CASACIÓN Nº 13429-2021 LA LIBERTAD
Materia: En virtud del principio de celeridad procesal, como  garantía primigenia que asiste a las partes de un proceso,  se estima conveniente emitir pronunciamiento respecto de la  causal procesal declarada procedente, ya que se cuenta con  suficientes elementos de juicio para formular una decisión  sobre dicha causal; máxime si con la presente resolución,  priorizando los derechos constitucionales al debido proceso  y la tutela jurisdiccional efectiva, se busca reparar la falta  de pronunciamiento sobre el fondo del asunto en la que  incurrió la Sala Superior, con lo cual infringe el derecho a  la pluralidad de instancias consagrado en el inciso 6 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Lima, veintisiete de mayo de dos mil veintidós VISTOS; con el expediente principal; y CONSIDERANDO:  PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el  recurso de casación de fecha 16 de octubre de 20201,  interpuesto por la Procuraduría Pública del Gobierno  Regional de La Libertad contra la sentencia de vista de  fecha 14 de agosto de 20202. Por lo tanto, corresponde  verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y  procedencia del referido medio impugnatorio, conforme a los  artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modificados por  la Ley Nº 29364, de observancia obligatoria para el caso de  autos, por remisión normativa a través de los artículos 34  inciso 3 sub numeral 3.1, y 35 del Texto Único Ordenado de la  Ley Nº 27584 - Ley del Proceso Contencioso Administrativo,aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS3.  SEGUNDO: En principio, precisamos que el derecho a los  medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones  fundamentales de los derechos consagrados en los incisos 3  y 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, que  garantizan al justiciable que no sea privado de los recursos  previstos por el ordenamiento jurídico. Además, expresamos  que, al ser el derecho al recurso uno prestacional de  configuración legal, su ejercicio y dispensación están  supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos  que haya establecido el legislador para cada sector del  ordenamiento procesal. TERCERO: En cuanto a los  requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del  Código Procesal Civil, el medio impugnatorio propuesto  satisface dichas exigencias, a saber: 1) se recurre contra una  sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que, como  órgano de segundo grado, pone fin al proceso; 2) ha sido  presentado ante la Cuarta Sala Especializada Laboral de la  Corte Superior de Justicia de La Libertad, que emitió la  resolución impugnada; 3) ha sido interpuesto dentro del plazo  de diez días de notificada la parte recurrente con la resolución  impugnada; y 4) no se presenta tasa judicial pues la  impugnante se encuentra exonerada, en aplicación del inciso  g) del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica  del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017- 93-JUS, modificado por la Ley Nº 27231. CUARTO: Sobre el  requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del  artículo 388 del Código Procesal Civil, verificamos que la  impugnante cumplió con este, porque previamente interpuso  recurso de apelación4 contra la sentencia de primera instancia  que le resultó adversa. Respecto al requisito previsto en el  numeral 4 del citado dispositivo, advertimos en la casación,  materia de calificación, pedido anulatorio de la sentencia de  vista5, por lo que esta exigencia también ha sido cumplida.  QUINTO: Antes de efectuar un análisis de los demás  requisitos de procedencia de los numerales 2 y 3 del artículo  388 del precitado Código, precisamos que el recurso de  casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter  formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente  jurídicas, no en cuestiones fácticas o en donde se exija una  nueva valoración probatoria o revaloración del acervo  probatorio. En ese entendido, la fundamentación del recurso  debe ser clara, precisa y concreta, indicándose ordenadamente  cuál o cuáles son las infracciones normativas denunciadas, ya  que constituye la razón de la intervención de esta Sala  Suprema; además, debe argumentar y demostrar que la  norma que se denuncia como infringida va a influir en la  decisión adoptada, de forma tal que determine su anulación o  revocación. De este modo, debe haber una relación entre las  normas que se afirman infringidas y las cuestiones analizadas,  debatidas y resueltas por la instancia de mérito. SEXTO: En  virtud de lo expuesto, se aprecia que la Procuraduría Pública  del Gobierno Regional de La Libertad alega la siguiente  causal casatoria: Infracción de los incisos 3 y 6 del artículo  139 de la Constitución Política del Perú Refiere que la  sentencia de vista impugnada trastocó el principio dikelógico,  pues la Sala Superior no tuvo en cuenta que no se vulneró  algún derecho laboral de la demandante, ya que esta no  cumplió con el requisito de pertenecer a la carrera pública.  