CASACIÓN Nº 12694-2021 LA LIBERTAD
Materia: Recálculo de Bonificación Personal – Decreto de  Urgencia Nº 105-2001 PROCESO ESPECIAL Lima, quince de junio de dos mil veintidós VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Es de competencia  de la Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano  jurisdiccional supremo, fallar en casación de acuerdo a lo  prescrito por el artículo 141 de la Constitución Política del  Estado,  pues  ostenta  atribuciones  reconocidas  constitucionalmente. Conforme a lo preceptuado en el artículo  1 de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso  Administrativo, la acción contencioso administrativa, prevista  en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado,  constituye una expresión singular del estado de justicia  administrativa; es decir, del sometimiento del poder al derecho;  al tener por finalidad que el Poder Judicial realice el control  jurídico de las actuaciones de la administración pública sujetas  al derecho administrativo, y la efectiva tutela de los derechos e  intereses de los administrados en su relación con la  administración. SEGUNDO: La parte demandada GobiernoRegional de La Libertad, por medio de la Procuraduría  Pública, interpuso recurso de casación mediante escrito  presentado el 06 de noviembre de 2020, contra la resolución de  vista contenida en la Resolución Nº 06 de fecha 03 de enero de  20201, que declaró nulo el concesorio de la apelación de la  sentencia contenida en la Resolución Nº 03 de fecha 28 de  agosto de 20192, que declaró fundada la demanda contencioso  administrativa interpuesta por María Teresa Gamboa Escobar,  en consecuencia, ordenó a la demandada reintegrar la  bonificación personal del demandante en función al 2% de la  remuneración básica de S/ 50.00, desde el 01 de septiembre  del 2001 hasta el mes de 25 de noviembre de 2012; más sus  devengados e intereses legales. Escrito que cumple con los  requisitos para su admisibilidad previstos en el numeral 3.1),  inciso 3) del artículo 35 y el artículo 36 del Texto Único  Ordenado de la Ley N° 27584- Ley que regula el Proceso  Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº  013-2008-JUS; y, los establecidos en el artículo 387 del Código  Procesal Civil, incisos 1), 2), 3) y 4), modificado por Ley Nº  29364; por lo que, corresponde analizar los requisitos de  procedencia. TERCERO: Respecto a los requisitos de  procedencia contemplados en los incisos 1) y 4) del artículo  388 del Código Procesal Civil, la entidad recurrente cuestionó  la sentencia emitida en primera instancia, mediante escrito de  fecha 17 de setiembre de 20193. Asimismo, cumplió con indicar  que su pretensión casatoria es anulatoria y que la Sala  Suprema  proceda  conforme  a  sus  atribuciones.  En  consecuencia, cumplió con estas exigencias procesales.  CUARTO: Ahora bien, los incisos 2 y 3 del artículo 388 del  indicado código procesal, establecen como requisitos de  procedencia, la descripción clara y precisa de la infracción  normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como  demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada;  por tanto, es obligación de la parte recurrente cumplir con las  exigencias técnicas previstas en esta norma. QUINTO: En tal  sentido, la entidad recurrente invoca como causales casatorias,  las siguientes: i. Infracción por aplicación indebida del  artículo 366 del Código Procesal Civil. Refiere que: “(…) el  escrito de apelación cumple los requisitos que en ella se indica;  sin embargo, el A quo señala que el objetivo de la apelación es  analizar y cuestionar la resolución apelada (auto o sentencia)  para su confirmación o revocación; sin embargo, la apelación  es un medio de impugnación a través del cual se busca que un  tribunal de jerarquía mayor solucione conforme a Derecho la  resolución del inferior (…). Líneas posteriores señala que: “Así  mismo no [se] aplicó el Principio lura Novit Curia, por cuanto el  Juez debe aplicar el derecho, haciendo la calificación jurídica  adecuada de los hechos, independientemente de lo establecido  por las partes en relación al derecho aplicable; toda vez, que su  función de director, no se agota en el análisis de los hechos y  situaciones que hayan ocurrido en el caso bajo su estudio, sino  también engloba la aplicación correcta de la norma jurídica que  se ajuste al caso concreto”. ii. Infracción del artículo 139  incisos 3 y 6 de la Constitución Política del Perú. Sostiene  que: “(…) el debido proceso es una manifestación compleja de  distintos derechos y garantías que permiten a las partes en un  proceso tener la certeza de que éste se lleva a cabo de forma  adecuada y ajustada a derecho (…)”. Y porque: “(…) el derecho  a la pluralidad de instancias, por cuanto permite que una  resolución sea vista en una segunda y hasta en una tercera  instancia. (…) existe la posibilidad de que un error, deficiencia  o arbitrariedad contenida en una resolución…pueda ser  subsanado (…)”. iii. Vulneración del principio dikelógico.  