CASACIÓN Nº 19003-2019 LIMA
Sumilla: Este colegiado supremo señala que no es aplicable el  precedente vinculante contenido en la Sentencia de Casación  Nº 4392-2013 LIMA, referida a la interpretación del literal a) del  artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a  la Renta y del artículo 34 del Texto Único Ordenado del CódigoTributario, a hechos relacionados a multas y sanciones por  declaración de datos falsos o inexactos de renta neta y/o  coeficientes para determinar los pagos a cuenta, por cuanto  la “ratio decidendi” del precedente mencionado, no contiene  como hechos analizados infracciones o sanciones.  Lima, veintiuno de junio de dos mil veintidós. VISTA La causa número diecinueve mil tres, guion dos mil  diecinueve, Lima, con el acompañado respectivo, en  audiencia pública llevada a cabo en la fecha, la Sala Suprema  integrada por los señores Jueces Supremos González Aguilar  (presidente), Rueda Fernández, Bustamante del Castillo,  Barra Pineda y Dávila Broncano, producida la votación con  arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: Materia del  recurso de casación Se trata del recurso de casación  interpuesto por la empresa demandante Lima Airport Partners  S.R.L. (en adelante Airport), con escrito del siete de junio de  dos mil diecinueve (fojas seiscientos setenta y nueve a  setecientos catorce del Expediente Judicial Físico), contra la  sentencia de vista contenida en la resolución número veinte,  expedida el veintisiete de mayo del dos mil diecinueve (fojas  seiscientos veintidós a seiscientos cuarenta y tres del  Expediente Judicial Físico), que confirma la sentencia de  primera instancia, contenida en la resolución número  dieciséis, expedida el treinta y uno diciembre del dos mil  dieciocho (fojas quinientos sesenta a quinientos sesenta y  siete del Expediente Judicial Físico), que declaró infundada la  demanda.  Antecedentes  del  caso  sub  litis  Sede  administrativa La empresa Airport presentó las declaraciones  juradas rectificatorias de los ejercicios dos mil nueve (con  fecha veintidós de marzo de dos mil diez) y dos mil diez (con  fecha dieciocho de marzo de dos mil once), lo que trajo como  consecuencia que se modifique los coeficientes aplicables  para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la  renta correspondiente a los periodos de enero a noviembre de  dos mil once, este hecho fue establecido por la administración  tributaria como infracción tipificada en el numeral 1 del artículo  178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, y trajo  como consecuencia que Airport habría efectuado pagos por el  concepto de multa por la infracción señalada vinculadas a los  pagos. Posteriormente, el dieciséis de marzo del dos mil doce  Airport presentó declaraciones juradas rectificatorias de los  pagos a cuenta del impuesto a la renta de los periodos enero  a noviembre de dos mil once, lo cual también estableció la  administración tributaria como infracción tipificada en el  numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, y genero las multas respectivas, que  también habría pagado la contribuyente. Luego, el treinta y  uno de diciembre del dos mil quince al amparo de la Sentencia  de Casación Nº 4392-2013 LIMA, la empresa Airport solicitó la  devolución de los pagos indicados (fojas dieciocho a veintiuno  del expediente administrativo) por haberse efectuado de  manera indebida y/o en exceso, el cual es resuelto por la  Resolución de Intendencia Nº 012-180-0009702/SUNAT que  declaró improcedente las referidas solicitudes de devolución,  y es impugnado en vía reclamación por la empresa Airport.  Con Resolución de Intendencia Nº 0150140012659 se le  reconoce a Airport el pago efectuado en exceso respecto a las  multas vinculadas a los pagos a cuenta del impuesto a la  renta correspondiente a los meses de enero a noviembre de  dos mil once, declarando fundada en parte el recurso de  reclamación interpuesto contra la Resolución de Intendencia  Nº 012-180-0009702/SUNAT. Esta resolución tuvo en cuenta  las resoluciones de determinación efectuadas a Airport, en el  procedimiento de fiscalización llevado a cabo respecto del  impuesto a la renta del ejercicio dos mil once, en las que se  determinó la disminución del coeficiente aplicable a los pagos  a cuenta de enero a noviembre de dos mil once. Sin embargo,  Airport interpone recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal  solicitando la devolución íntegra de lo pagado en relación a  las multas vinculadas a los pagos a cuenta del impuesto a la  renta correspondiente al periodo de enero a noviembre de  dos mil once; y mediante Resolución Nº 06027-3-2017 el  Tribunal Fiscal resuelve confirmar la Resolución de  Intendencia Nº 0150140012659, agotando de esta manera la  vía administrativa. Sede judicial Demanda Mediante escrito  del trece de octubre del dos mil diecisiete (fojas ochenta y uno  a ciento once del Expediente Judicial Físico), la empresa  LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. interpone demanda  contencioso  administrativa  contra  la  Superintendencia  Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) y el  Tribunal Fiscal, y formula las siguientes pretensiones: a)  Pretensión principal: Se declare la nulidad de la Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 6027-3-2017 y de las Resoluciones de  Intendencia Nº 0150140012659 y Nº 0121800009702/SUNAT,  que declararon improcedente sus solicitudes de devolución  relativas a los pagos indebidos y/o en exceso por concepto delas multas emitidas por la supuesta comisión de la infracción  tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, vinculadas a los pagos a  cuenta del impuesto a renta de los periodos enero a noviembre  de dos mil once, por contravenir lo resuelto en el precedente  vinculante contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392- 2013 LIMA, y b) Pretensión accesoria: Se ordene a la  SUNAT la devolución de todos los montos pagados en función  a las multas asociadas a los pagos a cuenta del impuesto a la  renta del periodo enero a noviembre de dos mil once. Sustenta  su demanda —según el extracto que se toma de la sentencia  de primera instancia— en lo siguiente: 11.3.1 Es menester  señalar que el análisis que esta judicatura procederá a realizar  tiene como objetivo determinar si, en el caso en concreto,  deben declararse procedentes las solicitudes de devolución,  presentadas por la demandante, relativas a los pagos  indebidos y/o en exceso por concepto de las multas emitidas  a la demandante por la comisión de la infracción tipificada en  el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, vinculadas  a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de enero a  noviembre de 2011 y si lo resulto por el Tribunal fiscal en la  Resolución Nº 06027-3-2017 contraviene al precedente  vinculante recaído en la Sentencia de Casación Nº 4392- 2013. 11.3.2 La demandante alega, entre otros argumentos,  que el coeficiente de cálculo para los pagos a cuenta del  Impuesto a la Renta se determina sobre la base del “impuesto  calculado” cuya modificación producto de una declaración  rectificatoria presentada por el contribuyente no genera  interés moratorio según la mencionada Sentencia de  Casación. Asimismo, señala que el impuesto calculado es el  que el contribuyente toma como cierto en el momento en que  realiza la declaración y que dicha cifra viene dada por el  Impuesto a la Renta que figura en la Declaración Jurada  anterior. Añade que los intereses solo se generan si el  contribuyente no cumple con la obligación de abonar  mensualmente los pagos a cuenta del impuesto a la Renta y  en los plazos previstos en la Ley; y que se ha vulnerado el  Principio de Legalidad, conforme a lo señalado por el literal a)  del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, por  desconocer que la demandante no debía pagar intereses  moratorios. 11.3.3 Como bien puede advertirse del escrito de  demanda y los demás escritos presentados por la  demandante, sus principales fundamentos para argumentar  que debe ampararse su pretensión tienden a utilizar los  criterios establecidos en la Sentencia de Casación Nº 4392- 2013, en cual la Corte Suprema estableció con carácter de  precedente vinculante lo siguiente: […] Sentencia de primera  instancia  El  Décimo  Noveno  Juzgado  Contencioso  Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de  la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia del  treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, contenida en  la resolución número dieciséis (fojas quinientos sesenta a  quinientos sesenta y siete del Expediente Judicial Físico),  declaró infundada la demanda. Al respecto, sostiene que: a)  El juzgado señala que la Sentencia de Casación Nº 4392- 2013 LIMA, estableció en la segunda regla del precedente  vinculante (numeral 5.2.2) que no se puede interpretar las  normas de naturaleza tributaria que establecen obligaciones  tributarias, de manera extensiva o restrictiva. Es decir, según  el precedente en el caso de declaraciones juradas  rectificatorias de pagos a cuenta, estas (declaraciones  rectificatorias)  no  serían  sancionadas  con  intereses  moratorios, en los supuestos de: i) los pagos a cuenta han  sido determinados según el procedimiento establecido en la  ley de dicho impuesto, y ii) se han cancelado en el plazo  oportuno, según el artículo 34 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario. b) Que la empresa demandante considera  que no corresponde la exigencia de intereses moratorios, ni  multas de acuerdo a dicho precedente, sustentándose en  argumentos relacionados a la improcedencia del cobro de  intereses moratorios según el mencionado precedente, pero  indica el juzgado que los intereses moratorios no son materia  controvertida en el proceso. Señala también el juzgado, que  sobre las multas la demandante solo indica que no procede la  imputación de la infracción de declarar datos