CASACIÓN Nº 17248-2019 LAMBAYEQUE
MATERIA: Pago de beneficios sociales y otros PR Sumilla. El derecho al debido proceso establecido en el  inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú comprende, entre otros derechos, el de obtener una  resolución fundada en derecho y exige que las sentencias  expliquen en forma suficiente las razones de su fallo, en plena  concordancia con el inciso 5 del artículo 139 del citado texto  constitucional. Lima, veintiuno de julio de dos mil veintidós VISTA, la causa número diecisiete mil doscientos cuarenta y  ocho, guion dos mil diecinueve, guion LAMBAYEQUE, en  audiencia pública de la fecha y luego de efectuada la votación  con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIADEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto  por la parte demandante, Jaime Alberto Arosemena  Córdova, mediante escrito de fecha treinta de mayo de dos  mil diecinueve, de fojas (ciento ochenta y cuatro a ciento  ochenta y ocho) contra la sentencia de vista de fecha nueve  de mayo de dos mil diecinueve (fojas ciento sesenta y seis a  ciento ochenta y dos), que confirma la sentencia de primera  instancia de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho  (fojas ciento quince a ciento veintiocho) que declara fundada  en parte la demanda; en el proceso ordinario laboral seguido  contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sobre pago  de beneficios sociales y otros. CAUSAL DEL RECURSO:  Mediante resolución de fecha veintidós de marzo de dos mil  veintiuno (fojas sesenta y uno a sesenta y cuatro del cuaderno  de casación) esta Sala Suprema declaró procedente el  recurso interpuesto por la siguiente causal: i) Infracción  normativa del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú. Correspondiendo a esta Sala Suprema  emitir  pronunciamiento  de  fondo  al  respecto.  CONSIDERANDO: Primero. Antecedentes del caso a)  Demanda. Conforme se aprecia del escrito de demanda de  fecha doce de enero de dos mil diecisiete (fojas setenta y dos  a ochenta y cuatro) subsanada el veintinueve de marzo de  dos mil diecisiete (fojas ochenta y ocho) el demandante  solicita el pago de indemnización por conceptos de lucro  cesante daño emergente y daño moral por el periodo de  octubre de dos mil diez a septiembre de dos mil once,  asimismo solicita el pago del concepto de gratificación,  compensación por tiempo de servicios, función familiar riesgo  de vida ,salud ,escolaridad y paquete escolar y día del obrero  municipal ,escobita, de los periodos comprendidos entre el  mes de abril de dos mil siete hasta el mes de septiembre dos  mil diez, y de octubre del dos mil once a mayo del dos mil  doce, y por último se le consigne en planillas de  remuneraciones y en la boletas de pago su real fecha de  ingreso el día dieciséis de abril de dos mil siete, más pago de  intereses, costas y costos del proceso. b) Sentencia de  primera instancia. El Tercer Juzgado de Trabajo Transitorio  de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,  mediante sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil  dieciocho (fojas ciento quince a ciento veintiocho) declara  fundada en parte la demanda; en consecuencia, se ordena  que la demandada pague a favor del actor la suma de diez mil  doscientos doce con 50/100 soles (S/ 10 212.50) por lucro  cesante y daño moral. Ordenando además, a la entidad que  cumpla con depositar la suma dos mil seiscientos treinta y un  con 15/100 soles (S/ 2631.15) en la entidad bancaria  correspondiente, así como, cancelar al demandante la suma  de cuatro mil novecientos catorce soles con 78/100 soles  (S/4914.78) por concepto de gratificaciones legales. Y deberá  cumplir también con registrar en las planillas y boletas de  pago de remuneraciones del actor la fecha de ingreso desde  el dieciséis de abril de 2007. Declara fundada, en el extremo  del pago de intereses legales, que serán calculados en  ejecución de sentencia de conformidad con el Decreto Ley  número 25920. E infundado con respecto al pago por  concepto de daño emergente, al pago de las aportaciones  mensuales de ONP, infundado también, el pago por concepto  dejado de percibir por negociación colectiva celebrado entre  la Municipalidad de Chiclayo y el sindicato de obreros  municipales de los años dos mil siete a septiembre de dos mil  diez, y octubre de dos mil once a mayo dos mil doce. Fijando  como honorarios profesionales en suma de mil quinientos  00/100 soles (S/1500.00), más el 5% de este monto para el  Colegio de Abogados de Lambayeque, esto es, la suma de  setenta y cinco con 00/100 soles (S/75.00). c) Sentencia de  segunda instancia. El Colegiado de la Segunda Sala Laboral  de la mencionada Corte Superior, por sentencia de vista de  fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas ciento  quince a ciento veintiocho), la misma que confirmó la  sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte  la demanda; modificando el monto total a pagar al actor en la  suma total de veinte mil trescientos cuatro con 42/100 soles  (S/20 304.42); por concepto de lucro cesante la suma de diez  mil sesenta y cinco con 00/100 soles (S/ 10 065.00), por daño  moral la suma de dos mil con 00/100 soles (S/ 2000.00); como  compensación por tiempo de servicios el monto equivalente a  cinco mil ciento cincuenta y cuatro con 00/100 soles  (S/.5,154.00) y como gratificación legales la suma de tres mil  ochenta y cinco con 42/100 soles (S/.3,085.42). Confirmando  lo demás que la contiene. Segundo. Infracción de orden  procesal La causal denunciada está referida a la infracción  normativa del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú, norma constitucional que prescribe:  “Artículo 139°. - Principios de la Administración de Justicia  Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3.  