CASACIÓN Nº 17655-2018 PIURA
Materia: El veintiuno de junio de dos mil doce, el demandante  inició el presente proceso en busca de tutela jurisdiccional  efectiva, con la finalidad de que se reconozca una pensión  de jubilación; y en la actualidad es un adulto mayor de  ochenta (80) años de edad; por lo tanto, atendiendo a la  protección que el Estado debe brindarle al accionante, en  el marco de las 100 Reglas de Brasilia, sobre Acceso a la  Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, alas cuales se adhirió el Poder Judicial (mediante Resolución  Administrativa Nº 266-2010-CE-PJ); y a que, el actor es  reconocido como población vulnerable en situación de  riesgo, conforme señala el artículo 8 de la Ley Nº 30490,  corresponde la aplicación del artículo 3, inciso b), de la Ley  Nº 31301, lo que debemos efectuar en esta sede casatoria  al tener el deber de administrar justicia con equidad. En  consecuencia, corresponde reconocer el otorgamiento  de la pensión bajo el régimen de Pensión de Jubilación  Proporcional Especial. Lima, veintinueve de marzo de dos mil veintidós LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA la causa en audiencia  pública llevada a cabo en la fecha; integrada por las señoras  Juezas Supremas Torres Vega, Araujo Sánchez, Gómez  Carbajal, Tejeda Zavala y el señor Juez Supremo Mamani  Coaquira; y luego de verificada la votación con arreglo a la ley,  con el voto en minoría de la señora Jueza Suprema Torres  Vega, emite la siguiente sentencia: I. RECURSO DE  CASACIÓN Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el  recurso de casación de fecha veinte de junio de dos mil  dieciocho1, interpuesto por el demandante, Santos Mariano  Sandoval Alejos, contra la sentencia de vista de fecha diez  de abril de dos mil dieciocho2, que confirmó la sentencia  apelada de fecha veintiocho de septiembre de dos mil  diecisiete3, que declaró infundada la demanda; en el proceso  seguido por Santos Mariano Sandoval Alejos contra la Oficina  de Normalización Previsional, sobre reconocimiento de  aportes y otorgamiento de pensión de jubilación. II. CAUSAL  DEL RECURSO Mediante la resolución de fecha dos de junio  de dos mil veinte se declaró procedente el recurso de casación  presentado por Santos Mariano Sandoval Alejos, por la  causal de infracción normativa del artículo 139, incisos 3  y 5, de la Constitución Política del Perú; y, de manera  excepcional, por las causales de infracción normativa de  los artículos 10 y 11 de la Constitución Política del Perú, y  del  artículo  70  del  Decreto  Ley  Nº  19990.  III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: PRIMERO:  En principio, corresponde mencionar que la función  nomofiláctica del recurso de casación garantiza que los  Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el  respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando  así cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales  y procesales, procurando –conforme menciona el artículo 384  del Código Procesal Civil– la adecuada aplicación del derecho  objetivo al caso concreto. De la pretensión de la demandada  SEGUNDO: Santos Mariano Sandoval Alejos interpuso  demanda contencioso administrativa4, solicitando que se  declare su derecho al goce de una pensión de jubilación bajo  el régimen general, más el pago de devengados e intereses  legales. Para tal efecto argumentó que la entidad demandada,  mediante la Resolución Nº 00412-2008-ONP/DC/DL19990,  declaró infundado su recurso de reconsideración sobre  pensión de jubilación, reconociéndole cinco (5) años y cuatro  (4) meses de aportación; al respecto, precisó que no se le  reconoció la totalidad de años de aportes que efectuó en  calidad de asegurado obligatorio para la Comisión de  Administración Previsional del Predio Rústico La Golondrina,  por once (11) meses y veintiún (21) días de servicios, CAT La  Golondrina LTDA N° 003-BI, por dieciséis (16) años, un (1)  mes y veinticuatro (24) días de servicios y de aportación,  Cooperativa Agraria de Trabajadores Santa Cruz de Monteron  LTDA, por seis (6) años, un (1) mes y quince (15) días.  Pronunciamiento de las instancias de mérito TERCERO:  El juez de la causa, por la sentencia de primera instancia de  fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, declaró  infundada la demanda, por considerar que los medios  probatorios ofrecidos no logran generar convicción acerca del  periodo de labores señalado por el accionante respecto a los  empleadores  alegados  Comisión  de  Administración  Previsional del Predio Rústico La Golondrina, Cooperativa  Agraria de Trabajadores La Golondrina LTDA N° 003-BI, y  Cooperativa Agraria de Trabajadores Santa Cruz de Monteron  LTDA. CUARTO: El colegiado de la Sala Superior, mediante  la sentencia de vista de fecha diez de abril de dos mil  dieciocho, confirmó la sentencia de primera instancia;  señalando que si bien el accionante cuenta con más de  sesenta y cinco (65) años, este no ha acreditado contar como  mínimo con veinte (20) años de aportes a la seguridad social  a efectos de otorgársele pensión de jubilación conforme  solicita, por cuanto a la fecha solo cuenta con las aportaciones  reconocidas por la ONP, esto es, cinco (5) años y (4) meses.  Delimitación de la controversia QUINTO: En atención a lo  precedentemente expuesto y en concordancia con las  causales por las cuales ha sido admitido el recurso decasación, corresponde a esta Sala Suprema determinar si el  pronunciamiento de la Sala Superior infringió o no los  derechos de las partes al debido proceso y a la debida  motivación; posteriormente, verificar si la interpretación de las  normas denunciadas se ajusta a derecho y si han sido  correctamente aplicadas, a efectos de determinar si al actor le  corresponde o no el reconocimiento de los aportes  pretendidos. Desarrollo de la causal procesal SEXTO:  Respecto a la infracción normativa de los incisos 3 y 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú, cabe  señalar que el debido proceso es un principio y derecho de la  función jurisdiccional, cuya función es velar por el respeto  irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías  constitucionales que lo integran, dando a toda persona la  posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela  jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento  regular en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de  ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y  obtener una sentencia debidamente motivada. En efecto, el  debido proceso es un derecho complejo, desde que está  conformado por un conjunto de derechos esenciales que  impiden que la libertad y los derechos de los individuos  perezcan ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o  procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto de  derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso  abusivo de estos. Como señala la doctrina, “(…) por su  naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente  estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso  grupo  de  pequeños  derechos  que  constituyen  sus  componentes o elementos integradores, y que se refieren a  las estructuras, característica del Tribunal o instancias de  decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus  principios orientadores, y a las garantías con que