CASACIÓN Nº 17460-2016 LIMA
Sumilla: No se produjo la infracción por indebida aplicación  de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en elExpediente Nº 03797-2006-PA/TC, dado que el Colegiado  Superior, cuando analizó la legalidad de la Resolución Nº  02832-8-2014, validó que el Tribunal Fiscal, al momento de  conocer la materia controvertida relativa a la notificación  conjunta, aplicara el criterio del Tribunal Constitucional recaído  en el Expediente Nº 03797-2006-PA/TC, que fuera publicado  con fecha uno de julio de dos mil siete, ya que su decisión se  realizó con anterioridad a que se emitiera la sentencia recaída  en el Expediente Nº 0005-2010-PA/TC. Lima, uno de julio de dos mil veintidós. QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.-VISTA: La causa número  diecisiete mil cuatrocientos sesenta, guion dos mil dieciséis,  Lima; con lo expuesto del dictamen del señor Fiscal Supremo  en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública  llevada a cabo en la fecha, y luego de efectuada la votación  con arreglo a ley; interviniendo como ponente el señor Juez  Supremo, Cartolin Pastor, con la adhesión de los señores  Jueces Supremos: Bustamante Zegarra, Barra Pineda y  Dávila Broncano; y, con el voto en minoría de los señores  Jueces Supremos Pariona Pastrana, Vinatea Medina y  Toledo Toribio; se emite la siguiente Sentencia:I. MATERIA  DEL RECURSO:Es materia de conocimiento de esta Sala  Suprema el recurso de casación de fecha doce de agosto de  dos mil dieciséis1, interpuesto por la Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en  adelante “Sunat”), contra la sentencia de vista de fecha  veintiséis de julio de dos mil dieciséis2, que revocó la  sentencia apelada de fecha treinta de junio de dos mil  quince3, que declaró fundada la demanda, en consecuencia,  nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 2832-8-2014 en el  extremo referido al impuesto general a las ventas de  diciembre de dos mil dos (2002), impuesto a la renta del  ejercicio dos mil dos (2002) y los pagos a cuenta del  impuesto a la renta de diciembre de dos mil tres (2003) y  febrero de dos mil cuatro (2004); y reformándola, declaró  infundada la demanda en todos sus extremos; en el proceso  seguido por la recurrente contra el Tribunal Fiscal y Servicios  de Modelos y Diseño Empresa Individual de Responsabilidad  Limitada (en adelante “Servicios de Modelos y Diseño”),  sobre  nulidad  de  resolución  administrativa.II.  ANTECEDENTES DEL PROCESO:De lo actuado en sede  judicial se desprende lo siguiente:1) Objeto de la pretensión  demandadaDe la revisión de autos se observa que por el  escrito de fecha catorce de mayo de dos mil catorce4 la  Sunat presentó demanda contencioso administrativa contra  el Tribunal Fiscal y la empresa Servicios de Modelos y  Diseño, solicitando, como pretensión principal, que se  declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  02832-8-2014, de fecha veintiséis de febrero de dos mil  catorce, mediante la cual se resolvió revocar la Resolución  de Intendencia Nº 023-020-0014784/SUNAT, que declaró  improcedente la solicitud de prescripción de la acción de la  Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda  tributaria contenida en las Órdenes de Pago N.os 023-001- 0835267,  023-001-0721221  y  023-001-0721222,  por  conceptos de impuesto a la renta del ejercicio dos mil dos  (2002) y pagos a cuenta del impuesto a la renta de diciembre  de dos mil tres (2003) y febrero de dos mil cuatro (2004);  asimismo, como pretensión accesoria a la pretensión  principal, que se ordene al Tribunal Fiscal emita nueva  resolución declarando válido el inicio del procedimiento de  cobranza coactiva y sus actos consecuentes, tome en  cuenta dichos actos como interruptorios y se computen para  el plazo prescriptorio, y en virtud a ello, declare improcedente  la solicitud de prescripción del contribuyente.Señaló como  argumentos que la resolución del Tribunal Fiscal impugnada  se encuentra incursa en vicio de nulidad, pues el órgano  administrativo no desarrolló argumento alguno con el cual  sustente por qué aplicó al caso la sentencia expedida por el  Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 3797- 2006, precisada mediante la sentencia emitida en el  Expediente Nº 0005-2010-PA/TC, y no su propio precedente  de observancia obligatoria contenido en la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 693-4-99 ni la sentencia emitida por el  Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 5106- 2005-PA/TC, resoluciones que sí eran aplicables al caso en  concreto, máxime si los hechos materia de controversia en  vía administrativa se suscitaron durante la vigencia de estas  últimas.Refirió que es evidente que el criterio aplicado por el  Tribunal Fiscal a través de la resolución que es materia de  cuestionamiento ha generado la inobservancia de lo  dispuesto en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución  Política; y en ese sentido, manifestó que la resolución  administrativa impugnada tiene un vicio de nulidad insalvablepor indebida motivación, toda vez que en esta no se no  explicó por qué se aplicó retroactivamente la STC Nº 3797- 2006-PA/TC, la cual fue precisada por el Tribunal  Constitucional mediante la regla que con carácter de doctrina  jurisprudencial vinculante está contenida en la STC Nº  00005-2010-PA/TC.2) Fundamentos de la sentencia de  primera instanciaMediante la sentencia contenida en la  resolución número nueve, de fecha treinta de junio de dos  mil quince5, el Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en  lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria  y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró  fundada la demanda, en consecuencia: a) Nula la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 2832-8-2014, que revocó  la Resolución de Intendencia Nº 023-020-0014784/SUNAT  en el extremo referido al impuesto general a las ventas de  diciembre de dos mil dos (2002), impuesto a la renta del  ejercicio dos mil dos (2002) y los pagos a cuenta del  impuesto a la renta de diciembre de dos mil tres (2003) y  febrero de dos mil cuatro (2004); b) válido el inicio del  proceso de cobranza coactiva y los actos consecuentes, y  que dichos actos se tomen en cuenta para la interrupción del  plazo prescriptorio de la deuda materia de autos; c)  improcedente la prescripción del impuesto a la renta del  ejercicio dos mil (2000).En principio, indicó que el Tribunal  Constitucional, en los fundamentos de la sentencia recaída  en el Expediente Nº 03797-2006-PA/TC, estableció como  criterio que la notificación conjunta de una orden de pago y  de su resolución de ejecución coactiva implica una  vulneración del debido procedimiento y del derecho de  defensa en sede administrativa; y que precisamente, con  base en ese argumento, el Tribunal Fiscal, al verificar que se  produjo la notificación conjunta tanto de los valores como de  las  respectivas  resoluciones  de  ejecución  coactiva,  consideró que se había vulnerado el debido procedimiento y  el derecho de defensa de la contribuyente. Al respecto,  sostuvo que atendiendo a la facultad de plena jurisdicción  que se le reconoce al juez en materia contencioso  administrativo, correspondía tener en cuenta que el Tribunal  Constitucional, a través de la sentencia recaída en el  Expediente Nº 00005-2010-PA/TC, ha establecido reglas  con carácter de precedente vinculante respecto a la  problemática de las notificaciones conjuntas de valores y  resoluciones de ejecución coactiva. Señaló que en el referido  precedente vinculante se determinó lo siguiente: “23. En tal  sentido queda claro que a partir de la publicación la sentencia  recaída en el Exp. N° 03797-2006-PA/TC en el diario oficial  El Peruano (1 de julio de 2007), resultaba ser de obligatorio  cumplimiento las precisiones respecto a la notificación por  separado de dichas resoluciones precisión que este  Colegiado ha establecido en materia de notificación conjunta  de resoluciones expedidas por la Administración, no siendo  aplicable por razones de temporalidad a la presente  demanda al tratarse de procedimientos cuyas resoluciones  han sido notificadas antes de la publicación de dicha  sentencia. 26. En relación a ello este Colegiado debe  precisar que con la precisión establecida de observancia  obligatoria a el Exp. 3797-2006-PA/TC no ha pretendido  revivir procedimientos fenecidos ni mucho menos premiar a  los contribuyentes que mantienen obligaciones antiguas y  cuantiosas con la SUNAT, así como tampoco puede legitimar  a aquellos profesionales del derecho que se dedican a  interponer sendos recursos administrativos con el solo fin de  que su cliente se vea beneficiado con una interpretación  parcial de las reglas que ordena el Tribunal Constitucional en  su jurisprudencia. Ante ello, se considera oportuno  establecer reglas en torno a la aplicación del criterio en  referencia respecto de la indebida notificación conjunta de  órdenes de pago y resoluciones de ejecución coactiva: a) La  regla de la nulidad de la notificación conjunta de la orden de  pago (OP) y la resolución de ejecución coactiva (REC)  implica la nulidad de la REC y no solamente afecta la  excepción de falta agotamiento de la vía previa, pues la  lesión del derecho de defensa tiene eficacia en el fondo del  proceso constitucional. Ante ello, será declarada fundada  la demanda en la que se alegue y pruebe dicha  notificación conjunta de resoluciones a partir del 1 de  julio de 2007. b) La regla de la nulidad de la notificación  conjunta de la OP y la REC resulta aplicable a los  procedimientos notificados a partir de la publicación de dicha  sentencia (ITAN) [entiéndase la STC N° 03797-2006-P A/ TC], esto es, a todas las notificaciones conjuntas, a partir del  1 de julio de 2007. Es decir, tal regla no puede ser aplicada  retroactivamente. En todo caso, si los órganos de la  Administración Tributaria hubiesen aplicado dicha regla a  procedimientos anteriores, deberá, a partir de la presente  sentencia, aplicarse los criterios debidamente interpretados  de este Tribunal, no habilitándose ningún procedimiento o  acto administrativo relativo a estos últimos casos”. En esesentido, expuso que en relación a las notificaciones  conjuntas de valores y resoluciones de ejecución coactiva, el  Tribunal Constitucional ha establecido reglas claras, siendo  una de ellas: “La regla de la nulidad de la notificación  conjunta de la OP y la REC resulta aplicable a los  procedimientos notificados a partir de la publicación de dicha  sentencia (ITAN) [entiéndase la STC N° 03797-2006-PA/ TC], esto es, a todas las notificaciones conjuntas, a partir del  1 de julio de 2007. Es decir, tal regla no puede ser aplicada  retroactivamente”. Por lo tanto, concluyó que teniendo en  cuenta que las notificaciones de los valores y de las  resoluciones de ejecución coactivas en el caso concreto se  produjeron con anterioridad al uno de julio del dos mil siete,  correspondía declarar la validez de la notificación conjunta  de la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 0230060208057  y la Orden de Pago Nº 023-001-0835267, efectuada el día  nueve de junio del dos mil cinco, así como de la Resolución  de Ejecución Coactiva Nº 0230060189817 y las Órdenes de  Pago N.os 023-001-0721221 y 023-001-0721222, efectuada  el día ocho de abril del dos mil cinco, es decir, antes del  uno de julio del dos mil siete.3) Fundamentos de la  sentencia de vistaAnte el recurso de apelación interpuesto  por el Tribunal Fiscal, la Sexta Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, a través de la sentencia número quince6, de fecha  veintiséis julio de dos mil dieciséis, revocó la sentencia  apelada que declaró fundada la demanda, y reformándola,  declaró infundada la demanda en todos sus extremos.Refirió  que el Tribunal Constitucional ha expresado en la sentencia  del cinco de marzo del dos mil siete, emitida en el Expediente  Nº 3797-2006-PA/TC, fundamento 2.2, a), lo siguiente: “(…)  Este Tribunal considera que aunque efectivamente en el  presente caso se trate de una deuda exigible de acuerdo con  la legislación tributaria, ello no implica que la Administración,  abusando de sus facultades, notifique en un mismo acto los  dos documentos de pago, puesto que el debido procedimiento  administrativo obliga a salvaguardar el interés general y, en  particular, los derechos constitucionales de los administrados  (…)”; y que posteriormente, mediante la sentencia del  veintinueve de enero del dos mil catorce, recaída en el  Expediente Nº 00005-2010-PA/TC, el mismo órgano  consideró oportuno establecer reglas en torno a la aplicación  del criterio en referencia, señalando así en el fundamento 26  b) que “La regla de la nulidad de la notificación conjunta de  la OP y la REC resulta aplicable a los procedimientos  notificados a partir de la publicación de dicha sentencia  (ITAN), esto es, a todas las notificaciones conjuntas, a partir  del uno de julio del dos mil siete. Es decir, tal regla no puede  ser aplicada retroactivamente. En todo caso, si los órganos  de la Administración Tributaria hubiesen aplicado dicha regla  a procedimientos anteriores, deberá, a partir de la presente  sentencia, aplicarse los criterios debidamente interpretados  de este Tribunal, no habilitándose ningún procedimiento o  acto administrativo relativo a estos últimos casos”. Ergo,  advirtió que es recién con la sentencia del veintinueve de  enero del dos mil catorce, recaída en el Expediente Nº  00005-2010-PA/TC, y publicada en el portal de la página  web del Tribunal Constitucional el día trece de marzo del dos  mil catorce, que se fijó la aludida regla de nulidad de la  notificación conjunta de la orden de pago y de la resolución  de ejecución coactiva, con vigencia o efectos a partir del uno  de julio del dos mil siete.Argumentó que resulta razonable  que el Tribunal Fiscal, en la resolución administrativa materia  de impugnación, al haber verificado de los actuados  administrativos que la Resolución de Ejecución Coactiva N.os  023-006-0208057 y la Orden de Pago Nº 023-001-0835267,  así como la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 023-006- 0189817 y las Órdenes de Pago N.os 023-001-0721221y  023-001-0721222, fueron notificadas el mismo día (nueve  de junio y ocho de abril del dos mil cinco), tal como consta en  los documentos denominados “Ficha de la REC”, y en los  cargos de notificación, concluyera que el procedimiento de  cobranza coactiva no se inició conforme a ley, por lo que  tanto la notificación de las referidas resoluciones de  ejecución coactiva como la de las demás actuaciones del  Ejecutor Coactivo no constituyen actos interruptorios del  plazo prescriptorio, a pesar de tratarse de actos ocurridos en  el ejercicio dos mil cinco, máxime si el propio Tribunal  Constitucional ha establecido de modo excepcional la  validez de aquellos procedimientos anteriores en los que se  hubiese aplicado dicha regla.Respecto de la prescripción,  expuso que conforme a los artículos 