CASACIÓN Nº 17630-2019 LIMA
MATERIA: Desnaturalización de tercerización y otros Sumilla: Se entiende por tercerización la contratación de  empresas para que desarrollen actividades especializadas u  obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados  por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios recursos  financieros, técnicos o materiales, sean responsables por los  resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo  su exclusiva subordinación, siendo el elemento determinante  la autonomía. Lima, uno de agosto de dos mil veintidós. VISTA; la causa diecisiete mil seiscientos treinta, guion dos  mil diecinueve, LIMA, interviniendo como ponente la señora  jueza suprema Carlos Casas, con la adhesión de los  señores jueces supremos: Arévalo Vela, Ampudia Herrera  y Lévano Vergara; y con el voto en discordia del señor  juez supremo Ato Alvarado, con la adhesión de los señores  jueces supremos: Malca Guaylupo y Pinares Silva de  Torre; se emite la sentencia siguiente: MATERIA DEL  RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por  el demandante, Máximo Felipe Valerio Ramos, mediante  escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecinueve,  que corre de fojas cuatrocientos sesenta y dos a  cuatrocientos ochenta y nueve, contra la Sentencia de Vista  de fecha tres de abril de dos mil diecinueve, que corre de  fojas trescientos setenta y dos a trescientos ochenta y ocho,  en cuanto revocó la Sentencia apelada de fecha veintiséis  de abril de dos mil dieciocho, que corre de fojas doscientos  dieciocho a doscientos veintisiete, que declaró fundada la  demanda, y reformándola, se declaró infundada; en el  proceso seguido contra la demandada, Sociedad Minera  Austria Duvaz Sociedad Anónima Cerrada y Cuprita J.P.  Sociedad Anónima Cerrada, sobre desnaturalización de  tercerizacion y otros. CAUSALES DEL RECURSO: El  recurso de casación interpuesto por el demandante, se  declaró procedente mediante resolución de fecha diez de  agosto de dos mil veintiuno, que corre de fojas ciento  diecisiete a ciento veinte del cuaderno de casación formado,  por las causales de: i) Infracción normativa por interpretación  errónea del artículo 2° de la Ley número 29245, Ley que  regula los servicios de tercerización. ii) Infracción  normativa por inaplicación del artículo 5°de la Ley  número 29245, Ley que regula los servicios de  tercerización, y de los artículos 3°, 4° y 5° del Reglamento  de la referida Ley, aprobado por Decreto Supremo  número  006-2008-TR.  iii)  Infracción  normativa  por  inaplicación del artículo 41° del Texto Único Ordenado de la  Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por  Decreto Supremo número 010-2003-TR. Correspondiendo a  esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre  dichas causales. CONSIDERANDO: Primero: Contexto del  caso Para contextualizar el análisis de las causales de  casación declaradas procedentes, es oportuno tener en  cuenta como antecedentes del proceso, los siguientes: 1.1.  Pretensión: Como se advierte del escrito de demanda, que  corre a fojas treinta y seis a cincuenta y siete, el accionante  pretende que se declare la desnaturalización del contrato de  tercerización celebrado entre la empresa Sociedad Minera  Austria Duvaz Sociedad Anónima Cerrada y Cuprita J.P  Sociedad Anónima Cerrada, y el reconocimiento de un  contrato de trabajo a plazo indeterminado en la empresa  Sociedad Minera Austria Duvaz Sociedad Anónima Cerrada,  desde el trece de setiembre de dos mil trece a la actualidad,  manteniendo su actual cargo, nivel, categoría y remuneración  alcanzada; más costas y costos del proceso. 1.2. Sentenciade primera instancia: El Décimo Cuarto Juzgado  Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de  Lima, mediante Sentencia del veintiséis de abril de dos mil  dieciocho, declaró fundada la demanda, señalando que de  las pruebas aportadas se puede concluir que el contrato de  locación de servicios y obra entre las codemandadas no  cumplió los requisitos establecidos por la Ley número 29245;  habiéndose  desnaturalizado  el  mismo,  por  lo  que  corresponde asumir la teoría del demandante, estos es,  declarar la existencia de una relación laboral entre el  demandante y la codemandada Sociedad Minera Austria  Duvaz desde el trece de setiembre de dos mil trece a la  actualidad, siendo que mantiene vínculo laboral vigente. 1.3.  Sentencia de segunda instancia: El Colegiado de la  Octava Sala Laboral de la misma Corte Superior de Justicia,  mediante Sentencia de Vista del tres de abril de dos mil  diecinueve, que corre de fojas trescientos setenta y dos a  trescientos ochenta y ocho; revocó la sentencia apelada que  declara fundada la demanda, y reformándola, la declaró  infundada, señalando que no se ha acreditado una causal  establecida  dentro  de  la  normativa  aplicable  de  desnaturalización de los contratos de tercerización que esté  fuera de los alcances de la subcontratación dentro de la  actividad principal de la empresa usuaria, por el cual se  pueda sustentar el control de la empresa principal sobre las  actividades de la contratista o que la misma no cuente con  autonomía financiera o estructural, concluyéndose así que el  contrato de tercerización y el traslado del trabajador a las  instalaciones de la empresa principal ha sido válida, al no  calzar con los supuesto de desnaturalización previstos en el  artículo 5° de la Ley de Tercerización Laboral número 29245  y su reglamento. Infracción normativa Segundo: La  infracción normativa podemos conceptualizarla como la  afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado  Superior al emitir una resolución, originando con ello que la  parte que se considere afectada por la misma, pueda  interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de  los alcances del concepto de infracción normativa, quedan  comprendidas en la interpretación errónea, aplicación  indebida e inaplicación de normas de derecho material,  incluyendo otros tipos de normas como son las de carácter  adjetivo. Tercero: Esta Sala Suprema declaró procedente  las causales de orden material referidas a la Infracción  normativa por interpretación errónea del artículo 2° de la Ley  número 29245, Ley que regula los servicios de tercerización;  Infracción normativa por inaplicación del artículo 5° de la Ley  número 29245, Ley que regula los servicios de tercerización,  y los artículos 3°, 4°y 5° del Reglamento de la referida Ley,  aprobado por Decreto Supremo número 006-2008-TR; e,  Infracción normativa por inaplicación del artículo 41° del  Texto Único Ordenado de la Ley de Relacione s Colectivas  de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 010- 2003-TR Para el análisis de las causales referidas, es  conveniente realizarlo en conjunto, toda vez que los  argumentos de la parte recurrente sobre dichas causales  tienen conexidad entre sí; por lo que este Supremo Tribunal  debe realizar un análisis correspondiente a fin de evaluar si  la decisión de la Sala Superior ha sido emitida mediante un  pronunciamiento claro y preciso. Cuarto: Las disposiciones  legales citadas disponen lo siguiente: - De la Ley que regula  los servicios de tercerización, Ley número 29245: “Artículo  2°.- Definición Se entiende por tercerización la contratación  de empresas para que desarrollen actividades especializadas  u obras, siempre que aquellas asuman los servicios  prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios  recursos  financieros,  técnicos  o  materiales;  sean  responsables por los resultados de sus actividades y sus  trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación.  Constituyen elementos característicos de tales actividades,  entre otros, la pluralidad de clientes, que cuente con  equipamiento, la inversión de capital y la retribución por obra  o servicio. En ningún caso se admite la sola provisión de  personal. La aplicación de este sistema de contratación no  restringe el ejercicio de los derechos individuales y colectivos  de los trabajadores. Artículo 5°.- Desnaturalización Los  contratos de tercerización que no cumplan con los requisitos  señalados en los artículos 2°y 3°de la presente Ley y que  impliquen una simple provisión de personal, originan que los  trabajadores desplazados de la empresa tercerizadora  tengan una relación de trabajo directa e inmediata con la  empresa principal, así como la cancelación del registro a  que se refiere el artículo 8° de la presente Ley, sin perjuicio  de las demás sanciones establecidas en las normas  correspondientes”. - Del Reglamento de la Ley que regula  los servicios de tercerización, Decreto Supremo número  006-2008-TR: “Artículo 3°.- Requisitos Para efectos de la  Ley, los cuatro requisitos señalados en el primer párrafo del  artículo 2 de la misma son copulativos. La inexistencia deuno, cualquiera de ellos, desvirtúa la tercerización. Artículo  4°.- Elementos característicos 4.1. Los elementos propios  de los servicios de tercerización que se encuentran  regulados en el segundo párrafo artículo 2° de la Ley  constituyen, entre otros, indicios de la existencia de  autonomía empresarial, los cuales deben ser evaluados en  cada caso concreto, considerando la actividad económica,  los antecedentes, el momento de inicio de la actividad  empresarial, el tipo de actividad delegada y la dimensión de  las empresas principal y tercerizadora. 4.2. De acuerdo con  lo previsto por el artículo 1° del Decreto Legislativo, la  pluralidad de clientes no será un indicio a valorar en los  siguientes casos: a) Cuando el servicio objeto de  tercerización sólo sea requerido por un número reducido de  empresas o entidades dentro del ámbito geográfico, del  mercado o del sector en que desarrolla sus actividades la  empresa tercerizadora. b) Cuando, en base a la naturaleza  del servicio u obra, existan motivos atendibles para el  establecimiento de pacto de exclusividad entre la empresa  principal y la tercerizadora. c) Cuando la empresa  tercerizadora se encuentre acogida al régimen de la micro  empresa. 