falsos, ya que de  acuerdo a los precedentes vinculantes no se habría generado  omisión por pagos a cuenta. c) Que de acuerdo al numeral 1  del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario se configura la infracción cuando el contribuyente  declare cifras o datos erróneos o falsos, que no se refieran a  la declaración jurada correcta. Este último, en el proceso ha  sido verificado y reconocido por la empresa demandante en  sus escritos presentados en la vía administrativa, lo cual  determinó que rectifique sus declaraciones juradas originales  de los periodos enero a diciembre de dos mil once. d) Que de  la revisión de la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 LIMA,  no se aprecia que se haya establecido como precedente la no  aplicación de las multas por la comisión de la infracción delnumeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, por lo que debe de ser desestimada su  pretensión principal y accesoria. Sentencia de Vista La  Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia del  veintisiete de mayo del dos mil diecinueve, contenida en la  resolución número veinte (fojas seiscientos veintidós a  seiscientos  cuarenta  y  tres  del  Expediente  Judicial  Electrónico), confirma la sentencia de primera instancia, en  todos sus extremos. En esencia sus argumentos son: a) La  Sala señala que del precedente vinculante establecido en la  Casación Nº 4392-2013 LIMA se pueden extraer dos  presupuestos básicos que deberán coexistir para su  aplicación: 1) La cuota por el pago a cuenta del impuesto a la  renta deberá ser determinado bajo el procedimiento señalado  en el inciso a) del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la  Ley del Impuesto a la Renta, y 2) El pago efectuado debe ser  oportuno e íntegro, es decir en los plazos previstos para de su  extinción. b) Indica también que dicho precedente no hace  referencia al cumplimiento de obligaciones formales de los  administrados, cuyo incumplimiento acarrea infracción, como  el establecido en el artículo 88 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, que dice “los deudores tributarios deberán  consignar en su declaración, en forma correcta y sustentada,  los datos solicitados por la Administración Tributaria”. Señala  que la infracción se evidencia cuando el administrado  presenta una declaración rectificatoria, o es detectado en una  fiscalización. También anota que el numeral 1 del artículo 178  del Texto Único Ordenado del Código Tributario, establece la  infracción por declarar información inexacta que influya en la  determinación de los pagos a cuenta, que se demuestra con  la declaración jurada rectificatoria o se determina luego de la  fiscalización. Agrega que el precedente referido analiza  cuestiones distintas al deber de declarar información correcta,  o al de la inaplicación de multas de acuerdo al artículo 178 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario. c) La Sala se  pronuncia sobre el agravio de Airport consistente en que se  habría desconocido el precedente vinculante de la Sentencia  de Casación Nº 4392-2013 LIMA, porque este fija que los  pagos a cuenta del impuesto a la renta se determinan en  función al impuesto calculado, que el contribuyente tiene  como cierto cuando presenta su declaración jurada, impuesto  que la compañía habría utilizado para determinar el coeficiente  y que por ello no habría cometido la infracción. Al respecto la  Sala aclara que la Casación Nº 4392-2013 LIMA, analiza  cuando corresponde la aplicación de los intereses moratorios  y no debate la aplicación de multas, por infracciones a la  obligación de informar de manera correcta y sustentada,  conforme al artículo 88 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario y los artículos 81 y 85 del Texto Único Ordenado de  la Ley del Impuesto a la Renta; y que este último en el caso  concreto ha sido corroborado con las declaraciones  rectificatorias de los pagos a cuenta correspondientes al  periodo de enero a noviembre de dos mil once, con las que se  modificó el coeficiente aplicable, que influyó en el incremento  de los pagos a cuenta que correspondían abonar, lo que  configuro la infracción. d) En cuanto al agravio por vulneración  al principio de legalidad y la norma VIII del título preliminar del  Código Tributario, al desconocerle la devolución de los  montos pagados por multas relativas a pagos a cuentas del  impuesto a la renta del ejercicio dos mil once, basados en el  impuesto redeterminado por la compañía y no en el impuesto  calculado, como fija el precedente, para imponerse la multa  consecuente de la infracción. La Sala señala que para  determinar la aplicación de las multas, establecida en el  artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario,  no es relevante si la empresa siguió el procedimiento legal  para determinar la cuantía que debía abonar por pago a  cuenta, sino verificar si había obligación formal por la  compañía, y en caso de incumplimiento la