Postula que: “ (…) no se ha tenido en cuenta que no se ha  vulnerado los derechos laborales de la demandante ya que los  actos administrativos cuestionados se han llevado a cabo  dentro del principio de legalidad”. SEXTO: Analizadas las  causales denunciadas en los items “i” y “ii”, se aprecia que  cumplen con los requisitos señalados en los incisos 2), 3) y 4)  del artículo 388 del Código Procesal Civil, esto es, al haberse  señalado en forma clara y precisa en qué han consistido las  infracciones denunciadas, haber demostrado cuál sería la  incidencia directa de las mismas sobre la decisión impugnada,  así como el sentido del pedido casatorio; por lo que,  corresponde declarar la procedencia del recurso de casación  por dichas causales. De otro lado, declaramos improcedente  la causal contenida en el ítem “iii”, habida cuenta a que se  realiza una descripción genérica sin mayor desarrollo aplicable  a la resolución de vista recurrida. SÉPTIMO: Por estas  consideraciones, y de conformidad con lo establecido en el  artículo  391  del  Código  Procesal  Civil,  declararon:  PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la  entidad demandada Gobierno Regional de La Libertad, por  las causales de: i) Infracción por aplicación indebida del  artículo 366 del Código Procesal Civil; e ii) Infracción del  artículo 139 incisos 3) y 6) de la Constitución Política del  Perú, en el proceso contencioso administrativo seguido por  María Teresa Gamboa Escobar. OCTAVO: Declarada laprocedencia del recurso, correspondería la fijación de vista de  fondo, conforme lo prescribe el artículo 391 del Código Procesal  Civil. No obstante, advertidos los suficientes elementos de  juicio para pronunciarnos sobre el fondo respecto de las  causales declaradas procedentes, y en respeto de los derechos  de las partes procesales (quienes tienen conocimiento de que  la causa discurre la sede extraordinara suprema), es menester  de este Colegiado Supremo indicar que la causa se encuentra  habilitada para dicho fin, pues, como hemos reiterado en  distintos pronunciamientos, el proceso no es un fin en sí mismo,  sino una herramienta que busca maximizar los derechos  sustantivos de las partes en litigio y así, salvaguardar aquellos  que se vean afectados o vulnerados. En ese sentido, el  pronunciamiento por las causales habilitantes importa  flexibilizar ritualismos procesales de cara a la maximización de  la pronta solución del litigio, y lograr así una real tutela  jurisdiccional efectiva, ello con mérito de lo prescrito en los  principios procesales de economía y celeridad procesal.  ANTECEDENTES: NOVENO: La parte demandante María  Teresa Gamboa Escobar a través de su demanda contencioso  administrativa dirigida contra el Gobierno Regional de La  Libertad pretende que judicialmente se declare: i) la nulidad de  las resoluciones administrativas, ii) se reajuste el pago continuo  de la bonificación personal, iii) devengados e intereses legales,  retroactivamente al 01 de setiembre de 2001 hasta noviembre  del 2012. DÉCIMO: Una vez contestada negativamente la  demanda por parte de la accionada, quien negó todos los  fundamentos del escrito postulatorio; se expidió sentencia  contenida en la resolución Nº 03, de fecha 28 de agosto de  2019, a través de la cual, el Primer Juzgado Especializado de  Trabajo de Trujillo declaró fundada la demanda; luego de  considerar que a la demandante le asiste el derecho pretendido  pues: i) a la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº  105-2001, la demandante, en su condición de nombrada y  reasignada, percibía la bonificación personal en la suma de  0.01 céntimo de sol, suma que no corresponde al 2% de la  remuneración básica reajustada por el citado Decreto; ii) por  principio de jerarquía de normas, es aplicable sobre lo dispuesto  contradictoriamente en el artículo 4 del Texto que le reglamenta  según el Decreto Supremo N° 196-2001-EF. DÉCIMO  PRIMERO: La entidad demandada interpuso recurso de  apelación a la sentencia estimatoria. Fundamentó su tesis  impugnatoria en que: i) no le corresponde dicho pago por  cuanto la restitución de la remuneración básica solo se reajusta  en el caso de los Profesionales de la Salud de la Ley Nº 23536  y Servidores Públicos sujetos al Régimen Laboral del Decreto  Ley Nº 276, cuyos ingresos mensuales, incluyendo Incentivos,  Entregas, Programas o Actividades de Bienestar que se les  otorguen a través del CAFAE del Pliego sean menores o  iguales a S/. 1,250.00, ii) Se aplicó indebidamente el artículo 4  del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF; y iii) Se aplicó  indebidamente el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 105- 2001. DÉCIMO SEGUNDO: La Cuarta Sala Laboral, en la  decisión ahora recurrida, declaró nulo el concesorio de la  apelación de la sentencia porque la demandada, al fundamentar  su escrito impugnatorio, no desarrolló en forma clara y precisa  los  agravios  indicados.  MATERIA  JURÍDICA  EN  CONTROVERSIA DÉCIMO TERCERO: En ese sentido, se  analizará si la Cuarta Sala Labora de la Corte Superior de  Justicia de La Libertad, infringió los artículos 366 del Código  Procesal Civil y 139 incisos 3 y 6 de la Constitución Política  del Perú. Sobre la pluralidad de la instancia DÉCIMO  CUARTO: El artículo 139 inciso 6 de la Constitución Política  prescribe el derecho a la pluraidad de la instancia de todo  justiciable, en el sentido que: “Son principios y derechos de la  función jurisdiccional: 6. La pluralidad de la instancia.”