CASACIÓN Nº 17523-2019 AREQUIPA
MATERIA: Impugnación de sanción disciplinaria y otros Sumilla. Los derechos fundamentales, como todos los  derechos subjetivos, no son absolutos, por lo que su ejercicio  se encuentra limitado por otros derechos; en tal sentido,  el derecho a la huelga no es la excepción, toda vez quesu ejercicio no puede vulnerar otros derechos o bienes  constitucionalmente protegidos. Lima, siete de julio de dos mil veintidós VISTA la causa número diecisiete mil quinientos veintitrés,  guión dos mil diecinueve, guión AREQUIPA, en audiencia  pública de la fecha, interviniendo como ponente la señora  jueza suprema Pinares Silva de Torre, y producida la  votación con arreglo a ley; se emite la siguiente sentencia:  MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación  interpuesto por la parte demandada, Sociedad Minera  Cerro Verde Sociedad Anónima Abierta, mediante escrito  de cinco de junio de dos mil diecinueve, de fojas ciento  veintiséis a ciento cuarenta y cuatro, contra la sentencia de  vista de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, de fojas  ciento nueve a ciento veinte, que confirma la sentencia de  primera instancia de cinco de marzo de dos mil diecinueve,  de fojas sesenta y nueve a ochenta, que declara fundada la  demanda; en el proceso seguido contra la parte demandante  Víctor Andrés Quenta Turpo, sobre impugnación de  sanción  disciplinaria  y  otros.  CAUSALES  DEL  RECURSO: Mediante resolución de catorce de enero de dos  mil veintidós, de fojas ochenta y ocho a noventa y ocho del  cuaderno de casación, esta Sala Suprema declara  procedente el recurso interpuesto por las siguientes  causales: i) Infracción normativa del numeral 3) del artículo  139° de la Constitución Política del Perú. ii) Infracción  normativa por interpretación errónea del artículo 81° del  Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas  de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2003- TR. iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 77°  del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas  de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2003- TR. iv) Infracción normativa por inaplicación del artículo  9° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº  728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR.  Correspondiendo  a  esta  Sala  Suprema  emitir  pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO:  Antecedentes del caso Primero. a) Demanda. Conforme se  advierte de la demanda de dieciséis de junio de dos mil  diecisiete, de fojas seis a diez, el demandante insta como  pretensión principal, se deje sin efecto la sanción disciplinaria  de suspensión sin goce de haber de remuneraciones por los  días seis y siete de mayo de dos mil diecisiete que se ha  impuesto mediante carta de dos de mayo de dos mil  diecisiete. Asimismo, como pretensiones accesorias, se  disponga que la demandada cumpla con pagar la  remuneración por los dos días de suspensión a razón de  ciento cuarenta con 60/100 soles (S/ 140.60) por día; incluir  los dos días de suspensión en el récord de días laborados  para efectos de la percepción de gratificaciones de fiestas  patrias, descanso vacacional, la remuneración vacacional, la  participación de utilidades y depósito de compensación por  tiempo de servicios del año dos mil diecisiete; retirar de los  registros y del file personal del demandante la sanción de  suspensión, en contra de la demandada. b) Sentencia de  primera instancia. El Primer Juzgado de Trabajo de la  Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante sentencia  declara fundada la demanda; en consecuencia, deja sin  efecto la sanción impuesta por la demandada de suspensión  de labores sin goce de haber por los días seis y siete de  mayo de dos mil diecisiete; retirar de sus registros y del file  personal del demandante la sanción de suspensión que se  le impuso por dichos días, con costos y costas del proceso.  Declara improcedente la demanda por las pretensiones de  pago de remuneraciones correspondientes a dicho periodo,  incluir los días seis y siete de mayo de dos mil diecisiete de  la gratificación y fiestas patrias de dos mil diecisiete, el  descanso vacacional, pago de utilidades y depósito de la  compensación por tiempo de servicios correspondientes. c)  Sentencia de vista. El Colegiado de la Tercera Sala Laboral  de la citada Corte Superior de Justicia, mediante sentencia  de vista confirma la sentencia emitida en primera instancia,  en todos sus extremos. Delimitación del objeto de  pronunciamiento Segundo. Conforme a las causales de  casación  declaradas  procedentes,  el  análisis  debe  circunscribirse