CASACIÓN Nº 12598-2017 LIMA
SUMILLA: El colegiado de mérito ni la administración  pueden desconocer un extremo del contrato generado  por la libertad contractual, consistente en la provisión de  bienes, amparándose en que el contrato llave en mano es  global y abarca la prestación de servicios en su totalidad,  pese a que reconocen que ha existido la provisión de dicho  bienes, soslayado el principio de verdad material, aplicable  supletoriamente conforme a la Norma IX del código tributario,  que regula que la Administración Tributaria debe verificar  plenamente os hechos. Lima, ocho de julio de dos mil veintidós. - VISTA:La causa número doce mil quinientos noventa y ocho,  guion dos mil diecisiete, guion LIMA; en audiencia pública de  la fecha, y luego de efectuada la votación con arreglo a ley,  interviniendo como ponente el señor juez supremo,  Bustamante Zegarra, con la adhesión de los señores jueces  supremos: Wong Abad, Barra Pineda y Dávila Broncano; y,  con el voto en discordia del señor juez supremo Martínez  Maraví, con la adhesión de los señores jueces supremos  Rueda Fernández y Cartolin Pastor, se emite la siguiente  Sentencia:I.1. OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓNSe  trata del recurso de casación interpuesto por la empresa SAC  PERÚ Sociedad de Responsabilidad Limitada, de fecha  cinco de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas novecientos  quince del expediente principal, contra la sentencia de vista  contenida en la resolución número cuarenta y uno, emitida por  la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha dieciséis de  mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ochocientos  setenta, que revocó la sentencia apelada contenida en la  resolución número veintiuno, de fecha treinta de marzo de dos  mil dieciséis, obrante a fojas seiscientos cuarenta y siete, que  declaró fundada en parte la demanda, y reformándola, la  declara infundada en todos sus extremos; en los seguidos  por SAC Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada contra  la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria – SUNAT y otro, sobre acción contencioso  administrativa.I.2. CAUSALES POR LAS CUALES SE HA  DECLARADO  PROCEDENTE  EL  RECURSO  DE  CASACIÓNMediante auto calificatorio de fecha veinticinco de  setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento ochenta  y uno del cuaderno de casación formado en esta SalaSuprema, se declaró PROCEDENTE el recurso de casación  interpuesto por SAC PERÚ Sociedad de Responsabilidad  Limitada,  por  las  siguientes  causales:a)  Infracción  normativa por vulneración del principio de congruencia  procesal contenido en el artículo VII del Título Preliminar  del Código Procesal Civil y, el artículo 370 del Código  Procesal Civil. Refiere que la sentencia de vista ha vulnerado  dicho principio, al resolver las apelaciones presentadas por la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria y el Tribunal Fiscal en atención a argumentos  distintos y no en atención a los supuestos (y negados)  agravios expresados en las impugnaciones, como si la  segunda instancia no fuese una de revisión, sino de análisis  integral de las posiciones de las partes; agregando que no  hay duda de que la referida sentencia de vista contraviene  flagrantemente el principio de congruencia. Asimismo, señala  que este vicio termina conculcando el derecho al debido  proceso y a la defensa de SAC Perú Sociedad Cerrada de  Responsabilidad Limitada, al no haber tenido oportunidad  alguna de pronunciarse respecto de aquellos aspectos que  -no habiendo sido parte de la defensa contenida en las  respectivas apelaciones de los demandados (ni en ninguno  de los escritos previamente presentados por ellas al interior  del proceso), y, menos aún, de los vicios detectados por la  Sala Superior en su primer pronunciamiento- han sido  invocados por este mismo Colegiado como sustento de su  ilegal decisión.b) Infracción normativa de las normas que  garantizan el derecho a la debida motivación de las  resoluciones judiciales como el derecho integrante del  debido proceso. Sostiene que, la sentencia de vista omite  toda consideración a los argumentos expuestos en la  demanda mediante los cuales, justamente, refuta tales  hechos; agrega que, también se omite pronunciar sobre la  motivación que específicamente solicitó a la Juez de primera  instancia al declarar nula la primera sentencia parcialmente  favorable para SAC Perú Sociedad de Responsabilidad  Limitada; consecuentemente, se ha desestimado la demanda  por un aspecto no tocado en segunda instancia. Y si bien, en  sede de apelación este tema no fue abordado por SAC Perú  Sociedad de Responsabilidad Limitada, por no ser una  cuestión controvertida, lo cierto es que en su demanda sí ha  demostrado que en el presente caso, sí existía vasto material  probatorio que identificaba y distinguía las diversas  prestaciones al interior del contrato y los valores pecuniarios  correspondientes a cada una de ellas, y que, en todo caso si  para el Tribunal Fiscal dicho material probatorio no era  suficiente en observancia del principio de verdad material, le  correspondía realizar las comprobaciones o verificaciones del  caso, a fin de esclarecer este aspecto dada su relevancia, y  adquirir certeza respecto a la validez de los reparos.c)  Infracción normativa por vulneración del principio de  legalidad en materia tributaria contenido en el artículo 74  de la Constitución Política del Estado y los artículos IV y  VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del  Código Tributario. Indica que, la propia Sala Superior que  anuló la primera sentencia, en su momento advirtió la  necesidad de que el pronunciamiento de la controversia se  sustente en una norma legal, ahora emite un pronunciamiento  sin tal sustento legal, sin refutar los fundamentos ampliados  por la Juez en razón a su pedido, y peor aun recurriendo a  puntos que nunca fueron levantados por las demandadas en  sus respectivos recursos de apelación y, que por lo tanto,  fueron ajenos al debate de segunda instancia, como lo explica  en la primera y segunda infracción normativa.d) Infracción  normativa por aplicación indebida del artículo 177  numeral 13 del Código Tributario, de los artículos 6, 9, 71  y 76 de la Ley del Impuesto a la Renta y del artículo 39  inciso g) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la  Renta. Manifiesta que la Sala Superior pretende erigir como  sustento legal de la sentencia de vista, partiendo de la premisa  errónea de que la totalidad de prestaciones del contrato de  “llave en mano” deben ser consideradas como si fueran  prestaciones de hacer; sin embargo, lo que no existe en  ninguna parte de la sentencia de vista es el sustento legal  para arribar a dicha premisa errónea; siendo que, lo cierto es,  que no existe norma alguna que habilite a la Administración  Tributaria a subsumir a las prestaciones de hacer dentro de  las prestaciones de dar para efectos tributarios, he ahí  justamente la vulneración del principio de legalidad en materia  tributaria.e) Infracción normativa del artículo 28 del  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (aprobado  por Decreto Supremo N° 122-94-EF). Basado en que, ante  la ausencia de regulación de los contratos de llave en mano  en nuestro ordenamiento jurídico y siendo que las prestaciones  contenidas en estos son absolutamente identificables y  autónomas, es perfectamente posible que a cada prestación  se le aplique las normas de nuestro ordenamiento que la  regule, lo que justamente ocurre en el caso del artículo 28 delReglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la cual dispone  expresamente el tratamiento tributario de determinado tipo de  prestaciones de hacer al interior del contrato de llave en  mano, demostrando con ello, que no corresponde aplicar a  este tipo de contratos un tratamiento tributario único;  añadiendo que el mencionado artículo 28 del Reglamento de  la Ley del Impuesto a la Renta ha sido abiertamente obviado  por la Sala Superior al momento de emitir la sentencia de  vista.f) Infracción normativa por vulneración del principio  de no confiscatoriedad contenido en el artículo 74 de la  Constitución Política. Indica que la sentencia de vista no ha  advertido que al validar la posición de la Administración  Tributaria termina vulnerando gravemente el principio de no  confiscatoriedad, al aplicar de forma irrazonable las  disposiciones tributarias que regulan el Impuesto General a  las Ventas, toda vez, que es absurdo que le exija tributar el  Impuesto General a las Ventas dos veces sobre un único  hecho económico, por la vía de una mera interpretación o  elucubración sobre que el valor de esos bienes se encuentra  subsumido en el valor de un único servicio y, por ende, tal  valor quedará afectado por el Impuesto General a las Ventas,  bajo dos hipótesis de incidencia simultáneamente como el  valor de bienes importados y como el valor de un servicio  utilizado en el país; adicionando que esta doble imposición o  gravamen sobre un mismo valor o mismo hecho económico,  resulta sin duda alguna confiscatoria.I.3. DICTAMEN FISCAL  SUPREMODe conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo  N° 1206-2018-MP-FN-FSTCA, obrante a fojas ciento noventa  y siete del cuaderno de casación, por el cual el Fiscal Supremo  opina que se declare fundado el recurso de casación  interpuesto por la empresa SAC Perú Sociedad de  Responsabilidad Limitada, contra la sentencia de vista; en  consecuencia, se revoque la misma y reformándola, se  confirme la sentencia de primera instancia que declaró  fundada  la  demanda.II.  CONSIDERANDO:PRIMERO.-  ANTECEDENTESPrevio al análisis y evaluación de las  causales expuestas, resulta pertinente realizar un breve  recuento de las principales actuaciones vinculadas con el  desarrollo de la presente causa judicial, según lo siguiente:1.1.  DEMANDA: Con fecha veintiocho de febrero de dos mil doce,  obrante a fojas ciento sesenta y uno, SAC Perú Sociedad de  Responsabilidad Limitada, interpone demanda contra el  Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de  Administración Tributaria y Aduanera - SUNAT, solicitando  lo siguiente: Primera pretensión principal: la declaración de  nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 18177- 1- 2011, en el extremo que confirmó la Resolución de  Intendencia N° 0150140005347 respecto al reparo por  Impuesto General a las Ventas, por utilización de servicios de  no domiciliados del período setiembre – dos mil dos y, las  multas impuestas por no haber retenido el Impuesto a la  Renta de sujetos no domiciliados en el período setiembre –  dos mil dos. Primera pretensión accesoria a la primera  pretensión principal: se declare la nulidad parcial de la  Resolución de Intendencia N° 0150140005347, en el extremo  que confirma la Resolución de Determinación N° 012-003- 0007162 por reparo al Impuesto General a las Ventas por  utilización de servicios de no domiciliados del período  setiembre – dos mil dos, y la Resolución de Multa N° 012-002- 0007050, impuesta por no haber retenido el Impuesto a la  Renta de sujetos no domiciliados en el período setiembre –  dos mil dos. Segunda pretensión accesoria a la primera  pretensión principal: se declare la Nulidad de la Resolución de  Determinación N° 012-003-0007162 por reparo al Impuesto  General a las Ventas por utilización de servicios de no  domiciliados del período setiembre – dos mil dos, y la  Resolución de Multa N° 012-002-0007050 impuesta por no  haber retenido el Impuesto a la Renta de sujetos no  domiciliados en el período setiembre – dos mil dos. Y segunda  pretensión principal: declarada la nulidad de las resoluciones  impugnadas con la demanda, se ordene a la Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria cumpla  con devolver a la demandante SAC Perú Sociedad de  Responsabilidad Limitada, los montos que esta haya pagado  a la Administración Tributaria como consecuencia de la  ejecución de dichas resoluciones, más los intereses legales  devengados hasta la fecha de su devolución efectiva.La  empresa actora argumenta que: a) en virtud del contrato  celebrado entre Alcatel Submarine Networks de Francia y  South American Crossign Ltd., para el desarrollo y  construcción del proyecto Cruce Sudamericano Sociedad  Anónima Cerrada para el diseño construcción, instalación,  suministro de energía y entrega de un sistema de cable de  fibra óptica para telecomunicaciones que bordearía todo el  territorio sudamericano. Cediendo esta última empresa sus  derechos y obligaciones a la demandante en la parte del  sistema que se ubicaría en el Perú; b) el referido contrato  “llave en mano” si bien se fijó un precio fijo o global, esteincluye varias prestaciones a ser desarrolladas por Alcatel en  el marco de su ejecución, tal es así que en las planillas anexas  al contrato las partes disgregaron que proporción del precio  correspondía a cada uno de los segmentos; así como el  desglose del precio entre los diversos suministros y trabajos  de instalación e ingeniería a ser desarrollados en cada  segmento, esto es, Alcatel facturó de manera diferenciada el  valor de los servicios y respecto del valor de los bienes  suministrados por lo que se debe aplicar el tratamiento  tributario especifico que correspondía; c) manifiesta que  cumplió con retener el Impuesto a la Renta de no dominado,  pagar el Impuesto General a las Ventas por la utilización de  servicios de no domiciliado, únicamente sobre la parte de la  retribución que corresponde a los servicios ejecutados por  Alcatel, pues el suministro de bienes desde el exterior no  constituye un hecho gravado bajo las normas tributarias  peruanas.1.2. CONSTESTACIONES DE LA DEMANDA1.2.1.  