CASACIÓN Nº 14948-2019 LIMA
MATERIA: Reposición por despido incausado y otro Sumilla. El derecho a la debida motivación de las resoluciones  judiciales, derecho integrante del derecho al debido proceso,  importa que los Jueces, al resolver las causas, expresen las  razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar  una determinada decisión. Se incurre en nulidad cuando  existe una falta de motivación interna de razonamiento y una  motivación aparente. Lima, dieciocho de agosto de dos mil veintidós VISTA la causa número catorce mil novecientos cuarenta y  ocho, guión dos mil diecinueve, guión LIMA, en audiencia  pública de la fecha, interviniendo como ponente la señora  jueza suprema Pinares Silva de Torre, y producida la  votación con arreglo a ley; se emite la siguiente sentencia:  MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación  interpuesto por la demandante, Guisella Jackeline Bueno  Roller, mediante escrito presentado el once de abril de dos  mil diecinueve, de fojas novecientos treinta y ocho a  novecientos cuarenta y cinco, contra la sentencia de vista  contenida en la resolución de veintisiete de marzo de dos mil  diecinueve, de fojas novecientos doce a novecientos  veintinueve, que revoca en parte la sentencia emitida de  instancia de tres de setiembre de dos mil dieciocho, de fojas  setecientos veinte a setecientos treinta y cuatro, que declara  fundada la demanda que declara incausado el despido y  ordena la reposición de la demandante, y reformándola,  declararon infundados en dichos extremos; en el proceso  ordinario laboral, seguido en contra del Ministerio de  Desarrollo e Inclusión Social, sobre reposición por despido  incausado y otro. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante  resolución de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, de fojas  cien a ciento tres del cuaderno de casación, este tribunal  declara procedente el recurso casatorio de la demandante,  por las siguientes causales: i) Infracción normativa del  numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú. ii) Apartamiento del precedente vinculante dictado  por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 05057- 2013-PA/TC. Correspondiendo a esta sala suprema emitir  pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: De  la pretensión demandada y pronunciamientos de las  instancias de mérito Primero. a) Demanda. Conforme al  escrito de demanda presentado el catorce de febrero de dos  mil trece, de fojas ciento ocho a ciento treinta y ocho, la  demandante pretende como pretensión principal, se declare  nulo el despido, por la causal del inciso c del artículo 29 del  Decreto Supremo Nº 003-97-TR y se ordene su reposición a  su centro de trabajo y el pago de sus remuneraciones dejadas  de percibir, con el reconocimiento de la compensación por  tiempo de servicios; y como pretensiones subordinadas: i) se  declare incausado su despido, se ordene la reposición en su  centro de trabajo, respetando la fecha de ingreso, categoría y  nivel remunerativo que ha alcanzado, ii) se declare arbitrario  su despido y se otorgue el pago de indemnización por despido  arbitrario. b) Sentencia de primera instancia. El Sétimo  Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte  Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia declara  fundada en parte la demanda, declarando incausado el  despido de la demandante y en consecuencia ordena su  reposición en su mismo puesto de trabajo e infundada la  pretensión de nulidad de despido. c) Sentencia de segunda  instancia. El Colegiado de la Sétima Sala Laboral de la  mencionada Corte Superior, por sentencia de vista, confirma  el auto contenido en la resolución número once de once de  diciembre de dos mil diecisiete, que concede al apelante el  plazo de cinco días hábiles a fin que cumpla con acreditar su  ingreso al centro laboral mediante concurso público de  méritos a una plaza presupuestada y vacante de duración  indeterminada, o en su caso, adecuar su demanda a una  pretensión de pago de indemnización por despido arbitrario,  indicando el monto reclamado, bajo apercibimiento dedeclararse la improcedencia de la demanda y la conclusión  del proceso, en caso de incumplimiento; asimismo, revoca la  sentencia que declara fundada la demanda, en los extremos  que declara incausado el despido de la demandante y ordena  su reposición, y reformándola la declara infundada.  Delimitación del objeto de pronunciamiento Segundo.  