CASACIÓN Nº 17156-2019 LIMA
Sumilla: Corresponde la aplicación de intereses moratorios  en el escenario en que el coeficiente de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta se vea incrementado como consecuencia  de una nueva determinación del impuesto a la renta anual  del ejercicio anterior o precedente al anterior, según sea el  caso, que sirvió como base de cálculo. Ello, en razón de que  solo puede ser entendido como realizado el pago cuando su  ejecución sea íntegra, según lo previsto en el artículo 1220 del  Código Civil y en consonancia con el principio de capacidad  contributiva. Lima, seis de septiembre de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICAI. VISTALa causa número  diecisiete mil ciento cincuenta y seis guion dos mil  diecinueve, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha,  con la participación de los señores Jueces Supremos  González  Aguilar  (presidente),  Rueda  Fernández,  Bustamante del Castillo, Barra Pineda y Dávila Broncano,  luego de verificada la votación de acuerdo a ley, emite la  siguiente sentencia:II. Objeto del recurso de casaciónSon  de conocimiento de esta Sala Suprema los recursos de  casación interpuestos por la Superintendencia Nacional de  Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, mediante  escrito del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (foja  novecientos trece del EJE), y por el Procurador Público  Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de  Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal,  mediante escrito del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve  (foja ochocientos noventa y dos del EJE), contra la sentencia  de vista emitida por la Sétima Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y  Aduanera —en adelante, Sala Superior— del dieciséis de  abril de dos mil diecinueve (foja ochocientos sesenta y cinco  del EJE), que confirmó la sentencia emitida el veintisiete de  diciembre de dos mil dieciocho (foja setecientos sesenta y  seis del EJE), que declaró fundada la demanda en todos sus  extremos.III. Antecedentes3.1. La vía administrativaEl  ocho de enero de dos mil trece, mediante la Carta de  Presentación Nº 0130011391280-01 SUNAT y Requerimiento  Nº 0122130000019, la SUNAT comunicó a Lima Airport  Partners S.R.L. el inicio del procedimiento de fiscalización  parcial con la finalidad de que presente y/o exhiba la  información y/o documentación correspondiente al impuesto  a la renta de los periodos de enero y febrero de dos mil diez. Antes de la conclusión del procedimiento de fiscalización, el  veintiocho de diciembre de dos mil doce, la contribuyente  presentó una declaración jurada rectificatoria del impuesto a  la renta del ejercicio dos mil ocho, contenida en el Formulario  PDT 621 Nº 750023870, en la que se consideró para efectos  del cálculo del coeficiente de pagos a cuenta un ingreso neto  de S/ 431’360,527.00 (cuatrocientos treinta y un millones  trescientos sesenta mil quinientos veintisiete soles con cero  céntimos) y un impuesto resultante de S/.9’646,463.00  (nueve millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos  sesenta y tres soles con cero céntimos), del cual se obtenía  un coeficiente de 0.0224.Posteriormente, el catorce de  febrero de dos mil trece, presentó mediante Formularios  PDT 621 Nº 778501161 y Nº 778501162, las declaraciones  juradas rectificatorias por los pagos a cuenta del impuesto a  la renta de enero y febrero de dos mil diez, en las que  consignó ingresos netos de S/ 39’666,995.00 (treinta  millones seiscientos sesenta y seis mil novecientos noventa  y cinco soles con cero céntimos) y S/ 35’385,022.00 (treinta  y cinco millones trescientos ochenta y cinco mil veintidós  soles con cero céntimos), respectivamente, a los cuales  aplicó un coeficiente de 0.0224 y obtuvo como pagos a  cuenta las sumas de S/ 888,541.00 (ochocientos ochenta y  ocho mil quinientos cuarenta y un soles con cero céntimos)  y S/ 792,624.00 (setecientos noventa y dos mil seiscientos  veinticuatro soles con cero céntimos), respectivamente.  Aquello motivó a que la SUNAT emitiera las Resoluciones de  Determinación Nº 012-003-0037013 y Nº 012-003-0037014  con valor cero, notificadas el quince de abril de dos mil trece. El veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, la  contribuyente interpuso recurso de reclamación contra tales  valores, precisando que no procede la exigencia del cobro  de intereses moratorios de acuerdo con el criterio establecido  en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima. De manera  que la SUNAT emitió la Resolución de Intendencia Nº  0150140013417 el treinta y uno de mayo de dos mil  diecisiete, declarando infundado el recurso en cuestión. Posteriormente, el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, la  contribuyente interpuso recurso de apelación, respecto delcual el Tribunal Fiscal emitió la Resolución Nº 08304-1-2017  el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el  sentido de confirmar la Resolución de Intendencia Nº  0150140013417.3.2. DemandaMediante escrito del treinta y  uno de octubre de dos mil diecisiete (foja setenta y ocho del  EJE), Lima Airport Partners S.R.L. interpuso demanda  contencioso-administrativa contra el Tribunal Fiscal y la  SUNAT.La demandante solicitó como pretensión principal  que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal  Nº 08304-1-2017, del diecinueve de setiembre de dos mil  diecisiete, que confirmó la Resolución de Intendencia Nº  0150140013417, del treinta y uno de mayo de dos mil  diecisiete, que declaró infundada la reclamación formulada  contra la Resolución de Determinación Nº 012-003-0037013  y Nº 012-003-0037014, emitidas por los pagos a cuenta del  impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil diez. Asimismo, planteó como pretensión accesoria a la principal,  que se ordene a la SUNAT que devuelva, de ser el caso,  todos los montos pagados.3.3. Fundamentos de la  demandaA fin de sustentar las pretensiones de la demanda  interpuesta, la contribuyente señaló que, en aplicación del  artículo 34 del Código Tributario, el artículo 85 de la Ley del  Impuesto a la Renta y lo establecido en la Sentencia de  Casación Nº 4392-2013, expedida por la Sala de Derecho  Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de  Justicia de la República, no puede pretenderse el cobro de  intereses moratorios, en razón de una redeterminación de  los pagos a cuenta de los periodos de enero y febrero de dos  mil diez.De esta manera, la modificación del coeficiente de  los periodos señalados (enero y febrero), causadas por una  declaración rectificatoria anual del ejercicio precedente al  anterior (dos mil ocho), no debe generar intereses  moratorios, máxime si se toma en cuenta que inclusive los  pagos a cuenta de enero y febrero de dos mil diez se han  cancelado en forma oportuna.3.4. Sentencia apeladaAnte  la demanda interpuesta, el Vigésimo Segundo Juzgado  Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima emitió la sentencia contenida en la resolución  diecisiete, del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho,  a fin de declararla fundada y, en consecuencia, nula la  Resolución  del  Tribunal  Fiscal  Nº  08304-1-2017,  principalmente por las consideraciones siguientes:[…]  queda evidenciado que el hecho de generar un nuevo monto  por concepto de pagos a cuenta, en razón a una declaración  jurada rectificatoria anual, no quita que en su momento, la  empresa recurrente haya presentado en forma oportuna,  sus declaraciones mensuales y el pago de las mismas,  conforme  lo  señala  el  ordenamiento  tributario. Consecuentemente, atribuirle la generación de intereses  moratorios por la diferencia del monto en los pagos a cuenta  (diferencia entre declaración rectificatoria y original), resulta  alejado de lo que establece el ordenamiento jurídico (artículo  34° del TUO del Código Tributario), que solo establece el  supuesto para casos en que no se ha pagado oportunamente. Por consiguiente, la actuación de la recurrente no implica la  generación de intereses moratorios, ya que oportunamente  se declaró́ y pagó el monto correspondiente a los períodos  de enero y febrero de 2010 de los pagos a cuenta del  Impuesto a la Renta. Luego, que la Administración Tributaria  pretenda el cómputo de intereses moratorios por la variación  sufrida en base a la declaración rectificatoria, escapa a lo  estipulado por el artículo 34° del TUO del Código Tributario,  ya que sí se efectuó́ declaración y pago oportuno. Que se  haya producido una modificación por la rectificatoria de la  declaración anual del año 2009, que tiene injerencia en el  monto a pagar de los pagos a cuenta señalados, no quita  que se haya pagado oportunamente, razón por la que no  corresponde el pago de intereses.En suma, queda  evidenciado que el hecho de generar un nuevo monto por  concepto de pagos a cuenta, con base a una declaración  jurada rectificatoria anual, no quita que en su momento, la  empresa recurrente haya presentado en forma oportuna,  sus declaraciones mensuales y el pago de las mismas,  conforme  lo  señala  el  ordenamiento  tributario.  Consecuentemente, atribuirle la generación de intereses  moratorios por la diferencia del monto en los pagos a cuenta  (diferencia entre declaración rectificatoria y original), resulta  incompatible con lo que establece el ordenamiento jurídico  (artículo 34° del TUO del Código Tributario), que solo  establece el supuesto para los casos en que no se ha  pagado oportunamente.En relación a esta controversia es  necesario tener en cuenta que, la Sala de Derecho  Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema  mediante Sentencia Casatoria N° 4392-2013-LIMA del  veinticuatro de marzo de dos mil quince, estableció́ lo  siguiente:“[…] 4.4 Concluyendo que no se establece las  infracciones denunciadas, en tanto la interpretación acogidapor la sentencia de vista, en el sentido que las normas del  numeral a) del artículo 85 del T.U.O. de la Ley del Impuesto  a la Renta y del artículo 34 el T.U.O del Código Tributario,  sancionan con la aplicación de un interés moratorio por el no  abono de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, que  son los exigibles y determinados de conformidad con lo  dispuesto en el artículo 85 literal a) de la Ley del Impuesto a  la Renta, no así́ al caso concreto del contribuyente que  presentó rectificación de la declaración jurada posteriormente  incluso a la determinación del impuesto definitivo del  ejercicio gravable; resulta coherente con la señalada en esta  sentencia casatoria, teniendo en consideración que en el  caso concreto no son aplicables los intereses moratorios por  la rectificación posterior (realizada en setiembre del 2003)  del ejercicio gravable 2001, que sirvió́ para establecer el  coeficiente de cálculo de las cuotas del 2002, en razón de  que al momento del abono de dichos pagos se utilizó́ como  referencia la existente declaración del impuesto a la renta  del ejercicio anterior, constituyendo y produciendo efectos  de pagos a cuenta por el ejercicio 2002 que correspondían  con la referida base de cálculo como se tiene anotado, no se  debate la existencia de adeudo por el impuesto a la renta  definitivo del ejercicio 2002, sino la aplicación de intereses a  los pagos a cuenta, en razón de declaración rectificatoria del  ejercicio gravable anterior); por lo que habiendo cumplido  con los dos supuestos normativos de las disposiciones  legales: del cálculo de la cuota conforme al procedimiento  legal y el pago oportuno, no son de aplicación los  intereses moratorios”.En ese sentido, respecto a lo  señalado por el Tribunal Fiscal sobre la no aplicación del  pronunciamiento de la Sala Suprema en razón a la existencia  de un procedimiento de fiscalización, es preciso indicar que  del fallo expuesto por la Sala se colige que basta el  cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo a las  fechas establecidas en el cronograma de obligaciones  mensuales para que, de ese modo, no se generen ni paguen  los intereses moratorios correspondientes. No hay mención  alguna que evidencie, que por la presentación de una  declaración rectificatoria, producto de una fiscalización de la  Administración, en donde se varíe coeficientes y por ende,  se genere tributo por pagar, se deba agregar a la deuda  tributaria  intereses  moratorios.Por  consiguiente,  en  concordancia al caso de autos, resulta evidente que la  empresa recurrente cumplió́ con sus obligaciones tributarias  oportunamente, tanto en cuanto a la declaración tributaria y  el pago de tributos en las fechas correspondientes, conforme  al  cronograma  de  obligaciones  tributarias.  Que,  posteriormente,  mediante  una  declaración  jurada  rectificatoria anual del ejercicio anterior, se alteren los  coeficientes determinados por la recurrente y por ende el  monto de los pagos a cuenta, no genera la posibilidad de  aplicar intereses moratorios, como erróneamente lo  entienden la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal.3.5.  Sentencia de vistaLa Sala Superior, mediante sentencia de  vista del dieciséis de abril de dos mil diecinueve, contenida  en la resolución número veintidós, confirmó en todos sus  extremos la sentencia apelada, que resolvió declarar  fundada la demanda y, en consecuencia, nulas la Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 08304-1-2017, la Resolución de  Intendencia Nº 0150140013417 y las Resoluciones de  Determinación Nº 012-003-0037013 y Nº 012-003-0037014,  que establecieron la aplicación de intereses moratorios por  omisión referencial por los pagos a cuenta del impuesto a la  renta de los meses de enero y febrero de dos mil diez. Todo  ello, sobre la base de las siguientes consideraciones:[…]  amparar los agravios formulados por los apelantes implicaría  realizar una interpretación extensiva de los citados artículos  [artículo 34 del Código Tributario y literal a del artículo 85 de  la Ley del Impuesto a la Renta] vulnerando lo dispuesto en la  Norma VIII del TUO del Código Tributario y el precedente  vinculante contenido en la Casación N° 4392-2013-LIMA,  pues lo correcto en el presente caso a efectos de determinar  el pago a cuenta del Impuesto a la Renta, es emplear los  datos contenidos en la declaración jurada original del  ejercicio 2008, al ser ésta la vigente al momento de la  presentación de las declaraciones juradas de los pagos a  cuenta del Impuesto a la Renta del periodo enero y febrero  de 2010, por tanto, siendo que al momento del abono de  dichos pagos se utilizó́ como referencia para el cálculo del  coeficiente la existente declaración del Impuesto a la Renta  del ejercicio precedente anterior, es decir, el contenido en la  declaración jurada del Impuesto a la Renta del ejercicio 2008  constituyendo y produciendo ésta plenos efectos para la  determinación de los pagos a cuenta de enero y febrero de  2010, cumpliéndose así́ con el cálculo de la cuota conforme  al procedimiento legal establecido en el literal a) del artículo  85 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y al haberse  efectuado el pago oportuno de la misma, se concluye que noson aplicables al presente caso los intereses moratorios  previstos en el artículo 34 del TUO del Código Tributario  como erradamente alegan los apelantes, por tanto, la  Resolución del Tribunal Fiscal N° 08304-1-2017 así́ como de  la Resolución de Intendencia N° 0150140013417 y las  Resoluciones de Determinación N° 012-003-0037013 y 012- 003-0037014 que establecieron aplicación de intereses  moratorios por omisión referencial por pagos a cuenta del  Impuesto a la Renta de los meses de enero y febrero de  2010 han sido emitidas incurriendo en causal de nulidad  prevista en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444,  por lo que la nulidad de las mismas decretada por el A-quo  se realizó́ conforme a ley. Finalmente, debe señalarse  respecto a la invocación precedente de observancia  obligatoria recaído en la Resolución del Tribunal Fiscal N°  05359-3-2017, que la misma guarda relación con el  argumento contenido en la Resolución del Tribunal Fiscal N°  08304-1-2017 referido a que el precedente vinculante  contenido en la Casación N° 4392-2013-LIMA tiene alcance  limitado, por lo que solamente vincularía a los jueces y no a  los codemandados. Al respecto, debe señalarse que el  artículo 148 de la Constitución y el artículo 1 del TUO de la  Ley N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013- 2008-JUS establecen en forma meridiana que el Poder  Judicial ejerce control jurídico sobre las actuaciones de la  administración pública, así́ como brinda efectiva tutela de los  derechos e intereses de los administrados, lo que en materia  tributaria tiene su correlato en el artículo 157 del TUO del  Código Tributario. Estas normas constituyen una clara  expresión del balance de poderes establecido en la  Constitución, así́ como de la protección de los derechos de  los ciudadanos frente a la administración pública que en el  desarrollo  de  los  procedimientos  administrativos,  usualmente, actúa como juez y parte. De este esquema  constitucional y legal resulta evidente que los criterios que  establezca el Poder Judicial en la resolución de procesos  contenciosos administrativos, ya sea a través de un  precedente vinculante o de una jurisprudencia uniforme,  deben ser observados por los codemandados no solamente  en el caso concreto sino en los demás casos similares que  deban resolver a futuro. Abona a lo anterior que en el literal  f) de la Norma III del Título Preliminar del TUO del Código  Tributario expresamente se indique la jurisprudencia es  fuente del Derecho Tributario, esto es, la jurisprudencia  emitida por el Poder Judicial en primer orden y la  jurisprudencia administrativa en segundo orden, pues si el  primero va a revisar las decisiones de la Administración, los  criterios que adopte necesariamente deben primar cuando  existe discrepancia sobre determinado caso o tema. Lo  expresado por el Tribunal Fiscal no sólo desconoce el  referido esquema constitucional y legal sino que vulnera  flagrantemente los principios de celeridad y economía  procesal, lo que finalmente afecta la seguridad jurídica, ya  que se propende a que se discuta nuevamente los criterios  que ya han sido establecidos por el Poder Judicial, ya sea a  través de un precedente vinculante o de una jurisprudencia  uniforme,  en  sucesivos  procesos  similares  […].3.6.  