El TRIBUNAL FISCAL: Mediante escrito de fecha veintinueve  de marzo de dos mil doce, obrante a fojas doscientos  veintiséis, contesta la demanda solicitando se declare  improcedente la demanda, o en su caso infundada. Sostiene  que sostiene que no desconoce que en los hechos existió  suministro de bienes desde el exterior, pero en vista de que no  se puede disgregar las prestaciones del servicio con las de  suministro de bienes, y siendo que la mayor cantidad de  prestaciones son de servicios; interpreta que el suministro de  bienes forma parte del servicio contratado por lo que se  adopta la naturaleza de prestación de hacer.1.2.2. La SUNAT,  por su parte, con escrito de fecha doce de junio de dos mil  doce, obrante a fojas doscientos setenta y cuatro, contesta la  demanda, argumentando que la demandante si debió pagar  el Impuesto General a las Ventas y retener el Impuesto a la  Renta sobre la parte de retribución abonada por Alcatel por el  suministro de bienes desde el extranjero. Considera ello, pues  el contrato llave en mano exige una única obligación de  resultados, lo que impide discriminar las prestaciones de  diversa naturaleza, por lo que concluye que el total del abono  efectuado por Alcatel debía entenderse como retribuciones  por prestaciones de un servicio en el país, desconociendo  que existió un suministro de provisión de bienes. Siendo que  la mayor parte de la retribución pagada a Alcatel compensaba  el valor de trasferencia de tales bienes físicos (obligaciones  de dar) y no un suministro (obligación de hacer).1.3. ÚLTIMA  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: mediante resolución  número veintiuno, obrante a fojas seiscientos cuarenta y  siete, se emite la sentencia que declaró fundada en parte la  demanda, en consecuencia, nulos los actos administrativos  emanados; seguidamente ordenó a la Administración  Tributaria emitir nuevo pronunciamiento; expresando que  carece de objeto pronunciarse sobre la segunda pretensión  principal.El Juzgado de instancia fundamentó su decisión en  base a los siguientes argumentos principales: a) que la  calificación económica de lo que comprende las operaciones  de venta y servicios dentro del contexto tributario, están  incluidos o incorporados en el supuesto de hecho de la norma  tributaria contenida en el artículo 1 del Decreto Legislativo  821, el cual descubre la real operación económica y no el  negocio civil que realizaron las partes como es el contrato  “llave en mano”; b) en el presente caso, se aplica la teoría de  la calificación múltiple en atención a que en la norma especial  de la materia no hay disposición expresa que ordene que el  tratamiento tributario aplicable a este tipo de contrato sui  generis y atípico sea el de un régimen jurídico único y propio  que corresponde a las prestaciones “de hacer”, porque las  diferentes prestaciones que la integran forman parte de una  única obligación global de resultado, esto es “de hacer”, pues  entender esto implicaría forzar la norma aplicando allá de lo  que la norma tributaria ordena; c) así, el juez señala que se  encuentra impedido en asumir que la obligación tributaria  debe partir de análisis económico si el mismo no está  planteado en la norma tributaria, que es independiente a la  denominación del negocio jurídico pactado por las partes o su  naturaleza jurídica civil que se le otorgue.1.4. ÚLTIMA  SENTENCIA DE VISTA: mediante resolución número  cuarenta y uno, obrante a fojas ochocientos setenta, se emite  la sentencia de vista que resuelve revocar la sentencia de  primera instancia, de fojas seiscientos cuarenta y siete; y  reformándola, declaró infundada la demanda en todos sus  extremos.El Colegiado Superior consideró que: a) El apartado  1 del inciso c) del artículo 3 e inciso d) del artículo 4 de la Ley  del Impuesto General a las Ventas, aprobado mediante  Decreto Supremo N° 055-99-EF, así como el inciso b) del  numeral 1 del artículo 2 del Reglamento de la citada Ley,  mediante el contrato denominado “llave en mano”, el  contratista se comprometió a desarrollar y construir un  sistema de cables de fibras ópticas para telecomunicaciones  en el territorio nacional, el cual si bien involucra el suministro  de bienes, constituye esencialmente un contrato de servicios,atendiendo a la especial naturaleza jurídica del referido  contrato que implica el pago de un monto global por todo  concepto y la alta especialización del contratista; b) por tal  razón, no es factible discernir si los comprobantes de pago  reparados, correspondían al pago por suministro de bienes y  que los pagos anteriores correspondieron al pago del servicio  prestado; c) en consecuencia, la empresa demandante  estaba sujeta al Impuesto General a las Ventas por utilización  de servicios; así como, al de agente de retención respecto del  Impuesto a la Renta por los servicios prestados por la  contratista no domiciliada, efectuados en territorio nacional  para la construcción de la obra, incurriendo en la infracción  prevista en el numeral 13 del artículo177 del Código Tributario. SEGUNDO.-  CONSIDERACIONES  PREVIAS  DEL  RECURSO DE CASACIÓN2.1. En primer lugar, debe tenerse  en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por  objeto, el control de las infracciones que las sentencias o los  autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo  para tal efecto de los hechos considerados probados en las  instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego  examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a  aquellos hechos. No bastando la sola existencia de la  infracción normativa, sino que se requiere que el error sea  esencial o decisivo sobre el resultado de lo decidido.2.2. En  ese entendido la labor casatoria es una función de cognición  especial, sobre vicios en la resolución por infracciones  normativas que inciden en la decisión judicial, ejerciendo  como vigilantes el control de derecho, velando por su  cumplimiento “y por su correcta aplicación a los casos  litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la  función jurisdiccional.”1, revisando si los casos particulares  que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la  normatividad jurídica, correspondiendo a los Jueces de  Casación cuestionar que los Jueces encargados de impartir  justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en  la solución de los conflictos.2.3. Así también, habiéndose  acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica,  debe apuntarse que esta no abre la posibilidad de acceder a  una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del  conflicto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro  Tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien  un recurso singular que permite acceder a una Corte de  Casación para el cumplimiento de determinados fines, como  la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto  y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia de la República.2.4. Ahora bien, por  causal de casación, se entiende al motivo que la ley establece  para la procedencia del recurso2, debiendo sustentarse en  aquellas anticipadamente señaladas en la ley, pudiendo, por  ende,  interponerse  por  apartamento  inmotivado  del  precedente judicial, por infracción de la Ley o por  quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de  casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de  leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta de  congruencia de lo decidido con las pretensiones formuladas  por las partes y la falta de competencia. Los motivos por  quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el  proceso, por lo que, en tal sentido, si bien todas las causales  suponen una violación de la ley, también lo es que estas  pueden darse en la forma o en el fondo.PRONUNCIAMIENTO  SOBRE LAS CAUSALES PROCESALESTERCERO.- DE LA  INFRACCIÓN NORMATIVA POR VULNERACIÓN DEL  PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL CONTENIDO  EN EL ARTÍCULO VII DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL  CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y, EL ARTÍCULO 370 DEL  CÓDIGO PROCESAL CIVI E INFRACCIÓN NORMATIVA DE  LAS NORMAS QUE GARANTIZAN EL DERECHO A LA  DEBIDA  MOTIVACIÓN  DE  LAS  RESOLUCIONES  JUDICIALES COMO DERECHO INTEGRANTE DEL DEBIDO  PROCESO, PREVISTOS EN LOS INCISOS 3 Y 5 DEL  ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL  PERÚ3.1. En principio, habiéndose deducido dos causales  procesales en casación, las mismas que se encuentran  íntimamente vinculadas, resulta idóneo que se emita un  pronunciamiento en forma conjunta.3.2. Corresponde  señalar en primer término que existirá infracción normativa del  inciso 3 del artículo 1393 de la Constitución Política del  Estado, cuando en el desarrollo del proceso no se ha  respetado el derecho de las partes, se ha obviado o alterado  actos de procedimientos, la tutela jurisdiccional no ha sido  efectiva, el órgano jurisdiccional deja de motivar sus  decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara  transgresión de la normatividad vigente y de los principios  procesales.3.3. Es así que el derecho a un debido proceso  y la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como el  principio de la función jurisdiccional en el inciso 3 del artículo  139 de la Constitución Política del Estado, garantiza al  justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órganojurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir  justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza  impone; así mientras la tutela judicial efectiva supone tanto el  derecho al acceso a los órganos de justicia como la eficacia  de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción  genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de  acción frente al poder – deber de la jurisdicción, el derecho al  debido proceso en cambio significa la observancia de los  principios y las reglas esenciales exigibles dentro del proceso,  entre ellas, motivación de las resoluciones judiciales, y el  principio de congruencia procesal.3.4. El principio procesal de  la motivación de las resoluciones judiciales se halla  consagrado en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución  Política del Estado, el cual tiene como finalidad principal el de  permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico  jurídico empleado por las instancias de mérito para justificar  sus decisiones jurisdiccionales y así pueda ejercer  adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser  el caso, el contenido y la decisión asumida. Esta motivación  escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para  los magistrados, tal como lo establecen los artículos 504 inciso  6, 1225 inciso 3 del Código Procesal Civil y el artículo 126 del  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;  y, dicho deber implica que los juzgadores señalan en forma  expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a las  que esta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos  que sustentan su decisión, respetando los principios de  jerarquía normativa y de congruencia.3.5. En otras palabras,  la motivación o fundamentación de las resoluciones judiciales  se traduce en la explicación detallada que debe realizar el  juez de los motivos que han conllevado a la decisión final. En  esta fundamentación debe existir conexión lógica entre los  hechos narrados por las partes (demandante y demandado),  y las pruebas aportadas por ellos, coherencia y consistencia  en sus razonamientos. Para que una motivación sea real y fiel  reflejo de una aplicación racional del ordenamiento jurídico  debe necesariamente fundarse en derecho, lo que significa  que la norma seleccionada debe estar en estricta  correspondencia con el petitorio y los fundamentos, dispositivo  legal que debe ser válido y vigente, y en caso de no ser  vigente, si corresponde su aplicación o no al caso en  concreto.3.6. El Tribunal Constitucional en el expediente N°  1480-2006-AA/TC en relación con la motivación de las  resoluciones judiciales, ha puntualizado que: “el derecho a la  debida motivación de las resoluciones importa que los jueces,  al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones  objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión.  Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento  jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos  debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin  embargo, la tutela del derecho a la motivación de las  resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto  para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya  decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el  análisis de si en una determinada resolución judicial se ha  violado o no el derecho a la debida motivación de las  resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios  fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de  modo que las demás piezas procesales o medios probatorios  del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para  contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto  de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo  de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de  la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de  constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo  donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e  imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin  caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del  derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la  valoración de los hechos”.En cuanto al principio de  congruencia procesal, contemplado en el artículo VII del  Título Preliminar del Código Procesal Civil, a través del cual el  legislador impone al juzgador una regla de adecuación para el  ejercicio del poder jurisdiccional que ejerce dentro del  proceso, estableciendo para tal fin que la actividad realizada  por este al interior de la litis deberá necesariamente ceñirse a  lo peticionado por las partes (tanto positiva [deber de  pronunciarse sobre todo lo pedido] como negativamente  [prohibición de ir más allá de lo pedido]) y mantenerse sobre  la base de los hechos expuestos por ellas, bajo el gobierno  del principio dispositivo, sin poder incorporar a la controversia  hechos no alegados por ellas.3.7. Ahora bien, de la revisión  de la sentencia de vista, tenemos que en la parte expositiva  se detallan los agravios deducidos por todas las partes, ya  que tanto la SUNAT, como el Tribunal Fiscal y SAC Perú  Sociedad de Responsabilidad Limitada apelaron la sentencia  de primera instancia; los primeros-demandados cuestionando  la posición asumida por la jueza de la causa respecto a lanaturaleza jurídica del contrato “llave en mano” y la última- demandante únicamente respecto a la segunda pretensión  principal, cuestionado la falta de pronunciamiento de plena  jurisdicción.3.8 Asimismo, en los considerandos cuarto y  quinto se analizan los marcos fácticos y jurídicos relativos a la  controversia, como son el Texto Único Ordenado de la Ley del  Impuesto General a las Ventas y su Reglamento y los  alcances del contrato celebrado entre Alcatel y SAC Perú  Sociedad de Responsabilidad Limitada, sobre el proyecto  denominado  “cruce  sudamericano”,  los  derechos  y  obligaciones sumidos por las partes3.9. En el considerando  sexto y siguientes, la Sala Superior examina las características  de los contratos “llave en mano”, las diversas teorías sobre el  mismo y, señala que por no estar recogido en ninguna norma,  se trata de un contrato atípico; por ello, para el entendimiento  de su naturaleza jurídica, acude a las definiciones de algunos  autores, las cuales señalan principalmente que: “las  obligaciones del contratista en este tipo de contratos es la de  asumir tanto el diseño y la construcción de una obra va más  allá de los riesgos que este implique para poner en  funcionamiento dicha instalación, y es que, la alta  especialización del contratista hace que en su libre gestión (lo  que no excluye que ciertos aspectos sean definidos en el  contrato), sea el responsable del diseño, la obtención de los  suministros, asistencia tecnológica y todo lo que sea necesario  a fin que le permitan concluir la obra para la cual fue contratado  y garantizar la puesta en marcha o funcionamiento de la  misma.” Luego de lo cual, la Sala Superior concluye que debe  aplicarse la Teoría de la Calificación Autónoma, vinculada a  “las diversas prestaciones que la integran forman parte de  una única obligación global de resultado”, que presenta sus  propias características y su propia regulación, en un ámbito  internacional  ante  una  inadecuada  regulación  local,  precisando que constituye esencialmente un contrato de  servicios, atendiendo a la especial naturaleza jurídica del  referido contrato que implica el pago de un monto global por  todo concepto y la alta especialización del contratista, máxime  que, en el caso concreto no se pueden separar los pagos por  suministro de bienes de los pagos por prestaciones del  servicio.3.10. De otro lado, analizando el caso en concreto, la  sentencia de vista sostiene que el objeto del contrato de llave  en mano fue la creación de prestaciones “de dar” y “de hacer”;  teniendo como finalidad común de los contratantes, la puesta  en marcha de un sistema de cable de fibras ópticas para  telecomunicaciones que bordearía toda Sudamérica, en la  cual el contratista, Alcatel, será el responsable de diseñar,  construir, instalar, fabricar y suministrar (materiales, planta,  maquinaria, equipos, hardware) todo lo necesario para la  terminación de la obra, en lo que respecta al territorio peruano;  considerando a Alcatel como responsable global de la obra.  Asimismo, la resolución recurrida si bien toma en cuenta que  los contratantes, a través de un acto de autonomía privada,  han creado un reglamento de intereses desarrollado en el  contrato, y pese, a no desconocer el suministro de bienes,  colige que no se identifica con claridad los bienes usados en  la obra, pues fueron formulados en términos generales sin  contener dicho contrato detalle de los bienes involucrados.3.11.  Finalmente, la Sala Superior, respecto al agravio de la parte  demandante, enfatiza que la empresa recurrente no aportó  medio probatorio destinado a acreditar que los comprobantes  de pago reparados, únicamente correspondían a los bienes, y  que si bien adjuntó a su escrito de demanda “planillas de  aprovisionamiento resumen”, ello no sería suficiente para  sostener que los montos allí precisados formen parte de los  importes reparados por los comprobantes N° 002-00074 con  registro  N°  91000013974,  N°  91000013975  y  N°  91000013993N de fecha treinta de setiembre de dos mil dos,  más aún, cuando no existe la certeza de que los bienes  detallados en dicho resumen, hayan sido usados en la obra  del territorio nacional. Agrega a lo anterior “que no es posible  determinar que con ocasión del contrato suscrito entre  ALCATEL  y  la  recurrente,  la  referida  planilla  de  aprovisionamiento sea la misma que fuese estipulada por  ambas partes, y que incluso no se presentó en la etapa  administrativa”. Para concluir que, no es posible determinar  del precio fijado, cuál corresponde a bienes y cuál a servicios,  y que al ser la prestación dominante en este contrato el  servicio, los comprobantes de pago consistirían principalmente  por prestación de servicios brindados por Alcatel, a los que la  empresa demandante debió retener por los impuestos  correspondientes al realizarse los servicios en territorio  nacional, lo que no ha ocurrido, generándose con ello  infracción al artículo 177 del Código Tributario, concluyendo  que el reparo de la Administración se ajusta a derecho.3.12.  Discrepando respetuosamente del voto de la Magistrada  Ponente, por los principios de economía procesal y celeridad,  teniéndose en cuenta que esta causa lleva más de siete años  de trámite en la vía judicial y diez años anteriores de trámiteen la vía administrativa, por un reparo del ejercicio fiscal – dos  mil dos; estando a que el Tribunal Constitucional ha  desarrollado ampliamente el principio del plazo razonable  para resolver una controversia, conforme a las sentencias  recaídas en los expedientes Nº 295-2012-PHC/TC y Nº  02736-2014-PHC/TC, estableciendo que el derecho al plazo  razonable del proceso o a ser juzgado dentro de un plazo  razonable constituye una manifestación implícita del derecho  al debido proceso y que importa un pronunciamiento definitivo  de fondo del asunto en el plazo más breve posible. Por su  parte, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante  Resolución Administrativa Nº 002-2014-CE-PJ, resolvió que,  como regla general, aunque existan errores de hecho o de  derecho en la motivación, el órgano jurisdiccional competente  deberá emitir un pronunciamiento de fondo subsanando o  corrigiendo los defectos formales o la motivación insuficiente  o indebida; criterio que también guarda relación, en el ámbito  del recurso de casación, con la última parte del artículo 397  del Código Procesal Civil, que establece que no se casará la  sentencia por el solo hecho de estar erróneamente motivada,  debiendo hacerse la correspondiente rectificación.3.13. Por lo  tanto, en el caso concreto y en mérito a lo expuesto, considero  que no resulta razonable declarar la nulidad de la sentencia  de vista, a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento,  pues la Sala revisora cumplió con fundamentar y motivar la  resolución materia de cuestionamiento, ya que ha dado  respuesta al planteamiento esencial generado en dicho  proceso, al asumir una posición respecto a la naturaleza y los  efectos del contrato de “llave en mano”, su aplicación al caso  en concreto, y las consecuencias tributarias derivadas de ella,  aunque la parte actora no comparta dicho criterio.3.14. Siendo  ello así, se concluye que la sentencia recurrida contiene la  suficiente justificación fáctica y jurídica de la decisión  adoptada, en tal sentido, no se advierte infracción  normativa del principio de congruencia procesal, del  debido proceso, ni de la motivación de las resoluciones  judiciales, al haber expresado el Colegiado de mérito, las  razones de su decisión, motivos por los cuales devienen en  infundadas las causales procesales de los recursos de  casación descritos en el literales a) y b) del acápite I.2. del  presente voto en discordia.PRONUNCIAMIENTO SOBRE  LAS CAUSALES MATERIALESCUARTO.- BASE FÁCTICA  ESTABLECIDA POR LA INSTANCIA DE MÉRITOCon la  finalidad de verificar la adecuada aplicación del derecho  objetivo en el presente caso, se procede a señalar la base  fáctica establecida por las instancias de mérito, de la siguiente  forma:- Por contrato de fecha treinta de julio de mil novecientos  noventa y nueve, South American Crossing Ltd. suscribió con  Alcatel Submarine Network, empresa domiciliada en Francia,  un contrato para el establecimiento de un sistema de cable de  fibras ópticas que bordearían todo el continente sudamericano  denominado “cruce sudamericano”, siendo que dicho sistema  conectaría estaciones de cable ubicadas en diversos países,  tales como Brasil, Argentina, Chile y Perú, entre otros,  divididos en segmentos que van desde el A al I.- El uno de  enero del dos mil, mediante addendum del referido contrato,  South American Crossing Ltd, cedió a la empresa actora sus  derechos y obligaciones respecto del segmento que  correspondía a territorio peruano. Siendo que el precio inicial  por el mismo ascendería a setecientos cuarenta y tres  millones ciento sesenta y tres mil setecientos cincuenta y un  dólares americanos (US$ 743 163,751). lo que excluía los  gastos CIF pero no el costo de las mejoras y variaciones del  contrato estipuladas en la cláusula 6.- Posteriormente, al  resultado del Requerimiento de Fiscalización N° 00151492 y  anexos, que obran de fojas cuatrocientos cuarenta y siete a  cuatrocientos setenta y seis del expediente administrativo, la  Administración Tributaria determinó, que sobre la base de la  documentación presentada por la contribuyente (hoy  demandante), que la empresa no domiciliada ALCATEL  acordó realizar el trabajo y las mejoras en base a un proyecto  completo “llave en mano”, que incluía entre otros, el  suministros de materiales y maquinaria, encontrándose  gravados con el Impuesto General a las Ventas y, por ende, la  empresa demandante debía retener y pagar al fisco lo  correspondiente al Impuesto a la Renta por los servicios  prestados por la empresa no domiciliada, los que fueron  desarrollados según al siguiente cuadro: Ahora bien, de la base fáctica anotada precedentemente, se  colige que las partes en el presente proceso han discutido y  tomado posición sobre la diversidad de teorías del contrato“llave en mano”, buscando aplicar alguna que más se ajuste  a sus fines. Tal es así que la Administración Tributaria se ha  adherido a la Teoría de la Calificación Global o Autónoma,  mientras que la empresa demandante asume la postura de  la Teoría de la Calificación Múltiple. Es así como, las  instancias de mérito, para resolver la controversia, también  han tenido que asumir una postura al respecto; siendo que la  última instancia, ha considerado que como el contrato  implicó el pago de un monto global como contraprestación  de todo el servicio prestado, correspondía que la empresa  actora  efectué  las  retenciones  por  los  impuestos  correspondientes por la prestación de los servicios en  territorio nacional. Por ello, procedió a revocar la sentencia  de primera instancia.Por tanto, en este escenario, y afectos  de absolver las casuales de carácter material denunciadas  por la empresa recurrente, resulta necesario realizar, por  este Supremo Tribunal, el análisis sobre la naturaleza  jurídica  del  contrato  “llave  en  mano”.QUINTO.-  NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO “LLAVE EN  MANO”5.1. Según la doctrina (Cabrera Colorado)7 “el  término “turnkey” tiene su origen en el sector de la  construcción, la industria de gas y el petróleo en los Estados  Unidos de América”. A partir de allí se infiere que el contrato  “llave en mano” nace de la práctica empresarial, de la  costumbre estadounidense, donde el derecho no se genera  por la imposición del legislador, como es propio del Perú,  que se rige en esencia por un Código Civil y demás normas  establecidas en un libro respectivo; sino en la práctica de las  actividades comerciales, empresariales e industriales, que  son habituales y desarrolladas en dicho país, lo que permitió  que se crearan diversas formas de contratación y figuras  comerciales sofisticadas como el joint venture, securitizacion,  franchising, knowhow, turnkey contract, entre otros, para  llevar a cabo dichas prácticas.5.2. Por su parte (Hernández  Rodríguez)8, puntualiza que, “Lo que realmente define y  caracteriza a los contratos internacionales de construcción  «llave en mano», siendo éste el único aspecto en el que  existe un cierto consenso generalizado es, precisamente,  junto a la combinación de otras obligaciones, la asunción de  responsabilidad del contratista por la realización completa  del proyecto. En este sentido, el contrato «llave en mano» o  “Turnkey Contract” puede definirse como aquel en el que el  contratista (Contractor) se obliga frente al cliente (Client/ Owner) a cambio de un precio, generalmente, alzado, a  concebir, construir y poner en funcionamiento una obra  determinada que él mismo previamente ha proyectado. En  este tipo de contratos, el énfasis recae en la responsabilidad  global que asume el contratista frente al cliente. Esto no  significa, sin embargo, que el contratista asuma todos y cada  uno de los riesgos que se derivan de la ejecución del  proyecto. Cuestión está que dependerá en cada caso  concreto de factores de diversa índole –tipo de financiación,  obra, injerencia del cliente en la ejecución del proyecto,  etc”.5.3. A su vez, en el ámbito nacional, los tratadistas: A)  Jorge Avendaño Valdez9, sostiene que: “el contrato “llave en  mano” es un contrato atípico complejo no regulado en la  legislación peruana, el cual responda a una finalidad única  pero que no determina la existencia de una sola obligación.  