4.3. Se entiende que la empresa tercerizadora  cuenta con equipamiento cuando las herramientas o equipos  que utilizan sus trabajadores son de su propiedad o se  mantienen bajo la administración y responsabilidad de  aquélla. Cuando resulte razonable, la empresa tercerizadora  podrá usar equipos o locales que no sean de su propiedad,  siempre que los mismos se encuentren dentro de su ámbito  de administración o formen parte componente o vinculada  directamente a la actividad o instalación productiva que se le  haya entregado para su operación integral. 4.4. Tanto la  empresa tercerizadora como la empresa principal podrán  aportar otros elementos de juicio o indicios destinados a  demostrar que el servicio ha sido prestado de manera  autónoma y que no se trata de una simple provisión de  personal, tales como la separación física y funcional de los  trabajadores de una y otra empresa, la existencia de una  organización autónoma de soporte a las actividades objeto  de la tercerización, la tenencia y utilización por parte de la  empresa tercerizadora de habilidades, experiencia, métodos,  secretos industriales, certificaciones, calificaciones o, en  general, activos intangibles volcados sobre la actividad  objeto de tercerización, con los que no cuente la empresa  principal, y similares. Artículo 5°.- Desnaturalización de la  tercerización Se produce la desnaturalización de la  tercerización: a) En caso que el análisis razonado de los  elementos contemplados en los artículos 2° y 3° de la Ley y  4° del present e reglamento indique la ausencia de  autonomía empresarial de la empresa tercerizadora. b)  Cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están  bajo la subordinación de la empresa principal. c) En caso  que continúe la prestación de servicios luego de transcurrido  el plazo al que se refiere el último párrafo del artículo 9 del  presente reglamento, cuando se produce la cancelación del  registro. La desnaturalización tiene por efecto que la  empresa principal sea el empleador del trabajador  desplazado, desde el momento en que se produce la  misma”. En cuanto a la causal referida a la infracción  normativa por interpretación errónea del artículo 41°del  Texto Único Ordenado d e la Ley de Relaciones  Colectivas de Trabajo de Trabajo, aprobado por Decreto  Supremo número 010-2003-TR, esta norma prescribe:  “Artículo 41°.- Convención colectiva de trabajo es el  acuerdo, destinado a regular las remuneraciones, las  condiciones  de  trabajo  y  productividad  y  demás,  concernientes a las relaciones entre trabajadores y  empleadores, celebrado, de una parte, por una o varias  organizaciones sindicales de trabajadores o, en ausencia de  éstas, por representantes de los trabajadores interesado,  expresamente elegidos y autorizados y, de la otra, por un  empleador,  un  grupo  de  empleadores,  o  varias  organizaciones de empleadores. Sólo estarán obligadas a  negociar colectivamente las empresas que hubieren  cumplido por lo menos un (1) año de funcionamiento”.  Quinto: Definición y alcances de la tercerización laboral 5.1.  La Organización Internacional del Trabajo, respecto a este  tema, señala que en la subcontratación de la producción de  bienes o de servicios, y subcontratación de mano de obra,  se distingue: a) subcontratación de la producción de bienes  o de la prestación de servicios, mediante la cual “una  empresa confía a otra el suministro de bienes o servicios, y  esta última se compromete a llevar a cabo el trabajo por su  cuenta y riesgo, y con sus propios recursos financieros,  materiales y humanos”; y b) subcontratación de mano de  obra, cuando el objetivo único o predominante de la relación  contractual es el suministro de mano de obra (y no de bienes  ni de servicios) por parte del subcontratista a la empresa  usuaria, la cual puede pedir a los interesados que trabajenen sus locales junto con sus propios asalariados o que lo  hagan en otra parte, si la organización de la producción así  lo requiere”1 . 5.2. En doctrina, la tercerización, es conocida  como  “Outsourcing”,  definida  como  el  proceso  de  externalización  de  servicios,  caracterizado  por  la  desvinculación del empleador de una actividad o proceso del  ciclo productivo que venía realizando, para trasladarla a un  tercero. Esta desvinculación no es solamente de mano de  obra, sino que se consolida en un servicio integral. Jorge  Toyama, entiende a la Tercerización como: “(…) todo  proceso  de  externalización  o  desplazamiento  hacia  actividades empresariales, autónomas o independientes, de  funciones o actividades de una parte del ciclo productivo,  proceso administrativo, área o actividad, que previamente se  desarrollaban por una misma empresa, o, que desde el inicio  de sus operaciones fue delegada a un tercero.”2 Sobre el  mismo tema, conforme señala el tratadista Sanguineti:  “mediante el recurso a la externalización de actividades  productivas es posible introducir importantes niveles de  flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo”3. 5.3. El Tribunal  Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente  número  02111-2010-PA/TC,  sobre  la  tercerización,  específicamente en los fundamentos esgrimidos por el  Magistrado Eto Cruz, ha señalado lo siguiente: La  tercerización laboral: concepto, justificación y requisitos  legales “11. La subcontratación o tercerización laboral es  una institución jurídica que en el actual contexto de la  globalización y, particularmente, al fenómeno de la  descentralización productiva como mecanismo para generar  mayor eficiencia y competitividad en el mercado. De este  modo, se entiende que en algunas ocasiones resulta más  eficiente para una empresa desplazar una fase de su ciclo  productivo a otras empresas o personas individuales, en vez  de llevarla a cabo ella directamente y con sus propios  medios o recursos. Así entendida, la tercerización u  outsourcing constituye una herramienta de gestión que  facilita a las empresas o instituciones centrar sus esfuerzos  en sus actividades distintivas, es decir, en aquellas que  conforman su core businness, evitando el desperdicio de  recursos y trabajo en aquellas actividades que, siendo  necesarias para el producto o servicio que se ofrece, no las  distinguen de manera especial [Schneider, Ben: Outsourcing:  la herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los  negocios, Bogotá, Norma, 2004, p. 47]. 12. En consonancia  con esta finalidad, el artículo 2º de la Ley Nº 29245, ‘Ley que  regula los servicios de tercerización’, define a esta última  como ‘(…) la contratación de empresas para que desarrollen  actividades especializadas u obras, siempre que aquellas  asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo;  cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o  materiales; sean responsables por los resultados de sus  actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva  subordinación” 13. Sobre la base de esta definición legal, es  posible pues identificar que, en toda relación de tercerización,  existen siempre las siguientes partes contractuales: a) la  empresa de tercerización o contratista, la cual debe hallarse  inscrita en el Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras,  que está a cargo de la Autoridad Administrativa del Trabajo,  conforme a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 29245;  y b) la empresa principal o usuaria, que es aquella que  contrata la realización de la obra o servicio. 14. Sin embargo,  la tercerización o subcontratación laboral no es una  institución que pueda asimilarse sin más a una simple  provisión de personal, lo que en puridad correspondería más  bien a la figura de la intermediación laboral, propiamente  dicha. Antes bien, el legislador se ha preocupado por  establecer aquellos elementos característicos que definen a  la tercerización como tal, y que permiten distinguirla de otras  figuras afines, entre los cuales se menciona: i) la pluralidad  de clientes; ii) la dotación de equipamiento propio; iii) la  inversión de capital; y iv) la retribución por obra o servicio  (artículo 2º de la Ley Nº 29245) 15. Por último, cabe señalar  que con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº  29245, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de junio  de 2008 (modificada a su turno por el Decreto Legislativo Nº  1038), así como su correspondiente reglamento (Decreto  Supremo Nº 006-2008-TR, publicado el 12 de septiembre de  2008), la figura de la tercerización laboral estuvo regulada  en otras leyes referidas a la intermediación laboral  (específicamente, la Ley Nº 27626, “Ley que regula la  actividad de empresas especiales de servicios y de las  cooperativas de trabajadores” y su reglamento, el Decreto  Supremo Nº 003-2002-TR, y modificatorias). 