen su aplicación. En ese sentido, los argumentosvertidos por la recurrente no alteran las conclusiones a que ya  se arribó, por lo que esta infracción deviene infundada.  DECISIÓN Por estas consideraciones, DECLARARON  INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el  Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales  del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del  demandado Tribunal Fiscal, mediante escrito de fecha  dieciséis de abril de dos mil diecinueve (fojas cuatrocientos  setenta y nueve a cuatrocientos setenta y seis); e  INFUNDADO; el recurso de casación interpuesto por la  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración Tributaria (SUNAT), mediante escrito del  diecisiete de abril de dos mil diecinueve (fojas quinientos  quince a quinientos veintiséis). En consecuencia, NO  CASARON la sentencia de vista del veintisiete de marzo de  dos mil diecinueve (fojas cuatrocientos cuarenta y ocho a  cuatrocientos sesenta y cuatro), emitida por la Sétima Sala  Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub  Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Justicia de Lima; y DISPUSIERON la publicación  de la presente resolución en el diario oficial El Peruano  conforme a ley, en los seguidos por INVERSIONES E  IMPORTACIONES LA NUEVA PIEL S.A.C. contra el Tribunal  Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria, sobre impugnación de resolución  administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los  actuados. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema  Dávila Broncano. SS.SS. GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA  FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA  PINEDA, DÁVILA BRONCANO. 1  En adelante, DAM. 2  En adelante, DUA. 3  Se transcribe la reseña elaborada en su oportunidad 4  Se transcribe la reseña elaborada en su oportunidad 5  De Pina, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones  Jurídicas Hispano Americana; p. 222. 6  CAVANI, Renzo (2016). Código Procesal Civil Comentado por los mejores  especialistas. Tomo III. Lima, Gaceta Jurídica; p. 342 7  Principios de la Administración de Justicia  Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 5. La  motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto  los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los  fundamentos de hecho en que se sustentan. 8  El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es parte del  derecho al debido proceso consagrado en el numeral 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Estado, como uno de los principios y derechos de  la función jurisdiccional, el cual exige que en todas las instancias judiciales se  cumplan necesariamente todas las garantías, requisitos y normas de orden  público que han sido establecidas a fin de generar que todas las personas estén  en reales condiciones de poder defender de manera apropiada sus derechos. Así,  el debido proceso es una garantía procesal de inexorable cumplimiento en tanto su  observancia permite la efectiva protección de otros derechos fundamentales y el  acceso a la justicia.  9  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2009). “Caso Tristán  Donoso vs. Panamá”; fundamento 153. 10  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2008). “Caso Apitz  Barbera vs. Venezuela”; fundamento 77. 11  Véase a fojas cuarenta y dos del expediente administrativo. 12  Véase a fojas 462 a 463 del expediente principal. 13  […] en principio debe entenderse la Valoración como la técnica aduanera que  permite determinar cuál (sic) es el valor de la mercancía para efectos del cálculo  de los impuestos aduaneros y que en el lenguaje tributario puede denominarse  como “base imponible” o base de cálculo del tributo. Dicha técnica debe efectuarse  en cumplimiento de una serie de principios y normas materia de las Definiciones  de Valor contenidas en los acuerdos supranacionales y en las legislaciones  nacionales.  COSÍO JARA, Fernando (2014). Tratado de derecho aduanero. Lima, Jurista  Editores; p. 416. 14  Suscrito en Marrakesh, Marruecos, el quince de abril de mil novecientos noventa y  cuatro 15  El artículo 8 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo  General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, establece, entre otros  aspectos, que “el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en  que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en aduana,  corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado o  por pagar por las mercancías importadas”. El artículo 8 prevé también la inclusión  en el valor de transacción de determinadas prestaciones del comprador en favor  del vendedor, que revistan más bien la forma de bienes o servicios que de dinero. 16  Véase a fojas cuarenta y dos a cuarenta y cinco del expediente administrativo. 17  MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento  Administrativo General. Tomo I. Lima, Gaceta Jurídica; p. 91.  18  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, del  veintiuno de febrero de dos mil veintidós, véase a fojas ciento setenta y siete a  ciento setenta y nueve del cuaderno de casación. 19  Artículo 16.- Obligación de suministrar información. Cualquier persona directa o  indirectamente relacionada con las operaciones de importación de las mercancías  de que se trate o con las operaciones posteriores relativas a las mismasmercancías, así como cualquier persona que haya actuado ante la Aduana en  relación con la declaración en aduana de las mercancías y la declaración del valor,  a quien la autoridad aduanera le haya solicitado información o pruebas a efectos  de la valoración aduanera, tendrá la obligación de suministrarlas oportunamente,  en la forma y en los términos que se establezcan en la legislación nacional. 20  Artículo 17.- Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado. Cuando  le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga  motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos  o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración  de Aduanas solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y  pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa  la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas,  ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre  Valoración de la OMC. El valor en aduana de las mercancías importadas no  se determinará en aplicación del método del Valor de Transacción, por falta de  respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas  no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en  la forma antes prevista. 21  Artículo 18.- Carga de la prueba. En la determinación del valor en aduana, así como  en las comprobaciones e investigaciones que emprendan las Administraciones  Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, en relación con  la valoración, la carga de la prueba le corresponderá, en principio, al importador  o comprador de la mercancía. Cuando el importador y el comprador no sean la  misma persona, la carga de la prueba corresponderá tanto al importador como al  comprador de la mercancía importada; y cuando el importador o comprador sea  una persona jurídica a su representante legal y al autorizado para hacerlo en su  nombre. C-2136203-12