CASACIÓN N°12724–2021 LA LIBERTAD
Materia: Acción contencioso administrativa previsional Reintegro de la bonificación especial por Preparación de  Clases y Evaluación Artículo 48 de la Ley del Profesorado, Ley Nº 24029 PROCESO ESPECIAL Lima, uno de julio de dos mil veintidós VISTO; el expediente principal, y CONSIDERANDO:  Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el  recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de  La Libertad, de fecha ocho de diciembre del dos mil veinte,  obrante a fojas ciento cuarenta y ocho del expediente  principal, contra el auto de vista de fecha veintiocho de  octubre del dos mil veinte, obrante a fojas ciento cuarenta y  tres del expediente principal, que declaró nulo el concesorio  de apelación e improcedente el recurso de apelación  interpuesto por la entidad recurrente contra la sentencia  emitida en primera instancia, de fecha trece de enero de dos  mil dos mil veinte, obrante a fojas ciento diecinueve, que  declaró fundada en parte la demanda. Por lo que corresponde  calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho  medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos  387 y 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº  29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del  artículo 34, así como el artículo 35 del Texto Único Ordenado  de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso  Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 011- 2019-JUS. Segundo: El recurso cumple con los requisitos de  admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal  Civil, pues se advierte que: i) se impugna una resolución  expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano  de segundo grado, pone fin al proceso; ii) ha sido interpuesto  ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue  interpuesto dentro del plazo de diez días de notificado el  recurrente con la resolución impugnada; y, iv) no adjunta tasa  judicial por concepto de casación, al encontrarse exonerado  por ser una entidad del Estado, en virtud de lo establecido en  el artículo 24 literal “g” del Texto Único Ordenado de la Ley  Orgánica del Poder Judicial. Tercero: Antes de analizar los  requisitos de procedencia, resulta necesario precisar que el  recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario  que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente  jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración  probatoria; por ello, sus fines esenciales son la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la  uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema; para coadyuvar a dichos fines, la fundamentación  del recurso debe ser clara, precisa y concreta; debiendo  indicarse ordenadamente cuáles son las denuncias que  configuran la infracción normativa que incide directamente  sobre la decisión impugnada o desarrollando las razones por  las cuales se sostiene que se habría producido el apartamiento  inmotivado de un precedente judicial. Cuarto: En cuanto a las  causales del recurso, estas se encuentran contempladas en  el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el  artículo 1 de la Ley N° 29364, en el cual se señala que: «El  recurso de casación se sustenta en la infracción normativaque incida directamente sobre la decisión contenida en la  resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del  precedente judicial». Asimismo, los numerales 1 al 4 del  artículo 388 del Código Procesal Civil establecen los requisitos  de procedencia del recurso: i) que el recurrente no hubiera  consentido la sentencia de primera instancia que le fue  adversa, cuando esta fuera confirmada por la resolución  objeto del recurso; ii) se describa con claridad y precisión la  infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial;  así como, iii) demostrar la incidencia directa de la infracción  sobre la decisión impugnada; y, finalmente iv) indicar si el  pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto: El  recurso de casación interpuesto cumple con la exigencia  prevista en el citado artículo 388 numeral 1 del Código  Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la parte  recurrente interpuso recurso de apelación, conforme se  aprecia del escrito obrante a fojas ciento veintiocho, contra la  sentencia de primera instancia, porque la misma le resultó  adversa. Asimismo, en cumplimiento del numeral 4 del  mencionado artículo la parte impugnante señala que su  pedido casatorio es anulatorio. Sexto: En cuanto a las  exigencias contenidas en los numerales 2) y 3) del artículo  388 del indicado Código Procesal y su modificatoria, la  entidad recurrente denuncia como causales de su recurso de  casación las siguientes: i) Infracción normativa del artículo  366 del Código Procesal Civil Sostiene que la infracción  consiste en que el Colegiado Superior declara nulo el  concesorio de apelación, no siendo correcto por cuando se ha  interpuesto según lo establecido en el artículo 366 del Código  Procesal Civil; es decir, indicando el error de hecho o de  derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza  