CASACIÓN Nº 18639-2022 LIMA
Lima, doce de octubre de dos mil veintidós VISTOS; el Expediente Judicial Electrónico y el cuaderno de  casación  formado  en  este  Supremo  Tribunal;  y,CONSIDERANDO: PRIMERO.- Vienen a conocimiento de  esta Sala Suprema los recursos de casación interpuestos por  el codemandado: a) Tribunal Fiscal inserto de fojas  trescientos ochenta y uno a trescientos noventa y seis del  expediente judicial electrónico; y, por la codemandada: b)  Municipalidad Distrital de San Isidro , inserto de fojas  cuatrocientos tres a cuatrocientos catorce del expediente  judicial electrónico; ambos el dos de junio de dos mil veintidós,  contra la sentencia de vista contenida en la resolución número  dieciocho de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós,  obrante de fojas trescientos sesenta y ocho a trescientos  setenta y cinco del mismo expediente, emitida por la Sexta  Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, que revocó la sentencia  apelada de primera instancia contenida en la resolución  número diez de fecha treinta y uno de agosto de dos mil  veintiuno, corriente de fojas doscientos veintiocho a  doscientos cuarenta y dos de los mismos autos, que declaró  infundada la demanda, y reformándola la declaró fundada  en parte; correspondiendo se proceda a verificar si los  referidos recursos cumplen o no con lo dispuesto en los  artículos 34° (inciso 3) y 35° del Texto Único Ordenado de la  Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso  Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019- JUS, en concordancia con lo previsto en los artículos 387° y  388° del Código Procesal Civil, modificados por el artículo 1°  de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria en el proceso  contencioso administrativo. SEGUNDO.- En ese propósito, se  tiene que el modificado artículo 387° del Código Procesal  Civil, de aplicación supletoria, prevé los requisitos de  admisibilidad que debe contener el recurso de casación,  estableciendo con ese fin que este se interpone: 1.- Contra  las sentencias y autos expedidos por las salas superiores  que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso;  2.- ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución  impugnada o ante la Corte Suprema de Justicia de la  República, acompañando copia de la cédula de notificación  de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado,  certificada con sello, firma y huella digital por el abogado que  autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad.  En caso que el recurso sea presentado ante la Sala Superior,  esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite  dentro del plazo de tres (3) días; 3.- dentro del plazo diez (10)  días, contados desde el día siguiente de notificada la  resolución que se impugna, más el término de la distancia  cuando corresponda; y, 4.- adjuntando el recibo de la tasa  respectiva, salvo contase con auxilio judicial o disposición  normativa que a ello la exonere. TERCERO.- Superado el  análisis de admisibilidad corresponderá, en su caso, analizar  el cumplimiento de los requisitos de procedencia. Como  anotación previa, deviene necesario precisar que el recurso  de casación es un medio impugnatorio extraordinario de  carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones  eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de  revaloración probatoria. Es por esa razón que el legislador  nacional ha establecido, a través de lo regulado en el artículo  384° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº  29364, que sus fines se encuentran limitados a: i) la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, ii) la  uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia de la República. CUARTO.- En esa  misma línea de pensamiento, por medio de la modificación  efectuada al artículo 386° del Código Procesal Civil, por el  artículo 1° de la Ley Nº 29364, publicada el veintiocho de  mayo de dos mil nueve, se ha regulado como únicas causales  del recurso de casación: la infracción normativa o el  apartamiento inmotivado del precedente judicial, que tengan  incidencia directa sobre el sentido de la decisión contenida en  la resolución impugnada. En consecuencia, su fundamentación  por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta,  indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que  configuran la infracción normativa que incida directamente  sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las  precisiones  respecto  al  apartamiento  inmotivado  del  precedente judicial. QUINTO.- Asimismo, cabe anotar que el  modificado artículo 388° del Código Procesal Civil establece  como requisitos de procedencia del recurso de casación los  siguientes: 1) Que el recurrente no hubiera consentido  previamente la resolución adversa de primera instancia,  cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del  recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción  normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3)  Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la  decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es  anulatorio o revocatorio. Del recurso de casación  interpuesto por el Tribunal Fiscal SEXTO.- Con relación al  recurso de casación interpuesto por el codemandado TribunalFiscal, de acuerdo a los requisitos de admisibilidad previstos  en el modificado artículo 387° del Código Procesal Civil, de  aplicación supletoria, se tiene que el referido recurso  extraordinario cumple con ellos, toda vez que: i) ha sido  interpuesto contra una sentencia expedida en revisión por  una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone  fin al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sexta Sala  Especializada  en  lo  Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución  impugnada; iii) ha sido interpuesto dentro del plazo de diez  días contados desde el día siguiente de notificada la  resolución recurrida; y, iv) la entidad recurrente no ha  acompañado la tasa judicial por interposición de la casación,  al encontrarse exonerada de dicha exigencia, de acuerdo a lo  regulado por el inciso g del artículo 24° del Texto Único  Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en ese  contexto, se tiene que el recurso ha superado el examen de  admisibilidad, debiéndose continuar con la verificación del  cumplimiento de los requisitos de fondo. SÉPTIMO.