CASACIÓN Nº 13241-2017 LA LIBERTAD 
Materia: Si bien es cierto la Ley Nº 25009 establece un  régimen de jubilación especial para los trabajadores  mineros, también lo es que la pensión se otorga teniendo  en consideración la actividad riesgosa realizada, ya que ello  implica una disminución en el tiempo de vida, lo que no está  acreditado en el presente caso. Lima, diez de marzo De dos mil veintidós LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA la causa en audiencia  pública de la fecha; integrada por las señoras Juezas  Supremas Torres Vega, Araujo Sánchez, Gómez Carbajal,  Tejeda Zavala y Mamani Coaquira; luego de producida la  votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I.  MATERIA DEL RECURSO: Es de conocimiento de esta  Sala Suprema el recurso de casación de fecha doce de abril  de dos mil diecisiete1, interpuesto por el demandante,  Melitón Santisteban Martínez, contra la sentencia de vista  de fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete2, que  confirmó la sentencia de primera instancia de fecha seis de  enero de dos mil dieciséis3, que declaró infundada la  demanda; en el proceso seguido por el recurrente contra la  Oficina de Normalización Previsional. II. ANTECEDENTES  DEL PROCESO: a) Demanda: Petitorio y fundamentos  Melitón  Santisteban  Martínez  interpuso  demanda  contencioso administrativa4 a fin de que se declare la nulidad  de la Resolución Nº 063093-2005-ONP/DC/DL 19990, de  fecha dieciocho de julio de dos mil cinco; la resolución ficta  negativa del acto administrativo (notificación del seis de  febrero de dos mil catorce); en consecuencia, se ordene a la  entidad demandada que expida nueva resolución otorgando  jubilación minera, según los artículos 1 y 2 de la Ley Nº  25009, los artículos 2, 3 y 9 del Decreto Supremo Nº 029-89- TR, con el pago de pensiones devengadas e intereses  legales. Alegó que había cumplido los requisitos de edad,  aportes y labores mineras siderúrgicas, con lo demás que  fundamentó y medios probatorios ofrecidos. b) Sentencia  de primera instancia Mediante la resolución de fecha seis  de enero de dos mil dieciséis, el Primer Juzgado  Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de  La Libertad declaró infundada la demanda. Se sustentó esta  decisión en lo siguiente: “(…) se verifica el Certificado de  Trabajo obrante a folios 05, en el cual se acredita que si bien  es cierto el demandante laboró para la empresa Siderúrgica  del Perú- SIDERPERU, desde el 24 de Setiembre de 1973  hasta el 30 de Enero de 1991, haciendo un récord laboral de  17 años y 4 meses de los 20 años reconocidos por la ONP,  que es una empresa siderúrgica; sin embargo, para obtener  la pensión de jubilación minera es requisito haber realizado  labores en minas subterráneas, minas a tajo a abierto y/o en  centros siderúrgicos o metalúrgicos, situación de las labores  del demandante realizadas como auxiliar de inventarios,  auxiliar de cajero, recibidor de caja-pagaduría, analista  auxiliar de cuentas y analista de contabilidad, pues ninguna  de ellas se encuentra comprendida en las señaladas en el  artículo 18 del Reglamento de la Ley N°25009; y si bien en  el certificado expedido por el Gerente de Seguridad, Salud y  Medio Ambiente de la empresa SIDERPERU, obrante a  folios 06, se señala desempeño de actividades expuestas a  los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad y que se  le  habría  asignado  equipos  de  protección,  ello  necesariamente no determina que se haya desempeñado en  las labores propias del centro siderúrgico, pues según el  certificado de trabajo, su labor siempre ha sido en áreas  administrativas, es decir no ha laborado en ninguna de las  áreas de procesamiento del hierro y siderurgia; en tal sentido  la pretensión de la demandante no resulta amparable”. c)  Sentencia de vista La Sala Mixta Descentralizada de la  Corte Superior de Justicia de La Libertad, absolviendo el  recurso de apelación del demandante, emitió la sentencia de  vista de fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, por  la cual confirmó la sentencia de primera instancia que  declaró infundada la demanda. La instancia de mérito, para  efectos de fundamentar su decisión, expuso lo