a delimitar si se ha infringido o no el numeral  3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que  contiene el derecho al debido proceso y la debida motivación  de las resoluciones judiciales. Asimismo, si se han infringido  los artículos 77° y 81° del Texto Único Ordenado de la Ley de  Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante  Decreto Supremo Nº 010- 2003-TR, y el artículo 9° del Texto  Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 72 8, Ley de  Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por  Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Cabe precisar que, al  haberse denunciado causales de orden procesal y material,se resolverá en primer lugar la causal procesal (por su  eventual efecto nulificante) de conformidad con el artículo  39° de la Ley Nº 29497 1 , Nueva Ley Procesal del Trabajo, y  solo en caso de desestimarse aquella se procederá a  resolver las causales de orden material. Respecto a la  causal procesal declarada procedente Tercero. La causal  denunciada está referida a la infracción normativa del  numeral 3) del artículo 139° de la Constitución Política  de l Perú, norma constitucional que prescribe: “Artículo  139°. - Principios de la Administración de Justicia Son  principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La  observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.  Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción  predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento  distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por  órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones  especiales  creadas  al  efecto,  cualquiera  sea  su  denominación.” El numeral 3) del artículo 139°de la  Constitución Política del Perú comprende un haz de  garantías judiciales, siendo dos los principales aspectos del  mismo: el debido proceso sustantivo que concibe al proceso  como un instrumento o mecanismo para controlar la  razonabilidad de las leyes; y, el debido proceso adjetivo o  formal, que implica las garantías procesales que aseguran  los derechos fundamentales. Es decir que, en el ámbito  sustantivo, se refiere a la necesidad de que las sentencias  sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables;  mientras que el ámbito procesal alude al cumplimiento de  ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento,  para llegar a una solución judicial mediante la sentencia;  entre los distintos elementos integrantes del derecho al  debido proceso en su ámbito procesal se comprenden los  siguientes: a) derecho a un juez predeterminado por la ley  (juez natural), b) derecho a un juez independiente e  imparcial, c) derecho a la defensa y patrocinio por un  abogado, d) derecho a la prueba, e) derecho a una  resolución debidamente motivada, f) derecho a la  impugnación, g) derecho a la instancia plural, y h) derecho a  no revivir procesos fenecidos. Cuarto. El Tribunal  Constitucional en la sentencia de trece de octubre de dos mil  ocho, al resolver el Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC,  caso Giuliana Llamoja, respecto a la debida motivación de  las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento, ha  expresado lo siguiente: “Ya en sentencia anterior, este  Tribunal Constitucional (Exp. Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha  tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida  motivación de las resoluciones importa que los jueces, al  resolver las causas, expresen las razones o justificaciones  objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión.  Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento  jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios  hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”.  De igual forma, en el séptimo fundamento de la referida  sentencia ha señalado que el contenido constitucionalmente  garantizado del derecho a la debida motivación de las  resoluciones judiciales queda delimitado, entre otros, por los  supuestos siguientes: a) inexistencia de motivación o  motivación aparente, b) falta de motivación interna del  razonamiento, c) deficiencias en la motivación externa:  justificación de las premisas, d) motivación insuficiente, e)  motivación sustancialmente incongruente y f) motivaciones  cualificadas. Quinto. A su turno, esta Sala Suprema en la  Casación Nº 1 5284-2018- CAJAMARCA, de veintiséis de  agosto de dos mil veintiuno, en su fundamento cuarto, ha  establecido doctrina jurisprudencial con relación a la  infracción normativa denunciada y su configuración,  delimitando los supuestos en los que se infringe el derecho  a la debida motivación, estableciendo: Se considerará que  existe infracción normativa del numeral 3) del artículo 139°  de la Constitución Política del Estado, por falta de motivación  o motivación indebida de la sentencia o auto de vista,  cuando la resolución que se haya expedido adolezca de los  defectos siguientes: 1. Carezca de fundamentación jurídica.  