16. Asimismo,  conviene resaltar que el Reglamento de Seguridad y Salud  en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009- 2005- TR, prescribe expresamente en su artículo 61º que el  empleador  en  cuyas  instalaciones  sus  trabajadores  desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores decontratistas, subcontratistas, empresas especiales de  servicios y cooperativas de trabajadores; o quien asuma el  contrato principal de la misma, es quien garantiza: a) la  coordinación eficaz y eficiente de la gestión en prevención  de riesgos laborales; b) la seguridad y salud de los  trabajadores; y c) la verificación de la contratación de los  seguros de acuerdo a la normatividad vigente efectuada por  cada empleador durante la ejecución del trabajo, sin perjuicio  de la responsabilidad de cada uno por la seguridad y salud  de sus propios trabajadores. Asimismo, se señala que el  empleador vigilará el cumplimiento de la normatividad legal  vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por  parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas  especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que  desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con  ocasión del trabajo correspondiente del principal. Sexto:  Sobre la desnaturalización de la tercerización 6.1. Para  que no se desvirtúe la figura jurídica de tercerización, tienen  que presentarse en forma conjunta los cuatro requisitos  del primer párrafo del artículo 2°de la Ley número 29245,  esto es: 1) Que la empresa tercerizadora asuma los servicios  prestados por su cuenta y riesgo; 2) Que cuente con sus  propios recursos financieros, técnicos o materiales; 3) Que  sean responsables por los resultados de sus actividades; y,  4) Que sus trabajadores estén bajo exclusiva subordinación.  6.2. A efectos de determinar si ha existido desnaturalización  de la tercerización, se debe analizar la existencia de  autonomía empresarial, la pluralidad de clientes, contar con  equipamiento, inversión de capital y retribución por obra o  servicio; teniendo en cuenta la actividad económica, los  antecedentes, el momento de inicio de la actividad  empresarial, el tipo de actividad delegada y la dimensión de  las empresas, principal y tercerizadora (artículo 4° del  Decreto Supremo número 006-2008-TR). 6.3. Respecto al  indicio del equipamiento propio, para determinar la  autonomía de la tercerizadora, se debe tener en cuenta que  ésta tiene equipo propio, es decir cuando: (i) son de su  propiedad; (ii) se mantiene bajo su administración y  responsabilidad; y, (iii) en cuanto resulte razonable, la  tercerizadora use equipos o locales que no sean de su  propiedad, siempre que los mismos se encuentren dentro de  su ámbito de administración o formen parte componente o  vinculada directamente a la actividad o instalación productiva  que se le haya entregado para su operación integral (artículo  4.3 del Decreto Supremo número 006-2008- TR). 6.4.  Igualmente y entre otros, deben evaluarse, en su caso, otros  indicios destinados a demostrar que el servicio ha sido  prestado de manera autónoma y que no se trata de una  simple provisión de personal: la separación física y funcional  de los trabajadores de una y otra empresa; la existencia de  una organización autónoma de soporte a las actividades  objeto de la tercerización; y, la tenencia y utilización por  parte de la empresa tercerizadora de habilidades,  experiencia, métodos, secretos industriales, certificaciones,  calificaciones o, en general, activos inteligibles volcados  sobre la actividad objeto de tercerización, con los que no  cuente la principal. 6.5. De ello se puede concluir que la  tercerización constituye la descentralización de la producción  y de la prestación de servicios, a través de la cual la empresa  principal se desprende de parte de sus actividades, que  incluso pueden ser parte de su core business, y las  externaliza hacia otras empresas que detentan autonomía  de patrimonio, administrativa y funcional. No obstante,  subyace del marco legal sobre la tercerización que ésta no  puede ser utilizada con la intención o efecto de limitar o  perjudicar los derechos colectivos de los trabajadores. En el  caso que se haya incurrido en alguna de las causales  previstas en la ley sobre desnaturalización de la tercerización,  la consecuencia será que la empresa principal sea la  empleadora del trabajador desplazado, desde el momento  en que se produce la misma (artículo 6° de la Ley número  29245 y artículo 6°del Decreto Supremo número 006- 2008- TR). Séptimo: Alcances sobre la negociación colectiva El  derecho de negociación colectiva es consustancial con el  derecho de libertad sindical, toda vez que su ejercicio  potencializa la actividad de la organización sindical, en tanto  le permite a ésta cumplir la finalidad -que le es propia- de  representar, defender y promover los intereses de sus  afiliados, y hacer posible, real y efectivo el principio de  igualdad de oportunidades en el trabajo. Mediante el  ejercicio del derecho de negociación colectiva se busca  cumplir la finalidad de lograr el bienestar y la justicia social  en las relaciones que surgen entre empleadores y  trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación  económica y equilibrio social; es así, que, en algunas  ocasiones, el derecho de negociación colectiva se hace  efectivo a través de la celebración de acuerdos, contratos o  convenios colectivos. Por dicha razón, resulta válido afirmarque la negociación colectiva constituye el medio primordial  de acción de la organización sindical para la defensa y  promoción de los intereses económicos y sociales que les  son propios4. Octavo: Aunado a ello, resulta ilustrativo  indicar que de acuerdo a los Convenios de la Organización  Internacional del Trabajo Nos. 985 y 1516, que forman parte  del bloque de constitucionalidad del artículo 28° de la  Constitución Política del Perú, señalan que puede  entenderse a la negociación colectiva como el procedimiento  que permite crear acuerdos y materializar diferentes  compromisos respecto a los distintos intereses que puedan  tener tanto los empleadores como los trabajadores. Noveno:  Es así que, la negociación colectiva es concebida como la  actividad o proceso encaminado a la conclusión de un  acuerdo, contrato o convenio colectivo que den respuesta a  los distintos intereses de las partes, fijando formas  equitativas para la distribución de las cargas y beneficios y  de los derechos y obligaciones, es decir, constituye el  principal instrumento para la armonización de los intereses  contradictorios de las partes en la relación laboral7. Décimo:  Alcances sobre el convenio colectivo El producto de la  negociación, es el convenio colectivo, que se define como el  acuerdo que permite crear, modificar o extinguir derechos y  obligaciones referidas a remuneraciones, condiciones de  trabajo, productividad y demás aspectos concernientes a las  relaciones laborales; asimismo, el referido acuerdo emana  de una autonomía relativa consistente en la capacidad de  regulación  de  las  relaciones  laborales  entre  los  representantes de los trabajadores y sus empleadores8.  Asimismo, Luis Campos y otros, señalan que los convenios  colectivos son: “básicamente acuerdos celebrados entre  empresarios (uno o varios) y trabajadores (una o varias  agrupaciones de trabajadores) para fijar normas (aspecto  normativo) que regularán las condiciones de trabajo en un  ámbito laboral determinado y los derechos y obligaciones de  las propias partes contratantes (aspecto obligacional)9.  Décimo primero: Principios que sustentan el derecho a la  negociación colectiva El Tribunal Constitucional, en la  Sentencia recaída en el Expediente número 03561-2009-PA/ TC, ha incluido el desarrollo de los principios que sustentan  el derecho a la negociación colectiva, a saber: a) negociación  libre y voluntaria; b) libertad para decidir el nivel de la  negociación, y c) buena fe. “Principio de negociación libre  y voluntaria: Este principio es uno de los pilares de la  negociación colectiva, el cual se encuentra ratificado en el  artículo 4º del Convenio núm. 98 y el artículo 5º del Convenio  núm. 154 y hace referencia a que no deben existir medidas  de coacción que alteren el carácter voluntario de la  negociación. Al respecto, el Tribunal Constitucional, señala  que: “el Estado no puede ni debe imponer, coercitivamente,  un sistema de negociaciones colectivas a una organización  determinada, intervención estatal que claramente atentaría  no sólo contra el principio de la negociación libre y voluntaria,  sino también contra los derechos de libertad sindical y de  negociación colectiva. No obstante, ello no impide que el  Estado pueda prever legislativamente mecanismos de  auxilio a la negociación, tales como la conciliación, la  mediación o el arbitraje, ni órganos de control que tengan  por finalidad facilitar las negociaciones”10. De ahí que este  principio abarca dos supuestos: a) libertad para negociar o  libertad de elegir entre acudir o no a negociar y de negociar  con una u otras organizaciones sindicales; y, b) libertad para  convenir o libertad para ponerse o no de acuerdo durante el  íter de la negociación. Principio de Libertad para decidir el  nivel de la negociación colectiva: La elección del nivel en  que se llevará a cabo la negociación colectiva corresponderá,  esencialmente, a la voluntad de las partes; y, por  consiguiente, no debe ser impuesto por la legislación. Dicho  de otro modo, esta elección corresponde a los propios  interlocutores de la negociación por cuanto se encuentran  en mejor posición para decidir cuál es el nivel más adecuado.  Al respecto, señala el Tribunal Constitucional que: “por  excepción, cabe la posibilidad de que el nivel de la  negociación colectiva pueda ser determinada por vía  heterónoma (arbitraje) ante un organismo independiente a  las partes, en función de la naturaleza promotora de la  negociación colectiva. Principio de buena fe: Para que la  negociación colectiva sea eficaz, ambas partes deben actuar  con buena fe y lealtad; es decir, deben realizar un esfuerzo  sincero de aproximación mutua para obtener un convenio”.  