Es, por tanto, posible distinguir dentro de dicho contrato  diversas obligaciones y prestaciones objeto del mismo. De  esta manera, el hecho que las partes acuerden llevar  adelante un determinado servicio a través de un contrato  llave en mano no enerva la posibilidad de que se distingan  en dicho contrato distintas prestaciones independientes a la  finalidad única del acuerdo”. A la par, B) Mario Castillo  Freyre10, sostiene que: “en los llamados contratos “llave en  mano” el contratista se obliga frente al cliente a cambio de  un precio – generalmente alzado- a proyectar, construir y  poner en funcionamiento una obra determinada que el  mismo previamente ha proyectado; así lo ha definido Duncan  Wallace. Es con ocasión de este conjunto de prestaciones a  las que se obliga el contratista, que se utiliza esta modalidad  para obras que comúnmente se ejecutan bajo modalidades  de contrato de obra a precio global o alzado, siendo también  global la responsabilidad asumida por el contratista respecto  de la ejecución integra de la obra en las condiciones  preestablecidas”.5.4. Sobre la diversidad de definiciones,  conviene extraer y resaltar algunas coincidencias y  particularidades relevantes: el contrato “llave en mano”, a  diferencia de la compraventa, arrendamiento, mutuo,  comodato y demás figuras jurídicas plasmadas por el  legislador, no se encuentra regulado en nuestro ordenamiento  jurídico, por tanto, es considerado un contrato atípico.  Asimismo, se advierte que se está ante un contrato bilateral,  donde en principio se involucran dos partes principales, una  que presta el servicio y la otra que retribuye dicho servicio,  de allí su onerosidad. También dicho contrato es innominado,  dado que sus características tampoco se encuentranreguladas en la ley.5.5. Finalmente, el objeto principal de  este contrato, es que mediante el, se busca la entrega del  bien terminado y listo para el uso, que es realizada por una  empresa especializada, quien asume el riesgo de la  ejecución del objeto principal del contrato, generalmente  sofisticado y complejo, pues contiene el diseño, la ingeniería,  la construcción, la implementación y equipamiento mecánico  o tecnológico, y demás detalles que usualmente son  establecidos en las cláusulas del contrato y permitidos por la  libertad contractual. Incidiendo sobre la libertad contractual,  es preciso anotar que el artículo 1354 del Código Civil prevé  que las partes determinan libremente el contenido del  contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de  carácter imperativo, por tanto, estos están facultados para  crear, regular, o extinguir una relación jurídica patrimonial, a  través de la voluntad y la libertad contractual.SEXTO.- DE  LA INFRACCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 74 DE LA  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; DE LOS  ARTÍCULOS IV Y VIII DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL  TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, Y  LA INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO  DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA6.1. Al respecto,  por técnica argumentativa y economía procesal, por la  vinculación  existentes  en  las  causales  indicadas  anteriormente, estás serán analizadas en forma conjunta y  como se anotó en el considerando cuarto de la presente  resolución, la controversia surge de la calificación que las  partes y ahora las instancias jurisdiccionales han efectuado  al contrato “llave en mano” suscrito entre Alcatel Submarine  Networks y South American Crossing Limited, y que este  ultima cedió a SAC Perú Sociedad de Responsabilidad  Limitada los derechos y obligaciones de dicho contrato  sobre la parte del proyecto que se ubicaría en el Perú.6.2.  De la revisión del citado contrato, se extrae las clausulas  más relevantes:Cláusula 1: Provisión del sistema: “habida  cuenta del precio del contrato y de los Precios de las  Mejoras, el contratista acuerda por el presente realizar el  trabajo y las mejoras en base a un proyecto completo, “llave  en mano” a precio fijo, y proveer al comprador el sistema que  cumpla con los requerimientos de rendimiento del sistema  en la(s) fecha(s) RFS programadas y las mejoras del sistema  que cumplan con los requerimientos de la Cláusula 6A todo  ello de conformidad con los términos aquí expresados(… )”Cláusula 3: Definiciones“Contratista significa la entidad  que ejecuta este contrato en calidad de contratista y que  será responsable de realizar el trabajo (y si procede, las  mejores) bajo este contrato, incluyendo sus sucesores  permitidos y/o asignatarios.”“Suministro significa todos los  materiales, planta, maquinaria, equipos, hardware y  elementos suministrados por el contratista bajo este  contrato”“Trabajo  significa  todas  las  actividades  y  servicios(salvo actividades y servicios que en este contrato  se especifique deban proveerse por el comprador) que  requieran ejecutarse o que deban proveerse para el  desarrollo, planificación, ingeniería, diseño, fabricación,  construcción, entrega, instalación y pruebas del sistema  hasta que el sistema esté listo para la recepción final,  incluyendo, sin limitación, la designación, coordinación y  obtención de todos los permisos excepto los permisos del  comprador, a condición de que el trabajo no incluya la  obtención de los derechos de acceso del comprador.  Independientemente de si se usa junto con el término  “suministro”, el término “trabajo” se entenderá siempre que  incluya la provisión de los suministros apropiados, a no ser  que se requiera lo contrario en el contexto”Cláusula 4:  Precio del contratoA.Precio del contrato1. El precio inicial  del contrato por el trabajo, en dólares de los EE. UU. (US$),  es de $ 743.163.751 (el precio inicial del contrato),  comprendido por el precio de $ 146,777.278 para la 1ª fase,  un precio de $ 296.692.240 para la 2ª fase y un precio de $  299.694.233 para la 3ª fase (…)”6.3. Del contenido del  mencionado contrato, se extrae que las partes pactaron no  solo el trabajo y las mejoras para la realización del proyecto,  sino además el suministro de bienes, la calidad del  contratista, las actividades y servicios que debían proveerse,  el precio fijado para la obra en sus diversas fases, entre  otros aspectos. En resumen, Alcatel Submarine Networks  (de Francia) en calidad de contratista no domiciliada debía  realizar en territorio peruano y a favor de su cliente South  American Crossing Limited, la ejecución de la obra  consistente en la construcción de un sistema de cable de  fibra  óptica  para  telecomunicaciones,  asimismo  se  encargaría de la provisión de bienes desde el extranjero.6.4.  En dicho contexto, la Administración Tributaria efectuó el  reparo del Impuesto General a las Ventas, emitiendo la  Resolución  de  Determinación  N°  012-003-00007162,  correspondiente al periodo setiembre – dos mil dos por  utilización de servicios en el país en cuanto a las facturas N°13974, Nº 13975 y Nº 13993, afirmando que estas  corresponden a la prestación del servicio; empero, ni la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria ni la Sala de mérito consideraron que estas  facturas fueron giradas por la provisión de bienes, pese que  reconocen que se refiere a dicho concepto. Sin embargo,  amparados en que el contrato llave en mano es global,  consideran la provisión de bienes como prestación de  servicios, desconociendo que dichas facturas corresponden  a bienes provisionados por la empresa no domiciliada y  utilizados en la ejecución del proyecto.6.5. De lo anterior  fluye que en virtud del contrato llave en mano, suscrita por  una empresa no domiciliada, donde se establecieron la  ejecución del proyecto y la provisión de bienes desde el  extranjero, corresponde que la empresa recurrente pague  los impuestos respectivos sobre la prestación o utilización  de servicios en el país, como efectivamente ha ocurrido,  mas no así respecto de la provisiones o suministro de  bienes, en ese sentido resulta de aplicación el artículo 28  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado  por el Decreto Supremo N° 122-94-EF, que regula el  Tratamiento  a  los  Contratos  Celebrados  por  Contribuyentes  No  Domiciliados,  estableciendo  lo  siguiente:  “Tratándose  de  contratos  celebrados  por  contribuyentes no domiciliados para la provisión de bienes  desde el extranjero o la realización de servicios a prestarse  íntegramente en el exterior o la realización de otras  actividades fuera del país no gravadas por la Ley y que,  además, incluyan la realización de obras o la prestación de  servicios en el país u otras actividades gravadas por la Ley,  el Impuesto se aplicará sólo sobre la parte que retribuya los  hechos gravados. Esta parte se establecerá con arreglo al  contrato correspondiente, a los documentos que lo sustenten  y a cualquier otra prueba que permita precisar su importe.  Cuando en dichos contratos se hubiera previsto que los  pagos se efectuarán directamente en el exterior por  entidades  financieras  del  extranjero,  el  contratante  domiciliado instruirá a tales entidades para que efectúen los  pagos con retención del impuesto que corresponda y le  remitan la suma retenida con el objeto de abonarla al Fisco  dentro de los primeros quince días del mes siguiente a aquél  en que se efectuó el pago. En todo caso dicho contratante  mantendrá su condición de responsable por el pago del  impuesto dentro del plazo referido. Si los mencionados  contribuyentes constituyen sucursales en el país para que  éstas realicen en el Perú las actividades gravadas, dichas  sucursales deberán considerar como ingreso propio la parte  que retribuya la realización de tales actividades. Igual criterio  deberá  seguirse  respecto  de  los  gastos”  (énfasis  agregado)6.6. De lo expuesto, resulta claro que el artículo  28 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta regula  un supuesto que es aplicable al caso en concreto, al tratarse  de una empresa no domiciliada que ejecuta un contrato que  tiene efectos tributarios en territorio nacional. En ese sentido,  el Colegiado de mérito ni la administración pueden  desconocer un extremo del contrato generado por la libertad  contractual, consistente en la provisión de bienes,  amparándose en que el contrato llave en mano es global y  abarca la prestación de servicios en su totalidad, pese a que  reconocen que ha existido la provisión de dichos bienes,  soslayando el principio de verdad material, aplicable  supletoriamente conforme a la Norma IX del Código  Tributario, que regula que la Administración Tributaria debe  verificar plenamente los hechos. Por consiguiente, se  advierte que la sentencia de vista ha inaplicado, al caso  concreto, lo previsto por el artículo 28 del Reglamento de la  Ley del Impuesto a la Renta, motivo por el cual, corresponde  estimar esta causal material.6.7. Por otra parte, respecto a  la infracción normativa del principio de Legalidad Tributaria  regulado en el artículo 74 de la Constitución Política del  Estado, el cual dispone que los tributos se crean, modifican  o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente  por ley o decreto legislativo en caso de delegación de  facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan  mediante decreto supremo. Asimismo, establece que el  Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los  principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de  los derechos fundamentales de la persona, además ningún  tributo puede tener carácter confiscatorio. En esa línea, la  Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario  determina que sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en  caso de delegación, se puede: Crear, modificar y suprimir  tributos; señalar el hecho generador de la obligación, la base  imponible y la alícuota. Además, conceder exoneraciones y  otros beneficios tributarios, entre otros. Como puede  advertirse, la potestad tributaria no se ejerce en forma  arbitraria o discrecional, sino que se realiza acorde y en  función de la Constitución, lo cual es una garantía para loscontribuyentes.6.8. Por otro lado, la Norma XIII del Título  Preliminar de Código anotado, prevé que al aplicar las  normas tributarias podrán usarse todos los métodos de  interpretación admitidos por el derecho, además en vía de  interpretación no podrá crearse tributos, establecerse  sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de  los señalados en la ley. Justamente esta norma es una  manifestación efectiva de la garantía y un límite que no solo  protege al contribuyente, sino también los recursos estatales,  por cuanto se asegura que la interpretación que se realicen  sobre las normas tributarias, no sean ni restrictivas ni  extensivas, sino acordes a ley.6.9. En cuanto a la infracción  normativa del principio de legalidad, previsto en las Normas  IV y VIII del Título Preliminar del Código Tributario, se  constata que el Colegiado Superior al concluir que el  contrato “llave en mano” se trata de un sola operación de  prestación de servicios, soslayando que se trata de una  operación económica compleja, donde no es factible  establecer una jerarquía entre las diversas prestaciones que  se derivan del mismo, si se evidencia la coexistencia de  diversas prestaciones conservando su autonomía a las  cuales la Administración Tributaria pueda calificar cada  operación y aplicar las consecuencias tributarias que  corresponda a cada una. La sentencia de vista infringe el  principio de legalidad desde que, sin sustento legal que la  ampare, -en tanto no hay norma expresa que señale que, a  las obligaciones de dar, se le debe dar un tratamiento  tributario como obligaciones de hacer-, consideró que los  pagos efectuados por como una prestación de servicios,  dándole efectos tributarios en ese sentido.6.10. Sobre el  principio de no confiscatoridad, la interpretación al artículo  74 de la Constitución Política del Estado realizada por el  Tribunal Constitucional, a través del expediente N° 042- 2004-AI/TC, fundamento 7: “los principios constitucionales  tributarios son límites al ejercicio de la potestad tributaria,  pero también son garantías de las personas frente a esa  potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en  la medida que su ejercicio se realice en observancia de los  principios constitucionales que están previstos en el artículo  74 de la Constitución, tales como el de legalidad, reserva de  ley, igualdad, respeto de los derechos fundamentales de las  personas y el principio de interdicción de la confiscatoriedad”.  