debe contar  la defensa”5. En ese sentido, constituye una garantía  constitucional que asegura que en la tramitación de un  proceso se respeten determinados requisitos mínimos6. En  general, se considera que tales requisitos7 abarcan los  siguientes criterios: (i) derecho a ser oportunamente informado  del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo razonable  para preparar la defensa); (ii) derecho a ser juzgado por un  juez imparcial, que no tenga interés en un determinado  resultado del juicio; (iii) derecho a tramitación oral de la causa  y a la defensa por un profesional (publicidad del debate); (iv)  derecho a la prueba; (v) derecho a ser juzgado sobre la base  del mérito del proceso; y, (vi) derecho al juez legal. Este  derecho fundamental asiste a todos los sujetos de derecho a  plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos  órganos jurisdiccionales, creados mediante ley orgánica,  pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los  principios constitucionales de igualdad, independencia y  sumisión a la ley, y constituidos con arreglo a las normas  comunes de competencia preestablecidas. Asimismo, uno de  los contenidos del debido proceso es el derecho a obtener  una resolución fundada en derecho, esto es, una respuesta  razonada, motivada y congruente de parte de los órganos  jurisdiccionales8, en las que los jueces expliciten en forma  suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de  los elementos fácticos y jurídicos que las determinaron,  garantizándose con ello que el justiciable pueda comprobar  que la solución del caso concreto viene dada por una  valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado  y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no  de una arbitrariedad de los magistrados; en ese entendido, es  posible afirmar que una resolución que carezca de motivación  suficiente no solo infringe normas legales, sino también  principios de nivel constitucional. Es así que el derecho a la  debida motivación de las resoluciones judiciales, bajo el  marco del contenido constitucional garantiza la delimitación  de otros supuestos que han sido desarrollados por el Tribunal  Constitucional: a) inexistencia de motivación o motivación  aparente, b) falta de motivación interna del razonamiento, c)  Deficiencias en la motivación externa: justificación de las  premisas,  d)  motivación  insuficiente,  e)  motivación  sustancialmente incongruente, y f) motivaciones cualificadas;  recogidos en la sentencia del Expediente Nº 00728-2008- PHC/TC. SÉPTIMO: Ahora bien, de la revisión de la sentencia  de vista, se verifica que la Sala Superior cumplió con exponer  los fundamentos que sustentaron su fallo, de manera que la  sentencia de vista no puede ser cuestionada por infracción al  debido proceso, dado que se cumplió con dar respuesta a los  agravios propuestos en el recurso de apelación, previo  análisis de las pruebas admitidas y actuados en el proceso, y  se aplicó la norma que sustenta la decisión; asimismo,  tampoco se advierte la existencia de ningún vicio de invalidez  insubsanable durante el trámite del proceso, que atente las  garantías procesales constitucionales. En ese sentido, se  aprecia que cumple con el deber de motivación de las  resoluciones judiciales, al contener una argumentaciónformalmente correcta y completa desde el punto de vista  lógico; por lo tanto, la infracción normativa procesal  denunciada deviene en infundada. Desarrollo de las  causales materiales denunciadas OCTAVO: En cuanto a la  causal de infracción normativa de los artículos 10 y 11 de  la Constitución Política del Perú, es preciso señalar que la  Constitución Política del Estado reconoce el derecho  fundamental a la pensión como parte medular de la seguridad  social; así, el artículo 10 señala que “[el] Estado reconoce el  derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad  social, para su protección frente a las contingencias que  precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”, y el  artículo 11 indica que “[el] Estado garantiza el libre acceso a  prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades  públicas, privadas o mixtas (…)”. NOVENO: En ese sentido,  el Estado tiene la obligación de proteger el acceso a un  régimen de seguridad social y el derecho a la pensión, ya que  tiene una naturaleza estrictamente de subsistencia, conforme  ha quedado precisado en el fundamento jurídico 37 a) del  precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional  en el Expediente Nº 1417-2005-AA/TC –Anicama Hernández–,  que establece lo siguiente: “(…) forman parte del contenido  esencial directamente protegido por el derecho fundamental a  la pensión, las disposiciones legales que establecen los  requisitos del libre acceso al sistema de seguridad social  consustanciales a la actividad laboral pública o privada,  dependiente o independiente, y que permite dar inicio al  período de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones.  Por tal motivo, serán objeto de protección por vía del amparo  los supuestos en los que habiendo el demandante cumplido  dichos requisitos legales se le niegue el acceso al sistema de  seguridad social”. DÉCIMO: A nivel del ordenamiento jurídico  internacional, el derecho a la pensión encuentra sustento,  dentro de otros, en el Convenio Nº 102 de la Organización  Internacional del Trabajo del año 1952, “Convenio sobre la  Seguridad Social (norma mínima)”, al regular en su parte V,  que los Estados miembros, como es el caso del Estado  Peruano, deben garantizar la concesión de prestaciones de  vejez. Por lo tanto, es evidente que la pensión es un derecho  humano fundamental que le asiste a toda persona, motivo por  el cual el Estado debe promover y garantizar su respeto y  cabal cumplimiento, evitando demoras innecesarias. DECIMO  PRIMERO: Se denuncia la causal de infracción normativa  del artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990, dispositivo que  establece lo siguiente: “Para los asegurados obligatorios son  períodos de aportación los meses, semanas o días en que  presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación  de abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 7 al  13, aún cuando el empleador, o la empresa de propiedad  social, cooperativa o similar, no hubiese efectuado el pago de  las aportaciones. Son también períodos de aportación los de  licencia con goce de remuneración otorgados por enfermedad  o maternidad a los trabajadores del Sector Público Nacional  regidos por la Ley Nº 11377. Se consideran períodos de  aportación los siguientes: a) Los períodos durante los cuales  el asegurado haya estado en goce de subsidios de  enfermedad-maternidad; y b) Los períodos durante los cuales  el asegurado haya estado en goce de subsidios diarios por  incapacidad temporal otorgados de conformidad con lo  dispuesto en el Decreto Ley Nº 18846” (texto vigente a la  fecha de la contingencia). DÉCIMO SEGUNDO: De lo  indicado en la referida norma, es menester tener en cuenta lo  establecido en el artículo 11 del mismo cuerpo normativo:  “Los empleadores y las empresas de propiedad social,  cooperativas o similares, están obligados a retener las  aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios en  el montepío del pago de sus remuneraciones y a entregarlas  al Seguro Social del