CASACIÓN Nº 13934-2018 ICA
sumilla: La Sala Superior, no tuvo en cuenta que como  órgano revisor, solo podía pronunciarse sobre lo que es  materia del recurso de apelación; es decir, únicamente debió  circunscribir su pronunciamiento a los extremos apelados por  la demandada. Lima, treinta y uno de marzo de dos mil veintidósLA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA la causa; en audiencia  pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores  Jueces Supremos: Torres Vega, Araujo Sánchez, Gómez  Carbajal, Tejeda Zavala y Mamani Coaquira; y, luego de  verificada la votación con arreglo a la ley, emite la siguiente  sentencia: 1. RECURSO DE CASACIÓN Viene a conocimiento  de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por  la demandada Oficina de Normalización Previsional1,  contra la sentencia de vista de fecha 06 de abril de 20182, que  revocó la sentencia apelada de fecha 06 de noviembre de  20173, que declaró fundada en parte la demanda; y;  reformándola declaró fundada la demanda en todos sus  extremos, declarando nula la Resolución Nº 0000007196- 2015-ONP/DPR/DL 19990 y la Resolución Nº 0000038058- 2015-ONP/DPR.GD/DL 19990; ordenó que la emplazada  expida resolución otorgando al actor pensión de jubilación  considerando lo dispuesto en los Decretos Ley Nº 19990 y Nº  25967, tomando en cuenta para ello el promedio mensual que  resulte de dividir entre 60 el total de remuneraciones  asegurables de los últimos sesenta (60) meses consecutivos  inmediatamente anteriores al último mes de aportación,  considerando únicamente los meses en que existan  remuneraciones asegurables conforme a los considerandos  precedentes; en el proceso seguido por Emilio Homero  Espino Curotto contra la Oficina de Normalización Previsional,  sobre recalculo de pensión de jubilación. 2. CAUSAL DEL  RECURSO Mediante resolución de fecha cinco de diciembre  de dos mil diecinueve4, se declaró procedente el recurso de  casación presentado por la demandada Oficina de  Normalización Previsional, por las causales de Infracción  normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú. 3. CONSIDERANDO  PRIMERO: En principio, corresponde mencionar que la  función nomofiláctica del recurso de casación garantiza que  los Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar  el respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo,  evitando así cualquier tipo de afectación a normas jurídicas  materiales y procesales, procurando, conforme menciona el  artículo 384 del Código Procesal Civil, la adecuada aplicación  del derecho objetivo al caso concreto. De la pretensión de la  demandada SEGUNDO: El demandante Emilio Homero  Espino  Curotto  interpone  demanda  contenciosa  administrativa5, solicitando que se declare la nulidad de las  resoluciones Nº 0000007196-2015-ONP/DPR/DL19990 y Nº  0000038058-2015-ONP/DPR.GD/DL19990;  asimismo,  solicita el recalculo de la pensión de jubilación de acuerdo a lo  dispuesto por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 099-2002- EF; es decir en base a las sesenta (60) últimas remuneraciones  o ingresos asegurables y no en base a la remuneración  imponible; finalmente, solicita el pago de devengados e  intereses legales. Pronunciamiento de las instancias de  mérito TERCERO: El Juez del Primer Juzgado Especializado  de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante  sentencia de fecha 11 de enero de 20176, resolvió declarar  fundada en parte la demanda, y declara la nulidad de las  Resoluciones Nº 0000007196-2015-ONP/DPR/DL19990 y Nº  0000038058-2015-ONP/DPR.GD/DL19990;  asimismo,  ordena que la emplazada emita resolución administrativa  otorgando al actor pensión de jubilación bajo las reglas  previstas por el Decreto Ley Nº 19990, sin considerar para  ello el Decreto Supremo Nº 099-2002-EF. Fundamenta la  sentencia en que, de conformidad con lo previsto por la  Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 26504, a partir  del 1 de enero de 1997 las aportaciones al Sistema Nacional  de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley Nº 19990 no  pueden ser menores a trece por ciento (13%) de la  remuneración asegurable. Siendo ello así, únicamente puede  considerarse como parte de la remuneración de referencia  aquellos montos respecto de los cuales se ha retenido a la  actora el trece por ciento (13%). Por ello, la pretensión del  actor para que se recalcule su pensión de jubilación en  función al íntegro de lo percibido mensualmente, incluyendo  los montos que no estuvieron afectos