. Sin  embargo, este derecho –contenido del debido proceso– es  también uno constitucional de configuración legal, en tanto la  Carta Magna per se no desarrolla sus alcances, sino que los  mismos son descritos y materializados a través de normas de  rango legal. Así lo entendió el Tribunal Constitucional pues en  la STC 04235-2010-PHC/TC desarrolló que: “(...) el derecho a  los medios impugnatorios es un derecho de configuración  legal, mediante el cual se posibilita que lo resuelto por un  órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano  jurisdiccional superior”. Con lo indicado, el Máximo Intérprete  de la Constitución concluyó, en reiterada jurisprudencia4, que  se trata de un derecho fundamental que: “tiene por objeto  garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que  participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que  lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un  órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya  hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados  dentro del plazo legal”. DÉCIMO QUINTO: Uno de estos límites  es el impuesto por el legislador en el artículo 366 del Código  Procesal Civil, rotulado de la siguiente forma: “El que interpone  apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o  de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturalezadel agravio y sustentando su pretensión impugnatoria.”. Y esto  es así porque quien formule un determinado recurso, debe  indicar de forma clara y precisa cómo es que la resolución  recurrida le ha producido agravio, ya sea material o procesal.  En ese sentido, la apertura de un segundo pronunciamiento a  una decisión judicial debe llevar consigo la indicación de cómo  es que el primero de ellos le causa afección a quien busca en  el órgano jurisdiccional, un pronunciamiento conforme a  Derecho. Del caso concreto DÉCIMO SEXTO: Descritos los  principales actuados en este proceso, y precisada la  connotación jurídica de las infracciones invocadas por la  recurrente en su escrito casatorio, advertimos que, contrario a  lo resuelto por el Órgano Superior, este Supremo Tribunal  considera que la demandada sí fundamentó su apelación de la  sentencia. En el considerando décimo primero de esta decisión  se indican los puntos sobre los cuales la Procuraduría  demandada pretende ante la Sala Superior el reexamen  valorativo de lo resuelto por el juez de origen. Sin embargo, sin  justificación alguna y con motivación aparente5, la Sala Superior  claudicó a su deber revisor. En ese sentido, resulta clara y  manifiesta la contravención de las infracciones acusadas por el  casante, quien ha probado que la decisión nulificante de la  instancia superior no está dotada de mayores razones claras ni  soportadas en Derecho ni del caso en concreto, de cara a la  denegatoria del recurso formulado contra la decisión estimatoria  del juez de origen. DÉCIMO SÉTIMO: En ese sentido,  corresponde declarar fundado el recurso de casación, declarar  nula la resolución de vista, y ordenar a la Sala Superior emitir  nuevo pronunciamiento que responda en una decisión de  fondo, los argumentos expuestos por el recurrente. DÉCIMO  OCTAVO: Por último, consideramos necesario precisar que,  desde la fecha de iniciado este proceso, y dado que involucra  los derechos asistenciales, el Órgano Superior debe  pronunciarse en la brevedad posible y dentro de un plazo  razonable. Por estas consideraciones, y en aplicación del  inciso 1 del artículo 396 del Código Procesal Civil: declararon:  1. FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el  Gobierno Regional de La Libertad, a través de su recurso  presentado el 06 de noviembre de 2020, 2. CASARON la  resolución de vista contenida en la Resolución Nº 06 de fecha  03 de enero de 2020, que declaró nulo el concesorio de la  apelación de la sentencia contenida en la Resolución Nº 03; en  consecuencia, 3. NULA la referida resolución de vista, y  ORDENARON  a  la  Sala  Superior  EMITIR  nuevo  pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, conforme  ha sido planteado por la accionada en su apelación de la  sentencia estimatoria, ello dentro de un plazo razonable y sin  mayor dilación. 4. EXHORTARON a los jueces de la Sala  Superior de La Libertad, cumplir su deber de impartir justicia en  función al principio de la debida diligencia. 5. DISPUSIERON la  publicación de la presente resolución en el diario oficial “El  Peruano” conforme a ley; y, devolvieron los actuados.  Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Tejeda  Zavala. SS. TORRES VEGA, ARAUJO SÁNCHEZ, GÓMEZ  CARBAJAL, TEJEDA ZAVALA, MAMANI COAQUIRA. 1  Obrante a folios 101/103 del expediente principal. 2  Obrante a folios 80/88 del expediente principal. 3  Obrante a folios 92/95 del expediente principal. 4  Resoluciones 03261-2005-PA/TC, fundamento 3; 05108-2008-PA/TC, fundamento  5; 05415-2008-PA/TC, fundamento 6; y Sentencia 00607-2009- PA/TC,  fundamento 51. 5  STC 00728-2008-PHC/TC. 7.a: “Inexistencia de motivación o motivación aparente.  Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente  motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente,  en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la  decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o  porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en  frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.”. C-2136195-163