Conforme a las causales de casación declaradas procedentes,  el análisis debe circunscribirse a delimitar si se ha infringido o  no el numeral del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú, que contiene el derecho al debido proceso y la debida  motivación de las resoluciones judiciales, así como si es  correcta la aplicación del precedente vinculante dictado por el  Tribunal Constitucional en el expediente Nº 05057-2013-PA/ TC. Cabe precisar que se han denunciado causales de orden  procesal y material, por lo que se resolverá en primer lugar la  causal procesal (por su eventual efecto nulificante) de  conformidad con el artículo 39° de la Ley Nº 29497, Nueva  Ley Procesal del Trabajo, y solo en caso de desestimarse  aquella se procederá a resolver la causal material. Respecto  a la causal procesal declarada procedente Tercero. La causal  denunciada está referida a la infracción normativa del  numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú, norma constitucional que prescribe: “Artículo 139°. -  Principios de la Administración de Justicia Son principios y  derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia  del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona  puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la  ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente  establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de  excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto,  cualquiera sea su denominación.” El numeral 3 del artículo  139 de la Constitución Política del Perú comprende un haz de  garantías judiciales, siendo dos los principales aspectos del  mismo: el debido proceso sustantivo que concibe al proceso  como un instrumento o mecanismo para controlar la  razonabilidad de las leyes; y, el debido proceso adjetivo o  formal, que implica las garantías procesales que aseguran los  derechos fundamentales. Es decir que, en el ámbito  sustantivo, se refiere a la necesidad de que las sentencias  sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables;  mientras que el ámbito adjetivo alude al cumplimiento de  ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento,  para llegar a una solución judicial mediante la sentencia, entre  los distintos elementos integrantes del derecho al debido  proceso se comprenden los siguientes: a) derecho a un juez  predeterminado por la ley (juez natural), b) derecho a un juez  independiente e imparcial, c) derecho a la defensa y patrocinio  por un abogado, d) derecho a la prueba, e) derecho a una  resolución debidamente motivada, f) derecho a la  impugnación, g) derecho a la instancia plural, y h) derecho a  no revivir procesos fenecidos. Cuarto. El derecho a una  resolución debidamente motivada, es parte integrante del  derecho al debido proceso, y nace del deber jurídico de los  magistrados de exponer las razones por las cuales resuelven  en determinado sentido y al mismo tiempo de la necesidad de  los justiciables de conocer tales razones, por tanto, supone un  acto razonado y ajustado a las pretensiones formuladas en el  proceso. El Tribunal Constitucional peruano en la sentencia  de trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente  Nº 00728-2008-PHC/TC, Caso Giuliana Llamoja, respecto a  la debida motivación de las resoluciones judiciales, en su  séptimo fundamento, remitiéndose a sentencias anteriores,  ha expresado lo siguiente: “(…) este Colegiado Constitucional  ha  precisado  que  el  contenido  constitucionalmente  garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en  los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o  motivación aparente. (…) en el sentido de que no da  cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de  que no responde a las alegaciones de las partes del  proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento  formal al mandato, amparándose en frases sin ningún  sustento fáctico o jurídico. (…) c) Deficiencias en la  motivación externa; justificación de las premisas. El  control de la motivación también puede autorizar la actuación  del juez constitucional cuando las premisas de las que parte  el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su  validez  fáctica  o  jurídica.  (…)  e)  La  motivación  sustancialmente incongruente. (…) obliga a los órganos  judiciales a resolver las pretensiones de las partes de  manera congruente con los términos en que vengan  planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que  supongan modificación o alteración del debate procesal  (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en  que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la  posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha  obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o  el desviar la decisión del marco del debate judicial generando  indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutelajudicial y también del derecho a la motivación de la sentencia  (incongruencia omisiva).” De lo expuesto, se determina que  habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que  exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y  lo resuelto y por sí misma la resolución judicial exprese una  suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si esta es  breve o concisa. Quinto. En el presente caso, la recurrente  refiere que la sala superior realiza una motivación  incongruente, bajo la siguiente argumentación: “(...) en el  fundamento 4.7. llega a la conclusión de que la pretensión de  REPOSICIÓN sea por DESPIDO NULO o POR DESPIDO  INCAUSADO no procede por la