Décimo segundo: Análisis del caso concreto Es importante  precisar lo siguiente: - De la demanda, se tiene que el  demandante pretende el reconocimiento de vínculo laboral  con la empresa Sociedad Minera Austria Duvaz Sociedad  Anónima Cerrada – DUVAZ S.A.C. por existir simulación y  fraude en la contratación entre esta última y la empresa  Cuprita J.P. Sociedad Anónima Cerrada – CUPRITA S.A.C.,  toda vez realiza labores propias del giro de la actividad ypermanente de la empresa principal, y porque además la  empresa principal DUVAZ S.A.C. ha ejercido funciones de  empleador al otorgarle al demandante derechos a los  trabajadores de la contratista, conforme a actas de acuerdo  suscritas con su Sindicato. - Del contrato de locación de  servicios y de obra de fecha treinta y uno de octubre de dos  mil ocho, obrante a fojas setenta y uno a ochenta y nueve,  suscrito entre la empresa Austria Duvaz S.A., (usuaria) y  Cuprita J.P S.A.C., al amparo de la Ley General de Minería,  se establecieron las siguientes cláusulas pertinentes para  resolver el caso: “PRIMERA. - ANTECEDENTES LA  COMPAÑÍA es una empresa privada que se dedica a  desarrollar actividades de exploración y explotación minera,  quien realiza su objeto social dentro de su Unidad Económica  Administrativa Austria Duvaz y en sus campamentos  mineros, ubicados en el Distrito de Morococha, Provincia de  Yaull, Departamento de Junín. EL CONTRATISTA, por su  parte, es una empresa dedicada al trabajo de exploración,  estudios de desarrollo, explotación de minas, asesoramiento,  servicios en general desarrollados con la minería en general  (…) SEGUNDA.- OBJETO Mediante el presente documento  EL CONTRATISTA se obliga frente a LA COMPAÑÍA a  ejecutar las labores de exploración, desarrollo, preparación  y explotación minera (en adelante Las Obras) las cuales  comprenden la realización de lo siguiente: 1. Trabajos de  producción (perforación, voladura y limpieza de mineral  puesta en los echaderos de los tajeos) 2. Trabajos de  preparación y desarrollo (perforación, voladura y limpieza) 3.  El mantenimiento y rehabilitación de los accesos, vías de las  áreas de trabajo, chutes, parrillas y limpieza de instalaciones  con precios unitarios a establecerse de común acuerdo. 4.  Otros servicios como sostenimiento (colocación de pernos,  puntales, etc.) (…) Las partes dejan expresamente  establecido que, al amparo de lo establecido en el numeral  11 del artículo 37° de la Ley General de Minería, LA  COMPAÑÍA ha optado por la tercerización con el objetivo de  mejorar los rendimientos y performances actuales de su  organización, para lograr ventajas competitivas y creando  valor a través de EL CONTRATISTA”. Sobre esto, es  importante precisar que, en principio, ambas empresas  tienen como actividad económica principal lo relacionado a  la exploración y explotación de minas, lo cual se encuentra  corroborado con la información emitida por SUNAT  (específicamente en la consulta del Registro Único de  Contribuyente – RUC11), y que además es de vital importancia  el hecho de que la empresa CUPRITA JP S.A.C. se  encuentra inscrita ante la Dirección General de Minería  del Ministerio de Energía y Minas, según Resolución  Directoral número 925-2008-MEM/DGM Registro número  0008092508, como ha sido señalado en el contrato de  locación suscrito entre ambas empresas; lo cual resulta  conforme a lo establecido en el numeral 11 del artículo 37°  del Decreto Supremo número 014-92-EM, Texto Único  Ordenado de la Ley General de Minería, que señala: “Los  titulares de las concesiones, gozan de los siguientes  atributos: A contratar la ejecución de los trabajos de  exploración, desarrollo, explotación y beneficio, con  empresas especializadas inscritas en la Dirección General  de Minería”. Décimo tercero: Es muy importante señalar  que las empresas codemandadas realizan actividades  mineras, por lo que resultan aplicables al caso de autos, las  normas que regulan este sector, como es el Decreto  Supremo número 005- 2008-EM, que reestructura el  Registro de Empresas Especializadas de Contratistas  Mineros. Siendo esto así, nos encontramos ante un  supuesto en el que la permisibilidad de poder contratar la  ejecución de trabajos relacionados a la explotación de  minas, se encuentra previsto en la ley especial de  minería que resulta aplicable para el presente caso en  concreto, y siendo que la empresa CUPRITA JP S.A.C.,  cuenta  con  el  registro  correspondiente,  no  existe  impedimento alguno por parte de la codemandada AUSTRIA  DUVAZ S.A.C. de tercerizar dichas actividades. Décimo  cuarto: Esta Sala Suprema, de la revisión de los actuados,  advierte que en el presente caso se han verificado los  elementos esenciales de la tercerización establecidos en  el artículo 2°de la Ley número 29 245, esto es: (1) que la  empresa tercerizadora asuma los servicios prestados por su  cuenta y riesgo; (2) que cuente con sus propios recursos  financieros, técnicos o materiales; (3) que sean responsables  por los resultados de sus actividades; y, (4) que sus  trabajadores estén bajo exclusiva subordinación. 14.1. En  relación a los elementos esenciales mencionados, se debe  tener presente que, de la revisión del contrato de ejecución  de obras de labores mineras suscrita entre las empresas  codemandadas, la contratista asume los servicios prestados  por su cuenta y riesgo, siendo responsables de los resultados  de sus actividades (1) y (3); y tienen bajo subordinación asus trabajadores (4); todo ello, además del aludido contrato,  conforme a los siguientes medios probatorios: - Boletas de  pago del demandante, obrante a fojas dos a siete;  documentos en los cuales se observa el logotipo de  CUPRITA JP S.A.C., y no de la empresa DUVAZ S.A.C. -  Constancia de Aseguramiento – Póliza de Seguro  Complementario de Trabajo, obrante a fojas doscientos  noventa y ocho a trescientos (en el que figura el demandante);  documentos con los que se acredita que la empresa  CUPRITA JP S.A.C. brindaba servicios de manera autónoma.  14.2. En relación a que la empresa CUPRITA JP S.A.C.,  cuente con sus propios recursos financieros, técnicos o  materiales (2), este hecho se evidencia principalmente de la  evaluación de las pruebas siguientes: - Facturas de pago  (por los conceptos: servicios de alquiler de vehículos de  transporte, servicios de alimentación, pólizas de seguro,  servicios administrativos, alquiler de máquinas para  actividades mineras, servicios de transporte de personal, y  otros), obrante a fojas doscientos ochenta y nueve a  trescientos tres y el contrato de ejecución de labores mineras  entre Compañía Minera Casapalca S.A. y CUPRITA JP  S.A.C., obrante a fojas trescientos cuatro a trescientos  catorce. Documentos que acreditan que, la empresa  CUPRITA  JP  S.A.C.  contaba  con  implementos  o  equipamientos para el cumplimiento de sus obligaciones,  conforme el colegiado superior lo ha desarrollado. Décimo  quinto: El Colegiado Superior, analizando las posiciones de  las partes procesales y de la valoración probatoria,  determinaron que la empresa contratista cuenta con sus  propios recursos financieros, técnicos y materiales, tiene  responsabilidad por los resultados de sus actividades,  asume el servicio por su cuenta y riesgo, los trabajadores  destacados se encuentran bajo su exclusiva subordinación,  tiene pluralidad de clientes y una retribución por la obra o  servicio prestado. 15.1. Es importante destacar que, en  Morococha, en donde el demandante prestó servicios, se  desarrolla la minería subterránea, de ahí que la empresa  usuaria tiene que proporcionar a las terceristas, los  elementos básicos para realizar el trabajo subterráneo,  como los ductos de electricidad, puntos de agua y aire, entre  otros. Décimo sexto: Del mismo modo, en lo concerniente  al requisito de la pluralidad de clientes (que no es un  requisito esencial), se ha determinado que se cumple con el  mismo, conforme al contrato de ejecución de labores  mineras entre Compañía Minera Casapalca S.A. y Cuprita  PJ S.A.C. Además, debe observarse el ámbito geográfico en  el que se realizan dichas actividades, entendiéndose que,  para el caso en concreto (unidad minera Morococha), si bien  la parte recurrente sostiene que las actividades de minería  se desarrollan en todo el país, también es cierto que su  expresión resulta genérica, teniendo en cuenta la realidad  nacional respecto a las actividades relacionadas a la  explotación de minería de nuestro país, ya sea por la  cantidad de empresas que requiere el servicio y/o por el  ámbito geográfico del mercado o del sector, lo cual la  empresa CUPRITA PJ S.A.C. ha acreditado en este proceso  que, no solo prestaba sus servicios a la empresa usuaria  codemandada, sino también a la empresa Casapalca, como  ha sido mencionado anteriormente, con lo que cumple con  dicho elemento. Es por ello que, si bien la parte recurrente  en su escrito de casación, señala que no existe documento  que evidencie la prórroga del contrato con Casapalca, o que  haya tenido otros clientes en la fecha que ingresó; lo cierto  es que la empresa CUPRITA JP S.A.C. sí cumplió con  presentar los medios probatorios pertinentes en la etapa  procesal correspondiente respecto a la pluralidad de  clientes, lo cual no fue cuestionado de manera expresa por  la parte recurrente sobre dicha pieza documental, sino es  recién hasta esta etapa; extremos fácticos que han sido  claramente dilucidado por el colegiado superior. Décimo  séptimo: En lo concerniente a la alegada desnaturalización  de la tercerización por las negociaciones colectivas que  hayan sido suscritas por la empresa AUSTRIA DUVAZ  S.A.C., en el que se haya reconocido beneficios sindicales a  trabajadores que no son sus trabajadores; se debe tener  presente que, de conformidad con nuestra legislación  laboral, existen diversos tipos de sindicatos, los cuales  pueden ser, conforme a lo previsto por el artículo 5° del Texto  Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de  Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo número 010- 2003-TR: i) De empresa, formados por trabajadores de  diversas profesiones, oficios o especialidades, que