siguiente: -  Señaló que de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Ley Nº  25009, los trabajadores que laboren en centros de  producción minera, entre otros, tienen derecho a percibir  una pensión de jubilación completa entre los cincuenta (50)  y cincuenta y cinco (55) años de edad, siempre que cuenten  con treinta (30) años de aportaciones, quince (15) de los  cuales deben corresponder a labores prestadas en dicha  modalidad y que en la realización de estas se encuentren  expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e  insalubridad. Indicó que el propio demandante afirmó haberaportado a la seguridad social solo veinte (20) años y (10)  meses; contario sensu, reconoció que no cuenta con treinta  (30) años de aportación; por lo tanto, dicha afirmación  constituye declaración asimilada de conformidad con el  artículo 221 del Código Procesal Civil. - Asimismo, aseveró  del certificado de trabajo de fecha diez de julio de dos mil  trece se evidencia que los últimos cargos desempeñados  fueron “auxiliar inventarios”, “auxiliar de cajero”, “recibidor  de caja – pagaduría”, “análisis auxiliar de cuentas” y “analista  de contabilidad”; en consecuencia, el demandante no probó  que en la realización de sus labores haya estado expuesto a  los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad; pues si  bien en el certificado de fecha dieciséis de enero de dos mil  trece se dejó constancia de una nota que señala: “(c)  Desempeño de actividades expuestas a los riesgos de  toxicidad, peligrosidad e insalubridad”, en la parte final se  indica: “El uso de equipos de seguridad asignados resulta  obligatorio para cada puesto”. En consecuencia, concluyó el  demandante no probó que en la realización de sus labores  haya estado expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad  e insalubridad. III. CAUSALES DEL RECURSO DE  CASACIÓN: Mediante la resolución de fecha veintisiete de  octubre de dos mil diecisiete5 se declaró procedente el  recurso de casación presentado por Meliton Santisteban  Martínez, por las siguientes causales: i) infracción  normativa de los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 25009, los  artículos 2 y 3 del Decreto Supremo Nº 029-89-TR; ii)  infracción normativa del artículo 139, incisos 3 y 5, de la  Constitución Política del Perú. IV. CONSIDERACIONES  DE LA SALA SUPREMA: PRIMERO: En principio,  corresponde mencionar que la función nomofiláctica del  recurso de casación garantiza que los Tribunales Supremos  sean los encargados de salvaguardar el respeto del órgano  jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así cualquier tipo  de afectación a normas jurídicas materiales y procesales,  procurando –conforme menciona el artículo 384 del Código  Procesal Civil– la adecuada aplicación del derecho objetivo  al caso concreto. Delimitación de la controversia  SEGUNDO: En atención a lo precedentemente expuesto y  en concordancia con las causales por las que fue admitido el  recurso de casación, corresponde a esta Sala Suprema  verificar si la interpretación de las normas denunciadas, se  ajusta a derecho y ha sido correctamente aplicada, a efectos  de determinar si a la demandante le corresponde o no el  reconocimiento de una pensión de viudez. Desarrollo de  las causales admitidas TERCERO: Respecto a la  infracción de carácter procesal En cuanto a la infracción  normativa del artículo 139, incisos 3 y 5, de la  Constitución Política del Estado, cabe señalar que el  debido proceso es un principio y derecho de la función  jurisdiccional, cuya función es velar por el respeto irrestricto  de  los  derechos  fundamentales  y  las  garantías  constitucionales que lo integran, dando a toda persona la  posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela  jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento  regular en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de  ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir prueba  y obtener una sentencia debidamente motivada. En ese  sentido, constituye una garantía constitucional que asegura  que, en la tramitación de un proceso, se respeten  determinados requisitos mínimos6. En general, se considera  que tales requisitos7 abarcan los