En efecto, como contrapartida al reconocimiento expreso  que el artículo 74 de nuestra Constitución Política hace de la  potestad del Estado para crear, modificar o derogar tributos  y establecer exoneraciones tributarias (potestad tributaria),  nuestro constituyente ha previsto también que el ejercicio de  esta potestad debe encontrarse sujeto a una serie de  principios, denominados principios tributarios, que tienen  como propósito garantizar que la imposición tributaria  responda  a  criterios  de  razonabilidad,  igualdad  y  constitucionalidad.6.11. En cuanto a la infracción del  principio de no confiscatoriedad, se evidencia ello pues la  sentencia de vista al revocar la sentencia apelada bajo el  sustento de que el objeto del contrato de “llave en mano” se  trata de un servicio global, por lo cual validó la Resolución de  Determinación N° 012-003-00007162, correspondiente al  periodo a setiembre – dos mil dos por utilización de servicios  en el país; considerando a las facturas N° 13974, Nº 13975  y Nº 13993, como comprobantes de pago por la prestación  del servicio, obviando que las mismas fueron giradas por la  provisión de bienes, lo que posibilita el cobro del Impuesto  General a las Ventas por las prestaciones de dar (suministro  de bienes); empero, se advierte que con ello se genera un  doble gravamen, por cuanto se desconocerían las  Declaraciones Únicas de Aduanas que obran en el  expediente administrativo por el ingreso de bienes, sobre los  cuales la empresa no domiciliada ya pagó Impuesto General  a las Ventas (18%); y que luego de la fiscalización de la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria, sobre el contrato llave en mano, esta última  pretende que pague nuevamente por concepto de Impuesto  General a las Ventas, lo que resulta arbitrario y vulnera el  principio de no confiscatoriedad.Por lo expuesto, se verifica  la infracción normativa del artículo 74 de la Constitución  Política del Estado; de los artículos IV y VIII del Título  Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, y  la inaplicación del artículo 28 del Reglamento de la Ley del  Impuesto a la Renta, consecuentemente corresponde  estimar las causales analizadas, y declarar fundado el  recurso de casación en estos extremos.SÉTIMO.- DE LA  INFRACCIÓN NORMATIVA POR APLICACIÓN INDEBIDA  DEL ARTÍCULO 177 NUMERAL 13 DEL CÓDIGO  TRIBUTARIO; DE LOS ARTÍCULOS 6, 9, 71 Y 76 DE LA  LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEL ARTÍCULO 39  INCISO G) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL  IMPUESTO A LA RENTA7.1. El artículo 6 de la Ley delImpuesto a la Renta, señala que están sujetos al impuesto la  totalidad de las rentas gravadas que obtengan los  contribuyentes que, conforme a las disposiciones de esta  ley, se consideran domiciliados en el país, sin tener en  cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de  constitución de las jurídicas ni la ubicación de la fuente  productora. En caso de contribuyentes no domiciliados en el  país, de sus sucursales, agencias o establecimientos  permanentes, el impuesto recae solo sobre las rentas  gravadas de fuente peruana. En coherencia, el artículo 9 de  dicha ley, señala los supuestos considerados como renta de  fuente peruana. Por tanto, a través de estos artículos (6 y 9)  se determina los supuestos de imposición por renta de  fuente peruana, y que corresponde tanto a sujetos  domiciliados como no domiciliados, a diferencia de los  supuestos de renta de fuente extranjera que corresponde  solo a contribuyentes considerados domiciliados en el  país.7.2. Por su parte, el artículo 71 de la anotada Ley  determina los sujetos considerados como agentes de  retención del Impuesto a la Renta. A su vez el articulo 76  regula la retención por rentas pagadas a sujetos no  domiciliados, señalando que: “las personas o entidades que  paguen o acrediten a los beneficiarios no domiciliados rentas  de fuente peruana de cualquier naturaleza, deberán retener  y abonar al Fisco con carácter definitivo dentro de los plazos  previstos por el Código Tributario para las obligaciones de  periodicidad mensual, los impuestos a que se refieren los  artículos 54 y 56 de esta ley, según sea el caso. (…)”. Por su  parte el literal g) del artículo 39 del Reglamento de la Ley del  Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N°  122-94-EF  (derogado  a  la  fecha),  establecía  los  responsables, los agentes de retención y percepción del  impuesto. Finalmente, el numeral 13 del artículo 177 del  Código Tributario precisa las sanciones por no cumplir con  las obligaciones de retención o percepción establecida en la  ley.7.3. De la revisión de autos, se observa que si bien estos  dispositivos normativos fueron aplicados en el caso concreto,  dado que ha existido un contribuyente no domiciliado Alcatel  Submarine Networks Limited, quien prestó servicios en el  país, a través de un contrato “llave en mano”, por servicios  prestados que generó una retribución económica, que  generó renta de fuente peruana, la cual desde la postura de  la sentencia de vista, fue objeto de retención por parte de  SAC Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada en una  proporción inferior a la debida, lo que habría ocasionado el  incumplimiento por parte de la empresa recurrente,  acarreándole una infracción al numeral 13 del artículo 177  del Código Tributario; sin embargo, como se analizó en el  considerando sexto de la presente resolución en las facturas  N° 13974, Nº 13975 y Nº 13993, no se tomó en cuenta que  las mismas fueron giradas por la provisión de bienes, y  debieron ser consideradas como tal y no como prestación de  servicios, en todo caso corresponde a la Administración  Tributaria emitir nuevo pronunciamiento a fin de determinar  las prestaciones de hacer, diferenciándolas de las  prestaciones de dar, aplicando a cada operación la normas  tributarias según su verdadera naturaleza. En este extremo  se evidencia la infracción normativa de las normas  denunciadas al haber convalidado la sentencia de vista la  postura de la Administración Tributaria de catalogar a todas  las prestaciones como una prestación de hacer.7.4. Por  tanto, en cuanto a las precitadas facturas giradas por la  provisión de bienes desde el exterior, y que fueron  consideradas como prestación de servicios, sin sustento  normativo que las ampare, se evidencia la infracción  normativa por aplicación indebida del artículo 177 numeral  13 del Código Tributario, de los artículos 6, 9, 71 y 76 de la  Ley del Impuesto a la Renta y del artículo 39 inciso g) del  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, por lo que  corresponde estimar los argumentos de la empresa casante  y declarar también fundado el recurso de casación por las  causales antes descritas.OCTAVO.- ACTUACIÓN EN SEDE  DE INSTANCIA8.1. Habiendo determinado que la sentencia  de vista ha incurrido en las infracción normativas  denunciadas -Infracción Normativa del artículo 74 de la  Constitución Política del Estado, y de los artículos IV y VIII  del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código  Tributario; infracción normativa por inaplicación del artículo  28 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta; por  aplicación indebida del artículo 177 numeral 13 del Código  Tributario; e infracción normativa de los artículos 6, 9, 71 y  76 de la Ley del Impuesto a la Renta y artículo 39 inciso g)  del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta-  corresponde actuar en sede de instancia, para tal efecto, se  desprende del primer fundamento de la parte considerativa  de la presente resolución, que la demandante tiene como  pretensiones: Primera pretensión principal, la declaración de  nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N°18177-1- 2011, en el extremo que confirmó la Resolución de  Intendencia N° 0150140005347 respecto al reparo por  Impuesto General a las Ventas por utilización de servicios de  no domiciliados del período setiembre – dos mil dos y, las  multas impuestas por no haber retenido el Impuesto a la  Renta de sujetos no domiciliados en el período setiembre –  dos mil dos. Primera pretensión accesoria a la primera  pretensión principal, se declare la nulidad parcial de la  Resolución de Intendencia N° 0150140005347, en el  extremo que confirmó la Resolución de Determinación N°  012-003-0007162 por reparo al Impuesto General a las  Ventas por utilización de servicios de no domiciliados del  período setiembre – dos mil dos, y la Resolución de Multa N°  012-002-0007050, impuesta por no haber retenido el  Impuesto a la Renta de sujetos no domiciliados en el período  setiembre – dos mil dos. Segunda pretensión accesoria a la  primera pretensión principal, se declare la nulidad de la  Resolución de Determinación N° 012-003-0007162 por  reparo al Impuesto General a las Ventas por utilización de  servicios de no domiciliados del período setiembre – dos mil  dos, y la Resolución de Multa N° 012-002-0007050 impuesta  por no haber retenido el Impuesto a la Renta de sujetos no  domiciliados en el período setiembre – dos mil dos. Y, como  segunda pretensión principal, declarada la nulidad de las  resoluciones impugnadas con la demanda, se ordene a la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria cumpla con devolver a la demandante SAC Perú  Sociedad de Responsabilidad Limitada, los montos que esta  haya  pagado  a  la  Administración  Tributaria  como  consecuencia de la ejecución de dichas resoluciones, más  los intereses legales devengados hasta la fecha de su  devolución efectiva.8.2. En efecto, la sentencia de mérito al  revocar la sentencia de primera instancia; y reformándola,  declarar infundada la demanda respecto de todas las  pretensiones planteadas por la actora, ello implica declarar  la validez de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 18177-1- 2011, en el extremo que confirmó la Resolución de  Intendencia N° 0150140005347 en cuanto confirma la  Resolución de Determinación N° 012-003-0007162 por  reparo al Impuesto General a las Ventas por utilización de  servicios de no domiciliados del período setiembre – dos mil  dos, y la Resolución de Multa N° 012-002-0007050, impuesta  por no haber retenido el Impuesto a la Renta de sujetos no  domiciliados en el período setiembre – dos mil dos. Sin  embargo, como se analizó en los fundamentos precedentes,  ello fue bajo el sustento de que se trató de un servicio global,  es decir, que la sentencia de vista interpretó erróneamente  que a la provisión o adquisiciones de bienes muebles en  el extranjero, antes referidos, le corresponde una  consecuencia tributaria como prestación de hacer,  dentro del rubro de servicios, cuando por mandato  expreso del artículo VIII del Título Preliminar del Código  Tributario, vía interpretación, no pueden extenderse las  normas tributarias a supuestos distintos de los señalados en  la ley. Por lo que, corresponde, actuar en sede de instancia  y confirmar la sentencia apelada, que declaró fundada en  parte la demanda, en consecuencia, se ampare la demanda  en los términos expuestos en ella; precisándose, que  respecto a la segunda pretensión principal sobre devolución  de los montos pagados en exceso por dicho concepto, es  decir, un pronunciamiento de plena jurisdicción, no es  posible ampararla, hasta que la Administración Tributaria, en  sede administrativa, determine los montos en base a lo  actuado en el presente proceso y los documentos adicionales  que se requieran para tal fin.III. DECISIÓN:Por tales  consideraciones, y en atención a lo dispuesto en el primer  párrafo del artículo 396 del Código Procesal Civil, modificado  por modificado por la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria  al caso de autos: declararon FUNDADO el recurso de  casación  interpuesto  por  SAC  Perú  Sociedad  de  Responsabilidad Limitada, de fecha cinco de junio de dos  mil diecisiete, obrante a fojas novecientos quince del  expediente principal; en consecuencia; CASARON la  sentencia de vista contenida en la resolución número  cuarenta y uno, emitida por la Sexta Sala Especializada en  lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en  Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de  Justicia de Lima, de fecha dieciséis de mayo de dos mil  diecisiete, obrante a fojas ochocientos setenta; y, actuando  en sede de instancia; CONFIRMARON la sentencia  apelada, contenida en la resolución número veintiuno, de  fecha treinta de marzo del dos mil dieciséis, obrante a fojas  obrante a fojas seiscientos cuarenta y siete, que declaró  fundada en parte la demanda, en consecuencia, se ampare  la demanda en los términos expuestos en ella; precisándose,  que respecto a la segunda pretensión principal sobre  devolución de los montos pagados en exceso por dicho  concepto, es decir, un pronunciamiento de plena jurisdicción,no es posible ampararla, hasta que la Administración  Tributaria, en sede administrativa, determine los montos en  base a lo actuado en el presente proceso y los documentos  adicionales que se requieran para tal fin; DISPUSIERON la  publicación de la presente resolución en el diario oficial El  Peruano, conforme a ley; en los seguidos por SAC Perú  Sociedad de Responsabilidad Limitada contra el Tribunal  Fiscal y otra, sobre acción contencioso administrativa.  