presten  servicios para un mismo empleador. ii) De actividad,  formados por trabajadores de profesiones, especialidades u  oficios diversos de dos (2) o más empresas de la misma  rama de actividad. iii) De gremio, formados por trabajadores  de diversas empresas que desempeñan un mismo oficio,  profesión o especialidad. iv) De oficios varios, formados portrabajadores  de  diversas  profesiones,  oficios  o  especialidades que trabajen en empresas diversas o de  distinta actividad, cuando en determinado lugar, provincia o  región el número de trabajadores no alcance el mínimo legal  necesario para constituir sindicatos de otro tipo. Es decir, los  trabajadores de una empresa o de varias empresas son  libres de constituir las organizaciones sindicales que mejor  convengan para la consecución de sus fines, así como son  libres de afiliarse a aquellas organizaciones que estimen  convenientes a sus intereses. Décimo octavo: Es por ello  que, a fin de asegurar que la negociación colectiva, cuente  con suficiente espacio para su adecuado desarrollo, surge el  Principio de Autonomía Colectiva, considerado como pilar  básico del sistema de relaciones laborales. Siendo una de  sus manifestaciones -de acuerdo con el artículo 2° del  Convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo -,  que “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna  distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de  constituir las organizaciones que estimen convenientes, así  como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola  condición de observar los estatutos de las mismas”; o dicho  en otras palabras que: “Los trabajadores y empleadores son  libres de constituir las organizaciones sindicales que  consideren necesarias y elegir la manera en la que las  mismas se van a organizar, ello con la única condición de  observar y respetar lo pactado en su estatuto. En  consecuencia, el ordenamiento interno no puede restringir el  ejercicio de este derecho, salvo que la ley, basada en causas  razonables, lo prevea expresamente”12. Así, los trabajadores  y empleadores gozan de libertad para elegir la manera en la  que se van a organizar, sin mayores restricciones que las  establecidas expresamente por ley, teniendo incluso  presente lo previsto por el numeral 24) del artículo 2° de la  Constitución Política del Perú, en donde se señala: “Toda  persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad  personales. En consecuencia: a. Nadie está obligado a  hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que  ella no prohíbe. (…)”. 4.1. Es necesario señalar que, la  elección  del  tipo  de  organización,  no  determina  necesariamente que esta se vea obligada a negociar  únicamente en el correspondiente nivel fijado por la ley,  debiendo entenderse este aspecto de manera dinámica. En  consecuencia,  podrán  negociar  colectivamente  en  representación de los trabajadores en las convenciones  colectivas de empresa, tanto la organización sindical o los  representantes elegidos que lo sustituyan como el conjunto  de ellas de la rama o gremio que corresponda, siempre que  cuente con legitimidad negocial para ello, esto es que, entre  sus afiliados u organizaciones afiliadas, existan trabajadores  de la empresa con la que pretende entablar la negociación.  Décimo noveno: En el presente caso, se tiene que la parte  recurrente hace referencia principalmente a los siguientes  medios probatorios: - Acta de Instalación de Trato Directo  Convenio Colectivo 2017-2018; suscrita el quince de junio  de dos mil diecisiete por el Sindicato de Trabajadores  Mineros Metalúrgicos de las Empresas Especializadas,  Contratistas y de la Usuaria Sociedad Minera Austria Duvaz  S.A.C., la Federación Nacional de Trabajadores de las  Empresas Especializadas y Contratistas de la Actividad  Minera y Metalúrgica del Perú, la empresa Sociedad Minera  Austria Duvaz S.A.C. y Cuprita J.P. S.A.C., obrante a fojas  catorce. - El convenio colectivo 2017-2018; de fecha siete  de julio de dos mil diecisiete, suscrito por las mismas partes  antes mencionadas, obrante a fojas quince a veinte. -  Acuerdo de partes; suscrito el del doce de abril de dos mil  diecisiete por el Sindicato Único de Trabajadores Mineros  Metalúrgicos de las Empresas Especializadas, Contratista y  de la Usuaria Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C., la  Federación Nacional de Trabajadores de las Empresas  Especializadas y Contratistas de la Actividad Minera y  Metalúrgica del Perú, y la empresa Sociedad Minera Austria  Duvaz S.A.C., obrante a fojas doce. - Acta de acuerdo en  reunión de extraproceso; del veintisiete de junio de dos mil  diecisiete suscrito por el Sindicato de Trabajadores Mineros  Metalúrgicos de las Empresas Especializadas, Contratista y  de la Usuaria Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C., la  empresa Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C., empresa  EMCIT S.A.C. y Cuprita J.P. S.A.C., obrante a fojas trece.  Por los cuales, la parte recurrente sostiene que, con dichas  negociaciones colectivas se demuestra la existencia de una  subordinación e injerencia de parte de la empresa DUVAZ  S.A.C. en la gestión de las empresas contratistas, así como  que se encuentra evidenciado que las empresas contratistas  no gozan de independencia en las negociaciones colectivas  respecto de sus trabajadores. Vigésimo: Al respecto, es  importante precisar que, si bien en dichas negociaciones  colectivas participa la empresa usuaria AUSTRIA DUVAZ  S.A.C, también es cierto que participan los trabajadores dediversas empresas contratistas. Conforme lo ha señalado el  Comité de Libertad Sindical de la Organización  Internacional de Trabajo en la Decisión número 1414: “Si  bien el empleador o contratista principal puede no estar  obligado a negociar con un sindicato que representa a  trabajadores contratados por subcontratistas (o con un  sindicato que no haya demostrado que alguno de sus  miembros trabaja para el contratista principal), nada debería  impedirle a ese empleador negociar y celebrar un convenio  colectivo en forma voluntaria. Además, el sindicato en  cuestión debería también tener la posibilidad de pedirle al  empleador de su elección que negocie con él en forma  voluntaria, sobre todo porque en casos como el presente  sería imposible negociar con cada uno de los subcontratistas.  De hecho, debido a la posición dominante del contratista  principal en la obra, y a la ausencia general de negociaciones  colectivas a nivel del ramo o la industria, la celebración de  un convenio colectivo con el contratista principal parece ser  la única opción viable para realizar una negociación colectiva  eficaz y concertar un convenio colectivo que tenga un ámbito  de aplicación suficientemente general con respecto a la  obra”13. En consecuencia, no se ha infringido el artículo 41°  del Decreto Supremo número 010-2003-TR, en tanto que la  Convención Colectiva de Trabajo regula las condiciones de  trabajo, y, en mérito a la libertad sindical, específicamente el  derecho a la negociación colectiva, lo pactado por los  intervinientes en las negociaciones colectivas y acuerdos  señalados en el considerando décimo noveno de la presente  resolución, se realizaron de manera libre y voluntaria,  buscando beneficios a los trabajadores de las contratas, y  en un contexto de plazo de huelga, lo cual en principio no se  encuentra prohibido por nuestro ordenamiento jurídico, toda  vez que no existe ninguna disposición legal que prohíba y/o  límite de alguna forma el nivel de la negociación colectiva, y  que además no se encuentra previsto como una causal  de desnaturalización de los contratos de tercerización.  Vigésimo primero: En consecuencia, se tiene que la  extensión de dichos beneficios sindicales no configuran  algún supuesto o causal de desnaturalización del contrato  de tercerización suscrito entre las codemandadas AUSTRIA  DUVAZ S.A.C. y CUPRITA JP S.A.C.; y estando a que, se ha  corroborado la validez del aludido contrato, de conformidad  con el análisis de los medios probatorios aportados al  proceso, así como lo expresado por las partes en cada etapa  procesal y la normativa pertinente aplicable al caso en  concreto, deviniendo en infundadas las causales declaras  procedentes. Por los fundamentos antes expuestos, se  concluye que el recurso de casación planteado por la parte  recurrente deviene en infundado. Por estas consideraciones  y de acuerdo a lo regulado además por el artículo 41°de la  Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo:  DECISIÓN Declararon INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto por el demandante, Máximo Felipe Valerio  Ramos, mediante escrito presentado el dos de mayo de dos  mil diecinueve, que corre de fojas cuatrocientos sesenta y  dos a cuatrocientos ochenta y nueve; en consecuencia, NO  CASARON la Sentencia de Vista de fecha tres de abril de  dos mil diecinueve, que corre de fojas trescientos setenta y  dos a trescientos ochenta y ocho; ORDENARON la  publicación del texto de la presente resolución en el diario  oficial “El Peruano”, conforme ley; en el proceso seguido  contra Sociedad Minera Austria Duvaz Sociedad Anónima  Cerrada y Cuprita J.P. Sociedad Anónima Cerrada, sobre  desnaturalización de tercerizacion y otros; y los  devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA AMPUDIA HERRERA  LÉVANO VERGARA, CARLOS CASAS EL VOTO EN  DISCORDIA  DEL  SEÑOR  JUEZ  SUPREMO  ATO  ALVARADO, CON LA ADHESIÓN DE LOS SEÑORES  JUECES SUPREMOS: MALCA GUAYLUPO Y PINARES  SILVA DE TORRE, ES COMO SIGUE: MATERIA DEL  RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por  el demandante, Máximo Felipe Valerio Ramos, mediante  escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecinueve,  que corre de fojas cuatrocientos sesenta y dos a  cuatrocientos ochenta y nueve, contra la Sentencia de Vista  de fecha tres de abril de dos mil diecinueve, que corre de  fojas trescientos setenta y dos a trescientos ochenta y ocho,  que revocó la Sentencia de primera instancia de fecha  veintiséis de abril de dos mil dieciocho, que corre de fojas  doscientos dieciocho a doscientos veintisiete, que declaró  fundada la demanda; reformándolo a infundado; en el  proceso seguido con la parte demandada, Sociedad Minera  Austria Duvaz Sociedad Anónima Cerrada y Cuprita J.P.  