CASACIÓN Nº 18055-2019 LIMA
Sumilla: La Corte Interamericana de Derechos Humanos,  ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de  la propiedad que abarca el uso y goce de bienes, definidos  como cosas materiales apropiables, así como todo derecho  que pueda formar parte del patrimonio de una persona. De  acuerdo a los alcances del inciso a) del artículo 120 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario, se concluye  que quien formula una intervención excluyente de propiedad  debe demostrar que su derecho de propiedad es anterior a  la medida de embargo trabada, pues de la admisión de tal  solicitud depende la fehaciencia del documento con el que  se pretende acreditar la propiedad. En el presente caso  quedó demostrado con documentos de fecha cierta, que la  propiedad del inmueble se adquirió antes de trabar la medida  cautelar.  Lima, siete de julio de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA La causa número  dieciocho mil cincuenta y cinco, guión dos mil diecinueve,  Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, el  colegiado integrado por los señores Jueces Supremos  González  Aguilar  (presidente),  Rueda  Fernández,  Bustamante del Castillo, Barra Pineda y Dávila Broncano;  luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la  siguiente sentencia: Objeto del recurso de casación Viene  a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación  interpuesto por las demandantes Hermelinda Enríquez  Henostroza y Marcelina Morales Guillén, del diecisiete de  mayo de dos mil diecinueve (fojas cuatrocientos dos a  cuatrocientos veintitrés), contra la sentencia de vista del  veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas trescientos  treinta y tres a trescientos cuarenta y tres), que confirmó la  sentencia apelada del veintiséis de junio de dos mil dieciocho  (fojas doscientos treinta y uno a doscientos cincuenta), que  declaró infundada la demanda. Antecedentes del recurso  De la demanda: Las recurrentes mediante escritopresentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis  interponen demanda contencioso administrativo, postulando  como pretensión única, se declare la nulidad total de la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07254-8-2016 del dos de  agosto de dos mil dieciséis, que confirmó la Resolución  Coactiva Nº 0230075276671 del trece de junio de dos mil  dieciséis, que a su vez declaró infundada la tercería de  propiedad presentada respecto de la Tienda Nº 126-S de la  Galería Santa Felicia, ubicada en el Jirón Huallaga Nº 631- 659 Cercado de Lima, inscrita en la Partida Electrónica Nº  40400036 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.  Como fundamentos de su demanda señalan que: a) En el  procedimiento de cobranza coactiva seguido por la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria (SUNAT) contra Otero Gastelumendi Sociedad  Anónima  Ingenieros  Contratistas,  las  recurrentes  interpusieron  intervención  excluyente  de  propiedad,  solicitando que se desafecte la Tienda número 126-S  ubicada en el jirón Huallaga Nº 631-639, Cercado de Lima,  para lo cual adjuntaron los siguientes documentos: copia  legalizada de la minuta de Compra Venta del nueve de  noviembre de mil novecientos ochenta y tres, celebrado por  Otero Gastelumendi S.A. Ingenieros Contratistas y las  recurrentes; declaración jurada de Autovalúo; declaración  jurada de datos del predio; declaraciones juradas del  impuesto predial; liquidación de arbitrios, determinación de  arbitrios de los años mil novecientos noventa y ocho, dos mil  nueve, dos mil diez y dos mil doce; y, demás documentos de  fecha cierta, expedidos por la entidad pública con fecha  anterior al embargo, que acreditan su calidad de legítimas  propietarias. b) Asimismo, indican que el procedimiento  coactivo deviene en nulo, por cuanto, el ejecutor coactivo  habría notificado el remate del inmueble mediante la  publicación en la página web de la SUNAT, debido a que el  deudor tributario figuraba en el Registro Único de  Contribuyentes (RUC) como “NO HABIDO”. Sin embargo, el  artículo 20 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento  Administrativo General señala que la notificación personal  tiene como primer orden de prelación, asimismo, la autoridad  no podrá suplir alguna modalidad con otra, bajo sanción de  nulidad de la notificación. En tal sentido, no se ha agotado  todos los medios necesarios a fin de notificar personalmente  al deudor tributario. c) Manifiestan, que la tasación y la  convocatoria a remate devienen en nulas, por cuanto,  conforme al artículo 121 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, la tasación se efectuará por un perito  perteneciente a la administración tributaria o designado por  ella; sin embargo, en el procedimiento coactivo materia de  revisión judicial, ningún perito tasador ha determinado el  valor comercial real de los inmuebles, no siendo válido el  valor de la tasación atribuido a la tienda materia de  controversia. Asimismo, tampoco se ha cumplido con  notificar al deudor tributario la resolución que determina el  valor de la tasación, razón por la cual constituye una  vulneración al debido procedimiento y al derecho de defensa.  d) Añaden que, se vulneró los principios de razonabilidad y  proporcionalidad del procedimiento administrativo, pues no  se ha merituado todas las pruebas presentadas, máxime, si  en las mismas Declaraciones Juradas de Autovalúo, aparece  la fecha de adquisición del predio materia de tercería.  Asimismo, se ha vulnerado el principio de legalidad, por  cuanto el Tribunal Fiscal ha inaplicado el artículo 9 de la Ley  de Tributación Municipal la cual prescribe que son sujetos  pasivos en calidad de contribuyentes, las personas naturales  o jurídicas propietarias de los predios. e) Finalmente indican  que, se ha vulnerado el derecho de propiedad, al no haberse  aplicado los artículos 923, 949 y 1373 del Código Civil, de  los cuales se verifica que en el Perú la propiedad inmueble  no se transmite mediante inscripción en Registros Públicos,  como sucede en otros sistemas. Es decir, la inscripción  registral ex post no es constitutivo, sino, meramente  declarativa de la propiedad ya transferida. De la sentencia  de primera instancia: El Juez del Vigésimo Primer Juzgado  Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub  Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida  en la resolución diez del veintiséis de junio de dos mil  dieciocho (fojas doscientos treinta y uno a doscientos  cincuenta), declaró infundada la demanda. De la sentencia  de segunda instancia: Conocida en grado de apelación, la  Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de  la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de  vista contenida en la resolución número dieciocho, del  veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas trescientos  treinta y tres a trescientos cuarenta y tres), confirmó la  sentencia apelada del veintiséis de junio de dos mil  dieciocho, que declaró infundada la demanda. Del recursode casación y auto calificatorio Mediante auto calificatorio  del doce de noviembre de dos mil diecinueve, la Tercera  Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria declaró  procedente el recurso de casación interpuesto por las  recurrentes, por las siguientes causales denunciadas: a)  Contravención a las normas que garantizan el derecho a  un debido proceso. Alega que la Sala Superior no ha  valorado en forma conjunta los documentos públicos  adjuntados como la copia legalizada de compraventa del  nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, la  declaración jurada de autovalúo, declaración jurada de  datos del predio, declaraciones juradas del impuesto predial,  liquidaciones de arbitrios, determinación de arbitrios de los  años 1988, 2009, 2010, 2011 y 2012, recibos de pago por  impuesto predial de los años 1992, 1993, 1996 y 1997,  estado de cuenta corriente al dieciocho de junio de mil  novecientos noventa y seis, recibos de pago de impuesto al  funcionamiento del establecimiento de los años 1990, 1991  y 1992, recibos de pago de impuesto al patrimonio predial de  los años 1991, 1992, 1993 y 1995, recibos de pago de  arbitrios de 1994 y 1997, notificaciones de multa al año  1987, licencias municipales de funcionamiento de los años  1989 a 1993, Hoja Resumen (HR) y Predio Rustico (PU) de  1988, 1989, 1990, 1996 y 1997, entre otros; documentos de  fecha cierta que acreditan contundentemente que las  recurrentes son las propietarias de la Tienda 126-S, ubicado  en el jirón Huallaga Nº 631-659, Cercado de Lima, sin  embargo, las citadas documentales no han sido valoradas ni  merituadas en forma conjunta por el juzgador. La sentencia  en el considerando sexto valora en forma independiente y  excluyente la copia legalizada del contrato privado de  promesa de compraventa de fecha nueve de noviembre de  mil novecientos ochenta y tres; asimismo, ha tomado en  consideración las declaraciones juradas y recibos de pago  del impuesto predial y arbitrios de la Municipalidad  Metropolitana de Lima correspondientes a los años 2008,  2010, 2011 y 2012 así como la información remitida por el  Servicio de Administración Tributaria (en adelante SAT) y la  declaración asimilada de las demandantes, sin considerar  los demás medios probatorios como el original de la  Resolución de Departamento Nº 056-026-00012195, de  fecha dieciséis de enero de dos mil cinco. b) Infracción  normativa del artículo 197 del Código Procesal Civil.  