2. Carezca de fundamentos de hecho. 3. Carezca de  logicidad.  4.  Carezca  de  congruencia.  5.  Aplique  indebidamente o interprete erróneamente una norma de  carácter procesal. 6. Se fundamente en hechos falsos,  pruebas inexistentes, leyes supuestas o derogadas. 7. Se  aparte de la Doctrina Jurisprudencial de esta Sala Suprema,  sin expresar motivación alguna para dicho apartamiento. En  todos los supuestos indicados, esta Sala Suprema declarará  la nulidad de la sentencia o auto de vista, ordenando a la  Sala Superior emitir nueva resolución. Sexto. En ese  sentido, el derecho a la debida motivación de las resoluciones  judiciales, reconocido como principio de la administración de  justicia por el numeral 3) del artículo 139° de la Constitución  Política del P erú, implica que los jueces, cualquiera sea la  instancia a la que pertenezcan, al emitir pronunciamientoponiendo fin a un conflicto o a una incertidumbre jurídica,  deben  fundamentar  adecuadamente  su  decisión,  pronunciándose sobre todos los hechos controvertidos,  expresando y justificando objetivamente todas aquellas  razones que los conducen a adoptar determinada posición,  aplicando la normativa correspondiente al caso concreto;  por lo tanto, habrá motivación de las resoluciones judiciales  siempre que exista fundamentación adecuada, suficiente y  congruente entre lo pedido y lo resuelto, entendiéndose por  motivación suficiente al mínimo exigible atendiendo a las  razones de hecho o de derecho indispensables para la  justificación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o  concisa. Solución al caso en concreto Sétimo. En el presente  caso, la parte recurrente en su recurso de casación cuestiona  la afectación a la motivación de las resoluciones, al  considerar que la sentencia de vista ha incurrido en falta de  motivación interna de razonamiento. De la revisión de las  principales piezas procesales, esta Sala Suprema considera  que la sentencia de vista ha sido expedida con observancia  de la motivación de las resoluciones judiciales y el debido  proceso, ello si se tiene en cuenta que el derecho a la  motivación de las resoluciones judiciales, no garantiza una  motivación extensa de las alegaciones expresadas por las  partes, y que tampoco, cualquier error en el que  eventualmente incurra una resolución judicial constituye  automáticamente  la  violación  del  contenido  constitucionalmente protegido del derecho a la motivación  de las resoluciones judiciales; sino que basta con que las  resoluciones judiciales expresen los fundamentos de la  decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su  conocimiento. En consecuencia, no advirtiendo en la  recurrida, la existencia de vicio alguno que atente contra la  citada garantía procesal constitucional, la parte recurrente  no puede alegar que, por ostentar un criterio distinto al  órgano jurisdiccional ello pueda ser causal para cuestionar  la motivación o el alegar que se ha incurrido en algún vicio  procesal que afecte la debida motivación de las resoluciones  judiciales, por lo cual, este Tribunal Supremo considera que  la causal de infracción normativa del numeral 3) del artículo  139º la Constitución Política del Perú, deviene en infundada.  En relación a las causales de orden sustantivo declaradas  procedentes Octavo. Al haberse resuelto la causal de orden  procesal, es pertinente emitir pronunciamiento respecto a  las causales de orden sustantivo. En principio, corresponde  analizar conjuntamente las infracciones normativas por  inaplicación del artículo 77° del Texto Único Ordenado  de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado  por Decreto Supremo Nº 010-20 03-TR y el artículo 9° del  Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 72 8,  Ley  de  Productividad  y  Competitividad  Laboral,  aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR , por  guardar conexión lógica para la solución del presente caso  Las normas en mención prescriben lo siguiente: - Texto  Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de  Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2003-TR  Artículo 77.