del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria. ii)  Infracción normativa por inaplicación del artículo VII del  Título Preliminar del Código Procesal Civil Refiere que la  norma precitada establece: “El juez debe de aplicar el derecho  que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado  por la parte o lo haya sido erróneamente”. iii) Infracción  normativa por inaplicación del numeral 3 y 6 del artículo  139 de la Constitución Política del Perú Señala que el  numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú,  establece que el debido proceso es una manifestación  compleja de distintos derechos y garantías que permiten a las  partes en un proceso tener la certeza de que éste se lleva a  cabo de forma adecuada y ajustada a derecho, de tal suerte  que no entran en juegos intereses particulares extraños a los  suyos propios, aunque, eso sí, siempre sometidos al interés  público y general de la función jurisdiccional, el cual es el  obtener la paz social en justicia. Asimismo, refiere que el  numeral 6 del artículo antes citado, el cual indica que el  derecho a la pluralidad de instancias, por cuanto permite que  una resolución sea vista en una segunda y hasta en una  tercera instancia. Es decir, existe la posibilidad de que un  error, deficiencia o arbitrariedad contenida en una resolución  expedida por un órgano jurisdiccional de instancia menor,  pueda ser subsanado. Además, una seguridad para el propio  juez, ya que los fallos de resultar correctos habrán de ser  corroborados por el superior jerárquico. iv) Infracción  normativa por inaplicación del numeral 5 del artículo 139  de la Constitución Política del Estado Arguye que la norma  precitada prescribe sobre la motivación escrita de todas las  resoluciones judiciales en todas las instancias. v) Infracción  normativa por haber trastocado el principio Dikelógico  Aduce que el Colegiado Superior no ha tenido en cuenta que  no se ha vulnerado los derechos laborales de la demandante,  ya que los actos administrativos cuestionados se han llevado  a cabo dentro del principio de legalidad. vi) Infracción  normativa del principio Iura Novit Curia. Sustenta que no  se aplicó el Principio lura Novit Curia, por cuanto el Juez debe  aplicar el derecho, haciendo la calificación jurídica adecuada  de los hechos, independientemente de lo establecido por las  partes en relación al derecho aplicable; toda vez, que su  función de director, no se agota en el análisis de los hechos y  situaciones que hayan ocurrido en el caso bajo su estudio,  sino también engloba la aplicación correcta de la norma  jurídica que se ajuste al caso concreto. Séptimo: En relación  a la infracción descrita en el numeral iii) del considerando  anterior, esta Sala Suprema observa que cumple con los  presupuestos para su procedencia conforme lo prescriben los  numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil,  modificado por la Ley N° 29364, esto es, describir con claridad  y precisión la infracción normativa, lo que implica desarrollar  el modo en que se habría incurrido en la misma; además, se  habría demostrado la incidencia directa de la infracción sobre  la decisión impugnada, razón por la cual dicha causal deviene  en procedente. Octavo: En cuanto a las infracciones  descritas en los numerales i), ii), iv), v) y vi) esta Sala  Suprema observa que la parte impugnante no cumple con  describir con claridad y precisión en qué radica las infraccionesnormativas, tampoco se evidencia que haya demostrado la  incidencia directa de las infracciones denunciadas sobre el  fallo que cuestiona, lo que significa que las referidas  infracciones deben revestir un grado tal de trascendencia o  influencia que su aplicación incorrecta va a generar como  consecuencia inevitable que se modifique el sentido de lo  decidido en la resolución impugnada; por lo que no cumple  con la exigencia prevista en los numerales 2 y 3 del artículo  388 del código adjetivo, razones por las cuales dichas  causales  devienen  en  improcedentes.  Por  estas  consideraciones y en aplicación con lo establecido en el  artículo  391  del  Código  Procesal  Civil:  Declararon  PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el  Gobierno Regional de La Libertad, de fecha ocho de  diciembre del dos mil veinte, obrante a fojas ciento cuarenta y  ocho del expediente principal, contra el auto de vista de fecha  veintiocho de octubre del dos mil veinte, obrante a fojas ciento  cuarenta y tres del expediente principal; por la causal de  infracción de los incisos 3) y 6) del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú. Noveno: Cabe precisar que,  si bien al haberse declarado procedente el recurso de  casación, correspondería señalar fecha para la vista de fondo,  conforme dispone el artículo 391 del Código Procesal Civil;  debe señalarse que atendiendo al principio de celeridad  procesal, como garantía primigenia que asiste a las partes de  un proceso, y que implica en su decurso un plazo justo y  razonable como derecho fundamental; además que en este  caso, se cuenta con suficientes elementos de juicio para  emitir pronunciamiento sobre la