- En  cuanto al requisito previsto en el inciso 1 del modificado  artículo 388° del Código Procesal Civil, a la recurrente no le  resulta exigible su cumplimiento, desde que la sentencia de  primera instancia fue favorable a sus intereses, al declarar  infundada la demanda interpuesta en su contra; y, respecto al  cumplimiento del requisito previsto en el inciso 4 del mismo  artículo y código, del recurso se tiene que el pedido casatorio  es revocatorio. Establecido ello, corresponde seguidamente  verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los  incisos 2 y 3 del dispositivo legal acotado. OCTAVO.- En el  presente caso, la entidad recurrente, en el recurso materia de  control objetivo de legalidad, articula la formulación de las  siguientes  causales:  a)  Infracción  normativa  por  inaplicación de la Primera Disposición Final de la Ley  Orgánica del Tribunal Constitucional. Alega que la Sala  Superior ha resuelto sin tener cuenta lo establecido en la  norma mencionada, considerando que, mediante la Sentencia  del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº  04293-2012-PA/TC, se llegó a la conclusión que el precedente  dictado  en  el  expediente  Nº  03741-2004-AA/TC  desnaturalizaba una competencia otorgada por la Constitución  Política al extender su ejercicio a quienes no están incursos  en la función jurisdiccional y que, conforme con ella, carecen  de  competencia  para  ejercer  control  difuso  de  constitucionalidad; por lo tanto, en este caso, la Sala de  mérito no ha tenido en cuenta que el propio intérprete  constitucional ha establecido que no corresponde que los  Tribunales Administrativos efectúen control difuso. Agrega  que la materia controvertida en sede administrativa estaba  orientada a verificar la constitucionalidad de la Ordenanza Nº  346-MSI, que regula el Régimen Tributario de los Arbitrios  Municipales cuestionados, es decir, a fin de resolver la  controversia el Tribunal Fiscal debía efectuar control difuso de  las ordenanzas respectivas para determinar si estas se  habían emitido observando los parámetros establecidos por el  Tribunal Constitucional; sin embargo, el órgano colegiado  administrativo no estaba facultado a realizar análisis sobre  ordenanza alguna, siendo evidente que la Sala Superior ha  inaplicado la disposición invocada, pues el Tribunal Fiscal no  puede resolver en contra de la propia interpretación realizada  por el Tribunal Constitucional en la referida jurisprudencia. b)  Infracción normativa del inciso 5 del artículo 139° de la  Constitución Política del Perú. Sostiene que la Sala  Superior ha incurrido en una indebida motivación, al señalar  sin mayor sustento que el Tribunal Fiscal en la Resolución  Administrativa impugnada, tiene una deficiente e inadecuada  motivación; sin embargo, no indica los motivos o las razones  en virtud de las cuales considera que no contiene motivación;  además, la Sala Superior al momento de resolver, no ha  tomado en cuenta que, en la sentencia del Tribunal  Constitucional emitida en el expediente Nº 0041-2004-AI/TC,  se analizó la constitucionalidad de las ordenanzas que  regularon Arbitrios Municipales desde la base de una  interpretación de la Constitución y de las normas que integran  el bloque de constitucionalidad, concluyéndose que si bien el  artículo 74° de la Constitución Política del Perú faculta a los  gobiernos locales para crear tasas, ello debe hacerse con los  límites que establece la ley, esto es, la Ley Orgánica de  Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal, las que  constituyen dicho bloque; no obstante, con la sentencia  emitida en el expediente Nº 04293-2012-PA/TC, el Tribunal  Fiscal no está facultado a realizar análisis alguno sobre las  Ordenanzas Municipales, para determinar si estas se habían  emitido observando los parámetros establecidos por el  Tribunal Constitucional para la determinación del costo y su  distribución, dado que ello implicaría realizar control difuso,  cuando se encuentra impedida para hacerlo; en todo caso, la  Sala Superior debió efectuar el control difuso de lasordenanzas de considerarlas inconstitucionales, y declarar de  manera definitiva su inaplicación. NOVENO.- Respecto de la  causal descrita en el acápite a) del considerando inmediato  anterior, sobre inaplicación de la Primera Disposición Final de  la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, tenemos lo  siguiente: 9.1. La causal de inaplicación de una norma de  derecho material se produce cuando el juez, al comprobar las  circunstancias del caso, deja de aplicar la norma pertinente a  la situación fáctica necesaria para la solución del mismo,  debiendo el recurrente en tal escenario señalar en forma clara  y precisa cuál es la norma material pertinente y por qué debió  aplicarse. 9.2. Del análisis efectuado al recurso de casación  presentado por la recurrente, se advierte que la causal bajo  examen se sustenta en la falta de aplicación de una norma  cuyos efectos debían llevar a la Sala Superior a sostener que  esta parte, como Tribunal Administrativo, no estaba facultada  a verificar la constitucionalidad de la Ordenanza Nº 346-MSI,  pues carece de competencias para ejercer control difuso de  constitucionalidad; sobre este particular, atendiendo a los  fundamentos de la sentencia de vista recurrida, la instancia de  mérito expuso que, en este caso, la resolución del tema de  fondo no exige que la Autoridad Administrativa ejerza control  difuso sobre la mencionada norma municipal, sino que deberá  aplicar los parámetros obligatorios establecidos para la  determinación y cobro de Arbitrios Municipales por el Tribunal  Constitucional en las sentencias emitidas en los expedientes  números 00053-2004-PI/TC y 0041-2004-AI/TC, conforme  con lo expuesto en el punto 4.2 del considerando cuarto de la  sentencia recurrida, en el que se expuso: “A través de la  Sentencia recaída en el expediente N° 00053-2004-PI /TC,  se estableció parámetros mínimos de validez constitucional  para la determinación y cobro de los arbitrios y con carácter  de precedente vinculante para todas las Municipalidades del  país, lo que precisamente y al igual que la sentencia del 11 de  noviembre del 2004 emitida por el Tribunal Constitucional en  el proceso de Inconstitucionalidad recaída en el expediente  N° 0041-2004-AI/TC, sirvió de fundamento a la demandante  para formular sus objeciones a la determinación de los  Arbitrios Municipales de los períodos 01 al 12 del año 2013  según  la  Resolución  de  Determinación  N°  1120-001646-2016-SFT-GAT/MSI; razón por la cual, la  adopción de una decisión de fondo por parte del Tribunal  Fiscal en casos como el presente, no supone ni podría  suponer,  el  ejercicio  del  control  difuso  de  constitucionalidad de la Ordenanza N° 346-MSI, que sirvió  de sustento a la Municipalidad Distrital de San Isidro para la  determinación y cobro de tales arbitrios, ya que no efectuará  un análisis o juicio de constitucionalidad sobre la misma, sino  únicamente el examen orientado a establecer si para efectos  de la determinación de dicho tributo, la aludida entidad  observó como corresponde los parámetros ya fijados por el  Tribunal Constitucional y con carácter de precedente  vinculante”. 