siguientes criterios: (i)  derecho a ser oportunamente informado del proceso  (emplazamiento,  notificación,  tiempo  razonable  para  preparar la defensa); (ii) derecho a ser juzgado por un juez  imparcial, que no tenga interés en un determinado resultado  del juicio; (iii) derecho a tramitación oral de la causa y a la  defensa por un profesional (publicidad del debate); (iv)  derecho a la prueba; (v) derecho a ser juzgado sobre la base  del mérito del proceso; y, (vi) derecho al juez legal. Este  derecho fundamental asiste a todos los sujetos de derecho a  plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos  órganos jurisdiccionales, creados mediante ley orgánica,  pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los  principios constitucionales de igualdad, independencia y  sumisión a la ley, y constituidos con arreglo a las normas  comunes de competencia preestablecidas. CUARTO:  Asimismo, el derecho a obtener una resolución fundada en  derecho es un derecho de rango constitucional, esto es, una  respuesta razonada, motivada y congruente de parte de los  órganos jurisdiccionales8, en las que los jueces expliciten en  forma suficiente las razones de sus fallos, con mención  expresa de los elementos fácticos y jurídicos que las  determinaron, garantizándose con ello que el justiciable  pueda comprobar que la solución del caso concreto viene  dada por una valoración racional de la fundamentación  fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones  jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de losmagistrados; en ese entendido, es posible afirmar que una  resolución que carezca de motivación suficiente no solo  infringe normas legales, sino también principios de nivel  constitucional. Es así que el derecho a la debida motivación  de las resoluciones judiciales, bajo el marco del contenido  constitucional, garantiza la delimitación de otros supuestos  que han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional: a)  inexistencia de motivación o motivación aparente, b) falta de  motivación interna del razonamiento, c) deficiencias en la  motivación externa: justificación de las premisas, d)  motivación insuficiente, e) motivación sustancialmente  incongruente y f) motivaciones cualificadas; recogidos en la  sentencia del Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC. QUINTO:  En ese sentido, se aprecia de autos que la Sala Superior  señaló los fundamentos que le sirvieron de base para  desestimar la demanda; de ese modo, sostuvo básicamente  que no está acreditado el cumplimiento de los requisitos  para obtener la pensión solicitada; asimismo, no se evidencia  vulneración del debido proceso en la emisión de la sentencia  de vista, ni en la tramitación del presente proceso. Siendo  así, la infracción procesal normativa de los incisos 3 y 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú deviene en  infundada. SEXTO: Respecto a la infracciones de carácter  material Con relación a las infracciones normativas de  los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 25009, y de los artículos 2  y 3 de su reglamento aprobado por el Decreto Supremo  Nº 029-89-TR, debemos señalar, en principio, el tenor de los  referidos dispositivos: Artículos 1 y 2 de la Ley Nº 25009  “Artículo 1.- Los trabajadores que laboren en minas  subterráneas o los que realicen labores directamente  extractivas en las minas a tajo abierto tienen derecho a  percibir pensión de jubilación a los cuarenticinco (45) y  cincuenta (50) años de edad, respectivamente. Los  trabajadores que laboran en centros de producción minera,  tienen derecho a percibir pensión de jubilación entre los  cincuenta (50) y cincuenticinco (55) años de edad, siempre  que en la realización de sus labores estén expuestos a los  riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según la  escala establecida en el reglamento de la presente ley. Se  incluyen en los alcances de la presente ley a los trabajadores  que laboran en centros metalúrgicos y siderúrgicos”.  “Artículo 2.