Señala que la sentencia de vista no ha valorado en forma  conjunta todos los medios probatorios adjuntados por su  parte; en el considerando sexto evaluó en forma  independiente y excluyente la copia legalizada del contrato  privado de promesa de compraventa de fecha nueve de  noviembre de mil novecientos ochenta y tres; asimismo, ha  tomado en consideración las declaraciones juradas y recibos  de pago del impuesto predial y arbitrios de la Municipalidad  Metropolitana de Lima correspondientes a los años 2008,  2010, 2011 y 2012 así como la información remitida por el  SAT y la declaración asimilada de las demandantes, sin  considerar los demás medios probatorios como el original de  la Resolución de Departamento Nº 056-026-00012195, de  fecha dieciséis de enero de dos mil cinco. c) Infracción  normativa del artículo 923 del Código Civil. En el presente  caso no se ha aplicado el citado artículo, habiéndose  restringido el derecho de propiedad de las demandantes  respecto a la Tienda 126-S de la Galería Santa Felicita,  objeto de demanda, sin considerar que las suscritas ostentan  la propiedad legítima del bien con anterioridad al embargo  inscrito en el año dos mil doce. d) Infracción normativa de  los artículos 949 y 1373 del Código Civil. En nuestro país  la propiedad inmueble no se trasmite mediante inscripción  en Registros Públicos, como sucede en otros sistemas; la  inscripción registral ex post no es constitutiva, sino  meramente declarativa de la propiedad que se tiene por ya  transferida, es decir opera el mero consentimiento; por ello,  en el caso de autos se entiende que las recurrentes  compradoras son propietarias aun cuando su titularidad sea  clandestina en la medida que no es reconocida como tal en  el registro de propiedad inmueble, anterior a la inscripción  de embargo del año dos mil doce. e) Infracción normativa  del artículo 139 numeral 14 de la Constitución Política  del Estado. Se encuentra acreditado que se ha vulnerado el  derecho de defensa de las recurrentes, al no merituar en  forma conjunta las declaraciones juradas de autovalúos,  declaraciones juradas de datos del predio, declaraciones  juradas del impuesto predial, liquidaciones de arbitrios,  determinación de los arbitrios de los años 1998, 2009 a 2012  donde aparece declarada la propiedad objeto de tercería a  nombre de las recurrentes; así como la Licencia Nº 43470  otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima el  veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y ocho a  nombre de Marcelina Morales Guillén, original del detalle de  cuentas del inmueble materia de demanda, original de laResolución  del  Departamento  Nº  056-026-00012195  expedida por la Municipalidad de Lima a nombre de la  demandante Marcelina Morales Guillén. f) Infracción  normativa del artículo 31 del Reglamento de la Ley del  Notariado, Decreto Supremo Nº 010-2010-JUS. Al suscribir  la escritura pública de compraventa del nueve de julio de dos  mil doce, las demandantes y Otero Gastalumendi Sociedad  Anónima Ingenieros Contratistas lo han hecho con la  voluntad de ratificar la transacción del ocho de noviembre de  mil novecientos ochenta y tres, y que fue plasmada en la  minuta presentada ante el notario, es más se observa que la  escrita pública ha sido suscrita por los mismos intervinientes  y representantes que firmaron la minuta original; asimismo,  se debe tener en cuenta que la escritura pública del  dieciocho de julio de dos mil doce ha sido emitida por notario  público, corroborándose que en el presente caso no se ha  aplicado el citado artículo. g) Infracción normativa del  artículo 52 de la Ley del Notariado, Decreto Legislativo  Nº 1049. Al ser una compraventa se exige que se presente  minuta al notario para que este transcriba su contenido en el  cuerpo de la Escritura. En el caso de autos, en la escritura  pública del dieciocho de julio de dos mil doce, se puede  observar que en el cuerpo se hace referencia que la minuta  fue entregada al notario Aurelio Díaz Rodríguez a fin de que  se protocolice la compraventa, esta minuta es de fecha  nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres,  advirtiéndose en la cláusula novena de la citada escritura  que “el presente contrato se encuentra regulado por las  condiciones establecidas por los artículos 1554, 1535, 1536  y demás pertinentes del Código Civil […]”. Por lo tanto, se ha  incumplido el citado artículo al no haberse valorado  debidamente la promesa de compraventa del nueve de  noviembre de mil novecientos ochenta y tres. h) Infracción  normativa del artículo 2022 del Código Civil. Dicho  artículo regula que, al presentarse un conflicto entre un  derecho real de propiedad y un derecho personal de crédito  en la forma de embargo, no se aplica las normas del derecho  registral sino las normas de derecho común, como si el  derecho registral para estos efectos no existiera. En el caso  de enfrentamiento de un derecho real de propiedad y un  derecho personal o de crédito en la forma de embargo,  prevalece el derecho real por cuanto tiene naturaleza  persecutoria y resulta oponible hacia todos a diferencia del  derecho personal en forma de embargo; además, el derecho  real es anterior y ha sido otorgado mediante contrato de  compraventa  contenido  en  documento  privado  de  comprobada fecha cierta, negocio jurídico que mantiene su  validez mientras no sea anulado. Por ello, de haberse  aplicado el mencionado artículo, el juzgador habría  declarado la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  07254-8-2016 y por ende reconocido el derecho de las  demandantes como legítimas propietarias de la Tienda N°  126-S frente a la orden de embargo expedida por Sunat.  CONSIDERANDO Primero: Contextualizado el caso,  conviene hacer algunos apuntes acerca del recurso  extraordinario de casación, que delimitan la actividad  casatoria de esta Sala Suprema. 1.1. El recurso de casación  es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya  concesión y presupuestos de admisión y procedencia están  vinculados a los “fines esenciales”, que es la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la  uniformidad de la jurisprudencia nacional establecida por la  Corte Suprema de Justicia, tal como puede interpretarse de  lo dispuesto por el artículo 141 de la Constitución Política del  Estado y el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado  por el artículo 1 de la Ley Nº 29364. 1.2. Respecto a la  causal de infracción normativa, según Rafael de Pina: El  recurso de casación ha de fundarse en motivos previamente  señalados en la ley. Puede interponerse por infracción de ley  o por quebrantamiento de forma. Los motivos de casación  por infracción de ley se refieren a la violación en el fallo de  leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia  de la resolución judicial con las pretensiones deducidas por  las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos de la  casación por quebrantamiento de forma afectan (…) a  infracciones en el procedimiento. 1 Segundo: Delimitación  del  pronunciamiento  casatorio  2.1.  