atribución de la  sanción. Señala la Sala que se ha cumplido el principio de  legalidad, porque la obligación está establecida en la ley del  impuesto a la renta y en el artículo 88 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, cuyo incumplimiento acarrea  la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario; asimismo,  señala que no se ha vulnerado la norma VIII del título  preliminar del Código Tributario, ya que no hay interpretación  extensiva del supuesto normativo descrito por la empresa  recurrente, y que es errado pretender la aplicación del criterio  de la Casación Nº 4392-2013 LIMA, que analizó los intereses  moratorios por pagos a cuenta, y en el caso analizado se  discute las multas por infracciones. e) Sobre el agravio  consistente en que el juzgado desconoce su derecho a que se  le devuelva los montos indebidamente pagados por multas  relativas a pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio  dos mil once.. Dichos valores son accesorios a los valoresque contienen supuestos intereses generados por el no pago  oportuno de los pagos a cuenta, que se generó por la  redeterminación del coeficiente aplicable con lo que se  desconoce lo previsto en el literal a) del artículo 85 del Texto  Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. En  relación a ello, la Sala recalca que dicho dispositivo solo  determina el procedimiento legal para determinar el monto de  abono de los pagos a cuenta, pero no establece obligaciones  formales de la presentación de la declaración jurada con  información correcta y sustentada, y que la presentación de la  declaración rectificatoria, evidencia que el recurrente admite  el error incurrido, a lo que es aplicable la infracción del  numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, entonces el pago es debido y no  corresponde la devolución. f) Sobre la infracción que el  juzgado desconoció que la compañía no incurrió en la  infracción porque no se cumple el requisito de la intención,  que vulnera el principio de culpabilidad, la Sala señala que de  acuerdo al artículo 165 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, la infracción se determina en forma objetiva, por lo  que no tiene asidero. La Sala precisa que el A quo considera  la modalidad infracción de declarar cifras y/o datos falsos  previstos en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, que el dispositivo contempla  un supuesto más específico aplicable al caso, que es aplicar  tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les  corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o  anticipos, pero que dicha circunstancia no desvirtúa la  conclusión del A quo, porque ambos supuestos están  comprendidos en el artículo 178 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario. Fundamentos por los cuales se ha  declarado procedente el recurso de casación Conforme se  advierte de los actuados, la empresa demandante Lima  Airport Partners S.R.L. ha interpuesto su recurso de casación,  mismo que fue declarado procedente por la Tercera Sala de  Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte  Suprema, el veintiséis de mayo del dos mil veinte (fojas ciento  setenta y tres a ciento ochenta y tres del cuaderno de  casación). En los acápites siguientes, se reproduce  textualmente los resúmenes de los recursos de casación que,  en su oportunidad, hizo la Sala Suprema. Recurso de  casación de la empresa demandante Lima Airport Partners  S.R.L. La empresa demandante denuncia las siguientes  causales1: a) Interpretación errónea del artículo 85 de la  Ley del Impuesto a la Renta. Señala que, de acuerdo con lo  dispuesto en el literal a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto  a la Renta, para determinar los pagos a cuenta del impuesto  a la renta correspondientes a los meses de marzo a diciembre  de cada ejercicio, los contribuyentes que hubiesen obtenido  renta imponible en el ejercicio anterior deberán aplicar sobre  los ingresos netos devengados en cada mes, el coeficiente  resultante de dividir el monto del impuesto a la renta calculado  correspondiente al ejercicio gravable anterior, entre el total de  los ingresos netos del mismo ejercicio. Sostiene que igual  mecanismo se debe aplicar respecto de los pagos a cuenta  del impuesto a la renta de marzo y febrero, con la diferencia  que en este caso se considera el impuesto a la renta calculado  y los ingresos netos del ejercicio precedente al anterior.  