- Para acogerse al beneficio establecido en la  presente Ley y tener derecho a pensión completa de  jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones,  regulado por el Decreto Ley Nº 19990, se requiere acreditar  veinte (20) años de aportaciones cuando se trata de  trabajadores que laboran en minas subterráneas y, de  veinticinco (25) años, cuando realicen labores en minas a  tajo o cielo abierto. En ambos casos diez (10) años deberán  corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad.  Tratándose de los trabajadores de centros de producción,  minera a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 1,  se requiere el número de años de aportación previsto en el  Decreto Ley Nº 19990, de los cuales quince (15) años  corresponden a trabajo efectivo prestado en dicha  modalidad”. Artículos 2 y 3 del Reglamento de la Ley Nº  25009, aprobado por el Decreto Supremo Nº 029-89-TR  (derogados por numeral 4 de la Única Disposición  Complementaria Derogatoria del Reglamento Unificado  aprobado por el Decreto Supremo Nº 354-2020-EF,  publicado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte)  “Artículo 2.- El régimen de jubilación establecido por la ley,  comprende a los trabajadores que laboran en la minería,  metalurgia y siderurgia, siempre que reúnan los requisitos  señalados en dicha ley y en las disposiciones del presente  Reglamento”. “Artículo 3.- Los trabajadores a que se refiere  el artículo anterior son: a) Los que laboran en mina  subterránea en forma permanente. b) Los que realizan  labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto.  c) Los trabajadores de los centros de producción minera  expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad de  insalubridad, según la escala señalada en el artículo 4 de  este Reglamento. d) Los trabajadores que laboran en los  centros metalúrgicos y siderúrgicos, siempre que en el  desempeño de sus actividades estén expuestos a los  riesgos previstos en el inciso anterior” (énfasis añadido).  Análisis del caso en concreto SÉPTIMO: Del escrito de la  demanda es de verse que se solicita que se declare la  nulidad de la Resolución Nº 063093-2005-ONP/DC/DL  19990, de fecha dieciocho de julio de dos mil cinco, y de la  resolución ficta negativa del acto administrativo (notificado el  seis de febrero de dos mil catorce); en consecuencia, se  ordene a la entidad demandada que expida nueva resolución  otorgando jubilación minera según los artículos 1 y 2 de la  Ley Nº 25009, los artículos 2, 3 y 9 del Decreto Supremo Nº  029-89-TR, con el pago pensiones devengadas e intereses;  alegando que había cumplido los requisitos de edad, aportes  y labores mineras siderúrgicas, con lo demás quefundamentó y medios probatorios ofrecidos. OCTAVO:  Ahora bien, de los actuados se advierte que mediante la  Resolución Nº 00063093-2005-ONP/DC/DL 19990, de  fecha dieciocho de julio de dos mil cinco, la Oficina de  Normalización Previsional - ONP, resolvió otorgar al  demandante pensión de jubilación por la suma de  cuatrocientos quince con 00/100 soles (S/ 415.00), a partir  del diez de marzo de dos mil cinco, incluido el incremento  por su cónyuge; y le reconoció veinte (20) años de  aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo,  del certificado de trabajo de fecha diez de julio de dos mil  trece, se aprecia que el demandante laboró diecisiete (17)  años, cuatro (4) meses para la empresa “SIDERPERÚ”, esto  es, desde el veinticuatro de septiembre de mil novecientos  setenta y tres hasta el treinta de enero de mil novecientos  noventa y uno. NOVENO: No obstante la pensión otorgada,  el diez de febrero de dos mil catorce el demandante solicitó  a la ONP la revisión de su caso y el cálculo de su pensión  conforme a la Ley Nº 25009, Ley de Jubilación Minera, y no  conforme a la Ley Nº 25967. Para ello, tal como se advierte  además en su escrito de demanda, señala que durante  diecisiete (17) años y cuatro (4) meses laboró expuesto a  riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad en la  Empresa Siderúrgica del Perú Sociedad Anónima Abierta  “SIDERPERÚ”, lo que estaría acreditado con los certificados  de trabajo, por lo que le correspondería una pensión de  jubilación minera. DÉCIMO: De lo expresado por el  demandante, un punto trascendental para una pensión de  jubilación minera conforme lo solicita es determinar si  efectivamente laboró expuesto a riesgos de toxicidad,  peligrosidad