Recursos de casación3.6.1. Mediante autos calificatorios  del seis de noviembre de dos mil diecinueve, se declararon  procedentes los recursos de casación interpuestos por la  SUNAT y el Procurador Público Adjunto a cargo de los  Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas,  en representación del Tribunal Fiscal. Las causales  invocadas en cada uno de los recursos serán detalladas en  los siguientes acápites:De la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT3.4.1  Infracción normativa a la debida motivación y debido  procesoLa parte recurrente sostiene que para la Sala  Superior la fundamentación fáctica del presente proceso es  idéntica a la que se discutió en la Casación N° 4392-2013- LIMA; asimismo, indica que a criterio del Colegiado Superior  lo dispuesto en el artículo 34 del Código Tributario y el inciso  a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, implica  que no se aplique los intereses moratorios cuando existe el  pago oportuno de los pagos a cuenta no importando si dicho  pago es un monto incorrecto y; además, considera que la  instancia de mérito señala que la Casación 4392-2013- LIMA, se aplica para todos los procesos en el cual el  demandante cuestione el pago de intereses moratorios  devenidos del pago parcial de los pagos a cuenta, así este  haya sido determinado como consecuencia de una  fiscalización. Por su parte, la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat expone que  en relación a la semejanza en la fundamentación fáctica, la  Sala Superior no ha analizado correctamente, toda vez que  en la Casación 4392-2013-LIMA, si bien se discutió si  corresponde el cobro de los intereses de pagos a cuenta del  Impuesto a la Renta, los hechos que originaron talcontroversia devenía del cuestionamiento de órdenes de  pago que la Administración emitió como producto de la  rectificación que hizo el demandante, sin ninguna inducción  al pago devenido de una fiscalización iniciada por la  Administración Tributaria; empero, aduce que todo lo  contrario sucede en el presente caso, pues los hechos que  lo han originado se ha realizado como producto de una  fiscalización parcial de los pagos a cuenta de enero y febrero  de dos mil diez del Impuesto a la Renta, y que dicha  fiscalización indujo al recurrente a rectificar su obligación de  pagar correctamente dichos pagos a cuenta, por lo que  correspondía pagar los intereses moratorios de conformidad  con el artículo 34 del Código Tributario; añade a ello, que  dicho criterio ha sido dilucidado en la Casación N° 5048- 2012 y aclaratoria, así como en la Casación N° 4392-2013,  al haber indicado que no corresponde que se inaplique  intereses moratorios cuando como producto de una  fiscalización se determina que no se pagó el monto correcto  de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta.De la revisión  de los argumentos del recurso de casación se aprecia que la  parte recurrente cumple el requisito de precisión y claridad al  indicar que la falta de motivación de la sentencia por  motivación aparente se evidencia cuando la Sala Superior  justifica la semejanza de la fundamentación fáctica para la  aplicación del precedente cuando los hechos que originaron  la controversia en ambos supuestos no son los mismos, y  que por tanto, resulta evidente que el análisis que ha  efectuado la Corte Suprema en la Casación N° 4392-2013- LIMA no es el mismo que se debe analizar en la presente  controversia, lo que ha sido claramente establecido, según  la parte recurrente, por la Casación N° 5048-2012-LIMA y su  aclaratoria. A su vez, la parte impugnante ha demostrado la  incidencia directa de la infracción que invoca, toda vez que  refiere que al haberse incurrido en el referido vicio de  motivación se ha vulnerado el debido proceso. Asimismo, la  entidad recurrente precisa que su pretensión en sede de  casación es la anulatoria y/o revocatoria. Por tales razones,  la causal del recurso casatorio, supera las exigencias de  procedibilidad del modificado artículo 388 numerales 2, 3 y 4  del Código Procesal Civil, deviniendo en procedente.3.4.2  Aplicación errónea de la Casación N° 4293-2013  vulnerando el artículo 37 de la Ley N° 27584La parte  recurrente señala que el artículo 37 de la Ley N° 27584 no  señala que la aplicación de los precedentes tengan que ser  aplicados de manera indiscriminada, sino que, este regula  que los precedentes vinculantes se aplican para supuestos  de hechos similares o idénticos, con lo cual el juez tiene la  obligación de analizar si los hechos que originaron la  controversia son los mismos fundamentos fácticos que  originaron la emisión del precedente vinculante; añade que  en virtud del referido artículo, correspondía que el juez  aplique de manera correcta los precedentes vinculantes,  siendo una obligación del juez, previamente determinar si  los fundamentos fácticos que originaron la emisión de la  sentencia de casación son idénticos al caso de autos.Ahora  bien, continuando con la calificación del presente recurso, se  observa que la parte recurrente cumple el requisito de  precisión y claridad al haber fundamentado las razones por  las que considera que se ha aplicado erróneamente la  Casación N° 4293-2013 vulnerando el artículo 37 de la Ley  N° 27584, pues en esencia aduce que en el presente caso  existe circunstancias particulares como lo es la fiscalización,  supuesto que según la parte recurrente señala el artículo 37  del Texto Único Ordenado que regula el Proceso Contencioso  Administrativo para apartarse del precedente. En relación a  la incidencia, aduce que si dicho vicio no se hubiera  cometido, la sentencia de vista no habría favorecido a la  demandante. A su vez, la entidad recurrente precisa que su  pretensión en sede de casación es anulatoria y/o revocatoria.  Por tales razones, la causal del recurso casatorio, supera las  exigencias de procedibilidad del modificado artículo 388  numerales 2, 3 y 4 del Código Procesal Civil, deviniendo en  procedente.3.4.3 Infracción normativa por interpretación  errónea del artículo 34 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario y el artículo 85 de la Ley del Impuesto  a la RentaEn relación a este extremo del recurso, la parte  recurrente expone que el Colegiado Superior no analizó de  manera correcta la base legal para el caso en concreto, con  lo cual se ha incurrido en un error en la interpretación de la  norma que dispone la obligación de pagar intereses  moratorios, y cuando no se paga ni declara el monto correcto  por pagos a cuenta, corresponde el pago de intereses como  lo dispone el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y  el artículo 34 del Código Tributario. Agrega, que para efectos  de los pagos a cuenta no debe considerarse solo los  alcances literales del inciso a) del artículo 85 del Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, sino por  mandato de la norma positiva, se debe tener en cuenta alconjunto de normas relacionadas con el cumplimiento de  esa obligación, entre ellas, el artículo 88 de la citada Ley,  regulador de la declaración tributaria, como obligación del  administrado según el Código Tributario, ello, en una  interpretación sistemática por ubicación de la norma.  También aduce, que para resolver el presente caso, resulta  insuficiente interpretar aisladamente los alcances del inciso  a) del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del  Impuesto a la Renta y del artículo 34 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, sino, que la parte recurrente  refiere, que aplicando el método de interpretación sistemática  por ubicación de la norma, considerar al conjunto,  subconjunto o grupo normativo de la materia tributaria, entre  ellas el artículo 88 del Código Tributario, que impone al  contribuyente el deber de realizar la declaración tributaria de  forma correcta; añade también, que aplicando el método de  interpretación teleológica, respecto del artículo 85 el Texto  Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y el  artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código Tributario  se debe considerar que los pagos a cuenta constituyen  obligaciones creadas por la ley en forma paralela a la  obligación tributaria sustantiva, y buscan que, antes de  devengarse la obligación, el contribuyente vaya ingresando  fondos.Atendiendo a los argumentos precedentes, se  observa que la parte recurrente cumple el requisito de  precisión y claridad al haber fundamentado las razones por  las que considera que se ha interpretado erróneamente el  artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código Tributario y  el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, pues en  esencia alega que el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la  Renta obliga al contribuyente a pagar los pagos a cuenta  que le corresponde, y si el contribuyente no pagó el monto  correcto de la obligación no existe un cumplimiento de la  obligación, sino un cumplimiento defectuoso o parcial y que  por tal razón no corresponde señalar que se cumple con la  obligación de manera oportuna cuando se efectuó el pago  parcial o defectuoso de los pagos a cuenta, y por tanto,  correspondería la aplicación de intereses moratorios  dispuestos en el artículo 34 del Código Tributario. En relación  al desarrollo de la incidencia, se observa del recurso de  casación, que la parte recurrente ha sostenido que se estaría  declarando la invalidez de una Resolución del Tribunal  Fiscal,  expedida  legítimamente  en  última  instancia  administrativa en materia tributaria, atentando contra el  principio del debido proceso, en tanto se está limitando las  atribuciones del Tribunal Fiscal reguladas en el artículo 101  del Código Tributario y se está generando inseguridad  jurídica con respecto a los administrados. En relación a la  incidencia, aduce que ha sufrido un agravio de naturaleza  patrimonial, pues con su decisión se les impide gestionar la  correcta recaudación de los tributos en cuestión, así como  los intereses impuestos por su no pago íntegro y oportuno. A  su vez, la entidad recurrente precisa que su pretensión en  sede de casación es anulatoria y/o revocatoria. Por tales  razones, la causal del recurso casatorio, supera las  exigencias de procedibilidad del modificado artículo 388  numerales 2, 3 y 4 del Código Procesal Civil, deviniendo en  procedente.Del Procurador Público Adjunto a cargo de los  Asuntos  Judiciales  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas3.4.1 Infracción normativa por interpretación  errónea del numeral a) del artículo 85 del Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y del artículo 34  del Texto Único Ordenado del Código TributarioLa parte  recurrente sostiene que no se debe perder de vista que el  procedimiento para determinar el pago a cuenta mensual en  base al Sistema de Coeficiente hace referencia al impuesto  calculado, el mismo que no podría ser entendido como aquel  monto determinado de forma incorrecta, puesto que resulta  ser una obligación formal de los contribuyentes el incluir en  las declaraciones juradas datos que sean reales; agrega,  que el dispositivo del artículo 85 inciso a) de la Ley del  Impuesto a la Renta, apunta al ingreso neto total del año e  Impuesto a la Renta calculado que resultan de la  determinación que debe ser practicada conforme a la  Constitución y a derecho.De la revisión de los argumentos  del recurso de casación se aprecia que la parte recurrente  cumple el requisito de precisión y claridad al indicar que  cuando la norma señala impuesto calculado y total de  ingresos netos en el inciso a) del artículo 85 de la Ley del  Impuesto a la Renta, se debe entender el impuesto calculado  y el total de ingresos netos determinados de manera  correcta, caso contrario la norma tributaria estaría  permitiendo calcular un impuesto incorrecto, es decir un  impuesto que no le corresponde al contribuyente, no  tomándose en cuenta que las declaraciones determinativas  son declaraciones juradas. A su vez, la parte el impugnante  ha demostrado la incidencia directa de la infracción que  invoca, toda vez que refiere que la Sala Superior ha realizadouna interpretación errónea del artículo 85 del Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y del artículo 34  del Texto Único Ordenado del Código Tributario. Asimismo,  la entidad recurrente precisa que su pretensión en sede de  casación es revocatorio. Por tales razones, la causal del  recurso casatorio, supera las exigencias de procedibilidad  del modificado artículo 388 numerales 2, 3 y 4 del Código  Procesal Civil, deviniendo en procedente.3.4.2 Infracción  normativa del artículo 139 numeral 5 de la Constitución,  además de efectuar el apartamiento de la Casación N°  4392-2013En relación a este extremo del recurso, la parte  recurrente expone que las instancias de mérito se limitan a  amparar una conducta que convierte una actuación errada  en un ejercicio abusivo del derecho pues, en aplicación sin  criterio de la Casación N° 4392-2013, señalan que no  procede el cobro de dichos intereses; es decir, según la  parte recurrente, que bajo el criterio de esta casación están  amparando la conducta negligente del contribuyente, pues  se debe recordar que éste está obligado a determinado  comportamiento, e incumplió de efectuarlo en la manera  señalada, el mismo que no puede alegar ese error a efectos  de beneficiarse económicamente de su propia negligencia,  pues ello supondría incurrir en un supuesto abuso de  derecho y en uno de enriquecimiento sin causa. Agrega, que  amparar este tipo de conducta afecta el principio de igualdad,  pues por un lado, aduce que un pronunciamiento como este  generan el beneficio económico de no pagar los intereses  devengados a contribuyentes que en ejercicio abusivo de un  derecho (rectificación de la declaración jurada) corrigen los  montos de determinación y pretenden no pagar los intereses;  cuando los otros contribuyentes que sí efectuaron la  determinación correcta desde la primera Declaración Jurada  Original sí se encuentran obligados a pagar. También aduce,  que en dichas circunstancias descritas procede un  apartamiento de lo recogido en la Casación N° 4392-2013,  que flagrantemente ampara conductas negligentes, abuso  de derecho, atenta contra el principio de igualdad y viola del  deber de contribuir. Concluye señalando, que la Sala  Superior no hizo el más mínimo esfuerzo para interpretar la  norma legal que inaplicó (artículo 34 del Código Tributario) y  mucho menos la sometió a un test de razonabilidad y  proporcionalidad para verificar su constitucionalidad; y que  contrariamente a ello aduce que la instancia de mérito ha  debido  respetar  en  su  sentencia  los  parámetros  constitucionales,  establecidos  por  la  jurisprudencia  vinculante del Tribunal Constitucional (6626-2006-PA-TC),  en su pretendido ejercicio del control difuso de la  constitucionalidad normativa, es decir, en su intento de  inaplicar al presente caso concreto la norma legal que  mantiene  los  intereses  moratorios.Atendiendo  a  los  argumentos precedentes, se observa que la parte recurrente  cumple el requisito de precisión y claridad al haber  fundamentado las razones por las que considera que se ha  infringido el artículo 139 numeral 5 de la Constitución, así  como además de no efectuar el apartamiento de la Casación  N° 4392-2013. En relación al desarrollo de la incidencia, se  observa del recurso de casación, que la parte recurrente ha  sostenido que la decisión de la sentencia de vista vulnera el  debido proceso, en tanto se está limitando las atribuciones  del Tribunal Fiscal y se está generando inseguridad jurídica  con respecto a los administrados. A su vez, la entidad  recurrente precisa que su pretensión en sede de casación es  revocatorio. Por tales razones, la causal del recurso  casatorio, supera las exigencias de procedibilidad del  modificado artículo 388 numerales 2, 3 y 4 del Código  Procesal Civil, deviniendo en procedente.IV. ANÁLISIS DE  LA SALA SUPREMAPrimero: Según lo establecido en el  artículo 384 del Código Procesal Civil, el recurso de casación  tiene por fines esenciales la adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la  jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia  (función nomofiláctica y uniformadora).Es así que, a fin de  analizar ordenadamente lo desarrollado por cada uno de los  recurrentes, se abordará de manera separada las causales  invocadas en cada uno de los recursos de casación  interpuestos.Análisis del recurso de casación interpuesto  por la SUNATSegundo: La primera causal invocada por la  recurrente está vinculada con los numerales 3 y 5 del artículo  139 de la Constitución Política del Estado, los cuales  contemplan el derecho al debido proceso y a la debida  motivación, respectivamente.Así pues, las normas antes  referidas establecen lo siguiente:Artículo 139°.