CASACIÓN Nº 15762-2021 PIURA
MATERIA: Pago de beneficios sociales y otros El debido proceso puede definirse como el conjunto de  garantías formales y materiales que deben ser respetadas en  todo tipo de proceso judicial o administrativo con la finalidad  de expedir una resolución acorde al ordenamiento jurídico,  pero sobre todo justa. Lima, nueve de septiembre de dos mil veintidós VISTA; la causa número quince mil setecientos sesenta y  dos, guión dos mil veintiuno, PIURA; interviniendo como  ponente el señor juez supremo Ato Alvarado; con la  adhesión de los señores jueces supremos, Torres Gamarra,  Malca Guaylupo y Lévano Vergara; y con el voto en  discordia de la señora jueza suprema Pinares Silva de  Torre; con la adhesión de los señores jueces supremos  Arévalo Vela y Carlos Casas, se emite la siguiente sentencia:  MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación  interpuesto por la parte demandada, Municipalidad  Provincial de Piura, mediante escrito del dos de febrero de  dos mil veintiuno, que corre de fojas cuatrocientos cincuenta  y cinco a cuatrocientos cincuenta y ocho, contra la Sentencia  de vista de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte,  que corre de fojas cuatrocientos treinta y nueve a  cuatrocientos cincuenta, que confirmó la Sentencia  emitida en primera instancia de fecha treinta de julio de  dos mil veinte, que corre de fojas cuatrocientos uno a  cuatrocientos seis, que declaró fundada en parte la  demanda, y, revocó el monto ordenado pagar y lo fijó en la  suma de sesenta y un mil ciento treinta con 52/100 soles (S/  61,130.52) por concepto de benéficos sociales; en el  proceso ordinario laboral seguido por la parte demandante,  Juana Rosa Castro Márquez. CAUSALES DEL RECURSO:  La parte recurrente invocando el artículo 56° de la Ley Nº  26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo  1° de la Ley Nº 27021, denuncia como causales de su  recurso: i) Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del  artículo 139° de la Constitución Política del Perú. ii)  Infracción normativa por Inaplicación del artículo 42° del  Texto Único Ordenado de la Ley de Negociaciones  Colectivas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº  010-2003-TR. CONSIDERANDO: Primero. El recurso de  casación reúne los requisitos de procedencia del artículo 55°  de la Ley Nº 26636, Ley Procesal de Trabajo, m odificado por  el artículo 1° de la Ley Nº 27021, y los requisitos de forma  contemp lados en el artículo 57° de la citada ley,  correspondiendo ahora analizar si cumple con los requisitos  previstos en los artículos 56° y 58° de la acotada Ley  Procesal del Trabajo y si se encuentra conforme, en un solo  acto se procederá a emitir pronunciamiento sobre el fondo  del recurso. Segundo. Evaluando la causal contemplada en  el ítem i), es necesario precisar que si bien la contravención  de normas al debido proceso y motivación de las resoluciones  judiciales no se encuentran recogidas como causal en la Ley  Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo; sin embargo, esta Sala  Suprema no puede eludir que, también tiene como misión  analizar si durante el proceso sometido a su conocimiento se  ha cumplido todas las garantías y derechos relacionados  con la observancia del inciso 3) del artículo 139° de la C  onstitución Política del Perú; solo cuando este Tribunal  Supremo verifica el cumplimiento de dichas exigencias,puede ejercer debidamente sus facultades y competencias  que, en el caso laboral, le son asignadas por el artículo 54°  de la Ley procesal an tes referida, debiendo por tanto exigir  que en las causales sometidas a su jurisdicción se respeten  ciertas reglas esenciales para configurar un proceso válido.  Tercero. En atención a lo mencionado y a lo preceptuado  por el artículo 392°-A del Código Procesal Civil, este  Colegiado admite a trámite el presente recurso en forma  excepcional y extraordinaria por la causal contravención  del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política  del Perú , al encontrarse subsumida la vulneración del  derecho a la debida motivación dentro de la causal del  debido proceso, a efecto de verificar la validez del  pronunciamiento que es materia de impugnación; en ese  sentido, la mencionada causal resulta procedente. Cuarto.  En cuanto la causal prescrita en el ítem ii), debemos decir  que de acuerdo a lo prescrito en el literal c) del artículo 58°  de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por  la Ley Nº 27021, establece que el recurso debe estar  fundamentado con claridad y precisión, indicando cuál es la  norma inaplicada y por qué debió aplicarse, requisitos que  no cumple la entidad impugnante, pues, de la fundamentación  expuesta en su recurso no se advierte análisis del por qué  deberían aplicarse las normas denunciadas, toda vez que no  basta la sola invocación de la norma cuya aplicación al caso  concreto se pretende, sino se debe demostrar la pertinencia  de las normas a la relación existente establecida en las  Sentencias de mérito y cómo su aplicación modificaría el  resultado del juzgamiento; por lo que la causal invocada  resulta  improcedente.  