Agrega que el artículo 366 del Código Procesal Civil no  establece como causal para declarar improcedente el recurso  de apelación, la omisión de señalar los errores incurridos. En  tal sentido, arguye que en su escrito de apelación señaló los  errores de la sentencia de primera instancia, al precisar en los  fundamentos del agravio, tanto de hecho como de derecho,  las normas que no se sujetan a derecho6. SÉPTIMO: Del  examen de la causal denunciada, esta Sala Suprema constata  que los fundamentos de la parte recurrente superan el  examen de los requisitos de procedencia de la casación  previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código  Procesal Civil, esto es, que la infracción normativa ha sido  descrita con claridad y precisión, y además se cumple con  demostrar su probable incidencia directa sobre la decisión  impugnada. En ese sentido, dado que las exigencias de  admisibilidad y procedencia han sido cumplidas, corresponde  declarar procedente el recurso de casación por dicha causal.  OCTAVO: Por las razones antes expuestas, de conformidad  con lo dispuesto en el artículo 391 del Código Procesal Civil,  modificado por la Ley Nº 29364, declararon PROCEDENTE el  recurso de casación de fecha 16 de octubre de 2020,  interpuesto por la Procuraduría Pública del Gobierno  Regional de La Libertad contra la sentencia de vista de  fecha 14 de agosto de 2020, por la causal de infracción de  los incisos 3 y 6 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú. NOVENO: Cuestión previa Si bien al  haberse declarado procedente el recurso de casación,  correspondía proseguir con el trámite de señalamiento de  fecha para la vista de fondo de la causa, conforme a loprevisto en el precitado artículo 391, es menester señalar que  en virtud del principio de celeridad procesal, como garantía  primigenia que asiste a las partes de un proceso y que implica  el otorgamiento de un plazo justo y razonable como derecho  fundamental, corresponde emitir pronunciamiento respecto  de la causal procesal declarada procedente, toda vez que se  cuenta con suficientes elementos de juicio para emitir  pronunciamiento sobre el particular, sin que con ello se afecte  del derecho de defensa de las partes procesales. DÉCIMO: Al  respecto, con relación al derecho a la pluralidad de instancias  consagrado en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú, el Tribunal Constitucional ha sostenido en  reiterada jurisprudencia, lo siguiente: “Por su parte, el derecho  a la pluralidad de instancias constituye una garantía  consustancial del derecho al debido proceso, con la cual  persigue que lo resuelto por un juez en primera instancia  pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior y,  de esa manera, permitir que lo resuelto por aquél, cuando  menos,  sea  objeto  de  un  doble  pronunciamiento  jurisdiccional”7. DÉCIMO PRIMERO: De otro lado, a nivel del  ordenamiento jurídico internacional, el artículo 14 del Pacto  Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por el  Estado peruano en 1988, y ratificado en 1995, prescribe que  toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente, con las  debidas garantías por un tribunal competente; mientras que la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual  también forma parte nuestro país, reconoce en el literal h) de  su artículo 8, como garantía judicial el “(…) derecho de  recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”; y en su artículo  25.1, lo siguiente: “(…) toda persona tiene derecho a un  recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo  ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare  contra actos que violen sus derechos fundamentales  reconocidos por la Constitución, la ley o la presente  Convención, aun cuando tal violación sea cometida por  personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.  DÉCIMO SEGUNDO: A partir de lo expuesto, resulta claro  que la normatividad nacional e internacional reconoce a la  pluralidad de instancias como un principio fundamental dentro  de la actividad jurisdiccional, a fin de garantizar el debido  proceso; por lo tanto, debe ser resguardado por nuestros  tribunales de justicia. DÉCIMO TERCERO: Por consiguiente,  este Supremo Tribunal estima conveniente que en el presente  caso se debe emitir pronunciamiento respecto de la casual  procesal declarada procedente, en atención a los principios  de informalidad y economía procesal, ya que lo contrario  devendría en un exceso de ritualismo procesal incompatible  con los fines del recurso de casación establecidos en el  artículo 384 del Código Procesal Civil; tanto más si se advierte  que lo resuelto por la instancia de mérito viene siendo una  práctica constante dentro de sus pronunciamientos como  órgano jurisdiccional. DÉCIMO CUARTO: Así las cosas, de  los actuados del proceso, vemos que mediante la sentencia  de primera instancia, de fecha 25 de octubre de 20198, el  Primer Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior  de Justicia de La Libertad declaró fundada la demanda, en  consecuencia, entre otros, ordenó a la entidad demandada  emita nueva resolución reintegrando la bonificación personal  de la demandante, en función al dos por ciento (2 %) de la  remuneración básica de cincuenta con 00/100 soles (S/  50.00), con lo demás que contiene. Posteriormente, la  sentencia en mención fue apelada por la emplazada, mediante  el escrito de fecha 12 de noviembre de 20199, recurso que fue  concedido a través del auto de fecha 12 de diciembre de  201910. DÉCIMO QUINTO: Por su parte, la Cuarta Sala  Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de La  Libertad, mediante la sentencia de vista impugnada, declaró  nulo el auto concesorio de apelación e improcedente el  recurso de su propósito, tras considerar que el recurso  interpuesto por la demandada no cuenta con una exposición  razonada acorde con la sentencia que supuestamente le  causa agravio, pues no tiene en cuenta que en esta se hizo  referencia al criterio desarrollado en la casación Nº 6670- 2009 Cusco, respecto a la interpretación del Decreto de  Urgencia Nº 105-2001, basada en el principio de jerarquía de  normas previsto en el artículo 51 de la Constitución Política  del Perú; de modo que concluyó que no cumple con los  requisitos que prevé el artículo 364 del Código Procesal Civil.  