Corresponde  mencionar, de manera preliminar, que la función nomofiláctica  del recurso de casación garantiza que los Tribunales  Supremos sean los encargados de salvaguardar el respeto  del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando  cualquier tipo de afectación a las normas jurídicas materiales  y procesales, y procurando, conforme menciona el artículo  384 del Código Procesal Civil, la adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto. 2.2. Previo al desarrollo  de las causales que fueron declaradas procedentes, es  oportuno anotar que la misma se generó como consecuencia  del conflicto consistente en determinar si correspondía o noque se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal  Nº 07254-8-2016, del dos de agosto de dos mil dieciséis,  que confirmó la Resolución Coactiva Nº 0230075276671 del  trece de junio de dos mil dieciséis. 2.3. Conforme lo  detallado, se verifica que las recurrentes han denunciado  infracciones tanto de carácter material como procesal. Al  respecto, debemos precisar que la infracción procesal se  configura cuando en el desarrollo de la causa no se han  respetado los derechos procesales de las partes, se han  soslayado o alterado actos del procedimiento, la tutela  jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano judicial deja  de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente,  en evidente quebrantamiento de la normatividad vigente y  de los principios procesales. Ello hace pertinente que, en  principio, se analice la causal de orden procesal y luego, de  ser el caso, las causales de orden material, dado el eventual  efecto nulificante de aquella. Causales de orden procesal: a)  Contravención a las normas que garantizan el derecho a un  debido proceso, b) Infracción normativa del artículo 197 del  Código Procesal Civil, e c) Infracción normativa del artículo  139 numeral 14 de la Constitución Política del Estado.  Tercero: Pronunciamiento respecto a las causales  procesales denunciadas 3.1. Debemos precisar que el  análisis de las causales procesales especificadas en el  considerando 2.3 se hará de manera conjunta, al encontrarse  íntimamente ligadas entre sí. 3.2. En ese entender, conviene  citar el artículo VII del título preliminar del Código  Procesal Civil, que establece: El Juez debe aplicar el  derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido  invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin  embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su  decisión en hechos diversos de los que han sido alegados  por las partes. 3.3. El numeral 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Estado consagra como principio  rector de la función jurisdiccional la observancia del debido  proceso, el cual, conforme a la interpretación que  reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de  Derechos Humanos, exige fundamentalmente que todo  proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma que  su tramitación garantice a las personas involucradas en él,  las condiciones necesarias para defender adecuadamente y  dentro de un plazo razonable los derechos u obligaciones  sujetos a consideración. El derecho al debido proceso ha  sido desarrollado y ampliado por parte del legislador en  diversas normas con rango de ley, tales como: a) El artículo  7 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder  Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS,  que taxativamente dispone: “En el ejercicio y defensa de sus  derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional,  con las garantías de un debido proceso […]”. b) El Código  Procesal Civil, en el artículo I del título preliminar prescribe:  “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva  para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con  sujeción a un debido proceso”. c) El artículo III del título  preliminar del Código Procesal Civil señala: El Juez deberá  atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver  un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre,  ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los  derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr  la paz social en justicia. En caso de vacío o defecto en las  disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los  principios generales del derecho procesal y a la doctrina y  jurisprudencia  correspondientes,  en  atención  a  las  circunstancias del caso. d) Por su parte, el artículo 1 de la  Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso  Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013- 2008-JUS, prescribe: La acción contencioso administrativa  prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene  por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las  actuaciones de la administración pública sujetas al derecho  administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses  de los administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción  contencioso  administrativo  se  denominará  proceso  contencioso administrativo. 3.4. Asimismo, el derecho  fundamental al debido proceso, tal como lo ha precisado el  Tribunal Constitucional, es un derecho continente, pues  comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de  orden procesal. Es así que: En la doctrina y la jurisprudencia  nacionales han convenido en que el debido proceso es un  derecho fundamental de toda persona -peruana o extranjera,  natural o jurídica- y no solo un principio o derecho de quienes  ejercen la función jurisdiccional. En esa medida, el debido  proceso comparte el doble carácter de los derechos  fundamentales: es un derecho subjetivo y particular exigible  por una persona y, es un derecho objetivo en tanto asume  una dimensión institucional a ser respetado por todos,  debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de  justicia […].2 3.5. En ese mismo orden de ideas, se tieneque: El derecho al debido proceso supone el cumplimiento  de las diferentes garantías y normas de orden público que  deben aplicarse a todos los procesos o procedimientos, a fin  de que las personas estén en condiciones de defender  adecuadamente sus derechos ante cualquier acto estatal o  privado que pueda afectarlos. Su contenido presenta dos  expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter  formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver  con formalidades estatuidas, tales como las que establecen  el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la  motivación, etc. En las de carácter sustantiva o, estas están  básicamente  relacionadas  con  los  estándares  de  razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial  debe suponer. A través de esto último, se garantiza el  derecho que tienen las partes en un proceso o procedimiento  a que la resolución se sustente en la interpretación y  aplicación adecuada de las disposiciones vigentes, válidas y  pertinentes del orden jurídico para la solución razonable del  caso, de modo que la decisión en ella contenida sea una  conclusión coherente y razonable de tales normas. 3 3.6. En  ese sentido, cabe precisar que el derecho al debido proceso  y la tutela jurisdiccional efectiva constituyen principios  consagrados en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución  Política del Estado, los cuales comprenden, a su vez, el  deber de los jueces de observar los derechos procesales de  las partes y el derecho de los justiciables a obtener una  resolución fundada en derecho ante su pedido de tutela en  cualquier etapa del proceso. De ahí que dichos principios se  encuentren ligados a la exigencia de la motivación de las  resoluciones judiciales, prevista en el inciso 5 del referido  artículo constitucional, esto es, que los jueces y tribunales  expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con  mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que  las determinaron. 3.7. Así también, la aludida exigencia de  motivación suficiente permite al Juez que elabora la  sentencia percatarse de sus errores y precisar conceptos, lo  que facilita la crítica interna y el control posterior de las  instancias revisoras4, todo ello dentro de la función  endoprocesal de la motivación. Paralelamente, permite el  control democrático de los jueces, que obliga, entre otros  hechos, a la publicación de la sentencia, a la inteligibilidad  de la decisión y a la autosuficiencia de la misma5. En tal  virtud, los destinatarios de la decisión no son solo los  justiciables, sino también la sociedad, en tanto los juzgadores  deben rendir cuenta a la fuente de la que deriva su  investidura6, todo lo cual se presenta dentro de la función  extraprocesal de la motivación. 