a retenciones  previsionales, carece de sustento. Por otro lado, precisa que,  respecto a la pretensión sobre la norma aplicable al caso del  actor, la demandada ha aplicado el Decreto Supremo Nº 099- 2002-EF para el cálculo de la pensión, lo que resulta  incorrecto, en tanto que el demandante no ha sido asegurado  de continuación facultativa. CUARTO: Por su parte, el  Colegiado Superior de la Segunda Sala Civil de la Corte  Superior de Justicia de Ica, mediante Sentencia de Vista de  fecha 06 de abril de 20187, revocó la sentencia que declaró  fundada en parte la demanda; y; reformándola declaró  fundada la demanda en todos sus extremos; y, ordeno que la  emplazada expida resolución otorgando al actor pensión de  jubilación considerando lo dispuesto en los Decretos Ley Nº19990 y Nº 25967, tomando en cuenta para ello el promedio  mensual que resulte de dividir entre 60 el total de  remuneraciones asegurables de los últimos sesenta (60)  meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes  de aportación, tomando únicamente los meses en que existan  remuneraciones asegurables. Fundamenta la sentencia en  que, el cálculo de la pensión de jubilación definitiva del actor,  se debe efectuar tomando en cuenta las últimas sesenta (60)  remuneraciones asegurables anteriores a la última aportación,  toda vez que no se ha tomado el total de las cantidades  percibidas por la asegurada por los servicios que prestó a su  empleador, debiendo de tener presente que dicho recalculo  no será por meses calendario, sino de acuerdo al periodo en  el que exista remuneración asegurable. Delimitación de la  controversia QUINTO: En atención a lo precedentemente  expuesto, y en concordancia con las causales por la cual ha  sido admitido el recurso de casación, corresponde a esta Sala  Suprema determinar en principio, si el pronunciamiento de la  Sala Superior ha infringido o no el derecho al debido proceso  de las partes, y el deber de motivación de las resoluciones  judiciales. Desarrollo de la causal procesal admitida  SEXTO: En cuanto a la infracción normativa del artículo  139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado,  cabe señalar que, el debido proceso es un principio y derecho  de la función jurisdiccional, cuya función es velar por el  respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las  garantías constitucionales que lo integran, dando a toda  persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la  tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un  procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable  y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de  producir prueba y obtener una sentencia debidamente  motivada. En efecto, el debido proceso es un derecho  complejo, desde que está conformado por un conjunto de  derechos esenciales que impiden que la libertad y los  derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o  insuficiencia de un proceso o procedimiento o se vean  afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el  Estado- que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como  señala la doctrina: “(…) por su naturaleza misma, se trata de  un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez  está conformado por un numeroso grupo de pequeños  derechos que constituyen sus componentes o elementos  integradores, y que se refieren a las estructuras, característica  del Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que  debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías  con que debe contar la defensa”8. En ese sentido, constituye  una garantía constitucional que asegura que, en la tramitación  de un proceso, se respeten unos determinados requisitos  mínimos9. En general, se considera que tales requisitos10  abarcan los siguientes criterios: (i) Derecho a ser  oportunamente informado del proceso (emplazamiento,  notificación, tiempo razonable para preparar la defensa); (ii)  Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no tenga  interés en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a  tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional  (publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho  a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso; y, (vi)  Derecho al juez legal. Derecho fundamental que asiste a  todos los sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a  ser juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales, creados  mediante Ley Orgánica, pertenecientes al Poder Judicial,  respetuosos con los principios constitucionales de igualdad,  independencia y sumisión a la ley, y constituidos con arreglo  a las normas comunes de competencia preestablecidas.  