43, 44 y 45 del Código  Tributario y en el contexto del caso concreto, el cómputo del  plazo prescriptorio (de cuatro años) para el cobro de la  deuda tributaria correspondiente al impuesto a la renta del  ejercicio dos mil dos inició el uno de enero del dos mil cuatro,  mientras que en el caso de los pagos a cuenta del impuestoa la renta de los períodos diciembre del dos mil tres y febrero  del dos mil cuatro, inició el uno de enero del dos mil cinco,  plazos que se vieron interrumpidos el nueve de junio y el  ocho de abril del dos mil cinco, respectivamente, por la  notificación de las Órdenes de Pago N.os 023-001-0835267,  023-001-0721221  y  023-001-0721222,  iniciándose  el  cómputo de los nuevos plazos prescriptorios a partir del diez  de junio y nueve de abril del dos mil cinco, y venciendo el  diez de junio y el nueve de abril del dos mil nueve, con la  precisión de que no medió ningún acto de interrupción o de  suspensión de estos últimos plazos en referencia, pues el  procedimiento de cobranza coactiva respectivo fue declarado  nulo; en atención a ello, determinó que a la fecha en que la  contribuyente solicitó la prescripción de la deuda contenida  en los valores mencionados, esto es, el tres de septiembre  del dos mil doce (según formato de folios veinte del  expediente administrativo), ya había prescrito la acción de la  Administración Tributaria para exigir su pago; por lo tanto,  concluyó que carecía de sustento lo alegado por la entidad  demandante en su escrito postulatorio.III. RECURSO DE  CASACIÓN:Mediante la resolución de fecha quince de  febrero de dos mil diecisiete7, se declaró procedente el  recurso interpuesto por la Sunat, en mérito a las siguientes  causales:a) Infracción normativa por inaplicación del  inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú, concordante con el artículo 12 del Texto Único  Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así  como los incisos 3 y 4 del artículo 122, y el inciso 6 del  artículo 50 del Código Procesal CivilSeñala entre sus  argumentos que en los anotados dispositivos se establece  que toda resolución emitida por cualquier instancia judicial  debe encontrarse debidamente motivada, es decir, en los  considerandos debe manifestarse la razón que sustente la  decisión, la cual debe contar con los fundamentos de hecho  y de derecho que expliquen por qué se resolvió de tal o cual  manera. Alega que la Sala Superior aplicó en forma  retroactiva la sentencia recaída en el Expediente Nº 03797- 2006-PA/TC, sin embargo, no desarrolló las razones que le  conllevaron a dicha aplicación, ni expresó en lo mínimo por  qué no analizó el efecto normativo que tiene toda sentencia  del Tribunal Constitucional, lo cual denotaría una ausencia  absoluta de motivación. Sostiene, a su vez, que si bien el  Colegiado de Mérito estableció que recién con la sentencia  recaída en el Expediente Nº 00005-2010-PA/TC se sabe  desde cuándo es aplicable la sentencia del Expediente Nº  3797-2006-PA/TC, esa no es una razón jurídica que pueda  sustentar su decisión, con lo cual se demostraría una  motivación aparente.b) Infracción normativa por indebida  aplicación de la sentencia del Expediente Nº 3797-2006- PA/TC, pues el Colegiado Superior la aplicó de forma  retroactiva, vulnerando así su efecto normativoRefiere  que la sentencia recaída en el Expediente Nº 3797-2006-PA/ TC, publicada el uno de julio de dos mil siete, debió aplicarse  desde dicha fecha hacia adelante, ello bajo el sustento de  que una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional  tiene efecto normativo; sin embargo, según expone, la Sala  Superior la invocó para los hechos anteriores a su  publicación. Además, anota que en el inciso b) del  fundamento número 26 de la sentencia recaída en el  Expediente Nº 0005-2010-PA/TC, el Tribunal Constitucional  ha señalado que “[l]a regla de la nulidad de la notificación  conjunta de la Orden de Pago y la Resolución de Ejecución  Coactiva resulta aplicable a los procedimientos notificados a  partir de la publicación de dicha sentencia (ITAN), esto es, a  todas las notificaciones conjuntas a partir del 1 de julio de  2007. Es decir, que tal regla no puede ser aplicada  retroactivamente”, por lo que no ha creado algo nuevo, esto  es, no ha innovado una nueva forma de aplicar sus  sentencias, sino que solo ha expresado que por la misma  naturaleza de dichas sentencias estas deben ser aplicadas  desde la fecha de su publicación hacia adelante, tal como se  establece  en  el  artículo  81  del  Código  Procesal  Constitucional. Así, arguye que el órgano jurisdiccional debió  realizar una adecuada aplicación de la sentencia recaída en  el Expediente Nº 3797-2006-PA/TC, teniendo en cuenta su  carácter normativo, lo que conlleva a que su aplicación solo  puede ser posible desde su publicación.c) Inaplicación de  la sentencia del Expediente Nº 0005-2010-AP/TC, puesto  que la Sala Superior aplicó de forma retroactiva a la  sentencia del Expediente Nº 3797-2006-PA/TC, pese a  que en la sentencia inaplicada se establece que esta rige  desde la fecha de su publicación, esto es, a partir del  uno de julio de dos mil sieteExpone que con la inaplicación  de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el  Expediente Nº 0005-2010-PA/TC, la Sala Superior infringió  el último párrafo del artículo VI del Título Preliminar del  Código Procesal Constitucional. Afirma, en ese sentido, que  al momento de emitir la sentencia de vista, el órganojurisdiccional no aplicó la sentencia recaída en el Expediente  Nº 0005-2010-PA/TC, en la cual se establece expresamente  que la sentencia recaída en el Expediente Nº 3797-2006-PA/ TC es aplicable desde la fecha de su publicación; siendo así,  según expresa, pese a que el Colegiado de Mérito tenía  conocimiento de esta última, decidió hacer caso omiso y  aplicó de forma retroactiva la sentencia recaída en el  Expediente Nº 03797-2006-PA/TC.IV. DICTAMEN FISCAL  SUPREMO:El  Fiscal  Supremo  en  lo  contencioso  administrativo, mediante el Dictamen Nº 1757-2017-MP-FN- FSTCA8, opina que se declare infundado el recurso de  casación interpuesto contra la sentencia de vista.V.  CONSIDERACIONES:PRIMERO:  Del  recurso  de  casación1.1. El recurso de casación tiene como fines  esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho  objetivo al caso concreto y la unificación de la jurisprudencia  nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se  señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil.1.2.  Respecto a la causal de infracción normativa, según Rafael  de Pina: “El recurso de casación ha de fundarse en motivos  previamente señalados en la ley. Puede interponerse por  infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Los  motivos de casación por infracción de ley se refieren a la  violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso,  a la falta de congruencia de la resolución judicial con las  pretensiones deducidas por las partes, a la falta de  competencia etc.; los motivos de la casación por  quebrantamiento de forma afectan (…) a infracciones en el  procedimiento”9. En ese sentido, se entiende que la causal  de infracción normativa supone una violación a la ley, la que  puede presentarse en la forma o en el fondo10.1.3. De  acuerdo a ello, el recurso de casación es un medio  impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y  presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a  los “fines esenciales” para los cuales ha sido previsto, es  decir, la correcta aplicación e interpretación del derecho  objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la  Corte Suprema de Justicia, como se señala en el primer  párrafo del presente fundamento; siendo así, sus decisiones  en el sistema jurídico del país tienen efectos multiplicadores  y, a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el desarrollo de  la nación, de allí la importancia de aquellas.1.4. Por otro  lado, corresponde mencionar, de manera preliminar, que la  función nomofiláctica del recurso de casación garantiza que  los Tribunales  Supremos  sean  los  encargados  de  salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional al derecho  objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a normas  jurídicas materiales y procesales, procurando, conforme  menciona el artículo 384 del Código Procesal Civil, su  adecuada aplicación al caso concreto.SEGUNDO: Cuestión  fáctica asentada en sede judicialAl respecto, resulta  conveniente precisar que en sede casatoria no se evalúan  pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido  discutidos a nivel administrativo ni judicial, por lo que se  procede a señalar la situación fáctica que ha quedado  sentada durante el proceso, en torno de lo que será materia  de pronunciamiento:1) La Orden de Pago Nº 023-001- 0835267, emitida contra la empresa contribuyente Servicios  de Moldes y Diseño, por concepto de regularización de  impuesto a la renta del ejercicio dos mil dos, fue notificada  mediante acuse de recibo el día nueve de junio de dos  mil cinco11.2) Asimismo, tenemos que la Orden de Pago Nº  023-001-0721221, emitida contra la contribuyente, por  concepto de pagos a cuenta de impuesto a la renta de  diciembre de dos mil tres, fue notificada mediante acuse  de recibo el día ocho de abril de dos mil cinco12.3) De  igual manera, la Orden de Pago Nº 023-001-0721222,  emitida contra la contribuyente, por concepto de pagos a  cuenta de impuesto a la renta de febrero de dos mil cuatro,  fue notificada mediante acuse de recibo el día ocho de  abril de dos mil cinco13.4) Las Resoluciones de Ejecución  Coactiva N.os 0230060189817 y 02300660208057 fueron  notificadas los días ocho de abril y nueve de junio de  dos mil cinco14.5) La Resolución del Tribunal Constitucional  recaída en el Expediente Nº 03797-2006-PA/TC fue  publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha uno  de julio de dos mil siete.6) Por su parte, la Resolución del  Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0005- 2010-PA/TC fue publicada en la página web del Tribunal  Constitucional con fecha trece de marzo de dos mil  catorce.TERCERO: Cuestión en debateLa cuestión  controvertida consiste en determinar si el Tribunal Fiscal  aplicó debidamente la sentencia del Tribunal Constitucional  recaída en el Expediente Nº 03797-2006-PA/TC, en la cual  se ha analizado la acción de notificación conjunta de la  orden de pago con su resolución de ejecución coactiva. CUARTO:  Del  recurso  de  casación  materia  de  pronunciamientoEn el presente caso, el recurso decasación materia de análisis ha sido declarado procedente  en mérito a infracciones normativas de carácter procesal y  material; por lo tanto, se dilucidarán en primer término  aquellas infracciones referidas vicios de índole procesal,  dado que en caso las mismas resulten amparables,  acarrearían la nulidad de la resolución judicial impugnada e  impedirían,  consecuentemente,  la  emisión  de  un  pronunciamiento sobre las causales de carácter material. QUINTO: Respecto a la inaplicación del inciso 5 del artículo  139 de la Constitución Política del Estado, concordante con  el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica  del Poder Judicial, los incisos 3 y 4 del artículo 122 y el  inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil5.1. En el  inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política se  determina como principio de la función jurisdiccional:“La  motivación escrita de las resoluciones judiciales en  todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite,  con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos  de hecho en que se sustentan” (resaltado agregado).5.2. En  el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica  del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo Nº  017-93-JUS, se señala:“Todas las resoluciones, con  exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo  responsabilidad con expresión de los fundamentos en  que se sustenta. Esta decisión alcanza a los órganos  jurisdiccionales de segunda instancia que absuelve el grado,  en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la  resolución recurrida, no constituye motivación suficiente”  (énfasis añadido).5.3. Así también, en el inciso 3 del artículo  122 del Código Procesal Civil se establece que las  resoluciones contienen:“La mención sucesiva de los puntos  sobre los que versa la resolución con las consideraciones,  en orden numérico correlativo, de los fundamentos de  hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de  derecho con la cita de la norma o normas aplicables en  cada punto, según el mérito de lo actuado” (resaltado  agregado).5.4. Por su parte, el Tribunal Constitucional, en el  fundamento 4 de la sentencia recaída en el Expediente Nº  03433-2013-PA/TC, ha señalado sobre la debida motivación  y la incongruencia omisiva lo que se detalla:“(…) El derecho  a la debida motivación de las resoluciones importa pues  que los órganos judiciales expresen las razones o  justificaciones objetivas que la llevan a tomar una  determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden  y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente  y aplicable al caso, sino de los propios hechos  debidamente acreditados en el trámite del proceso.(…)  La motivación sustancialmente incongruente. El derecho  a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la  debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos  judiciales a resolver las pretensiones de las partes de  manera congruente con los términos en que vengan  planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que  supongan modificación o alteración del debate procesal  (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en  que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la  posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El  incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el  dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la  decisión del marco del debate judicial generando  indefensión, constituye vulneración del derecho a la  tutela judicial y también del derecho a la motivación de  la sentencia (incongruencia omisiva)” (subrayado y énfasis  añadido).5.5. De igual manera, en el fundamento 7 de la  sentencia recaída en el Expediente Nº 0728-2008-PHC/TC,  ha manifestado sobre la inexistencia de motivación o  motivación aparente lo siguiente:“(…) a) Inexistencia de  motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda  que se viola el derecho a una decisión debidamente  motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la  misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta  de las razones mínimas que sustentan la decisión o de  que no responde a las alegaciones de las partes del  proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento  formal al mandato, amparándose en frases sin ningún  sustento fáctico o jurídico (…)” (resaltado agregado).5.6.  