- Son  principios y derechos de la función jurisdiccional:[…]3. La  observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción  predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento  distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por  órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisionesespeciales  creadas  al  efecto,  cualquiera  sea  su  denominación.[…]5.  La  motivación  escrita  de  las  resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los  decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley  aplicable y de los fundamentos de hecho en que se  sustentan.Cabe señalar, de igual modo, que la debida  motivación forma parte del contenido del derecho al debido  proceso, como lo ha desarrollado con claridad el Tribunal  Constitucional en su sentencia del Expediente Nº 02050- 2005-PHC/TC:9. Uno de los contenidos del derecho al  debido proceso es el derecho de obtener de los órganos  judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente  con las pretensiones oportunamente planteadas por las  partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que  las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los  jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan,  justifiquen sus decisiones asegurando que la potestad de  administrar justicia se ejerza con sujeción a la Constitución y  a la ley, pero también tiene la finalidad de facilitar un  adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En el presente caso, la recurrente sostiene que la Sala  Superior desarrolló una motivación aparente, en tanto  justifica la semejanza de la fundamentación fáctica para la  aplicación del precedente vinculante contenido en la  Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima, cuando los  hechos que originaron la controversia en ambos supuestos  no son los mismos.A fin de emitir pronunciamiento sobre el  vicio denunciado, es necesario destacar que el Tribunal  Constitucional ha señalado lo siguiente en su sentencia del  Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC, con relación a la  motivación aparente:a) Inexistencia de motivación o  motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el  derecho a una decisión debidamente motivada cuando la  motivación es inexistente o cuando la misma es solo  aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones  mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a  las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo  intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose  en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.De esta  forma, la Sala Superior habría incurrido en motivación  aparente, al sustentar su adhesión al criterio contenido en la  Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima, dejando de lado  las diferencias fácticas entre el presente proceso y aquel  que dio origen al pronunciamiento del precedente vinculante. Sin embargo, de la revisión de la sentencia de vista, se  advierte que el órgano de segundo grado desarrolla en el  considerando décimo los antecedentes de hecho de la  Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima y el presente  proceso judicial, y, luego de un análisis de sus similitudes y  diferencias, concluye lo siguiente:[…]Siendo ello así́, se  concluye que existe una semejanza entre la fundamentación  fáctica en que sustenta el presente caso y la que motivó la  emisión del precedente vinculante contenido en la Casación  N° 4392-2013-LIMA, por tanto, corresponde aplicar al  presente caso las reglas que constituyen precedentes  vinculantes en dicha Casación, criterio también compartido  por el A-quo en la recurrida en virtud a lo dispuesto en el  artículo 37 del TUO de la Ley N° 27584. Aunado a ello, cabe  precisar que no existe un distingo cuya naturaleza justifique  apartarse del referido precedente vinculante, dado que en el  presente caso se efectuó́ un procedimiento de fiscalización,  también se presentó́ la rectificación de Declaración Jurada  del Impuesto a la Renta del ejercicio 2008 con fecha  veintiocho de diciembre de dos mil doce que incidió́ en la  modificación del coeficiente para la determinación de los  pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de enero y febrero  de 2010, lo cual es analizado y reconocido por la  Administración Tributaria, aspecto que es cuestionado por la  ahora demandante, al igual que el demandante en la  Casación N° 4392-2013-LIMA. En cuanto al criterio  contenido  la  Casación  N°  5048-2012,  que  recoge  jurisprudencia de la Corte Suprema en casos similares, que  señala “la declaración por montos menores generando un  coeficiente de cálculo menor para los pagos a cuenta; se  podrían superar con una adecuada fiscalización oportuna de  las declaraciones juradas anuales”, el mismo no contradice  lo establecido en la Casación N° 4392-2013-LIMA, siendo  que en el presente caso se realizó́ un procedimiento de  fiscalización, por lo que se desvirtúan los agravios contenidos  en los literales b) e), k) y m) de la tercera considerativa.Es  así que la Sala Superior lejos de ignorar las diferencias de  uno y otro caso, en cuanto a sus antecedentes fácticos, los  repasa y concluye que lo resaltante está en que en ambos  existe una modificación de la base de cálculo de los pagos a  cuenta del impuesto a la renta, como consecuencia de la  presentación de una declaración jurada rectificatoria,  respecto del ejercicio anual que fue tomado como referencia  para el cálculo del coeficiente.Es por ello que esta SalaSuprema no advierte una vulneración del derecho al debido  proceso y a la debida motivación en el desarrollo de la  sentencia de vista, en cuanto a si los antecedentes de hecho  del presente caso justifican la aplicación del precedente  vinculante contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392- 2013 Lima. Con lo cual, corresponde desestimar la primera  causal invocada.Tercero: La segunda causal invocada está  relacionada con el artículo 37 de la Ley que Regula el  Proceso Contencioso Administrativo, en tanto se aplicó el  precedente vinculante contenido en la Sentencia de  Casación Nº 4392-2013 Lima, sin considerar que los  antecedentes de hecho de dicho pronunciamiento eran  distintos a los del presente caso. Así pues, según la posición  de la recurrente, los principios jurisprudenciales fijados para  un determinado caso solo serán de aplicación a los casos  cuyos fundamentos fácticos sean idénticos al primero  mencionado, con lo cual se contraviene lo previsto en la  norma contencioso-administrativa.Al respecto, la disposición  normativa objeto de la infracción normativa establece lo  siguiente:Artículo  37.-  Principios  jurisprudenciales. Cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema  fije en sus resoluciones principios jurisprudenciales en  materia contencioso administrativa, constituyen precedente  vinculante.Los órganos jurisdiccionales podrán apartarse de  lo establecido en el precedente vinculante, siempre que se  presenten circunstancias particulares en el caso que  conocen y que motiven debidamente las razones por las  cuales se apartan del precedente.El texto íntegro de todas  las sentencias expedidas por la Sala Constitucional y Social  de la Corte Suprema de Justicia de la República se  publicarán en el Diario Oficial El Peruano y en la página web  del Poder Judicial. La publicación se hace dentro de los  sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad. […]En  virtud de lo previsto en tal norma, será la propia Sala  Constitucional y Social de la Corte Suprema la que señale  aquellos  principios  jurisprudenciales  que  constituirán  precedente vinculante en materia contencioso-administrativa.  En el caso de la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima,  la Sala Suprema establece expresamente lo siguiente como  precedente vinculante:QUINTO: Precedente vinculantef.1En  la presente sentencia casatoria para resolver el caso de  autos, se han desarrollado reglas jurídicas que deben  establecerse como reglas generales sirviendo de parámetro  normativo para casos similares futuros, en tanto contribuirá  a la seguridad jurídica, a ordenar y uniformizar la  jurisprudencia, en temas de derecho tributario, evitando  pronunciamientos  contradictorios  debido  a  diferentes  interpretaciones de las disposiciones tributarias; atribuyendo  el artículo 37 del T.U.O. de la Ley 27584 a la Sala  Constitucional y Social de la Corte Suprema fijar en sus  resoluciones  precedentes  vinculantes  en  materia  contenciosa administrativa.f.2Por lo que conforme a los  fundamentos del considerando 3.5 se establecen las  siguientes  reglas  con  carácter  de  precedentes  vinculantes:5.2.1 La Norma VIII del Título Preliminar del  Código Tributario no descarta la aplicación de la analogía  tampoco la interpretación extensiva ni restrictiva, admitidas  en el derecho para cierto tipo de normas; sino que el uso se  encuentra limitado por la prohibición del segundo párrafo de  la Norma anotada, resultando para ello muy importante que  el Juez seleccione el método adecuado al tipo de disposición  tributaria a interpretar.5.2.2 No resultan pertinentes la  interpretación extensiva ni la restrictiva para interpretar  disposiciones que restringen derechos, ni para normas que  establecen obligaciones como el caso de los pagos a cuenta  del impuesto a la renta previstos en el numeral a) del artículo  85 del T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta, y para los  casos de aplicación de intereses moratorios previstos en el  artículo 34 del T.U.O. del Código Tributario.[Énfasis nuestro] Así pues, se advierte que el pronunciamiento en cuestión  únicamente fija como principios jurisprudenciales reglas  correspondientes a la interpretación de las normas  tributarias. En primer lugar, se señala que en el plano  tributario no está descartada la aplicación de la analogía ni  la interpretación extensiva ni restrictiva, salvo por lo  dispuesto en el segundo párrafo de la norma VIII del título  preliminar del Código Tributario1. En segundo lugar, la  sentencia aludida establece como regla que no corresponde  interpretar extensiva ni restrictivamente las normas que  restringen derechos o establecen obligaciones, y enfatiza  como ejemplo el caso de los pagos a cuenta del impuesto a  la renta, objeto de regulación en el literal a del artículo 85 de  la Ley del Impuesto a la Renta, y la aplicación de intereses  moratorios prevista en el artículo 34 del Código Tributario. Atendiendo a tales principios, la Sala Superior establece en  su sentencia de vista una conclusión en el sentido de que  supondría una interpretación extensiva de lo previsto en el  artículo 34 del Código Tributario y el literal a del artículo 85de la Ley del Impuesto a la Renta, que se disponga la  aplicación de intereses moratorios por la modificación  ulterior de la base de cálculo de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil diez.En  ese sentido, los principios jurisprudenciales que fueron  materia de aplicación por parte de la Sala Superior,  desarrollan una cuestión general, que es la interpretación de  las normas tributarias. El carácter genérico de tales reglas  las hace aplicables a diversos tipos de casos, en los que sea  objeto de controversia la interpretación de normas que  restringen derechos o establecen obligaciones, como es el  caso del literal a del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la  Renta y el artículo 34 del Código Tributario.De esta manera,  las reglas a las que hacemos referencia, que se hallan  contenidas en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima,  dado su carácter general, son aplicables al caso materia de  autos, independientemente de que en este los intereses  moratorios de pagos a cuenta del impuesto a la renta hayan  sido producto de una declaración jurada rectificatoria  presentada, en el marco de un procedimiento de fiscalización  iniciado por la SUNAT. Esto difiere de los antecedentes del  pronunciamiento que contiene el precedente vinculante, en  el cual la SUNAT emitió órdenes de pago como consecuencia  de la presentación voluntaria de una declaración jurada  rectificatoria respecto del impuesto a la renta anual que fue  tomado en referencia. Debe tenerse en cuenta, además, que  los artículos que son materia de interpretación en el presente  caso son justamente aquellos a los que se refiere  específicamente la segunda regla prevista en el quinto  considerando de la sentencia con carácter vinculante.Por tal  motivo, no resultan justificados los argumentos planteados  por la recurrente y debe ser desestimada la segunda causal  invocada.Cuarto: La tercera causal invocada consiste en la  infracción normativa por interpretación errónea del artículo  34 del Código Tributario y el literal a del artículo 85 de la Ley  del Impuesto a la Renta. La parte recurrente señala que la  Sala Superior no habría considerado que la norma que  regula el cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la  renta, obliga a la contribuyente a cancelar los pagos a  cuenta que le corresponden, y no cualquier monto o un  monto errado. Por lo tanto, si la contribuyente no pagó el  monto correcto de la obligación, entonces no existió un  cumplimiento de la misma, sino un cumplimiento defectuoso  o parcial; con lo cual, deberían generarse intereses  moratorios respecto de aquellos montos que debieron  abonarse como pagos a cuenta y no se efectuaron, según  señala esta parte procesal.Al respecto, debe señalarse que  la norma VIII del título preliminar del Código Tributario prevé  lo siguiente:NORMA VIII: INTERPRETACIÓN DE NORMAS  TRIBUTARIASAl aplicar las normas tributarias podrá usarse  todos los métodos de interpretación admitidos por el  Derecho.En vía de interpretación no podrá crearse tributos,  establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni  extenderse las disposiciones tributarias a personas o  supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo dispuesto  en la Norma XVI no afecta lo señalado en el presente  párrafo.De esta manera, a través de la norma en cuestión,  se introduce una particularidad que debe tener en cuenta el  intérprete al determinar los alcances de una norma de  carácter tributario. Esta será que no podrá extender, a partir  de la interpretación, los efectos de una disposición a un  supuesto que no esté expresamente regulado, a fin de  establecer una carga tributaria, una sanción o conceder una  exoneración. En todo lo demás, las reglas interpretativas  deberían ser las mismas.Así pues, al interpretar una norma  de carácter tributario, debe tomarse en cuenta que esta  forma parte del ordenamiento jurídico y, en esa medida, su  aplicación no puede desvincularse de las otras disposiciones  contenidas en este. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha  establecido lo siguiente, a través de su sentencia recaída en  el Expediente Nº 005-2003-AI:3. El orden jurídico es un  sistema orgánico, coherente e integrado jerárquicamente  por  normas  de  distinto  nivel  que  se  encuentran  interconectadas por su origen, es decir, que unas normas se  fundan en otras o son consecuencia de ellas.El ordenamiento  jurídico se conceptualiza como una pluralidad de normas  aplicables en un espacio y tiempo determinados, y se  caracteriza por constituir una normatividad sistémica, y por  su plenitud hermética.En puridad, una norma jurídica sólo  adquiere valor de tal, por su adscripción a un orden. Por  tal consideración, cada norma está condicionada  sistémicamente por otras. Ello debido a que el orden es  la consecuencia de una previa construcción teórico- instrumental.Al percibirse el derecho concreto aplicable, en  un lugar y tiempo determinados, como un orden regulador,  se acredita la constitución de una totalidad normativa  unitaria,  coherente  y  organizadora  de  la  vida  coexistencial.