aplicación de las reglas  normativas del precedente constitucional 05057-2013-PA/TC,  sin embargo, no ha considerado: a) Que el precedente  constitucional 5057-2013-PA/TC no se aplica a los casos de  NULIDAD DE DESPIDO, conforme así lo ha establecido la  propia  CORTE  SUPREMA  en  la  CASACIÓN  Nº  12475-2014-MOQUEGUA, fundamento décimo cuarto. b)  Que el precedente constitucional 5057-2013-PA/TC no se  aplica a los trabajadores que han obtenido derecho mediante  cosa juzgada, la que es irrevisable bajo responsabilidad  administrativa, civil y penal conforme al artículo 4º de la Ley  Orgánica del Poder Judicial, conforme lo ha establecido la  sentencia del Tribunal Constitucional dictada en PLENO  JURISDICCIONAL  Nº  024-2003-AI/TC-MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE LURÍN. Asimismo, refiere que la sentencia de  vista adolece de una motivación insuficiente, pues: “(...) de  resultar de aplicación el precedente constitucional Nº 5057- 2013-PA/TC, por la fecha de presentación de la demanda  (antes de la expedición del referido precedente constitucional),  tendría que haber amparado la PRETENSIÓN SUBORDINADA  DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO u ordenado la  reconducción del proceso a una de INDEMNIZACIÓN POR  DESPIDO (…)” Sexto. En tal sentido, revisada la sentencia  de vista se verifica que no adolece de vicios respecto a la  motivación conforme a lo alegado por la parte recurrente,  pues si considera que no se ha aplicado correctamente el  precedente vinculante dictado por el Tribunal Constitucional  en el expediente Nº 05057-2013-PA/TC (caso Huatuco), ello  no acarrea la infracción normativa denunciada, máxime si de  la lectura de la resolución impugnada se verifica que ésta  cuenta con argumentación suficiente que respalda la decisión  adoptada, así como la correspondiente absolución de  agravios del recurso de apelación, no evidenciándose la  afectación al derecho al debido proceso. Ello si se tiene en  cuenta que el derecho a la motivación de las resoluciones  judiciales, no garantiza una motivación extensa de las  alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco,  cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución  judicial constituye automáticamente la violación del contenido  constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de  las resoluciones judiciales; sino que basta con que las  resoluciones judiciales expresen los fundamentos de la  decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su  conocimiento; por tanto, la causal denunciada deviene en  infundada. Respecto al precedente vinculante Sétimo. El  precedente constitucional contenido en el expediente Nº  05057- 2013-PA/TC, JUNÍN, caso Rosalía Beatriz Huatuco  Huatuco, el Tribunal Constitucional ha fijado las siguientes  reglas: §8. Reglas procedimentales aplicables en materia de  reposición como trabajadores de duración indeterminada en  la Administración Pública. 21. En cuanto a los efectos  temporales de la presente sentencia, cabe precisar que las  reglas establecidas por el Tribunal Constitucional como  precedente vinculante (entre ellas la exigencia de que la  incorporación o "reposición" a la administración pública  proceda cuando el ingreso del trabajador se haya  realizado mediante concurso público y abierto para una  plaza presupuestada, vacante de duración indeterminada)  deben ser de aplicación inmediata a partir del día siguiente de  su publicación en el diario oficial El Peruano, incluso a los  procesos de amparo que se encuentren en trámite ante el  Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. 22. En el supuesto  de que en un proceso de amparo el demandante no pueda ser  reincorporado por no haber ingresado por concurso público  de méritos para una plaza presupuestada, vacante de  duración indeterminada, el juez reconducirá el proceso a la  vía ordinaria laboral para que la parte demandante solicite la  indemnización que corresponda conforme a lo previsto en el  artículo 38° del TUO del Decreto Legislativo N° 728. Dicha vía  proseguir á el trámite conforme a la ley procesal de la materia  y no podrá ser rechazada por la causal de extemporaneidad.  Una vez que el juez laboral competente se avoque al  conocimiento del caso, deberá entenderse presentada y  admitida la demanda laboral, y se otorgará al demandante un  plazo razonable a efectos de que adecue su demanda  conforme a las reglas previstas para la etapa postulatoria del  proceso laboral. Transcurrido dicho plazo sin que eldemandante realice la respectiva adecuación, procederá el  archivo del proceso (…) (El sombreado es nuestro) En tal  sentido, se extrae que el referido precedente es de aplicación  inmediata a partir del día siguiente de su publicación, siendo  relevante para el caso de autos el extremo en el que establece  que cuando el demandante no pueda ser reincorporado por  no haber ingresado por concurso público, el proceso se  reconducirá a la vía ordinaria laboral para que el demandante  solicite la indemnización