En ese sentido, el derecho a la motivación de las resoluciones  judiciales garantiza que los jueces, cualquiera sea la  instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso lógico  que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando  que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga  con sujeción a la Constitución Política del Perú y a la ley,  pero también con la finalidad de facilitar un adecuado  ejercicio del derecho de defensa de los justiciables; y bajo  este contexto, el contenido esencial del derecho y  principio de motivación de las resoluciones judiciales se  respeta siempre que exista fundamentación jurídica,  congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por sí mismala resolución judicial exprese una suficiente justificación  de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o  se presente el supuesto de motivación por remisión15.5.7. En  el presente caso, la recurrente alega que la Sala Superior  aplicó de forma retroactiva la sentencia del Tribunal  Constitucional recaída en el Expediente Nº 3797-2006-PA/ TC sin haber desarrollado las razones que la conllevaron a  dicha aplicación; además, afirma que no expresó en lo  mínimo por qué no analizó el efecto normativo que tiene toda  sentencia del Tribunal Constitucional.5.8. Ante lo expuesto,  debe señalarse que de la revisión de la sentencia de vista se  observa que el Colegiado de Mérito expuso en torno de la  aplicación por parte del Tribunal Fiscal de la sentencia del  Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 3797- 2006-PA/TC, que es recién con la sentencia del Expediente  Nº 00005-2010-PA/TC, de fecha veintinueve de enero de  dos mil catorce y publicada en el portal de la página web del  Tribunal Constitucional el día trece de marzo de dos mil  catorce, que se fijó la regla de nulidad de notificación  conjunta de la orden de pago y de su resolución de ejecución  coactiva, con vigencia o efectos a partir del uno de julio de  dos mil siete; por lo que concluyó que el Tribunal Fiscal, en  su resolución administrativa de fecha veintiséis de febrero  de dos mil catorce (anterior al criterio contenido en la  sentencia recaída en el Expediente Nº 0005-2010-PA/TC), al  haber verificado la configuración de la notificación conjunta  de las órdenes de pago con sus respectivas resoluciones de  ejecución coactivas, aplicó debidamente la sentencia del  Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 3797- 2006-PA/TC, en la cual se manifestó lo siguiente: “(…) no  implica que la Administración abusando de sus facultades  notifique en un mismo acto los dos documentos de pago,  puesto que el debido procedimiento administrativo obliga a  salvaguardar el interés general y, en particular los derechos  constitucionales de los administrados (…)”. A partir de ello  se evidencia que la Sala Superior sí cumplió con exponer las  razones por las cuales aplicó la sentencia del Tribunal  Constitucional recaída en el Expediente Nº 3797-2006-PA/ TC a la presente controversia.5.9. Respecto del análisis a  que se refiere la accionante, en relación al efecto normativo  de tiene toda sentencia del Tribunal Constitucional,  corresponde indicar que aquel sí fue efectuado por el  Colegiado de Mérito dado que analizó y aplicó al presente  caso la referida sentencia, pues por mandato legal todos los  órganos  jurisdiccionales  ordinarios  y  tribunales  administrativos  se  encuentran  vinculados  a  las  interpretaciones y decisiones que realice el máximo  intérprete de la Constitución, no siendo necesario que  expongan su vinculación, en tanto constituye un supuesto  establecido en nuestro ordenamiento16 y de conocimiento  general.5.10. Asimismo, en la sentencia de vista se indicó  que en el presente caso se produjeron las notificaciones  conjuntas de las órdenes de pago con sus correspondientes  resoluciones de ejecución coactiva, lo cual implica una  notificación indebida, por lo que no constituían actos  interruptorios del plazo de prescripción; interpretación que  concilia con lo señalado por el Tribunal Constitucional en la  sentencia recaída en el Expediente Nº 03797-2006-PA/TC,  cuyo tenor establece que la Administración Tributaria abusa  de sus facultades cuando notifica en un mismo acto los dos  documentos de pago (orden de pago y su resolución de  ejecución coactiva), puesto que el debido procedimiento  administrativo obliga a salvaguardar el interés general y, en  particular, los derechos constitucionales del administrado.  De ello se colige que la decisión a la que arribó la Sala  Superior se adecúa a los hechos expuestos en el presente  caso (notificación conjunta de las órdenes de pago y de las  resoluciones de ejecución coactivas que daban inicio al  procedimiento de cobranza coactiva contra los referidos  valores) y a la norma y la jurisprudencia referente al mismo  (los artículos 43, 44 y 45 del Código Tributario, normas  referidas a la figura de la prescripción en materia tributaria, y  la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el  Expediente Nº 03797-2006-PA/TC), verificándose, por tanto,  que la decisión asumida proviene de las premisas que se  utilizaron en la fundamentación de la sentencia de vista;  motivo por el cual se concluye que en este caso se emitió un  fallo con una debida justificación interna y externa.5.11. De  igual manera, se advierte que en la sentencia impugnada se  hizo alusión al artículo 43 del Código Tributario en el cual se  establecen los plazos de prescripción, esto es, que la acción  de la Administración Tributaria para determinar la obligación  tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar  sanciones, prescribe a los cuatro años, y a los seis años  para quienes no hayan presentado la declaración respectiva,  entre otros; a su vez, se empleó el artículo 44 del Código  Tributario referido al cómputo de los plazos de prescripción,  en cuyo numeral 1 se establece que el término prescriptoriose computará desde el uno de enero del año siguiente a la  fecha en que vence el plazo para la presentación de la  declaración anual respectiva, y en su numeral 2, que el  término precriptorio se computará desde el uno de enero  siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible,  respecto de tributos que deban ser determinados por el  deudor tributario no comprendidos en el inciso anterior; así  también, se aplicó el artículo 45 del Código Tributario, por el  cual se regula la interrupción de los plazos de prescripción.  En torno de las premisas fácticas tenemos que las mismas  son la notificación conjunta de las Órdenes de Pago N.os  023-001-0835267, 023-001-0721221 y 023-001-0721222, y  las Resoluciones de Ejecución Coactiva N.os 023-006- 0208057 y 023-006-0189817; de ahí que el Colegiado de  Mérito determinó que no se produjeron hechos que  constituyeran actos interruptorios del plazo prescriptorio  pues se efectuaron las notificaciones conjuntas de la orden  de pago y la resolución de ejecución coactiva; y finalmente  concluyó que a la fecha en que la contribuyente Servicios de  Moldes y Diseño solicitó la prescripción de su deuda  tributaria contenida en los referidos valores, esto es, el día  tres de septiembre de dos mil doce, ya había prescrito la  acción de la Administración Tributaria para exigir su pago.  De todo ello se observa que la decisión a la que arribó la  Sala Superior se encuentra sustentada en las premisas  usadas en la justificación interna, las cuales fueron  corroboradas  por  el  órgano  jurisdiccional  en  su  fundamentación, en tanto expuso las normas y la  jurisprudencia constitucional aplicables al caso, así como los  hechos en los cuales basó su decisión; en ese sentido,  queda evidenciado que los argumentos que contiene la  sentencia  de  vista  responden  debidamente  los  cuestionamientos que hizo la demandante sobre la  resolución del Tribunal Fiscal.5.12. Por lo tanto, se concluye  que la Sala Superior cumplió con exponer las razones de  hecho y de derecho por las cuales emitió su decisión,  evidenciándose el razonamiento y proceso lógico utilizado  que la llevó a decidir la controversia, pues se expresó una  suficiente justificación de la decisión adoptada referida a los  efectos jurídicos de la notificación conjunta de valores con  su resolución de ejecución coactiva; en consecuencia,  corresponde declarar infundado el recurso de casación  interpuesto por la Sunat en este extremo.SEXTO:  Habiéndose desarrollado la causal referida a la debida  motivación, corresponderá analizar las denuncias en torno a  la aplicación indebida de la sentencia del Tribunal  Constitucional recaída en el Expediente Nº 3797-2006-AP/ TC, y a la inaplicación de la sentencia recaída en el  Expediente Nº 0005-2010-AP/TC, razón por la cual se  abordaran algunos conceptos necesarios para tal fin,  desarrollándose conjuntamente las mencionadas causales  casatorias.SÉPTIMO: De las sentencias emitidas por el  Tribunal Constitucional7.1. Nuestra Constitución Política, en  su artículo 201, determina que el Tribunal Constitucional es  el órgano de control de la Constitución; ello implica que este  órgano goza de una supremacía interpretativa, la cual estará  dirigida a salvaguardar el contenido de la Constitución, y  cuyo poder de control y defensa ocasionará que sus  decisiones sean acatadas por todos los Poderes del Estado,  buscando que prime la tutela de los derechos fundamentales,  la división de Poderes y, esencialmente, el principio de  supremacía constitucional.7.2. De otro lado, en la Primera  Disposición Final de la Ley Orgánica del Tribunal  Constitucional se prescribe que todos los jueces y  tribunales, al emitir sus pronunciamientos deben  sujetarse de forma vinculante a la jurisprudencia  expedida por el Tribunal Constitucional, ya sea en torno  al alcance de una ley, norma con rango de ley, reglamento u  otra norma. De la misma manera, en el artículo VI del Título  Preliminar del Código Procesal Constitucional se establece  que los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma  con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y  principios constitucionales, conforme a la interpretación de  las mismas que resulte de las resoluciones dictadas por el  Tribunal Constitucional; lo cual evidentemente implica que  tanto los jueces ordinarios como los tribunales  administrativos, al analizar una controversia traída a su  conocimiento, interpretarán y aplicarán las leyes o  reglamentos, conforme a la jurisprudencia y a la  interpretación  realizada  en  ella  por  el  Tribunal  Constitucional, lo cual constituye fuente de derecho. OCTAVO: Sobre la notificación conjunta de las órdenes de  pago y de las resoluciones de ejecución coactiva, en relación  con el derecho a la legalidad, seguridad jurídica y debido  procedimientob.1. En el artículo 78 del Texto Único Ordenado  del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº  135-99-EF (en adelante “Código Tributario”), se desarrolla  lo concerniente a la orden de pago, estableciéndose queeste es el acto en virtud del cual la Administración exige al  deudor la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad  de emitirse previamente la resolución de determinación, en  los casos siguientes:1) Por tributos autoliquidados por el  deudor tributario2) Por anticipos o pagos a cuenta, exigidos  de acuerdo a ley3) Por tributos derivados de errores  materiales de redacción o de cálculo en las declaraciones,  comunicaciones o documentos de pago. Para determinar el  monto de la Orden de Pago, la Administración Tributaria  considerará la base imponible del período, los saldos a favor  o créditos declarados en períodos anteriores y los pagos a  cuenta realizados en estos últimos. Para efectos de este  numeral, también se considerará el error originado por el  deudor tributario al consignar una tasa inexistente.4)  Tratándose de deudores tributarios que no declararon ni  determinaron su obligación o que habiendo declarado no  efectuaron la determinación de la misma, por uno o más  períodos tributarios, previo requerimiento para que realicen  la declaración y determinación omitidas y abonen los tributos  correspondientes, dentro de un término de tres días hábiles,  de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo  siguiente, sin perjuicio que la Administración Tributaria  pueda optar por practicarles una determinación de oficio.5)  Cuando la Administración Tributaria realice una verificación  de los libros y registros contables del deudor tributario y  encuentre tributos no pagados.b.2. Por su parte, el profesor  Rosendo Huamaní Cueva señala en torno de las órdenes de  pago, que constituyen actos emitidos por la autoridad  competente y constarán por escrito en un documento que,  en lo pertinente, cumplirá con los requisitos exigidos para la  resolución de determinación (deudor tributario, tributo y el  período al que corresponda, base imponible, tasa, cuantía  del tributo y sus intereses y fundamentos y disposiciones  que la amparen), salvo, evidentemente, por la naturaleza de  la orden de pago, los motivos determinantes del reparo u  observación; anotando que se trata de un acto distinto a la  resolución de determinación, pues para su emisión, además  de cumplir con lo anterior, no requiere de la realización de  un  procedimiento  de  fiscalización,  sino,  fundamentalmente,  de  la  simple  constatación  o  verificación de la existencia de la deuda impaga cierta,  por lo que no tiene como sustento reparo u observación  alguna17.b.3. Ahora, este valor, así como las demás  resoluciones que contengan un crédito a favor del Estado,  pueden ser materia de cobranza coactiva mediante el  procedimiento de ejecución coactiva, el cual se encuentra  debidamente regulado en el artículo 114 del Código  Tributario, cuyo tenor establece que la cobranza coactiva de  las deudas tributarias constituye la facultad de la cual goza  la Administración Tributaria, que se ejerce a través del  Ejecutor Coactivo, quien actuará en el procedimiento de  cobranza coactiva con la colaboración de los auxiliares  coactivos. Por su parte, en el artículo 115 del mismo cuerpo  normativo se regula que la deuda exigible dará lugar a las  acciones de coerción para su cobranza, considerándose  deuda exigible, entre otros, la que conste en orden de  pago notificada conforme a ley.b.4. Respecto de la  exigibilidad de las deudas tributarias, el mismo autor, citando  al profesor Danós Ordoñez, refiere que serán deudas  exigibles en cobranza coactiva aquellas deudas cuya  existencia está amparada por un acto administrativo  válido que determine el importe de lo debido y que haya  sido debidamente puesto en conocimiento del particular  para darle la posibilidad de proceder al pago voluntario  de la deuda o, en caso de disconformidad, para permitirle  la  impugnación  de  la  legalidad  de  dicho  acto  administrativo18.b.5. En ese sentido, a fin de iniciarse  debidamente el procedimiento de cobranza coactiva,  previamente el valor materia de cobranza deberá tener la  condición de exigible, esto es, que se haya producido la falta  de impugnación del acto administrativo emitido por la  Administración Tributaria, o que su impugnación se haya  realizado fuera del plazo legal; lo cual recién habilitará a la  Administración Tributaria a que inicie las acciones de  coerción tendientes a su cobranza, pero no antes pues  implicaría no solo la vulneración de la norma legal tributaria  que regula el inicio y trámite del referido procedimiento, sino  también del derecho a la seguridad jurídica del administrado,  en tanto que al desconocerse el ordenamiento jurídico  existente no podrá distinguir las consecuencias de sus  acciones o de sus omisiones, ni saber con toda claridad  posible a qué acciones atenerse por parte de la  Administración Tributaria.b.6. De la misma forma, se advierte  que también se transgrediría el principio de legalidad, pues  las autoridades administrativas deben actuar con respeto a  la Constitución, la ley y el derecho; en donde la Administración  está subordinada a la ley, por lo que exigir la legalidad en  sus actuaciones implica que sus decisiones deban sercompatibles con la ley, y no desconocerla, contradecirla o  infringirla, debiéndose guardar en todo momento una  relación de conformidad con todo el ordenamiento legal.b.7.  