- La huelga declarada observando lo establecido  en el artículo 73, produce los siguientes efectos: a)  Determina la abstención total de las actividades de los  trabajadores en ella comprendidos, con excepción del  personal de dirección o de confianza y del personal  comprendido en el artículo 78. b) Suspende todos los  efectos de los contratos individuales de trabajo,  inclusive la obligación de abonar la remuneración, sin  afectar la subsistencia del vínculo laboral. c) Impide  retirar del centro de trabajo las maquinarias, materias primas  u otros bienes, salvo circunstancias excepcionales con  conocimiento previo de la Autoridad de Trabajo. d) No afecta  la acumulación de antigüedad para efectos de la  compensación por tiempo de servicios. (Énfasis nuestro) -  Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 72 8, Ley  de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por  Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Artículo 9.- Por la  subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo  dirección de su empleador, el cual tiene facultades para  normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes  necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar  disciplinariamente,  dentro  de  los  límites  de  la  razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de  las obligaciones a cargo del trabajador. El empleador  está facultado para introducir cambios o modificar turnos,  días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la  prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad  y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo.  (Énfasis nuestro) Noveno. Antes de emitir pronunciamiento  de fondo sobre las causales citadas, esta Sala Suprema  considera necesario hacer algunas precisiones sobre la  huelga, en la forma siguiente: 1. Definición de huelga  Doctrinariamente existen dos corrientes para definir elderecho de huelga. La doctrina clásica, recogida por nuestro  sistema, en la cual se concibe a la huelga como la suspensión  colectiva, mayoritaria, voluntaria y pacífica de las labores  con abandono del centro de trabajo; y la denominada  «dinámica», que concibe a la huelga como la perturbación  de la manera habitual de cumplir con las prestaciones  laborales. En el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, Texto  Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de  Trabajo (en adelante, TUOLRCT), se define la huelga de la  manera siguiente: Artículo 72°.- Huelga es la suspensión  colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada  en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores, con  abandono del centro de trabajo. Su ejercicio se regula por el  presente  Texto  Único  Ordenado  y  demás  normas  complementarias y conexas. 2. Características de la huelga  a) Suspensión del trabajo. La huelga implica dejar de  hacer, dejar de trabajar; por ello queda fuera de esta  definición cualquier acto que consista en disminuir o variar el  ritmo de trabajo que no implique la suspensión de las  labores. b) Suspensión colectiva. Solo de manera grupal  los trabajadores pueden realizar la huelga, este elemento se  fundamenta en el hecho que el ejercicio del derecho de la  huelga es colectivo y no individual. c) Acuerdo mayoritario.  La decisión de ejercitar el derecho de huelga sólo puede  provenir de un acuerdo tomado por los trabajadores en  forma mayoritaria durante una asamblea que debe cumplir  las formalidades exigidas por el artículo 73°del TUOLRCT.  d) Realización voluntaria. El ejercicio del derecho de  huelga debe ser voluntario sin coacción alguna, eliminando  toda clase de presiones abusivas. e) Realización pacífica.  El ejercicio del derecho de huelga debe ser pacífico,  rechazando la utilización de formas violentas sobre las  personas; por ejemplo, agresiones contra los directivos de la  empresa o contra los bienes de la misma (destrucción de la  maquinaria o de las instalaciones); aspecto que es reiterado  en el artículo 79º del TUOLRCT. f) Abandono del centro de  trabajo. La huelga debe realizarse fuera de las instalaciones  del centro de trabajo, entendiéndose que al suspenderse las  labores no pueden permanecer los trabajadores dentro de la  empresa. 