Sociedad Anónima Cerrada, sobre desnaturalización de  tercerización y otros. CAUSALES DEL RECURSO: El  recurso de casación interpuesto por la parte demandante se  declaró procedente mediante resolución de fecha diez de  agosto de dos mil veintiuno, que corre de fojas cientodiecisiete a ciento veinte del cuaderno de casación, por las  causales de: i) Infracción normativa por interpretación  errónea del artículo 2° de la Ley N° 29245, Ley que regula  los servicios de terce rización. ii) Infracción normativa por  inaplicación del artículo 5° de la Ley N° 29245, Ley que  regula los servicios de tercerización; y de los artículos  3°, 4° y 5°del Reglamento de la referida Ley, aprobado  por Decreto Supremo N° 006-2008-TR. iii) Infracción  normativa por inaplicación del artículo 41° del Texto Único  Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  010-2003-TR.  Correspondiendo  a  esta  Sala  Suprema  emitir  pronunciamiento  de  fondo  sobre  dichas  causales.  CONSIDERANDO: Primero. Antecedentes del caso Para  contextualizar el análisis de las causales de casación  declaradas procedentes, es oportuno tener en cuenta como  antecedentes del proceso los siguientes: 1.1. Pretensión.  Conforme se aprecia de la demanda interpuesta el quince de  septiembre de dos mil diecisiete, que corre en fojas treinta y  seis a cincuenta y siete, el accionante solicita la  desnaturalización del contrato de tercerización celebrado  entre Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. y Cuprita J.P.  S.A.C.; el reconocimiento de un contrato de trabajo a plazo  indeterminado en la empresa Sociedad Minera Austria  Duvaz S.A.C. desde el trece de septiembre de dos mil trece  a la actualidad, manteniendo su actual cargo, nivel, categoría  y remuneración alcanzada; más costas y costos del proceso.  1.2. Sentencia de primera instancia. El Décimo Cuarto  Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de  Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha veintiséis de  abril de dos mil dieciocho, declaró fundada la demanda; al  considerar quede de las pruebas aportadas se puede  concluir que el contrato de locación de servicios y obra entre  las codemandadas no cumplió los requisitos establecidos  por la Ley N° 29245; habiéndose desnaturalizado el mismo,  por lo que corresponde asumir la teoría del demandante,  estos es, declarar la existencia de una relación laboral entre  el demandante y la codemandada Sociedad Minera Austria  Duvaz desde el trece de septiembre de dos mil trece a la  actualidad, siendo que mantiene vínculo laboral vigente. 1.3.  Sentencia de segunda instancia. La Octava Sala Laboral  Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima,  mediante Sentencia de Vista de fecha tres de abril de dos mil  diecinueve, revocó la sentencia apelada que declaró  fundada la demanda; reformándolo a infundado. bajo  similares fundamentos El Colegiado Superior consideró que  no se ha acreditado una causal establecida dentro de la  normativa aplicable de desnaturalización de los contratos de  tercerización que este fuera de los alcances de la  subcontratación dentro de la actividad principal de la  empresa usuaria, por el cual se pueda sustentar el control de  la empresa principal sobre las actividades de la contratista o  que la misma no cuente con autonomía financiera o  estructural,  concluyéndose  así  que  el  contrato  de  tercerización y el traslado del trabajador a las instalaciones  de la empresa principal ha sido válida, al no calzar con los  supuesto de desnaturalización previstos en el artículo 5°de  la Ley de Tercerización Laboral N ° 29245 y su reglamento.  Segundo. Infracción normativa La infracción normativa se  produce con la afectación a las normas jurídicas en que  incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fin  al proceso, dando lugar a que la parte que se considere  afectada pueda interponer su recurso de casación. Tercero.  Delimitación del objeto de pronunciamiento Esta Sala  Suprema declaró procedente diversas causales de orden  material sobre la tercerización laboral, para su análisis, el  Colegiado Supremo considera conveniente realizarlo en  conjunto, toda vez que los argumentos de la parte recurrente  sobre dichas causales tienen conexidad entre sí. Cuarto.  Las disposiciones legales cuestionadas en casación  disponen: - De la Ley que regula los servicios de  tercerización, Ley N°29245 “Artículo 2°. Definición Se  entiende por tercerización la contratación de empresas para  que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre  que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta  y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros,  técnicos o materiales; sean responsables por los resultados  de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva  subordinación. Constituyen elementos característicos de  tales actividades, entre otros, la pluralidad de clientes, que  cuente con equipamiento, la inversión de capital y la  retribución por obra o servicio. En ningún caso se admite la  sola provisión de personal La aplicación de este sistema de  contratación no restringe el ejercicio de los derechos  individuales y colectivos de los trabajadores. Artículo 5°.  Desnaturalización Los contratos de tercerización que no  cumplan con los requisitos señalados en los artículos 2 y 3  de la presente Ley y que impliquen una simple provisión depersonal, originan que los trabajadores desplazados de la  empresa tercerizadora tengan una relación de trabajo directa  e inmediata con la empresa principal, así como la cancelación  del registro a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley,  sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en las  normas correspondientes”. - Del Reglamento de la Ley que  regula los servicios de tercerización, Decreto Supremo  N°006-2008-TR Artículo 3°. Requisitos Para efectos de la  Ley, los cuatro requisitos señalados en el primer párrafo del  artículo 2 de la misma son copulativos. La inexistencia de  uno, cualquiera de ellos, desvirtúa la tercerización. Artículo  4°. Elementos característicos 4.1. Los elementos propios  de los servicios de tercerización que se encuentran  regulados en el segundo párrafo artículo 2 de la Ley  constituyen, entre otros, indicios de la existencia de  autonomía empresarial, los cuales deben ser evaluados en  cada caso concreto, considerando la actividad económica,  los antecedentes, el momento de inicio de la actividad  empresarial, el tipo de actividad delegada y la dimensión de  las empresas principal y tercerizadora. 4.2. De acuerdo con  lo previsto por el artículo 1 del Decreto Legislativo, la  pluralidad de clientes no será un indicio a valorar en los  siguientes casos: a) Cuando el servicio objeto de  tercerización sólo sea requerido por un número reducido de  empresas o entidades dentro del ámbito geográfico, del  mercado o del sector en que desarrolla sus actividades la  empresa tercerizadora. b) Cuando, en base a la naturaleza  del servicio u obra, existan motivos atendibles para el  establecimiento de pacto de exclusividad entre la empresa  principal y la tercerizadora. c) Cuando la empresa  tercerizadora se encuentre acogida al régimen de la micro  empresa. 4.3. Se entiende que la empresa tercerizadora  cuenta con equipamiento cuando las herramientas o equipos  que utilizan sus trabajadores son de su propiedad o se  mantienen bajo la administración y responsabilidad de  aquélla. Cuando resulte razonable, la empresa tercerizadora  podrá usar equipos o locales que no sean de su propiedad,  siempre que los mismos se encuentren dentro de su ámbito  de administración o formen parte componente o vinculada  directamente a la actividad o instalación productiva que se le  haya entregado para su operación integral. 4.4. Tanto la  empresa tercerizadora como la empresa principal podrán  aportar otros elementos de juicio o indicios destinados a  demostrar que el servicio ha sido prestado de manera  autónoma y que no se trata de una simple provisión de  personal, tales como la separación física y funcional de los  trabajadores de una y otra empresa, la existencia de una  organización autónoma de soporte a las actividades objeto  de la tercerización, la tenencia y utilización por parte de la  empresa tercerizadora de habilidades, experiencia, métodos,  secretos industriales, certificaciones, calificaciones o, en  general, activos intangibles volcados sobre la actividad  objeto de tercerización, con los que no cuente la empresa  principal, y similares. Artículo 5°. Desnaturalización de la  tercerización Se produce la desnaturalización de la  tercerización: a) En caso que el análisis razonado de los  elementos contemplados en los artículos 2 y 3 de la Ley y 4  del presente reglamento indique la ausencia de autonomía  empresarial de la empresa tercerizadora. b) Cuando los  trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo la  subordinación de la empresa principal. c) En caso que  continúe la prestación de servicios luego de transcurrido el  plazo al que se refiere el último párrafo del artículo 9 del  presente reglamento, cuando se produce la cancelación del  registro. La desnaturalización tiene por efecto que la  empresa principal sea el empleador del trabajador  desplazado, desde el momento en que se produce la  misma”. Quinto. El tema en controversia está relacionado a  determinar si el contrato de tercerización suscrito entre las  codemandadas se ha desnaturalizado o no, para efectos de  establecer el vínculo laboral del demandante con la empresa  principal Sociedad Minera Austria Duvaz Sociedad Anónima  Cerrada. Sexto. Alcances de la tercerización laboral En  cuanto a la tercerización, conocida en doctrina como el  “Outsourcing”, es definida como el proceso de externalización  de servicios, caracterizado por la desvinculación del  empleador de una actividad o proceso del ciclo productivo  que venía realizando, para trasladarla a un tercero. Esta  desvinculación no es solamente de mano de obra, sino que  se consolida en un servicio integral. Jorge Toyama entiende  a la Tercerización como: “(…) todo proceso de externalización  o  desplazamiento  hacia  actividades  empresariales  autónomas o independientes, de funciones o actividades de  una parte del ciclo productivo, proceso administrativo, área o  actividad, que previamente se desarrollaban por una misma  empresa, o, que desde el inicio de sus operaciones fue  delegada a un tercero.”14 Por su parte, el Tribunal  Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N°02111-2012-PA/TC,  precisa  lo  siguiente:  “11.  