Quinto.  Causal  objeto  de  pronunciamiento Corresponde a esta Sala Suprema emitir  pronunciamiento de fondo sobre la causal declarada  procedente, referida a la contravención del inciso 3) del  artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sexto.  De la pretensión demandada y pronunciamiento de las  instancias de mérito a) Pretensión demandada: mediante  escrito de demanda de fecha veintitrés de noviembre de  dos mil dieciocho, que corre de fojas cuarenta y uno a  cuarenta y seis, el demandante solicita el pago de reintegro  de remuneraciones por trato salarial desigual y beneficios  sociales, desde el uno de diciembre de dos mil catorce al  treinta de noviembre de dos mil dieciocho, más el pago de  los intereses legales. b) Sentencia de primera instancia:  El Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de la Corte  Superior de Justicia de Piura, mediante sentencia de  fecha treinta de julio de dos mil veinte, declaró fundada  en parte la demanda, al considerar respecto al reintegro de  remuneraciones  por  trato  salarial  desigual,  que  el  demandante ha tenido un proceso judicial signado con el Nº  2357-2014-0-2001-JR-LA-01 en el que se l e homologó con  doña Martha Sánchez Arrunátegui por un periodo anterior al  solicitado en el presente caso, por lo que considera seguir  homologándolo con la homóloga propuesta, pues ya tiene  calidad de cosa juzgada. c) Sentencia de segunda  instancia: Por su parte, la Sala Laboral Transitoria de la  misma corte superior de justicia, mediante sentencia de  fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte, confirmó  la sentencia apelada, revocando la suma ordenada a pagar,  exponiendo argumentos similares a los de primera instancia.  Séptimo. La infracción normativa podemos conceptualizarla  como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el  Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con  ello que la parte que se considere afectada por la misma,  pueda interponer el respectivo recurso de casación. Sobre  la causal procesal declarada procedente Octavo. El texto  constitucional, establece lo siguiente: “Artículo 139. Son  principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 3.  La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.  Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción  predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento  distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por  órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones  especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación  […]”. Noveno. El derecho al debido proceso a) Definición El  debido proceso puede definirse como el conjunto de  garantías formales y materiales que deben ser respetadas  en todo tipo de proceso judicial o administrativo con la  finalidad de expedir una resolución acorde al ordenamiento  jurídico, pero sobre todo justa. b) Contenido del derecho al  debido proceso De la revisión de numerosas ejecutorias  emitidas por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y  Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la  República, así como de las sentencias del Tribunal  Constitucional, se puede determinar que el derecho al  debido proceso, comprende los elementos siguientes: i)  Derecho a un juez predeterminado por la ley ii) Derecho de  defensa y patrocinio por un abogado iii) Derecho a un juez  independiente e imparcial iv) Derecho a la prueba v)Derecho a la motivación de las resoluciones vi) Derecho a  los recursos vii) Derecho a la instancia plural viii) Derecho a  la prohibición de revivir procesos fenecidos ix) Derecho al  plazo razonable. Décimo. Solución al caso concreto  Evaluando las sentencias de mérito, se verifica que  contienen una motivación aparente, pues han justificado el  otorgamiento del reintegro de remuneraciones por trato  salarial desigual por el periodo del uno de diciembre de  dos mil catorce al treinta de noviembre de dos mil  dieciocho, en el hecho de que existe un proceso judicial  anterior contenido en el expediente Nº 2357-2014-0-2001-JR- LA-01 en donde se concluyó homologar a la demandante  con  la  trabajadora  comparativa  Martha  Sánchez  Arrunátegui, por el periodo del dieciséis de noviembre de  dos mil doce al dieciséis de noviembre de dos mil  catorce; sin tener en consideración que en el presente  proceso lo que pretende la demandante es el pago de  reintegro de remuneraciones por un periodo distinto a lo que  fue materia de demanda y análisis en el anterior proceso,  pretensión que deberá ser analizado por el juez de primera  instancia a fin de determinar si por el tiempo demandado se  acredita la existencia de un trato desigual respecto a los  incrementos remunerativos entre la demandante y la  trabajadora homóloga propuesta en el texto de la demanda.  