3. Efectos de la declaración de huelga Los efectos  de la declaración de una huelga están previstos en el artículo  77° del TUOLRCT, y son los siguientes: a) Abstención total  de labores (inciso a) Esta abstención total de las actividades  en el ámbito donde se ejerce la huelga resulta coherente con  el respeto de la decisión adoptada mayoritariamente de  acatar tal medida de lucha. Asimismo, guarda relación  directa con el ejercicio de uno de los derechos fundamentales  de los trabajadores, entendidos como el derecho de huelga,  cuyo ejercicio y finalidad deben ser garantizados por el  Estado. Un aspecto importante relacionado con la abstención  de las labores es el caso de los trabajadores de dirección y  de confianza, quienes no pueden participar en la votación  para la adopción de la medida de huelga, pero quienes sí  podrían suspender sus labores cuando la huelga esté en  marcha. b) Suspensión de los efectos del contrato de trabajo  (inciso b) Si bien es cierto existe un incumplimiento por parte  del trabajador, este incumplimiento es tratado de manera  especial, toda vez que se basa en el ejercicio de un derecho,  el derecho de huelga. El efecto negativo que acarrea es la  suspensión del contrato de trabajo; por lo que, al no haber  prestación efectiva de servicios, no existe obligación del  empleador de pagar remuneraciones. Esto queda al margen  de si las partes llegan a un acuerdo para el pago o no de los  días no laborados. Durante este período de huelga el poder  de dirección del empleador se suspende, con lo cual no  puede amonestar ni sancionar a los trabajadores que se  encuentren acatando la medida de huelga. c) Prohibición del  retiro de bienes y materias primas por el empleador (inciso c)  Considerando que la medida de huelga es un medio para  presionar al empleador para que adopte determinadas  conductas a favor de los trabajadores, es que se ha  establecido que durante el período de huelga no se podrá  extraer ningún bien de propiedad de la empresa, para  salvaguardar con ello el patrimonio que respalde el pago de  los beneficios de los trabajadores. d) Sobre la antigüedad en  el trabajo (inciso d) El hecho que haya suspensión de  labores no significa que se dé por resuelto el contrato de  trabajo motivo por el cual se mantiene la antigüedad para  efectos de la compensación por tiempo de servicios (CTS).  4. Ilegalidad de la huelga El procedimiento de huelga se  encuentra  sujeto  al  cumplimiento  de  determinadas  formalidades, cuya omisión genera que la huelga sea  declarada ilegal por la Autoridad Administrativa del Trabajo.  El TUOLRCT establece determinados supuestos por los  cuales la huelga puede ser declarada ilegal, dentro de los  cuales se encuentran los siguientes: a) Si se materializa, no  obstante haber sido declarada improcedente. b) Por haberse  producido, con ocasión de ella, violencia sobre bienes opersonas. c) Por incurrir en alguna de las modalidades  previstas en el artículo 81°. d) Por no cumplir los trabajadores  con lo dispuesto en el artículo 78° o en el artículo 82°. e) Por  no ser levantada después de notificado el laudo o resolución  definitiva que ponga término a la controversia (artículo  84°del T UOLRCT). 5. Límites al derecho de huelga En  cuanto a los límites al ejercicio del derecho de huelga, el  Tribunal Constitucional considera lo siguiente: 15. Por su  parte, la Constitución peruana reconoce límites al ejercicio  del derecho de huelga [artículo 28º, inciso 3), de la  Constitución], en la medida que en principio no existen  derechos fundamentales absolutos, debiendo protegerse o  preservarse no sólo otros derechos fundamentales, sino  también otros bienes constitucionalmente protegidos. 16.  Derivado de ello, por razón de la persona, se encuentran  excluidos del goce de libertad sindical y del derecho de  huelga, los siguientes: a) Los funcionarios del Estado con  poder de decisión y los que desempeñan cargos de  confianza o de dirección (artículo 42°de la Consti tución). b)  Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía  Nacional (artículo 42° de la Constitución). c) Los magistrados  del Poder Judicial y del Ministerio Público (artículo 153º de la  Constitución). 17. Por otro lado, también a nivel legislativo  se establecen límites al ejercicio del derecho de huelga, por  razón de la naturaleza del servicio. Así, el Texto Único  Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo,  Decreto Supremo Nº 010- 2003-TR, prevé que: Artículo 82º.-  Cuando la huelga afecte los servicios públicos esenciales o  se requiera garantizar el cumplimiento de actividades  indispensables, los trabajadores en conflicto deben  garantizar la permanencia del personal necesario para  impedir su interrupción total y asegurar la continuidad  de los servicios y actividades que así lo exijan. (Énfasis  nuestro). En la determinación legal de los servicios públicos  esenciales, la misma norma determina un listado (artículo  83º), a saber: a) Los sanitarios y de salubridad; b) Los de  limpieza y saneamiento; c) Los de electricidad, agua y  desagüe, gas y combustible; d) Los de sepelio, y los de  inhumaciones y necropsias; e) Los de establecimientos  penales; f) Los de comunicaciones y telecomunicaciones; g)  Los de transporte; h) Los de naturaleza estratégica o que se  vinculen con la defensa o seguridad nacional; i) Los de  administración de justicia por declaración de la Corte  Suprema de Justicia de la República; y, j) Otros que sean  determinados por Ley2. Décimo. Adicionalmente, cabe  destacar que los derechos fundamentales, como todos los  derechos subjetivos, no son absolutos, por lo que su ejercicio  se encuentra limitado por otros derechos. En tal sentido, el  derecho a la huelga no es la excepción, toda vez que su  ejercicio no puede vulnerar otros derechos o bienes  constitucionalmente protegidos, debiendo entenderse que la  huelga es un derecho que se ejerce con las limitaciones que  la ley le imponga, esto es, en armonía con el interés público  y con los demás derechos fundamentales. Undécimo.  