La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.  Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicciónpredeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento  distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por  órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones  especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.”  El inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú  comprende un haz de garantías judiciales, siendo dos los  principales aspectos del mismo: el debido proceso sustantivo  que concibe al proceso como un instrumento o mecanismo  para controlar la razonabilidad de las leyes; y, el debido  proceso adjetivo o formal, que implica las garantías procesales  que aseguran los derechos fundamentales. Es decir que, en  el ámbito sustantivo, se refiere a la necesidad de que las  sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean  razonables; mientras que el ámbito adjetivo alude al  cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite y de  procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la  sentencia, entre los distintos elementos integrantes del  derecho al debido proceso se comprenden los siguientes: a)  derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural), b)  derecho a un juez independiente e imparcial, c) derecho a la  defensa y patrocinio por un abogado, d) derecho a la prueba,  e) derecho a una resolución debidamente motivada, f)  derecho a la impugnación, g) derecho a la instancia plural, y  h) derecho a no revivir procesos fenecidos. Tercero. El  Tribunal Constitucional en su sentencia de trece de octubre  de dos mil ocho, al resolver el Expediente número 00728- 2008-PHC/TC, caso Giuliana Llamoja, respecto a la debida  motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto  fundamento, ha expresado lo siguiente: “(…) Ya en sentencia  anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº 1480-2006- AA/ TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho  a la debida motivación de las resoluciones importa que los  jueces, al resolver las causas, expresen las razones o  justificaciones objetivas que los llevan a tomar una  determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no  sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino  de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite  del proceso”. De igual forma, en el séptimo fundamento de la  referida  sentencia  ha  señalado  que  el  contenido  constitucionalmente garantizado del derecho a la debida  motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado,  entre otros, por los supuestos siguientes: a) inexistencia de  motivación o motivación aparente, b) falta de motivación  interna del razonamiento, c) deficiencias en la motivación  externa: justificación de las premisas, d) motivación  insuficiente, e) motivación sustancialmente incongruente y f)  motivaciones cualificadas. Cuarto. A su turno, esta Sala  Suprema en la Casación número 15284-2018-CAJAMARCA,  de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en su fundamento  cuarto, ha establecido doctrina jurisprudencial con relación a  la infracción normativa denunciada y su configuración,  delimitando los supuestos en los que se infringe el derecho a  la debida motivación, estableciendo: Se considerará que  existe infracción normativa del numeral 3) del artículo 139° de  la Constitución Política del Estado, por falta de motivación o  motivación indebida de la sentencia o auto de vista, cuando la  resolución que se haya expedido adolezca de los defectos  siguientes: 1. Carezca de fundamentación jurídica. 2. Carezca  de fundamentos de hecho. 3. Carezca de logicidad. 4.  Carezca de congruencia. 5. Aplique indebidamente o  interprete erróneamente una norma de carácter procesal. 6.  Se fundamente en hechos falsos, pruebas inexistentes, leyes  supuestas o derogadas. 7. Se aparte de la Doctrina  Jurisprudencial de esta Sala Suprema, sin expresar  motivación alguna para dicho apartamiento. En todos los  supuestos indicados, esta Sala Suprema declarará la nulidad  de la sentencia o auto de vista, ordenando a la Sala Superior  emitir nueva resolución. Quinto. En ese sentido, el derecho a  la debida motivación de las resoluciones judiciales, reconocido  como principio de la administración de justicia por el inciso 5  del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, implica  que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que  pertenezcan, al emitir pronunciamiento poniendo fin a un  conflicto o a una incertidumbre jurídica, deben fundamentar  adecuadamente su decisión, pronunciándose sobre todos los  hechos  controvertidos,  expresando  y  justificando  objetivamente todas aquellas razones que los conducen a  adoptar determinada