CASACIÓN N° 15571– 2021 AREQUIPA
Materia: Acción contencioso administrativa previsional Pago de la bonificación diferencial Artículo 184 de la Ley N° 25303 PROCESO ESPECIAL Lima, once de julio de dos mil veintidósVISTO; el expediente principal, y CONSIDERANDO:  PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el  recurso de casación interpuesto por la demandante, Eva  Carlota Cano Bustamante, de fecha veintinueve de  setiembre de dos mil veinte, obrante a fojas ciento noventa y  dos del expediente principal, contra la sentencia de vista de  fecha once de marzo de dos mil veinte, obrante a fojas ciento  setenta, que confirmó la sentencia apelada de fecha uno de  junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento uno, que  declaró infundada la demanda. Por lo que corresponde  calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho  medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos  387 y 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº  29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del  artículo 34, así como el artículo 35 del Texto Único Ordenado  de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso  Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 011- 2019-JUS. SEGUNDO: El recurso cumple con los requisitos  de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código  Procesal Civil, pues se advierte que: i) se impugna una  resolución expedida por la Sala Superior respectiva que,  como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; ii) ha  sido interpuesto ante la Sala que emitió la resolución  impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez días  de notificada la recurrente con la resolución impugnada; y, iv)  no adjunta la tasa judicial por concepto de casación, al  encontrarse exonerada en virtud de lo establecido en el  artículo 24 literal “i” del Texto Único Ordenado de la Ley  Orgánica del Poder Judicial. TERCERO: Antes de analizar los  requisitos de procedencia, resulta necesario precisar que el  recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario  que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente  jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración  probatoria; por ello, sus fines esenciales son la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la  uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema; para coadyuvar a dichos fines, la fundamentación  del recurso debe ser clara, precisa y concreta; debiendo  indicarse ordenadamente cuáles son las denuncias que  configuran la infracción normativa que incide directamente  sobre la decisión impugnada o desarrollando las razones por  las cuales se sostiene que se habría producido el apartamiento  inmotivado de un precedente judicial. CUARTO: En cuanto a  las causales del recurso, estas se encuentran contempladas  en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el  artículo 1 de la Ley N° 29364, en el cual se señala que: «El  recurso de casación se sustenta en la infracción normativa  que incida directamente sobre la decisión contenida en la  resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del  precedente judicial». Asimismo, los numerales 1 al 4 del  artículo 388 del Código Procesal Civil establecen los requisitos  de procedencia del recurso: i) que el recurrente no hubiera  consentido la sentencia de primera instancia que le fue  adversa, cuando esta fuera confirmada por la resolución  objeto del recurso; ii) se describa con claridad y precisión la  infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial;  así como, iii) demostrar la incidencia directa de la infracción  sobre la decisión impugnada; y, finalmente iv) indicar si el  pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO: El  recurso de casación interpuesto cumple con la exigencia  prevista en el citado artículo 388 numeral 1 del Código  Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la entidad  recurrente interpuso recurso de apelación, conforme se  aprecia del escrito obrante a fojas ciento diecinueve, contra la  sentencia de primera instancia, porque la misma le resultó  adversa. SEXTO: De la revisión del recurso de casación  materia de calificación, esta Sala Suprema distingue que se  denuncian las siguientes causales casatorias: i) Infracción  normativa por inaplicación del artículo 84 de la Ley N° 25303  Sostiene que el juzgador de primera instancia y la Segunda  Sala Civil, mal interpretan el artículo 184 de la Ley N° 25303,  al argumentar y enfatizar que la recurrente no ha demostrado  que el centro de salud en donde laboró en los años de mil  novecientos noventa y uno, y mil novecientos noventa y dos  se encontraba en zona urbano marginal. Asimismo, menciona  que es servidora pública en el sector salud, donde viene  trabajando ejerciendo su profesión de médico; es decir, en  cargo asistencial, desde el año mil novecientos ochenta y  cuatro fecha en la cual ha sido nombrada a través de la  Resolución Directoral N° 0973-84-RS, de fecha diez de  diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, y prestar  función asistencial en el área hospitalaria N° 45 – Hospital del  Cuzco; además, ha sido reasignada a la ciudad de Arequipa  en el año de mil novecientos noventa, a través de la  Resolución Directoral N° 353-90-RSA-AA/P de fecha  veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa, para  laborar en el centro de salud de Mariano Melgar, ubicado  fuera del radio urbano de la provincia de Arequipa. ii)Infracción normativa por interpretación errónea de la  Resolución Jefatural N° 545-91-INEI Señala que a fin de  acreditar que el área hospitalaria N° 45 – Hospital del Cuzco,  perteneciente a la provincia y departamento de Cuzco, y el  