[…][Énfasis nuestro]Lo señalado por elcolegiado es de suma trascendencia, ya que nos permite  apreciar al ordenamiento jurídico como una estructura  conformada por normas que guardan conexión entre sí, al  punto de hallarse condicionadas para su aplicación. Dicha  estructura a la que hacemos referencia ha sido descrita por  Rubio Correa2 de la siguiente forma:Como sistema  estructural […] el Derecho tiene, de un lado, una  conformación general y totalizadora que lo define e identifica  como tal por oposición a otros sistemas normativos y, de  otro, una estructuración interna en partes (tradicionalmente  denominadas ramas del Derecho) las cuales a su vez tienen  sub-partes y, estas, unidades de contenido más pequeñas  hasta llegar a las normas individuales.Ahora bien, el diseño  estructural de lo que entendemos por ordenamiento jurídico  es el resultado de un escalonamiento jerárquico que el  Tribunal Constitucional describe en la sentencia del  Expediente Nº 005-2003-AI al señalar que:Toda norma  encuentra su fundamento de validez en otra superior, y así  sucesivamente, hasta llegar a la norma fundamental. Tal  concepto de validez no sólo alude a la necesidad de que una  norma se adecue formalmente a otra superior, sino también  a su compatibilidad material.En ese sentido, el ordenamiento  jurídico no solo consistirá en un sistema normativo unitario y  coherente, sino que aquellas piezas que lo componen se  relacionan entre sí y en torno a una base común: la  Constitución Política del Estado.Con lo cual, el operador  jurídico debe tener en cuenta necesariamente los principios  constitucionales previstos. En particular, en el ámbito  tributario, merecen especial atención aquellos principios  contenidos de manera implícita o explícita en el artículo 74  de la Constitución Política del Estado3, como es el de  capacidad contributiva, el cual ha sido reconocido por el  Tribunal Constitucional a través de su sentencia recaída en  el Expediente Nº 033-2004-AI, como se cita a continuación:2.  Principios rectores de la tributación en la Carta Magna6.[…] Ciertamente, el principio de capacidad contributiva se  alimenta del principio de igualdad en materia tributaria, de  ahí que se le reconozca como un principio implícito en el  artículo 74° de la Constitución […].12. […] tiene un nexo  indisoluble con el hecho sometido a imposición; es decir,  siempre que se establezca un tributo, éste deberá guardar  íntima relación con la capacidad económica de los sujetos  obligados, ya que sólo así se respetará la aptitud del  contribuyente para tributar o, lo que es lo mismo, sólo así el  tributo no excederá los límites de la capacidad contributiva  del sujeto pasivo, configurándose el presupuesto legitimador  en materia tributaria y respetando el criterio de justicia  tributaria en el cual se debe inspirar el legislador, procurando  siempre el equilibrio entre el bienestar general y el marco  constitucional tributario al momento de regular cada figura  tributaria.[…]En sentido similar, el máximo intérprete de la  Carta Magna estableció lo siguiente, mediante su sentencia  recaída en el Expediente Nº 0053-2004-AI:[…] para que el  principio de capacidad contributiva como principio tributario  sea exigible, no es indispensable que se encuentre  expresamente consagrado en el artículo 74° de la  Constitución, pues su fundamento y rango constitucional es  implícito en la medida que constituye la base para la  determinación de la cantidad individual con que cada sujeto  puede/debe en mayor o menor medida, contribuir a financiar  el gasto público; además de ello, su exigencia no sólo sirve  de  contrapeso  o  piso  para  evaluar  una  eventual  confiscatoriedad, sino que también se encuentra unimismado  con el propio principio de igualdad, en su vertiente vertical. Por otro lado, la doctrina también ha desarrollado este  principio de forma detallada y se ha referido a sus  características principales, como es el caso de Héctor  Villegas4, que ha sostenido lo siguiente respecto a las  implicancias del principio de capacidad contributiva:La  capacidad  contributiva  tiene  cuatro  implicancias  trascendentales:a) Requiere que todos los titulares de  medios aptos para hacer frente al tributo contribuyan, salvo  aquellos que por no contar con un nivel económico mínimo  quedan al margen de la imposición.b) El sistema tributario  debe estructurarse de tal manera que quienes tengan mayor  capacidad económica tengan una participación más alta en  las rentas tributarias del Estado.c) No pueden seleccionarse  como hechos imponibles o bases imponibles, circunstancias  o situaciones que no sean abstractamente idóneas para  reflejar capacidad contributiva.d) En ningún caso el tributo o  conjunto de tributos que recaiga sobre un contribuyente  puede exceder la razonable capacidad contributiva de las  personas, ya que de lo contrario se atenta contra la  propiedad, confiscándola ilegalmente.Con relación a los  ámbitos específicos en que este principio opera y la utilidad  que tiene en la obtención equitativa de recursos por parte del  Estado, Alberto Tarsitano5 afirma lo siguiente:La capacidad  contributiva es un principio constitucional autónomo queposee su propio campo de acción, además de conferir  justificación y contenido a otros principios como igualdad, no  confiscatoriedad, generalidad, proporcionalidad y tipicidad  legal. Los tribunales tienen la misión de construir una  doctrina sobre su alcance, capaz de dar respuesta a un  grupo de problemas cruciales, entre los que se cuentan: la  retroactividad de las leyes, la utilización de las presunciones  y ficciones, el concepto de renta global o territorial, los  sistemas de determinación de la renta neta, los criterios de  imputación temporal, los pagos a cuenta, la existencia de los  mínimos no imponibles, la distinción de la incidencia según  la fuente de la renta, la exclusión de ciertos bienes y servicios  de la imposición, la satisfacción de fines extra-fiscales o la  onerosidad resultante de la presión impositiva global. Pero  es todavía más urgente admitir el rol de la capacidad  contributiva en la distribución del ingreso bajo el Estado  social y democrático de derecho, admitiendo que a partir de  la carga coactiva impuesta a los sectores pudientes, nace el  correlativo deber del gobierno de fijar el umbral en el que la  siempre imprecisa consideración del bienestar general o  interés público decante hacia la satisfacción directa de las  necesidades  mínimas  de  los  grupos  socialmente  carenciados.De  esta  forma,  no  es  concebible  una  determinación y recaudación de tributos desvinculada del  principio desarrollado. En este, se plasman valores que todo  Estado social y democrático de derecho debe perseguir y,  por ello, no es concebible una interpretación y aplicación de  las normas tributarias que lo vulneren.En esa línea de ideas,  es necesario señalar que el artículo 34 del Código Tributario  prevé lo siguiente:Artículo 34.- CÁLCULO DE INTERESES  EN LOS ANTICIPOS Y PAGOS A CUENTAEl interés  moratorio correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta  no pagados oportunamente, se aplicará hasta el vencimiento  o determinación de la obligación principal.A partir de ese  momento, los intereses devengados constituirán la nueva  base para el cálculo del interés moratorio.En atención a la  norma citada, la obligación de pagar los intereses nacerá a  partir del cumplimiento inoportuno de los pagos a cuenta.  Por lo tanto, es necesario determinar qué se entiende por  cumplimiento oportuno de los pagos a cuenta del impuesto a  la renta. Para definir ello, resultará de utilidad que nos  remitamos a lo previsto en el artículo 85 de la Ley del  Impuesto a la Renta:Artículo 85.- Los contribuyentes que  obtengan rentas de tercera categoría abonarán con carácter  de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva  les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los  plazos previstos por el Código Tributario, el monto que  resulte  mayor  de  comparar  las  cuotas  mensuales  determinadas con arreglo a lo siguiente:a) La cuota que  resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el  mes el coeficiente resultante de dividir el monto del  impuesto  calculado  correspondiente  al  ejercicio  gravable anterior entre el total de los ingresos netos del  mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los  meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente  determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos  netos correspondientes al ejercicio precedente al anterior.De  no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior o, en su  caso, en el ejercicio precedente al anterior, los contribuyentes  abonarán con carácter de pago a cuenta las cuotas  mensuales que se determinen de acuerdo con lo establecido  en el literal siguiente.b) La cuota que resulte de aplicar el  uno coma cinco por ciento (1,5%) a los ingresos netos  obtenidos en el mismo mes.[…][Énfasis nuestro]Así pues, la  disposición en cuestión determina que los pagos a cuenta  deben ser el resultado, en el caso del método empleado por  la contribuyente, de la aplicación sobre los ingresos netos de  cada mes, del coeficiente obtenido como consecuencia de la  división del impuesto calculado correspondiente al ejercicio  gravable precedente al anterior entre el total de los ingresos  netos del mismo ejercicio.Debe indicarse que los pagos a  cuenta constituyen una obligación de carácter pecuniario  que los contribuyentes deben abonar periódicamente a favor  del Estado, a fin de evitar la concentración de ingresos en un  solo momento, y que pueda existir, más bien, un suministro  de recursos continuo para la satisfacción de los intereses  colectivos. Ese abono deberá reflejar de forma razonable la  capacidad de riqueza de los contribuyentes, en atención a lo  declarado respecto del ejercicio anterior o precedente al  anterior.Al respecto, García Mullín6 ha señalado lo siguiente,  desde la teoría y técnica del impuesto:En cuanto a la base  de cálculo, la misma [la obligación] puede tener en cuenta, a  los resultados del año anterior, o las estimaciones del  contribuyente, o la relación entre ingresos brutos e impuestos  a la renta en los últimos años, o en fijaciones de autoridad, o  en una combinación de uno o más de estos índices.El primer  sistema, supone que los anticipos a lo largo de un año  equivaldrán al impuesto generado el año anterior. Como esacifra se puede obtener en los primeros meses, a lo largo del  año puede irse logrando una anticipación razonable,  suponiendo —y esa es la principal debilidad del sistema—  que la actividad económica generadora de renta del  contribuyente es aproximadamente igual en ambos años,  que se percibe en épocas coincidentes con las de  vencimiento de anticipos y que los niveles de precios se  mantienen aproximadamente constantes.Ahora bien, al  tratarse de una obligación que deben realizar los  contribuyentes frente al Estado, son aplicables los medios  de extinción de obligaciones previstos en el artículo 27 del  Código Tributario, entre los cuales figura el pago, que no ha  sido abordado con suficiente especificidad en la norma  tributaria, respecto de cuándo se entiende efectuado. Sin  embargo, en aplicación de la norma IX del título preliminar  del Código Tributario7, y teniendo en cuenta el carácter  supletorio que el Código Civil ostenta8, corresponderá que  nos remitamos al artículo 1220 de tal cuerpo normativo, que  señala que “Se entiende efectuado el pago cuando se ha  ejecutado íntegramente la prestación”.Debe tenerse en  cuenta, además, que si bien la norma citada pertenece al  ámbito privado, la relación jurídico-tributaria es de naturaleza  obligacional9; por lo tanto, lo señalado en el Código Civil  permite determinar que la cancelación de pagos a cuenta del  impuesto a la renta, que no partió de una base de cálculo  correcta, en virtud de lo posteriormente determinado por la  propia contribuyente o la SUNAT, no puede entenderse  como un pago en sentido estricto, ya que este supone la  ejecución íntegra de la prestación como requisito esencial, lo  cual no se cumplió en el caso analizado.Cabe señalar,  además, que el propio numeral 1 del artículo 88 del Código  Tributario prevé que “Los deudores tributarios deberán  consignar en su declaración, en forma correcta y sustentada,  los datos solicitados por la Administración Tributaria” y que  “Se presume sin admitir prueba en contrario, que toda  declaración tributaria es jurada”. Con lo cual, se entiende  que no se trata solo de cumplir con el deber formal de  presentar la declaración jurada oportunamente, y que en un  caso como el analizado la contribuyente haya calculado el  coeficiente de los pagos a cuenta, conforme a la información  del ejercicio precedente al anterior que consideraba correcta,  sino que era necesario que efectivamente lo declarado  respecto del ejercicio dos mil ocho haya sido una  manifestación exacta de su renta gravable y solo así se  entendería como correcto el coeficiente empleado en el  cálculo de los pagos a cuenta de enero y febrero de dos mil  diez.A partir de lo expuesto, los intereses moratorios  regulados en el artículo 34 del Código Tributario no podrían  ser solo aplicables a aquellos casos en que los pagos a  cuenta del impuesto a la renta fueron pagados fuera del  plazo previsto para su cancelación; sino también cuando, a  pesar de que el contribuyente realizó un pago oportuno  basándose en la información del ejercicio anterior o  precedente al anterior que había sido originalmente  declarada, se determine posteriormente que la base de  cálculo era incorrecta y, por ende, también el coeficiente  empleado para determinar los pagos a cuenta.Ello atiende a  que no podría ser entendido como pago realizado aquel  cumplimiento parcial de la prestación, ya que, como bien lo  señaló la Corte Suprema en la Sentencia de Casación Nº  2579-2006 Arequipa, “es finalidad del pago el cumplimiento  de la obligación debida con el acreedor”, que sería en este  caso, lo que corresponda conforme a un cálculo del  coeficiente de los pagos a cuenta del impuesto a la renta que  recoja la información correcta del ejercicio anterior o  precedente al anterior.Asimismo, en virtud del principio de  capacidad contributiva, que ha sido desarrollado ya en  acápites anteriores, avalar el pago parcial de dicho concepto,  como si se tratase de una ejecución íntegra de la prestación,  implicaría ratificar que la contribuyente no cumpla con su  obligación, conforme a lo que exactamente indica su  capacidad de riqueza. Por lo tanto, se configuraría una  vulneración del principio de capacidad contributiva.Es por  ello que, una interpretación lógica, razonable y acorde con el  principio de capacidad contributiva, tendría que conducirnos  a entender que el método previsto en el literal a del artículo  85 de la Ley del Impuesto a la Renta no implica algo distinto  a que la determinación y cancelación de los pagos a cuenta  sea aquella que necesariamente parta de una información  correcta.Solo partiendo de lo anterior se podría estructurar  una institución de pagos a cuenta que atienda a la capacidad  contributiva de los contribuyentes, en tanto el coeficiente  aplicado a los ingresos netos de cada mes sería el resultado  de una aproximación más cercana y una relación razonable  entre el impuesto y los ingresos netos del ejercicio  precedente.De lo contrario, una concepción según la cual  los contribuyentes solo tuvieran que ceñirse a la información  que efectivamente declararon, sin ser relevante, para estosefectos, que sea falsa o inexacta —así ello se verifique  posteriormente— podría generar que, fuera de las  consecuencias posteriores respecto a la obligación principal,  los pagos a cuenta puedan haber sido absolutamente  distantes de lo que su capacidad de riqueza indicaba y, en  ese sentido, haya existido una contribución inequitativa al  gasto público.De lo anterior se colige que, si bien la  contribuyente presentó oportunamente las declaraciones  juradas de los pagos a cuenta, conforme a lo previsto en las  normas pertinentes, no declaró ni abonó los importes que,  conforme a ley, le correspondían. Por lo tanto, existió un  monto que no pagó oportunamente y ello justifica la  generación de intereses moratorios, en atención al mandato  del artículo 34 del Código Tributario.Por otro lado, en lo que  respecta al pronunciamiento de la Corte Suprema respecto  de la Casación Nº 4392-2013 Lima, cabe reiterar que esta  establece las siguientes reglas con el carácter de precedente  vinculante:QUINTO: Precedente vinculantea.1En la presente  sentencia casatoria para resolver el caso de autos, se han  desarrollado reglas jurídicas que deben establecerse como  reglas generales sirviendo de parámetro normativo para  casos similares futuros, en tanto contribuirá a la seguridad  jurídica, a ordenar y uniformizar la jurisprudencia, en temas  de  derecho  tributario,  evitando  pronunciamientos  contradictorios debido a diferentes interpretaciones de las  disposiciones tributarias; atribuyendo el artículo 37 del  T.U.O. de la Ley 27584 a la Sala Constitucional y Social de  la Corte Suprema fijar en sus resoluciones precedentes  vinculantes en materia contenciosa administrativa.a.2Por lo  que conforme a los fundamentos del considerando 3.5 se  establecen las siguientes reglas con carácter de precedentes  vinculantes:5.2.1 La Norma VIII del Título Preliminar del  Código Tributario no descarta la aplicación de la analogía  tampoco la interpretación extensiva ni restrictiva, admitidas  en el derecho para cierto tipo de normas; sino que el uso se  encuentra limitado por la prohibición del segundo párrafo de  la Norma anotada, resultando para ello muy importante que  el Juez seleccione el método adecuado al tipo de disposición  tributaria a interpretar.5.2.2 No resultan pertinentes la  interpretación extensiva ni la restrictiva para interpretar  disposiciones que restringen derechos, ni para normas  que establecen obligaciones como el caso de los pagos  a cuenta del Impuesto a la Renta previstos en el numeral  a) del artículo 85 del T.U.O de la Ley del Impuesto a la  Renta, y para los casos de aplicación de intereses  moratorios previstos en el artículo 34 del T.U.O. del  Código Tributario.