posición, aplicando la normativa  correspondiente al caso concreto; por lo tanto, habrá  motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista  fundamentación adecuada, suficiente y congruente entre lo  pedido y lo resuelto, entendiéndose por motivación suficiente  al mínimo exigible atendiendo a las razones de hecho o de  derecho indispensables para la justificación de la decisión  adoptada, aún si esta es breve o concisa. Sexto. Solución al  caso concreto La parte recurrente señala que, en las  sentencias de mérito, para declarar infundado el extremo de  su demanda que solicita el reintegro de los derechos vía pactocolectivo, no existe razonamiento alguno pertinente al extremo  de su demanda que fue declarado infundado, lo que vulnera  el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales,  porque los argumentos brindados en la sentencia de primera  instancia están indebidamente motivados, ya que no se  justifica con un mínimo de solvencia los fundamentos sobre  los cuales reposa su decisión, en relación a los fundamentos  de hecho que sustenten ese extremo de su demanda, así  también la sentencia de vista ignora y no se pronuncia sobre  los fundamentos de su recurso de apelación que involucran el  pago y reintegro de derechos obtenidos vía negociación  colectiva. La Superior Sala, en su sentencia de vista de fecha  nueve de mayo de dos mil diecinueve, obrante a fojas ciento  sesenta y seis a ciento ochenta y dos, ampara parcialmente lo  pretendido por el demandante, modificando el monto total a  pagar al actor en la suma total de veinte mil trescientos cuatro  con 42/100 soles (S/ 20 304.42); por concepto de lucro  cesante la suma de diez mil sesenta y cinco con 00/100 soles  (S/ 10 065.00), por daño moral la suma de dos mil con 00/100  soles (S/ 2 000.00); compensación por tiempo de servicios el  monto de cinco mil ciento cincuenta y cuatro con 00/100 soles  (S/ 5154.00) y por gratificación legales la suma de tres mil  ochenta y cinco con 42/100 soles (S/ 3085.42). Confirmando  la sentencia de primera instancia que declaró infundado  respecto al pago por concepto de daño emergente, al pago de  las aportaciones mensuales de ONP. También infundado con  respecto al pago por concepto dejado de percibir por  negociación colectiva celebrado entre la Municipalidad de  Chiclayo y el sindicato de obreros municipales de los años  dos mil siete – septiembre dos mil diez, y octubre de dos mil  once - mayo dos mil doce. De la revisión de la sentencia de  vista, se evidencia que el Colegiado Superior ha cumplido con  precisar las razones claras y precisas con relación a lo  planteado y discutido por las partes, toda vez que ha expuesto  las justificaciones fácticas y jurídicas que le permiten asumir  un criterio interpretativo en el que sustenta su ratio decidendi  y dan validez a su decisión. Ello es así, pues la Sala Superior  confirma la sentencia apelada concluyendo que el lucro  cesante no está constituido por toda la remuneración dejada  de percibir sino que dicho importe es referencial, teniéndose  en cuenta que el trabajador para obtener el lucro como  producto de su trabajo tiene que incurrir en determinados  gastos; cumpliendo de esta manera, con los requisitos  establecidos en el artículo 122 del Código Procesal Civil,  concordado con el artículo 31 de la Ley número 29497, Nueva  Ley Procesal del Trabajo. Séptimo. En este sentido, la  sentencia impugnada contiene el mínimo de motivación  exigible para asumir la decisión adoptada, pues lo objetivo es  que la decisión aparece justificada con argumentos concretos  y suficientes ceñidos estrictamente a lo aportado, mostrado y  debatido en el proceso, garantizando que el razonamiento  empleado guarde relación y sea congruente con el problema  que al juez correspondía resolver, al existir identidad jurídica  entre lo resuelto y las pretensiones planteadas. Por lo tanto,  se concluye que el Colegiado Superior no ha incurrido en vicio  alguno  que  atente  contra  las  garantías  procesales  constitucionales que comprende la normativa del inciso 3 del  artículo  139  de  la  Constitución  Política  del  Perú,  específicamente en su elemento integrante a la debida  motivación de las resoluciones judiciales; por lo que, la causal  invocada deviene en infundada. Por estas consideraciones y  de conformidad con lo establecido además por el artículo 41  de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo:  DECISIÓN Declararon INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto por la parte demandante, Jaime Alberto  Arosemena Córdova, mediante escrito de fecha treinta de  mayo de dos mil diecinueve, de fojas (ciento ochenta y cuatro  a ciento ochenta y ocho); en consecuencia, NO CASARON la  sentencia de vista de fecha nueve de mayo de dos mil  diecinueve (fojas ciento sesenta y seis a ciento ochenta y  dos). DISPUSIERON la publicación de la presente resolución  en el Diario Oficial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso  seguido contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo,  sobre pago de beneficios sociales y otros; interviniendo como  ponente el señor juez supremo Malca Guaylupo; y los  devolvieron. S.S. MALCA GUAYLUPO, PINARES SILVA DE  TORRE, ATO ALVARADO, LÉVANO VERGARA, CARLOS  CASAS C-2136194-291