De igual manera, tenemos que se vulneraría el principio de  debido procedimiento, dado que el mismo otorga a los  administrados todos los derechos y garantías inherentes al  debido procedimiento administrativo, que comprende el  derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir  pruebas, y a obtener una decisión motivada y fundada en  derecho; cabe señalar que los administrados también gozan  del derecho a la no desviación del procedimiento  preestablecido. Es preciso anotar que aquí no solo se trata  del derecho a que la Administración siga el procedimiento ya  determinado en la norma, si no también que cuando esta  aplique un procedimiento administrativo, lo haga con el  objetivo de producir los resultados esperados y no otros.b.8.  Resulta necesario indicar que el requisito referido a la  exigibilidad del valor viene aparejado también con la  protección del derecho a la propiedad, derecho fundamental  reconocido en el numeral 16 del artículo 2 de nuestra  Constitución Política, pues un procedimiento de cobranza  coactiva destinado a cobrar un valor del cual no se tiene  certeza que constituye una deuda tributaria y sobre cuya  acreencia el Estado aún no tiene derecho, no puede ser  iniciado, ya que ello ocasionaría la confiscación del  patrimonio de los administrados, lo cual es contrario a los  principios constitucionales que rigen nuestro sistema  tributario, cuya máxima norma, en su artículo 74, proscribe  esa característica en los tributos.b.9. Consecuentemente,  bajo ninguna circunstancia corresponde que se valide el  inicio de un procedimiento de cobranza coactiva en el que se  pretenda realizar la cobranza de un valor que no tenga aún  la calidad de exigible, lo cual ocurre con su debida  notificación, y solo en el caso en que el administrado no lo  haya impugnado o lo haya realizado de forma extemporánea,  siendo que recién en ese momento el Estado, a través de la  Administración Tributaria, se encontrará facultado a accionar  todo su aparato coactivo, empleando para tal efecto todos  los recursos legales con el fin de lograr cobrar su  acreencia.b.10. Por lo tanto, se concluye, en este extremo,  que la notificación conjunta de un valor con la resolución que  inicia procedimiento de cobranza coactiva a fin de exigirse  su cumplimiento, resulta ilegal y totalmente arbitraria, puesto  que no se permite que el administrado impugne el valor  ejerciendo así su derecho a la defensa (derecho fundamental  reconocido en los artículo 10 y 11 de la Declaración Universal  de los Derechos Humanos y en el numeral 23 del artículo 2  de la Constitución Política), sino que coacciona su pago en  el mismo momento en que está conociendo el acto  administrativo sujeto a cobranza, sin otorgarle ninguna  oportunidad a que previamente analice su legitimidad, lo  cual es lo mínimo indispensable en un Estado Constitucional  de Derecho.NOVENO:  En torno del contenido de las  sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los  Expedientes N.os 03797-2006-PA/TC y 00005-2010-PA/ TCb.1. Con fecha cinco de marzo de dos mil siete se emitió  la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el  Expediente Nº 03797-2006-PA/TC (publicada en el diario  oficial “El Peruano” con fecha uno de julio de dos mil  siete), cuyo proceso inició a consecuencia del recurso de  agravio constitucional que presentó el Banco Wiese  Sudameris (hoy Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta)  contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la  Corte Superior de Justicia de Lima que declaró improcedente  la acción de amparo que interpusiera contra la Sunat, por la  cual solicitó lo siguiente: 1) Se declare inaplicable la Ley Nº  28424, que crea el impuesto temporal a los activos netos  (ITAN), y su respectivo reglamento; 2) se dejen sin efecto los  siguientes actos: a) la Orden de Pago Nº 011-001-0044526,  por concepto del ITAN, correspondiente al mes de mayo de  dos mil cinco, notificada el veinticuatro de junio de dos mil  cinco, y b) la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 011-006- 0019925, notificada el veinticuatro de junio de dos mil cinco,  con la que se dio inicio a la cobranza coactiva de la orden de  pago antes citada; y 3) se restituyan las cosas al estado en  que se encontraban antes de que se girara la citada orden  de pago, debiéndose abstener la Sunat de cobrar el monto  de los intereses devengados de dicho valor, así como  cualquier otra orden de pago emitida para el cobro del citado  tributo, y/o de compensar dicho impuesto con cualquier  acreencia que pudiera tener su empresa.b.2. En el  fundamento 2.2 de la referida resolución el Tribunal  Constitucional expuso que de los cargos de notificación de la  Orden de Pago Nº 011-001-0044526 y de la Resolución de  Ejecución Coactiva Nº 011-006-0019925 advirtió que fueron  notificadas simultáneamente a las once horas y cuarenta y  ocho minutos del veinticuatro de junio de dos mil cinco,  según aparece del sello del cargo del entonces BancoWiesse Sudameris. Ante ese hecho refirió que en los  artículos 114 y 115 del Código Tributario se establece el  procedimiento de cobranza coactiva como facultad de la  Administración Tributaria, y que es deuda exigible la que  conste en la orden de pago notificada con arreglo a ley; y  sostuvo que aunque efectivamente el caso que analizaba se  trate de una deuda exigible de acuerdo con la legislación  tributaria, ello no implica que la Administración,  abusando de sus facultades, notifique en un mismo acto  los dos documentos de pago, puesto que el debido  procedimiento administrativo obliga a salvaguardar el  interés  general  y,  en  particular,  los  derechos  constitucionales de los administrados.Señaló que la  intención de la demandada era confundir al juzgador  manifestando que luego de la presentación de la declaración  jurada del ITAN, de verificarse el incumplimiento en el pago,  la Sunat emitirá la orden de pago respectiva, las cuales  después de haber transcurrido el plazo para su  cancelación, recién son transferidas al área de cobranza  coactiva, y que el demandado contaría con un plazo de  siete días para cancelar la deuda; al respecto, el Tribunal  Constitucional manifestó que ello no hace referencia a que  es imposible que ese hecho se haya dado en el caso  concreto, en el cual ambos valores fueron notificados el  mismo día y a la misma hora, y que los siete días a los que  alude transcurren una vez iniciada la cobranza coactiva,  esto es, en la etapa de ejecución de la deuda impaga y bajo  apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse  la ejecución forzada de las mismas.b.3. Asimismo, en la  Resolución Aclaratoria N° 1 del Expediente Nº 03793-2006- AA/TC19 precisó lo siguiente: “En el Estado Constitucional la  actuación de la administración pública en general y de la  administración tributaria en particular no puede ser apreciada  únicamente con criterios de legalidad, sino también de  constitucionalidad; ésta y no solo el respeto a la Ley es lo  que otorga legitimidad a los actos de la administración  tributaria. En ese sentido, se aprecia que en el caso de autos  lo expuesto por este Tribunal, se debió a circunstancias muy  particulares en las que la administración, inclusive, hizo  afirmaciones inexactas con la finalidad de confundir al  juzgador. Por ello, debe hacerse hincapié en que la  demandada por lo menos deberá esperar a que la orden  de pago se haga exigible (artículos 106° y 115° del  Código Tributario) para proceder a notificar la Resolución  de Ejecución Coactiva. En adición a lo anterior, señalan  que debe hacerse referencia a que las limitaciones de  orden legal no pueden constituir motivación para  actuaciones arbitrarias y lesivas al contribuyente”.b.4.  De lo señalado se evidencia que el Tribunal Constitucional,  en su calidad de máximo intérprete de la Constitución,  analizó lo referente a la notificación conjunta de una orden  de pago y su resolución de ejecución coactiva, y concluyó  que esta acción constituye una muestra del abuso que  comete la Administración Tributaria, realizando acciones  arbitrarias y lesivas, lo cual implica la vulneración del  principio del debido procedimiento, del interés general y, por  ende, de los derechos constitucionales de los administrados.  A su vez, en torno del procedimiento de ejecución coactiva,  estableció que la Administración Tributaria debía esperar a  que la orden de pago se haga exigible para recién proceder  a iniciar el referido procedimiento.b.5. Respecto de la  sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el  Expediente Nº 0005-2010-PA/TC, tenemos que fue emitida  con fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, y  publicada en la página web del Tribunal Constitucional  el trece de marzo de dos mil catorce y en el diario oficial  “El Peruano” el veintitrés de mayo del mismo año. Esta  se expidió como consecuencia del recurso de agravio  constitucional interpuesto por doña Alejandrina Elizabeth  Medina de Zegarra, en representación de Unitronic Sociedad  Comercial de Responsabilidad Limitada, contra la resolución  expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de  Justicia de Arequipa que declaró improcedente la acción de  amparo formulada contra la Intendencia Regional de  Arequipa, el ejecutor y el auxiliar coactivo, con el objeto de  que  se  declare  nulo  el  Expediente  Coactivo  Nº  0530070140189 con todos sus valores y resoluciones  expedidas.b.6. En el fundamento número 22, el Tribunal  Constitucional refirió que no se ponía en tela de juicio ni en  discusión la exigibilidad de las órdenes de pago, sino que lo  que declaró inconstitucional, por atentatorio del debido  proceso y en particular del derecho de defensa, fue la  notificación conjunta de dos valores de distinta naturaleza.  Señaló que en la sentencia recaída en el Expediente Nº  3797-2006-AA/TC  precisó,  entre  otros,  que  aunque  efectivamente en el caso concreto se trate de una deuda  exigible de acuerdo con la legislación tributaria, ello no  implica que la Administración, abusando de sus facultades,notifique en un mismo acto los dos documentos de pago,  puesto que el debido procedimiento administrativo obliga a  salvaguardar el interés general y, en particular, los derechos  constitucionales de los administrados; asimismo, citó la  sentencia recaída en el Expediente Nº 00649-2002-AA/TC,  en lo referido al derecho a la defensa, subrayando para tal  efecto que este consiste en la facultad de toda persona de  contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo  en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo  cual implica, entre otras cosas, que sea informado con  anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra. En  mérito a ello, en el fundamento número 23 concluyó lo  siguiente: “(…) queda claro que a partir de la publicación de  la sentencia recaída en el Exp. Nº 03797-2006-PA/TC en el  diario oficial El Peruano (1 de julio de 2007), resultaba ser de  obligatorio cumplimiento las precisiones respecto a la  notificación por separado de dichas resoluciones precisión  que este Colegiado ha establecido en materia de notificación  conjunta de resoluciones expedidas por la Administración,  no siendo aplicable por razones de temporalidad a la  presente demanda al tratarse de procedimientos cuyas  resoluciones han sido notificadas antes de la publicación de  dicha sentencia”.Así también, estableció reglas en torno de  la aplicación del criterio en referencia respecto a la indebida  notificación conjunta de órdenes de pago y resoluciones de  ejecución coactiva, cuyo tenor es el que a continuación se  detalla:a) La regla de la nulidad de la notificación conjunta  de la orden de pago y la resolución de ejecución coactiva  implica la nulidad de esta última, y no solamente afecta la  excepción de falta de agotamiento de la vía previa, pues la  lesión del derecho de defensa tiene eficacia en el fondo del  proceso constitucional. Ante ello, será declarada fundada la  demanda en la que se alegue y pruebe dicha notificación  conjunta de resoluciones a partir del uno de julio de dos mil  siete.b) La regla de la nulidad de la notificación conjunta de  la orden de pago y la resolución de ejecución coactiva  resulta aplicable a los procedimientos notificados a partir de  la publicación de la sentencia del Expediente Nº 3797-2006- PA/TC (ITAN), esto es, a todas las notificaciones conjuntas,  a partir del uno de julio de dos mil siete; es decir, tal regla no  puede ser aplicada retroactivamente. En todo caso, si los  órganos de la Administración Tributaria hubiesen aplicado  dicha regla a procedimientos anteriores, deberá, a partir de  la sentencia del Expediente Nº 00005-2010-PA/TC, aplicarse  los  criterios  debidamente  interpretados  del Tribunal  Constitucional, no habilitándose ningún procedimiento o  acto administrativo relativo a estos últimos casos.c)  Respecto a la devolución y la compensación de lo recaudado  en  procedimientos  en  que  hayan  sido  notificadas  conjuntamente la orden de pago y la resolución de ejecución  coactiva, el Tribunal Constitucional estima que conforme a  los criterios de proporcionalidad y razonabilidad y al tener en  cuenta que se trataría de procedimientos recientes (a partir  del uno de julio de dos mil siete), se habilita la posibilidad de  solicitar la devolución u otros mecanismos de extinción de la  deuda tributaria, lo que deberá de hacerse de conformidad a  las normas del Código Tributario.b.7. De ello se evidencia  que el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia  recaída en el Expediente Nº 0005-2010-PA/TC, determinó  que el criterio establecido en la sentencia recaída en el  Expediente Nº 03797-2006-PA/TC, referido a la nulidad de la  notificación conjunta de la orden de pago y de la resolución  de ejecución coactiva, resulta aplicable a los procedimientos  notificados a partir de la publicación