CASACIÓN Nº 15188-2018 SULLANA
MATERIA: Reposición Sumilla. El derecho al debido proceso importa que los jueces,  al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones  objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión,  estas razones deben provenir no sólo del ordenamiento  jurídico vigente y aplicable al caso sino de los propios hechos  debidamente acreditados en el trámite del proceso, a través  de la valoración conjunta de los medios probatorios. Lima, diecisiete de agosto de dos mil veintidós VISTA la causa número quince mil ciento ochenta y ocho  guión dos mil dieciocho guion SULLANA, en audiencia  pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley,  se emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO:  Se trata del recurso de casación interpuesto por la  demandada, Consorcio Cosapi JJC Sociedad Cerrada,  mediante escrito de dieciocho de junio de dos mil dieciocho,  de fojas doscientos sesenta y seis a doscientos ochenta y  cinco, contra la Sentencia de vista de veintinueve de mayo  de dos mil dieciocho, de fojas doscientos cuarenta y cinco a  doscientos cincuenta y cinco, que revoca la Sentencia de  primera instancia de nueve de agosto de dos mil diecisiete,  de fojas ciento cincuenta y siete a ciento setenta y seis, que  declara infundada la demanda; reformándola, la declara  fundada; en el proceso laboral seguido por el demandante,  Cesar Bertini Bertarelli Borja, sobre reposición laboral.  CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha  diecisiete de febrero de dos mil veintidós que aparece en  ciento setenta y seis a ciento ochenta del cuaderno de  casación, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso  de casación por la causal de: Infracción normativa del inciso  3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.  Correspondiendo emitir pronunciamiento sobre la citada  causal. CONSIDERANDO: Primero. Desarrollo del proceso.  Antes de determinar si en el presente caso se ha incurrido o  no en la infracción normativa reseñada, es necesario resumir  el desarrollo del proceso: a) Pretensión: Conforme se  aprecia de la demanda de fecha cinco de mayo de dos mil  diecisiete, de fojas veintitrés a treinta y nueve, el demandante  solicita como pretensión su reposición por despido  fraudulento; más el pago de costos procesales b) Sentencia  de Primera Instancia: El Juzgado Especializado Laboral dela Corte Superior de Justicia de Sullana, mediante Sentencia  de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, declaró  infundada la demanda; expresando como sustento que la  parte demandante no ha aportado indicios mínimos y  razonables de que la falta grave imputada obedezca al  accionar doloso y perverso de la empleadora fabricando  pruebas con el deliberado propósito de causarle perjuicio al  trabajador al extremo de que se le hubiere “sembrado el  material” en la unidad vehicular; ni siquiera se ha acreditado  la existencia de conflictos precedentes de carácter laboral  entre empleador y trabajador que pusieran de manifiesto  una actitud o conducta premeditada de la empleadora  destinada a deshacerse o prescindir de los servicios de este  último; por consiguiente, no se ha demostrado el carácter  fraudulento del despido por la comisión de la falta grave  prevista por el numeral c) del artículo 25 del Decreto  Supremo  Nº003-97-TR.  c)  Sentencia  de  Segunda  Instancia: La Sala Laboral Transitoria de la citada Corte  Superior de Justicia, mediante sentencia de fecha  veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, revocó la  sentencia que declara infundada la demanda; reformándola,  la declara fundada, argumentando que no se ha tenido en  cuenta que el demandante al salir desde la refinería de  Petroperú ubicada en Talara hacia Talara Alta, paso el  control de vigilancia de la refinería de PetroPerú, quienes  realizaron el control de la cisterna, no encontrando en poder  del demandante los bienes supuestamente sustraídos del  almacén que se encontraba en la refinería; que no se ha  tenido en cuenta que no obra medio de prueba que acredite  que los bienes encontrados al demandante pertenecen a la  demandada o alguno de sus trabajadores más aun sí no  existe medio probatorio que acredite la perdida de dichos  bienes, concluyendo que estos los hechos atribuidos al  demandante son contrarios a la verdad y rectitud de las  relaciones laborales, motivo por el cual no se encuentra ante  una falta ante un hecho falso, acreditándose el ánimo  perverso y auspiciado por el engaño al imputarle al  demandante hechos falsos. Segundo. Infracción normativa  La infracción normativa podemos conceptualizarla como la  afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado  Superior al emitir una resolución, originando con ello que la  parte que se considere afectada por la misma pueda  interponer el respectivo recurso de casación. Tercero.  Infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la  Constitución Política del Perú El artículo constitucional  cuestionado en casación establece lo siguiente: “Artículo  139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  […] 3. La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la  jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a  procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni  juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por  comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su  denominación […].” Cuarto. Delimitación del objeto de  pronunciamiento La presente resolución debe circunscribirse  a delimitar si se ha incurrido o no en la infracción al debido  proceso, de tal trascendencia, que conlleve a la nulidad de  los actuados. Quinto. El derecho al debido proceso a)  Definición de derecho al debido proceso El debido  proceso puede definirse como el conjunto de garantías  formales y materiales que deben ser respetadas en todo tipo  de proceso judicial o administrativo con la finalidad de  expedir una resolución acorde al ordenamiento jurídico, pero  sobre todo justa. b) Contenido del derecho al debido proceso  De la revisión de numerosas ejecutorias emitidas por la  Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria  de la Corte Suprema de Justicia de la República, así como  de las sentencias del Tribunal Constitucional, se puede  determinar que el derecho al debido proceso, comprende los  elementos siguientes: i) Derecho a un juez predeterminado  por la ley ii) Derecho de defensa y patrocinio por un abogado  iii) Derecho a un juez independiente e imparcial iv) Derecho  a la prueba v) Derecho a la motivación de las resoluciones  vi) Derecho a los recursos vii) Derecho a la instancia plural  viii) Derecho a la prohibición de revivir procesos fenecidos  ix) Derecho al plazo razonable. c) El derecho al debido  proceso en la Nueva Ley Procesal del Trabajo El artículo III  del Título Preliminar de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal  del Trabajo, establece como uno de los fundamentos del  proceso laboral, la observancia por los jueces del debido  proceso. Sexto. Doctrina jurisprudencial respecto al derecho  al debido proceso En relación a este derecho constitucional,  esta  Sala  Suprema  en  la  Casación  Nº  15284-2018-CAJAMARCA de fecha veintiséis de agosto de  dos mil veintiuno, ha establecido, con calidad de Doctrina  Jurisprudencial, lo siguiente: “Se considerará que existe  infracción normativa del numeral 3) del artículo 139°de la  Constitución Política del Estado, por falta de motivación omotivación indebida de la sentencia o auto de vista, cuando  la resolución que se haya expedido adolezca de los defectos  siguientes: 1. Carezca de fundamentación jurídica. 2.  Carezca de fundamentos de hecho. 3. Carezca de logicidad.  4. Carezca de congruencia. 5. Aplique indebidamente,  inaplique o interprete erróneamente una norma de carácter  procesal. 6. Se fundamente en hechos falsos, pruebas  inexistentes, leyes supuestas o derogadas. 7. Se aparte de  la Doctrina Jurisprudencial de esta Sala Suprema, sin  expresar motivación alguna para dicho apartamiento. En  todos los supuestos indicados, esta Sala Suprema declarará  la nulidad de la sentencia o auto de vista, ordenando a la  Sala Superior emitir nueva resolución”. Séptimo. Solución al  caso concreto La entidad recurrente sustenta que no existe  pronunciamiento de la Sala Superior sobre el Informe del  diez de abril de dos mil diecisiete (Declaración de parte del  vigilante de Protecto One), tampoco ha expresado el análisis  sobre el supuesto ánimo perverso de la demandada de  despedir al demandante, incurriendo en una motivación  aparente e indebida. Octavo. Revisados los actuados, este  Colegiado Supremo considera que la Sala Superior ha  realizado una motivación aparente en la sentencia de vista  emitida que conlleva a la afectación del debido proceso, toda  vez que, si bien realiza un análisis del por qué los hechos  atribuibles al actor son contrarios a la verdad y rectitud de  las relaciones laborales, dicho análisis es subjetivo, pues no  analiza los medios probatorios que sirvan de indicios  concluyentes para sostener la conclusión de su razonamiento  y su decisión. Por tanto, el Colegiado Superior deberá  desarrollar las razones por las que entiende que se han  configurado los elementos del despido fraudulento, teniendo  en cuenta los medios probatorios válidamente propuestos e  incorporados al proceso a instancia de la demandada y de  oficio, a instancia del juzgado, los cuales no han sido objeto  de pronunciamiento en la Sentencia de vista, lo que vulnera  el derecho a una debida motivación sobre despido  fraudulento. Noveno. Por lo antes expuesto, podemos  concluir que se ha incurrido en infracción normativa al  debido proceso acogido en el inciso 3) del artículo 139° de la  Constitución Política del Perú, motivo por el cual se ampara  la causal declarada procedente. Por las consideraciones  expuestas: DECISIÓN Declararon FUNDADO el recurso de  casación interpuesto por la demandada, Consorcio Cosapi  JJC Sociedad Cerrada, mediante escrito de dieciocho de  junio de dos mil dieciocho, de fojas doscientos sesenta y  seis a doscientos ochenta y cinco; NULA la Sentencia de  Vista de fecha de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho,  de fojas doscientos cuarenta y cinco a doscientos cincuenta  y cinco; ORDENARON que el Colegiado Superior expida  nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta lo señalado en  la presente resolución; DISPUSIERON la publicación del  texto de la presente resolución en el Diario Oficial “El  Peruano” conforme a ley; en el proceso abreviado laboral  seguido por el demandante, Cesar Bertini Bertarelli Borja,  sobre reposición laboral; interviniendo como ponente el  señor juez supremo Ato Alvarado; y los devolvieron. S.S.  MALCA GUAYLUPO, PINARES SILVA DE TORRE, ATO  ALVARADO,  LÉVANO  VERGARA,  CARLOS  CASAS C-2136194-213