[Énfasis nuestro]De esta forma, el  órgano jurisdiccional supremo ha señalado que no  corresponde la interpretación extensiva ni restrictiva de  normas que establezcan obligaciones o restrinjan derechos,  como es el caso del literal a del artículo 85 de la Ley del  Impuesto a la Renta y el artículo 34 del Código Tributario.  Más allá de ello, ningún otro lineamiento de la sentencia  citada constituye precedente vinculante.Es así que, la  Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima no establece  como regla con carácter vinculante que no corresponda la  aplicación de intereses moratorios como consecuencia de la  modificación posterior de la base de cálculo de los pagos a  cuenta del impuesto a la renta.A propósito de lo que abarca  un precedente vinculante, resulta ilustrativo lo señalado por  Taruffo10, en el sentido de que:[…] lo que constituye  precedente no es todo lo que se dice en la decisión en  cuestión, sino la ratio decidendi, es decir, la regla de derecho  a la cual el juez ha hecho referencia para calificar  jurídicamente los hechos jurídicos concretos controvertidos  en la decisión y (precisamente) para decidir sobre estos.Al  respecto, debe atenderse que a diferencia de cómo se aplica  la figura del precedente judicial en los sistemas jurídicos de  la tradición anglosajona, en los sistemas jurídicos romano- germánicos, como es el caso del peruano, es el órgano  jurisdiccional que emite el precedente vinculante el que fija  las dimensiones de la ratio decidendi, es decir, aquella regla  de derecho que será aplicable a futuros casos. Aquello ha  sido definido con claridad por Ratti Mendaña11 de la siguiente  manera:Una diferencia sustancial que existe, en lo que a  esta dimensión se refiere, en la aplicación del precedente en  el common law y en el civil law es que, en el primer caso, el  que tiene a cargo la identificación de la ratio para aplicarla a  un caso similar posterior es el juez que debe resolver ese  segundo caso, en un proceso dialógico continuo que puede  aparejar a una ampliación o reducción de la ratio a partir del  uso de técnicas específicas de aplicación del precedente,  tales como el distinguishing. Por el contrario, en la mayoría  de los sistemas del civil law que han incorporado a su  ordenamiento un precedente vinculante, la identificación y  determinación de esa ratio se coloca a cargo del mismo  tribunal del que emana el precedente, en una única  oportunidad que, generalmente, coincide con el dictado de lasentencia. Es el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional  de Perú (Ruiz Riquero, 2012), de las súmulas vinculantes de  Brasil (art. 103-A, enmienda 45, de la Constitución Federal)  o de las tesis jurisprudenciales mexicanas.En tal medida, en  un caso como el presente, debe atenderse estrictamente lo  que define el órgano jurisdiccional supremo en su sentencia,  a efectos de determinar qué debe ser entendido como  principio jurisprudencial en el presente caso.Así pues,  considerando que la Corte Suprema únicamente delineó  como precedente vinculante de la Sentencia de Casación Nº  4392-2013 Lima que no corresponde la interpretación  extensiva ni restrictiva de las normas que restringen  derechos o establecen obligaciones, como es el caso del  literal a del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el  artículo 34 del Código Tributario, no corresponde entenderse  que los órganos jurisdiccionales estén sujetos a un criterio  vinculante consistente en la inaplicación de intereses  moratorios por la modificación posterior de la base de cálculo  de los pagos a cuenta del impuesto a la renta.Por todo lo  expuesto, corresponde la aplicación de intereses moratorios  respecto de los montos no abonados en su debida  oportunidad por la contribuyente por concepto de pagos a  cuenta del impuesto a la renta, intereses que deberán  calcularse conforme a lo previsto en el artículo 33 del Código  Tributario.De manera que debe estimarse la tercera causal  invocada y, en tal sentido, declarar fundado el recurso de  casación interpuesto por la SUNAT.Análisis del recurso de  casación interpuesto por el Tribunal FiscalQuinto: La  primera infracción normativa que será analizada por esta  Sala Suprema será la vinculada con el numeral 5 del artículo  139 de la Constitución Política del Estado, disposición que  consagra el deber de motivación de las resoluciones  judiciales. Según señala el recurrente, la Sala Superior  habría incurrido en dicha infracción al inaplicar el artículo 34  del Código Tributario, basándose únicamente en el  precedente vinculante contenido en la Sentencia de  Casación Nº 4392-2013 Lima. Además, destaca que el  órgano de segundo grado debió realizar el control difuso  para dejar de aplicar lo señalado en la norma tributaria  aludida, en concordancia con lo desarrollado en la  jurisprudencia del Tribunal Constitucional.Al respecto, se  debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha  señalado lo siguiente sobre el derecho a la debida motivación  en su sentencia del Expediente Nº 1480-2006-AA/TC:2. […]  el derecho a la debida motivación de las resoluciones  importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las  razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar  una determinada decisión. Esas razones […] deben provenir  no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso,  sino de los propios hechos debidamente acreditados en el  trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la  motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede  servir de pretexto para someter a un nuevo examen las  cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, […] el análisis de si en una determinada  resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida  motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a  partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución  cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o  medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser  evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no  pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto,  porque en este tipo de procesos al Juez constitucional no le  incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la  resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de  un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en  evidencia su independencia e imparcialidad en la solución  de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en  la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades  o inconsistencias en la valoración de los hechos.Asimismo,  cabe tener en cuenta lo indicado por la Corte Suprema, a  propósito del expediente de Casación Nº 15494-2014 Del  Santa:[…] se advierte respecto de la supuesta afectación del  derecho constitucional a la debida motivación de las  resoluciones judiciales, que la resolución objeto del presente  recurso, expresa de manera suficiente las razones de hecho  y de derecho que justifican su decisión; apreciándose por el  contrario, que lo que pretende la impugnante, es cuestionar  los razonamientos a los que ha arribado el Colegiado  Superior; circunstancia que no se subsume en la causal  invocada, que está reservada únicamente para vicios  trascendentales en la motivación empleada por los órganos  jurisdiccionales; por lo que, respecto a este agravio, el  recurso resulta improcedente.En atención a lo indicado en  los pronunciamientos citados, la tutela de la debida  motivación no pretende analizar los aspectos de fondo o  cuestionar la interpretación realizada por los órganos  jurisdiccionales, sino centrarse en la coherencia, claridad yexhaustividad de lo expuesto en su sentencia, ya que ello  determinará si el órgano jurisdiccional respetó los parámetros  aludidos.Sin embargo, el recurrente cuestiona la inaplicación  del artículo 34 del Código Tributario por parte de la Sala  Superior, en tanto ello supondría avalar una actuación  negligente de la contribuyente, al calcular el coeficiente de  los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero y febrero  de dos mil diez sobre la base de información incorrecta del  ejercicio precedente al anterior. Asimismo, asevera que la  única forma de inaplicar la norma tributaria aludida tendría  que ser por medio del control difuso, figura prevista en el  artículo 138 de la Constitución Política del Estado.Aquel  cuestionamiento que el recurrente plantea no se centra en  cómo la Sala Superior sustentó la inaplicación de intereses  moratorios en el presente caso, sino en aspectos de fondo,  relacionados con el sentido interpretativo de las normas en  cuestión.Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que la  Sala Superior no inaplicó el artículo 34 del Código Tributario,  como lo sostiene la parte recurrente, sino que consideró que  el escenario analizado no calzaba dentro del supuesto  previsto en la referida disposición. Por lo tanto, lo señalado  por el recurrente respecto de la necesidad de aplicar control  difuso en el presente caso no es atendible.Por todo lo  expuesto, corresponde desestimar la primera causal  invocada por la recurrente.Sexto: En lo que concierne a la  causal vinculada con la interpretación errónea del artículo 34  del Código Tributario y el literal a del artículo 85 de la Ley del  Impuesto a la Renta, debe señalarse que esta Sala Suprema  ya abordó lo atinente a la aplicación de intereses moratorios  en el escenario analizado, en virtud a la normativa aplicable  y la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema sobre la  materia analizada cuando abordó la tercera causal invocada  en el recurso de casación de la SUNAT, la cual fue amparada. Es así que, atendiendo a tales fundamentos, corresponde  estimar la segunda causal invocada por el Tribunal Fiscal, y  en tal sentido declarar fundado su recurso de casación.V.  DECISIÓNPor  estas  consideraciones,  DECLARARON  FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria, mediante escrito del veintiuno de mayo de dos mil  diecinueve (foja novecientos trece del EJE), y FUNDADO el  recurso de casación interpuesto por el Procurador Público  del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación  del Tribunal Fiscal, mediante escrito del veintiuno de mayo  de dos mil diecinueve (foja ochocientos noventa y dos del  EJE). En consecuencia, CASARON la sentencia de vista  emitida por la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera,  del dieciséis de abril de dos mil diecinueve (foja ochocientos  sesenta y cinco del EJE), que confirmó la sentencia apelada,  del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho (foja  setecientos sesenta y seis del EJE), que declaró fundada la  demanda en todos sus extremos y, en consecuencia, declaró  nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08304-1-2017, que  confirmó la Resolución de Intendencia Nº 0150140013417,  que declaró infundada la reclamación presentada contra la  Resolución de Determinación Nº 012-003-0037013 y N.°012- 003-0037014, emitidas por los pagos a cuenta del impuesto  a la renta de enero y febrero de dos mil diez, y estableció  que no corresponde la generación de intereses moratorios  por las omisiones a los pagos a cuenta del impuesto a la  renta de enero y febrero de dos mil diez, como producto de  la declaración rectificatoria del impuesto a la renta anual del  ejercicio dos mil ocho, y corresponde la devolución de todos  los montos pagados en función del cobro de intereses  moratorios por los períodos de enero y febrero de dos mil  diez. Y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la  sentencia apelada y, REFORMÁNDOLA, DECLARARON  INFUNDADA la demanda en todos sus extremos. Por último,  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en  el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos  por Lima Airport Partners S.R.L. contra el Tribunal Fiscal y la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los  actuados.SS.GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ,  BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA PINEDA, DÁVILA  BRONCANO.EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ  SUPREMO BUSTAMANTE DEL CASTILLO, ES COMO  SIGUE:VISTOSDe acuerdo a lo prescrito por el artículo 143  del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder  Judicial, señalo que estoy de acuerdo con el sentido, mas no  con los fundamentos del voto emitido por la señora Jueza  Suprema Barra Pineda, por lo que emito el presente voto  singular.1. CONSIDERANDOSFinalidad del recurso de  casación1. Se debe establecer en principio, que la finalidad  del recurso extraordinario de casación es la adecuada  aplicación del derecho objetivo y la uniformidad de la  jurisprudencia nacional establecida por la Corte Suprema deJusticia, tal como puede interpretarse de lo dispuesto por el  artículo 141 de la Constitución Política de 1993 y del artículo  384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de  la Ley Nº 29364.2. En este sentido, en un Estado  Constitucional esta finalidad nomofiláctica del recurso de  casación, debe traducirse en la función que ostentan las  Salas Supremas, como órganos de vértice, para establecer  y fijar la interpretación de las disposiciones normativas en  base a buenas razones. Como refiere Taruffo12, en la  corrección del procedimiento de elección y la aceptabilidad  de los criterios sobre los cuales se funda la interpretación de  las disposiciones normativas, que deben ser seguidas por  todos los jueces de la República.El precedente3. Siguiendo  a Taruffo13, se señala que la función del precedente en  nuestro ordenamiento, está vinculada a la realización de  principios constitucionales, tales como el de igualdad y  previsibilidad de la decisión o seguridad jurídica. Es decir, en  otorgar una solución similar a los casos sustancialmente  idénticos y en el establecimiento de reglas claras para que  los ciudadanos prevean las consecuencias cuando acudan  al órgano jurisdiccional.4. En este sentido, el Tribunal  Constitucional, convertido en una suerte de legislador  positivo, dentro de lo prescrito por el Código Procesal  Constitucional14 ha venido configurando el precedente  constitucional como una regla jurídica. Así refiere:El  precedente es una regla jurídica expuesta en un caso  particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide  establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en  parámetro normativo para la resolución de futuros procesos  de naturaleza homóloga. (STC. Nº 0024-2003-AI/TC)5. En  esta perspectiva el artículo 36 del Texto Único Ordenado de  la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso  Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011- 2019-JUS, ha prescrito que la Sala Constitucional y Social  de  la  Corte  Suprema  puede  establecer  principios  jurisprudenciales que constituyen precedente vinculante.  Esta disposición normativa, establece además los supuestos  de apartamiento y la necesidad de fundamentar las razones  de este apartamiento, tal como ocurre con el distinguishing  en  el  sistema  anglosajón.Artículo  36.