de dicha sentencia  (ITAN), esto es, a todas las notificaciones conjuntas a  partir del uno de julio de dos mil siete; precisando que tal  regla no puede ser aplicada retroactivamente, y que en todo  caso, si los órganos de la Administración Tributaria hubiesen  aplicado dicha regla a procedimientos anteriores, deberán, a  partir de la sentencia en comento (publicada en la página  web del Tribunal Constitucional con fecha trece de  marzo de dos mil catorce), aplicarse los criterios  debidamente  interpretados  por  el  mismo  Tribunal  Constitucional, no habilitándose ningún procedimiento o  acto administrativo relativo a estos últimos casos.b.8. Este  criterio referido a la temporalidad en la aplicación de la  nulidad de la notificación conjunta de la orden de pago y de  la resolución de ejecución coactiva, se dio a conocer con  fecha trece de marzo de dos mil catorce, a través de la  web del Tribunal Constitucional; por lo que será a partir de  ese momento, en que los órganos jurisdiccionales ordinarios,  así como los tribunales administrativos, se encontrarán  vinculados a aplicar este criterio de nulidad de notificaciones  conjuntas de órdenes de pago y de resoluciones de ejecución  coactivas, que se produzcan con posterioridad al uno de julio  de dos mil siete.b.9. Así también, cabe precisar que al  publicarse la sentencia del Tribunal Constitucional recaída  en el Expediente Nº 3797-2006-PA/TC, con fecha uno dejulio de dos mil siete, y no haberse precisado temporalidad  en su aplicación, la interpretación de la nulidad de la  notificación conjunta de orden de pago y de su  resolución de ejecución coactiva resultaba vinculante  para todos los órganos jurisdiccionales ordinarios y  tribunales  administrativos  desde  que  tomaron  conocimiento de la misma, esto es, desde el uno de julio  de dos mil siete, así como para todas las notificaciones  conjuntas que se hubieran realizado con anterioridad a dicha  fecha, siempre que aun sean materia de análisis por parte  de los tribunales administrativos u órganos jurisdiccionales;  en tanto que para el intérprete constitucional su realización  por parte de la Administración Tributaria constituye un abuso  de derecho, así como vulneración del debido procedimiento,  el interés general y los derechos constitucionales de los  administrados; hasta el trece de marzo de dos mil  catorce.b.10. En consecuencia, se concluye, en este  extremo, que en aquellos procedimientos tributarios que  conocieran los tribunales administrativos y jurisdiccionales  con anterioridad al trece de marzo de dos mil catorce, deberá  aplicarse el criterio asumido por el Tribunal Constitucional en  la resolución recaída en el Expediente Nº 03797-2006-PA/ TC, dado que en la misma no se precisó período de  temporalidad para su aplicación; y a partir del trece de marzo  de dos mil catorce solo se podrá aplicar la nulidad para  aquellas  notificaciones  conjuntas  efectuadas  con  posterioridad al uno de julio de dos mil siete.DÉCIMO:  Análisis del casod.1. En el presente caso, tenemos que la  Administración Tributaria formuló recurso de casación contra  la sentencia de vista de fecha veintiséis de julio de dos mil  dieciséis, que resolvió revocar la sentencia de primera  instancia que declaró fundada la demanda, y reformándola,  declaró infundada la demanda en todos sus extremos.  Argumenta, para tal efecto, que el Tribunal Constitucional,  en la sentencia recaída en el Expediente Nº 3797-2006-PA/ TC, no tenía la intención de aplicar su criterio de forma  retroactiva, sino que por el contrario, debía ser aplicada  hacia adelante, esto es, desde la fecha de su publicación; y  sostiene, en ese sentido, que la Sala Superior no aplicó la  sentencia recaída en el Expediente Nº 0005-2010-PA/TC, en  la cual se estableció expresamente que la sentencia recaída  en el Expediente Nº 3797-2006-PA/TC es aplicable desde la  fecha de su publicación, esto es, desde el uno de julio de dos  mil siete.d.2. Ante ello, corresponde señalar que los  procesos contencioso administrativos, conforme al artículo 1  del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que  Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado  por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, tienen por  finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las  actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho  administrativo, y la efectiva tutela de los derechos e intereses  de los administrados; ello implica que los órganos  jurisdiccionales se encuentran plenamente facultados a  analizar las decisiones de la Administración, corroborando  que las mismas se ajusten al ordenamiento jurídico vigente,  sirviendo a los intereses generales, y conforme a los fines  públicos, con lo cual se garantiza que los ciudadanos gocen  de una plena protección frente al ejercicio de las potestades  administrativas.d.3. En el presente caso, la Administración  Tributaria interpuso demanda contencioso administrativa  solicitando como pretensión la nulidad de la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 02832-8-2014, por la cual se resolvió,  entre otros, revocar la Resolución de Intendencia Nº 023- 020-0014784/SUNAT en el extremo referido al impuesto a la  renta del ejercicio dos mil dos y los pagos a cuenta del  impuesto a la renta de diciembre de dos mil tres y febrero de  dos mil cuatro, dado que las Órdenes de Pago Nº 023-001- 0835267,023-001-0721221  y  023-001-0721222,  correspondientes a las deudas por el impuesto a la renta del  ejercicio dos mil dos y los pagos a cuenta del impuesto a la  renta de diciembre de dos mil tres y febrero de dos mil  cuatro, respectivamente, y las Resoluciones de Ejecución  Coactivas N.os 023-006-020805720 y 023-006-018981721,  mediante las que se dio inicio a los procedimientos de  cobranza coactiva de las deudas indicadas, fueron  notificadas de forma conjunta. El Tribunal Fiscal, para la  expedición de la resolución administrativa que se impugna,  argumentó que a través de la resolución de fecha cinco de  septiembre de dos mil siete recaída en el Expediente Nº  03797-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional estableció  que la demandada (Sunat) por lo menos deberá esperar a  que la orden de pago se haga exigible para proceder a  notificar la resolución de ejecución coactiva. Asimismo, el  órgano administrativo citó la Primera Disposición Final de la  Ley Nº 28301 – Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,  que estipula que los jueces y tribunales interpretan y aplican  las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos  respectivos, según los preceptos y principios constitucionales,conforme con la interpretación que resulte de las  resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en  todo tipo de procesos; y concluyó que al haberse notificado  las resoluciones de ejecución coactiva conjuntamente con  sus valores materia de cobranzas, las primeras no surten  efecto y, por ende, no pueden ser tomadas en cuenta como  actos  interruptorios  del  cómputo  de  plazos  de  prescripción.d.4. De ello se colige que el Tribunal Fiscal, al  emitir la Resolución Nº 02832-8-2014 con fecha veintiséis de  febrero de dos mil catorce, tenía conocimiento del contenido  y análisis constitucional efectuado en la resolución recaída  en el Expediente Nº 03797-2006-PA/TC, por lo que emitió su  decisión conforme con esta última, lo cual se ajusta a  derecho, puesto que –como ya se ha expuesto– los  tribunales administrativos se encuentran vinculados en torno  de las interpretaciones y decisiones que emita el Tribunal  Constitucional en su condición de ente de control  constitucional, razón por la cual el Tribunal Fiscal se  encontraba obligado a aplicar la interpretación acorde con lo  señalado por aquel.d.5. Por lo tanto, observándose que la  Sala Superior revocó la sentencia de primera instancia que  declaró fundada la demanda, y reformándola, declaró  infundada la misma, al haber considerado que es recién con  la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el  Expediente Nº 0005-2010-PA/TC, publicada en el portal de  la página web del Tribunal Constitucional el trece de marzo  de dos mil catorce (con posterioridad a la resolución del  Tribunal Fiscal materia de cuestionamiento en este proceso),  que se fijó la aludida regla de nulidad de la notificación  conjunta de la orden de pago y de la resolución de ejecución  coactiva, con vigencia o efectos a partir del uno de julio de  dos mil siete, y que por tanto resultaba razonable que el  Tribunal Fiscal, en la Resolución Nº 02832-8-2014, emitida  con fecha veintiséis de febrero de dos mil catorce, al verificar  la acción de notificación conjunta de las órdenes de pago  con sus resoluciones de ejecución coactivas, aplicara el  criterio contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional  recaída en el Expediente Nº 03797-2006-PA/TC; se concluye  que resolvió conforme al ordenamiento existente pues aplicó  la sentencia constitucional que desarrollaba la acción de  notificación conjunta de orden de pago y de su resolución de  ejecución coactiva, y además, porque a la fecha en que el  órgano administrativo emitió su decisión aún el Tribunal  Constitucional no había publicado su criterio de temporalidad  en torno a dicha acción, motivo por el cual no era posible que  se le exigiera al Tribunal Fiscal aplicar una decisión sobre la  cual no era materialmente posible su conocimiento dado su  inexistencia.d.6. Cabe anotar que si bien en el literal b) del  fundamento 26 de la sentencia del Expediente Nº 0005- 2010-PA/TC se establece la regla de la nulidad de notificación  conjunta de la orden de pago y de la resolución de ejecución  coactiva a partir del uno de julio de dos mil siete, también se  determina que en todo caso, si los órganos de la  Administración Tributaria hubiesen aplicado dicha regla a  procedimientos anteriores deberán a partir de esta última  sentencia aplicarse los criterios debidamente interpretados  por el mismo Tribunal Constitucional; y se prescribe,  además, que no se habilita ningún procedimiento o acto  administrativo relativo a estos últimos casos; con lo cual se  entiende que el Tribunal Constitucional es consciente de que  entre el uno de julio de dos mil siete y el trece de marzo de  dos mil catorce se han podido resolver casos referidos al  acto de notificaciones conjuntas de órdenes de pago y sus  resoluciones de ejecución coactivas aplicándose el criterio  contenido en la sentencia recaída en el Expediente Nº  03797-2006-PA/TC; sin embargo, no se observa que dicho  órgano haya ordenado dejar sin efecto tales decisiones –en  tanto se encuentren aún en un proceso contencioso  administrativo o en un procedimiento administrativo–, sino  que cumple con precisar que en adelante se aplique el  criterio temporal.d.7. En consecuencia, no se produjo la  infracción por indebida aplicación de la sentencia del  Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03797- 2006-PA/TC, dado que el Colegiado Superior, cuando  analizó la legalidad de la Resolución Nº 02832-8-2014,  validó que el Tribunal Fiscal, al momento de conocer la  materia controvertida relativa a la notificación conjunta,  aplicara el criterio del Tribunal Constitucional recaído en el  Expediente Nº 03797-2006-PA/TC, que fuera publicado con  fecha uno de julio de dos mil siete, ya que su decisión se  realizó con anterioridad a que se emitiera la sentencia  recaída en el Expediente Nº 0005-2010-PA/TC; de la misma  manera, se advierte que la Sala de Mérito tampoco infringió  por inaplicación la sentencia del Tribunal Constitucional  recaída en el Expediente Nº 0005-2010-PA/TC, puesto que  al no haberse emitido con anterioridad a la expedición de la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02832-8-2014, no  correspondía su aplicación por este órgano administrativo.Por lo tanto, tampoco corresponde amparar en este extremo  el recurso de casación.VI. DECISIÓN:Por los fundamentos  expresados de conformidad con el dictamen del Fiscal  Supremo en lo contencioso administrativo, y en aplicación  de lo establecido en el artículo 397 del Código Procesal  Civil: declararon INFUNDADO el recurso de casación de  fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, interpuesto por la  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración  Tributaria;  en  consecuencia,  NO  CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución  número quince, de fecha veintiséis de julio de dos mil  dieciséis; y, ORDENARON la publicación de la presente  resolución en el diario oficial “El Peruano”, conforme a ley;  en el proceso seguido por la Superintendencia Nacional  de Aduanas y de Administración Tributaria contra el  Tribunal Fiscal y Servicios de Modelos y Diseño Empresa  Individual de Responsabilidad Limitada, sobre nulidad de  resolución administrativa.Notifíquese por Secretaria y  devuélvanse los actuados.SS.SS.CARTOLIN PASTOR,  BUSTAMANTE ZEGARRA, BARRA PINEDA, DÁVILA  BRONCANO.LA SECRETARIA DE LA QUINTA SALA DE  DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA  DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  REPÚBLICA CERTIFICA que el voto suscrito por los  señores  jueces  supremos  CARTOLIN  PASTOR,  BUSTAMANTE ZEGARRA Y BARRA PINEDA fue dejado  oportunamente en relatoría, en cumplimiento a lo establecido  en el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley  Orgánica del Poder Judicial, agregándose los referidos  votos  suscritos  a  la  presente  resolución.LOS  FUNDAMENTOS DEL VOTO EN MINORÍA DE LOS  SEÑORES JUECES SUPREMOS: PARIONA PASTRANA,  VINATEA  MEDINA  Y  TOLEDO  TORIBIO,  ES  EL  SIGUIENTE:I. MATERIA DEL RECURSO:Es materia de  conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación  de fecha doce de agosto de dos mil dieciséis22, interpuesto  por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria (en adelante “Sunat”), contra  la sentencia de vista de fecha veintiséis de julio de dos mil  dieciséis23, que revocó la sentencia apelada de fecha treinta  de junio de dos mil quince24, que declaró fundada la  demanda, en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal  Fiscal N° 2832-8-2014 en el extremo referido al impuesto  general a las ventas de diciembre de dos mil dos, impuesto  a la renta del ejercicio dos mil dos y los pagos a cuenta del  impuesto a la renta de diciembre de dos mil tres y febrero de  dos mil cuatro; y reformándola, declaró infundada la  demanda en todos sus extremos; en el proceso seguido por  la parte recurrente contra el Tribunal Fiscal y Servicios de  Moldes y Diseños Empresa Individual de Responsabilidad  Limitada (en adelante “Servicios de Moldes y Diseños”),  sobre  nulidad  de  resolución  administrativa.II.  