CASACIÓN Nº 16946-2019 LIMA
MATERIA: Desnaturalización de la intermediación laboral y  otros Sumilla.  Habiéndose  declarado  desnaturalizados  los  contratos de locación de servicios celebrados entre las  partes, y al haberse determinado la existencia de una relación  laboral bajo los alcances del régimen laboral privado; por  consiguiente, el actor no debe verse perjudicado con la  actitud ilegal de la entidad demandada; pues, al no contar  el demandante con un vínculo laboral formal, se encontraba  imposibilitado de poder afiliarse a un sindicato de la entidad  demandada. Lima, veintiséis de julio de dos mil veintidós VISTA; la causa dieciséis mil novecientos cuarenta y seis,  guion dos mil diecinueve, guion LIMA, en audiencia pública  de la fecha; y luego de efectuada la votación con arreglo a ley,  se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO:  Se trata del recurso de casación interpuesto por la entidad  demandada, Banco de la Nación, mediante escrito  presentado con fecha tres de mayo de dos mil diecinueve  (fojas mil doscientos cuarenta y nueve a mil doscientos  setenta y cinco) contra la sentencia de vista contenida en la  resolución de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve  (fojas mil doscientos veintiocho a mil doscientos cuarenta y  seis) que confirmó y revocó extremos de la sentencia  apelada contenida en la resolución de fecha veintiséis de julio  de dos mil dieciocho (fojas mil ciento sesenta a mil ciento  ochenta y cuatro) que declaro fundada en parte la demanda;  en el proceso laboral iniciado por el demandante, Roberto  Yhiovanni Buendía Díaz, sobre desnaturalización de la  intermediación laboral y otros. CAUSAL DEL RECURSO: El  recurso de casación interpuesto por la parte demandada, se  declaró procedente mediante resolución de fecha dieciocho  de enero de dos mil veintidós (fojas ciento cincuenta y siete a  ciento sesenta y dos del cuaderno de casación); siendo  procedente el recurso interpuesto por la causal: i) Infracción  normativa por inaplicación del artículo 9 del Texto Único  Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo,  aprobado por Decreto Supremo número 010-2003-TR.  Correspondiendo  a  este  Colegiado  Supremo  emitir  pronunciamiento  de  fondo  sobre  dicha  causal.  CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes del caso a)  Pretensión: Conforme se aprecia de la demanda, de fecha  cinco de mayo de dos mil quince (fojas trescientos cuarenta yseis a trescientos setenta y tres) el accionante interpone  demanda en contra del Banco de la Nación, a fin de que se  declare la existencia de una relación laboral a plazo  indeterminado, por desnaturalización de los contratos de  locación de servicios desde el veintisiete de enero de dos mil  cuatro al once de junio de dos mil quince, con el pago de los  beneficios sociales y colectivos. Asimismo, solicita que se  disponga su reposición en su centro de labores con el pago  de las remuneraciones y beneficios dejados de percibir. b)  Sentencia de primera instancia: La Jueza del Noveno  Juzgado Especializado de Trabajo de Lima la Corte Superior  de Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha veintiséis de  julio de dos mil dieciocho (fojas mil ciento sesenta a mil ciento  ochenta y cuatro), declaró fundada en parte la demanda  sobre reconocimiento de vínculo laboral y otros; de esta  manera, se reconoció la existencia de una relación laboral a  plazo indeterminado entre las partes en dos periodos, el  primero del doce de septiembre de dos mil ocho al veinticinco  de enero de dos mil doce y, el segundo desde el cuatro de  septiembre de dos mil trece al diez de junio de dos mil quince.  Así también, se declaró incausado el despido del que ha sido  objeto el actor, en consecuencia, se ordenó que cumpla la  emplazada con reponerlo en sus labores habituales. Se  dispuso que la demandada abone al demandante la suma  total de doscientos cincuenta y seis mil ciento noventa y ocho  con 71/ 100 soles (S/ 256 198.71), por concepto de reintegro  de remuneraciones, gratificaciones legales, vacaciones,  utilidades, beneficios sindicales, importe bruto sujeto a  descuentos de ley, más intereses legales; y cumpla con  depositar en entidad bancaria y liberar el pago al finalizar la  relación laboral del concepto de compensación por tiempo de  servicios, ordenándose a depositar por este concepto la suma  de diecinueve mil doscientos sesenta y ocho con 40/100 soles  (S/ 19 268.40), más intereses financieros; más el pago de los  costos y costas. Por otro lado, se declaró infundado el pago  de remuneraciones dejados de percibir y el bono por cierre de  pliegos en los años dos mil ocho y dos mil doce, e improcedente  el pago del bono por desempeño grupal. c) Sentencia de  vista: El Colegiado de la Séptima Sala Laboral Permanente  de la misma Corte Superior de Justicia, mediante sentencia  de vista de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve  (fojas mil doscientos veintiocho a mil doscientos cuarenta y  seis), resolvió revocar la sentencia en el extremo que declaró  improcedente el pago del bono por desempeño grupal, y  reformándola la declararon fundada por el periodo dos mil  ocho a dos mil doce y del dos mil trece; y, revocó la sentencia  en el extremo que declaró fundada en parte el reintegro de  remuneraciones, y reformándola la declararon infundada.  