3.8. La justificación racional  de lo que se decide es, entonces, interna y externa. La  primera es tan solo cuestión de lógica deductiva, sin importar  la validez de las propias premisas. La segunda exige ir más  allá de la lógica en sentido estricto7 y tiene implicancias en el  control de la adecuación o solidez de las premisas, lo que  admite que las normas contenidas en la premisa normativa  sean aplicables en el ordenamiento jurídico y que la premisa  fáctica sea la expresión de una proposición verdadera8. En  esa perspectiva, la justificación externa requiere: i) que toda  motivación sea congruente, por lo que no cabe que sea  contradictoria; ii) que toda motivación sea completa; y iii)  que toda motivación sea suficiente, lo que significa que es  necesario expresar las razones jurídicas que garanticen la  decisión9. 3.9. En el marco conceptual descrito, la motivación  puede mostrar diversas patologías que, en estricto, son la  motivación omitida, la motivación insuficiente y la motivación  contradictoria. La primera hace referencia a la omisión  formal de la motivación, esto es, cuando no hay rastro de la  motivación misma. La segunda se presentará cuando exista  motivación parcial que vulnera el requisito de completitud;  en este caso, se puede hablar de motivación implícita  cuando no se enuncian las razones de la decisión y esta se  hace inferir de otra decisión del Juez, y de motivación por  relación,  cuando  no  se  elabora  una  justificación  independiente, sino que se remite a razones contenidas en  otra sentencia. La motivación insuficiente se presenta  principalmente cuando no se expresa la justificación de las  premisas que no son aceptadas por las partes, no se indican  los criterios de inferencia, no se explican los criterios de  valoración o no se explica por qué se prefiere una alternativa  y no la otra. Finalmente, estaremos ante una motivación  contradictoria  cuando  existe  incongruencia  entre  la  motivación y el fallo o cuando la motivación misma sea  contradictoria. 3.10. Asimismo, cabe precisar dentro de  este marco normativo del artículo 139 numeral 14 de la  Constitución Política de Estado, que señala: “El principio  de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado  del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y  por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene  derecho a comunicarse personalmente con un defensor de  su elección y a ser asesorada por éste desde que es citadao detenida por cualquier autoridad”. 3.11. En el artículo 197  del Código Procesal Civil señala: “Todos los medios  probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta,  utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la  resolución sólo serán expresadas las valoraciones  esenciales y determinantes que sustentan su decisión”.  3.12. Es en este contexto, se analizará si la Sala Superior al  emitir la sentencia de vista recurrida lo ha hecho en  observancia a la normativa desarrollada en los considerandos  precedentes, si cumplió o no con expresar las razones de  hecho y de derecho por el cual confirmó la sentencia de  fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, que declaró  infundada la demanda, que es materia de casación, lo cual  implica dar respuesta a los argumentos que expone la parte  recurrente como omisión por parte de la Sala Superior;  atendiendo a la denuncia, referida a las infracciones a)  Contravención a las normas que garantizan el derecho a un  debido proceso, contenida en el artículo 139 literal 5 de la  Constitución Política del Estado, b) Infracción normativa del  artículo 197 del Código Procesal Civil. y, e) Infracción  normativa del artículo 139 numeral 14 de la Constitución  Política del Estado. 3.13. En el caso de autos, de la lectura  de la sentencia de vista recurrida es posible identificar un  hilo argumentativo en el pronunciamiento emitido por la  Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa  con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, donde el Colegiado  Superior, dando respuesta a los agravios del recurso de  apelación, justificó su decisión arribada bajo las siguientes  premisas internas: Premisa fáctica: En el tercer considerado  precisó el asunto en controversia, al señalar que:  “Considerando lo anotado precedentemente, del estudio de  autos se advierte que la controversia se circunscribe en  determinar  si  las  demandantes  han  acreditado  fehacientemente su derecho de propiedad del inmueble  correspondiente la Tienda N°126-S de la Galería Santa  Felicia, ubicada en el Jr. Huallaga N°631-659- Cercado de  Lima, inscrita en la Partida Electrónica N°40400036 del  Registro de Propiedad Inmueble de Lima; en el procedimiento  de cobranza coactiva seguido por la Administración contra  OTERO GASTELUMENDI INGENIEROS CONTRATISTAS  S.A.” Premisa normativa: En el quinto considerando se  ocupó de la intervención excluyente de dominio de acuerdo  al Código Tributario, señalando: El inciso a) del artículo 120°  del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario,  aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, estipula  que el tercero que sea propietario de bienes embargados,  podrá interponer intervención excluyente de propiedad ante  el Ejecutor Coactivo en cualquier momento antes que se  inicie el remate del bien, indicándose que: “Sólo será  admitida si la tercera prueba su derecho con documento  privado de fecha cierta, documento público u otro documento,  que, a juicio de la Administración, acredite fehacientemente  la propiedad de los bienes antes de haberse trabado la  medida cautelar.” El numeral 2 del artículo 23° del  Reglamento de Procedimiento de Cobranza Coactiva,  aprobado por Resolución de Superintendencia N°216- 2004/SUNAT, dispone que de acuerdo al literal a) del citado  artículo 120° “sólo será admitida a trámite la intervención  Excluyente de propiedad interpuesta, si el tercero prueba su  derecho con documento privado de fecha cierta, documento  público u otro documento que, a juicio del Ejecutor, acredite  fehacientemente la propiedad de los bienes antes de  haberse trabado la medida cautelar”, señalándose que se  considera como documento público, además de aquellos  a que se refiere el numeral 43.1, del artículo 43 de la Ley del  Procedimiento Administrativo General N° 27444, a la  escritura pública y demás documentos otorgados ante o por  Notario, y que la copia de un documento público tiene el  mismo valor que el original si está certificada por el  auxiliar jurisdiccional respectivo, en el caso de un  documentos emitido por el Poder Judicial […]. Por su parte,  según los numerales 1 y 2 del artículo 235° del TUO del  Código Procesal Civil, norma aplicable en virtud a la Norma  IX del Título Preliminar del Código Tributario, es documento  público el otorgado por funcionario público en ejercicio de  sus atribuciones y la escritura pública y demás documentos  otorgados ante o por notario público, según la ley de la  materia. Asimismo, de acuerdo al artículo 245 del Código  Procesal Civil, un documento privado adquiere fecha  cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso,  entre otros, desde su presentación ante un funcionario o  servidor público, para que certifique la fecha o legalice las  firmas. Conforme a lo expuesto, la condición para que una  intervención excluyente de propiedad sea admitida es que el  tercerista demuestre de manera fehaciente a través de un  documento público o de un documento privado de fecha  cierta, u otro documento, la titularidad del bien con fechaanterior al embargo; que en el caso de documentos  privados, éstos adquirirán fecha cierta, entre otros, a través  de su presentación ante funcionario público o ante notario  público, para que este certifique la fecha o legalice las  firmas. En la misma línea y como criterio general, la  Casación  N°3671-2014-LIMA  ha  establecido  como  precedente judicial vinculante que en los proceso de Tercería  de Propiedad referidos a bienes inscritos, se considera que  el derecho de propiedad del tercerista es oponible al  derecho del acreedor embargante siempre que dicho  derecho real quede acreditado mediante documento de  fecha cierta más antigüa que la inscripción del embargo  respectivo, debiendo el juez que admita la