Perú, conjuntamente con las que dichos  empleadores o empresas deberán abonar, por el término que  fije el Reglamento, dentro del mes siguiente a aquél en que se  prestó el trabajo. Si las personas obligadas no retuvieren en la  oportunidad indicada las aportaciones de sus trabajadores,  responderán por su pago, sin derecho a descontárselas a  éstos”. A su vez, el artículo 54 del Decreto Supremo Nº 011- 74-TR9, modificado por el Decreto Supremo Nº 122-2002-EF,  estipulaba lo siguiente: “Para acreditar los períodos de  aportación de conformidad con el Artículo 70 del Decreto Ley  Nº 19990, la Oficina de Normalización Previsional –ONP  tendrá en cuenta cualquiera de los siguientes documentos: a)  La cuenta corriente individual del asegurado; b) Las boletas  de pago de remuneraciones a que se refiere el Decreto  Supremo Nº 001-98-TR. c) Los libros de planillas de pago de  remuneraciones  llevados  de  conformidad  con  las  disposiciones legales pertinentes; y, d) Los demás libros y  documentos llevados por los empleadores o empresas, y los  que presenten el asegurado o sus derecho - habientes (…)”  (texto vigente a la fecha de la contingencia). DÉCIMO  TERCERO: Es así que en el fundamento 26 a) de la sentenciadel Tribunal Constitucional Expediente Nº 4762-2007-PA/TC,  se ha declarado como precedente vinculante lo siguiente: “El  demandante con la finalidad de generar suficiente convicción  en el juez de la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a  su demanda como instrumento de prueba, los siguientes  documentos: certificado de trabajo, las boletas de pago de  remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la  liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las  constancias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de  EsSalud, entre otros documentos. Dichos instrumentos  pueden ser presentados en original, copia legalizada o  fedateada, mas no en copia simple. El Juez, de oficio o a  pedido del demandante, podrá solicitar el expediente  administrativo a la ONP o copia fedateada de él, bajo  responsabilidad”. Por lo tanto, al constituir precedente  vinculante, se establecen las reglas para acreditar periodos  de aportaciones, detallando los documentos idóneos para tal  fin; así, las aportaciones de los asegurados obligatorios  deben tenerse por realizadas al derivar de su condición de  trabajadores, supuesto en el cual los trabajadores solo  acreditan el vínculo laboral con sus empleadores, teniendo en  cuenta las reglas fijadas por el mencionado Tribunal para la  acreditación de los periodos de aportación al Sistema  Nacional de Pensiones, esto es, si los documentos adjuntados  tienen valor probatorio que corroboren los datos del vínculo  laboral entre sí para generar la veracidad del vínculo laboral y,  por ende, de las aportaciones. DÉCIMO CUARTO: Conforme  la materia de autos, se debe tener en cuenta que en los  artículos 70 y 7210 del Decreto Ley Nº 19990 se regula lo que  debe entenderse como aportes, periodos de aportaciones y  obligaciones del empleador, los cuales se computarán, sin  excepción, como semanas o meses de aportación al Sistema  Nacional de Pensiones; normas que –como ya se ha  señalado– han sido interpretadas por el Tribunal Constitucional  en la sentencia del Expediente Nº 04762-2007-PA/TC.  Asimismo, es preciso indicar que, conforme al artículo 38 del  Decreto Ley Nº 19990, concordante con el artículo 1 del  Decreto Ley Nº 2596711 y el artículo 9 de la Ley Nº 2650412,  para acceder al goce de una pensión de jubilación dentro del  régimen general del Decreto Ley Nº 19990 se requiere cumplir  con dos requisitos copulativos, a saber: a) contar con sesenta  y cinco (65) años de edad; y b) acreditar un mínimo de veinte  (20) años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones.  DÉCIMO QUINTO: Para la valoración de los certificados de  trabajo, es preciso tener en cuenta lo expuesto por el Tribunal  Constitucional en la sentencia del Expediente Nº 02324-2008- PA/TC, fundamento 9.1: “(…) cabe señalar que los  mencionados certificados no generan convicción en este  Colegiado, dado que no se acredita la identidad de las  personas que los expidieron, ni tampoco que dichas personas  cuenten con los poderes para tales efectos, no existiendo  ningún otro documento que sustente las aportaciones  efectuadas durante los referidos periodos”. Asimismo, en la  Casación Nº 1437-2015-Sullana, la Primera Sala de Derecho  Constitucional y Social Transitoria señaló, en el décimo tercer  considerando, lo siguiente: “El criterio adoptado por esta Sala  Suprema ha sido el de considerar a los certificados de trabajo;  presentados en original, en copia legalizada o en copia  simple; como medios probatorios idóneos, empero, estos  deben ser contrastados con otros documentos que corroboren  la existencia del vínculo laboral para demostrar los periodos  de prestación de servicios (…)”. Es así que este Colegiado  Supremo coincide con tales criterios, referidos a las  formalidades exigibles a los certificados de trabajo. Solución  al caso concreto DÉCIMO SEXTO: Como se observa del  escrito de demanda, el accionante solicita el reconocimiento  de aportes, por el periodo que señala haber prestado servicios  a favor de la Cooperativa Agraria de Trabajadores Santa Cruz  de Monteron Ltda. desde el treinta de diciembre de mil  novecientos noventa y uno hasta el quince de febrero de mil  novecientos noventa y ocho; de la Cooperativa Agraria de  Trabajadores La Golondrina LTDA N° 003-BI por el periodo  desde el veintisiete de octubre de mil novecientos setenta y  dos hasta el veintiuno de diciembre de mil novecientos  ochenta y ocho; de la Comisión de Administración Previsional  del Predio Rústico La Golondrina por el periodo del cinco de  noviembre de mil novecientos setenta y uno hasta el veintiséis  de octubre de mil novecientos setenta y dos. Cabe precisar  que la entidad demandada le ha reconocido cinco (5) años y  treinta y tres (33) semanas de aportes previsionales. DÉCIMO  SÉPTIMO: En atención a ello, corresponde dilucidar si la  instancia de mérito, al realizar el análisis de los documentos  presentados por el demandante a fin de acreditar su vínculo  laboral con sus exempleadoras, incurrió en la infracción de la  norma denunciada. Es así que, del análisis de los actuados,  se aprecia lo siguiente: Respecto a la Cooperativa Agraria  de Trabajadores Santa Cruz de Monteron Ltda., el  demandante ha presentado la copia legalizada del certificadode trabajo de fecha treinta de marzo de mil novecientos  noventa y ocho13, suscrito por José Dioses Cruz identificado  como Presidente del Consejo de Administración de la  Cooperativa, en el que certifica que el actor prestó servicios  durante el periodo del treinta de diciembre de mil novecientos  noventa y uno hasta el quince de febrero de mil novecientos  noventa y ocho; asimismo, presentó copia simple del Acta de  nombramiento e instalación del Consejo de Administración y  de Vigilancia de fecha diecisiete de noviembre de mil  novecientos noventa, en el que consta que el señor José  Dioses Cruz fue designado como presidente por el periodo de  dos (2) años. Del análisis y valoración de ambos medios  probatorios, se concluye que no generan convicción sobre el  periodo laboral alegado por el accionante, dado que no se  han acreditado de manera adecuada