e insalubridad, para luego analizar los demás  requisitos. Ello en mérito a que si bien, de conformidad con  lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 25009, los  trabajadores que laboren en centros de producción minera  tienen derecho a percibir una pensión de jubilación completa  a los cincuenta (50) y cincuenta y cinco (55) años de edad,  siempre que, de los años aportados, quince (15)  correspondan a labores prestadas en dicha modalidad y que  en la realización de estas estén expuestos a los riesgos de  toxicidad, peligrosidad e insalubridad. DÉCIMO PRIMERO:  En el presente caso, el accionante basa su pretensión  fundamentalmente en dos certificados de trabajo9, de fechas  dieciséis de enero de dos mil trece y diez de julio de dos mil  trece, emitidos por la empresa “SIDERPERÚ”, en los que se  indica que el demandante laboró desde el veinticuatro de  septiembre de mil novecientos setenta y tres hasta el treinta  de enero de mil novecientos noventa y uno, y que se  desempeñó en actividades expuestas a los riesgos de  toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Sin embargo, de  dichos documentos se desprende que en la labor efectuada  por el demandante no hubo una exposición a riesgos como  exige la norma para acceder a la modalidad de pensiones  que solicita, pues trabajó como auxiliar de cajero en  tesorería, recibidor de caja en tesorería, analista auxiliar de  cuentas en contabilidad, analista de contabilidad en la  oficina de contabilidad y auxiliar de inventarios en control de  planta en calidad desde el veinticuatro de septiembre de mil  novecientos setenta y tres al catorce de enero de mil  novecientos setenta y cuatro; siendo este último el único  periodo relacionado a una actividad con riesgo de toxicidad,  pero que es menor a cuatro (4) meses. DÉCIMO SEGUNDO:  Por lo tanto, si bien la Ley Nº 25009 establece un régimen de  jubilación especial para los trabajadores mineros, también  es cierto que la pensión se otorga teniendo en consideración  la actividad riesgosa realizada, ya que ello implica una  disminución en el tiempo de vida, lo que no está acreditado  en el presente caso. DÉCIMO TERCERO: Conforme a lo  expuesto, no se verifica que la sentencia de vista se  encuentre incursa en la infracción normativa material  precisada, por lo que corresponde declarar infundado el  recurso de casación interpuesto por la parte demandante. V.  DECISIÓN: Por las consideraciones expresadas y de  conformidad con lo dispuesto en el artículo 397 del Código  Procesal Civil, declararon INFUNDADO el recurso de  casación interpuesto por la parte demandante, Melitón  Santisteban Martínez, mediante el escrito de fecha doce de  abril de dos mil diecisiete; en consecuencia, NO CASARON  la sentencia de vista de fecha diecinueve de enero de dos  mil diecisiete, que confirmó la sentencia de primera  instancia de fecha seis de enero de dos mil dieciséis, que  declaró infundada la demanda; en el proceso seguido por  Melitón Santisteban Martínez contra la Oficina de  Normalización Previsional, sobre acción contencioso  administrativa previsional. DISPUSIERON la publicación de  la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”,  conforme a ley; y notifíquese por Secretaría y devolvieron  los actuados. Se avoca a la presente causa el colegiado que  suscribe. Interviene como ponente la señora Jueza SupremaAraujo Sánchez. SS. TORRES VEGA, ARAUJO SÁNCHEZ,  GÓMEZ  CARBAJAL,  TEJEDA  ZAVALA,  MAMANI  COAQUIRA. 1  A fojas 119 del expediente principal. 2  A fojas 111 del expediente principal. 3  A fojas 64 del expediente principal. 4  A fojas 10 del expediente principal. 5  Página 19 del cuaderno de casación. 6  CAROCCA PÉREZ, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España.  Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104. 7  Por ejemplo, Bernardis, considera, siguiendo la jurisprudencia norteamericana,  que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los requisitos de notificación  y audiencia (notice and hering). BERNARDIS, Luis Marcelo de. La garantía  procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 392-414. 8  Fundamento 6 de la STC N° 00686-2007-PA/TC 9  Páginas 5 y 6 del expediente principal. C-2136195-1