Décimo Primero. En esa línea de análisis, las instancias de  mérito deberán evaluar si la pretensión de reintegro de  remuneraciones por trato salarial desigual entre el  demandante y la homóloga propuesta Martha Sánchez  Arrunátegui, existen razones objetivas válidas o no que  justifiquen la diferenciación salarial denunciada; por lo tanto,  las omisiones advertidas afectan la garantía y principio, no  solo del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva,  sino también de motivación de las resoluciones judiciales, lo  que implica la contravención del inciso 3) del artículo 139°  de la Constitución Política del Perú; en conse cuencia,  resulta acorde a derecho se declare fundada la causal  declarada procedente de forma excepcional. Por estas  consideraciones, la Segunda Sala de Derecho Constitucional  y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la  República: HA RESUELTO: Declarar FUNDADO el recurso  de  casación  interpuesto  por  la  parte  demandada,  Municipalidad Provincial de Piura, mediante escrito de  fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, que corre de fojas  cuatrocientos cincuenta y cinco a cuatrocientos cincuenta y  ocho; en consecuencia, NULA la Sentencia de Vista  contenida en la resolución de fecha veintitrés de diciembre  de dos mil veinte, que corre de fojas cuatrocientos treinta y  nueve a cuatrocientos cincuenta, e INSUBSISTENTE la  Sentencia emitida en primera instancia de fecha treinta  de julio de dos mil veinte, que corre de fojas cuatrocientos  uno a cuatrocientos seis, SE ORDENE al Juez de primera  instancia emitir nuevo pronunciamiento observando las  consideraciones que se desprenden de la presente  ejecutoria suprema; SE DISPONGA la publicación del texto  de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”  conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por  la parte demandante, Juana Rosa Castro Márquez, sobre  reintegro de remuneraciones; y se devuelva. SS. TORRES  GAMARRA,  MALCA  GUAYLUPO,  ATO  ALVARADO,  LÉVANO VERGARA. EL VOTO EN DISCORDIA DE LA  SEÑORA JUEZ SUPREMA PINARES SILVA DE TORRE,  CON LA ADHESIÓN DE LOS SEÑORES JUECES  SUPREMOS ARÉVALO VELA Y CARLOS CASAS ES  COMO SIGUE: VISTO y CONSIDERANDO: Primero. El  recurso de casación interpuesto por el Procurador Público  de la parte demandada, Municipalidad Provincial de Piura,  de dos de febrero de dos mil veintiuno, de fojas cuatrocientos  cincuenta y cinco a cuatrocientos cincuenta y ocho, contra la  sentencia de vista de veintitrés de diciembre de dos mil  veinte, de fojas cuatrocientos treinta y nueve a cuatrocientos  cincuenta, que confirma la sentencia de primera instancia  de treinta de julio de dos mil veinte, de fojas cuatrocientos  uno a cuatrocientos seis, que declara fundada en parte la  demanda. Revoca el extremo del monto total ordenado  pagar, reformándolo el monto fija en la suma de sesenta y un  mil ciento treinta con 52/100 soles (S/ 61,130.52); cumple  con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del  artículo 55° y del artículo 57° de la Ley Nº 26636, Ley  Procesal del Trabajo, modi ficados por el artículo 1° de la  Ley Nº 27021. Segundo. El recurso de casación es un  medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y  que procede solo por las causales taxativamente prescritas  en el artículo 56° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del  Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las  mismas que son: a) la aplicación indebida de una norma de  derecho material, b) la interpretación errónea de una norma  de derecho material, c) la inaplicación de una norma de  derecho material, y d) la contradicción con otras resolucionesexpedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes  Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares,  siempre que dicha contradicción esté referida a una de las  causales anteriores. Tercero. Asimismo, conforme a lo  previsto en el artículo 58° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal  del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021,  es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad  y precisión las causales descritas en el artículo 56° de la  mencionada ley; debiendo la Sala Casatoria calificar estos  requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto,  debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que  no se cumpla con alguno de los requisitos antes  mencionados, lo declarará improcedente. Cuarto. Conforme  al escrito de demanda de veintitrés de noviembre de dos mil  dieciocho, de fojas cuarenta y uno a cuarenta y seis,  subsanado a fojas cincuenta y uno, la demandante insta  como pretensión el reintegro de remuneraciones y pago de  beneficios  sociales  consistentes  en  gratificaciones,  vacaciones, escolaridad y compensación por tiempo de  servicios, por trato salarial desigual, por la suma de setenta  y ocho mil noventa y siete con 38/100 soles (S/ 78,097.38)  desde el uno de diciembre de dos mil catorce al treinta de  noviembre de dos mil dieciocho; asimismo, insta se disponga  la nivelación y equiparación de su remuneración mensual;  más intereses legales, con costas y costos del proceso.  Quinto. La parte recurrente denuncia taxativamente como  causales de su recurso de casación: i) Infracción normativa  del numeral 3) del artículo 139° de la Constitución  Política del Perú. ii) Infracción normativa por inaplicación  del artículo 42° del Texto Único Ordenado de la Ley de  Relaciones Colectivas, aprobado por Decreto Supremo  Nº 010-2003-TR. Sexto. Sobre la causal denunciada en el  acápite i), el artículo 56° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal  del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021,  señala taxativamente las causales a denunciar, las que han  de estar referidas a normas de derecho material. En este  caso, la parte recurrente denuncia la “infracción normativa”  de normas de carácter procesal, lo cual no se encuentra  contemplado como causal de casación en el artículo antes  citado, incumpliendo de esta manera lo establecido en el  artículo 58° de la acotada ley; por lo que, la causal  denunciada deviene en improcedente. Sétimo. Respecto  de la causal denunciada en el acápite ii), cuando se denuncia  la inaplicación de una norma, no basta con su invocación,  sino que se debe demostrar la pertinencia del precepto a la  relación fáctica establecida en la sentencia de mérito y cómo  su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento. En el  caso concreto, la parte recurrente ha precisado el dispositivo  legal que considera ha sido inaplicado por el Colegiado  Superior, el cual no forma parte de los fundamentos de la  sentencia de vista; sin embargo, de los argumentos  esbozados en el recurso se advierte que la parte recurrente  cuestiona el monto reconocido a la demandante en virtud de  la diferencia remunerativa con la trabajadora homóloga  propuesta, alegando que esta última percibe beneficios  económicos por pactos colectivos; sin embargo, de la  revisión de autos este Colegiado Supremo advierte que por  el periodo demandado, tanto la demandante como la  trabajadora homóloga propuesta pertenecen al sindicato  SUTRAMUNP, de modo que, es incorrecto alegar que la  diferencia remunerativa versa por conceptos económicos de  convenios colectivos, más aún, si por sentencia emitida en  un  proceso  previo  [véase  Expediente  Nº  02357-2014-0-2001-JT-LA-01] , se dispuso su homologación  con la trabajadora Martha Sánchez Arrunategui, por un  período anterior al reclamado en el actual proceso. En ese  sentido, la causal invocada incumple con el requisito previsto  en el inciso c) del artículo 58° de la Ley Nº 26636, modificado  por la Ley Nº 27021; por lo tant o, deviene en improcedente.  Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por  el artículo 58° de la Ley Nº 26636 , Ley Procesal del Trabajo,  modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021: NUESTRO  VOTO es por declarar IMPROCEDENTE el recurso de  casación interpuesto por el Procurador Público de la parte  demandada, Municipalidad Provincial de Piura, de dos de  febrero de dos mil veintiuno, de fojas cuatrocientos cincuenta  y cinco a cuatrocientos cincuenta y ocho; ORDENARON la  publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El  Peruano" conforme a ley; en el proceso ordinario laboral  seguido por la demandante, Juana Rosa Castro Márquez,  sobre pago de beneficios sociales y otros y devuélvase los  actuados. SS. ARÉVALO VELA, PINARES SILVA DE TORRE  CARLOS CASAS. LA SECRETARIA DE LA SEGUNDA  SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL  TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  DE LA REPÚBLICA CERTIFICA que el voto suscrito por los  señores jueces supremos ARÉVALO VELA, PINARES  SILVA DE TORRE y CARLOS CASAS, fue dejadooportunamente en relatoría, en cumplimiento a lo establecido  en el artículo 149 del Texto Único Ordenado de la Ley  Orgánica del Poder Judicial, agregándose el referido voto  suscrito a la presente resolución. C-2136194-245