-  Principios  jurisprudenciales.Cuando la Sala Constitucional y Social  de la Corte Suprema fije en sus resoluciones principio  jurisprudencial en materia contencioso administrativa,  constituyen  precedente  vinculante.Los  órganos  jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el  precedente  vinculante,  siempre  que  se  presenten  circunstancias particulares en el caso que conocen y que  motiven debidamente las razones por las cuales se apartan  del precedente6. En este contexto, se manifiesta que no es  ajeno el hecho de que el precedente genere tensiones y  problemas propios de las importaciones de instituciones  jurídicas. Así, por ejemplo, se han generado conflictos  vinculados a la antinomia entre el precedente y la ley, a las  formas de aplicación o inaplicación de los precedentes,  conflictos de coherencia entre los mismos de precedentes,  la vinculación de los jueces con el precedente, conflictos  entre jerarquías de precedentes, entre otros.7. Dentro de un  escenario de justificación de las decisiones judiciales, se  debe establecer que la ratio decidendi o las razones  esenciales que justifican un precedente, cuando están  razonablemente motivadas, además de contribuir con los  principios de igualdad y seguridad jurídica, alivian la carga  argumentativa que le corresponde al juez al motivar su  decisión.8.  Corresponde  señalar  también  que  los  precedentes, igual que las disposiciones normativas  construidas a través del lenguaje, no están exentos de  ambigüedad, vaguedad o indeterminación, por lo que, en  algunos supuestos, requieren también de un esfuerzo  interpretativo adicional.9. En este contexto, la Sala de  Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte  Suprema, emitió el precedente vinculante en la Casación Nº  4392-2013-LIMA:QUINTO: Precedente vinculante5.1. En  la presente sentencia casatoria para resolver el caso de  autos, se han desarrollado reglas jurídicas que deben  establecerse como reglas generales sirviendo de parámetro  normativo para casos similares futuros, en tanto contribuirá  a la seguridad jurídica, a ordenar y uniformizar la  jurisprudencia, en temas de derecho tributario, evitando  pronunciamientos  contradictorios  debido  a  diferentes  interpretaciones de las disposiciones tributarias; atribuyendo  el artículo 37 del T.U.O. de la Ley 27584 a la Sala  Constitucional y Social de la Corte Suprema fijar en sus  resoluciones  precedentes  vinculantes  en  materia  contenciosa administrativa.5.2. Por lo que conforme a los  fundamentos del considerando 3.5 se establecen las  siguientes  reglas  con  carácter  de  precedentes  vinculantes:5.2.1  La Norma VIII del Título Preliminar del  Código Tributario no descarta la aplicación de la analogíatampoco la interpretación extensiva ni restrictiva, admitidas  en el derecho para cierto tipo de normas; sino que el uso se  encuentra limitado por la prohibición del segundo párrafo de  la Norma anotada, resultando para ello muy importante que  el Juez seleccione el método adecuado al tipo de disposición  tributaria a interpretar.5.2.2. No resultan pertinentes la  interpretación extensiva ni la restrictiva para interpretar  disposiciones que restringen derechos, ni para normas que  establecen obligaciones como el caso de los pagos a cuenta  del Impuesto a la Renta previstos en el numeral a) del  artículo 85 del T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta, y  para los casos de aplicación de intereses moratorios  previstos en el artículo 34 del T.U.O. del Código Tributario.10.  En este sentido, ni el texto que la Sala Suprema estableció  como precedente ni la ratio decidendi de la resolución  casatoria  permiten  interpretar  la  exoneración  o  la  improcedencia del pago de intereses moratorios en los  supuestos de pagos a cuenta cuyo coeficiente ha sido  variado por posteriores observaciones de la autoridad  tributaria.11. Corresponde señalar que la ratio decidendi de  la sentencia casatoria que establece el precedente está  vinculada a la interpretación de las normas tributarias que  restringen derechos o que establecen obligaciones.La  interpretación de las disposiciones de carácter tributario12.  Antes de ingresar en la interpretación de las disposiciones  tributarias, siguiendo a Guastini15, debemos señalar que con  la palabra “interpretación” nos referimos algunas veces a la  atribución de un significado a un texto normativo y otras  veces a la calificación jurídica de un caso concreto  (calificación que luego da fundamento a la solución o a la  propuesta de solución de una controversia específica).13.  En el primer caso, en un escenario de ambigüedad y  vaguedad, interpretar significa atribuir un sentido a un texto  o disposición normativa cuyo resultado es precisamente la  formulación de una norma como refieren Tarello16 y el propio  Tribunal Constitucional17. Dicho de otro modo, una norma es  el resultado de la interpretación de los textos o disposiciones  normativas. Señala Guastini18 al respecto:Podemos llamar  “disposición” a todo enunciado perteneciente a una fuente  del derecho y reservar el nombre de “norma para designar el  contenido de sentido de la disposición, su significado, que es  una variable dependiente de la interpretaciónEn este  sentido, la disposición constituye el objeto de la actividad  interpretativa y la norma su resultado […] La norma es una  disposición interpretada […]”14. En este mismo sentido, se  señala también –de acuerdo con Tarello- que con la palabra  “interpretación” nos referimos algunas veces a una actividad  (o a un proceso), y otras al resultado o producto de tal  actividad19.15. En nuestro ordenamiento no existe una  referencia expresa sobre lo que debemos asumir por  interpretación, ni acerca de los métodos de interpretación  que deben ser utilizados en el proceso interpretativo. Se  suele mencionar a los clásicos métodos de interpretación  desarrollados por Savigny: Literal, histórico, teleológico –  finalista, sistemático20; no obstante, debemos señalar que  este catálogo no constituye un enunciado numerus clausus;  sino un espacio abierto, en el que pueden incluirse otros  métodos o criterios o técnicas de interpretación21.16. No  obstante, en un Estado Constitucional, estos métodos,  técnicas o criterios de interpretación de las disposiciones  normativas o leyes, deben ser compatibles con la  Constitución y al respeto de los principios y derechos  fundamentales22.17. Se debe señalar que la comprensión  inmediata de un texto normativo no siempre es posible  debido a la naturaleza propia del lenguaje (las leyes se  construyen con un lenguaje usualmente prescriptivo). Esto  ocurre, por ejemplo, cuando se requiere de la comprensión  del Título Preliminar del Código Tributario que prohíbe crear  tributos, establecer sanciones, conceder exoneraciones,  extender las disposiciones tributarias a personas o supuestos  distintos de los señalados en la ley, en vía de interpretación.18.  Entiende esta Sala Suprema, que este dispositivo del Título  Preliminar, prima facie, no puede ser comprendida de un  modo inmediato (mediante la interpretación literal) por las  siguientes razones:a) En general, es pertinente señalar que  todas las disposiciones normativas, lejos de la idea clásica  del  in  claris  non  fit  interpretatio,  requieren  ser  interpretadas23.b) Se entiende que, la puerta de ingreso al  proceso interpretativo de una disposición normativa es la  interpretación literal o gramatical. En esta medida, este  criterio de interpretación puede suponer una forma de  “comprensión inmediata” del texto normativo extraído de la  literalidad de la disposición normativa. En ese sentido, se  podría indicar que, esta comprensión inmediata del texto  normativo derivado de una interpretación literal, no debe  ofrecer mayores conflictos y debe ser razonablemente  pacífica entre los operadores jurídicos.c) En este escenario,  la disposición normativa que: “prohíbe crear tributos,establecer sanciones, conceder exoneraciones, extender las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de  los señalados en la ley, en vía de interpretación”, no  necesariamente es de fácil comprensión, sobre todo si  asumimos los escenarios en los que tiene que ser  interpretado y aplicado.d) En suma, considerando los  problemas propios del lenguaje con el que se construyen las  disposiciones normativas (vaguedad, ambigüedad, etc.), y  los consiguientes límites de la interpretación literal en la  interpretación de la disposición normativa, se requieren de  las  denominadas  interpretaciones  correctoras.19.  Al  respecto refiere Guastini24 la existencia de dos tipos  fundamentales de interpretación: la interpretación literal o  declarativa y la interpretación que puede llamarse correctora.  Ambos conceptos –continúa Guastini- son mutuamente  excluyentes (no puede haber una interpretación que sea al  mismo tiempo literal y correctora) y conjuntamente  exhaustivos (no puede haber una interpretación que no sea  ni literal ni correctora). Estos conceptos son lógicamente  interdependientes, puesto que la interpretación correctora  (interpretación secundaria) se define por oposición a la  literal (interpretación primaria).20. De esta manera, se  asume aun puedan existir disposiciones legales que no  presenten mayores dificultades en su comprensión inmediata  o interpretación; existen otras, cuya interpretación literal  puede derivar en diversos sentidos. En los supuestos en que  no es posible una “comprensión inmediata” de un texto  normativo, es necesario acudir a una interpretación  correctora y en consecuencia al uso de los métodos, criterios  de interpretación y a las técnicas de reducción de vaguedad,  para establecer el significado de debe otorgársele a una  disposición normativa.21. En este escenario, se señala  también la dificultad que genera el carácter indeterminado  del derecho que, de acuerdo a Guastini25, se produce por las  siguientes razones:a) La equivocidad de los textos  normativos y la vaguedad de las normas. En el primer caso,  se pueden señalar los siguientes tipos de equivocidad: a)  ambigüedad (sintáctica o semánticamente), b) complejidad,  c) implicación, d) derrotabilidad (defeasible).b) La vaguedad  de las normas, vinculada a la vaguedad de los predicados en  el lenguaje natural. Los predicados en este sentido, están  vinculados a una referencia dudosa o abierta (open textured)  o a casos dudosos o difíciles (hard cases)Señala Guastini al  respectoTomemos por ejemplo una disposición que se  refiere al supuesto de hecho: “ruina de edificio”. Tal locución  es vaga: es indiscutible que el concepto comprende el  derrumbe total de un inmueble, pero es discutible si se  extiende también, por ejemplo, al derrumbe de un balcón.  ¿Cómo reducir la vaguedad y resolver el problema? Ahora  bien, las estrategias fundamentales de reducción de la  vaguedad son dos: la tesis de la analogía (o de la igualdad  “sustancial”) y la tesis de la disociación (o de la diferencia  “sustancial”).(i) Tesis de la analogía. Una primera estrategia  de reducción de la vaguedad consiste en sostener que –a la  luz de una supuesta ratio legis (el fin de la norma, o el  resultado que la norma pretendía perseguir)– el derrumbe  de un balcón es en todo análogo, sustancialmente igual, al  derrumbe de un edificio. Se puede concluir que la norma  sobre el derrumbe de un edificio se aplica también al caso  “derrumbe de balcón”: “lex minus dixit quam voluit”. Es un  ejemplo de interpretación extensiva, fundada sobre el  argumento analógico. Por esta vía, el área de “penumbra” de  la norma se reduce, incluyendo en su ámbito de aplicación la  clase de casos marginales “derrumbe de balcón”.(ii) Tesis de  la diferencia. Una segunda estrategia consiste en sostener,  por el contrario, que derrumbe del edificio y derrumbe del  balcón –siempre a la luz de una supuesta ratio legis– son  casos  diferentes,  sustancialmente  distintos.  Con  la  conclusión que la norma sobre derrumbe de edificio no se  aplica al caso “derrumbe de balcón”. Es un ejemplo de  interpretación restrictiva, fundada sobre el argumento de la  disociación (algo muy parecido al distinguishing de los  jueces de common law). De nuevo, por esta vía el área de  “penumbra” de la norma se reduce, excluyendo de su ámbito  de aplicación la clase de casos marginales “derrumbe de  balcón”.[…]22. La vaguedad, señala Guastini26, es una  propiedad del lenguaje. En consecuencia, aun cuando no  reducirse por medio de técnicas interpretativas o de la  dogmática, puede reducirse por medio de definiciones, en el  sentido de si un supuesto determinado, debe o no debe ser  incluido en el ámbito de aplicación de la norma en cuestión.  En este contexto, la doctrina, admite dos tesis de reducción  de la vaguedad de las disposiciones normativas: la tesis de  la analogía y la tesis de la diferencia.23. A partir de estas  premisas, corresponde interpretar la NORMA VIII, del Título  Preliminar del Código Tributario, que, sobre la interpretación  de las disposiciones tributarias, refiere lo siguiente27:a) Para  la aplicación de las disposiciones tributarias, se puedenutilizar todos los métodos de interpretación admitidos por el  Derechob) Mediante la Interpretación no pueden crearse  tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones,  ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o  supuestos distintos de los señalados en la ley.24. Asumiendo  que toda actividad interpretativa debe estar de acuerdo con  el marco constitucional, debemos señalar lo siguiente:a) La  interpretación  de  esta  disposición  normativa,  debe  efectuarse en concordancia con el Principio Constitucional  de Reserva de la Ley desarrollado por la Norma IV del Título  Preliminar del Código Tributario28 y por el propio Tribunal  Constitucional29, en cuanto la potestad de crear tributos,  sanciones o la extensión de disposiciones tributarias es una  atribución que la debe ejercer el Poder Legislativo  (directamente o mediante delegación) y no el Poder Judicial  a través de una actividad interpretativa.b) Está disposición  normativa prohibitiva, reduce la actividad interpretativa del  órgano jurisdiccional a efectos de que proscribir aquellas  técnicas que permitan la creación de tributos en vía de  interpretación. En esta medida, se proscriben algunas  técnicas para construir normas implícitas como el argumento  a contrario, la analogía, el argumento a fortiori30c) Se debe  asumir también, aun cuando no este directamente vinculado  al proceso o al acto de la interpretación de una disposición  normativa, que a través de la idea de la creación judicial del  derecho en los casos de conflictos normativos y/o de lagunas  normativas31, no pueden crearse tributos, establecer  sanciones, conceder exoneraciones, o extender las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de  los señalados en la ley.25. Como se señala anteriormente,  en los supuestos en que se ponga en cuestión la  “comprensión inmediata” de disposiciones normativas de  carácter tributario que dispongan la creación, exoneración  de tributos, establecimiento de sanciones, y extensión de las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de  los señalados en la ley, la disposición normativa debe ser  interpretada. Esta interpretación, en el caso, implica  proscribir las técnicas de creación de normas a través de la  interpretación (técnicas para construir normas implícitas  como el argumento a contrario, la analogía32, el argumento a  fortiori), o las generadas por lagunas normativas33 y  conflictos normativos, en cuanto vulneran el Principio  Constitucional de Reserva de Ley y la NORMA VIII del Título  Preliminar del Código Tributario.26. Esta afirmación, no  obstante, no prohíbe ni proscribe el uso el resto de los  métodos, técnicas, criterios de interpretación y argumentos  interpretativos aceptados en nuestro sistema jurídico.Los  pagos a cuenta y los intereses moratorios27. En el caso, en  consideración al principio de reserva de ley y a la  interpretación de las normas tributarias vinculadas a la  prohibición de la creación de tributos en vía de interpretación,  entiende este Tribunal que el conflicto está vinculado a  establecer si los artículos 85 de la Ley del Impuesto a la  Renta y 34 del Código Tributario, pueden ser interpretadas  en el sentido de que el contribuyente está en la obligación de  pagar o no los intereses moratorios, luego de la variación  posterior de los coeficientes de los pagos a cuenta por  observación de la Administración Tributaria o rectificación  del propio contribuyente .28. Para estos efectos, se señala lo  prescrito por las siguientes disposiciones normativas.Ley del  Impuesto a la RentaArtículo 85.- Los contribuyentes que  obtengan rentas de tercera categoría abonarán con carácter  de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva  les corresponda por el ejercicio gravable dentro de los  plazos previstos por el Código Tributario, el monto que  resulte  mayor  de  comparar  las  cuotas  mensuales  determinadas con arreglo a lo siguiente:a) La cuota que  resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el  coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto  calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior  entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. En el  caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero,  se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del  impuesto calculado e ingresos netos correspondientes al  ejercicio precedente al anterior.De no existir impuesto  calculado en el ejercicio anterior o, en su caso, en el ejercicio  precedente al anterior, los contribuyentes abonarán con  carácter de pago a cuenta las cuotas mensuales que se  determinen de acuerdo con lo establecido en el literal  siguiente.b) La cuota que resulte de aplicar el uno coma  cinco por ciento (1,5%) a los ingresos netos obtenidos en el  mismo mes[…]Para efecto de lo dispuesto en este artículo  se consideran ingresos netos el total de los ingresos  gravables de la tercera categoría devengados en cada mes,  menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y  demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la  costumbre de la plaza, e impuesto calculado al importe  determinado aplicando la tasa a que se refiere el primerpárrafo 55 de esta ley.Código TributarioArtículo 34.