Asimismo, confirmó el extremo de la sentencia que declaró  fundada en parte la demanda sobre reconocimiento de  vínculo laboral y otros, y reconoció la existencia de una  relación laboral a plazo indeterminado entre las partes en dos  periodos, el primero del doce de septiembre de dos mil ocho  al veinticinco de enero de dos mil doce y, el segundo desde el  cuatro de septiembre de dos mil trece al diez de junio de dos  mil quince; asimismo, declaró incausado el despido del que  ha sido objeto el actor. En consecuencia, ordenó que cumpla  la emplazada con reponerlo en sus labores habituales. Al  respecto, se modificó el importe a pagarse, ordenando que la  demandada abone al demandante la suma total de ciento  cuarenta y un mil setenta y nueve con 70/100 soles (S/ 141  079.70), por concepto de gratificaciones legales, vacaciones,  utilidades, beneficios sindicales y bono por desempeño  grupal, más intereses legales; y, cumpla la demandada con  depositar en entidad bancaria y liberar el pago al finalizar la  relación laboral del concepto de compensación por tiempo de  servicios; ordenándose a depositar por este concepto, la  suma de diecinueve mil doscientos sesenta y ocho con 40/100  soles (S/ 19 268.40), más intereses financieros, más el pago  de las costas. Además, se declaró infundado el pago de  remuneraciones dejados de percibir y el bono por cierre de  pliegos en los años dos mil ocho y dos mil doce; y, se impuso  a la demandada la condena del pago de costos procesales  por ambas instancias, facultándole a realizar las deducciones  o retenciones que correspondan. Segundo: La infracción  normativa La infracción normativa podemos conceptualizarla  como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la  Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que  la parte que se considere afectada por la misma, pueda  interponer el respectivo recurso de casación. Tercero: La  causal material declarada procedente está referida a la  Infracción normativa por inaplicación del artículo 9 del  Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas  de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 010-  2003-TR. La norma en mención establece lo siguiente:  Artículo 9.- En materia de negociación colectiva, el sindicato  que afilie a la mayoría absoluta de los trabajadores  comprendidos dentro de su ámbito asume la representaciónde la totalidad de los mismos, aunque no se encuentren  afiliados. De existir varios sindicatos dentro de un mismo  ámbito, podrán ejercer conjuntamente la representación de la  totalidad de los trabajadores los sindicatos que afilien en  conjunto a más de la mitad de ellos. En tal caso, los sindicatos  determinarán la forma en que ejercerán esa representación,  sea a prorrata, proporcional al número de afiliados, o  encomendada a uno de los sindicatos. De no haber acuerdo,  cada sindicato representa únicamente a sus afiliados. Cuarto:  Alcance subjetivo de la negociación colectiva La negociación  colectiva, entendida como el proceso conciliatorio de diálogo  social entre el empleador y las organizaciones sindicales,  constituye un derecho fundamental que debe ser acatado por  los miembros de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT) como el caso de Perú y que además ha alcanzado  reconocimiento en nuestra Carta Magna en el inciso 2 del  artículo 28. Por lo que, el derecho a la negociación colectiva  tiene carácter general tanto en el sector privado como público,  siendo los únicos excluidos de su ejercicio, de acuerdo a  nuestro texto constitucional, los miembros de las Fuerzas  Armadas y la Policía Nacional, así como los funcionarios  públicos previstos en el artículo 42 de la Constitución Política  del Perú y además quienes ocupan cargos de dirección o de  confianza. Quinto: Respecto a la negociación colectiva, este  Colegiado Supremo en la Casación Laboral número 10406- 2016-LIMA, del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, ha  definido a la negociación colectiva como “(…) un derecho  fundamental del trabajador, de acuerdo al artículo 28° de la  Constitución Polít ica del Perú, cuyo ejercicio democrático se  encuentra tutelado por el Estado, quien fomenta y promueve  las formas de solución pacífica de los conflictos de naturaleza  laboral”. Asimismo, la Casación Laboral número 10406-2016- LIMA, ha establecido que la negociación colectiva es “(…)  todo aquel procedimiento de diálogo llevado a cabo entre el  empleador o un grupo de empleadores con una organización  sindical, quienes en uso de su autonomía colectiva, negocian  sobre incrementos remunerativos, condiciones de trabajo,  entre otros beneficios, la cual se desarrolla dentro de un  ámbito determinado”. Sexto: Fuerza vinculante de la  convención colectiva La fuerza vinculante en el ámbito de lo  concertado implica que los acuerdos arribados en el  procedimiento de negociación y estipulados en el convenio  colectivo obligan a las partes que los suscribieron, a los  trabajadores en cuyo nombre se