ANTECEDENTES DEL PROCESO:De lo actuado en sede  judicial se desprende lo siguiente:1) Objeto de la pretensión  demandadaDe la revisión de autos se observa que por el  escrito de fecha catorce de mayo de dos mil catorce25 la  Sunat presentó demanda contencioso administrativa contra  el Tribunal Fiscal y la empresa Servicios de Moldes y  Diseños, solicitando, como pretensión principal, que se  declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N°  02832-8-2014, de fecha veintiséis de febrero de dos mil  catorce, mediante la cual se resolvió revocar la Resolución  de Intendencia N° 023-020-0014784/SUNAT, que declaró  improcedente la solicitud de prescripción de la acción de la  Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda  tributaria contenida en las Órdenes de Pago Nos 023-001- 0835267,  023-001-0721221  y  023-001-0721222,  por  conceptos de impuesto a la renta del ejercicio dos mil dos y  pagos a cuenta del impuesto a la renta de diciembre de dos  mil tres y febrero de dos mil cuatro; asimismo, como  pretensión accesoria a la pretensión principal, que se ordene  al Tribunal Fiscal emita nueva resolución declarando válido  el inicio del procedimiento de cobranza coactiva y sus actos  consecuentes, tome en cuenta dichos actos como  interruptorios y se computen para el plazo prescriptorio, y en  virtud a ello, declare improcedente la solicitud de prescripción  del contribuyente.Señaló como argumentos que la resolución  del Tribunal Fiscal impugnada se encuentra incursa en vicio  de nulidad, pues el órgano administrativo no desarrolló  argumento alguno con el cual sustente por qué aplicó al  caso la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional  recaída en el Expediente N° 3797-2006-PA/TC, precisada  mediante la sentencia emitida en el Expediente N° 00005- 2010-PA/TC, y no su propio precedente de observancia  obligatoria contenido en la Resolución del Tribunal Fiscal N°  693-4-99 ni la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional  recaída en el Expediente N° 5106-2005-PA/TC, resoluciones  que sí eran aplicables al caso en concreto, máxime si loshechos materia de controversia en vía administrativa se  suscitaron durante la vigencia de estas últimas.Refirió que  es evidente que el criterio aplicado por el Tribunal Fiscal a  través de la resolución que es materia de cuestionamiento  ha generado la inobservancia de lo dispuesto en el numeral  5 del artículo 139 de la Constitución Política; y en ese  sentido,  manifestó  que  la  resolución  administrativa  impugnada tiene un vicio de nulidad insalvable por indebida  motivación, toda vez que en esta no se explicó por qué se  aplicó retroactivamente la Sentencia N° 3797-2006-PA/TC,  la cual fue precisada por el Tribunal Constitucional mediante  la regla que con carácter de doctrina jurisprudencial  vinculante está contenida en la STC N° 00005-2010-PA/ TC.2) Fundamentos de la sentencia de primera  instanciaMediante la sentencia contenida en la resolución  número nueve, de fecha treinta de junio de dos mil quince26,  el Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y  Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró  fundada la demanda, en consecuencia: a) Nula la  Resolución del Tribunal Fiscal N° 02832-8-2014, que revocó  la Resolución de Intendencia N° 023-020-0014784/SUNAT  en el extremo referido al impuesto general a las ventas de  diciembre de dos mil dos (2002), impuesto a la renta del  ejercicio dos mil dos (2002) y los pagos a cuenta del  impuesto a la renta de diciembre de dos mil tres (2003) y  febrero de dos mil cuatro (2004); b) válido el inicio del  proceso de cobranza coactiva y los actos consecuentes, y  que dichos actos se tomen en cuenta para la interrupción del  plazo prescriptorio de la deuda materia de autos; c)  improcedente la prescripción del impuesto a la renta del  ejercicio dos mil (2000).En principio, indicó que el Tribunal  Constitucional, en los fundamentos de la sentencia recaída  en el Expediente N° 03797-2006-PA/TC, estableció como  criterio que la notificación conjunta de una orden de pago y  de su resolución de ejecución coactiva implica una  vulneración del debido procedimiento y del derecho de  defensa en sede administrativa; y que precisamente, con  base en ese argumento, el Tribunal Fiscal, al verificar que se  produjo la notificación conjunta tanto de los valores como de  las  respectivas  resoluciones  de  ejecución  coactiva,  consideró que se había vulnerado el debido procedimiento y  el derecho de defensa de la contribuyente. Al respecto,  sostuvo que atendiendo a la facultad de plena jurisdicción  que se le reconoce al juez en materia contencioso  administrativo, correspondía tener en cuenta que el Tribunal  Constitucional, a través de la sentencia recaída en el  Expediente N° 00005-2010-PA/TC, ha establecido reglas  con carácter de precedente vinculante respecto a la  problemática de las notificaciones conjuntas de valores y  resoluciones de ejecución coactiva. Señaló que en el referido  precedente vinculante se determinó lo siguiente: “23. En tal  sentido queda claro que a partir de la publicación la sentencia  recaída en el Exp. N° 03797-2006-PA/TC en el diario oficial  El Peruano (1 de julio de 2007), resultaba ser de obligatorio  cumplimiento las precisiones respecto a la notificación por  separado de dichas resoluciones precisión que este  Colegiado ha establecido en materia de notificación conjunta  de resoluciones expedidas por la Administración, no siendo  aplicable por razones de temporalidad a la presente  demanda al tratarse de procedimientos cuyas resoluciones  han sido notificadas antes de la publicación de dicha  sentencia. (…) 26. En relación a ello este Colegiado debe  precisar que con la precisión establecida de observancia  obligatoria a el Exp. 3797-2006-PA/TC no ha pretendido  revivir procedimientos fenecidos ni mucho menos premiar a  los contribuyentes que mantienen obligaciones antiguas y  cuantiosas con la SUNAT, así como tampoco puede legitimar  a aquellos profesionales del derecho que se dedican a  interponer sendos recursos administrativos con el solo fin de  que su cliente se vea beneficiado con una interpretación  parcial de las reglas que ordena el Tribunal Constitucional en  su jurisprudencia. Ante ello, se considera oportuno  establecer reglas en torno a la aplicación del criterio en  referencia respecto de la indebida notificación conjunta de  órdenes de pago y resoluciones de ejecución coactiva: a) La  regla de la nulidad de la notificación conjunta de la orden de  pago (OP) y la resolución de ejecución coactiva (REC)  implica la nulidad de la REC y no solamente afecta la  excepción de falta agotamiento de la vía previa, pues la  lesión del derecho de defensa tiene eficacia en el fondo del  proceso constitucional. Ante ello, será declarada fundada  la demanda en la que se alegue y pruebe dicha  notificación conjunta de resoluciones a partir del 1 de  julio de 2007. b) La regla de la nulidad de la notificación  conjunta de la OP y la REC resulta aplicable a los  procedimientos notificados a partir de la publicación de dicha  sentencia (ITAN) [entiéndase la STC N° 03797-2006-P A/TC], esto es, a todas las notificaciones conjuntas, a partir del  1 de julio de 2007. Es decir, tal regla no puede ser aplicada  retroactivamente. En todo caso, si los órganos de la  Administración Tributaria hubiesen aplicado dicha regla a  procedimientos anteriores, deberá, a partir de la presente  sentencia, aplicarse los criterios debidamente interpretados  de este Tribunal, no habilitándose ningún procedimiento o  acto administrativo relativo a estos últimos casos”.En ese  sentido, expuso que en relación a las notificaciones  conjuntas de valores y resoluciones de ejecución coactiva, el  Tribunal Constitucional ha establecido reglas claras, siendo  una de ellas: “La regla de la nulidad de la notificación  conjunta de la OP y la REC resulta aplicable a los  procedimientos notificados a partir de la publicación de dicha  sentencia (ITAN) [entiéndase la STC N° 03797-2006-PA/ TC], esto es, a todas las notificaciones conjuntas, a partir del  1 de julio de 2007. Es decir, tal regla no puede ser aplicada  retroactivamente”. Por lo tanto, concluyó que teniendo en  cuenta que las notificaciones de los valores y de las  resoluciones de ejecución coactivas en el caso concreto se  produjeron con anterioridad al uno de julio del dos mil siete,  correspondía declarar la validez de la notificación conjunta  de la Resolución de Ejecución Coactiva N° 0230060208057  y la Orden de Pago N° 023-001-0835267, efectuada el día  nueve de junio del dos mil cinco, así como de la Resolución  de Ejecución Coactiva N° 0230060189817 y las Órdenes de  Pago Nos 023-001-0721221 y 023-001-0721222, efectuada  el día ocho de abril del dos mil cinco, es decir, antes del  uno de julio del dos mil siete.3) Fundamentos de la  sentencia de vistaAnte el recurso de apelación interpuesto  por el Tribunal Fiscal, la Sexta Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, a través de la sentencia número quince27, de fecha  veintiséis julio de dos mil dieciséis, revocó la sentencia  apelada que declaró fundada la demanda, y reformándola,  declaró infundada la demanda en todos sus extremos.Refirió  que el Tribunal Constitucional ha expresado en la sentencia  del cinco de marzo del dos mil siete, emitida en el Expediente  N° 03797-2006-PA/TC, fundamento 2.2, a), lo siguiente:  “(…) Este Tribunal considera que aunque efectivamente en  el presente caso se trate de una deuda exigible de acuerdo  con la legislación tributaria, ello no implica que la  Administración, abusando de sus facultades, notifique en un  mismo acto los dos documentos de pago, puesto que el  debido procedimiento administrativo obliga a salvaguardar el  interés general y, en particular, los derechos constitucionales  de los administrados (…)”; y que posteriormente, mediante  la sentencia del veintinueve de enero del dos mil catorce,  recaída en el Expediente N° 00005-2010-PA/TC, el mismo  órgano consideró oportuno establecer reglas en torno a la  aplicación del criterio en referencia, señalando así en el  fundamento 26 b) que “La regla de la nulidad de la notificación  conjunta de la OP y la REC resulta aplicable a los  procedimientos notificados a partir de la publicación de dicha  sentencia (ITAN), esto es, a todas las notificaciones  conjuntas, a partir del 1 de julio de 2007. Es decir, tal regla  no puede ser aplicada retroactivamente. En todo caso, si los  órganos de la Administración Tributaria hubiesen aplicado  dicha regla a procedimientos anteriores, deberá, a partir de  la presente sentencia, aplicarse los criterios debidamente  interpretados de este Tribunal, no habilitándose ningún  procedimiento o acto administrativo relativo a estos últimos  casos”. Ergo, advirtió que es recién con la sentencia del  veintinueve de enero del dos mil catorce, recaída en el  Expediente N° 00005-2010-PA/TC, y publicada en el portal  de la página web del Tribunal Constitucional el día trece de  marzo del dos mil catorce, que se fijó la aludida regla de  nulidad de la notificación conjunta de la orden de pago y de  la resolución de ejecución coactiva, con vigencia o efectos a  partir del uno de julio del dos mil siete.Argumentó que resulta  razonable que el Tribunal Fiscal, en la resolución  administrativa materia de impugnación, al haber verificado  de los actuados administrativos que la Resolución de  Ejecución Coactiva Nos 023-006-020805728 y la Orden de  Pago N° 023-001-083526729, así como la Resolución de  Ejecución Coactiva N° 023-006-018981730 y las Órdenes de  Pago Nos 023-001-072122131 y 023-001-072122232, fueron  notificadas el mismo día (nueve de junio y ocho de abril del  dos mil cinco), tal como consta en los documentos  denominados “Ficha de la REC”, y en los cargos de  notificación, concluyera que el procedimiento de cobranza  coactiva no se inició conforme a ley, por lo que tanto la  notificación de las referidas resoluciones de ejecución  coactiva como la de las demás actuaciones del ejecutor  coactivo no constituyen actos interruptorios del plazo  prescriptorio, a pesar de tratarse de actos ocurridos en el  ejercicio dos mil cinco, máxime si el propio TribunalConstitucional ha establecido de modo excepcional la  validez de aquellos procedimientos anteriores en los que se  hubiese aplicado dicha regla.Respecto de la prescripción,  expuso que conforme a los artículos 43, 44 y 45 del Código  Tributario y en el contexto del caso concreto, el cómputo del  plazo prescriptorio (de cuatro años) para el cobro de la  deuda tributaria correspondiente al impuesto a la renta del  ejercicio dos mil dos inició el uno de enero del dos mil cuatro,  mientras que en el caso de los pagos a cuenta del impuesto  a la renta de los períodos diciembre del dos mil tres y febrero  del dos mil cuatro, inició el uno de enero del dos mil cinco,  plazos que se vieron interrumpidos el nueve de junio y el  ocho de abril del dos mil cinco, respectivamente, por la  notificación de las Órdenes de Pago Nos 023-001-0835267,  023-001-0721221  y  023-001-0721222,  iniciándose  el  cómputo de los nuevos plazos prescriptorios a partir del diez  de junio y nueve de abril del dos mil cinco, y venciendo el  diez de junio y el nueve de abril del dos mil nueve, con la  precisión de que no medió ningún acto de interrupción o de  suspensión de estos últimos plazos en referencia, pues el  procedimiento de cobranza coactiva respectivo fue declarado  nulo; en atención a ello, determinó que a la fecha en que la  contribuyente solicitó la prescripción de la deuda contenida  en los valores mencionados, esto es, el tres de septiembre  del dos mil doce (según formato de folios veinte del  expediente administrativo), ya había prescrito la acción de la  Administración Tributaria para exigir su pago; por lo tanto,  concluyó que carecía de sustento lo alegado por la entidad  demandante en su escrito postulatorio.III. RECURSO DE  CASACIÓN:Mediante la resolución de fecha quince de  febrero de dos mil diecisiete33, se declaró procedente el  recurso interpuesto por la Sunat, en mérito a las siguientes  causales:a) Infracción normativa por inaplicación del  inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú, concordante con el artículo 12 del Texto Único  Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así  como los incisos 3 y 4 del artículo 122, y el inciso 6 del  artículo 50 del Código Procesal Civil.Señala entre sus  argumentos que en los anotados dispositivos se establece  que toda resolución emitida por cualquier instancia judicial  debe encontrarse debidamente motivada, es decir, en los  considerandos debe manifestarse la razón que sustente la  decisión, la cual debe contar con los fundamentos de hecho  y de derecho que expliquen por qué se resolvió de tal  manera. Alega que la Sala Superior aplicó en forma  retroactiva la sentencia recaída en el Expediente N° 03797- 2006-PA/TC, sin embargo, no desarrolló las razones que le  conllevaron a dicha aplicación, ni expresó en lo mínimo por  qué no analizó el efecto normativo que tiene toda sentencia  del Tribunal Constitucional, lo cual denotaría una ausencia  absoluta de motivación. Sostiene, a su vez, que si bien el  Colegiado de Mérito estableció que recién con la sentencia  recaída en el Expediente N° 00005-2010-PA/TC se sabe  desde