CASACIÓN N° 15165– 2021 LIMA
Materia: Acción contencioso administrativa previsional Nulidad de Resolución Administrativa que ordena a la entidad  abone el integro de los incrementos remunerativos otorgados  por Decretos Supremos expedidos entre los años 1988 a  1992, por el Ministerio de Economía y Finanzas PROCESO ESPECIAL Lima, dieciocho de julio de dos mil veintidós VISTO; el expediente principal, y CONSIDERANDO:  PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el  recurso de casación interpuesto por la parte demandada, la  Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, de fecha  cinco de febrero de dos mil veinte obrante a fojas trescientos  noventa y cinco del expediente principal, contra la sentencia  de vista de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve,  obrante a fojas trescientos veintinueve, que confirmó la  sentencia apelada de fecha veintidós de junio de dos mil  dieciocho, obrante a doscientos cuatro, que declaró fundada  la demanda. Por lo que corresponde calificar los requisitos de  admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio  conforme a lo establecido en los artículos 387 y 388 del  Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, en  concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 34,  así como el artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N°  27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo,  aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2019-JUS.  SEGUNDO: El recurso cumple con los requisitos de  admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal  Civil, pues se advierte que: i) se impugna una resolución  expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano  de segundo grado, pone fin al proceso; ii) ha sido interpuesto  ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue  interpuesto dentro del plazo de diez días de notificada la  recurrente con la resolución impugnada; y, iv) no adjunta tasa  judicial por concepto de casación, al encontrarse exonerado  por ser una entidad del Estado, en virtud de lo establecido en  el artículo 47 de la Constitución Política. TERCERO: Antes de  analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario  precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio  extraordinario que solo puede fundarse en cuestiones  eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de  revaloración probatoria; por ello, sus fines esenciales son la  adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y  la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema; para coadyuvar a dichos fines, la fundamentación  del recurso debe ser clara, precisa y concreta; debiendo  indicarse ordenadamente cuáles son las denuncias que  configuran la infracción normativa que incide directamente  sobre la decisión impugnada o desarrollando las razones por  las cuales se sostiene que se habría producido el apartamiento  inmotivado de un precedente judicial. CUARTO: En cuanto a  las causales del recurso, estas se encuentran contempladas  en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el  artículo 1 de la Ley N° 29364, en el cual se señala que: «El  recurso de casación se sustenta en la infracción normativa  que incida directamente sobre la decisión contenida en la  resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del  precedente judicial». Asimismo, los numerales 1 al 4 del  artículo 388 del Código Procesal Civil establecen los requisitos  de procedencia del recurso: i) que el recurrente no hubiera  consentido la sentencia de primera instancia que le fue  adversa, cuando esta fuera confirmada por la resolución  objeto del recurso; ii) se describa con claridad y precisión la  infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial;  así como, iii) demostrar la incidencia directa de la infracción  sobre la decisión impugnada; y, finalmente iv) indicar si el  pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO: El  recurso de casación interpuesto cumple con la exigencia  prevista en el citado artículo 388 numeral 1 del Código  Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la entidad  recurrente interpuso recurso de apelación, conforme se  aprecia del escrito obrante a fojas doscientos veintiuno,  contra la sentencia de primera instancia, porque la misma leresultó adversa. Asimismo, en cumplimiento del numeral 4 del  mencionado artículo la parte impugnante señala que su  pedido casatorio es revocatorio. SEXTO: De la revisión del  recurso de casación materia de calificación, esta Sala  Suprema distingue que se denuncian las siguientes causales  casatorias: i) Infracción normativa del artículo 139 inciso 2  de la Constitución Política del Perú, el artículo 123 del  Código Procesal Civil y el artículo 4 del Texto Único  Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial Sostiene  que la Sala Superior ha omitido pronunciarse sobre uno de los  principales argumentos de la sentencia recaída en primera  instancia, referida a la