las facultades de  representación de la persona que suscribió el certificado de  trabajo, pues se ha presentado un acta en copia simple, sin  acompañar medio probatorio adicional que respalde lo  señalado en el certificado de trabajo. DÉCIMO OCTAVO: Los  medios probatorios referidos al vínculo laboral alegado con la  Comisión de Administración Previsional del Predio Rústico La  Golondrina y la Cooperativa Agraria de Trabajadores La  Golondrina LTDA N° 003-BI se analizarán conjuntamente,  toda vez que son empresas sucesoras por motivo de la  reforma agraria. Respecto a la Cooperativa Agraria de  Trabajadores La Golondrina Ltda. N° 003-BI, el demandante  ha presentado el Certificado de Trabajo de fecha uno de julio  de dos mil seis14, suscrito por Ramos Maza Flores en calidad  de expresidente de la Cooperativa, por el que certifica que el  actor prestó servicios por el periodo del veintisiete de octubre  de mil novecientos setenta y dos hasta el veintiuno de  diciembre de mil novecientos ochenta y ocho; y la Declaración  Jurada15 suscrita por Ramos Maza Flores en calidad de  expresidente de la Cooperativa, por la que declaró bajo  juramento que el demandante laboró en dicha empresa por el  periodo del veintisiete de octubre de mil novecientos setenta y  dos hasta el veintiuno de diciembre de mil novecientos  ochenta y ocho. Respecto al vínculo laboral con la Comisión  de Administración Previsional del Predio Rústico La  Golondrina, el demandante ha presentado el certificado de  trabajo de fecha uno de julio de dos mil seis16, suscrito por  Ramos Maza Flores en calidad de expresidente de la  Comisión, por el que certifica que el actor prestó servicios por  el periodo del cinco de noviembre de mil novecientos setenta  y uno hasta el veintiséis de octubre de mil novecientos setenta  y dos; asimismo, ha presentado la Declaración Jurada17  suscrita por Ramos Maza Flores en calidad de expresidente  de la Comisión, por la que declaró bajo juramento que el  demandante laboró en dicha empresa por el periodo del cinco  de noviembre de mil novecientos setenta y uno hasta el  veintiséis de octubre de mil novecientos setenta y dos.  Finalmente, obra en autos el Certificado Literal de la Partida  Nº 02051236, correspondiente a la Cooperativa Agraria de  Trabajadores La Golondrina LTDA N° 003-BI. Del análisis de  la partida registral, se aprecia que en el asiento Nº 17 consta  el nombramiento de la Nueva Junta Directiva del Consejo de  Administración y de Vigilancia para el periodo 1990 a 1991, en  el que se eligió a Ramos Maza Flores como presidente del  Consejo de Administración; de lo que se evidencia que quien  emitió el certificado de trabajo tuvo facultades de  representación; asimismo, es preciso señalar que dicho  medio probatorio guarda relación con el Acta de Instalación  del Consejo de Administración18, obrante en el expediente  administrativo, en el que consta que el señor Ramos Maza  Flores fue designado como presidente del Consejo de  Administración de la Cooperativa Agraria de Trabajadores La  Golondrina. Estando a lo expuesto, se concluye que se  encuentra acreditado el vínculo laboral del actor con la  Comisión de Administración Previsional del Predio Rústico La  Golondrina y la Cooperativa Agraria de Trabajadores La  Golondrina LTDA N° 003-BI, por el periodo total del cinco de  noviembre de mil novecientos setenta y uno hasta el veintiuno  de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. DÉCIMO  NOVENO: Ahora bien, se aprecia del Cuadro Resumen de  Aportaciones19, que durante el periodo del cinco de noviembre  de mil novecientos setenta y uno al veintiuno de diciembre de  mil novecientos ochenta y ocho, la demandada, ONP, había  reconocido aportaciones por algunas semanas durante dicho  periodo, mas no por el periodo completo; por lo que, en  atención a lo expuesto en el considerando anterior,  corresponde el reconocimiento de los aportes por la totalidad  de dicho periodo, esto es, el reconocimiento de diecisiete (17)  años, un (1) mes y dieciséis (16) días de aportes por el  periodo del cinco de noviembre de mil novecientos setenta y  uno al veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y  ocho. Asimismo, a dicho reconocimiento se deben adicionar  los aportes reconocidos por la demandada, correspondientes  a veinte (20) semanas del año mil novecientos cincuenta ycinco, cinco (5) semanas del año mil novecientos cincuenta y  seis, una (1) semana del año mil novecientos cincuenta y  siete, una (1) semana del año mil novecientos cincuenta y  nueve (1959), y cuatro (4) semanas del año mil novecientos  sesenta y uno (1961), tal como consta en el Cuadro Resumen  de Aportaciones de la propia demandada. En tal sentido, se  concluye que se debe reconocer al actor un total de  diecisiete (17) años, un (1) mes y dieciséis (16) días de  aportaciones  adicionales  al  Sistema  Nacional  de  Pensiones, los cuales sumados a las treinta y un (31)  semanas reconocidos por la Oficina de Normalización  Previsional en sede administrativa por un periodo  distinto, hace un total de diecisiete (17) años, ocho (8)  meses y dieciséis (16) días de aportaciones al Sistema  Nacional  de  Pensiones20.  VIGÉSIMO:  Sobre  el  otorgamiento de Pensión de Jubilación bajo el régimen  del Decreto Ley Nº 19990. Al respecto, en el artículo 38 del  Decreto Ley Nº 19990 se estableció que se tiene derecho a  pensión de jubilación al cumplir sesenta y cinco (65) años de  edad a condición de reunir los requisitos de aportación  señalados en el referido decreto ley. Asimismo, mediante el  artículo 1 del Decreto Ley Nº 25967, vigente desde el  diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, se  estableció lo siguiente: “Ningún asegurado de los distintos  regímenes pensionarios que administra el Instituto Peruano  de Seguridad Social podrá obtener el goce de pensión de  jubilación, si no acredita haber efectuado aportaciones por un  período no menor de veinte años completos, sin perjuicio de  los otros requisitos establecidos en la Ley. El monto de la  pensión que se otorgue a los asegurados que acrediten haber  aportado veinte años completos será equivalente al cincuenta  por ciento (50%) de su remuneración de referencia. Dicho  monto se incrementará en cuatro por ciento (4%) de la  remuneración de referencia, por cada año adicional completo  de aportación, hasta alcanzar como límite el cien por ciento  (100%) de la remuneración de referencia. A partir de ello, se  verifica que para el otorgamiento de la pensión de jubilación el  demandante debe de cumplir de forma copulativa con los  requisitos de tener sesenta y cinco (65) años de edad y haber  aportado veinte (20) años al Sistema Nacional de Pensiones.  