-  Cálculo en los intereses en los anticipos y pagos a cuentaEl  interés moratorio correspondiente a los anticipos y pagos a  cuenta no pagados oportunamente, se aplicará hasta el  vencimiento o determinación de la obligación principal.A  partir de ese momento, los intereses devengados constituirán  la nueva base para el cálculo del interés moratorio.29. En el  proceso de interpretación de estos dispositivos, tal como  señalamos anteriormente, deben proscribirse las técnicas  de creación de normas a través de la interpretación (a través  del argumento a contrario, la analogía, el argumento a  fortiori) o, las generadas por lagunas normativas y conflictos  normativos por cuanto vulneran el Principio Constitucional  de Reserva de Ley y la Norma VIII del Título Preliminar del  Código Tributario.30. Considerando la premisa anterior, se  señala que no existen conflictos sobre la interpretación  literal o de comprensión inmediata de las siguientes  disposiciones tributarias:a) Los contribuyentes que obtengan  rentas de tercera categoría deben abonar con carácter de  pago a cuenta del impuesto a la renta que en definitiva les  corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos  previstos por el Código Tributario.b) El no pago de los pagos  a cuenta dentro del plazo previsto por el Código Tributario  genera intereses moratorios.31. No obstante, se debe  reiterar que el conflicto tiene origen en los casos en que  debido a la fiscalización realizada por la Administración  Tributaria o a la rectificación realizada por el propio  contribuyente, se han detectado pagos menores en el  impuesto a la renta de ejercicios anteriores que inciden en el  coeficiente de los pagos a cuenta.32. En este sentido,  corresponde establecer si los “pagos a cuenta” realizados en  consideración a coeficientes erróneos (debido a la  fiscalización posterior de la Administración Tributaria o  rectificación del contribuyente), pueden ser considerados  “pago”, asumiendo que las disposiciones tributarias señalan  que el “pago” en el ámbito tributario debe efectuarse en la  forma que señala la ley, el reglamento y la Resolución de la  Administración Tributaria (artículo 29 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario) o, como refiere el Código  Civil, que el pago constituye el cumplimiento del integro de la  prestación  (artículo  1220  del  Código  Civil)Código  TributarioArtículo 29.- El pago se efectuará en la forma que  señala la Ley, o en su defecto, el Reglamento, y a la falta de  éstos, la Resolución de la Administración Tributaria.[…]33.  Debido a la vaguedad de la noción de pago que puede  presentarse en el caso, se asume que el pago debe estar  referido a la idea del pago íntegro (no parcial) de la  prestación,  como  prescribe  el  Código  Civil.Código  CivilArtículo 1220.- Noción de pago:Se entiende efectuado  el pago sólo cuando se ha ejecutado íntegramente la  prestación”.34. En este mismo sentido, Diez- Picazo y  Gullón34, señala que el pago debe ser entendido como toda  realización de la prestación debida (entrega de suma de  dinero, de cosas específicas, realización de servicios o  adopción  de  simples  omisiones).  El  pago  es  un  comportamiento del deudor, que se ajusta al programa o  proyecto de prestación establecido en el acto de constitución  de la relación obligatoria.3535. En suma, en el ámbito  tributario, se debe establecer que el pago está vinculado al  cumplimiento íntegro de la prestación tributaria; es decir, a la  entrega integra de dinero correspondiente a los tributos en el  plazo establecido.36. En el presente caso, el conflicto no  está precisamente vinculado al pago que debe efectuarse en  consideración a las observaciones posteriores de la  Administración Tributaria o la rectificación por el propio  contribuyente; sino, al consiguiente pago de los intereses  moratorios derivado de la modificación del coeficiente en los  pagos a cuenta. Es decir, si el contribuyente, como  consecuencia de las observaciones de la Autoridad Tributaria  en los casos de pagos a cuenta, además de pagar la deuda  tributaria determinada por la Administración Tributaria, debe  también pagar los intereses moratorios, por el no pago total  de la obligación en la oportunidad debida, debido a la  modificación del coeficiente considerado erróneo luego de la  fiscalización.37. Esta Sala Suprema, sin acudir a técnicas  interpretativas que permiten construir normas implícitas  como el argumento a contrario, la analogía, el argumento a  fortiori), o las generadas por lagunas normativas, proscritas  por nuestro ordenamiento; interpretando el artículo 34 del  Código Tributario, considera que en el caso corresponde  efectuar el pago del interés moratorio, por las siguientes  razones:a) El artículo 34 del Código Tributario, establece  que el pago del interés moratorio correspondiente a los  anticipos y pagos a cuenta no pagados oportunamente, se  aplicará hasta el vencimiento o determinación de la  obligación principal. Prima facie, la interpretación literal de  esta disposición normativa no genera mayores conflictos. En  todo caso, siguiendo a Guastini, es una interpretación decomprensión inmediata, que no ha sido puesta en cuestión  por las partes.b) Asimismo, en los supuestos en que la  Administración Tributaria por intermedio de una fiscalización  (o por la actuación del propio contribuyente) se producen  observaciones y se determinan montos mayores que inciden  en el Impuesto a la Renta de ejercicios anteriores y, estas  son  aceptadas  y/o,  siendo  impugnadas  no  son  razonablemente levantadas por el contribuyente en sede  administrativa o jurisdiccional, el contribuyente tiene la  obligación de pagar el monto determinado por la autoridad  administrativa.c) Estos nuevos montos, como señalamos,  modifican los coeficientes establecidos para los pagos a  cuenta y en consecuencia, modifican también los pagos a  cuenta realizados por el contribuyente.d) En este contexto,  asumiendo una interpretación literal del Código Tributario,  debe entenderse que la prestación debida en los pagos a  cuenta al ser objeto de modificación fueron realizados fuera  del plazo prescrito por el artículo 85 de la Ley del impuesto a  la Renta que prescribe: “Los contribuyentes que obtengan  rentas de tercera categoría abonarán con carácter de pago a  cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les  corresponda por el ejercicio gravable dentro de los plazos  previstos por el Código Tributario”36 (énfasis nuestro).e)  En todo caso, no resulta coherente ni razonable interpretar  que el pago a cuenta efectuada sobre coeficientes erróneos  por el contribuyente, pueda ser considerado como un pago o  la prestación debida, dentro del plazo previsto por el Código  Tributario, en la medida que fue un pago menor a la que  debía corresponderle.f) En suma, no habiendo cumplido el  contribuyente con el pago de la prestación debido en la  fecha señalada para el cumplimiento de tal obligación, los  “pagos a cuenta” realizados por el obligado en base a  coeficientes erróneos, no pueden ser considerados como  pagos oportunos y en esta medida, generan los intereses  moratorios.38. Como consecuencia del razonamiento  anterior y de la interpretación sistemática que venimos  efectuando, corresponde interpretar y aplicar literalmente el  artículo 34 del Código Tributario en el caso: “El interés  moratorio correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta  no pagados oportunamente, se aplicará hasta el vencimiento  o determinación de la obligación principal.”39. Finalmente,  como argumentos que inciden en la obligación del pago de  intereses moratorios como consecuencia de la modificación  de los coeficientes en los pagos a cuenta, se debe señalar  los siguientes:a) En consideración al principio de reserva de  ley y a lo desarrollado en el Título Preliminar del Código  Tributario que prohíbe conceder exoneraciones a través de  interpretaciones, debe advertir esta Sala Suprema que no  existe disposición normativa que exonere al contribuyente  del pago del interés moratorio.b) Asimismo, desde de una  argumentación consecuencialista, se debe asumir que una  interpretación que permita asumir una exoneración o  inexistencia del pago de intereses moratorios para quienes  ha incurrido en error en sus pagos a cuenta, puede implicar  un efecto negativo en los contribuyentes que, si han cumplido  sus obligaciones tributarias de pagos a cuenta, sin error  alguno y sin observación en los coeficientes.c) Asimismo, se  señala que aun cuando el contribuyente afirme que el pago  a cuenta se haya efectuado observando los coeficientes  establecidos por la disposición normativas, en consideración  a que los mismos fueron modificados posteriormente como  consecuencia de la observación de la Administración  Tributaria o por rectificación del propio contribuyente, no lo  libera de la idea del error y de las consecuencias que esto  acarrea en sede administrativa y tributaria.En este sentido,  salvo que el contribuyente haya levantado las observaciones  administrativa o judicialmente, debemos establecer que el  error en el que incurrió el contribuyente no puede generar  derechos, tal como señala la doctrina administrativa y el  propio  Tribunal  Constitucional37.d)  Finalmente,  en  consideración a la doctrina de los actos propios o el “Nemo  auditur propriam turpitudinem allegans”38 se debe considerar  que quien actúa con error o negligencia, no puede  beneficiarse de esta actuación.DECISIÓNPor estas razones  y considerando lo desarrollado en el voto ponente, coincido  con el fallo del mismo.S.S.BUSTAMANTE DEL CASTILLO. 1  NORMA VIII: INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS  Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación  admitidos por el Derecho.  En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones,  concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas  o supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no  afecta lo señalado en el presente párrafo. 2  RUBIO CORREA, Marcial. (2009). El Sistema Jurídico: Introducción al Derecho.  Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú; p. 226. 3  Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una  exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegaciónde facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto  supremo.  Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y  suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción,  y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria,  debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de  los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter  confiscatorio.  Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas  sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a  partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.  No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el  presente artículo. 4  VILLEGAS, Héctor. (2003). Curso de finanzas, derecho financiero y tributario.  Buenos Aires, ASTREA; p. 263. 5  TARSITANO, Alberto. (2014). “El principio de capacidad contributiva como  fundamento de la Constitución Financiera: Una visión doctrinaria y jurisprudencial”.  En Revista Derecho & Sociedad, Nº 43; pp.119-128. 6  GARCÍA MULLÍN, Roque (1980). Impuesto sobre la renta: Teoría y técnica del  impuesto. Santo Domingo, Instituto de Capacitación Tributaria de la Secretaría de  Estado de Finanzas de República Dominicana; p. 183. 7  NORMA IX: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO  En lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse  normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las  desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho Tributario,  o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios  Generales del Derecho. 8  Con relación al carácter supletorio del Código Civil, en lo que respecta al ámbito  de las obligaciones, cabe tener en cuenta que el artículo IX del título preliminar  de dicho dispositivo estipula que: “Las disposiciones del Código Civil se aplican  supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes,  siempre que no sean incompatibles con su naturaleza”. 9  Al respecto, resulta ilustrativo lo indicado por Luchena Mozo, que asevera que:  Sólo una nota diferencia a este tipo de obligación de las propias del Derecho Civil,  y es el hecho mismo de ser establecida por ley. Ello no obsta para predicar la  aplicación de los esquemas característicos del Derecho Privado en el estudio de  ésta, pero con la particularidad propia del Derecho Público, pues no debemos  olvidar la existencia de unos supraconceptos que conforman la teoría general del  Derecho, que dada la antigua raigambre el Derecho Civil tendrá mayor influencia  ius privatista, pero que será de aplicación a todas las ramas del Derecho, incluido  el Derecho Tributario.  LUCHENA MOZO, Gracia María (2006). “La relación jurídico-tributaria. El hecho  imponible”. En: LUCHENA MOZO, Gracia María y COLLADO YURRITA, Miguel  Ángel, Derecho Tributario: Parte General, Barcelona, Atelier; p. 176. 10  TARUFFO, Michelle (2016). “Consideraciones sobre el precedente”. En Ius et  Veritas, Nº 53, p. 332. 11  RATTI MENDAÑA, Florencia (2021). “Dimensiones del precedente judicial: una  metodología de estudio de la doctrina del precedente”. En Revista Perspectivas de  las Ciencias Económicas y Jurídicas, Nº 11, p. 83. 12  Refiere Taruffo al respecto  Esta no es la de asegurar la exactitud formal de la interpretación, lo que equivaldría  a hacer prevalecer la interpretación formalista, en cuanto fundada solo sobre  criterios formales, sino la de establecer cuál es la interpretación justa, o más justa,  de la norma sobre la base de directivas y de las elecciones interpretativas más  correctas (es decir, aceptables sobre la base de las mejores razones)”  Una nomofiláctica formalista no tiene sentido, pues no significaría “defensa  de la ley” sino defensa de una interpretación formal de la ley. Por otra parte, la  nomofiláctica como elección y defensa de la interpretación justa no significa que no  significa que, por esto, este sometida a criterios específicos y predeterminados de  justicia material ni mucho menos a criterios equitativos con contenidos particulares.  Significa en cambio, la elección de la interpretación fundada en las mejores  razones, sean lógicas, sistemáticas o valorativas: bajo este perfil la nomofilaquia  es la corrección del procedimiento de elección y la aceptabilidad de los criterios  sobre los cuales aquella se funda para constituir el elemento esencial, más que la  naturaleza del resultado particular que de ella deriva  TARUFFO, Michele (2005). El vértice Ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil.  Lima, Palestra Editores; p. 129. 13  Refiere también Taruffo que “no es por nada que en los discursos que se hacen,  […] jamás se habla de igualdad: El valor de la igualdad frente al Derecho se ha  perdido. Se habla de la previsibilidad, de la uniformidad, pero como herramientas  para realizar una reducción de la sobrecarga de trabajo del sistema judicial”  TARUFFO, Michelle (2012). “El precedente judicial en los sistemas del Civil Law”.  En ius et Veritas, Nº 42; pp. 90-91.  https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/11991/12559 14  Código Procesal Constitucional  Artículo VI. Precedente vinculante  Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa  juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia,  precisando el extremo de su efecto normativo, formulando la regla jurídica  en la que consiste el precedente. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva  apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de  derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del  precedente.  Para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante se  requiere la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional y el voto conforme de  cinco magistrados.  En los procesos de acción popular, la sala competente de la Corte Suprema de  la República también puede crear, modificar o derogar precedentes vinculantescon el voto conforme de cuatro jueces supremos. La sentencia que lo establece  formula la regla jurídica en la que consiste el precedente, expresa el extremo de su  efecto normativo y, en el caso de su apartamiento, los fundamentos de hecho y de  derecho en que se sustenta. 