Notifíquese por secretaria y devuélvanse los actuados. SS.SS.WONG ABAD, BUSTAMANTE ZEGARRA, BARRA  PINEDA, DÁVILA BRONCANO.LA SECRETARIA DE LA  QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA CERTIFICA que el voto  suscrito por los señores jueces supremos WONG ABAD,  BUSTAMANTE ZEGARRA Y BARRA PINEDA fue dejado  oportunamente en relatoría, en cumplimiento a lo establecido  en el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley  Orgánica del Poder Judicial, agregándose los referidos  votos suscritos a la presente resolución.EL VOTO EN  DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO MARTÍNEZ  MARAVÍ, CON LA ADHESIÓN DE LOS SEÑORES JUECES  SUPREMOS RUEDA FERNÁNDEZ Y CARTOLIN PASTOR,  ES COMO SIGUE:I. MATERIA DEL RECURSO DE  CASACIÓN:Se trata del recurso de casación interpuesto por  SAC PERÚ Sociedad Comercial de Responsabilidad  Limitada, de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete,  obrante a fojas novecientos quince, contra la sentencia de  vista de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete,  obrante de fojas ochocientos setenta, expedida por la Sexta  Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con  Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, que revocó la sentencia  apelada de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis  obrante de fojas seiscientos cuarenta y siete, que declaró  fundada en parte la demanda por reparo al Impuesto  General a las Ventas por utilización de servicios de no  domiciliados del periodo setiembre de dos mil dos y la  Resolución de Multa N° 012-002-0007050 por la comisión de  la infracción establecida en el numeral 13 del artículo 177  del Código Tributario al no haber efectuado la retención del  Impuesto a la Renta de sujetos no domiciliados por el  periodo setiembre de dos mil dos y ordena a la entidad  demandante emitir un nuevo pronunciamiento; así como que  carece de objeto emitir pronunciamiento referido a la  devolución de los montos que ésta le haya pagado por los  importes materia de reparo más intereses y Reformándola,  la declararon INFUNDADA en todos sus extremos.II.  FUNDAMENTOS  POR  LOS  CAUSALES  SE  HA  DECLARADO  PROCEDENTE  EL  RECURSO  DE  CASACIÓN:Mediante resolución de fecha veinticinco de  setiembre de dos mil diecisiete, ésta Sala de Derecho  Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema,  declaró procedente el recurso de casación propuesto,  conforme es de verse a fojas ciento ochenta y uno a ciento  noventa del cuadernillo formado, por las causales previstas  en: (a) infracción normativa por vulneración del principio  de congruencia procesal contenido en el artículo VII del  Título Preliminar del Código Procesal Civil y el artículo  370 del mismo Código; relativa a la vulneración del  principio de congruencia, previsto en el inciso 3 del artículo  386 del anotado Código Procesal Civil, señala que, la  sentencia de vista ha vulnerado el principio en cuestión, al  resolver las apelaciones presentadas por la Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria -Sunat y  el Tribunal Fiscal en atención a argumentos distintos y no en  atención a los supuestos (y negados) agravios expresados  en las impugnaciones, como si la segunda instancia no  fuese una de revisión, sino de análisis integral de las  posiciones de las partes, agregando que no hay duda de que  la referida sentencia de vista contraviene flagrantemente el  principio de congruencia. Asimismo, señala que este vicio  termina conculcando el derecho al debido proceso y a la  defensa de Sociedad Anónima Cerrada Perú al no haber  tenido oportunidad alguna de pronunciarse respecto de  aquellos aspectos que – no habiendo sido parte de la  defensa contenida en las respectivas apelaciones de los  demandados (ni en ninguno de los escritos previamente  presentados por ellas al interior del proceso), y, menos aún,  de los vicios detectados por la Sala Superior en su primer  pronunciamiento- han sido invocados por este mismo  Colegiado como sustento de su ilegal decisión; (b)  Infracción normativa de las normas que garantizan el  derecho a la debida motivación de las resoluciones  judiciales como derecho integrante del debido proceso;  por cuanto la sentencia de vista omite toda consideración a  los argumentos largamente expuestos en la demanda  mediante los cuales, justamente, refuta tales hechos; agregaque, también se omite pronunciar sobre la motivación que  específicamente solicitó a la Juez de primera instancia al  declarar nula la primera sentencia parcialmente favorable  para Sociedad Anónima Cerrada Perú; consecuentemente,  se ha desestimado la demanda por un aspecto no tocado en  segunda instancia. Y si bien en sede de apelación este tema  no fue abordado por SAC Perú por no ser una cuestión  controvertida, lo cierto es que en su demanda sí ha  demostrado que en el presente caso, sí existía vasto material  probatorio que identificaba y distinguía las diversas  prestaciones al interior del contrato y los valores pecuniarios  correspondientes a cada una de ellas, y que, en todo caso si  para el Tribunal Fiscal dicho material probatorio no era  suficiente en observancia del principio de verdad material, le  correspondía realizar las comprobaciones o verificaciones  del caso, a fin de esclarecer este aspecto dada su relevancia,  y adquirir certeza respecto a la validez de los reparos; (c)  Infracción normativa por vulneración del principio de  legalidad en materia tributaria contenido en el artículo  74 de la Constitución Política del Estado y los artículos  IV y VII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado  del Código Tributario; señala que, la propia Sala Superior  que anuló la primera sentencia, que en su momento advirtió  la necesidad de que el pronunciamiento de la controversia  se sustente en una norma legal, ahora emite un  pronunciamiento sin tal sustento legal, sin refutar los  fundamentos ampliados por el Juez en razón a su pedido, y  peor aún recurriendo a puntos que nunca fueron levantados  por las demandadas en sus respectivos recursos de  apelación y que por lo tanto, fueron ajenos al debate en  segunda instancia, como lo explica en la primera y segunda  infracción normativa; (d) Infracción normativa por  aplicación indebida del artículo 177 numeral 13 del  Código Tributario, artículos 6, 9, 71 y 76 de la Ley del  Impuesto a la Renta y artículo 39 inciso g) del Reglamento  de la Ley del Impuesto a la Renta; alega sobre el mismo  que, la Sala Superior pretende erigir como sustento legal de  la sentencia de vista partiendo de la premisa errónea de que  la totalidad de prestaciones del contrato de “llave en mano”  deben ser consideradas como si fueran prestaciones de  hacer, sin embargo, lo que no existe en ninguna parte de la  sentencia de vista es el sustento legal para arribar a dicha  premisa errónea; siendo que, lo cierto es, que no existe  norma alguna que habilite a la Administración Tributaria a  subsumir a las prestaciones de hacer dentro de las  prestaciones de dar para efectos tributarios, he ahí  justamente la vulneración del principio de legalidad en  materia tributaria; (e) Infracción normativa del artículo 28  del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta  (aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF); basado  en que, ante la ausencia de regulación de los contratos de  llave en mano en nuestro ordenamiento jurídico y siendo que  las prestaciones contenidas en éstos son absolutamente  identificables y autónomas, es perfectamente posible que a  cada prestación se le apliquen las normas de nuestro  ordenamiento que la regule, lo que justamente ocurre en el  caso del artículo 28 del Reglamento de la Ley del Impuesto  a la Renta, la cual dispone expresamente el tratamiento  tributario de determinado tipo de prestaciones de hacer al  interior del contrato de llave en mano, demostrando con ello  que no corresponde aplicar a este tipo de contratos un  tratamiento tributario único, agregando que el mencionado  artículo 28 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta  ha sido abiertamente obviado por la Sala Superior al  momento de emitir la sentencia de vista; (f) Infracción  normativa  por  vulneración  del  principio  de  no  confiscatoriedad contenido en el artículo 74 de la  Constitución Política; alega que, la sentencia de vista no  ha advertido que al validar la posición de la Administración  Tributaria termina vulnerando gravemente el principio de no  confiscatoriedad al aplicar de forma irrazonable las  disposiciones tributarias que regulan el Impuesto General a  las Ventas – IGV, toda vez, que es absurdo que le exija  tributar el Impuesto General a las Ventas –IGV dos veces  sobre un único o el mismo hecho económico, por la vía de  una mera interpretación o elucubración sobre que el valor de  esos bienes se encuentra subsumido en el valor de un único  servicio; y por ende, tal valor quedará afectado por el  Impuesto General a las Ventas- IGV, bajo dos hipótesis de  incidencia simultáneamente como el valor de bienes  importados y como el valor de un servicio utilizado en el  país, agregando que esta doble imposición o gravamen  sobre un mismo valor o mismo hecho económico, resulta sin  duda  alguna  confiscatoria.III.  ANTECEDENTES1.-  DEMANDA:Mediante escrito de fecha veintiocho de febrero  de dos mil doce, obrante a fojas ciento sesenta y uno, la  parte demandante SAC Perú Sociedad Comercial de  Responsabilidad Limitada, interpone demanda, solicitandocomo 1) Primera Pretensión Principal: la nulidad parcial  de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 18177-1-2011, de  fecha veintiocho de octubre de dos mil once, en el extremo  que  confirma  la  Resolución  de  Intendencia  N°  0150140005347 en lo referente al reparo al Impuesto  General a las Ventas (IGV) por utilización de servicios de no  domiciliados del periodo setiembre de dos mil dos y las  mutas impuestas por no haber retenido el Impuesto a la  Renta de sujetos no domiciliados en el periodo setiembre de  dos mil dos; 1.1) Primera Pretensión Accesoria a la  Primera Pretensión Principal: La nulidad parcial de la  Resolución de Intendencia N° 0150140005347 en el extremo  que confirma la Resolución de Determinación N° 012-002- 0007162, por reparo al IGV por utilización de servicios de no  domiciliados del periodo setiembre de dos mil dos, y la  Resolución de Multa N° 012-002-0007050, impuesto por no  haber retenido el Impuesto a la Renta de sujetos no  domiciliados en el periodo setiembre de dos mil dos; 1.2)  Segunda Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión  Principal: La nulidad de la Resolución de Determinación N°  012-003-0007050 por reparo al IGV por utilización de  servicios de no domiciliados en el periodo setiembre dos mil  dos, y de la Resolución de Multa N° 012-002-0007050  impuesta por no haber retenido el Impuesto a la Renta de  sujetos no domiciliados en el periodo setiembre de dos mil  dos; y, 2) Segunda Pretensión Principal: Se ordene a la  SUNAT que cumpla con devolver a la demandante SAC Perú  Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada los  montos que ésta haya pagado a la Administración Tributaria  como consecuencia de la ejecución de dichas resoluciones,  más los intereses legales devengados hasta la fecha de su  devolución efectiva. Sustenta su demanda, bajo los  siguientes fundamentos:-En julio de mil novecientos noventa  y nueve, Alcatel Submarine Networks de Francia en adelante  (Alcatel) y South American Crossing Ltd. Suscribieron un  contrato para el desarrollo y construcción del Proyecto  Cruce Sudamericano SAC en adelante (el Contrato), a  través del cual Alcatel se comprometía a diseñar, construir,  instalar, suministrar, fabricar y entregar un sistema de cable  de fibra óptica que bordeara todo el continente sudamericano.  El Contrato se celebró bajo la modalidad “llave en mano’’, a  suma alzada.- El primero de enero de dos mil, South  American Crossing Ltd cedió a SAC Perú sus derechos y  obligaciones bajo el Contrato respecto de la parte del  sistema que se ubicaría en Perú, por lo que SAC Perú  pagaría el precio por los trabajos y bienes necesarios para la  ejecución del sistema. En el Contrato, se identificaron  diversas prestaciones, definiendo qué debía entenderse por  suministros (materiales, maquinaria, equipo, hardware, y  elementos a ser suministrados por Alcatel, importados  conforme a ley) y trabajo (actividades a ser ejecutadas para  el funcionamiento del sistema).- Aunque el precio del  Contrato fue global, en las Planillas de Aprovisionamiento  que anexaba se determinó el precio de cada una de las  prestaciones de dar (suministro) y hacer (servicios). Es así  que Alcatel facturó por separado las prestaciones de dar y  hacer. Dado que no existe norma tributaria que la obligue  a dar un tratamiento tributario unitario al Contrato, se  aplicó el tratamiento tributario específico que correspondía a  cada prestación, de acuerdo a ley. Así, SAC Perú Sociedad  Comercial de Responsabilidad Limitada, pagó el IGV y  retuvo el Impuesto a la Renta de no domiciliados solo  respecto a servicios ejecutados en territorio nacional.  