VIGÉSIMO PRIMERO: En el presente caso, estando a lo  expuesto y de la revisión de los actuados, se aprecia respecto  al primer requisito para gozar de la pensión de jubilación  dentro del régimen del Decreto Ley Nº 19990, que según el  Documento Nacional de Identidad del actor21, este nació el  dos de junio de mil novecientos cuarenta y uno, teniendo a la  fecha más de sesenta y cinco (65) años de edad, pues los  cumplió el dos de junio de dos mil seis; por ende, cumple el  primer requisito para acceder a una pensión de jubilación. En  cuanto al segundo requisito de aportaciones, conforme lo  señalado en el décimo quinto considerando, el demandante  ha acreditado diecisiete (17) años, ocho (8) meses y  dieciséis (16) días de aportaciones al Sistema Nacional de  Pensiones, los que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo  1 del Decreto Ley Nº 25967, resultan insuficientes para el  otorgamiento de una pensión de jubilación en régimen  general. Sin perjuicio de lo expuesto, es preciso señalar que  con fecha veintidós de julio de dos mil veintiuno, se publicó la  Ley Nº 31301, Ley que establece medidas de acceso a una  pensión proporcional a los asegurados del Sistema Nacional  de Pensiones, en cuyo artículo 3, inciso b), señaló lo siguiente:  “Los afiliados del SNP tienen derecho a acceder a una  pensión de jubilación proporcional especial en el SNP, de  acuerdo a las siguientes condiciones: (…) b) Los que tengan  como mínimo sesenta y cinco (65) años de edad y cumplan  con acreditar por lo menos quince (15) años de aportes y no  lleguen a veinte (20) años de aportes tienen derecho a una  pensión de jubilación de hasta trescientos cincuenta y 00/100  soles (S/350,00) doce (12) veces al año”. Dicha norma otorga  a los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones la  posibilidad de acceder a una pensión de jubilación  proporcional, siempre que cumplan con los requisitos de edad  y años de aportación mínimos. VIGÉSIMO SEGUNDO: En tal  sentido, el veintiuno de junio de dos mil doce el demandante  inició el presente proceso en busca de tutela jurisdiccional  efectiva con la finalidad de que se reconozca una pensión de  jubilación, y en la actualidad el actor es un adulto mayor de  ochenta (80) años de edad; por lo tanto, atendiendo a la  protección que el Estado debe brindarle al accionante, en el  marco de las 100 Reglas de Brasilia, sobre Acceso a la  Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, a las  cuales se adhirió el Poder Judicial (mediante la Resolución  Administrativa Nº 266-2010-CE-PJ, del veintitrés de octubre  de dos mil diez), y estando a que el demandante es reconocido  como población vulnerable en situación de riesgo, conforme  señala el artículo 8 de la Ley Nº 30490, corresponde la  aplicación del artículo 3, inciso b), de la Ley Nº 31301; lo que  debemos efectuar en esta sede casatoria al tener el deber deadministrar justicia con equidad. Siendo así, al evidenciarse  que el demandante ha cumplido de forma copulativa con los  requisitos establecidos en el artículo 3, inciso b), de la Ley Nº  31301, corresponde reconocer el otorgamiento de la pensión  de jubilación bajo el régimen de Pensión de Jubilación  Proporcional Especial, considerándose como fecha de  contingencia el dos de junio de dos mil seis pues es cuando  el actor cumplió sesenta y cinco (65) años de edad, habiendo  cumplido también con el requisito de aportes mínimos.  VIGÉSIMO TERCERO: Conforme lo dispuesto en el artículo  115 F del Reglamento Unificado de las Normas Legales que  Regulan el Sistema Nacional de Pensiones, aprobado por  Decreto Supremo Nº 354-2020-EF, modificado por el artículo  2 del Decreto Supremo Nº 282-2021-EF, corresponde  otorgar el pago de pensiones devengadas desde el  veintitrés de julio de dos mil veintiuno, fecha de entrada en  vigencia de la Ley Nº 31301, no pudiendo generarse  devengados por un periodo anterior. En cuanto al pago de los  intereses legales, este debe ser otorgado de conformidad con  el precedente vinculante establecido en la Casación Nº 5128- 2013-Lima, el cual señala que para los efectos del pago de los  intereses generados por adeudos de carácter previsional, la  tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fijada por el  Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia de  la limitación contenida en el artículo 1249 del Código Civil.  Con ello se corrobora que el cálculo de los intereses  pensionarios no puede efectuarse tomando como referencia  el Factor Acumulado-Efectiva, pues conforme a la Metodología  de cálculo de los factores diarios y acumulados de las tasas  de Interés Promedio de la Superintendencia de Banca,  Seguros y AFP (SBS), la fórmula utilizada para calcular estos  factores diarios y acumulados de la tasa de interés efectiva  anual es como se indicara en líneas precedentes, con la  fórmula del interés compuesto, el mismo que conlleva la  capitalización de intereses; entonces, corresponde que el  cálculo de los intereses pensionarios se efectúen con el  Factor Acumulado - Laboral, ya que el cálculo de estos se  obtienen con la fórmula del interés simple o nominal donde los  intereses no son capitalizables. Conclusión VIGÉSIMO  CUARTO: Por tanto, en atención a todo lo expuesto,  corresponde estimar la demanda y declarar fundada la  pretensión de otorgamiento de pensión de jubilación, más el  pago de devengados e intereses legales simples; y, ese  sentido, amparar el medio impugnatorio materia de análisis,  declarando fundado el recurso casatorio interpuesto por el  demandante. IV. DECISIÓN: Atendiendo a lo señalado  precedentemente y en aplicación del artículo 396 del Código  Procesal Civil, declararon FUNDADO el recurso de casación  de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, interpuesto por  el demandante, Santos Mariano Sandoval Alejos; en  consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha diez  de abril de dos mil dieciocho; actuando en sede instancia,  REVOCARON la sentencia apelada de fecha veintiocho de  setiembre de do mil diecisiete, que declaró infundada la  demanda; REFORMÁNDOLA, declararon FUNDADA la  demanda en todos sus extremos, ORDENARON a la entidad  demandada que cumpla con emitir nueva resolución  administrativa reconociendo diecisiete (17) años, ocho (8)  meses y dieciséis (16) días de aportaciones al Sistema  Nacional de Pensiones; y DISPUSIERON que la entidad  demandada reconozca en favor del demandante la pensión  de jubilación bajo el régimen de Pensión de Jubilación  Proporcional Especial a partir del dos de junio de dos mil seis,  más el pago de devengados desde el veintitrés de julio de dos  mil veintiuno, y sus correspondientes intereses legales  simples; en el proceso seguido por la parte recurrente contra  la  Oficina  de  Normalización  Previsional,  sobre  reconocimiento de aportes previsionales y otorgamiento de  pensión de jubilación. ORDENARON la publicación de la  presente sentencia en el diario oficial “El Peruano”; y  devolvieron los autos. Interviene como ponente la señora  Jueza Suprema Araujo Sánchez. SS. ARAUJO SÁNCHEZ,  GÓMEZ  CARBAJAL,  TEJEDA  ZAVALA,  MAMANI  COAQUIRA. EL VOTO EN MINORÍA DE LA SEÑORA  JUEZA SUPREMA TORRES VEGA ES COMO SIGUE: 1.  RECURSO DE CASACIÓN Viene a conocimiento de esta  Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte  demandante, Santos Mariano Sandoval Alejos, de fecha  veinte de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos  sesenta y uno, contra la sentencia de vista de fecha diez de  abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos cuarenta  y siete, que confirmó la sentencia apelada, de fecha  veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas  doscientos cinco, que declaró infundada la demanda; en el  proceso contencioso administrativo seguido por la parte  recurrente contra la Oficina de Normalización Previsional  – ONP, sobre otorgamiento de pensión de jubilación. 2.  