demanda, velar  por la legalidad de la certificación de la fecha cierta del  documento que presente el tercerista. En el sexto  considerando cuando desarrolla el análisis del caso  concreto, la sentencia de vista señala: “[…] En dicho  contexto, de la revisión de la copia legalizada del contrato  privado de “Promesa de Compra Venta” corriente de folios  16 a 18 del Tomo I del acompañado administrativo, de fecha  09 de noviembre de 1983, adjuntado por las accionantes a  su escrito de Tercería de Propiedad de folios 21 a 24 del  mismo Tomo acoplado, se aprecia que dicho documento ha  sido legalizado por el Notario Aurelio A. Díaz Rodriguez, el  09 de julio del 2012, esto es, que dicho documento privado  adquirió fecha cierta con posterioridad al embargo trabado a  través de las Resoluciones Coactivas N°s 0230071047385  del 05 de marzo de 2012 y 0230071107271 del 19 de abril de  2012; por lo que de conformidad con lo establecido en el  artículo 120 del TUO del Código Tributario, las recurrentes  no han cumplido con acreditar de manera fehaciente la  titularidad del inmueble embargado con fecha anterior al  embargo. Asimismo, en cuanto a la documentación  presentada por las demandantes a la Municipalidad  Metropolitana de Lima, basicamente referida a las  Declaraciones Juradas y Recibos de Pago del impuesto  predial  y  arbitrios  de  la  Municipalidad  de  Lima,  correspondientes a los años 2008, 2010, 2011, y 2012 (los  que a decir de las demandantes constituirían otros  “documentos” que acreditan su condición de propietarias de  la mencionada Tienda 126S); si bien es cierto dicha  documentación corresponde a periodos anteriores al  embargo […] Debe precisarse que la inscripción como  contribuyente del impuesto predial, así como los pagos  efectuados por dicho impuesto y correspondientes arbitrios,  no acreditan la condición de propietarios de dicho inmueble,  toda vez que de acuerdo con el artículo 9° del TUO de la Ley  de  Tributación  Municipal,  aprobado  mediante  D.S.154-2004-EF […] cuando la existencia del propietario no  pudiera ser determinada, son sujetos obligados, en calidad  de responsables, los poseedores o tenedores, a cualquier  título, de los predios afectos, sin perjuicio de su derecho a  reclamar el pago a los respectivos contribuyentes […].  Conclusión: La sentencia de vista concluye en su sétimo  considerando: […] las accionantes no han acreditado de  manera fehaciente, de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 102, del Código Tributario, el derecho de propiedad  del inmueble inscrito en la Partida Electrónica N°40400036,  de los Registros Públicos de Lima, con anterioridad al  embargo, por lo que la impugnada RTF N°07254-8-2016, del  02 de agosto de 2016, ha incurrido en causal de nulidad,  debiendo por tal motivo desestimarse la pretensión contenida  en la demanda. 3.14. Sin que implique estar de acuerdo con  las conclusiones arribadas, la aludida inferencia es  adecuada, pues la conclusión tiene como antecedente la  subsunción de la premisa fáctica dentro de las premisas  normativas utilizadas para resolver la controversia, se han  expuesto las razones que soportan la decisión de confirmar  la sentencia de primera instancia apelada —que declaró  infundada la demanda—, constatándose además que los  fundamentos de hecho y de derecho son coherentes y  congruentes; por lo cual, se evidencia que las infracciones  normativas planteadas por las recurrentes se sustentan en  sus discrepancias con los fundamentos de la impugnada, y  no en propiedad sobre defectos de motivación. Por tanto,  corresponde declarar infundadas las infracciones de  carácter procesal denunciadas. En este sentido, corresponde  proceder con el análisis de las infracciones normativas de  carácter material, y para ello se tendrá en cuenta los  fundamentos  esbozados  con  anterioridad.  Cuarto:  Pronunciamiento respecto a las causales materiales  denunciadas Al haberse desestimado las infracciones  normativas de carácter procesal corresponde analizar si se  ha incurrido en las siguientes infracciones sustantivas  alegadas: c) infracción normativa del artículo 923 del Código  Civil, d) Infracción normativa de los artículos 949 y 1373 del  Código Civil, e) Infracción normativa del artículo 139 numeral  14 de la Constitución Política del Estado, f) infracciónnormativa del artículo 31 del Reglamento de la Ley del  Notariado, Decreto Supremo Nº 010-2010-JUS, g) Infracción  normativa del artículo 52 de la Ley del Notariado, Decreto  Legislativo Nº 1049, h) infracción normativa del artículo 2022  del Código Civil. 4.1. Emitiendo pronunciamiento sobre  las infracciones normativas f) del artículo 31 del  Reglamento de la Ley del Notariado, Decreto Supremo  Nº 010-2010-JUS; y, g) del artículo 52 de la Ley del  Notariado, Decreto Legislativo Nº 1049. 4.1.1. Respecto  de estas causales señalan que, a través de la Escritura  Pública del dieciocho de julio de dos mil doce, las partes  recurrentes y Otero Gastelumendi Sociedad Anónima  Ingenieros Contratistas, celebraron con la voluntad de  ratificar la transacción contenida en la minuta del ocho de  noviembre de mil novecientos ochenta y tres, la cual fue  entregada al Notario Aurelio Díaz Rodríguez con la finalidad  de que se protocolice la compraventa. 4.1.2. Cabe  mencionar, que el artículo 52 de la Ley del Notariado,  aprobada por Decreto Legislativo Nº 1049, indica que la  escritura  pública  tiene  como  partes  integrantes  la  introducción, el cuerpo y la conclusión, y que la entrega de  minuta es exigible a fin de que el Notario emita escritura  pública en todos los casos que no se encuentren señalados  en el artículo 5810 de la norma antes referida, por tanto, en el  presente caso, al tratarse de una compraventa sí se exige  que se presente minuta al Notario para que este transcriba  su contenido en el cuerpo de la escritura. 4.1.3. En la  escritura antes referida, se puede observar que en el cuerpo  se hace referencia a que la minuta fue entregada al Notario  Aurelio Díaz Rodríguez a fin de que protocolice la  compraventa, la minuta de nueve de noviembre de mil  novecientos ochenta y tres, en la cláusula novena de la  escritura pública de compraventa señala que: “El presente  contrato se encuentra regulado por las condiciones  establecidas por los Art. 1534°, 1535°, 1536 y demás  pertinentes al Código Civil. Ud. Señor Notario se servirá  agregar lo que fuere de Ley y cuidará de pasar los partes  respectivos al Registro de Propiedad de los Registros  Públicos de Lima para su debida inscripción, Lima 09 de  noviembre de 1983.- Firmado: LUIS GASTELUMENDI  ANGELES  Gerente  de  OTERO  GASTELUMENDI  SOCIEDAD ANÓNIMA INGENIEROS CONTRATISTAS. -  HERMELINDA ENRÍQUEZ HENOSTROZA Y MARCELINA  MORALES GUILLEN […]” 4.1.4. Conforme señala el artículo  31 del Reglamento de la Ley del Notariado, aprobado por  Decreto Supremo Nº 010-2010-JUS, respecto a los efectos  de la suscripción de la escritura pública: “La suscripción de  la escritura pública por los otorgantes importa el  reconocimiento tácito de la autenticidad de las firmas que  aparecen en la minuta, ratificando y saneando su suscripción  y el acto correspondiente.”, por lo que al suscribir la Escritura  Pública de Compraventa del nueve de julio de dos mil doce,  las partes recurrentes y el deudor tributario Otero  Gastelumendi S.A. Ingenieros Contratistas, lo han hecho  con la voluntad de ratificar la transacción celebrada el nueve  de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, y que fue  plasmada en la minuta presentada ante el Notario Público.  Asimismo, en la escritura pública vuelven a suscribir los  mismos intervinientes y representantes que firmaron en la  compra venta original. 4.1.5. Precisamos que, existe una  diferencia entre documento privado de fecha cierta y el  documento público, esta radica en que la eficacia de un  documento privado al ser emitido por personas que no son  funcionarios  públicos,  se  encuentran  sujetos  al  reconocimiento de la fecha de emisión, esto es el concepto  de fecha cierta, cuando este haya cumplido con los  supuestos de hecho señalados en el artículo 24511 del Texto  Único Ordenado del Código Procesal Civil, pero en el caso  de los documentos públicos su eficacia radica en el hecho  de haber sido emitidos por funcionario públicos, por lo que  en el presente caso la escritura pública de compraventa ha  sido emitida por Notario Público, esto es funcionario público  autorizado para dicha función, y por tanto la eficacia de los  documentos alcanza los efectos de la suscripción de la  escritura pública señalados en el artículo 31 de la Ley del  Notariado. Por lo tanto, corresponde declarar fundado, en  este extremo, el recurso de casación interpuesto por las  partes recurrentes, respecto de las infracciones normativas  del artículo 31 del Reglamento de la Ley del Notariado,  Decreto Supremo Nº 010-2010-JUS; y, del artículo 52 de la  Ley del Notariado, Decreto Legislativo Nº 1049. 