supuesta vigencia del Convenio  Colectivo del cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y  seis, que según el Juzgado imposibilitaría otorgar los  incrementos remunerativos a la litisconsorte; pero que, según  el acto administrativo materia de litigio, expedido por el  Tribunal del Servicio Civil, tal convenio fue declarado nulo en  todos sus extremos por el órgano jurisdiccional. Tal argumento,  violenta el Principio de la Cosa Juzgada pues, desde primera  instancia, se hace caso omiso al verdadero pronunciamiento  del Poder Judicial respecto al convenio en cuestión, dado que  el órgano jurisdiccional declaro nulo totalmente y no  parcialmente el citado convenio; tal pronunciamiento  jurisdiccional que tiene la calidad de cosa juzgada. Es  evidente pues que la sentencia de vista, así como la de  primera instancia, han transgredido el Principio de la Cosa  Juzgada, y la normativa que la consagra desde el art. 139.2  de la Constitución Política. Es decir, la Sala Superior trasgrede  abiertamente el Principio, Derecho y garantía de la Cosa  Juzgada, la cual tiene naturaleza y rango constitucional y ha  sido objeto de amparo por reiteradas ejecutorias del Tribunal  Constitucional y de la propia Corte Suprema de Justicia, así  como por el Consejo Nacional de la Magistratura. ii)  Infracción normativa por aplicación errónea de las Leyes  de Presupuesto para el sector público de los años 1988 a  1992 Señala que de la sentencia de vista, se advierte que la  Sala Superior ha aplicado erróneamente las leyes de  presupuesto del sector público para los años mil novecientos  ochenta y ocho a mil novecientos noventa y dos, al manifestar  que, a la actora, entre los años de mil novecientos ochenta y  ocho a mil novecientos noventa y dos, le serían de aplicación  las Directivas de Ejecución emitidas por la CONADE, razón  por la cual los aumentos remunerativos dispuestos por el  Gobierno Central no podrían ser otorgados en tanto no fueran  autorizados por la citada institución. Sin perjuicio de lo  expuesto, se advierte que la afirmación dada por el Colegiado  Superior resulta errada, dado que no está en discusión el  manejo presupuestal del ex IPSS ni el supuesto sometimiento  de su presupuesto a las normas de las empresas del Estado,  ni mucho menos que sea considerada como una empresa no  financiera del Estado sometida a las directivas de la CONADE,  ni que esta última debía aprobar la política remunerativa del  ex IPSS, la discusión es el desconocimiento de la entidad  demandante de los incrementos otorgados por el Supremo  Gobierno. iii) Infracción normativa de los artículos 14 y 60 de  la Constitución Política de 1979, artículos 1, 2 y 53 de la Ley  N° 24786 – Ley de creación del IPSS, el artículo 44 del  Decreto Legislativo N° 276 y el artículo 47 del Decreto Ley N°  11377, Estatuto y Escalafón del Servicio Civil Refiere que la  infracción normativa denunciada determina que resulte  inconstitucional la conclusión a la que arriba la Sala Superior  cuando sujeta, el accionar del EX-IPSS a Directivas infra  legales provenientes de una entidad administrativa, como lo  fue la CONADE que, incluso, no tenía reconocimiento  constitucional. Esto es equivalente a sostener que las  decisiones de órganos constitucionalmente autónomos deben  previamente ser validadas por organismos que no tienen  dicho rango constitucional y que solamente han sido creados  por ley como parte del Poder Ejecutivo. Bajo la postura  equivocada  de  la  instancia  superior,  se  desconoce  flagrantemente la autonomía e independencia que tenía el EX  – IPSS que, cabe resaltarlo, no formaba parte del Poder  Ejecutivo dado su carácter de entidad constitucionalmente  autónoma. Por ello, resulta una infracción inconstitucional que  el Colegiado Superior pretenda someter todo el régimen  presupuestal  del  ex  IPSS  a  las  reglas  aplicables  exclusivamente a las empresas del Estado, cuyos trabajadores  se encontraban bajo el régimen laboral de la actividad privada  y cuya finalidad era muy distinta al régimen laboral público  previsto normativamente para el IPSS. En efecto, sobre este  último, la Sala Superior, con ocasión de su sentencia de vista,  ha desconocido el artículo 53 de la Ley N° 24786, el cual  disponía, en su literal a), que “El personal del IPSS se rige: a)  Por el régimen de la Ley N° 11377, sus ampliatorias,  modificatorias (..)”, lo cual evidencia, una vez, que el régimen  laboral de tales servidores no es el aplicable a las empresas  de titularidad o participación estatal. Señala también que el  artículo 47 del Decreto Ley N° 11377 contenía una disposiciónque también ha sido inobservada por las instancias judiciales  previas, en la cual se indicaba que “En el desempeño de la  función pública, los derechos y obligaciones que acuerdan las  leyes tienen igual fuerza para todos los empleados”. iv)  Infracción normativa del artículo 400 del Código Procesal  Civil y el artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley  Orgánica del Poder Judicial Indica que en la Sentencia de  Vista materia de la presente casación, la Sala Superior incurre  en la misma infracción normativa de juzgado, cuando señala  que debe tenerse en cuenta que en casos idénticos al de  autos, existe pronunciamiento de la Sala de Derecho  Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de  Justicia de la República, que serían favorables a la posición  ESSALUD, pronunciamiento dictado en el Expediente N° 550- 2010-Lima, al cual, sin decirlo expresamente, dicha Sala  Superior le brinda tácitamente el carácter de doctrina  jurisprudencial vinculante bajo los términos del artículo 22 del  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  SÉPTIMO: En relación a las infracciones descritas en el  considerando anterior, esta Sala Suprema observa que si bien  el recurrente cumple con señalar las normas que a su criterio  se habrían infringido al emitirse la sentencia de vista; también  lo es, que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa  sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el  modo en que han sido vulneradas y cómo deben ser aplicadas  correctamente, pretendiendo una modificación de los hechos  establecidos por la instancia de mérito con la subsecuente  modificación del criterio vertido por el Colegiado Superior lo  cual no es posible mediante este extraordinario recurso. Sin  perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que la Sala Superior  ha fundamentado de manera adecuada y suficiente la  sentencia recurrida, ya que, indica que habiéndose  determinado que el Instituto Peruano de Seguridad Social –  IPSS (hoy ESSALUD), entre los años mil novecientos ochenta  y ocho, y mil novecientos noventa y dos, debía regir su  presupuesto conforme a las normas establecidas para las  empresas del Estado, presupuesto que debe comprender las  previsiones para el pago de las remuneraciones de sus  trabajadores y pensionistas, no correspondía entonces la  aplicación de los aumentos dispuestos por el Gobierno  Central para los trabajadores sujetos a la Ley N° 11377 y  Decreto Legislativo N° 276, máxime si como se desprende de  sus negociaciones colectivas, los trabajadores han percibido  aumentos conforme a la disponibilidad de la entidad. En el  presente caso, la beneficiaria es servidora de ESSALUD, y  estando a que el incremento de remuneraciones se  encontraba sujeta a negociación colectiva, tal como lo señalan  los precitados decretos supremos, que los servidores públicos  sujetos a regímenes laborales de la actividad pública o  privada cuyo aumento provenga de negociación bilateral  dentro de las pautas y condiciones del Decreto Supremo Nº  069-85-PCM o de negociación colectiva a que se refiere el  artículo 68 de la Ley Nº 24767; no le correspondía dichos  incrementos. Por tanto, la Sala Superior concluye que el acto  administrativo contenido en la resolución expedida por el  Tribunal del Servicio Civil – SERVIR, mediante la cual se  resuelve declarar fundado el recurso de apelación presentado  por la ahora litisconsorte y ordena que la entidad demandante  le abone el íntegro de los incrementos remunerativos  otorgados a través de diversos Decretos Supremos expedidos  entre los años 1988 y 1992 por el Ministerio de Economía y  Finanzas, aumentos de gobierno otorgados mediante Decreto  Supremo N° 103-88-EF, 220-88-WF, 005-89-EF, 007-89-EF,  008-89-EF, 021-89-EF, 044-89-EF, 062-89-EF, 131-89-EF,  132-89-EF, 296-89- EF, 028-89-PCM, 008-90-EF, 041-90-EF,  069-90-EF, 179-90-EF, 051-91-EF, 276-91-EF y el Decreto  Ley N° 25697, promulgados en el período de julio de mil  novecientos ochenta y ocho al mes de agosto de mil  novecientos noventa y dos, contraviene los fundamentos  expuestos y por ende no resulta exigible. En tal sentido, el  recurso extraordinario interpuesto, no cumple con el requisito  establecido en el numeral 3 del artículo 388 del Código  Procesal Civil, por lo que corresponde declarar la  improcedencia del recurso de casación. Por estas  consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el  artículo 1 de la Ley N°29364, declararon IMPROCEDENTE el  recurso de casación interpuesto por la parte demandada, la  Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, de fecha  cinco de febrero de dos mil veinte obrante a fojas trescientos  noventa y cinco del expediente principal, contra la sentencia  de vista de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve,  obrante a fojas trescientos veintinueve. ORDENARON la  publicación de la presente resolución en el diario oficial “El  Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por Seguro  Social de Salud – ESSALUD contra la entidad recurrente;  sobre  acción  contencioso  administrativa  previsional;  notifíquese por Secretaría, y devolvieron los actuados.Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Torres  Vega. S.S. TORRES VEGA, ARAUJO SÁNCHEZ, GÓMEZ  CARBAJAL, TEJEDA ZAVALA, MAMANI COAQUIRA. C-2136195-368