La venta o suministro de bienes del exterior no generaba  rentas de fuente peruana ni tampoco era un servicio utilizado  en el país, por lo que alega que no estaba obligada a tributar  sobre ella.- La Sunat cuestionó el tratamiento tributario  aplicado, al considerar que, por tratarse de un Contrato  “llave en mano”, no es posible distinguir entre las  prestaciones de diversa naturaleza que lo conforman, por lo  que se debió tributar el IGV y retener el IR también sobre el  precio de compra de los bienes suministrados por Alcatel.  Así, formuló reparos al IGV por utilización de servicios de no  domiciliados e impuso multas por no retener el Impuesto a la  Renta. El Tribunal Fiscal confirmó el criterio de la  Administración Tributaria en la Resolución del Tribunal  Fiscal N° 18177-1-2011, de fecha veintiocho de octubre de  dos mil once.2.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA:Mediante  escrito de fojas doscientos veintiséis, la Procuradora Pública  a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía  y Finanzas se apersona al proceso y contesta la demanda  manifestando que:-De la revisión del contrato se tiene que la  empresa no domiciliada (Alcatel) acordó realizar un proyecto  “llave en mano”, que incluía la construcción, instalación ,  diseño, fabricación, suministro y entrega del sistema de  cables de fibras ópticas en el territorio peruano, así como la  provisión de los suministros, es decir, de los materiales,  planta, maquinarias, equipos necesarios para la construccióndel sistema de cables de fibras ópticas, a cambio de lo cual  acordó el pago de un precio a suma alzada, que incluye la  retribución por dichas prestaciones, en su conjunto.- En ese  sentido, en los términos en que se pactó el contrato se  puede concluir que la relevancia de las prestaciones de  hacer predominó sobre las de dar, toda vez que los bienes  que debía entregar Alcatel, tenían como finalidad que se  ponga en funcionamiento la obra que consistía en un sistema  de cables de fibras ópticas sobre el territorio peruano, por lo  que la operación materia de análisis constituye una  prestación de servicios mixta que implicó fundamentalmente  la realización de actividades de carácter técnico, así como la  entrega de bienes a cambio de una contraprestación  económica, no pudiendo señalarse que la entrega de tales  bienes no formaba parte del servicio prestado como alega la  recurrente, lo cual se encuentra acorde al criterio contenido  en la Resolución N° 10645-2-2009.- Los comprobantes que  motivaron las multas fueron emitidos por Alcatel, empresa  no domiciliada en el país, con ocasión del servicio de  construcción del sistema de cables de fibras ópticas en  virtud al contrato “llave en mano” antes realizado, en tanto  que el suministro de bienes era una de las prestaciones a las  que se encontraba obligada Alcatel, es decir que dicha  prestación formaba parte del servicio contratado, y  tratándose de servicios no prestados por una empresa no  domiciliada, la calificación de renta de fuente peruana de la  retribución percibida por dichas operaciones dependía de si  los servicios eran prestados o desarrollados en el país, por  lo que en el caso de autos, habiéndose desarrollado el  servicio de construcción de fibras ópticas en el territorio  peruano, formando parte de él el suministro de bienes, tales  operaciones se encontraban gravadas con el Impuesto a la  Renta y por ende eran susceptibles de retención por parte  de  la  demandante.3.-  PRIMERA  SENTENCIA  DEL  JUZGADO:El Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo  Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, con fecha veintinueve de setiembre de dos mil catorce,  obrante de fojas trescientos sesenta y nueve, declaró  fundada en parte la demanda.4.- PRIMERA SENTENCIA  DE VISTA:Por medio de la sentencia de vista emitida por la  Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de  la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha dieciocho de  setiembre de dos mil quince, obrante de fojas quinientos  setenta y nueve, se declaro Nula la sentencia apelada que  declaró fundada en parte la demanda y Ordenó que el juez  de la causa renueve el acto procesal afectado; sosteniendo  que:- La Juez restando importancia al análisis jurídico de los  contratos de llave en mano otorga un tratamiento jurídico  independiente, específico y particular a cada una de las  obligaciones contenidas en el citado contrato a las que se  obligó la empresa Alcatel, pese a reconocer que este tipo de  contratos por ser uno atípico debería tener un tratamiento  distinto en cuanto a su naturaleza con independencia de las  obligaciones de hacer y dar que en él se contienen,  derivándose una incongruencia narrativa incapaz de  transmitir las razones que justifican su decisión.- Las  razones que justifican la discriminación de cada una de las  obligaciones que forman parte del contrato son insuficientes  al igual que aquellos argumentos que pretenden desconocer  la responsabilidad global que asumió la empresa Alcatel a  cambio de un único precio que incorpora todos los gastos y  costos  que  afianzaron  el  proyecto.5.-  SEGUNDA  SENTENCIA DEL JUZGADO:El Vigésimo Primer Juzgado  Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub  Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Justicia de Lima, con fecha treinta de marzo de  dos mil dieciséis, obrante de fojas seiscientos cuarenta y  siete a seiscientos setenta, expide nueva sentencia  declarando fundada en parte la demanda, Nula no solo la  Resolución del Tribunal Fiscal N° 18177-1-2011 de fecha  veintiocho de octubre de dos mil once, sino también la  Resolución de Intendencia N° 0150140005347/SUNAT de  fecha treinta y uno de julio de dos mil seis; así como la  Resolución de Determinación N° 012-003-0007162 y la  Resolución de Multa N° 012-0002-0007050, respecto al  extremo que se pronuncia del reparo del Impuesto General a  las Ventas que grava como servicio al suministro de bienes  del exterior, del periodo setiembre de dos mil dos,  argumentando que:- La administración demandada ha  considerado vía interpretación dentro del contexto de un  contrato de llave en mano, que la contraprestación del  mencionado contrato, es única o global (a suma alzada)  atiende únicamente a su finalidad; y estando a la naturaleza  de la prestación final el mismo reviste ser un servicio,  aunque en el desarrollo de las actividades para llegar a ese  objetivo final convergen, además de obligaciones de hacer,obligaciones de dar; y por ello, la demandada considera que  la parte actora debe asumir el pago del impuesto del total del  valor a suma alzada del contrato de llave en mano, también  en la porción de la adquisición de bienes en el extranjero,  dentro del rubro de servicios, por cuando la obligación de  hacer ha predominado sobre las obligaciones de dar.- El  hecho que el contrato de llave en mano sea uno atípico, no  implica asumir que el suministro de bienes del exterior, para  aspectos tributarios, sea entendido como una obligación de  hacer (atendiendo a la finalidad del contrato) para los efectos  del pago del impuesto antes citado, en el rubro de servicios,  si no hay norma alguna que entienda a dicha obligación de  dar como una de hacer, para ese tipo de contrato.- La  posición de la administración demandada de considerar que  el suministro de bienes dentro del contexto de un contrato de  llave en mano, reviste ser una obligación de hacer, no hace  más que imponer una obligación, pero para su exigencia no  existe parámetro legal escrito que así lo señale, excediéndose  el actuar de la demandada de los límites de la facultad  atribuida.- Solo por ley o decreto legislativo, en caso de  delegación, se puede señalar el hecho generador de la  obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el  acreedor tributario, el deudor tributario y el agente de  retención o percepción, conforme lo dispone el literal a) de la  Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario.- Si no  se ajusta el hecho generado al supuesto normativo, la  entidad demandada, en vía de interpretación, no podrá  extender las disposiciones tributarias a supuestos distintos  de los señalados en la ley, por expresa disposición del último  párrafo de la Norma VIII del Título Preliminar del Código  Tributario, pues de pretender hacerlo, su proceder  transgrediría la ley, por lo que si la entidad demandada  considera que el suministro de bienes del exterior dentro de  un contrato de llave en mano debe ser considerado como  servicios para el pago del citado impuesto, debe solicitar al  ente legislativo o en su defecto al Ejecutivo el replantear el  supuesto normativo antes acotado, de modo contrario a  consideración de la judicatura, no podrá acotar tributo como  lo ha hecho en los presentes actuados6.- SEGUNDA  SENTENCIA DE VISTA:Por medio de la sentencia de vista  emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, de  fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, obrante de  fojas ochocientos setenta, revocó la resolución de primera  instancia que declaraba fundada en parte la demanda, y  reformándola la declaró infundada en todos sus extremos;  sosteniendo que:- El objeto del contrato de llave en mano  entre Alcatel y SAC PERÚ Sociedad Comercial de  Responsabilidad Limitada, es la creación de prestaciones de  dar y hacer, teniendo como finalidad común de los  contratantes, la puesta en marcha de un sistema de cable de  fibras ópticas para telecomunicaciones que bordearía toda  Sudamérica, en la cual el contratista Alcatel sería el  responsable de diseñar, construir, instalar, fabricar y  suministrar todo lo necesario para la terminación de la obra  (materiales, planta, maquinaria, equipos, hardware y  elementos suministrados por el contratista). De este modo  Alcatel es el responsable global de la obra en la que si bien  se encuentra involucrado el suministro de bienes, éstos  serán los que precise el contratista conforme a lo señalado  en el contrato.- Si bien no se desconoce el suministro de  bienes para el desarrollo del sistema, de los actuados en  sede administrativa y judicial, no es posible identificar con  claridad cuáles son los materiales, equipos y otros, que  fueron usados en la obra desarrollada en territorio peruano,  debido a que son formulados en términos generales sin  contener el contrato ningún detalle de los bienes involucrados  para el segmento referido, además de haberse pactado un  precio único o suma alzada, dividiendo el pago por el avance  de la obra, sin sustentar cuánto correspondía al suministro  de bienes y cuánto al de los servicios.- La demandante no ha  aportado medio probatorio alguno destinado a acreditar que  los  comprobantes  de  pago  reparados  únicamente  correspondían a los bienes utilizados en el sistema de cable  de fibras ópticas y que si bien adjuntó a su escrito de  demanda una planilla de aprovisionamiento, ello no sería  suficiente para sostener que los montos allí precisados  formen parte necesariamente de los importes reparados por  los comprobantes presentados, más aún si no existe certeza  de que los bienes detallados en dicho resumen hayan sido  usados en la obra del territorio nacional, por lo que siendo  que la pretensión predominante en el contrato es el servicio  especializado para el cableado de la fibra óptica para las  telecomunicaciones en territorio peruano, se tiene que tales  comprobantes de fecha treinta de setiembre de dos mil dos  materia del reparo consistirían por la prestación del servicio  brindado por Alcatel cuyo aprovechamiento económico sedio en territorio nacional, por lo que el reparo formulado por  la administración se ajusta a derecho- Los referidos  comprobantes de pago emitidos por la empresa no  domiciliada Alcatel, fueron a raíz de la prestación de servicios  originada por el cumplimiento del contrato celebrado entre  ésta y SAC PERÚ Sociedad Comercial de Responsabilidad  Limitada, servicios que fueron llevados a cabo en el territorio  nacional para la realización del “cruce sudamericano” en el  Perú por parte de una empresa no domiciliada, en ese  sentido, la retribución percibida por las actividades  calificaban como renta de fuente peruana conforme al inciso  c) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta, y por  tanto, la empresa peruana debió realizar las retenciones del  impuesto respectivo, lo que no hizo, en consecuencia se  habría configurado una infracción.- Por tanto, se concluye  que la resolución del Tribunal Fiscal N° 18177-1-2011  respecto a los reparos por Impuesto General a las Ventas  por utilización de servicios no domiciliados del periodo  setiembre dos mil dos y la multa impuesta por no haber  retenido el impuesto a la renta de sujetos no domiciliados  correspondiente a setiembre dos mil dos, fue emitida con  sujeción al marco normativo que regula la materia. FUNDAMENTOS  DE  ESTA  SALA  SUPREMA:IV.  