4.2.  Emitiendo pronunciamiento respecto a las causales c),  d) y h), sobre infracción normativa de los artículos 923,  949, 1373 y 2022 del Código Civil 4.2.1. Las referidas  infracciones han sido denunciadas bajo el sustento de que  se ha restringido el derecho de propiedad legítima adquirida  con anterioridad al embargo inscrito en el año dos mil doce,  en tanto que, en el Perú la propiedad inmueble no setransmite con la inscripción en los Registros Públicos,  operando el mero consentimiento; y que al presentarse un  conflicto entre un derecho real de propiedad y un derecho  personal de crédito en la forma de embargo, no se aplica las  normas del derecho registral sino las normas de derecho  común y prevalece el derecho real por cuanto tiene  naturaleza persecutoria y resulta oponible hacia todos, a  diferencia del derecho personal en forma de embargo;  además, que en su caso, el derecho real es anterior y ha  sido otorgado mediante contrato de compraventa contenido  en documento privado de comprobada fecha cierta, negocio  jurídico que mantiene su validez mientras no sea anulado.  Enfatiza en que, si se hubiera aplicado las normas invocadas,  el juzgador habría declarado la nulidad de la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 07254-8-2016 y por ende, reconocido el  derecho de las demandantes como legítimas propietarias de  la Tienda Nº 126-S frente a la orden de embargo expedida  por SUNAT 4.2.2. Marco normativo invocado Código Civil  Artículo 923.- La propiedad es el poder jurídico que permite  usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse  en armonía con el interés social y dentro de los límites de la  ley. Artículo 949.- La sola obligación de enajenar un  inmueble determinado hace al acreedor propietario de él,  salvo disposición legal diferente o pacto en contrario.  Artículo 1373.- El contrato queda perfeccionado en el  momento y lugar en que la aceptación es conocida por el  oferente. Artículo 2022.- Para oponer derechos reales  sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales  sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone  esté inscrito con anterioridad al de aquél a quien se opone.  4.2.3. Al respecto, se debe tener en cuenta que, en el primer  párrafo del artículo 21 de la Convención Americana sobre  Derechos Humanos consagra el derecho a la propiedad  privada, y señala como atributos de la propiedad el uso y  goce del bien12. Asimismo, la Corte Interamericana de  Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia un  concepto amplio de propiedad que abarca el uso y goce de  bienes, definidos como cosas materiales apropiables, así  como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio  de una persona. Asimismo, la Corte Interamericana de  Derechos Humanos ha protegido a través del artículo 21 de  la Convención los derechos adquiridos, entendidos como  derechos que se han incorporado al patrimonio de las  personas13. 4.2.4. Antes de iniciar el análisis de los artículos  del Código Civil, cuya infracción se ha denunciado,  acudiremos primero a la Constitución Política del Perú, en  cuyo artículo 2, reconoce los derechos fundamentales de la  persona, considerando en el numeral 16, que toda persona  tiene derecho a la propiedad. En ese sentido, nos  encontramos con un derecho personal, obviamente de  carácter subjetivo al ser inherente a la personalidad.  Asimismo, la Constitución protege la propiedad, declarándolo  como un derecho inviolable en el artículo 70, el cual debe ser  garantizado por el Estado y ejercido en armonía con el bien  común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse  de su propiedad salvo por causa de seguridad nacional o  necesidad pública, declarada por ley, y previo pago de  indemnización justipreciada. 4.2.5. En segundo lugar, el  artículo 120 del Texto Único Ordenado del Código Tributario,  aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF,  establece lo siguiente: Artículo 120.- Intervención Excluyente  de Propiedad El tercero que sea propietario de bienes  embargados podrá interponer Intervención Excluyente de  Propiedad ante el Ejecutor Coactivo en cualquier momento  antes que se inicie el remate del bien. La Intervención  Excluyente de Propiedad deberá tramitarse de acuerdo a las  siguientes reglas: a) Sólo será admitida si el tercero prueba  su derecho con documento privado de fecha cierta,  documento público u otro documento, que, a juicio de la  Administración, acredite fehacientemente la propiedad de  los bienes antes de haberse trabado la medida cautelar. b)  Admitida la Intervención Excluyente de Propiedad, el  Ejecutor Coactivo suspenderá el remate de los bienes objeto  de la medida y remitirá el escrito presentado por el tercero  para que el ejecutado emita su pronunciamiento en un plazo  no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.  […] f) El Tribunal Fiscal está facultado para pronunciarse  respecto a la fehaciencia del documento a que se refiere el  literal a) del presente artículo. 4.2.6. Aunado a ello, el artículo  23 del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva  de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia  Nº 216-2004/SUNAT, publicado el veinticinco de septiembre  de dos mil cuatro, prevé: Artículo 23.- Intervención  Excluyente de Propiedad. Por la Intervención Excluyente de  Propiedad, un tercero que no es parte del Procedimiento  invoca a su favor un derecho de propiedad respecto del bien  embargado por la SUNAT. 1. Interposición de la Intervención  Excluyente de Propiedad. Según lo establecido en el Artículo120 del Código, la Intervención Excluyente de Propiedad  podrá interponerse en cualquier momento del Procedimiento  hasta antes del inicio del remate de los bienes. 2. Admisión  a trámite de la Intervención Excluyente de Propiedad. De  acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del Artículo 120° del  Código, sólo será admitida a trámite la Intervención  Excluyente de Propiedad interpuesta, si el tercero prueba su  derecho con documento privado de fecha cierta, documento  público u otro documento que, a juicio del Ejecutor, acredite  fehacientemente la propiedad de los bienes antes de  haberse trabado la medida cautelar. Se entenderá dentro del  criterio de fehaciencia la plena determinación e identificación  de los bienes: Para este efecto, se observará lo siguiente: a)  Se considera como documento público además de aquellos  a que se refiere el numeral 43.1 del Artículo 43 de la Ley del  Procedimiento Administrativo General a la escritura pública y  demás documentos otorgados ante o por Notario. La copia  de un documento público tiene el mismo valor que el original  si está certificada por el auxiliar jurisdiccional respectivo en  el caso de un documento emitido por el Poder Judicial o;  legalizado por Notario o autenticado por fedatario conforme  a las normas sobre la materia, de ser el caso. b) Un  documento privado adquiere fecha cierta desde la fecha de  la muerte del otorgante, desde su presentación ante  funcionario público para que legalice o certifique las firmas  de los otorgantes, desde su difusión a través de un medio  público en fecha determinada o determinable u otra situación  similar. Adicionalmente, el Ejecutor puede considerar como  fecha cierta la que hubiera sido determinada por medios  técnicos que le produzcan convicción. […]. Asimismo, el  inciso e) del numeral 1 del artículo 15 del Reglamento del  Procedimiento de Cobranza Coactiva de la SUNAT, aprobado  por Resolución de Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT,  establece lo siguiente: […] e) Intervención Excluyente de  Propiedad. En caso que se interponga una acción de  Intervención Excluyente de Propiedad respecto a los bienes  objeto de la medida cautelar se seguirá el procedimiento  señalado en el Artículo 120 del Código y en el Artículo 23 del  presente Reglamento. En esa misma línea, el artículo 23 al  que se hace referencia, prevé que: De acuerdo con lo  dispuesto en el literal a) del Artículo 120 del Código, sólo  será admitida a trámite la Intervención Excluyente de  Propiedad interpuesta, si el tercero prueba su derecho con  documento privado de fecha cierta, documento público u  otro documento que, a juicio del Ejecutor, acredite  fehacientemente la propiedad de los bienes antes de  haberse trabado la medida cautelar […]. (Énfasis nuestro).  