15  Sobre el punto, refiere también Guastini  Sin embargo, en la literatura se encuentra también un concepto más estricto de  interpretación. Varios autores distinguen la interpretación propiamente dicha,  entendida como solución de dudas sobre el significado, de la (mera) comprensión.  Es decir, según esta definición, se interpreta solo cuando no se comprende, y en  cambio cuando se comprende no se interpreta (“in claris non fit interpretatio”). Cfr.,  e.g., Wróblewski, 1983 y 1989; Marmor, 1992; Diciotti, 1999; Lifante, 1999 y 2010.  Esta manera de ver (comprometida con una teoría ingenua de la interpretación)  suena problemática por varias razones. Entre otras, la siguiente: la comprensión  inmediata de un texto parece ser nada más que una forma de interpretación –la  interpretación prima facie– distinta, en cuanto tal, de otras formas (distinta, en  particular, de la interpretación “all things considered”). Cfr. Diciotti, 1999, cap. IV.  GUASTINI, Riccardo (2015). “Interpretación y construcción jurídica”. En Isonomía  Nº 43; pp. 11-48.  http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n43/n43a2.pdf 16  GUASTINI, Riccardo (2014). Interpretar y argumentar. Madrid, Centro de Estudios  Políticos y Constitucionales; p. 26. 17  Esta idea es asumida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 010-2002- AI/TC del tres de enero de dos mil tres, que señala:  6.2. La legitimidad de las sentencias interpretativas  34. La existencia de toda esta clase de sentencias del Tribunal Constitucional  es posible sólo si se tiene en cuenta que, entre “disposición” y “norma”, existen  diferencias (Riccardo Guastini, “Disposizione vs. norma”, en Giurisprudenza  Costituzionale, 1989, pág. 3 y ss.). En ese sentido, se debe subrayar que en todo  precepto legal se puede distinguir:  a) El texto o enunciado, es decir, el conjunto de palabras que integran un  determinado precepto legal (disposición); y,  b) El contenido normativo, o sea el significado o sentido de ella (norma). 18  GUASTINI, Riccardo (1999). Estudios sobre la teoría de la interpretación jurídica.  México DF, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; p. 11. 19  Por ejemplo, en enunciados del tipo “Tal disposición es ambigua de modo que  requiere interpretación”, la palabra “interpretación” denota evidentemente una  actividad (podría ser sustituida por el sintagma “actividad interpretativa”). Por  el contrario, en enunciados del tipo “De tal disposición el Tribunal de Casación  hace una interpretación restrictiva”, la misma palabra claramente denota no una  actividad, sino más bien su resultado, es decir, un significado. La “interpretación”  en cuanto actividad es un proceso mental. La “interpretación” en cuanto producto  de tal proceso es más bien un discurso. Las distinciones que siguen se refieren a  la interpretación en cuanto actividad o proceso.  Tarello citado por GUASTINI, “interpretación…” p.11.  Disponible  en:  <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1405-02182015000200002&lng=es&nrm=iso> 20  Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 05854-2005-PA/TC, del  ocho de noviembre de dos mil cinco.  §4.Principios de interpretación constitucional  12. Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe  reconocerse ‘también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No  obstante, la particular estructura normativa de sus disposiciones que, a diferencia  de la gran mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a la lógica  subsuntiva (supuesto normativo - subsunción del hecho - consecuencia), exige  que los métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios  clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico)  […] 21  Dentro de las técnicas interpretativas Guastini señala las siguientes:  I. Dos tipos fundamentales de interpretación  II. La interpretación declarativa  1. El argumento del lenguaje común  2. El argumento a contrario como argumento interpretativo  a) El argumento a contrario como argumento productor  b) El argumento a contrario y lagunas del derecho  III. La interpretación correctora en General  La argumentación de la interpretación correctora  La intención del Legislador  IV. La interpretación extensiva  1. El argumento a simili  2. El argumento a fortiori  V.La interpretación restrictiva  El argumento de la disociación  VI. Otras técnicas de interpretación correctora  La interpretación sistemática  La interpretación adecuadora  VII. Interpretación “histórica” e interpretación evolutiva  GUASTINI, “Estudios…”, p. 25 22  La Corte Constitucional Colombiana señala al respecto Sentencia C-054/16:  10. La Corte advierte, en este orden de ideas, que los métodos tradicionales de  interpretación son, al menos en su versión original del siglo XIX, funcionales a la  mencionada concepción de la actividad legislativa. Esto es así si se tiene en cuenta  que los mismos están basados en la supremacía de la actividad del legislador y la  mencionada inexistencia de parámetros superiores a la legislación.  En efecto, el método sistemático apela a encontrar el sentido de las disposiciones a  partir de la comparación con otras normas que pertenecen al orden jurídico legal y  que guardan relación con aquella. Lo mismo sucede con el método histórico, pues  este intenta buscar el significado de la legislación a través de sus antecedentes  y trabajos preparatorios. De igual manera, el método teológico o finalista sebasa en la identificación de los objetivos de la legislación, de manera que  resulta justifica una interpretación del precepto legal, cuando ese entendimiento  concuerda con tales propósitos. Por último, el método gramatical es el que está  más profundamente vinculado con la hipótesis de infalibilidad de ese legislador  soberano, pues supone que en ciertas ocasiones las normas tienen un sentido  único, que no requiere ser interpretado. […].  En suma, los métodos tradicionales de interpretación están basados en el  reconocimiento del carácter incuestionado de la actividad de producción normativa  a cargo del legislador, fundada a su vez en la titularidad de soberanía que el  adscribe el modelo contractualista clásico de justificación del poder político.  Esta justificación, como es sencillo observar, contrasta con los fundamentos del  constitucionalismo contemporáneo, que impone a la Carta Política y en particular  a los derechos fundamentales, como límite y parámetro obligatorio de la función  legislativa. 23  Refiere Guastini que “la comprensión inmediata de un texto parece ser nada  más que una forma de interpretación –la interpretación prima facie– distinta, en  cuanto tal, de otras formas (distinta, en particular, de la interpretación “all things  considered”).  GUASTINI, “interpretación…”, p. 12. 24  GUASTINI, Riccardo. (1999) Estudios sobre la interpretación jurídica. Ed.  Universidad Nacional Autonoma de Mexico. P. 25 25  GUASTINI, “Interpretación… “, p. 11  h t t p : / / w w w . s c i e l o . o r g . m x / s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ arttext&pid=S1405-02182015000200002 26  GUASTINI, “interpretación…”, p. 30  h t t p : / / w w w . s c i e l o . o r g . m x / s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ arttext&pid=S1405-02182015000200002 27  NORMA VIII: INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS  Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación  admitidos por el Derecho. En vía de interpretación no podrá crearse tributos,  establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la  ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no afecta lo señalado en el presente párrafo.  (Modificado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 1121, publicado el  dieciocho de julio de dos mil doce). 28  Código Tributario  NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD - RESERVA DE LA LEY Sólo por Ley o  por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: a) Crear, modificar  y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base  para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente  de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10; b)  Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios; c) Normar los procedimientos  jurisdiccionales, así como los administrativos en cuanto a derechos o garantías del  deudor tributario; d) Definir las infracciones y establecer sanciones; e) Establecer  privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria; y, f) Normar formas  de extinción de la obligación tributaria distintas a las establecidas en este Código.  Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir  sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de  su jurisdicción y con los límites que señala la Ley. Mediante Decreto Supremo  refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se regula las tarifas arancelarias. 29  33. El principio de legalidad en materia tributaria se traduce en el aforismo  nullum tributum sine lege, consistente en la imposibilidad de requerir el pago  de un tributo si una ley o norma de rango equivalente no lo tiene regulado. Este  principio cumple una función de garantía individual al fijar un límite a las posibles  intromisiones arbitrarias del Estado en los espacios de libertad de los ciudadanos,  y cumple también una función plural, toda vez que se garantiza la democracia  en los procedimientos de imposición y reparto de la carga tributaria, puesto  que su establecimiento corresponde a un órgano plural donde se encuentran  representados todos los sectores de la sociedad.  Así, conforme se establece en el artículo 74° de la Constitución, la reserva de  ley, es ante todo una cláusula de salvaguarda frente a la posible arbitrariedad del  Poder Ejecutivo en la imposición de tributos.  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 02835-2010-PA/ TC del trece de diciembre de dos mil once. 30  Refiere Guastini que  “Con la expresión “normas implícitas” me refiero a aquellas normas que no han  sido formuladas por autoridad normativa alguna: normas que no pueden ser  consideradas como significados (plausibles) o como implicaciones lógicas de  ninguna disposición normativa determinada. Por medio de la construcción de  normas implícitas los intérpretes llevan a cabo una actividad legislativa disimulada.  Y esto constituye la parte principal y más importante del trabajo de los juristas.”  GUASTINI, “interpretación…”, p. 36.  http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n43/n43a2.pdf 31  Estamos en condiciones de trazar un balance de las disquisiciones efectuadas.  La separación tajante entre la función del poder legislativo como creador de las  normas generales y el poder judicial como mero aplicador de esas normas resulta  insostenible. No por la crítica de Kelsen, es decir, no porque los jueces dicten  normas individuales que difícilmente puede considerarse como creación del  derecho, sino porque los jueces crean también normas generales. Esto ocurre no  sólo con los acuerdos plenarios de las cámaras de apelación o ciertas sentencias  del tribunal supremo. También los jueces ordinarios se ven obligados a crear  normas generales cuando se enfrentan con casos de lagunas o contradicciones  normativas y también en casos de lagunas axiológicas. (Como hemos visto, esto  último lo admite el mismo Kelsen.) Pero esta creación judicial de las normas  generales difiere en importantes aspectos de la creación legislativa.  […]  La creación judicial del derecho se produce tanto en los casos de lagunas  normativas como en los de conflictos de normas.BULYGIN, Eugenio (2003). “Los jueces ¿Crean derecho?”. En Isonomía Nº 18; pp.  7-25 32  Los argumentos analógicos requieren usualmente de la construcción de lagunas  normativas 33  Guastini señala que “se define una “laguna” en uno u otro de los modos siguientes:  a) en un sistema jurídico existe una laguna siempre que un determinado  comportamiento no este deónticamente calificado en modo alguno por una norma  jurídica perteneciente al sistema; o bien b) en un sistema jurídico existe una laguna  siempre que para un determinado supuesto de hecho no este prevista alguna  consecuencia jurídica por una norma perteneciente al Sistema.  Pero, sea cual sea la noción de norma que se prefiera adoptar, se puede estar de  acuerdo en que el sistema presenta una laguna siempre que un caso concreto no  pueda ser resuelto en algún modo sobre la base de normas preexistentes en el  sistema.  GUASTINI, Riccardo (1999). Antinomias y lagunas. México DF, en Jurídica Anuario  del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Nº 29; p. 446.  http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=jurid&n=29 34  DIEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio (1983). Sistema de derecho civil. Volumen  II. Madrid, Tecnos; p. 236. 35  En este mismo sentido, Osterling y Castillo Freire, señala que pago es el  cumplimiento de cualquier obligación de dar, de hacer o de no hacer”  CASTILLO FREYRE, Mario y OSTERLING PARODI, Felipe (2005). Tratado de  obligaciones. Tomo IV. Lima, Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica  del Perú; p. 180. 36  Ley del Impuesto a la Renta  Articulo 85.-  (…)  a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el  coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente  al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio.  En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el  coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos  correspondientes al ejercicio precedente al anterior.  De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior o, en su caso, en el  ejercicio precedente al anterior, los contribuyentes abonarán con carácter de pago  a cuenta las cuotas mensuales que se determinen de acuerdo con lo establecido  en el literal siguiente.  b) La cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los  ingresos netos obtenidos en el mismo mes. Los contribuyentes a que se refiere el  primer párrafo del presente artículo podrán optar por efectuar sus pagos a cuenta  mensuales o suspenderlos de acuerdo con lo siguiente:  (…) 37  Ver, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 061718-2013-PA/TC,  la Sentencia del Pleno 62/2022, entre otros. 38  Señala Gonzales Pérez:  a) La doctrina de los actos propios y el principio general de la buena fe  Que la norma conforme a la cual «a nadie es lícito venir contra sus propios actos»  tiene su fundamento y raíz en el principio general de Derecho que ordena proceder  de buena fe en la vida jurídica, parece incuestionable, como hace años puso de  manifiesto DIEZ-PICAZO y ha venido corroborando la doctrina posterior, La buena  fe implica un deber de comportamiento, que consiste en la necesidad de observar  en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever. Como dice una  sentencia de 22 de abril de 1967, «la buena fe que debe presidir el tráfico jurídico  en general y la seriedad del procedimiento administrativo, imponen que la doctrina  de los actos propios obliga al demandante a aceptar las consecuencias vinculantes  que se desprenden de sus propios actos voluntarios y perfectos jurídicamente  hablando, ya que aquella declaración de voluntad contiene un designio de alcance  jurídico indudable, manifestado explícitamente, tal como se desprende del texto  literal de la declaración, por lo que no es dable al actor desconocer, ahora, el efecto  jurídico que se desprende de aquel acto; y que, conforme con la doctrina sentada  en sentencias de esta Jurisdicción, como las del Tribunal Supremo de 5 de julio,  14 de noviembre y 27 de diciembre de 1963 y 19 de diciembre de 1964, no puede  prosperar el recurso, cuando el recurrente se produce contra sus propios actos».  GONZALES PÉREZ, Jesús (1983). Principio general de la buena fe en el derecho  administrativo. Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; p. 106.  En el caso Riggs vs. Palmer, la Corte Suprema de los Estados Unidos de  Norteamérica se pronunció en el siguiente sentido:  A nadie se le debe permitir beneficiarse de su propio fraude, o tomar ventaja de  su propio error, fundar cualquier demanda sobre su propia iniquidad, o adquirir  propiedad sobre la base de su propio crimen.  En este mismo sentido la Corte Constitucional Colombiana, considerando el  “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, como un principio de derecho ha  señalado lo siguiente en la Sentencia T-122/17  Una persona no es digna de ser oída ni menos pretender el reconocimiento de  un bien jurídico a partir de su conducta reprochable. Para la Corte, nadie puede  presentarse a la justicia para pedir la protección de los derechos bajo la conciencia  de que su comportamiento no está conforme al derecho y los fines que persigue la  misma norma. Este principio no tiene una formulación explícita en el ordenamiento  jurídico. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha hecho alusión a  su naturaleza de regla general del derecho, al derivarse de la aplicación de la  analogía iuris. Por ello, cuando el juez aplica dicha regla, se ha señalado que el  mismo no hace otra cosa que actuar con fundamento en la legislación C-2136204-26