CAUSALES DEL RECURSO Mediante resolución de fechados de junio de dos mil veinte, la Primera Sala de Derecho  Constitucional y Social Transitoria declaró procedente el  recurso de casación presentado por Santos Mariano  Sandoval Alejos, por las siguientes causales: Infracción  normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú, y de forma excepcional por  las causales de Infracción normativa de los artículos 10 y  11 de la Constitución Política del Perú, y del artículo 70  del Decreto Ley Nº 19990. 3. CONSIDERANDO PRIMERO:  La infracción normativa constituye un vicio de derecho en que  incurre el juzgador en una resolución; determinando que el  caso sea pasible de ser examinado por medio del recurso de  casación, siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo  decidido. En tal sentido, se puede conceptualizar la infracción  normativa como la afectación a las normas jurídicas en que  incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fin  al proceso, dando apertura a que la parte que se considere  afectada pueda interponer el recurso de casación. SEGUNDO:  La Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano  de casación ostenta atribuciones expresamente reconocidas  en la Constitución Política del Estado, desarrolladas en el  artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del  Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93- JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e  independencia en el ejercicio de la función casatoria que  desempeña en la revisión de casos. TERCERO: De acuerdo  a la demanda obrante a fojas veintidós, el actor solicitó se  declare su derecho al goce de su pensión de jubilación bajo el  Régimen General, además del pago de devengados e  intereses,  extremos  que  han  sido  denegados  administrativamente por la demandada mediante Resolución  N° 0000000412-2008-ONP/DC/DL 19990, mediante el cual  ha declarado infundado su recurso de reconsideración sobre  pensión de jubilación y por agotada la vía administrativa y se  disponga que la demandada cumpla con otorgarle al  recurrente pensión de jubilación bajo el Régimen General con  el pago de devengados e intereses. Fundamentó su pedido  señalando que Resolución N° 0000000412-2008-ONP/DC/DL  19990, se declaró infundado su recurso de reconsideración  sobre pensión de jubilación reconociéndole 05 años y 04  meses de aportaciones, y posteriormente la ONP no resolvió  su recurso de apelación; sin embargo, advierte que del  Cuadro de resumen de aportaciones no se le ha reconocido la  totalidad de los años de aportación que efectuó en calidad de  asegurado obligatorio para la Comisión de Administración  Previsional del Predio Rústico La Golondrina, por 11 meses y  21 días de servicios y aportaciones; CAT La Golondrina LTDA  N° 003-BI, por 16 años, 1 mes y 24 días de servicios y  aportaciones; Cooperativa Agraria de Trabajadores Santa  Cruz de Monteron LTDA, por 6 años, 1 mes y 15 días de  servicios y aportaciones. CUARTO: El Juez, mediante  sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de  septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos  cinco, el señor Juez del Segundo Juzgado Laboral de Piura,  declaró infundada la demanda, por considerar que respecto  de sus exempleadores: Comisión de Administración  Previsional del Predio Rústico La Golondrina (del 05 de  noviembre de 1971 hasta el 26 de octubre de 1972); CAT La  Golondrina LTDA N° 003-BI (del 27 de octubre de 1972  hasta el 21 de diciembre de 1988); y Cooperativa Agraria de  Trabajadores Santa Cruz de Monterón LTDA. S.A. (del 30  de diciembre de 1991 hasta el 11 de febrero de 1998); el actor  ha presentado documentos que no cumplen con las  formalidades requeridas para acreditar vínculo laboral,  además, que no crean convicción para reconocer los periodos  solicitados. QUINTO: La Sala Superior, mediante sentencia  de vista de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, obrante  a fojas doscientos cuarenta y siete, la Primera Sala Civil de la  Corte Superior de Justicia de Piura, confirmó la sentencia  apelada, precisando que del análisis de los medios probatorios  adjuntados por el actor, en cuanto a sus exempleadores, no  se advierte prueba alguna que afiance el contenido de dichas  documentales; por lo que, no corresponde el reconocimiento  del vínculo laboral solicitado, a ser los documentos  presentados insuficientes para acreditar aportaciones.  SEXTO: Debe precisarse que, de acuerdo a lo señalado, y en  concordancia con las causales por las que fue admitido el  recurso: Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y de  forma excepcional por las causales de Infracción normativa  de los artículos 10 y 11 de la Constitución Política del  Perú, y del artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990; concierne  a esta Sala Suprema determinar si la Sala Superior infringió  las normas invocadas al confirmar la sentencia apelada que  declaró infundada la demanda. SÉPTIMO: Respecto a la  causal excepcional de Infracción normativa de los  numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política  del Perú, es preciso señalar que el debido proceso formalconstituye una garantía constitucional que, en la tramitación  de un proceso, asegura se respeten unos determinados  requisitos mínimos22. Tales requisitos, que han sido objeto de  discusión23, en general se considera que abarcan los  siguientes criterios: (i) derecho a ser oportunamente  informado del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo  razonable para preparar la defensa); (ii) derecho a ser  juzgado por un juez imparcial, que no tenga interés en un  determinado resultado del juicio; (iii) derecho a tramitación  oral de la causa y a la defensa por un profesional (publicidad  del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) derecho a ser  juzgado sobre la base del mérito del proceso; y, (vi) derecho  al juez legal. Derecho fundamental que asiste a todos los  sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a ser  juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales, creados  mediante Ley Orgánica, pertenecientes al Poder Judicial,  respetuosos con los principios constitucionales de igualdad,  independencia y sumisión a la ley, y constituidos con arreglo  a las normas comunes de competencia preestablecidas.  