9.3. Lo expuesto permite apreciar que lo  argumentado por la parte recurrente al sustentar la causal  bajo análisis sobre inaplicación normativa, no es claro ni  preciso en tanto no explica con la suficiencia que exige la  norma procesal cómo la decisión asumida en la sentencia de  vista recurrida, que le ordena determinar, como Autoridad  Tributaria, si la Ordenanza Nº 346-MSI cumple con los  criterios fijados por el intérprete constitucional en los  expedientes números 00053-2004-PI/TC y 0041-2004-AI/TC,  a la luz de los cuestionamientos efectuados por la empresa  accionante, constituye un supuesto ejercicio de la potestad de  control difuso; en este sentido, en tanto el planteamiento  elaborado por la Sala Superior no podría subsumirse en los  enunciados que componen la norma denunciada, que se  refiere al ejercicio de la potestad de control difuso por parte de  los órganos jurisdiccionales, no se aprecia que la causal  denunciada tenga igualmente incidencia directa con lo  decidido en la sentencia recurrida, en la que, valga precisarlo,  se determinó que la entidad demandada deberá emitir  pronunciamiento sobre los alcances de las referidas  sentencias del Tribunal Constitucional para la resolución del  recurso de apelación de puro derecho interpuesto por la  accionante en la vía previa, actuación que se orientará a  verificar si la autoridad municipal observó los parámetros  establecidos por el intérprete constitucional; por lo mismo, la  causal bajo examen no supera las exigencias que establecen  los numerales 2 y 3 del artículo 388° del Código Procesal  Civil, deviniendo improcedente. DÉCIMO.- En lo concerniente  a la causal procesal detallada en el acápite b) del considerando  octavo de la presente resolución, tenemos que la recurrente  sostiene que la sentencia impugnada adolece de vicios de  motivación, debiendo en ese sentido precisarse que uno de  los principales componentes del derecho al debido proceso se  encuentra constituido por el denominado derecho a la  motivación de las resoluciones judiciales, recogido en el  inciso 5 del artículo 139° de nuestra Carta Magna y tambiénen el inciso 6 del artículo 50° y artículos 121° y 122° del  Código Procesal Civil, por el cual se garantiza a las partes  involucradas en una controversia el acceso a una respuesta  del juzgador, que se encuentre adecuadamente sustentada  en argumentos que la justifiquen lógica y razonadamente,  sobre la base de los hechos acreditados en el proceso y el  derecho aplicable al caso y que, además, resulten congruentes  con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquéllos  dentro del proceso. 10.1. La recurrente alega que la sentencia  de vista contiene una motivación indebida, toda vez que no  existiría sustento jurídico en cuanto la Sala Superior señala  que la Resolución Administrativa impugnada no se encontraría  debidamente motivada, cuando en los puntos 4.3 y 4.4 de la  parte considerativa de la resolución recurrida se advierte el  siguiente análisis respecto de la fundamentación adoptada  por la entidad demandada en el cuestionado acto  administrativo:  4.3.  De  la  Resolución  administrativa  impugnada, se advierte que ésta contiene una decisión  inhibitoria que se sustenta en que el Tribunal Fiscal carece de  facultades para ejercer el control difuso de constitucionalidad  de las normas, por lo que en virtud de lo argumentado por la  demandante correspondería analizar si la Ordenanza N° 346- MSI - que sirve de basamento para la liquidación de los  Arbitrios Municipales ya referidos - resulta norma válida. En  esa línea, lo manifestado por el Tribunal Fiscal no es correcto,  pues para dilucidar la controversia en sede administrativa no  requerirá realizar un control difuso de constitucionalidad de la  acotada Ordenanza, sino verificar si la Municipalidad Distrital  de San Isidro -ahora coemplazada- observó o cumplió los  parámetros  fijados  con  anterioridad  por  el Tribunal  Constitucional y con carácter de precedente vinculante,  mediante las invocadas sentencias, al liquidar los Arbitrios  Municipales en cuestión. 4.4. Ante dicha posición asumida por  el Tribunal Fiscal en el presente caso, es pertinente poner de  relieve la exigencia de un pronunciamiento de fondo y a partir  de los parámetros ya predeterminados por el Tribunal  Constitucional, considerándose que en materia tributaria  es el órgano administrativo técnicamente especializado y  resolutor de última instancia, llamado a dilucidar  adecuadamente la controversia en sede administrativa, de  modo que sólo así podrá concebirse realmente agotada dicha  vía  extrajudicial,  como  presupuesto  o  requisito  de  procedibilidad para el ejercicio de la acción contencioso  administrativa. En este sentido, la recurrente tampoco expone  de forma clara y precisa por qué este desarrollo, que parte del  estudio de las razones esbozadas en la Resolución  Administrativa impugnada, serían inapropiados o inidóneos  para justificar la postura que plantea la instancia de mérito,  acerca de que la recurrente debió resolver el fondo de la  controversia postulada en el recurso de apelación de puro  derecho interpuesto por la accionante, esto es, si la Ordenanza  Nº 346-MSI observaba los criterios fijados por el Tribunal  Constitucional sobre esta materia según lo expuesto por la  contribuyente, esbozando en este punto una discrepancia con  el criterio asumido en la sentencia de vista, pero bajo  razonamientos que no permiten develar adecuadamente el  defecto de motivación que denuncia. 