4.2.7. Asimismo, se debe tomar en cuenta que la definición  del derecho de propiedad, establecida en el artículo 923 del  Código Civil, nos remite a sus atributos, de disfrute,  disposición, y reivindicación; sin embargo, por mandato del  mencionado artículo 70 de la Constitución Política del Perú,  el ejercicio de dicho derecho se encuentra limitado, pues  indica que el derecho de propiedad debe ser ejercido en  armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley.  Al respecto, en base al artículo 70 y los incisos 8 y 16 del  artículo 2 de la Constitución Política del Estado, el Tribunal  Constitucional peruano en la STC Nº 04194-2010-PHC/TC,  concibe una definición clásica del derecho de propiedad  entendiéndolo como el poder jurídico que permite a una  persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien14.  Conforme al artículo 949 del Código Civil si bien la  transferencia del derecho de propiedad sobre inmuebles  opera extraregistralmente, es decir, con la sola creación de  la relación obligatoria entre las partes, no es menos cierto  que dicho acto jurídico debe merecer fe respecto a la fecha  de su celebración, a fin de ser opuesto frente a otro derecho  real. 4.2.8. Respecto a la oponibilidad de derechos reales el  artículo 2022 del Código Civil, señala que, quien acredita  que su título emana de un documento de fecha cierta anterior  al embargo, el inmueble adquirido no responde frente al  gravamen anotado. Contrario sensu, si la transferencia del  inmueble se efectúo con posterioridad a la fecha de  anotación del embargo, este prevalece sobre el derecho  real”15. 4.2.9. En este orden de ideas, cuando se confrontan  derechos de distinta naturaleza (real y personal), se aplica el  segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil,  prevalecerá el derecho que surgió en primer lugar, como  sería el caso del derecho de propiedad transmitido antes de  que se anote un embargo, en cuyo caso como queda dicho,  prevalecerá aquél aun cuando no se hubiera inscrito, sin  embargo, si la medida cautelar se anota antes que se  transmita el derecho de propiedad, se aplica lo dispuesto por  el artículo 2016 del Código Civil, el cual prescribe que la  prioridad en el tiempo de la inscripción determina la  preferencia de los derechos que otorga el registro, principio  que debe ser concordado con el artículo 2012, del acotado  texto normativo que consagra el principio de publicidadregistral y en virtud del cual, se presume, sin admitir prueba  en contrario, que toda persona tiene conocimiento del  contenido de las inscripciones. 4.2.10. En ese sentido, al  haberse declarado de manera expresa el Contrato de  Promesa de Compraventa16 del nueve de noviembre de mil  novecientos ochenta y tres, el inmueble objeto de compra  venta, se encontraba gravado con fecha posterior a la  adquisición, con una medida cautelar de embargo en forma  de inscripción, ello en mérito a las Resoluciones de Ejecución  Coactiva Nos. 0230071047385 del cinco de marzo de dos mil  doce y 0230071107271 del diecinueve de abril de dos mil  doce, emitidas por la autoridad administrativa, en el  procedimiento de cobranza coactiva seguido contra el  deudor Otero Gastelumendi S.A. Ingenieros Contratistas  según se observa del Asiento D00001 de la Partida Registral  Nº 40400036 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona  Registral Nº IX - Sede Lima. 4.2.11. Al respecto, conforme lo  señalado en los párrafos precedentes, al tratarse de  derechos de distinta naturaleza como son el derecho  personal derivado del embargo en forma de inscripción y el  derecho de real consistente este en el derecho de propiedad  que alega la parte demandante respecto al Contrato de  Promesa de Compraventa de nueve de noviembre de mil  novecientos ochenta y tres, el mismo que ha sido formalizado  mediante Escritura Pública el doce de julio de dos mil doce  otorgada ante el Notario Aurelio Alfonso Díaz Rodríguez, es  de aplicación el segundo párrafo del artículo 2022 del Código  Civil que señala: “[…] Si se trata de derechos de diferente  naturaleza se aplican las disposiciones del derecho común,  siendo este el carácter consensual de la transferencia de  propiedad tratándose de bienes inmuebles.” 4.2.12. De  conformidad con lo previsto por el artículo 2022 del Código  Civil, frente a la controversia de derechos de distinta  naturaleza personal y otro real, prevalece el último aun no  habiéndose inscrito, siempre que conste en documento de  fecha cierta y anterior a la medida de embargo, como ha  ocurrido en el presente caso, en el cual la parte demandante  adjuntó la siguiente documentación, conforme obra en el  expediente  administrativo17:  Declaración  Jurada  del  Impuesto al Valor Patrimonio Predial del año mil novecientos  ochenta y nueve y mil novecientos noventa, e Impuesto  Predial de los años mil novecientos noventa y seis y mil  novecientos noventa y siete; comprobantes de pago por  concepto del Impuesto del Valor del Patrimonio Predial  correspondiente a los años de mil novecientos ochenta y  nueve a mil novecientos noventa y tres; del Impuesto Predial  correspondiente a los años de mil novecientos noventa y  cinco a mil novecientos noventa y siete, mil novecientos  noventa y nueve a dos mil dos y dos mil siete; Arbitrios  Municipales correspondiente a los años de mil novecientos  noventa y cuatro, mil novecientos noventa y siete, dos mil  uno, dos mil dos, y dos mil siete, emitidos a nombre de los  demandantes del bien inmueble ubicado en el jirón Huallaga  Nº 631-649, Tienda 126-S, documentos de fecha cierta,  conforme obra el sello de recepción. Al respecto, mediante  Oficio Nº 189-090-0000399618, del veintitrés de setiembre de  dos mil trece, el SAT informó que, de la Consulta al Sistema  de Información para la Administración Tributaria - SIAT, se  verificó registro de la Declaración Jurada Predial Nº  P003055949 del veintinueve de febrero de mil novecientos  noventa y seis, correspondiente a la mencionada Tienda  126-S, a nombre de Marcelina Morales Guillén, mediante el  cual se reconoce que la demandante si tenía la propiedad  declarada; adicionalmente a este hecho, en el expediente  obran boletas de pago por arbitrios efectuados por la  demandante. Asimismo, mediante Oficio Nº 261-090- 0000004819 del veintitrés de diciembre de dos mil trece, el  SAT informa ante el requerimiento mediante Resolución de  Ejecución Coactiva Nº 0230072300928 de veinticuatro de  octubre de dos mil trece, hace de conocimiento a la SUNAT,  que la declaración jurada primigenia presentada por  Enríquez  Henostroza  Hermelinda  con  código  de  contribuyente Nº 896920 respecto del predio ubicado en  jirón Huallaga Nº 659 tienda 126S en el distrito del Cercado  de Lima; la solicitud de prescripción Nº 122-089-30039082 y  anexos que dieran origen a la Resolución de Departamento  Nº 066-026-000121952 de fecha dieciocho de enero de dos  mil cinco. Hechos que acreditan que las partes recurrentes  ostentaban el derecho propiedad antes del embargo en  forma de inscripción del bien inmueble materia en cuestión.  