Finalmente, esta Sala de Derecho Constitucional y Social  Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República,  cumpliendo su función unificadora de la jurisprudencia  laboral, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22° del Texto  Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial3, en  la Casación Laboral Nº 25646- 2017-AREQUIPA, ha  establecido como doctrina jurisprudencial lo siguiente: “La  paralización de labores realizada por una organización  sindical a pesar que la Autoridad Administrativa de Trabajo,  en forma previa declaró improcedente su materialización,  acarrea la correspondiente responsabilidad disciplinaria  para sus autores, sin perjuicio del descuento de las  remuneraciones por los días no laborados. En ningún caso  la medida disciplinaria a aplicarse a los huelguistas podrá  ser el despido.” Solución al caso concreto Duodécimo. De  los actuados, consta que el demandante empezó a laborar el  dieciocho de agosto de dos mil quince hasta la fecha, en el  cargo de Técnico III Camión Acarreo 240 TM, lo que se  corrobora con la boleta de pago de fojas cuatro y demás  medios probatorios que obran en autos. Asimismo, mediante  carta de dos de mayo de dos mil diecisiete, de fojas cinco, se  le impuso al demandante la sanción de suspensión sin goce  de haber por dos (2) días que comprende a los días seis y  siete de mayo de dos mil diecisiete, por no haber asistido a  sus labores a partir del diez al veinticuatro de marzo de dos  mil diecisiete. En el recurso casatorio, la parte recurrente  argumenta que era indispensable que la Sala Superior  aplique los efectos de la huelga, en específico el inciso b) del  artículo 77° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relacione  s Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº  010-2003-TR, que p recisamente habilita a los trabajadores  a no prestar sus servicios, sin que por ello, ocasione la  imposición de sanciones. Adicionalmente, argumenta que la  medida disciplinaria impuesta al trabajador es válida, puestoque fue proporcional y razonable, y en virtud a la decisión de  la Autoridad Administrativa del Trabajo que declaró  improcedente la comunicación de huelga, el trabajador  incurrió en una paralización intempestiva de labores.  Décimo tercero. Por otra parte, debe considerarse que la  participación del trabajador en una huelga legal o legítima  está comprendida dentro del ejercicio del derecho  fundamental de huelga, y suspende válidamente la relación  de trabajo del trabajador huelguista hasta el momento de su  reincorporación efectiva al trabajo, y no puede dar lugar a  sanción alguna. Asimismo, por el contrario, la participación  del trabajador en una huelga ilegal o ilegítima no está  comprendida dentro del ejercicio del derecho fundamental  de huelga y no suspende válidamente la relación de trabajo,  constituyendo un incumplimiento contractual, sancionable  disciplinariamente por el empleador. Décimo cuarto. Bajo  estas premisas, es pertinente establecer sí la huelga  promovida por los trabajadores que fue declarada  improcedente en las tres instancias por la Autoridad  Administrativa de Trabajo por no reunir los requisitos  exigidos por la legislación, conllevó la imposibilidad de hacer  real los efectos previstos en el artículo 77° del Texto Único  Ordenado de la Ley de Relacione s Colectivas de Trabajo  aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, o en  contraste, si existe una afectación al derecho a la huelga,  como sostiene la teoría del caso de la parte demandante.  