10.2. Lo expuesto  permite apreciar que lo argumentado por la parte recurrente al  sustentar la causal bajo análisis, relacionado con vicios de  motivación, lejos de relacionarse con un supuesto vicio de  nulidad por defectos de motivación en la sentencia de vista,  trasluce en realidad una disconformidad con la valoración de  los hechos y de los medios de prueba que obran en autos, en  particular,  respecto  del  análisis  efectuado  sobre  la  fundamentación contenida en la Resolución Administrativa  impugnada, cuyo examen sirvió de base a la Sala Superior  para revocar la sentencia de primera instancia, pretendiendo  un reexamen por este Supremo Tribunal sobre dicha cuestión,  lo que es ajeno a la función nomofiláctica del recurso  extraordinario de casación, las cuales son la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la  uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia de la República, conforme lo establece el  artículo 384° del Código Procesal Civil, sin ser entonces la  causal examinada clara ni precisa en relación con el contenido  y alcances de la sentencia cuestionada, ni demostrar la  incidencia directa que ella tiene sobre la decisión cuestionada,  incumpliendo las exigencias previstas en los numerales 2 y 3  del artículo 388° del Código Procesal Civil, deviniendo  improcedente. Del recurso de casación interpuesto por la  Municipalidad Distrital de San Isidro DÉCIMO PRIMERO.-  Con relación al recurso de casación interpuesto por la  codemandada Municipalidad Distrital de San Isidro, de  acuerdo a los requisitos de admisibilidad previstos en el  modificado artículo 387° del Código Procesal Civil, de  aplicación supletoria, se tiene que el referido recurso  extraordinario cumple con ellos, toda vez que: i) ha sido  interpuesto contra una sentencia expedida en revisión poruna Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone  fin al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sexta Sala  Especializada  en  lo  Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución  impugnada; iii) ha sido interpuesto dentro del plazo de diez  días contados desde el día siguiente de notificada la  resolución recurrida; y, iv) la entidad recurrente no ha  acompañado la tasa judicial por interposición de la casación,  al encontrarse exonerada de dicha exigencia, de acuerdo a lo  regulado por el inciso g del artículo 24° del Texto Único  Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en ese  contexto, se tiene que el recurso ha superado el examen de  admisibilidad, debiéndose continuar con la verificación del  cumplimiento  de  los  requisitos  de  fondo.  DÉCIMO  SEGUNDO.- En cuanto al requisito previsto en el inciso 1 del  modificado artículo 388° del Código Procesal Civil, a la  recurrente no le resulta exigible su cumplimiento, desde que  la sentencia de primera instancia fue favorable a sus intereses  al declararse infundada la demanda interpuesta en su contra;  y, respecto al cumplimiento del requisito previsto en el inciso  4 del mismo artículo y código, del recurso se tiene que el  pedido casatorio es revocatorio. Establecido ello, corresponde  seguidamente verificar el cumplimiento de los requisitos  establecidos en los incisos 2 y 3 del dispositivo legal acotado.  DÉCIMO TERCERO.- En el presente caso, la entidad  recurrente, en el recurso materia de control objetivo de  legalidad, articula la formulación de la siguiente causal: a)  Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139°  de la Constitución Política del Perú. Sostiene que la  fundamentación de la Sala Superior importa una deficiente o  inadecuada motivación, toda vez que resultaba totalmente  inviable que el Tribunal Fiscal dilucide la presente controversia  haciendo uso del control difuso, siendo el caso que la Sala  Superior pretende dar por sentado que la verificación de los  parámetros fijados por el Tribunal Constitucional no implica  ejercer control difuso. Asimismo, indica que debe tenerse en  cuenta que el Tribunal Constitucional a través de la sentencia  recaída en el expediente Nº 04293-2012-PA/TC, de fecha  dieciocho de marzo de dos mil catorce, dejó sin efecto el  precedente vinculante contenido en la sentencia emitida en el  expediente Nº 3741-2004-PA/TC, con el cual se autorizaba a  los tribunales administrativos y órganos colegiados de la  Administración  Pública  a  inaplicar  una  disposición  infraconstitucional cuando considerara que vulnera la  Constitución Política del Perú por la forma o por el fondo,  criterio establecido además en la Resolución Nº 11541-7- 2014, de manera que la recurrente se encuentra impedida de  realizar control difuso de constitucionalidad y, por tanto, no  puede analizar la determinación del costo de los Arbitrios  Municipales y los criterios previstos para su distribución  contenidos en Ordenanzas Municipales. A su vez, la sentencia  de vista solo ha efectuado una interpretación del dicho de la  demandante y, de otro lado, ha desconocido el pronunciamiento  contenido en la sentencia apelada, habiendo esta última  resuelto de manera categórica lo solicitado por la recurrente.  Además, precisa que la Sala Superior refiere sin mayor  sustento que el Tribunal Fiscal aprueba una inadecuada  motivación, sin explicar las razones de esta conclusión, pues  tan solo menciona que se trata de una decisión inhibitoria;  entonces, al no haber realizado un adecuado análisis de lo  fundamentado por la Resolución Administrativa, ha incurrido  en una motivación indebida, porque al fin y al cabo, ordenar  que el Tribunal Fiscal analice la determinación del costo de  Arbitrios Municipales y los criterios previstos para su  distribución contenidos en ordenanzas municipales, implicaría  realizar el control difuso, figura proscrita para los entes  administrativos. DÉCIMO CUARTO.- En cuanto a la causal  resumida en el considerando inmediato anterior, conforme  con lo expuesto anteriormente, el inciso 5 del artículo 139° de  la Carta Política, garantiza a las partes involucradas en una  controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se  encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que la  justifiquen lógica y razonablemente, sobre la base de los  hechos acreditados en el proceso y el derecho aplicable al  caso y que, además, resulten congruentes con las  pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellos dentro  del proceso. 14.1. Por su parte, tenemos que el debido  proceso es un principio y derecho de la función jurisdiccional,  consagrado en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución  Política del Perú, que tiene por función velar por el respeto  irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías  constitucionales que lo integran, dando a toda persona la  posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela  jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento  regular en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de  ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir pruebas  y obtener una sentencia debidamente motivada. 