OCTAVO: Asimismo, en cuanto al inciso 5 de la norma  invocada, debe señalarse que la obligación de fundamentar  las sentencias propias del derecho moderno se ha elevado a  categoría de deber constitucional. En el Perú, el artículo 139  inciso 5, de la Constitución del Estado señala que: “Son  principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 5. La  motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las  instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención  expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en  que se sustentan”. Igualmente, el artículo 12 de la Ley  Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Todas las resoluciones,  con exclusión de las de mero trámite, son motivadas bajo  responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se  sustenta…”. De otro lado, es ya común mencionar que la  motivación no significa la exteriorización del camino mental  seguido por el juez, pues ello implicaría considerar que no  importa la decisión en sí misma, ni lo racional o arbitraria que  ésta pueda ser, sino solo el proceso mental que llevó al juez a  emitir el fallo. Por el contrario, la motivación como mecanismo  democrático de control de los jueces y de control de la justicia  de las decisiones exige que exista una justificación racional  de lo que se decide, dado que al hacerlo no solo se justifica la  decisión sino se justifica el mismo juez, ante las partes,  primero, y ante la sociedad después, y se logra el control de  la resolución judicial24. Tal justificación racional es interna y  externa. La primera consiste en verificar que: “el paso de las  premisas a la conclusión es lógicamente -deductivamente-  válido” sin que interese la validez de las propias premisas. Por  su parte, la justificación externa consiste en controlar la  adecuación o solidez de las premisas25, lo que supone que  la(s) norma(s) contenida(s) en la premisa normativa sea(n)  norma(s) aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la  premisa fáctica sea la expresión de una proposición  verdadera26. En esa perspectiva, la justificación externa  exige27: (i) que toda motivación debe ser congruente, de lo  que sigue que no cabe que sea contradictoria; (ii) que toda  motivación debe ser completa, por lo que deben motivarse  todas las opciones; y (iii) que toda motivación debe ser  suficiente, por lo que es necesario ofrecer las razones  jurídicas que avalen la decisión. NOVENO: En ese sentido, se  advierte que en el presente proceso se ha respetado el  derecho a ser informado del proceso, al juez imparcial, a la  publicidad del debate y el derecho de defensa, a la prueba, a  ser juzgado sobre el mérito del proceso y al juez legal,  además, no se aprecia de autos la existencia de ningún vicio  de invalidez insubsanable durante el trámite del proceso, que  atente las garantías procesales constitucionales; asimismo, la  Sala Superior ha empleado en forma suficiente los  fundamentos que le han servido de base para desestimar la  demanda, analizando cada uno de los medios probatorios  adjuntos en autos y que a su parecer han abonado a la  decisión del fallo, argumentos que no pueden analizarse a  través de una causal procesal, consideraciones por la cual la  causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del  artículo 139 de la Constitución Política del Estado, resultan  infundadas. DÉCIMO: Habiéndose declarado infundada la  causal procesal, corresponde emitir pronunciamiento respecto  a la causal material por la que se declaró procedente el  recurso; consistente en Infracción normativa de los  artículos 10 y 11 de la Constitución Política del Perú, y del  artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990. DÉCIMO PRIMERO:  Siendo así, conviene precisar que el artículo 70 del Decreto  Ley N° 19990 señala lo siguiente: “Los aportes, períodos de  aportaciones y obligaciones del empleador Para los  asegurados obligatorios, son períodos de aportaciones los  meses, semanas o días que presten o hayan prestado  servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones  a que se refieren los artículos 7º al 13º. Son también períodos  de aportaciones las licencias con goce de remuneracionesotorgadas por ley o por el empleador, así como los períodos  durante los que el asegurado haya estado en goce de  subsidio. Corresponde al empleador cumplir con efectuar la  retención y el pago correspondiente por concepto de  aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de sus  trabajadores. Sin embargo, es suficiente que el trabajador  pruebe adecuadamente su período de labores para considerar  dicho lapso como período de aportaciones efectivas al SNP.  De la misma forma, las aportaciones retenidas que no hayan  sido pagadas al SNP por el empleador son consideradas por  la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en el cómputo  del total de años de aportación, independientemente de las  acciones que realice la ONP para el cobro de las mismas,  conforme a ley. Son medios probatorios idóneos y suficientes  para demostrar períodos de aportaciones, los certificados de  trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, la liquidación  de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las  constancias de aportaciones de la Oficina de Registro y  Cuenta Individual Nacional de Empleadores Asegurados  (ORCINEA), del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS)  o de EsSalud y cualquier documento público conforme al  artículo 235º del Código Procesal Civil. Carece de sustento el  no reconocimiento por parte de la ONP de períodos de  aportaciones acreditados con los medios antedichos,  argumentando que estos han perdido validez, que hay una  doble condición de asegurado y empleador, o que, según la  Tabla Referencial de Inicio de Aportaciones por Zonas,  establecida por el IPSS, en esa zona aún no se empezaba a  cotizar”. Sobre los artículos 10 y 11 de la Constitución Política  del Perú, la Carga Magna prescribe lo siguiente: “Artículo 10°.  El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda  persona a la seguridad social, para su protección frente a las  contingencias que precise la ley y para la elevación de su  calidad de vida. Artículo 11°. El Estado garantiza el libre  acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de  entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su  eficaz funcionamiento La ley establece la entidad del Gobierno  Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo  del Estado”. DÉCIMO SEGUNDO: Es así que, el recurrente  puede acreditar los aportes que realizó al Sistema Nacional de  Pensiones, presentando los medios probatorios detallados en  la norma (artículo 70) u otros (Sentencia del Tribunal  Constitucional N° 04762-2007-PA/TC) que deberán ser  sometidos a una valoración conjunta, teniendo siempre en  consideración que el fin del análisis probatorio es garantizar la  protección del derecho a la pensión del asegurado; la  documentación que servirá para acreditar los aportes pueden  ser presentados en original, copia legalizada o fedateada; sin  embargo, la sola presentación en copia simple de los mismos  no generan convicción28 de su validez en el juzgador. DÉCIMO  TERCERO: En el caso de autos, se observa que la parte  recurrente solicitó se le otorgue el derecho a percibir una  pensión de jubilación por el régimen general bajo los alcances  del Decreto Ley N° 19990, como consecuencia del  reconocimiento del vínculo laboral con sus exempleadores por  el siguiente periodo: 1) Comisión de Administración  Previsional del Predio Rústico La Golondrina, del 05 de  noviembre de 1971 hasta el 26 de octubre de 1972, que  representan 11 meses y 21 días de aportes. 2) CAT La  Golondrina LTDA N° 003-BI, del 27 de octubre de 1972 hasta  el 21 de diciembre de 1988, que representan 16 años, 1 mes y  24 días de aportes. 3) Cooperativa Agraria de Trabajadores  Santa Cruz de Monterón LTDA. S.A., del 30 de diciembre de  1991 hasta el 11 de febrero de 1998, que representan 06 años,  1 mes y 15 días de aportes. Aportaciones que adicionadas a los  05 años y 04 meses de aportes reconocidos de conformidad  con la Resolución N° 0000000412-2008-ONP/DC/DL 19990,  permitiría acumular más de 20 años de aportaciones al SNP.  