La  subcontratación o tercerización laboral es una institución  jurídica que surge como respuesta a las nuevas necesidades  que afrontan las empresas en el actual contexto de la  globalización y, particularmente, al fenómeno de la  descentralización productiva como mecanismo para generar  mayor eficiencia y competitividad en el mercado. De este  modo, se entiende que en algunas ocasiones resulta más  eficiente para una empresa desplazar una fase de su ciclo  productivo a otras empresas o personas individuales, en vez  de llevarla a cabo ella directamente y con sus propios  medios o recursos. Así entendida, la tercerización u  outsourcing constituye una herramienta de gestión que  facilita a las empresas o instituciones centrar sus esfuerzos  en sus actividades distintivas, es decir, en aquellas que  conforman su core businness, evitando el desperdicio de  recursos y trabajo en aquellas actividades que, siendo  necesarias para el producto o servicio que se ofrece, no las  distinguen de manera especial [Schneider, Ben: Outsourcing:  la herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los  negocios, Bogotá, Norma, 2004, p. 47]. 12. En consonancia  con esta finalidad, el artículo 2º de la Ley Nº 29245, “Ley que  regula los servicios de tercerización”, define a esta última  como ‘(…) la contratación de empresas para que desarrollen  actividades especializadas u obras, siempre que aquellas  asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo;  cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o  materiales; sean responsables por los resultados de sus  actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva  subordinación’”. Séptimo. Alcances del principio de primacía  de la realidad en el ámbito de la tercerización Para efectos  del análisis de la tercerización se debe tener en cuenta el  principio de primacía de la realidad, el cual constituye uno de  los instrumentos de mayor relevancia en el Derecho de  Trabajo, por cuanto, permite al Juez establecer la verdadera  naturaleza de una relación contractual, privilegiando lo que  sucede en el campo de los hechos, sobre lo que puedan  contener los documentos15, principio que ha sido recogido  en el artículo 4° de l Texto Único Ordenado del Decreto  Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad  Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.  Ahora bien, en el marco de dicho principio, conviene anotar  que aun cuando pueda existir un contrato debidamente  formalizado, será la forma como en la práctica se ejecuta el  mismo lo que va a determinar su real naturaleza,  privilegiándose la realidad sobre lo estipulado en los  documentos, siendo que en el caso de una pretendida  relación laboral deberá analizarse las manifestaciones y  rasgos sintomáticos del contrato de trabajo, en la medida  que estos últimos, determinan las características propias de  una relación laboral. De acuerdo a lo expuesto, debemos  precisar que a criterio de Plá Rodríguez16, la discordia que  se suscita entre la práctica y los hechos posee múltiples  procedencias, siendo que podemos señalar las siguientes: -  De la intención deliberada de fingir o simular una situación  jurídica distinta de la real, siendo aquella el principal  supuesto que se aprecia en la realidad, es decir, cuando se  disimula el contrato real sustituyéndolo, ficticiamente, por un  contrato distinto. - Provenir de un error, como puede ser en  la calificación del trabajador. - La falta de actualización de  datos. - La falta de cumplimiento de los requisitos formales.  De lo anotado, se infiere que la validez de un contrato de  tercerización puede ser objeto de análisis bajo la aplicación  del principio de primacía de la realidad, ello en la medida  que medie discordia entre lo suscitado y los documentos que  dan  origen  a  la  tercerización.  Octavo.  Sobre  la  desnaturalización de la tercerización Para que no se  desvirtúe la figura jurídica de Tercerización, tienen que  presentarse en forma conjunta los cuatro requisitos del  primer párrafo del artículo 2°de la Ley N° 29245 , esto es:  1) Que la empresa tercerizadora asuma los servicios  prestados por su cuenta y riesgo; 2) Que cuente con sus  propios recursos financieros, técnicos o materiales; 3) Que  sean responsables por los resultados de sus actividades; y,  4) Que sus trabajadores estén bajo exclusiva subordinación.  Asimismo, a efectos de determinar si ha existido  desnaturalización de la Tercerización, es conveniente  analizar la existencia de autonomía empresarial, la pluralidad  de clientes, contar con equipamiento, inversión de capital y  retribución por obra o servicio; teniendo en cuenta la  actividad económica, los antecedentes, el momento de inicio  de la actividad empresarial, el tipo de actividad delegada y la  dimensión de las empresas, principal y tercerizadora  (artículo 4°del Decreto Supremo número 006-2008-TR ).  Respecto al indicio del equipamiento propio, para determinar  la autonomía de la tercerizadora, se debe tener en cuenta  que esta tiene equipo propio, es decir cuando: (i) son de su  propiedad; (ii) se mantiene bajo su administración yresponsabilidad; y, (iii) en cuanto resulte razonable, la  tercerizadora use equipos o locales que no sean de su  propiedad, siempre que los mismos se encuentren dentro de  su ámbito de administración o formen parte componente o  vinculada directamente a la actividad o instalación productiva  que se le haya entregado para su operación integral (artículo  4.3 del Decreto Supremo N° 006-2008-TR). Igualmente y  entre otros, deben evaluarse, en su caso, otros indicios  destinados a demostrar que el servicio ha sido prestado de  manera autónoma y que no se trata de una simple provisión  de personal: la separación física y funcional de los  trabajadores de una y otra empresa; la existencia de una  organización autónoma de soporte a las actividades objeto  de la tercerización; y, la tenencia y utilización por parte de la  empresa tercerizadora de habilidades, experiencia, métodos,  secretos industriales, certificaciones, calificaciones o, en  general, activos inteligibles volcados sobre la actividad  objeto de tercerización, con los que no cuente la principal.  Noveno. De ello se puede concluir que la tercerización  constituye la descentralización de la producción y de la  prestación de servicios, a través de la cual la empresa  principal se desprende de parte de sus actividades, que  incluso pueden ser parte de su core business, y las  externaliza hacia otras empresas que detentan autonomía  de patrimonio, administrativa y funcional. No obstante,  subyace del marco legal sobre la tercerización que esta no  puede ser utilizada con la intención o efecto de limitar o  perjudicar los derechos colectivos de los trabajadores. En el  caso que se haya incurrido en alguna de las causales  previstas en la ley sobre desnaturalización de la tercerización,  la consecuencia será que la empresa principal sea la  empleadora del trabajador desplazado, desde el momento  en que se produce la misma (artículo 5° de la Ley N° 29245  y artículo 5°del Decreto Supremo N° 006-2008-TR). Décimo.  Análisis del caso concreto Sobre el particular, cabe  mencionar que la instancia superior ha resuelto revocar la  sentencia de primeria instancia que declaró fundada la  demanda de desnaturalización del contrato de tercerización  de servicios suscrito entre las codemandadas; reformándolo  a infundado en todos sus extremos, habiendo analizado el  cumplimiento conjunto o copulativo de los requisitos  regulados en el primer párrafo del artículo 2°de la Ley N°  2924 5, Ley que regula los servicios de tercerización; no  obstante, para este Supremo Colegiado, existen indicios o  elementos característicos que faltarían evaluar con la  finalidad de confirmar o desvirtuar la legalidad de la  tercerización materia del Contrato de locación de servicios y  de obra, que corre en fojas sesenta y uno a ochenta y nueve  suscrito por las codemandadas el treinta y uno de octubre de  dos mil ocho. Décimo Primero. Siendo así, es pertinente  referirnos, al inciso a) del artículo 5° del Reglamento de la  Ley que regula los servicios de tercerización, aprobado  mediante el Decreto Supremo N° 006-2008-TR; el cual  establece que la ausencia de autonomía empresarial de la  empresa tercerizadora produce la desnaturalización de la  tercerización; toda vez que, de un análisis razonado de los  requisitos y los elementos característicos que establece la  norma, debiera implicarse dicha autonomía empresarial de  la empresa tercerizadora. Décimo Segundo. Al respecto, de  la revisión de la Sentencia de Vista se observa que no se  cumple con el debido análisis del elemento característico  relacionado a la pluralidad de clientes que debiera cumplir  toda  empresa  que  realiza  actividades  tercerizadas;  precisándose que la codemandada Cuprita JP S.A.C. tiene  la calidad de rebelde de acuerdo a los señalado en la  Audiencia de Conciliación de fecha quince de diciembre de  dos mil diecisiete, que corre de fojas doscientos diez a  doscientos diez (vuelta), en aplicación de los artículos 21° y  43° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, no  admitiéndose los medios probatorios que corresponder  presentar en la contestación de la demanda. Asimismo, la  empresa Sociedad Minera Duvaz, alega que la empresa  Cuprita J.P S.A.C. tiene pluralidad de clientes, pero no  presenta ninguna documentación que acredite que cumple  con el elemento característico de la pluralidad de clientes.  