14.2. Delanálisis de los fundamentos del recurso de casación, se  advierte que la recurrente alega que no se justificó  adecuadamente la decisión arribada por la Sala Superior, que  revocó la sentencia de primera instancia para amparar en  parte la demanda incoada, aduciendo que la decisión  inhibitoria administrativa ha sido dictada válidamente, debido  a que la Administración Pública no cuenta con potestades de  control difuso; sin embargo, los argumentos de la infracción  denunciada no describen con claridad y precisión la causal  procesal planteada, en tanto si bien expone que la judicatura  no habría tomado en cuenta la jurisprudencia del Tribunal  Constitucional que le impide el ejercicio del control difuso para  resolver la materia controvertida, la recurrente no desarrolla  de qué manera verificar que la Ordenanza Nº 346-MSI cumple  con  los  lineamientos  establecidos  por  el  intérprete  constitucional en los expedientes números 00053-2004-PI/TC  y 0041-2004-AI/TC, podría suponer el ejercicio de dicha  facultad, considerando que, en estricto, este ha sido el criterio  asumido por la Sala Superior para amparar parcialmente la  demanda incoada; en este sentido, la recurrente no aporta  evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el  razonamiento de los jueces superiores que emitieron la  resolución de vista recurrida, no habiendo planteado  adecuadamente su posición, más allá de alegar que no  comparte lo expuesto por la judicatura, que toma en cuenta  los efectos vinculantes de dicha jurisprudencia constitucional  para establecer que debían ser aplicadas por la recurrente  para analizar lo expuesto por la contribuyente, lo cual se  puede apreciar en la fundamentación glosada anteriormente  de la sentencia recurrida. 14.3. En ese sentido y contrariamente  a lo expresado en el recurso de casación, la Sala Superior  asume un juicio valorativo sobre lo actuado durante el  procedimiento administrativo, sustentando las premisas y  análisis realizado en congruencia con el petitorio de la  demanda previamente delimitado, que la llevó a concluir en la  decisión emitida, de modo que no se observa en el caso  concreto de qué forma se podría haber incurrido en la  infracción planteada, más aun cuando se aprecia la adopción  de un criterio interpretativo de las normas involucradas,  además que, en este caso, se ha debatido acerca de la  exigibilidad de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en las  sentencias dictadas en los expedientes números 00053- 2004-PI/TC y 0041-2004-AI/TC, las que no han merecido  algún desarrollo sobre sus alcances, más allá de referir que  no se cuenta con la potestad de control difuso, lo que no ha  sido negado por la Sala de mérito en la resolución impugnada.  14.4. En atención a todo lo expuesto, se advierte que la Sala  Superior ha expresado su posición, en mérito a lo expuesto  por las partes y lo actuado en el proceso, sin que el recurso  explique de qué modo se trasgrede la normativa invocada y,  principalmente, cómo ello pudo incidir en el resultado del  juzgamiento, incumpliéndose también aquí los requisitos  previstos en los numerales 2 y 3 del artículo 388° del Código  Procesal Civil, deviniendo la causal bajo análisis improcedente.  DÉCIMO QUINTO.- Sin perjuicio de lo glosado, es pertinente  reiterar que el recurso extraordinario de casación es uno  eminentemente formal y excepcional. Tal línea de formalidad  necesaria ha sido manifestada también por el Tribunal  Constitucional nacional en la sentencia del diecisiete de  diciembre de dos mil veinte, recaída en el expediente Nº  00802-2020-PA/TC, el cual precisa que: […] 19. Ahora bien,  corresponde dejar establecido que la casación, aun cuando  se utilice comúnmente en casi todos los procesos judiciales  ordinarios, no ha dejado de ser un recurso extraordinario. Y es  extraordinario porque su viabilidad se encuentra circunscrita  solo a determinadas resoluciones judiciales y por  específicas causales legalmente preestablecidas, y  porque en su formulación deben satisfacerse requisitos  de forma que, en contraste con los recursos ordinarios,  resultan ser altamente especializados, de modo tal que  impone como carga procesal a la parte recurrente,  entiéndase a su defensa técnica, mayor diligencia y  pericia para la interposición de este recurso. […] 21. En  relación […], esto es, demostrar la incidencia directa de la  infracción normativa denunciada sobre la decisión  impugnada, cabe destacar que, atendiendo al carácter  eminentemente formal del recurso de casación, dicho  requisito debe encontrarse expresamente desarrollado  en una sección específica dentro del cuerpo del recurso.  Así, para el juez ordinario que califica su procedencia, debe  ser evidente dicho desarrollo, lo cual descarta la posibilidad  de  dar  por  satisfecho  este  requisito,  solo  porque  supuestamente se encontraría implícito en la argumentación  de fondo del propio recurso. 22. Cabe también precisar que  cuando la norma exige demostrar la incidencia de la infracción  normativa en la decisión impugnada, ello se refiere a su influjo  o repercusión en la parte dispositiva del fallo, alterando el  sentido de este. Así, resulta tan importante la verificación deeste requisito para el diseño del sistema casatorio, que de  ausentarse -sea porque no existe tal incidencia o sea por  negligencia del recurrente-, el recurso resulta inviable,  conforme a lo establecido en la propia ley. Énfasis nuestro  DECISIÓN Por las razones expuestas y de conformidad con  lo regulado por el artículo 392° del Código Procesal Civil,  modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 29364,  DECLARARON 1) IMPROCEDENTE el recurso de casación  interpuesto por el codemandado Tribunal Fiscal el dos de  junio de dos mil veintidós, inserto de fojas trescientos ochenta  y uno a trescientos noventa y seis del expediente judicial  electrónico contra la sentencia de vista contenida en la  resolución número dieciocho de fecha veintiséis de mayo de  dos mil veintidós, obrante de fojas trescientos sesenta y ocho  a trescientos setenta y cinco del mismo expediente y 2)  IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la  codemandada Municipalidad Distrital de San Isidro, el dos de  junio de dos mil veintidós, inserto de fojas cuatrocientos tres a  cuatrocientos catorce del expediente judicial electrónico,  contra la sentencia de vista contenida en la resolución número  dieciocho de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós,  obrante de fojas trescientos sesenta y ocho a trescientos  setenta y cinco del mismo expediente. ORDENARON la  publicación de la presente resolución en el diario oficial El  Peruano conforme a ley, en el proceso seguido por la  demandante, Corporación Camino Real Sociedad Anónima,  con los demandados Municipalidad Distrital de San Isidro y el  Tribunal Fiscal, sobre Nulidad de Resolución Administrativa.  Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.  Interviene como ponente el señor Juez Supremo Yaya  Zumaeta. SS. YAYA ZUMAETA, GONZÁLEZ AGUILAR,  BUSTAMANTE DEL CASTILLO, DÁVILA BRONCANO. EL  VOTO EN MINORÍA DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA  RUEDA FERNÁNDEZ, ES COMO SIGUE: - Al amparo del  artículo 144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del  Poder Judicial, modificado por el artículo único de la Ley Nº  31281, discrepando respetuosamente del sentido de la  decisión de la ponencia, realiza voto en discordia conforme a  los siguientes fundamentos: I. VISTOS: 1. Del Recurso de  Casación Materia de Calificación Es objeto de calificación  los recursos de casación interpuestos por: (1) el Procurador  Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de  Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal  mediante escrito de fecha dos de junio de dos mil veintidós  (fojas trescientos ochenta y uno a trescientos noventa y seis  del expediente judicial electrónico - EJE), y el representante  legal de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital  de San Isidro, mediante escrito de fecha dos de junio de dos  mil veintidós (fojas cuatrocientos tres a cuatrocientos catorce  del EJE), contra la sentencia de vista del veintiséis de mayo  de dos mil veintidós (fojas trescientos sesenta y ocho a  trescientos setenta y cinco del EJE), que revocó la sentencia  de primera instancia del treinta y uno de agosto de dos mil  veintiuno (fojas doscientos veintiocho a doscientos cuarenta y  dos del EJE), que declaró infundada la demanda. 2.  Antecedente En el presente caso, la CORPORACIÓN  CAMINO REAL S.A., interpone recurso de apelación contra la  Resolución de Determinación N° 1120-001646-2016-STFGAT/ MSI, emitida por concepto de arbitrios municipales del año  dos mil trece, respecto de los predios ubicados en Av. Camino  Real N° 1050, 1052 y 1060 (Anexos 001 y 003) y Camino Real  N° 1060 (Anexo 002), San Isidro, al considerar que la  Ordenanza N° 346-MSl, vulnera los criterios de razonabilidad  para determinar la validez del cobro de arbitrios y el criterio de  distribución del costo del servicio de limpieza pública. En  mérito a dicha apelación, el Tribunal Fiscal emite la RTF N°  09048-7-2017 de fecha once de octubre de dos mil diecisiete  que resolvió declarar IMPROCEDENTE la apelación  interpuesta contra la Resolución de Determinación N°  1120-001646-2016-STF-GAT/MSI, que deniega la devolución  de los pagos efectuados por concepto de arbitrios municipales  respecto a los periodos uno a doce del año dos mil trece , en  razón a ello, la recurrente inicia el presente proceso judicial  solicitando la nulidad de la mencionada Resolución del  Tribunal Fiscal, se reconozca que la empresa no tiene  obligación tributaria respecto de los arbitrios municipales  antes citados y se deje sin efecto la Resolución de  Determinación  N°  1120-001646-2016-STF-GAT/MS1,  ordenándose de esta manera la devolución de todas las  sumas de pagadas por el referido tributo. II. CONSIDERANDO:  De la Calificación del Recurso de Casación Primero: En  principio, para realizar la calificación de los recursos de  casación interpuestos por el Tribunal Fiscal y la Municipalidad  Distrital de San Isidro, se debe delimitar el objeto de  Pronunciamiento. c.1 El presente es un caso sobre arbitrios  municipales de los períodos uno a doce del año dos mil trece  , respecto de los predios ubicados en Av. Camino Real N°  1050, 1052 y 1060 (Anexos 001 y 0003) y Camino Real N°1060 (Anexo 002), San Isidro, que viene en casación en  control de derecho por infracciones procesales de las normas,  en el siguiente orden; por parte del Tribunal Fiscal: a)  Infracción normativa por inaplicación de la Primera Disposición  Final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; b)  Infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú. Por la Municipalidad Distrital de  San Isidro: c) Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Requisitos de  admisibilidad del recurso de casación Segundo: Se debe  proceder a calificar si dicho recurso cumple o no con lo  dispuesto en los artículos 35 (inciso 3) y 36 del Texto Único  Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso  Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto  Supremo Nº 013-2008-JUS, en concordancia con lo previsto  en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil,  modificados por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de aplicación  supletoria en el proceso contencioso administrativo. 2.1 De  manera supletoria, el artículo 387 del mencionado código  contiene los requisitos de admisibilidad: 1. Contra las  sentencias y autos expedidos por las salas superiores que,  como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; 2.  ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución  impugnada o ante la Corte Suprema […]; 3. dentro del plazo  de diez días hábiles, contado desde el día siguiente de  notificada la resolución que se impugna, más el término de la  distancia que corresponda; 4. adjuntado el recibo de la tasa  respectiva. […] 2.2 Es importante reiterar que el recurso de  casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter  formal y, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico en  función nomofiláctica por control de derecho, solo puede  fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en  cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, teniendo  entre sus fines esenciales la adecuada aplicación del derecho  objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia  nacional por la Corte Suprema de Justicia. 