DÉCIMO SEXTO: Consideraciones de la Sala Suprema  Respecto a la causal procesal denunciada, tenemos que el  debido proceso es un principio y derecho de la función  jurisdiccional, consagrado en el inciso 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú, que tiene como función velar  por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las  garantías constitucionales que lo integran, dando a toda  persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener  tutela jurisdiccional de sus derechos a través de un  procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonabley suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de  producir prueba, y obtener una sentencia debidamente  motivada y fundada en derecho, garantizando, a su vez, el  derecho a la pluralidad de instancias. DÉCIMO SÉPTIMO: En  tal sentido, atendiendo a lo señalado en los considerandos  que anteceden, es evidente que la Sala Superior, al declarar  improcedente el recurso de apelación, incurre en la infracción  procesal invocada, ya que desconoció su obligación de  revisar la sentencia de primera instancia bajo los agravios  expuestos en dicho recurso, vulnerando la garantía procesal  de la pluralidad de instancias, así como la debida motivación  de las resoluciones judiciales, y con ello el debido proceso, si  se tiene en cuenta que la sentencia de vista contiene una  motivación aparente al no dar una respuesta razonada,  motivada y congruente con las alegaciones expuestas en el  referido recurso impugnatorio; por lo tanto, corresponde  disponer  que  dicha  instancia  judicial  emita  nuevo  pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. DÉCIMO  OCTAVO: Asimismo, si bien existe la posibilidad de rechazar  el recurso de apelación en virtud del artículo 367 última parte  del Código Procesal Civil, corresponde precisar que en este  se expresó como agravios, entre otros, que la sentencia  apelada incurre en error por cuanto de conformidad con el  artículo 4 del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF la  remuneración básica fijada en el Decreto de Urgencia Nº 105- 2001 reajusta únicamente la remuneración principal a la que  se refiere el Decreto Supremo Nº 057-86-PCM y que las  demás bonificaciones se continuarían percibiéndose en los  mismos montos; argumentos sobre los cuales (y los otros que  aparecen en el recurso) los miembros del Colegiado Superior  tenían la obligación de pronunciarse. En consecuencia, al no  cumplir con ello, es evidente que se vulneraron los derechos  de defensa y de doble instancia de la entidad recurrente.  DÉCIMO NOVENO: Sin perjuicio de lo expuesto, teniendo en  cuenta que el presente proceso se inició el 10 de junio de  201911, corresponde ordenar a la instancia de mérito emita  sentencia dentro de un plazo razonable y sin mayor dilación.  DECISIÓN: Por estas consideraciones y en aplicación del  artículo 396 del Código Procesal Civil, declararon FUNDADO  el recurso de casación de fecha 16 de octubre de 2020,  interpuesto por la Procuraduría Pública del Gobierno  Regional de La Libertad, en consecuencia, NULA la  sentencia de vista de fecha 14 de agosto de 2020;  ORDENARON  que  la  Sala  Superior  emita  nuevo  pronunciamiento sobre el fondo de la controversia teniendo  en consideración lo expuesto en el décimo noveno  considerando de la presente resolución; DISPUSIERON la  publicación de la presente sentencia en el diario oficial “El  Peruano”; en el proceso seguido por Maritza Sánchez  Fernández contra la recurrente, sobre reajuste de la  bonificación personal. Interviene como ponente el señor Juez  Supremo Mamani Coaquira. SS. TORRES VEGA, ARAUJO  SÁNCHEZ,  GÓMEZ  CARBAJAL,  TEJEDA  ZAVALA,  MAMANI COAQUIRA. 1  Obrante a fojas 260 del expediente principal. 2  Obrante a fojas 254 del expediente principal. 3  Antes previstos en los artículos 35 inciso 3 sub numeral 3.1, y 36 del Texto Único  Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. 4  Obrante a fojas 242 del expediente principal. 5  Ver ítem C, contenido en el numeral 3.2 del apartado III del recurso de casación, a  fojas 262 del expediente principal. 6  Literal a) del ítem B, contenidos en el numeral 3.2 del apartado III del recurso de  casación, a fojas 261 del recurso de casación. 7  Sentencia del Tribunal constitucional recaída en el expediente Nº 00282-2004-AA/ TC, de fecha 29 de octubre de 2004 (fundamento 4). 8  Obrante a fojas 192 del expediente principal. 9  Obrante a fojas 242 del expediente principal. 10  Obrante a fojas 248 del expediente principal. 11  Véase la demanda obrante a fojas 85 del expediente principal. C-2136195-66