Cabe puntualizar, que en algunos casos la pluralidad de  clientes no pueda cumplirse debido a una situación  coyuntural o transitoria que suele depender, entre otros  factores, por ejemplo, de la antigüedad de la empresa  tercerizadora en el mercado u otras situaciones que pueden  ser ajenas a su control. No obstante, dicha situación  coyuntural o transitoria que impide flexibilizar la exigencia de  la pluralidad de clientes no ha sido manifestada o esclarecida  por las codemandadas; siendo que, la pluralidad de clientes  es un elemento constitutivo que debiera permanecer en el  tiempo, este no ha sido efectivamente demostrado en autos.  Décimo Tercero. Por otro lado, otro indicio que indicaría  ausencia de autonomía empresarial de la empresatercerizadora es el hecho probado en autos referido a que la  empresa principal por voluntad propia pactó y otorgó  beneficios a trabajadores de empresas contratistas como lo  es la codemandada empresa Cuprita JP Sociedad Anónima  Cerrada. Sobre este extremo, es oportuno citar el Acuerdo  de partes de fecha doce de abril de dos mil diecisiete, que  corre a fojas doce, en el cual el Sindicato Único de  Trabajadores Mineros Metalúrgicos de las Empresas  Especializadas, Contratistas y de la Usuaria Sociedad  Minera Austria Duvaz Sociedad Anónima Cerrada y esta  última acuerdan, entre otros, lo siguiente: “(…) Duvaz  asignará un bono por permanencia de (S/ 500) soles a los  colaboradores de las empresas contratistas, la misma que  se desembolsará el 28 de abril de 2017, la cual estará en  función de los días efectivamente trabajados en el año 2016,  licencias sindicales y descansos médicos según norma, con  la finalidad de seguir manteniendo la armonía laboral durante  el año 2017”. Por otro lado, el Acta de Acuerdo en Reunión  de Extraproceso de fecha veintisiete de junio de dos mil  diecisiete, que corre a fojas trece, a la letra menciona lo  siguiente: “Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. (…)  garantiza la continuidad laboral de los trabajadores  tercerizados en las empresas contratistas que determine la  empresa principal”. Abundando en razones de la inexistencia  de subordinación exclusiva con la tercerizadora tenemos el  Acta de Instalación de Trato Directo del Convenio Colectivo  2017-2018 del quince de junio de dos mil diecisiete, que  obra a fojas catorce, y la suscripción del Convenio Colectivo  2017-2018 de fecha siete de julio de dos mil diecisiete,  suscrita entre Sociedad Minera Austria Duvaz Sociedad  Anónima Cerrada con las empresas contratistas y Cuprita  J.P Sociedad Anónima Cerrada y el sindicato referido,  obrante a fojas quince a veinte, en el que se le otorgó bonos  económicos, condiciones de trabajo, descuentos sindicales,  capacitaciones, entre otros. Esta manifestación de cobertura  de la continuidad laboral y de otorgamiento de beneficios  colectivos entre la empresa usuaria Sociedad Minera Austria  Duvaz  Sociedad  Anónima  Cerrada  y  la  empresa  tercerizadora, a todas luces, evidencia la ausencia de  autonomía empresarial y de subordinación exclusiva de la  que adolece la empresa tercerizadora codemandada Cuprita  J.P Sociedad Anónima Cerrada. Décimo Cuarto. Por  consiguiente, ha quedado establecido que los servicios  realizados por la empresa tercerizadora Empresa Minera  Cuprita J.P Sociedad Anónima Cerrada no han sido  prestados con plena autonomía empresarial, lo que conlleva  a considerar que el presente caso, se trata de una simple  provisión de personal; quedando acreditado que ha existido  desnaturalización en el contrato de tercerización suscrito por  las codemandadas. En ese sentido, de acuerdo al análisis  desarrollado en los considerandos precedentes, debe  reconocerse la existencia de un contrato de trabajo a plazo  indeterminado entre el demandante y la empresa Sociedad  Minera Austria Duvaz Sociedad Anónima Cerrada, en  aplicación del principio de primacía de la realidad. Décimo  Quinto. En consecuencia, se tiene que, en aplicación del  principio de primacía de la realidad y de conformidad con el  análisis de los medios probatorios aportados al proceso, así  como de lo expresado por las partes en cada etapa procesal  y la normativa pertinente aplicable al caso en concreto,  resultan fundadas la primera y segunda causal declarada  procedente. Evaluación de la tercera causal de casación  Décimo Sexto. Al respecto, considerando que han sido  amparados los agravios casatorios precedentes, lo cual está  conllevando a la estimación del derecho materia de la  demanda, carece de objeto proceder al análisis de la referida  causal, tanto más si la decisión tomada en esta instancia  Suprema es favorable a la parte recurrente. Por estas  consideraciones, en aplicación del artículo 144° del Texto  Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  aprobado mediante el Decreto Supremo número 017-93- JUS: Por estas consideraciones: DECISIÓN NUESTRO  VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de  casación interpuesto por el demandante, Máximo Felipe  Valerio Ramos, mediante escrito presentado el dos de  mayo de dos mil diecinueve, que corre de fojas cuatrocientos  sesenta y dos a cuatrocientos ochenta y nueve; en  consecuencia, SE CASE la Sentencia de Vista de fecha  tres de abril de dos mil diecinueve, que corre de fojas  trescientos setenta y dos a trescientos ochenta y ocho; y  actuando en sede de instancia, SE CONFIRME la  Sentencia apelada de fecha veintiséis de abril de dos mil  dieciocho, que corre de fojas doscientos dieciocho a  doscientos veintisiete, que declaró fundada la demanda; SE  DISPONGA la publicación del texto de la presente resolución  en el diario oficial “El Peruano”, conforme ley; en el proceso  seguido con las codemandadas, Sociedad Minera Austria  Duvaz Sociedad Anónima Cerrada y Empresa MineraCuprita  J.P.  Sociedad  Anónima  Cerrada,  sobre  desnaturalización de tercerización y otros. S.S. MALCA  GUAYLUPO, PINARES SILVA DE TORRE, ATO ALVARADO  LA SECRETARIA DE LA SEGUNDA SALA DE DERECHO  CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  CERTIFICA que el voto suscrito por los señores jueces  supremos MALCA GUAYLUPO, PINARES SILVA DE  TORRE y ATO ALVARADO, fue dejado oportunamente en  relatoría, en cumplimiento a lo establecido en el artículo  149° del Texto Único Ord enado de la Ley Orgánica del  Poder Judicial, agregándose el referido voto suscrito a la  presente resolución. 1  Informe VI (1) Trabajo en régimen de subcontratación, 85ª Reunión de la  Conferencia Internacional del Trabajo (1997), págs. 7 y 8. 2  TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “El Derecho Individual del Trabajo en el Perú”.  Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2015, página 188. 3  SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo; Las transformaciones del empleador y el  futuro del derecho del trabajo, disponible en formato electrónico en la página web  de la Revista Actualidad laboral: www.revista- actualidadlaboral.com/miscelanea/ not_curso.htm. 4  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N°3561-2009-PA/ TC 5  Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949. 6  Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978. 7  GERNIGON, Bernard y otros. “Principios de la OIT sobre la negociación colectiva”.  Consultado el 05 de abril de 2016  http://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/gernigon.pdf 8  Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de agosto de 2005, recaído en el  expediente N° 008-2005-P I/TC 9  CAMPOS, Luis y otros. Citado por DÍAZ AROCO, Teófila T. “Derecho Colectivo del  Trabajo”. 3 ed. Lima: Editorial Grijley, 2011, p. 449. 10  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N°03561-2009-PA/ TC (fundamento 13). 11  Obrante en autos a fojas veintinueve y treinta. 12  Resolución  Directoral  General  número  18-2016- MTPE/2/14. Extraído  de:  https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ declaran-infundado-recurso-de-revision-presentado-por-tecsur-  resolucion- directoral-no-18-2016mtpe214-1342502-5/. 13  Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical de la Organización  Internacional del Trabajo (Sexta Edición año 2018). 14  TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “El Derecho Individual del Trabajo en el Perú”.  Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2015, página 188. 15  PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. “Los Principios del derecho del trabajo”. Buenos Aires:  Ediciones De Palma, 1978, p. 243, que refiere lo siguiente sobre el Principio de  primacía de la realidad: “(…) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la  práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo  que sucede en el terreno de los hechos”. 16  Ibid, pp. 256-257 C-2136194-294