2.3 Los recursos  cumplen con los requisitos de admisibilidad previstos en el  artículo 387 del Código Procesal Civil, pues se advierte que  los recursos de casación interpuestos por el Tribunal Fiscal y  la Municipalidad Distrital de San Isidro: i) ha sido interpuesto  contra una sentencia expedida en revisión por una Sala  Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al  proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sexta Sala Especializada  en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en  Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de  Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) ha  sido interpuesto dentro del plazo de diez días contados desde  el día siguiente de notificada la resolución recurrida; y, iv) las  entidades recurrentes no han acompañado las tasas judiciales  por interposición de la casación, al encontrarse exoneradas  de dicha exigencia, de acuerdo a lo regulado por el inciso g  del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica  del Poder Judicial. Causales denunciadas Tercero: De la  parte expositiva del recurso de casación del Tribunal Fiscal,  se advierte que la recurrente sustenta las siguientes causales:  a) Infracción normativa por inaplicación de la Primera  Disposición Final de la Ley Orgánica del Tribunal  Constitucional. Alega que la Sala Superior ha resuelto sin  tener cuenta lo establecido en la norma denunciada,  considerando que, mediante la Sentencia del Tribunal  Constitucional recaída en el expediente Nº 04293-2012-PA/ TC, se llegó a la conclusión que el precedente dictado en el  expediente Nº 03741-2004-AA/TC desnaturalizaba una  competencia otorgada por la Constitución Política al extender  su ejercicio a quienes no están incursos en la función  jurisdiccional y que, conforme con ella, carecen de  competencia para ejercer control difuso de constitucionalidad;  por lo tanto, en este caso, la Sala de mérito no ha tenido en  cuenta que el propio intérprete constitucional ha establecido  que no corresponde que los Tribunales Administrativos  efectúen control difuso. Agrega que la materia controvertida  en sede administrativa estaba orientada a verificar la  constitucionalidad de la Ordenanza Nº 346-MSI, que regula el  Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales cuestionados,  es decir, a fin de resolver la controversia, el Tribunal Fiscal  debía efectuar control difuso de las ordenanzas respectivas  para determinar si éstas se habían emitido observando los  parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional; sin  embargo, el órgano colegiado administrativo no estaba  facultado a realizar análisis sobre ordenanza alguna, siendo  evidente que la Sala Superior ha inaplicado la disposición  invocada, pues el Tribunal Fiscal no puede resolver en contra  de la propia interpretación realizada por el Tribunal  Constitucional en la referida jurisprudencia. b) Infracción  normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución.  Sostiene que la Sala Superior ha incurrido en una indebida  motivación, al señalar sin mayor sustento que el Tribunal  Fiscal en la Resolución Administrativa impugnada, tiene unadeficiente e inadecuada motivación; sin embargo, no indica  los motivos o las razones en virtud de las cuales considera  que no contiene motivación; además, la Sala Superior al  momento de resolver, no ha tomado en cuenta que, en la  sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el expediente  Nº 0041-2004-AI/TC, se analizó la constitucionalidad de las  ordenanzas que regularon Arbitrios Municipales desde la  base de una interpretación de la Constitución y de las normas  que integran el bloque de constitucionalidad, concluyéndose  que si bien el artículo 74 de la Constitución Política del Perú  faculta a los gobiernos locales para crear tasas, ello debe  hacerse con los límites que establece la ley, esto es, la Ley  Orgánica de Municipalidades y la Ley de Tributación  Municipal, las que constituyen dicho bloque; no obstante, con  la sentencia emitida en el expediente Nº 04293-2012-PA/TC,  el Tribunal Fiscal no está facultado a realizar análisis alguno  sobre las Ordenanzas Municipales, para determinar si éstas  se habían emitido observando los parámetros establecidos  por el Tribunal Constitucional para la determinación del costo  y su distribución, dado que ello implicaría realizar control  difuso, cuando se encuentra impedida para hacerlo; en todo  caso, la Sala Superior debió efectuar el respectivo control  difuso de las ordenanzas de considerarlas inconstitucionales,  y declarar de manera definitiva su inaplicación. Cuarto: De la  parte expositiva del recurso de casación de la Municipalidad  Distrital de San Isidro, se advierte que la recurrente sustenta  la siguiente causal: c) Infracción normativa de los incisos 3  y 5 del artículo 139 de la Constitución. Sostiene que la  fundamentación de la Sala Superior importa una deficiente o  inadecuada motivación, toda vez que resultaba totalmente  inviable que el Tribunal Fiscal dilucide la presente controversia  haciendo uso del control difuso, siendo el caso que la Sala  Superior pretende dar por sentado que la verificación de los  parámetros fijados por el Tribunal Constitucional no implica  ejercer control difuso. Asimismo, indica que debe tenerse en  cuenta que el Tribunal Constitucional a través de la sentencia  recaída en el expediente Nº 04293-2012-PA/TC, de fecha  dieciocho de marzo de dos mil catorce, dejó sin efecto el  precedente vinculante contenido en la sentencia emitida en el  expediente Nº 3741-2004-PA/TC, con el cual se autorizaba a  los tribunales administrativos y órganos colegiados de la  Administración Pública a inaplicar una disposición infra  constitucional cuando considerara que vulnera la Constitución  Política del Perú por la forma o por el fondo, criterio establecido  además en la Resolución Nº 11541-7-2014, de manera que la  recurrente se encuentra impedida de realizar control difuso de  constitucionalidad y, por tanto, no puede analizar la  determinación del costo de los Arbitrios Municipales y los  criterios previstos para su distribución contenidos en  Ordenanzas Municipales. A su vez, la sentencia de vista solo  ha efectuado una interpretación del dicho de la demandante y,  de otro lado, ha desconocido el pronunciamiento contenido en  la sentencia apelada, habiendo esta última resuelto de  manera categórica lo solicitado por la recurrente. Además,  precisa que la Sala Superior refiere sin mayor sustento que el  Tribunal Fiscal aprueba una inadecuada motivación, sin  explicar las razones de esta conclusión, pues tan solo  menciona que se trata de una decisión inhibitoria; entonces,  al no haber realizado un adecuado análisis de lo fundamentado  por la Resolución Administrativa, ha incurrido en una  motivación indebida, porque al fin y al cabo, ordenar que el  Tribunal Fiscal analice la determinación del costo de Arbitrios  Municipales y los criterios previstos para su distribución  contenidos en ordenanzas municipales, implicaría realizar el  control difuso, figura proscrita para los entes administrativos.  