Asimismo, uno de los contenidos del debido proceso, es el  derecho a obtener una resolución fundada en derecho, esto  es, una respuesta razonada, motivada y congruente de parte  de los órganos jurisdiccionales11, en las que los Jueces  expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con  mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que las  determinaron, garantizándose con ello que el justiciable  pueda comprobar que la solución del caso concreto viene  dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica  de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas  pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados, por  lo que en ese entendido es posible afirmar que una resolución  que carezca de motivación suficiente no solo infringe normas  legales, sino también principios de nivel constitucional. Es así  que, el derecho a la debida motivación de las resoluciones  judiciales, bajo el marco del contenido constitucional garantiza  la delimitación de otros supuestos que han sido desarrollados  por el Tribunal Constitucional: a) Inexistencia de motivación o  motivación aparente, b) Falta de motivación interna del  razonamiento, c) Deficiencias en la motivación externa:  justificación de las premisas, d) Motivación insuficiente, e)  Motivación sustancialmente incongruente y f) Motivaciones  cualificadas; recogidos en la sentencia del Expediente Nº00728-2008-HC. SEPTIMO: Lo señalado, guarda relación  con uno de los principios que operan como base fundamental  en las decisiones en segunda instancia, referido al principio  “tantum apellatum quantum devolutum”, por el cual el órgano  revisor - en este caso la Sala Superior- al resolver la apelación  deberá pronunciarse únicamente sobre aquellos agravios  invocados por el impugnante en su recurso, sin que pueda  modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante,  conforme lo señala el artículo 370 del Código Procesal Civil,  norma aplicable supletoriamente al caso de autos; siendo  que, lo no apelado se tiene como consentido, sea beneficiosos  o perjudicial; por lo que, la Sala Superior no puede  pronunciarse sobre algún punto ajeno a los postulado en tales  agravios. Asimismo, contiene también el principio de la  prohibición de reformatio in peius, por el cual, la decisión de la  Sala de alzada no puede ser más desfavorable al apelante, y  más favorable a la parte que no apeló la decisión de primera  instancia, lo que se fundamenta en que, éste último dejó  consentir la decisión. En ese mismo sentido se ha pronunciado  el Tribunal Constitucional al señalar que “El principio de  limitación, aplicable a toda la actividad recursiva, le impone al  superior o Tribunal de alzada la limitación de sólo referirse al  tema del cuestionamiento a través de un medio impugnatorio,  es decir el superior que resuelve la alzada no podría ir más  allá de lo impugnado por cualquiera de las partes. De lo que  se colige que en toda impugnación el órgano revisor solo  puede actuar bajo el principio de limitación (tantum apelatum  quantum devolutum)” que a su vez implica reconocer la  prohibición de la reformatio in peius, que significa que el  superior jerárquico está prohibido de reformar la decisión  cuestionada en perjuicio del inculpado más allá de los  términos de la impugnación” 12. Solución al caso concreto  OCTAVO: Ahora bien, se aprecia de la sentencia de primera  instancia, de fecha 6 de noviembre de 2017, que declaró  fundada en parte la demanda, declarando y declara la nulidad  de  las  Resoluciones  Nº  0000007196-2015-ONP/DPR/ DL19990 y Nº 0000038058-2015-ONP/DPR.GD/DL19990;  asimismo, ordena que la emplazada emita resolución  administrativa otorgando al actor pensión de jubilación bajo  las reglas previstas por el Decreto Ley Nº 19990, sin  considerar para ello el Decreto Supremo Nº 099-2002-EF; e  INFUNDADA en los demás extremos; precisando en los  considerandos 7.5, 7.6 y 7.8, que no todo lo percibido  mensualmente  por  el  actor  constituía  remuneración  asegurable; siendo la parte agraviada de lo percibido  mensualmente, la que debe ser considerada como  remuneración asegurable y tomada en cuenta para determinar  la remuneración de referencia. Concluye que, la demandada,  al considerar únicamente la remuneración del actor afecta a  descuentos previsionales para determinar la remuneración de  referencia, no ha hecho sino resolver con