Décimo quinto. En atención a ello, el proceso de huelga  declarada improcedente y sus efectos, se realizó de la  manera siguiente: a) En efecto, fluye del expediente que la  comunicación de huelga presentada por el Sindicato Cerro  Verde, fue declarada improcedente mediante el Auto  Directoral Nº 011-2017-GRA/GRTPE-DPSC de seis de  marzo de dos mil diecisiete a fojas veintisiete, disponiendo  se abstenga de materializar dicha medida de fuerza  anunciada, bajo apercibimiento de ser declarada ilegal. b)  Apelada la decisión administrativa indicada, la Resolución  Gerencial Regional Nº 059-2017-GRA/GRTPE , de quince  de marzo de dos mil diecisiete, a fojas veintiocho/vuelta,  confirma el Auto Directoral Nº 011-2017- GRA /GRTPE- DPSC. c) Finalmente, interpuesto recurso de revisión por  el Sindicato de Cerro Verde, se expidió la Resolución  Directoral Gerencial Nº 039-2017/MTPE/2 /14 de treinta y  uno de marzo de dos mil diecisiete, de fojas treinta a  treinta y dos, que declara infundado el recurso de revisión e  improcedente la comunicación de huelga en cuestión,  programada a partir del diez de marzo de dos mil diecisiete,  dando por agotada la vía administrativa en dicho  procedimiento. De este análisis, cabe puntualizar que el  primer acto administrativo emitido por la Autoridad  Administrativa de Trabajo, consistente en el Auto Directoral  Nº 11-2017- GRA/GRTPE-DPSC de seis de marzo de dos  mil diecisiete, que declara improcedente la comunicación de  huelga del Sindicato Cerro Verde, tiene carácter ejecutario,  conforme al artículo 192° de la Ley Nº 27444, Ley de  Procedimiento Administrativo General, que estableció: “Los  actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo  disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o  que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley.” [El  énfasis es nuestro] En adición a ello, el numeral 216.1 del  artículo 216°de la misma ley, que dispone: “216.1 La  interposición de cualquier recurso, excepto los casos en  que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá  la ejecución del acto impugnado.” [El énfasis es nuestro]  Décimo sexto. En ese contexto legal, y realizando una  interpretación sistemática del carácter ejecutario de los  actos administrativos, es importante señalar que a pesar de  la existencia de recursos de impugnación en el procedimiento  administrativo, el Auto Directoral Nº11-2017-GRA/GRTPE- DPSC emitido con an terioridad a la paralización de labores  materializada a partir del diez de marzo de dos mil diecisiete,  debió ser acatado por el trabajador demandante en su  oportunidad. Por tal razón, si bien dicho acto administrativo  no declaraba ilegal la huelga sino la improcedencia de la  comunicación de huelga, se debe tener en cuenta que  dentro de la proyección de la ejecutoriedad administrativa, la  decisión administrativa que declara la improcedencia de la  comunicación de huelga debió ser cumplida por los  administrados, y el trabajador demandante debió evitar  participar en una paralización de labores que incumple los  requisitos de ley, comportamiento que ha conllevado a las  consecuencias jurídicas derivadas del ejercicio de la  potestad sancionadora del empleador. Décimo sétimo. En  consecuencia, no podía materializarse válida y legalmente  una abstención de labores, como en los hechos ocurrió,  durante los días sucesivos en la empresa demandada a  partir del diez de marzo de dos mil diecisiete (fecha  establecida por el Sindicato Cerro Verde para ejecutar la  medida de fuerza de huelga indefinida, conforme a sucomunicación de plazo de huelga). De esta forma, ante el  incumplimiento de la ley que regula los derechos colectivos  del trabajador, se encuentra legal y disciplinariamente  habilitada la facultad del empleador de calificar la  paralización, declarada oportunamente como improcedente  en sede administrativa, como una falta laboral sancionable  disciplinariamente, ello en virtud, al artículo 9° del Texto  Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de  Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por  Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que contiene la potestad  sancionadora del empleador. Así también, esta línea  argumentativa se refuerza en el hecho objetivo de que la  sanción impuesta se ha concretado el seis y siete de mayo  de dos mil diecisiete, es decir, con posterioridad y en base a  la ejecutoriedad administrativa de las tres resoluciones  administrativas emitidas por la Autoridad Administrativa de  Trabajo de seis, quince y treinta y uno de marzo de dos mil  diecisiete, respectivamente, que ratifican sucesiva y  uniformemente que la decisión de ejercer el derecho de  huelga comunicada por el Sindicato Cerro Verde, era  improcedente. Décimo octavo. Por las razones expuestas,  y estando acreditada la responsabilidad del trabajador por  su participación en la paralización de labores, este Supremo  Colegiado considera que, en el presente caso, se está ante  un  incumplimiento  contractual  laboral  sancionable  disciplinariamente, y no ante una causa de suspensión  válida