CONSIDERANDO:PRIMERO:  Que,  atendiendo  a  la  naturaleza de las infracciones que han sido denunciadas,  primero se analizará la que tiene contenido procesal, pues  en caso estimarse será innecesario analizar la infracción  sustantiva.SEGUNDO: Que, el principio de congruencia que  consagra el artículo VII del Título Preliminar del Código  Procesal  Civil,  constituye  parte  del  contenido  constitucionalmente protegido del derecho a la motivación,  implica por un lado que, el Juez no puede ir más allá del  petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que  han sido alegados por las partes y, por otro lado, el deber de  pronunciarse sobre la pretensión analizando jurídicamente  los hechos que la sustentan. El principio procesal glosado  garantiza que el juzgador resuelva cada caso concreto sin  omitir, alterar o exceder las pretensiones formuladas por las  partes; consiguientemente el principio de congruencia en  segunda instancia constituye la obligación que se impone a  los jueces de alzada de circunscribirse a los agravios  denunciados por el apelante, por cuanto el sistema de doble  grado de jurisdicción está regido por el principio dispositivo,  según el cual el Juez Superior sólo puede conocer aquellas  cuestiones que le son sometidas por las partes mediante  apelación nemo judex sine actore y en la medida del agravio  sufrido en la sentencia de primer grado (quantum appellatum  tantum devolutum); de tal modo que los efectos de la  apelación interpuesta no benefician a la otra parte que no ha  recurrido, quedando los puntos no apelados ejecutoriados y  firmes por haber pasado en autoridad de cosa juzgada. TERCERO: Que, conforme reza la impugnada en su parte  introductoria, Sunat interpuso apelación contra la sentencia  de primer grado sosteniendo los siguientes agravios: 1. La A  quo no analizó la naturaleza jurídica del contrato de “llave en  mano” suscrita entre la empresa demandante con la no  domiciliada Alcatel, con el objetivo de establecer un sistema  de cables de fibras ópticas a fin de bordear el continente  sudamericano denominado “cruce sudamericano”, el que fue  colocado en territorio peruano. Mediante dicho contrato, una  persona se compromete a construir o fabricar y entregar en  perfecto funcionamiento, un bien mueble o inmueble de  conformidad con las características indicadas por el  contratante, cuya particularidad radica en que la prestación  a cargo de aquél, consiste en el pago de un precio único, en  el que se incorporan todos los costos y gastos para su  cumplimiento, teniendo como única finalidad, el poner en  funcionamiento una obra determinada como es el sistema de  cables de fibras ópticas. 2. A pesar de la doctrina mencionada  por el juzgado en-cuanto a la naturaleza jurídica de los  contratos de llave en mano, es de anotar que la A quo, no  establece de manera clara por qué realiza una diferenciación  de obligaciones en este tipo de contratos, determinando  incluso una vulneración al principio de razonabilidad. 3.  Asimismo, la Resolución de Multa N° 012-002-0007050  emitida por el numeral 13 del artículo 177 del Código  Tributario, por no retener el Impuesto a la Renta de sujetos  no domiciliados en el periodo setiembre dos mil dos, no ha  sido materia de análisis en la sentencia apelada.CUARTO:  Que, asimismo indica que el Tribunal Fiscal apeló la  sentencia sosteniendo que: 1. Conforme a las cláusulas  pactadas, estas se orientan a una de prestación de servicios  en las que son implementados sistemas de cable de fibras  ópticas y sistemas de equipo electrónico y, por tanto su  tratamiento no puede darse de manera independiente; 2.  Asimismo, mediante la Resolución del Tribunal Fiscal N°  18177-2011, se consideró lo dispuesto en el artículo 1771  del Código Civil en cuanto por el contrato de obra, elcontratista se obliga a hacer una obra determinada y el  comitente a pagarle una retribución, de esta manera Alcatel  se comprometió a poner en funcionamiento el sistema de  cables de fibra óptica, el que serviría para que SAC Perú  Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, brinde  los servicios de telecomunicaciones a que se dedica,  concluyéndose que las prestaciones de hacer predominaron  sobre las de dar, siendo que los bienes que debía entregar  Alcatel,  tenían  como  finalidad  que  se  ponga  en  funcionamiento la obra (sistema de cables de fibra óptica)  sobre el territorio peruano. 3. El contexto en el que se  presenta el contrato no es de obligación de dar como refiere  el Juzgado, sino que una empresa no domiciliada como lo es  Alcatel, debía entregar bienes y prestar servicios necesarios  para la puesta en funcionamiento del sistema de cable de  fibras ópticas, a satisfacción de SAC Perú Sociedad  Comercial de Responsabilidad Limitada, conforme a las  características y/o especificaciones establecidas; por tanto,  se estaría vulnerando el principio de predictibilidad y certeza  de las decisiones judiciales.QUINTO: Que, a tenor del  principio en mención, los agravios reseñados fijaron el tema  decidendum de la Sala de Revisión, pues la idea del agravio  o perjuicio ha de entenderse como base objetiva del recurso,  a la vez que obra como presupuesto del mismo; por tanto, de  conformidad con lo dispuesto con el artículo 370 del Código  Procesal Civil, los alcances de la impugnación de la resolución  recurrida determinarán los poderes del órgano Ad quem para  resolver de forma congruente la materia objeto del recurso. SEXTO: Que, a la par de los fundamentos en los que reposa  la sentencia de vista, se advierte que, contrariamente a los  parámetros fijados bajo los cuales correspondía a la Sala  Superior emitir pronunciamiento en torno a los agravios  expresados, se ha determinado un evento exógeno a lo que  es materia de su conocimiento en vía de alzada, en la medida  de haber establecido la imposibilidad de identificar con  claridad cuáles son los materiales, planta, maquinaria,  equipos y otros que fueron usados precisamente en la obra  desarrollada en territorio peruano, debido a que son  formulados en términos generales sin contener dicho contrato  algún detalle de los bienes involucrados para el segmento  referido; además de haberse pactado un precio único o suma  alzada, dividiendo el pago por el avance de la obra, sin  sustentar de manera alguna cuánto correspondía al suministro  de bienes y cuál al de servicios, cuando tal aspecto no se  invocó en los respectivos recursos de apelación.SÉTIMO:  Que, así la Sala revisora ha determinado, al margen de los  indicados recursos impugnatorios que, en mérito a la  naturaleza del contrato celebrado, y específicamente a su  contenido, no es posible determinar el precio fijado, cual  podría corresponder a bienes y cual a servicios, de ahí, que  los comprobantes de pago materia del reparo sean  precisamente, conforme indica su glosa, “goods” o bienes,  desde que la prestación predominante en este contrato es el  servicio especializado de Alcatel para el desarrollo del  cableado de fibra óptica para las telecomunicaciones en  territorio  peruano  como  parte  del  proyecto  “cruce  sudamericano”, por lo que al no acreditar la demandante que  efectivamente dichos comprobantes cubrían necesariamente  los gastos por la compra de materiales, equipos u otros  bienes, y que conforme se indicó en el Requerimiento N°  00151492, no se presentó las pólizas de importación,  conocimientos de embarque o guía aérea y certificados de  inspección  que  acreditaría  que  tales  conceptos  corresponderían a importación de los bienes alegados por la  demandante (...). Esto es, los apelantes no sustentaron sus  pretensiones impugnatorias en la imposibilidad de identificar  cada una de las adquisiciones efectuadas al interior del  Contrato de “llave en mano” suscrito con Alcatel.OCTAVO:  Que, de lo expuesto se desprende nítidamente que el Ad  quem lejos de absolver los agravios subyacentes a la  formulación de los recursos de apelación, emite una sentencia  diametralmente ajena a los mismos, lo que innegablemente  determina la vulneración del principio de congruencia, que  acarrea la nulidad de la sentencia de vista, toda vez que, por  el contrario, ha asumido una posición que constituye un  pronunciamiento que se encuentra totalmente desligada del  principio regulado en el artículo 370 de la norma procesal. NOVENO: Que, de otro lado, la exigencia de motivación de  las  resoluciones  judiciales  constituye  una  garantía  constitucional, consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la  Constitución Política del Estado, el cual asegura la publicidad  de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para  pronunciar sus sentencias, ella resguarda a los particulares  y a la colectividad de las decisiones arbitrarias de los jueces,  quienes de este modo no pueden ampararse en  imprecisiones subjetivas ni decidir las causas a capricho,  sino que están obligados a enunciar las pruebas en que  sostienen sus juicios y a valorarlas racionalmente; en talsentido, la falta de motivación no puede consistir,  simplemente, en que el juzgador no exponga la línea de  razonamiento que lo determina a decidir la controversia, sino  también en no ponderar los elementos introducidos en el  proceso de acuerdo con el sistema legal, es decir, no justifica  suficientemente la parte resolutiva de la sentencia a fin de  legitimarla. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional  señala que “el derecho a la debida motivación de las  resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente  a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones  judiciales no se encuentren justificados en el mero capricho  de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona  el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso”. DÉCIMO: Que, en el presente caso, la recurrente denuncia  infracción a las normas que garantizan el derecho a la  debida motivación de las resoluciones judiciales como  derecho integrante del debido proceso, señala en resumen  que: “...nada se dice en la sentencia de vista respecto a las  alegaciones vertidas en la demanda en cuanto a la  determinación de las prestaciones de dar”. Sin embargo,  estando a lo resuelto en cuanto atañe a la primera infracción  normativa denunciada, ha quedado establecido que la  decisión impartida por la Sala Revisora ha incidido sobre  aspectos distintos a los contenidos en el recurso de apelación,  lo que a la postre revela que no ha existido un pronunciamiento  de mérito respecto del tema objeto de alzada. De ahí que la  falta de motivación alegada resulta igualmente amparable. UNDÉCIMO: Que, siendo así, las denuncias contenidas en  los literales c), d), e), f) carece de objeto emitir pronunciamiento,  al haberse declarado fundado el recurso de casación por la  causal de infracción normativa procesal contenida en los  literales a) y b), dado sus efectos nulificantesV. DECISIÓN:Por  tales consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 396, del Código Procesal Civil: NUESTRO VOTO  es porque se declare FUNDADO el recurso de casación  interpuesto por SAC PERÚ Sociedad Comercial de  Responsabilidad Limitada, de fecha cinco de junio de dos  mil diecisiete, obrante a fojas novecientos quince; en  consecuencia, NULA la sentencia de vista fecha dieciséis de  mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ochocientos  setenta; SE ORDENE que la Sala Superior de origen emita  nueva sentencia en concordancia con las consideraciones  expuestas en la presente resolución; SE DISPONGA la  publicación de la presente resolución en el diario oficial El  Peruano, conforme a ley; en los seguidos por SAC PERÚ  Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada contra la  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  -Sunat- y otro, sobre Nulidad de Resolución Administrativa;  Notifíquese por secretaría y devuélvanse los actuados.SS.SS. MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, CARTOLIN  PASTOR. LA SECRETARIA DE LA QUINTA SALA DE  DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA  DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  CERTIFICA que el voto suscrito por los señores jueces  supremos MARTÍNEZ MARAVÍ y CARTOLIN PASTOR fue  dejado oportunamente en relatoría, en cumplimiento a lo  establecido en el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la  Ley Orgánica del Poder Judicial, agregándose los referidos  votos suscritos a la presente resolución. 1  HITTERS, Juan Carlos. Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la  Casación. Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, página 166. 2  MONROY CABRA, Marco Gerardo. Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda  Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, página 359. 3  Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona  puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a  procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos  jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto,  cualquiera sea su denominación. 4  Artículo 50.- Son deberes de los Jueces en el proceso:  6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los  principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.  El Juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera  promovido o separado. El Juez sustituto continuará el proceso, pero puede  ordenar, en resolución debidamente motivada, que se repitan las audiencias, si lo  considera indispensable. 5  Artículo 122 del Código Procesal Civil. - Las resoluciones contienen:  3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las  consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho  que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o  normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; 6  Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. -  Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas,  bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan.  Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia  que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la  resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.7  CABRERA COLORADO, Orlando Federico. “Contrato Llave en Mano: Un Acierto  para la Infraestructura en México”. Artículo de la Revista de Derecho Privado- UNAM, año 2014, pág. 1. 8  HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Aurora. “Los Contratos Internacionales de  Construcción, Llave en Mano”. Revista Cuaderno de Derecho Transnacional,  marzo de 2014, Pág. 174. 9  Informe Legal, obrante a fojas mil trecientos siete del expediente administrativo. 10  Informe Legal, obrante a fojas mil doscientos ochenta del expediente administrativo. C-2136204-24