Requisitos de procedencia del recurso de casación Quinto:  De los recursos de casación interpuestos por Tribunal Fiscal  y la Municipalidad Distrital de San Isidro, esta Sala  Suprema constata lo siguiente: 5.1 En el caso, se tiene que el  Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso  Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y  Aduaneros, emitió la sentencia contenida en la resolución  número diez, que declara infundada la demanda en todos sus  extremos. Dicha resolución no fue apelada por las recurrentes  ya que la decisión adoptada les fue favorable, por lo que se  cumple con el requisito estipulado en el numeral 1 del artículo  388 del Código Procesal Civil. 5.2 A fin de verificar el  cumplimiento del requisito contemplado en el numeral 2 del  artículo 388 del Código Procesal Civil, será necesario analizar  el contenido de las infracciones normativas invocadas, en  cuanto a la claridad y precisión de los fundamentos que las  sustentan. Se aprecia en los recursos de casación, que las  recurrentes denuncian las causales expuestas en el  considerando tercero y cuarto de la presente resolución,  referidas a: inaplicación de la Primera Disposición Final de la  Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, así como la  infracción de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la  Constitución. Al respecto, cabe resaltar que las infraccionesde las normas denunciadas, se encuentran explicadas con la  debida precisión y claridad de cómo se habrían producido su  vulneración, así como su vinculación con los temas jurídicos  resueltos por la sentencia impugnada, aportando los sustentos  necesarios para que esta Sala Suprema pueda en el examen  de fondo establecer los aspectos de la sentencia de vista que  requieran el respectivo análisis de la correcta interpretación y  aplicación del derecho objetivo en el caso concreto. Por lo  expuesto, considero que los recursos de casación interpuestos  por las recurrentes cumplen con el requisito previsto en el  numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil. 5.3  Sobre el requisito regulado en el numeral 3 del artículo 388  del Código Procesal Civil, es necesario resaltar que éste  consiste en que, en el recurso interpuesto, se demuestre la  incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada.  En aplicación de dicho precepto legal, las recurrentes deben  demostrar la repercusión de las infracciones normativas  denunciadas, en el sentido de la decisión de la sentencia  recurrida; y, que dichas infracciones fueron determinantes en  el razonamiento de la Sala Superior al momento de emitir su  pronunciamiento. De la revisión de los recursos de casación,  las recurrentes explican la trascendencia de las infracciones  normativas en relación al fallo, y como de no haber incurrido  la Sala Superior en las infracciones normativas denunciadas,  la decisión habría sido en otro sentido; por ello, esta Sala  Suprema puede advertir, que resulta necesario enfatizar que  el presente caso presenta la particularidad y distinción de que  la demanda está referida específicamente a la pretensión de  devolución  de  lo  pagado  por  arbitrios  municipales- pretendiendo la demandante la nulidad de la RTF y de la  Resolución de Determinación-; asimismo que se ha formulado  el recurso de casación contra la sentencia de vista que revoca  la sentencia apelada que fallo declarando infundada la  demanda. Con respecto de las causales denunciadas en los  literales a), b) y c) del tercer y cuarto considerando de la  presente resolución, sobre indebida motivación de la recurrida  e infracción normativa por inaplicación de la Primera  Disposición Final de la Ley N° 28301 - Ley Orgánica del  Tribunal Constitucional. Esta Sala Suprema observa que tal  como ha sido planteado los recursos de casación se cumple  con los requisitos de describir con claridad y precisión las  infracciones normativas —lo que implica desarrollar el modo  en que se habría incurrido en las mismas—, demuestra la  incidencia directa de las infracciones sobre la decisión  impugnada. En el presente caso, se logra demostrar la  incidencia directa ya que lo ordenado por la sentencia  impugnada de que el Tribunal Fiscal realice el examen de  cumplimiento de parámetros de constitucionalidad de las  ordenanzas municipales, constituiría control difuso, y como tal  contravención a la norma de la causal a), e infracción a la  motivación por la sentencia de vista al señalar que la  recurrente (Tribunal Fiscal) que está impedida de realizar  control difuso, verifique que las ordenanzas emitidas por la  Municipalidad Distrital de San Isidro se sujetan a los  parámetros fijados por el Tribunal Constitucional. Finalmente,  el Tribunal Fiscal como la Municipalidad Distrital de San  Isidro, precisan sus pedidos casatorios como revocatorios,  respectivamente. En tal sentido, se cumple con los  presupuestos para su procedencia, conforme lo establecen  los numerales 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal  Civil, modificado por la Ley N° 29364. Por lo que, los recursos  extraordinarios presentados devienen en procedentes.  DECISIÓN Por estas consideraciones; MI VOTO es porque  se declaren: PROCEDENTES los recursos de casación  interpuestos por: (1) el Tribunal Fiscal mediante escrito de  fecha dos de junio de dos mil veintidós (fojas trescientos  ochenta y uno a trescientos noventa y seis del EJE), y (2) la  Municipalidad Distrital de San Isidro mediante escrito de fecha  dos de junio de dos mil veintidós contra la sentencia de vista  del del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por las  causales: a) infracción normativa por inaplicación de la  Primera Disposición Final de la Ley Orgánica del Tribunal  Constitucional; b) infracción normativa del inciso 5 del artículo  139 de la Constitución; c) infracción normativa de los incisos  3 y 5 del artículo 139 de la Constitución; en los seguidos por  Corporación Camino Real S.A., contra la Municipalidad  Distrital de San Isidro y contra el Ministerio de Economía y  Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, sobre acción  contencioso administrativa.- Señora Jueza Suprema Rueda  Fernández. SS. RUEDA FERNÁNDEZ. C-2136203-17