4.2.13. Ello conforme al artículo 245 del Código Procesal  Civil, en el cual señala, que un documento privado adquiere  fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el  proceso, entre otros, desde su presentación ante  funcionario público o ante notario público, para que  certifique la fecha o legalice las firmas; es decir, la  documentación que adjunta la parte demandante (pago del  Impuesto Predial y Arbitrios de la Municipalidad de Lima, delbien inmueble ubicado en el jirón Huallaga Nº 631-649,  Tienda 126-S, correspondientes a los años dos mil ocho, dos  mil diez y dos mil doce) presentada ante el Servicio de  Administración Tributaria (SAT), corresponden a fecha  anterior a la medida cautelar en forma de inscripción  registrada en el Asiento D00001 de la Partida Registral  número 40400036 del Registro de Propiedad Inmueble de la  Zona Registral Nº IX - Sede Lima. 4.2.14. Lo señalado por  este Supremo Tribunal guarda concordancia con lo resuelto  en el VII Pleno Casatorio Civil, recaído en la Casación Nº  3671-2014-LIMA, que ha fijado como precedente judicial  vinculante lo siguiente: 1. En los procesos de tercería de  propiedad  que  involucren  bienes  inscritos,  debe  considerarse, de conformidad con lo dispuesto en la segunda  parte del artículo 2022 del Código Civil, en concordancia con  los artículos 949 y 1219 inciso 1 del mismo cuerpo legal, que  el derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho  del acreedor embargante, siempre que dicho derecho real  quede acreditado mediante documento de fecha cierta  más antigua que la inscripción del embargo respectivo.  […] (énfasis nuestro) 4.2.15. Debe indicarse que el  precedente judicial está conformado por aquellas decisiones  jurisdiccionales adoptadas, luego de un examen detenido y  sujeto a ciertas formalidades por los magistrados supremos  civiles, cuyas líneas directrices son de estricto cumplimiento  para todos los órganos jurisdiccionales, siempre que se  ajusten al caso particular que se esté ventilando en juicio,  conforme lo señala el artículo 400 del Código Procesal Civil.  4.2.16. En este orden de ideas, conforme se ha analizado,  en el caso concreto las partes recurrentes acreditaron  fehacientemente su calidad de propietarias del inmueble sub  litis con anterioridad a la fecha en que se trabó el embargo,  de acuerdo a los alcances del inciso a) del artículo 120 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario. Máxime, si se  ha concluido que quien formula una intervención excluyente  de propiedad debe demostrar que su derecho de propiedad  es anterior a la medida de embargo trabada, pues la  admisión de tal solicitud depende de la fehaciencia del  documento con el que se pretende acreditar la propiedad.  Esto es, resulta importante resaltar que la admisión de tal  solicitud implica el cumplimiento de un requisito de  fehaciencia de la prueba y el requisito de temporalidad.  4.2.17. En este sentido corresponde declarar nula la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07254-8-2016, del dos de  agosto de dos mil dieciséis y la Resolución de Ejecución  Coactiva Nº 023007576671 del trece de junio de dos mil;  debiendo el Tribunal Fiscal emitir nuevo pronunciamiento  ordenando a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria emitir una nueva resolución  reconociendo a las demandantes la calidad de interviniente  excluyente de la propiedad ubicada el jirón Huallaga Nº 631- 659, Tienda N. 126-S, inscrita en la Partida Electrónica Nº  40400036 del Registro de Predios de la Zona Registral Nº IX  - Sede Lima. Por lo que, corresponde declarar fundado, en  este extremo las causales denunciadas, sobre c) Infracción  normativa del artículo 923 del Código Civil; d) Infracción  normativa de los artículos 949 y 1373 del Código Civil; y, h)  Infracción normativa del artículo 2022 del Código Civil,  interpuesto por las partes recurrentes, en atención a los  argumentos  del  recurso.  DECISIÓN:  Por  tales  consideraciones y de conformidad con el inciso 1 del artículo  396 del Código Procesal Civil, DECLARARON FUNDADO el  recurso de casación interpuesto por las demandantes  Hermelinda Enríquez Henostroza y Marcelina Morales  Guillén, de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve  (fojas cuatrocientos dos a cuatrocientos veintitrés). En  consecuencia, CASARON la sentencia de vista del  veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas trescientos  treinta y tres a trescientos cuarenta y tres), emitida por la  Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de  la Corte Superior de Justicia de Lima; y, actuando en sede  de instancia, REVOCARON la sentencia del veintiséis de  junio de dos mil dieciocho (fojas doscientos treinta y uno a  doscientos cincuenta), que declaró infundada la demanda, y  REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA; en consecuencia  NULA la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07254-8-2016 del  dos de agosto de dos mil dieciséis y la Resolución de  Ejecución Coactiva Nº 023007576671 del trece de junio de  dos mil; por lo que el Tribunal Fiscal debe emitir nuevo  pronunciamiento ordenando a la Superintendencia Nacional  de Aduanas y de Administración Tributaria, que emita  resolución reconociendo a las demandantes la calidad de  interviniente excluyente de la propiedad ubicada el jirón  Huallaga Nº 631-659, Tienda N. 126-S, inscrita en la Partida  Electrónica Nº 40400036 del Registro de Predios de la Zona  Registral Nº IX - Sede Lima, ello conforme al considerando  4.2.17. ORDENARON la publicación de la presenteresolución en el diario oficial El Peruano, en los seguidos por  Hermelinda Enríquez Henostroza y Marcelina Morales  Guillén, contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.  Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.  Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Dávila  Broncano  SS.SS.  GONZÁLEZ  AGUILAR,  RUEDA  FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA  PINEDA, DÁVILA BRONCANO. 1  De Pina, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones  Jurídicas Hispano Americana; p. 222. 2  LANDA, César (2002). Derecho fundamental al debido proceso y a la tutela  jurisdiccional efectiva.  3  FAÚNDEZ, Héctor (1996). El derecho a un juicio justo. En VARIOS, Las garantías  del debido proceso (Materiales de Enseñanza), Lima, Instituto de Estudios  Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Embajada Real de  los Países Bajos; p. 17. 4  ALISTE SANTOS, Tomás Javier (2013). La motivación de las resoluciones  judiciales. Madrid, Marcial Pons; pp. 157-158.   GUZMÁN, Leandro (2013). Derecho a una sentencia motivada. Buenos Aires,  Astrea; p. 189-190. 5  IGARTUA SALAVERRÍA, Juan (2014). El razonamiento en las resoluciones  judiciales. Lima-Bogotá, Palestra-Temis; p 15. 6  TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN - MÉXICO  (2006). La motivación de la sentencia civil; p. 309-310. 7  ATIENZA, Manuel, (1991) “Las razones del Derecho”. Centro de Estudios  Constitucionales. Madrid, p. 61. 8  MORESO, Juan José y VILAJOSANA, Josep María. Introducción a la Teoría del  Derecho. Madrid, Marcial Pons Editores; p. 184. 9  IGARTUA SALAVERRÍA, op. cit., p. 26 10  Artículo 58.- Inexigencia de la Minuta   No será exigible la minuta en los actos siguientes: a) Otorgamiento, aceptación,  sustitución, revocación y renuncia del poder. b) Renuncia de nacionalidad. c)  Nombramiento de tutor y curador en los casos que puede hacerse por escritura  pública. d) Reconocimiento de hijos. e) Autorización para el matrimonio de  menores de edad otorgada por quienes ejercen la patria potestad. f) Aceptación  expresa o renuncia de herencia. g) Declaración jurada de bienes y rentas. h)  Donación de órganos y tejidos. i) Constitución de micro y pequeñas empresas.  11  Artículo 245.- Fecha cierta. - Un documento privado adquiere fecha cierta y  produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde: 1. La muerte del otorgante;  2. La presentación del documento ante funcionario público; 3. La presentación del  documento ante notario público, para que certifique la fecha o legalice las firmas;  4. La difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable;  y 5. Otros casos análogos. Excepcionalmente, el Juez puede considerar como  fecha cierta la que haya sido determinada por medios técnicos que le produzcan  convicción.  12  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Salvador Chiriboga vs.  Ecuador, párr.55, Sentencia del seis de mayo de dos mil ocho. 13  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso ANCEJUB-SUNAT vs Perú,  Párr.192, Sentencia del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. 14  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04194-2010-PHC/TC, del catorce de  marzo de dos mil once. 15  Revoredo De Debakey, Delia. Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios.  Tomo VI, Lima. 1985, p. 850. 16  Obrante a fojas 16 al 18 del Expediente Administrativo, Tomo I. 17  Obrante a fojas 199 a 330 del Expediente Administrativo, tomo II 18  Obrante a fojas 177 del Expediente Administrativo, Tomo I. 19  Obrante a fojas 198 del Expediente Administrativo. C-2136203-15