cuándo es aplicable la sentencia del Expediente N°  03797-2006-PA/TC, sin embargo, esa no es una razón  jurídica que pueda sustentar su decisión, con lo cual se  demostraría  una  motivación  aparente.b)  Infracción  normativa por indebida aplicación de la sentencia del  Expediente N° 03797-2006-PA/TC, pues el Colegiado  Superior la aplicó de forma retroactiva, vulnerando así  su efecto normativoRefiere que la sentencia recaída en el  Expediente N° 03797-2006-PA/TC, publicada el uno de julio  de dos mil siete, debió aplicarse desde dicha fecha hacia  adelante, ello bajo el sustento de que una sentencia emitida  por el Tribunal Constitucional tiene efecto normativo; sin  embargo, según expone, la Sala Superior la invocó para los  hechos anteriores a su publicación. Además, anota que en el  inciso b) del fundamento número 26 de la sentencia recaída  en el Expediente N° 00005-2010-PA/TC, el Tribunal  Constitucional ha señalado que “la regla de la nulidad de la  notificación conjunta de la OP [Orden de Pago] y la REC  [Resolución de Ejecución Coactiva] resulta aplicable a los  procedimientos notificados a partir de la publicación de dicha  sentencia (ITAN), esto es, a todas las notificaciones  conjuntas a partir del 1 de julio de 2007. Es decir, tal regla no  puede ser aplicada retroactivamente”, por lo que no ha  creado algo nuevo, esto es, no ha innovado una nueva  forma de aplicar sus sentencias, sino que solo ha expresado  que por la misma naturaleza de dichas sentencias estas  deben ser aplicadas desde la fecha de su publicación hacia  adelante, tal como se establece en el artículo 81 del Código  Procesal Constitucional. Así, arguye que el órgano  jurisdiccional debió realizar una adecuada aplicación de la  sentencia recaída en el Expediente N° 03797-2006-PA/TC,  teniendo en cuenta su carácter normativo, lo que conlleva a  que su aplicación solo puede ser posible desde su  publicación.c) Inaplicación de la sentencia del Expediente  N° 00005-2010-AP/TC, puesto que la Sala Superior aplicóde forma retroactiva a la sentencia del Expediente Nº  3797-2006-PA/TC, pese a que en la sentencia inaplicada  se establece que esta rige desde la fecha de su  publicación, esto es, a partir del uno de julio de dos mil  sieteExpone que con la inaplicación de la sentencia del  Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00005- 2010-PA/TC, la Sala Superior infringió el último párrafo del  artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal  Constitucional. Afirma, en ese sentido, que al momento de  emitir la sentencia de vista, el órgano jurisdiccional no aplicó  la sentencia recaída en el Expediente N° 00005-2010-PA/ TC, en la cual se establece expresamente que la sentencia  recaída en el Expediente N° 03797-2006-PA/TC es aplicable  desde la fecha de su publicación; siendo así, según expresa,  pese a que el Colegiado de Mérito tenía conocimiento de  esta última, decidió hacer caso omiso y aplicó de forma  retroactiva la sentencia recaída en el Expediente N° 03797- 2006-PA/TC.IV. DICTAMEN FISCAL SUPREMO:El Fiscal  Supremo en lo contencioso administrativo, mediante el  Dictamen N° 1757-2017-MP-FN-FSTCA34, opina que se  declare infundado el recurso de casación interpuesto contra  la sentencia de vista.V. CONSIDERACIONES:PRIMERO:  Según lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal  Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley número 29364, el  recurso de casación tiene por fines esenciales la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la  uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia (finalidad nomofiláctica y uniformizadora,  respectivamente); precisado en la Casación N° 4197-2007/ La Libertad35 y Casación N° 615-2008/Arequipa36; por tanto,  este Tribunal Supremo, sin constituirse en una tercera  instancia procesal, debe cumplir su deber de pronunciarse  acerca de los fundamentos del recurso, por las causales  declaradas procedentes.SEGUNDO: Se procede a señalar  la situación fáctica que ha quedado sentada durante el  proceso, en torno a lo que será materia de pronunciamiento:1)  La Orden de Pago N° 023-001-0835267, emitida contra la  empresa contribuyente Servicios de Moldes y Diseños, por  concepto de regularización de impuesto a la renta del  ejercicio 2002, fue notificada mediante acuse de recibo el  día nueve de junio de dos mil cinco37.2) Asimismo,  tenemos que la Orden de Pago N° 023-001-072122138,  emitida contra la contribuyente, por concepto de pagos a  cuenta de impuesto a la renta de diciembre 2003, fue  notificada mediante acuse de recibo el día ocho de abril  de dos mil cinco39.3) De igual manera, la Orden de Pago N°  023-001-0721222, emitida contra la contribuyente, por  concepto de pagos a cuenta de impuesto a la renta de  febrero 2004, fue notificada mediante acuse de recibo el  día ocho de abril de dos mil cinco40.4) Las Resoluciones  de Ejecución Coactiva N° 023-006-018981741 y 023-006- 020805742 fueron notificadas los días ocho de abril y  nueve de junio de dos mil cinco43.5) La Resolución del  Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03797- 2006-PA/TC fue publicada en el diario oficial “El Peruano”  con fecha uno de julio de dos mil siete.6) Por su parte, la  Resolución del Tribunal Constitucional recaída en el  Expediente N° 00005-2010-PA/TC fue publicada en la  página web del Tribunal Constitucional con fecha trece  de marzo de dos mil catorce y en el diario oficial “El  Peruano” con fecha veintitrés de mayo de dos mil  catorce.TERCERO: Habiéndose declarado procedente el  recurso por causales de infracción normativa material y  procesal, en primer término debe dilucidarse las causales de  infracción normativa procesal, por cuanto, en caso se  declare fundada por dicha causal, carecería de objeto emitir  pronunciamiento respecto de las otras causales de derecho  sustantivo.CUARTO: En atención a lo antes indicado, se  procede a absolver en principio la infracción procesal  invocada por la Sunat, infracción normativa del artículo  139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado,  artículo 122 e inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal  Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley  Orgánica del Poder Judicial; se aprecia en autos que la  Sala Superior ha cumplido con exponer los fundamentos  que le han servido de base para desestimar la demanda y se  ha pronunciado en función a los agravios expresados en el  recurso de apelación, de lo que se advierte que los  argumentos esbozados por la casante no pueden analizarse  a través de la presente causal, por tanto, al advertirse que el  Tribunal de Alzada ha cumplido con realizar un desarrollo  argumentativo en base a su razonamiento y juicio para emitir  su fallo revocatorio, no se advierte la infracción de los  citados preceptos normativos.QUINTO: De la revisión de la  sentencia de vista se observa que la Sala de mérito expuso  en torno de la aplicación por parte del Tribunal Fiscal de la  sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el  Expediente N° 03797-2006-PA/TC, que es recién con lasentencia del Expediente N° 00005-2010-PA/TC, de fecha  veintinueve de enero de dos mil catorce, que se fijó la regla  de nulidad de notificación conjunta de la orden de pago y de  su resolución de ejecución coactiva, con vigencia o efectos  a partir del uno de julio de dos mil siete; por lo que concluyó  que, el Tribunal Fiscal en su resolución administrativa de  fecha veintiséis de febrero de dos mil catorce al haber  verificado la configuración de la notificación conjunta de las  órdenes de pago con sus respectivas resoluciones de  ejecución coactivas, aplicó la sentencia del Tribunal  Constitucional recaída en el Expediente N° 03797-2006-PA/ TC, en la cual se manifestó lo siguiente: “(…) no implica que  la Administración, abusando de sus facultades, notifique en  un mismo acto los dos documentos de pago, puesto que el  debido procedimiento administrativo obliga a salvaguardar el  interés general y, en particular, los derechos constitucionales  de los administrados (…)”. A partir de ello se evidencia que  la Sala Superior sí cumplió con exponer las razones y su  criterio jurisdiccional en cuanto al principio de temporalidad,  por los cuales aplicó a la presente controversia, la sentencia  del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N°  03797-2006-PA/TC, por tanto, la citada infracción deviene  en infundada.SEXTO: Ahora bien, con relación a la  denuncia de inaplicación y aplicación indebida de las  sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los  Expedientes N° 03797-2006-PA/TC y 00005-2010-PA/TC,  la cual en esencia se encuentran referida al principio de  temporalidad;  debe  precisarse:b.1.  El  Tribunal  Constitucional en el Expediente N° 03797-2006-PA/TC  emitió la sentencia de fecha cinco de marzo de dos mil  siete44. En el fundamento 2.2 de la referida resolución, el  Tribunal Constitucional expuso que de los cargos de  notificación de la Orden de Pago N° 011-001-0044526 y de  la Resolución de Ejecución Coactiva N° 011-006-0019925 se  advirtió que fueron notificadas simultáneamente a las 11 h  48 min del 24 de junio de 2005, según aparece del sello del  cargo del entonces Banco Wiesse Sudameris. Ante ese  hecho refirió que en los artículos 114 y 115 del Código  Tributario se establece el procedimiento de cobranza  coactiva como facultad de la Administración Tributaria, y que  es deuda exigible la que conste en la orden de pago  notificada con arreglo a ley; y sostuvo que aunque  efectivamente el caso que analizaba se trate de una deuda  exigible de acuerdo con la legislación tributaria, ello no  implica que la Administración, abusando de sus facultades,  notifique en un mismo acto los dos documentos de pago,  puesto que el debido procedimiento administrativo obliga a  salvaguardar el interés general y, en particular, los derechos  constitucionales de los administrados.b.2. Asimismo, el  Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00005-2010- PA/TC, emitió la sentencia de fecha veintinueve de enero de  dos mil catorce45 en que se estableció como doctrina  jurisprudencial vinculante los fundamentos 8, 9, 10, 12, 13,  14, 23, 26, 33, 34 y 35. En el fundamento número 22 de  dicha sentencia se refirió que no se ponía en tela de juicio ni  en discusión la exigibilidad de las órdenes de pago, sino que  lo que se declaró inconstitucional, por atentatorio del debido  proceso y en particular del derecho de defensa, fue la  notificación conjunta de dos valores de distinta naturaleza.  Señaló que en la sentencia recaída en el Expediente N°  03797-2006-PA/TC precisó, entre otros, que aunque  efectivamente en el caso concreto se trate de una deuda  exigible de acuerdo con la legislación tributaria, ello no  implica que la Administración, abusando de sus facultades,  notifique en un mismo acto los dos documentos de pago,  puesto que el debido procedimiento administrativo obliga a  salvaguardar el interés general y, en particular, los derechos  constitucionales de los administrados; En mérito a ello, en el  fundamento número 23 concluyó lo siguiente: “(…) queda  claro que a partir de la publicación de la sentencia  recaída en el Exp. Nº 03797-2006-PA/TC en el diario  oficial El Peruano (1 de julio de 2007), resultaba ser de  obligatorio cumplimiento las precisiones respecto a la  notificación por separado de dichas resoluciones  precisión que este Colegiado ha establecido en materia  de notificación conjunta de resoluciones expedidas por  la Administración, no siendo aplicable por razones de  temporalidad a la presente demanda al tratarse de  procedimientos cuyas resoluciones han sido notificadas  antes de la publicación de dicha sentencia”. (Resaltado  nuestro).Así también, en el fundamento 26, estableció reglas  en torno de la aplicación del criterio en referencia respecto a  la indebida notificación conjunta de órdenes de pago y  resoluciones de ejecución coactiva, cuyo tenor es el que a  continuación se detalla:a) La regla de la nulidad de la  notificación conjunta de la orden de pago y la resolución de  ejecución coactiva implica la nulidad de esta última, y no  solamente afecta la excepción de falta de agotamiento de lavía previa, pues la lesión del derecho de defensa tiene  eficacia en el fondo del proceso constitucional. Ante ello,  será declarada fundada la demanda en la que se alegue y  pruebe dicha notificación conjunta de resoluciones a partir  del uno de julio de dos mil siete.b) La regla de la nulidad  de la notificación conjunta de la orden de pago y la resolución  de ejecución coactiva resulta aplicable a los procedimientos  notificados a partir de la publicación de la sentencia del  Expediente N° 03797-2006-PA/TC (ITAN), esto es, a todas  las notificaciones conjuntas, a partir del uno de julio de dos  mil siete; es decir, tal regla no puede ser aplicada  retroactivamente. En todo caso, si los órganos de la  Administración Tributaria hubiesen aplicado dicha regla a  procedimientos anteriores, deberá, a partir de la sentencia  del Expediente N° 00005-2010-PA/TC, aplicarse los criterios  debidamente interpretados del Tribunal Constitucional, no  habilitándose ningún procedimiento o acto administrativo  relativo a estos últimos casos.b.3. De ello se evidencia que  el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia recaída  en  el  Expediente  N°  00005-2010-PA/TC  (Doctrina  Jurisprudencial Vinculante), determinó que el criterio  establecido en la sentencia recaída en el Expediente N°  03797-2006-PA/TC, referido a la nulidad de la notificación  conjunta de la orden de pago y de la resolución de ejecución  coactiva (misma controversia que en el presente caso),  resulta aplicable a los procedimientos notificados a partir  de la publicación de dicha sentencia, esto es, a todas las  notificaciones conjuntas de orden de pago y resolución  de ejecución coactiva a partir del uno de julio de dos mil  siete; precisando que tal regla no puede ser aplicada  retroactivamente.b.4. En ese sentido, se tiene que, la  Administración Tributaria interpuso demanda contencioso  administrativa solicitando como pretensión la nulidad de la  Resolución del Tribunal Fiscal N° 02832-8-2014, por la cual  se resolvió, entre otros, revocar la Resolución de Intendencia  N° 023-020-0014784/SUNAT en el extremo referido al  impuesto a la renta del ejercicio dos mil dos y los pagos a  cuenta del impuesto a la renta de diciembre de dos mil tres y  febrero de dos mil cuatro, dado que las Órdenes de Pago Nos  023-001-0835267, 023-001-0721221 y 023-001-0721222,  correspondientes a las deudas por el impuesto a la renta del  ejercicio dos mil dos y los pagos a cuenta del impuesto a la  renta de diciembre de dos mil tres y febrero de dos mil  cuatro, respectivamente, y las Resoluciones de Ejecución  Coactivas N° 023-006-020805746 y 023-006-018981747,  mediante las que se dio inicio a los procedimientos de  cobranza coactiva de las deudas indicadas, fueron  notificadas de forma conjunta. El Tribunal Fiscal, para la  expedición de la resolución