causal declarada procedente;  máxime, si con la presente resolución, priorizando el derecho  constitucional al debido proceso y la tutela jurisdiccional  efectiva, se busca reparar la falta de pronunciamiento en la  que incurre la Cuarta Sala Especializada Laboral de la Corte  Superior de Justicia de La Libertad, infringiendo el derecho a  la pluralidad de instancias, garantía que consagra el inciso 6)  del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, el  cual garantiza que las personas, naturales o jurídicas que  participen en un proceso judicial, tengan la oportunidad de  que lo resuelto por un órgano jurisdiccional, sea revisado por  uno superior de la misma naturaleza, siempre que se haya  hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes,  formulados dentro del plazo legal1, corresponde emitir  pronunciamiento respecto de la causal aceptada. Décimo: Es  así, que el Tribunal Constitucional, ha señalado en reiterada  jurisprudencia que: “El derecho a la pluralidad de instancias  es una garantía consustancial al derecho al debido proceso,  que persigue que lo resuelto por un Juez en primera instancia  pueda revisarse por un órgano funcionalmente superior,  permitiendo de esta manera que lo resuelto por aquel, sea  objeto cuando menos de un doble pronunciamiento  jurisdiccional.2” Décimo Primero: Asimismo, a nivel del  ordenamiento jurídico internacional, el artículo 14 del Pacto  Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito  por el Estado peruano en mil novecientos ochenta y ocho, y  ratificado en mil novecientos noventa y cinco, prescribe que  “(…) Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente,  con las debidas garantías por un tribunal competente, (…); y  la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual  también forma parte el Perú, reconoce en su artículo 8 dentro  de las garantías judiciales: (…) “h) el derecho de recurrir del  fallo ante juez o tribunal superior”, y en su artículo 25.1. “Toda  persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a  cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales  competentes, que la ampare contra actos que violen sus  derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la  ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea  cometida por personas que actúen en ejercicio de sus  funciones oficiales”. Décimo Segundo: De lo expuesto,  queda claro que las normas nacionales, al igual que las  internacionales, reconocen el derecho a la pluralidad de  instancias como un derecho fundamental dentro de la  actividad jurisdiccional, a fin de garantizar el debido proceso;  por lo tanto, debe ser resguardado por nuestros tribunales de  justicia. Décimo Tercero: Es por ello, que este Supremo  Tribunal, considerando además el principio de celeridad  procesal, estima conveniente que en el caso de autos, se  debe emitir pronunciamiento respecto de la casual procesal  admitida, en aras de los principios de informalidad y economía  procesal, ya que de lo contrario, es decir, esperar más tiempo  para resolver el mismo, devendría en un exceso de ritualismo  procesal incompatible con los fines del recurso de casación,  como establece el artículo 384 del Código Procesal Civil; más  aún si se advierte, que lo efectuado por la Sala Superior  de la Libertad, viene siendo una práctica constante dentro  de sus pronunciamientos como órgano jurisdiccional.  Décimo Cuarto: En el presente caso, mediante sentencia de  primera instancia de fecha trece de enero de dos mil veinte,  obrante a fojas ciento diecinueve y siguientes, el juez de lacausa declaró fundada en parte la demanda, ordenando que  la entidad demandada expida, nueva resolución administrativa,  reajustando y reintegrando la bonificación especial por  Preparación de Clases y Evaluación de la parte demandante,  desde el uno de febrero de mil novecientos noventa y uno, y  desde esa fecha en forma permanente y/o continua;  bonificación que, como se ha mencionado, debe calcularse  en monto equivalente al treinta por ciento (30%) de su  remuneración total, más devengados derivados por el  reconocimiento del reintegro del concepto demandado, los  mismos que corresponde ser calculados a partir del uno de  febrero de mil novecientos noventa y uno, y hasta que se  haga efectivo el reajuste de la bonificación por preparación de  clases dispuesto en esta sentencia; deduciéndose los montos  pagados por dicho concepto, así como la retención del  porcentaje mensual al Sistema de Pensiones al que esté  afiliado la parte accionante, más el pago de intereses legales.  Respecto al pedido de pago ascendente veinticuatro mil con  00/100 soles (S/ 24,000.00), esto deberá ser pedido en el  estadio correspondiente; esto es, en ejecución de sentencia.  