convino y a quienes les  resulte aplicable; así como a los trabajadores que se  incorporen con posterioridad a la celebración del pacto  colectivo en las empresas partícipes del mismo, conforme a lo  establecido en el artículo 42 del Decreto Supremo número  010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones  Colectivas de Trabajo. De igual manera, el artículo 28 del  Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo,  aprobado por el Decreto Supremo número 011-92-TR, señala  que esta característica implica que las partes podrán  establecer el alcance, las limitaciones o exclusiones que  autónomamente acuerdan las partes. Séptimo: Solución al  caso concreto Siendo que, la Sala Laboral confirmó la  sentencia de primera instancia que ampara el pago de los  beneficios convencionales demandados por el actor, la  demandada procede a interponer recurso de casación  alegando que los beneficios otorgados por convenio colectivo  o laudo arbitral no son extensivos a la totalidad de trabajadores  si se trata de un sindicato minoritario, y, siendo que en la  entidad recurrente se cuentan con cuatro sindicatos  minoritarios, por lo tanto, los beneficios conseguidos solo  alcanzan a los afiliados de cada uno, transgrediéndose, de  esta manera, lo regulado por el artículo 9 del Decreto Supremo  número 10-2003-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado  de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Es decir, se  debió aplicar el mencionado precepto normativo para, de esta  manera, poder determinar válidamente que no le corresponde  al demandante los beneficios sindicales derivados de  negociaciones colectivas y laudos arbitrales, además porque  no está acreditado que el actor haya tenido la voluntad de  afiliarse a un determinado sindicato. Octavo: Al respecto, de  la revisión de la recurrida, se tiene que la Sala Laboral  resuelve otorgar al actor los beneficios sindicales derivados  de negociaciones colectivas y laudos arbitrales, debido al  tratamiento contractual irregular que le ha dado la demandada  al demandante, en el sentido de aplicarle un régimen civil  indebido de contratos de locación de servicios. Esto significa  que se ha limitado irregularmente el derecho del actor de  afiliarse al sindicato de manera que se le impidió que pueda  acceder a los beneficios de la negociación colectiva. Noveno:  Al respecto, resulta oportuno citar el VIII Pleno Jurisdiccional  Supremo Laboral y Previsional, publicado el cinco de octubre  de dos mil diecinueve en el diario oficial “El Peruano”, en el  cual se acordó por unanimidad que, en caso que el trabajador  haya estado imposibilitado de afiliarse a un sindicato debido aque formalmente no existía un vínculo laboral con el  empleador, una vez declarada la existencia de una relación  laboral dentro del proceso judicial respectivo, corresponderá  otorgarle al trabajador los beneficios pactados en los  convenios colectivos y/o laudos económicos, de acuerdo a los  siguientes parámetros: i) en caso el trabajador siga laborando  para el empleador, deberá decidir a qué sindicato se afiliará, a  fin de que se pueda determinar qué convenios y/o laudos  arbitrales le pueden corresponder, o ii) en caso el trabajador  ya no continúe laborando para el empleador, se le deberá  reconocer todos los beneficios laborales pactados en  convenios colectivos y/o laudos arbitrales suscritos por el  sindicato que escoja. Décimo: Este Supremo Tribunal  considera  que,  habiéndose  declarado  en  autos  la  desnaturalización de los contratos de locación de servicios  (servicios no personales) celebrados entre las partes, y al  haberse determinado la existencia de una relación laboral  bajo los alcances del régimen laboral privado; por  consiguiente, el actor no debió verse perjudicado con la  actitud ilegal de la entidad demandada; pues, al no contar el  demandante con un vínculo laboral formal, se encontraba  imposibilitado de poder afiliarse a un sindicato de la entidad  demandada. Décimo primero: En consecuencia, se advierte  que las instancias de mérito no han infringido el artículo 9 del  Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de  Trabajo, aprobada por Decreto Supremo número 010-2003- TR, deviniendo en infundada la causal declarada procedente.  Por  estas  consideraciones:  DECISIÓN  Declararon  INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la  entidad demandada, Banco de la Nación, mediante escrito  presentado con fecha tres de mayo de dos mil diecinueve  (fojas mil doscientos cuarenta y nueve a mil doscientos  setenta y cinco); NO CASARON la sentencia de vista de  fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve (fojas mil  doscientos veintiocho a mil doscientos cuarenta y seis); y,  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  diario oficial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso  iniciado por el demandante, Roberto Yhiovanni Buendía  Díaz, sobre desnaturalización de la intermediación laboral y  otros; interviniendo como ponente el señor juez supremo  Malca Guaylupo; y los devolvieron. S.S. MALCA GUAYLUPO,  PINARES SILVA DE TORRE, ATO ALVARADO, LÉVANO  VERGARA, CARLOS CASAS C-2136194-289