arreglo a ley,  deviniendo en infundado dicho extremo de la demanda. Ahora  bien, se aprecia que este extremo de la sentencia no fue  apelado por la parte demandante, quedando consentida; no  obstante, el Colegiado Superior revocó la sentencia de  primera instancia, y reformándola declaró fundada la demanda  en todos sus extremos, tal es así que en el considerando 5.3  refiere que la demandada ONP solo ha tomado en cuenta el  periodo del 1 de febrero de 2010 al 31 de enero de 2015,  totalizando la suma de cuarenta y dos mil cuatrocientos  ochenta con 00/100 nuevos soles (S/ 42,480.00), que dividido  entre 60, resulta la cantidad de setecientos ocho con 00/100  nuevos soles (S/ 708.00), como remuneración de referencia;  monto que resulta inferior al tomarse en cuenta las  remuneraciones asegurables del mismo periodo, que totaliza  la suma de sesenta y nueve mil cuatrocientos con 18/100  nuevos soles (S/ 69,400.18); precisando en el considerando  5.8 que, la demandada ha efectuado el cálculo de la pensión  en forma errada al considerar la suma de setecientos cuatro  con 00/100 nuevos soles (S/ 704.00), y no la totalidad de las  cantidades percibidas por la demandante. NOVENO: Estando  a lo expuesto, se aprecia de manera clara que el Colegiado  Superior vulneró el principio del debido proceso, al haber  revocado la sentencia de primera instancia que declaró  infundada la demanda sobre el recalculo de la pensión de  acuerdo a la totalidad de ingresos percibidos por el  demandante, y reformándola la declaró fundada; siendo que  dicho extremo, no solo había quedado consentido por el  demandante al no haber sido apelado; sino que se modificó la  resolución impugnada en perjuicio del apelante (reforma en  peor); sin que ese extremo fuera materia de impugnación; lo  que evidencia que la Sala Superior, no tuvo en cuenta que  como órgano revisor, solo podía pronunciarse sobre lo que es  materia del recurso de apelación; es decir, únicamente debió  circunscribir su pronunciamiento a los extremos apelados por  la demandada. DECIMO: Conclusión Por las consideraciones  expuestas, se verifica que la sentencia de vista incurre en la  infracción normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo139 de la Constitución Política del Perú; en consecuencia,  corresponde disponer que la Sala Superior emita nuevo  pronunciamiento teniendo en cuenta lo expuesto en la  presente resolución. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y  en aplicación del artículo 396 del Código Procesal Civil:  Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por  la parte demandada Oficina de Normalización Previsional,  de fecha 17 de mayo de 2018, en consecuencia, NULA la  sentencia de vista de fecha 6 de abril de 2018; y ORDENARON  a la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento, conforme a  lo señalado en la presente resolución. DISPUSIERON la  publicación de la presente resolución en el diario oficial “El  Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por Emilio  Homero Espino Curotto contra la Oficina de Normalización  Previsional, sobre recálculo de pensión de jubilación.  Notifíquese por Secretaría; y, devolvieron los actuados.  Avocándose a la presente causa el Colegiado Supremo que  suscribe. Interviene como ponente la señora Juez Suprema:  Araujo Sánchez SS. TORRES VEGA, ARAUJO SÁNCHEZ,  GÓMEZ  CARBAJAL,  TEJEDA  ZAVALA,  MAMANI  COAQUIRA. 1  Obrante a foja 172 del expediente principal. 2  Obrante a foja 165 del expediente principal. 3  Obrante a foja 127 del expediente principal. 4  Obrante a foja 35 del cuaderno de casación. 5  Obrante a foja 26 del expediente principal. 6  Obrante a foja 127 del expediente principal. 7  Obrante a foja 165 del expediente principal. 8  Faúndez Ledesma, Héctor, “El Derecho a un juicio justo”. En: Las garantías  del debido proceso (Materiales de Enseñanza) Lima. Instituto de Estudios  Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos, página 17. 9  CAROCCA PÉREZ, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España.  Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104. 10  Por ejemplo, Bernardis, considera, siguiendo la jurisprudencia norteamericana,  que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los requisitos de notificación  y audiencia (notice and hering). BERNARDIS, Luis Marcelo de. La garantía  procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 392-414. 11  Fundamento 6 de la STC Nº 00686-2007-PA/TC 12  Véase Exp. Nº 05986-2008-PHC/TC, fundamento jurídico número 5 C-2136195-385