Sin embargo, las instancias desestimaron el petitorio de  otorgamiento de pensión solicitado por la parte demandante, al  considerar que no cumplió con acreditar el mínimo de 20  años de aportaciones exigidos por ley. DÉCIMO CUARTO: En  este sentido, mediante la sentencia de vista, la Sala Superior,  del análisis de los medios probatorios, concluye que la parte  demandante no ha logrado acreditar mayor periodo que solo  los 05 años y 04 meses. DÉCIMO QUINTO: De lo expuesto,  se advierte que el Órgano Colegiado ha cumplido con valorar  todos los medios probatorios y determinar que de los actuados  se acredita vínculo laboral de la demandante con sus ex  empleadores por un periodo no mayor a 20 años, por  consiguiente, no cumple con los requisitos establecidos para  acceder a una prestación en el Sistema Nacional de  Pensiones. DÉCIMO SEXTO: Sobre el particular, es necesario  resaltar que, la actora a través de su demanda solicitó se  declare su derecho a percibir su pensión de jubilación bajo  el régimen del Decreto Ley N° 19990, además del pago de  devengados e intereses, pues -según refiere- tiene un record  laboral mayor a 20 años; sin embargo, finalmente la entidademplazada solo le ha reconocido un periodo de 05 años y 04  meses de aportes. DÉCIMO SÉPTIMO: Por consiguiente,  resulta coherente y lógico, declarar infundado el recurso de  casación, por tanto desestimar la demanda, esto, al no haberse  acreditado que la actora tenga como mínimo 20 años de  aportes; asimismo, resulta relevante precisar que tampoco  sería aplicable la Ley N° 31301, publicada el 22 de julio de  2021, que establece medidas de acceso a una pensión  proporcional a los asegurados del Sistema Nacional de  Pensiones, puesto que, en el presente caso, otorgar una  pensión proporcional en los términos de dicha ley, no solicitada  en todo el proceso ni en esta sede, y de acuerdo a lo reclamado  en la demanda, se estaría afectando el principio de congruencia  procesal, por el cual, debe existir correlación entre la pretensión  principal y la decisión del Juez, que se sustenta de los actuados  y el derecho respectivo; más aún, si dicha ley establece una  pensión proporcional a quienes cumplan con acreditar por lo  menos 10 años de aportes, situación que en el caso concreto  no se ha establecido. DÉCIMO OCTAVO: Asimismo, cabe  mencionar que la disposición del artículo VII del Título  Preliminar del Código Civil (principio iura novit curia) de ningún  modo faculta a los jueces a declarar un derecho no reclamado  al plantearse la acción. En ese sentido, en el presente caso no  sería aplicable la Ley N° 31301 pues cambiaría la pretensión  planteada en la demanda, alterando su naturaleza misma. No  obstante, se deja a salvo el derecho del actor de solicitar el  ingreso a la Ley N° 31301 en la vía correspondiente, siempre  que reúna las condiciones o requisitos para su ingreso.  DÉCIMO NOVENO: Por ende, al verificar que la sentencia  impugnada no ha incurrido en ninguna de las causales  señaladas en el punto dos, el recurso formulado por la entidad  demandada resulta infundado; correspondiendo a este  Supremo Tribunal proceder conforme a los alcances del  artículo 397 del Código Procesal Civil. 4. DECISIÓN Por las  consideraciones expresadas y de conformidad con lo dispuesto  en el artículo 397 del Código Procesal Civil, MI VOTO es  porque se declare INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto por la parte demandante, Santos Mariano  Sandoval Alejos, de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho,  obrante a fojas doscientos sesenta y uno, contra la sentencia  de vista de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, obrante a  fojas doscientos cuarenta y siete. DISPUSIERON la publicación  de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”  conforme a ley; en el proceso seguido por la parte recurrente  contra la Oficina de Normalización Previsional – ONP, sobre  acción contencioso administrativo previsional; notifíquese por  Secretaría y devolvieron los actuados. SS. TORRES VEGA. 1  Página 261 del expediente principal. 2  Página 198 del expediente principal. 3  Página 160 del expediente principal. 4  Página 125 del expediente principal. 5  Faúndez Ledesma, Héctor, “El Derecho a un juicio justo”. En: Las garantías  del debido proceso (Materiales de Enseñanza) Lima. Instituto de Estudios  Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos, página 17. 6  CAROCCA PÉREZ, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España.  Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104. 7  Por ejemplo, Bernardis, considera, siguiendo la jurisprudencia norteamericana,  que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los requisitos de notificación  y audiencia (notice and hering). BERNARDIS, Luis Marcelo de. La garantía  procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 392-414. 8  Fundamento 6 de la STC Nº 00686-2007-PA/TC. 9  Derogado por la Única Disposición Derogatoria del Decreto Supremo Nº 092-2012- EF, publicado el 16 junio 2012. 10  “Artículo 72.- Las semanas o meses de prestación de servicios como asegurado  de la Caja de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social y de la Caja de  Pensiones del Seguro Social del Empleado, se computarán, sin excepción,  como semanas o meses de aportación al Sistema Nacional de Pensiones, para  los efectos de las prestaciones que éste otorga, aún cuando el empleador o la  empresa de propiedad social, cooperativa o similar no hubiere efectuado el pago  de las aportaciones.  En el caso de que un asegurado haya sido remunerado semanalmente y luego  mensualmente, o a la inversa, se entenderá que cuatro y un tercio semanas  de aportación equivalen a un mes aportado, no debiendo contarse para esta  equivalencia las fracciones.” 11  Publicado el 19 de diciembre de 1992 12  Publicada el 18 de julio de 1995. 13  Página 13 del expediente principal. 14  Página 11 del expediente principal. 15  Página 12 del expediente principal. 16  Página 8 del expediente principal. 17  Página 9 del expediente principal. 18  Página 103 del expediente administrativo. 19  Página 16 del expediente principal. 20  De acuerdo a lo establecido en el párrafo final del artículo 72 del Decreto Ley  Nº 19990, cuyo tenor determina que cuatro y un tercio semanas de aportación  equivalen a un mes aportado, no debiendo contarse para esta equivalencia las  fracciones.21  Página 1 del expediente principal. 22  CAROCCA Pérez, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España.  Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104. 23  Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia  norteamericana, que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los  requisitos de notificación y audiencia (notice and hering). BERNARDIS, Luis  Marcelo. La garantía procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima  1995, pps. 392-414. 24  IGARTUA Salaverría, Juan. “El razonamiento en las resoluciones judiciales”.  Palestra-Temis, Lima-Bogotá 2014, pp. 19 a 22. 25  ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justificación de las  decisiones judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com. 26  MORESO, Juan José y Vilajosana, Josep María. Introducción a la Teoría del  Derecho. Madrid: Marcial Pons Editores, Pág. 184. 27  IGARTUA Salaverría, Juan. Ob. cit., pp. 26. 28  Extremo precisado en la resolución de aclaración de la Sentencia del Tribunal  Constitucional Nº 04762-2007-PA/TC, de fecha 16 de octubre de 2008, fundamento  7 literal a. C-2136195-388