prevista en el artículo 38 del Decreto  Legislativo Nº 728, es decir la indemnización por despido  arbitrario. Octavo. Por su parte este tribunal en la casación  laboral Nº 4336-2015 Ica de diecisiete de marzo de dos mil  dieciséis,  además  de  fijar  a  título  de  principios  jurisprudenciales, los alcances del precedente vinculante  constitucional emitido por el Tribunal Constitucional contenido  en  el  Expediente  Nº  5057-2013-PA/TC-  JUNÍN,  ha  manifestado: (…) Asimismo, esta Sala Suprema coincide con  la Sentencia N° 5057-2013-PA/TC JUNÍN, en el sentido que  todos los trabajadores al servicio del Estado sujetos al  régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, cuy o vínculo  laboral haya concluido sin haber ingresado a laborar por  concurso público de méritos, sólo podrán demandar el pago  de una indemnización por despido, y nunca la reposición aun  cuando aleguen que el vínculo laboral finalizó en forma  incausada o fraudulenta (…) Con lo que arriba a la misma  conclusión que el Tribunal Constitucional en el sentido del  pago de una indemnización por despido cuando no se pueda  reponer al trabajador despedido en forma incausada o  fraudulenta por no haber ingresado por concurso público de  méritos. Solución al caso en concreto Noveno. Si bien el  precedente vinculante Huatuco solo es aplicable a los casos  en los que no se proceda a reponer al trabajador despedido  incausada o fraudulentamente por no demostrar su ingreso a  la carrera administrativa por concurso público, es cierto lo  indicado por la recurrente, pues el precedente vinculante no  es aplicable en el caso de despido nulo; sin embargo, en el  presente proceso si bien la pretensión principal fue la declarar  la nulidad del despido del cual fue víctima la demandante, se  tiene que considerar, que esta pretensión fue declarada  infundada por las instancias de mérito, por lo que no  habiéndose amparado esta pretensión no tiene incidencia en  el fondo controvertido lo alegado por la recurrente. Décimo.  Respecto a lo referido por la recurrente, que si es de aplicación  el precedente vinculante Huatuco, la sala superior tuvo que  haber amparado la pretensión subordinada de indemnización  por despido u ordenado la reconducción del proceso a una de  indemnización por despido. Se indica que, el precedente  vinculante referido estableció que: “deben ser de aplicación  inmediata a partir del día siguiente de su publicación en el  diario oficial El Peruano, incluso a los procesos de amparo  que se encuentren en trámite ante el Poder Judicial o el  Tribunal Constitucional”; y la sala superior en la sentencia de  vista si bien declara infundado el extremo de reposición por  despido incausado, también confirmó el auto contenido en la  resolución Nº 11, mediante el cual se “concede al apelante el  plazo de cinco días hábiles a fin que cumpla con acreditar su  ingreso a laborar a la demandada mediante concurso público  de méritos a una plaza presupuestada y vacante de duración  indeterminada, o en su caso, adecuar su demanda a una  pretensión de pago de indemnización por despido arbitrario  indicando el monto reclamado, bajo apercibimiento de  declararse la improcedencia de la demanda y la conclusión  del proceso, en caso de incumplimiento”; en tal sentido, y  como es de verse en el caso en concreto, el derecho de la  recurrente a la reconducción del proceso para instar una  indemnización por despido se efectivizó, pues se adecuó la  pretensión; sin embargo, en atención a los fundamentos de la  sentencia recurrida el despido de la demandante está  justificado por la disolución del PRONAA, no calificándose de  esta manera como despido incausado y arbitrario, extremo de  la sentencia recurrida que no ha sido objeto de impugnación  en el recurso de casación. En consecuencia, la sala superior  aplicó correctamente el precedente vinculante dictado por el  Tribunal Constitucional en el expediente Nº 05057-2013-PA/ TC; por tanto, la causal denunciada se declara infundada.  Por estas consideraciones, la Segunda Sala de Derecho  Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de  Justicia de la República: HA RESUELTO: 1. Declarar  INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la  demandante, Guisella Jackeline Bueno Roller, mediante  escrito presentado el once de abril de dos mil diecinueve, de  fojas novecientos treinta y ocho a novecientos cuarenta y  cinco. 2. NO CASAR la sentencia de vista contenida en la  resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, de  fojas novecientos doce a novecientos veintinueve. 3.  DISPONER la publicación del texto de la presente resolución  en el diario oficial El Peruano conforme a lo dispuesto en el  artículo 41 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal delTrabajo. 4. NOTIFICAR la presente sentencia a las partes  procesales pertinentes del proceso ordinario laboral sobre  desnaturalización de contratos. SS. MALCA GUAYLUPO,  PINARES SILVA DE TORRE, ATO ALVARADO, LÉVANO  VERGARA, CARLOS CASAS C-2136194-199