Décimo Quinto: Resolución, que fue apelada por la entidad  demandada, mediante escrito de fecha nueve de marzo de  dos mil veinte, obrante a fojas ciento veintiocho y siguientes,  recurso que fue concedido mediante Resolución N° 06, de  fecha uno de julio de dos mil veinte, obrante a fojas ciento  treinta y siete. Décimo Sexto: Por su parte, la Cuarta Sala  Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de La  Libertad, mediante Resolución N° 08, de fecha veintiocho de  octubre de dos mil veinte, declaró nula la Resolución N° 06 e  improcedente la apelación formulada contra la sentencia de  primera instancia, al señalar básicamente que la Procuraduría  del Gobierno Regional sostiene que la demandante ya no  viene prestando labor efectiva como docente y, por ende, no  prepara clases ni evaluaciones. Sin embargo, no ha  cuestionado en forma específica los argumentos fácticos y  jurídicos que tienen como base la aplicación de los criterios  interpretativos desarrollados en el precedente vinculante  citado en la sentencia, sobre la materia controvertida, en la  que en los supuestos de aplicación del precedente establece  que corresponde el recálculo a favor de los pensionistas que  vienen percibiendo el referido beneficio como parte integrante  de su pensión; en consecuencia, como no ha explicitado el  error incurrido en la sentencia; es decir, las razones por las  que no resulta aplicable el precedente vinculante aplicado, de  conformidad con el segundo párrafo del artículo 367 del citado  cuerpo legal, el recurso resulta improcedente. Décimo  Séptimo:  DESARROLLO  DE  LAS  INFRACCIONES:  Respecto a la causal denunciada, cabe precisar que el debido  proceso, es un principio y derecho de la función jurisdiccional,  consagrado en el inciso 3) del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú, que tiene por función velar  por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las  garantías constitucionales que lo integran, dando a toda  persona, la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la  tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un  procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable  y suficiente de ser oído, a obtener una sentencia debidamente  motivada y garantizando el derecho a la pluralidad de  instancias, de conformidad con el inciso 6) del artículo 139  de la Constitución Política del Estado. Décimo Octavo: En  tal sentido, atendiendo a lo señalado en los considerandos  que anteceden, es evidente que la Sala Superior, al declarar  improcedente el recurso de apelación, incurre en las  infracciones procesales denunciadas, ya que desconoce su  obligación de revisar la sentencia de primera instancia, bajo  los agravios expuestos en el recurso de apelación, vulnerando  la garantía procesal de la pluralidad de instancias; así como,  la debida motivación de las resoluciones judiciales, y con ello  el debido proceso; si se tiene en cuenta que el auto de vista,  contiene una motivación aparente, al no dar una respuesta  razonada, motivada y congruente con las alegaciones  expuestas en el referido recurso, evidenciado que el  Colegiado de mérito, solo intentaba dar cumplimiento formal a  la norma, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico  o jurídico; por lo tanto, corresponde disponer que la Sala  Superior, emita nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la  controversia. Décimo Noveno: Asimismo, si bien existe la  posibilidad de rechazar el recurso de apelación en virtud del  artículo 367 del Código Procesal Civil, debe señalarse que en  el presente caso, el recurso de apelación contiene una  argumentación sobre la cual, los miembros del Tribunal  Superior, tenían la obligación de pronunciarse; por lo tanto, al  no hacerlo, es evidente que se ha vulnerado el derecho de  defensa y el derecho a la doble instancia; en tal sentido, es  necesario exhortar a los magistrados para que cumplan con  respetar los principios que conforman la administración de  justicia, ejerciendo correctamente sus deberes en función al  principio de la debida diligencia. DECISIÓN: Estando a loseñalado precedentemente, y en aplicación del inciso 1 del  artículo 396 del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO  el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional  de La Libertad, de fecha ocho de diciembre del dos mil  veinte, obrante a fojas ciento cuarenta y ocho del expediente  principal; en consecuencia, NULA la Resolución de Vista de  fecha veintiocho de octubre del dos mil veinte, obrante a fojas  ciento cuarenta y tres y siguientes; y ORDENARON que la  Sala Superior emita nuevo pronunciamiento sobre el fondo de  la controversia. EXHORTARON a los jueces de la Sala  Superior de la Libertad, a que cumplan con su deber de  impartir justicia en función al principio de la debida diligencia.  DISPUSIERON la publicación del texto de la presente  sentencia en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en  el proceso seguido por Juana Filomena García Lozano  contra la entidad recurrente, sobre reintegro de la bonificación  especial por preparación de clases y evaluación; notifíquese  por Secretaría y devolvieron los autos. Interviniendo como  ponente la señora Jueza Suprema Torres Vega. S.S.  TORRES VEGA, ARAUJO SÁNCHEZ, GÓMEZ CARBAJAL,  TEJEDA ZAVALA, MAMANI COAQUIRA. 1  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03261-2005-PA/ TC. 2  Sentencia del Tribunal constitucional recaída en el Expediente Nº 03261-2005-PA/ TC. C-2136195-174