del contrato de trabajo, como se considera en la tesis  propuesta por el demandante. En dicho contexto, la sanción  establecida por la parte empleadora a un trabajador incurso  en una deliberada paralización de labores, será considerada  legal y válida, más aún, sí la sanción de suspensión de  labores sin goce de haber, que es materia de la presente  impugnación  judicial,  guarda  proporcionalidad  y  razonabilidad con el incumplimiento comprobado del  contrato laboral suscrito entre las partes, la ley y las  decisiones  administrativas  que  establecieron  la  improcedencia del ejercicio del derecho de huelga por parte  del demandante. En suma, se han infringido el artículo 77°  del Text o Único Ordenado de la Ley de Relaciones  Colectivas de Trabajo aprobado mediante Decreto Supremo  Nº 010- 2003-TR, y el artículo 9° del Texto Único Ordenado  del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y  Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº  003-97-TR, en cuanto no han sido aplicados los dispositivos  legales citados por las instancias de mérito para la solución  del presente caso, así como no han sido consideradas las  precisiones antes señaladas; debiendo declararse fundadas  ambas causales. Décimo noveno. De otro lado, en relación  a las causales de infracción normativa del artículo 81° del  Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas  de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-  2003-TR, carece de objeto su análisis, al haber sido  amparado el agravio casatorio precedente, el que resulta ser  favorable a la parte recurrente. Por estas consideraciones, la  Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria  de la Corte Suprema de Justicia de la República: HA  RESUELTO: 1. Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso  de casación interpuesto por la parte demandada, Sociedad  Minera Cerro Verde Sociedad Anónima Abierta, mediante  escrito de cinco de junio de dos mil diecinueve, de fojas  ciento veintiséis a ciento cuarenta y cuatro. 2. CASAR la  sentencia de vista de dieciséis de mayo de dos mil  diecinueve, de fojas ciento nueve a ciento veinte, y actuando  en sede de instancia, REVOCAR la sentencia de primera  instancia de cinco de marzo de dos mil diecinueve, de fojas  sesenta y nueve a ochenta; REFORMÁNDOLA, se declara  infundada la demanda en todos sus extremos. 3. DISPONER  la publicación del texto de la presente resolución en el Diario  Oficial “El Peruano” conforme a lo dispuesto en el artículo  41° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 4.  NOTIFICAR la presente sentencia a las partes procesales  pertinentes del proceso ordinario laboral sobre impugnación  de sanción disciplinaria y otros. S.S. ARÉVALO VELA,  MALCA GUAYLUPO, PINARES SILVA DE TORRE, ATO  ALVARADO, CARLOS CASAS 1  Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo  Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado  Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la  resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver el proceso a la instancia  inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no  abarca, si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben  ser liquidados por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa  estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido  proceso, la Sala Suprema dispone la nulidad de la misma y, en ese caso,  ordena que la sala laboral emita un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios  previstos en la resolución casatoria; o declara nulo todo lo actuado hasta la  etapa en que la infracción se cometió.2  STC Nº00005-2008-PI/TC de 04 de setiembre de 200 9, fundamentos 15 y 17. 3  Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial.  Artículo 22.- Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la  República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de  las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio  cumplimiento, en todas las instancias judiciales.  Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias  judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio  cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio,  están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del  precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.  Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente  apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial,  motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante  nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial "El Peruano", en cuyo caso debe  hacer mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y  de los fundamentos que invocan. C-2136194-293