administrativa que se impugna,  argumentó que a través de la resolución de fecha cinco de  marzo de dos mil siete recaída en el Expediente N° 03797- 2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional estableció que la  demandada (Sunat) por lo menos deberá esperar a que la  orden de pago se haga exigible para proceder a notificar la  resolución de ejecución coactiva. Asimismo, el órgano  administrativo citó la Primera Disposición Final de la Ley N°  28301 – Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que  estipula que los jueces y tribunales interpretan y aplican las  leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos  respectivos, según los preceptos y principios constitucionales,  conforme con la interpretación que resulte de las resoluciones  dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de  procesos; y concluyó que al haberse notificado las  resoluciones de ejecución coactiva conjuntamente con sus  valores materia de cobranzas, las primeras no surten efecto  y, por ende, no pueden ser tomadas en cuenta como actos  interruptorios del cómputo de los plazos de prescripción de  la acción.b.5. De ello se colige que el Tribunal Fiscal, al  emitir la Resolución N° 02832-8-2014 con fecha veintiséis de  febrero de dos mil catorce, se sustentó en el contenido y  análisis constitucional efectuado respecto a la resolución  recaída en el Expediente N° 03797-2006-PA/TC, sin tener  en cuenta que dicha sentencia fue publicada en el diario  oficial “El Peruano” con fecha uno de julio de dos mil siete,  esto es, con posterioridad a la notificación conjunta de las  órdenes de pago y las resoluciones de ejecución coactiva,  ocurridas con fechas ocho de abril y nueve de junio de dos  mil cinco48, con lo que se ha hecho una aplicación retroactiva  del criterio esgrimido en la referida sentencia constitucional,  lo cual se encuentra proscrito en nuestro ordenamiento  jurídico conforme al artículo 103 de la Constitución Política  del Estado49, la cual resulta aplicable al caso de autos por  analogía, considerando que es a partir del día siguiente de la  publicación en el diario oficial “El Peruano”, que recién cobra  vigencia la sentencia para aquellos que no son parte en  dicho proceso, tanto más, si se tiene en cuenta que el  Tribunal Constitucional en el expediente N° 00005-2010-PA/ TC de fecha veintinueve de enero de dos mil catorce(Doctrina Jurisprudencial Vinculante), en la que se hace  explícita referencia y precisión de que la sentencia recaída  en el expediente N° 03797-2006-PA/TC no ha pretendido  revivir procedimientos fenecidos ni mucho menos premiar a  los contribuyentes que mantienen obligaciones antiguas y  cuantiosas con la Sunat, así como tampoco legitimar a  aquellos profesionales del derecho que se dedican a  interponer sendos recursos administrativos con el solo fin de  que su cliente se vea beneficiado con una interpretación  parcial de las reglas que ordene el Tribunal Constitucional en  su jurisprudencia. Es en ese sentido, precisó que la regla de  la nulidad de la notificación conjunta de la OP (orden de  pago) y la REC (resolución de ejecución coactiva) resulta  aplicable a los procedimientos notificados a partir de la  publicación de dicha sentencia, esto es, a todas las  notificaciones conjuntas, a partir del uno de julio de dos mil  siete. Es decir, tal regla no puede ser aplicada  retroactivamente50.b.6.  CON  RELACIÓN  AL  PLAZO  PRESCRIPTORIO:En tal sentido, teniendo en cuenta que  las notificaciones de las órdenes de pago y las resoluciones  de ejecución coactivas en el presente caso se produjeron en  el año dos mil cinco, esto es, con anterioridad al uno de julio  del dos mil siete, lo que corresponde es declarar la validez  de la notificación conjunta de la Orden de Pago N° 023-001- 0835267 y la Resolución de Ejecución Coactiva N° 023-006- 0208057, notificadas el día nueve de Junio del dos mil cinco;  y la Orden de Pago N° 023-001-0721221, N° 023-001- 0721222 y la Resolución de Ejecución Coactiva N° 023-006- 0189817 notificadas el día ocho de abril del dos mil cinco; es  decir, antes del uno de julio de dos mil siete (lo que se  condice con la regla establecida con calidad de Doctrina  Jurisprudencial Vinculante en la sentencia recaída en el  Expediente N° 00005-2010-PA/TC). En consecuencia no  resulta conforme al ordenamiento, y específicamente a las  reglas establecidas por el Tribunal Constitucional, la decisión  y el fundamento de la resolución del Tribunal Fiscal N°  02832-8-2014 que declaró nulas las notificaciones conjuntas  de los valores y resoluciones de ejecución coactiva antes  citadas.b.7. En relación al pedido de improcedencia de la  solicitud de prescripción, respecto del Impuesto a la Renta  del año dos mil dos y los pagos a cuenta por el período del  mes de diciembre del dos mil tres y febrero del dos mil  cuatro, tenemos que, el plazo prescriptorio aplicable era de  4 años, cuyo computo es: a) Del uno de enero de dos mil  cuatro hasta el primer día hábil del año dos mil ocho, y b) Del  uno de enero de dos mil cinco hasta el primer día hábil del  año dos mil nueve; en caso de no presentarse ninguna  causal de interrupción o suspensión del plazo de  prescripción.b.8. Cabe indicar, que el artículo 45 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el  Decreto Supremo Nº 135-99-EF, antes la modificación  introducida  por  el  Decreto  Legislativo  Nº  953,  disponía:“Artículo  45.-  INTERRUPCIÓN  DE  LA  PRESCRIPCIÓN: La prescripción se interrumpe: (…) b) Por  la notificación de la Orden de Pago, hasta por el monto de la  misma. (…) f) Por la notificación del requerimiento de pago  de la deuda tributaria que se encuentre en cobranza coactiva  y por cualquier otro acto notificado al deudor, dentro del  Procedimiento de Cobranza Coactiva. (…) El nuevo término  prescriptorio se computará desde el día siguiente al  acaecimiento del acto interruptorio”.b.9. En tal sentido, en el  decurso del procedimiento de cobranza coactiva se han  presentado una serie de interrupciones, a saber: a) En el  año dos mil siete, mediante Resolución de Ejecución  Coactiva N° 0230070389894 de fecha catorce de noviembre  de dos mil siete51, notificada con fecha veintiuno de  noviembre de dos mil siete, con la cual Sunat requiere a la  administrada que acredite el pago de la deuda tributaria; b)  En el año dos mil ocho, mediante Resolución de Ejecución  Coactiva N° 0230070476245 de fecha nueve de setiembre  de dos mil ocho52, notificada con fecha siete de octubre de  dos mil ocho, con la cual Sunat requiere a la administrada  que acredite el pago de la deuda tributaria, bajo  apercibimiento de comunicar a las centrales de riesgo del  sistema financiero; y c) En el año dos mil doce, mediante  Resolución de Ejecución Coactiva N° 0230071222831 de  fecha veintiocho de junio de dos mil doce53, notificada con  fecha uno de setiembre de dos mil doce, con la cual Sunat  requiere a la administrada que acredite el pago de la deuda  tributaria,  bajo  apercibimiento  de  continuar  con  el  procedimiento de cobranza; dichos actos administrativos  fueron notificados conforme al artículo 104 del Código  Tributario.b.10. Siendo esto así, y atendiendo a los  considerandos precedentes las órdenes de pago y  resoluciones de ejecución coactiva fueron debidamente  notificadas de manera conjunta en el presente caso, vale  decir, que cuando la administrada presentó su solicitud de  prescripción de la deuda el día tres de setiembre de dos mildoce54, el plazo para la prescripción se había interrumpido  en varias ocasiones, siendo la última la notificación de la  Resolución de Ejecución Coactiva N° 0230071222831 de  fecha veintiocho de junio de dos mil doce55, notificada con  fecha uno de setiembre de dos mil doce, en consecuencia la  deuda tributaria no se encontraba prescrita, razón por la cual  dicha solicitud resulta ser improcedente.SÉTIMO: En  consecuencia, resulta arreglado al ordenamiento el inicio de  los respectivos procedimientos de ejecución, en razón a que  la Resolución del Tribunal Fiscal N° 02832-8-2014 de fecha  veintiséis de febrero de dos mil catorce, que revocó la  Resolución de Intendencia Nº 023-020-0014784/SUNAT de  fecha treinta de julio de dos mil trece, en el extremo referido  al Impuesto General a las ventas de Diciembre de dos mil  dos, Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil dos y los  pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de diciembre de dos  mil tres y febrero de dos mil cuatro, ha vulnerado de manera  palmaria el artículo 103 de la Constitución Política del  Estado, toda vez, que aplicó en forma retroactiva a hechos  ocurridos en el año dos mil cinco, el criterio establecido en la  sentencia de amparo recaída en el expediente N° 03797- 2006-PA/TC publicada en el diario oficial “El Peruano” con  fecha uno de julio de dos mil siete, por tanto, en estricta  observancia de los principios de celeridad y economía  procesal, corresponde a este Tribunal Supremo casar la  sentencia de vista y actuando en sede de instancia confirmar  la sentencia apelada que declara fundada la demanda, de  acuerdo a la facultad conferida por la parte pertinente del  artículo 396 del Código Procesal Civil.VI. DECISIÓN:Por  estas consideraciones, y con lo expuesto con el Señor Fiscal  Supremo en lo Contencioso Administrativo: NUESTRO  VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de  casación interpuesto por SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con  fecha doce de agosto de dos mil dieciséis; en consecuencia,  SE CASE la sentencia de vista de fecha veintiséis de julio de  dos mil dieciséis que revocó la sentencia apelada de fundada  a infundada, y actuando en sede de instancia,  CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha treinta de junio  de dos mil quince, que declaró FUNDADA la demanda,  conforme a los fundamentos expuestos en la presente  resolución; en los seguidos por la Superintendencia Nacional  de Aduanas y Administración Tributaria contra el Tribunal  Fiscal y otro, sobre nulidad de resolución administrativa; SE  DISPONGA publicar la presente resolución en el diario  oficial “El Peruano”; y, se devuelva.SS.SS.PARIONA  PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO. LA  SECRETARIA DE LA QUINTA SALA DE DERECHO  CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  CERTIFICA que el voto suscrito por los señores jueces  supremos PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA y  TOLEDO TORIBIO fue dejado oportunamente en relatoría,  en cumplimiento a lo establecido en el artículo 149° del Texto  Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  agregándose los referidos votos suscritos a la presente  resolución. 1  . Obrante a fojas 267 del expediente principal. 2  . Obrante a fojas 256 del cuaderno de apelación. 3  . Obrante a fojas 166 del expediente principal. 4  . Obrante a fojas 48 del expediente principal. 5  . Obrante a fojas 166 del expediente principal. 6  . Obrante a fojas 256 del expediente principal. 7  . Obrante a fojas 114 del cuaderno de casación. 8  . Obrante a fojas 127 del cuaderno de casación. 9  . De Pina, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones  Jurídicas Hispano Americana; p. 222. 10  . Escobar Fornos, Iván. (1990). Introducción al proceso. Bogotá, Colombia:  Editorial Temis; p. 241. 11  . Conforme consta en el cargo de notificación obrante a fojas 88 del expediente  administrativo. 12  . Conforme se advierte del cargo de notificación obrante a fojas 84 del expediente  administrativo. 13  . Conforme consta en el cargo de notificación obrante a fojas 82 del expediente  administrativo. 14  . Conforme se advierte del Anexo 1 de la Resolución de Intendencia Nº 023-020- 0014784, obrante a fojas 57 del expediente administrativo. 15  . Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 4348-2005-PA/ TC (fundamento 2). 16  . Primera Disposición Final de la Ley Nº 28301 – Ley Orgánica del Tribunal  Constitucional: “Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda  norma con rango de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos  y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que  resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de  procesos, bajo responsabilidad”. 17  . Huamaní Cueva, Rosendo. (2011). Código Tributario comentado. Lima: Jurista  Editores; p. 644.18  . Ibid., p. 859. 19  . Según se cita en la sentencia del Expediente Nº 00005-2010-PA/TC. 20  . Contiene la cobranza de la Orden de Pago N° 023-001-0835267. 21  . Contiene la cobranza de las órdenes de Pago N° 023-001-0721221 y 023-001- 0721222. 22  . Obrante a fojas 267 del expediente principal. 23  . Obrante a fojas 256 del expediente principal. 24  . Obrante a fojas 166 del expediente principal. 25  . Obrante a fojas 48 del expediente principal. 26  Obrante a fojas 166 del expediente principal. 27  . Obrante a fojas 256 del expediente principal. 28  Obra a fojas 63 del expediente administrativo. 29  Obra a fojas 89 del expediente administrativo. 30  Obra a fojas 62 del expediente administrativo. 31  Obra a fojas 85 del expediente administrativo. 32  Obra a fojas 83 del expediente administrativo. 33  Obrante a fojas 114 del cuaderno de casación. 34  Obrante a fojas 127 del cuaderno de casación. 35  Diario Oficial “El Peruano”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008,  páginas 21689 a 21690. 36  Diario Oficial “El Peruano”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008,  páginas 23300 a 23301. 37  Conforme consta en el cargo de notificación obrante a fojas 88 del expediente  administrativo. 38  Obrante a fojas 85 del expediente administrativo. 39  . Conforme se advierte del cargo de notificación obrante a fojas 84 del expediente  administrativo. 40  Conforme consta en el cargo de notificación obrante a fojas 82 del expediente  administrativo. 41  Obrante a fojas 62 del expediente administrativo. 42  Obrante a fojas 63 del expediente administrativo. 43  Conforme se advierte del Anexo 1 de la Resolución de Intendencia N° 023-020- 0014784, obrante a fojas 57 del expediente administrativo. 44  Publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 01 de julio de 2007. 45  Publicada en la página web del Tribunal Constitucional el 13 de marzo de 2014 y  en el diario oficial “El Peruano” el 23 de mayo de 2014. 46  . Contiene la cobranza de la Orden de Pago N° 023-001-0835267. 47  . Contiene la cobranza de las órdenes de Pago N° 023-001-0721221 y 023-001- 0721222. 48  Ver folios 50 y 51 del expediente administrativo. 49  Artículo 103.- (…). La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las  consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza  ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando  favorece al reo. (…). 50  Ver fundamento 26 de la sentencia N° 00005-2010-PA/TC. 51  Ver folios 70 del expediente administrativo. 52  Ver folios 66 del expediente administrativo. 53  Ver folios 64 del expediente administrativo. 54  Ver folios 20 del expediente administrativo. 55  Ver folios 64 del expediente administrativo. C-2136204-27