Centro de Salud de Mariano Melgar perteneciente a la  Provincia y Departamento de Arequipa, se encontraban en  zona urbano marginal, la recurrente, presentó escrito,  mencionando que la Resolución Ministerial N° 0046-91-SA-P,  de fecha once de marzo de mil novecientos noventa y uno,  mediante la cual se aprueba la Directiva N° 003-91 ‘’Aplicación  de la Bonificación Diferencia para las zonas Urbanas  Marginales, Rurales y/o en Emergencia”, la cual en su primera  Disposición General establece que: “los establecimientos de  salud serán clasificados por su ubicación geográfica en zonas  rurales y urbano – marginales, para cuyo efecto se utilizará el  Clasificador Censal del Instituto Nacional de Estadística e  Informática (INEI), el cual otorga a los centros poblados  dichas categorías”. iii) Infracción normativa de precedente  vinculante en la Casación N° 883-2012-Amazonas La  recurrente no ha desarrollado en su escrito de casación la  infracción invocada. SÉPTIMO: En relación a la infracción  descrita en el considerando anterior, esta Sala Suprema  observa que si bien la recurrente cumple con señalar las  normas que a su criterio se habrían infringido al emitirse la  sentencia de vista; también lo es, que no ha cumplido con  demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada,  lo que implica desarrollar el modo en que han sido vulneradas  y cómo deben ser aplicadas correctamente, pretendiendo una  modificación de los hechos establecidos por la instancia de  mérito con la subsecuente modificación del criterio vertido por  el Colegiado Superior lo cual no es posible mediante este  extraordinario recurso. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe  precisar que la Sala Superior ha fundamentado de manera  adecuada y suficiente la sentencia recurrida, la cual, indica  que en el caso en análisis, el juzgado desestima la demanda  en atención a que respecto de los años mil novecientos  noventa y uno, y mil novecientos noventa y dos, la actora no  ha acreditado con documento alguno que haya estado  laborando en zona urbano marginal, en los años mil  novecientos noventa y uno, y mil novecientos noventa y dos;  a lo que hay que agregar que en su caso no le resulta aplicable  la Casación N° 881-2012 Amazonas, por cuanto la misma  sólo es aplicable para los servidores que ya perciben dicha  bonificación diferencial, mas no en un caso como el de autos  en el que la actora no percibe dicha bonificación diferencial.  Se advierte de la boleta obrante a fojas diecinueve,  acompañada por la accionante en los anexos de su demanda,  y de la boleta obrante a fojas setenta y nueve, del mes de  agosto de dos mil trece, que no percibe la bonificación  diferencial prevista por el artículo 184 de la Ley N° 25303, y  que, además, a tal fecha prestaba servicios en el Centro de  Salud de Mariano Melgar. Conforme al artículo 33 del Texto  Único Ordenado de la Ley N° 27584: “Salvo disposición legal  diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma  los hechos que sustentan su pretensión”; siendo que, en el  presente caso, correspondía a la actora acreditar que en los  años mil novecientos noventa y uno y/o mil novecientos  noventa y dos, se encontraba laborando en una zona urbano- marginal o, rural; extremos que no los ha acreditado de forma  alguna. Asimismo, de su demanda no se advierte que haya  precisado el Centro de Salud en el que laboró en mil  novecientos noventa y uno, y mil novecientos noventa y dos,  a efectos de determinar si es una zona urbano marginal o  rural, por tanto en atención al principio de congruencia  procesal prescrito en el artículo VII del Título Preliminar del  Código Procesal Civil, este órgano jurisdiccional no podría  establecerlo de los medios probatorios, pues no existe  afirmación en la demanda de forma concreta que deba ser  acreditado con la valoración probatoria correspondiente; pues  aun cuando ello fuese posible, en atención al argumento  contenido en su apelación obrante a fojas ciento diecinueve,  en que precisa que en mil novecientos noventa y uno, prestó  servicios en el Hospital de apoyo del Cuzco, ello de forma  alguna lo ha acreditado; circunstancia necesaria para valorar  si tal centro de salud está o no en zona urbano marginal. En  tal sentido, el recurso extraordinario interpuesto, no cumple  con el requisito establecido en el numeral 3 del artículo 388  del Código Procesal Civil, por lo que corresponde declarar la  improcedencia del recurso de casación. Más aún, si se  observa del escrito de recurso de casación, que la parte  recurrente, no ha cumplido con el requisito señalado en el  numeral 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil; es decir,  no ha cumplido con precisar textualmente si el recurso de  casación  es  anulatorio  o  revocatorio.  Por  estas  consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el  artículo 1 de la Ley N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el  recurso de casación interpuesto por la demandante, EvaCarlota Cano Bustamante, de fecha veintinueve de  setiembre de dos mil veinte, obrante a fojas ciento noventa y  dos del expediente principal, contra la sentencia de vista de  fecha once de marzo de dos mil veinte, obrante a fojas ciento  setenta. DISPUSIERON la publicación de la presente  resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; en  el proceso seguido por la recurrente contra el Gobierno  Regional de Arequipa y otro; sobre acción contencioso  administrativa previsional; notifíquese por Secretaría, y  devolvieron los actuados. Interviene como ponente la señora  Jueza Suprema Torres Vega. S.S. TORRES VEGA, ARAUJO  SÁNCHEZ, GÓMEZ CARBAJAL, TEJEDA ZAVALA, MAMANI  COAQUIRA. C-2136195-348