Precisa que el uso de la fórmula descrita no es gratuito, sino  que busca calcular el índice de “gravabilidad” de los ingresos  que el contribuyente generó en el ejercicio anterior o en el  ejercicio precedente al anterior, vale decir, cuánto impuesto a  la renta se determinó al cierre del ejercicio con la cifra de  ingresos devengados en ese periodo. Así, es claro que se  trata de una regla estimatoria, que tiene como propósito  aproximar el impuesto a la renta que resultaría al cierre del  ejercicio gravable corriente a partir de la experiencia de  margen de utilidad del negocio en el ejercicio que se toma  como referencia y que parte del presupuesto que dicho  margen,  en  principio,  no  debería  sufrir  variaciones  significativas de un ejercicio a otro. Está claro que difícilmente  se podría aspirar a una exactitud tal que la sumatoria de los  pagos a cuenta del impuesto a la renta abonados al fisco  durante el ejercicio finalmente coincida con el impuesto a la  renta liquidado al cierre del mismo, pero la orientación de la  regla está dirigida a acercar lo más posible la cuantía de los  anticipos a lo que sería el impuesto a la renta anual. Agrega  que lo indicado hasta este punto es de la mayor relevancia,  toda vez que aporta elementos de juicio para interpretar  adecuadamente el sentido de la regla de fijación del  coeficiente y, en particular, de lo que debe entenderse por  “impuesto calculado” del ejercicio gravable anterior o  precedente al anterior; de igual forma, resulta claro que  tratándose de contribuyentes que obtuvieron renta imponible  en el ejercicio anterior o en el precedente al anterior, según  sea el caso, el sistema está diseñado para que exista un  razonable acercamiento entre la sumatoria de los pagos a  cuenta y el impuesto a la renta que finalmente se determinaría.Agrega que en base a ello, parece lógico que para efectos de  establecer el coeficiente en cada oportunidad en que el  contribuyente liquida sus pagos a cuenta se tome la cifra del  “impuesto calculado” que el contribuyente tiene como cierta  en ese momento, cifra que normalmente viene dada por el  impuesto a la renta que figura en la auto-determinación del  contribuyente reflejada en la Declaración Jurada del Impuesto  a la Renta del ejercicio gravable anterior o precedente al  anterior y que, por excepción, podría haber sido modificada  por una Declaración Jurada Rectificatoria presentada por el  propio contribuyente. Si con posterioridad a esa fecha se  produce una modificación del impuesto a la renta de  referencia, este cambio ya no debería afectar el pago a cuenta  debidamente cuantificado a partir de los datos existentes al  momento de liquidarse el mismo; esto es, teniendo presente  que el literal a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la  Renta alude al “impuesto calculado” como dato referencia  para lograr el objetivo de estimación esperado, no se puede  pretender que el contribuyente esté supeditado a que en  algún momento en el futuro se corrija o ajuste la cifra, ya sea  por acto del contribuyente o por acto de la administración  tributaria, para llegar a un impuesto a la renta firme, por  llamarlo de alguna manera. En ese sentido, según la  impugnante, emitir multas cuando el contribuyente ha  declarado los pagos a cuenta de conformidad con lo  establecido en el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la  Renta, esto es, teniendo en cuenta el “impuesto calculado”  que se tiene como cierto al momento de liquidar y pagar esta  obligación tributaria, no resulta conforme a ley; más aún si se  considera que el contribuyente no tiene manera de saber que  en un futuro el impuesto utilizado para obtener el coeficiente  de los pagos a cuenta será modificado. b) Inaplicación del  artículo 74 de la Constitución y de la Norma IV del Título  Preliminar del Código Tributario. Expresa que la Sala ha  negado la devolución de las multas al considerar que los  pagos a cuenta deben ser calculados en base al impuesto  redeterminado y no en base al “impuesto calculado” como  expresamente lo indica el literal a) del artículo 85 de la Ley del  impuesto a la Renta. Precisa que el Superior Jerárquico debe  advertir que, tal como la Compañía lo ha venido sosteniendo  en la etapa administrativa y aún en su demanda, el literal a)  del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta indica que el  coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del impuesto a la  renta se obtiene en base al “impuesto calculado” del ejercicio  anterior y precedente al anterior; por tal motivo, cualquier otra  base de cálculo de dicho coeficiente resulta contrario a ley; no  obstante lo anterior, en el presente caso la Sala le negó la  devolución a la Compañía respecto de las multas relativas a  los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero a  noviembre de dos mil once, al considerar que no le era  aplicable lo dispuesto en la Sentencia Casatoria Nº 4392- 2013-Lima, ni tener en cuenta lo señalado en el literal a) del  artículo 85 de la Ley del impuesto a la Renta (criterio  totalmente contrario a lo que resolvió respecto de la  generación de intereses moratorios asociados a pagos a  cuenta) sin siquiera tener en cuenta que dichas multas se  generaron por las omisiones referenciales calculadas sobre la  base de considerar como base de cálculo el tributo  redeterminado en el ejercicio anterior y precedente al anterior;  aspecto que ha quedado proscrito de tenerse así, conforme a  la regla jurisprudencial vinculante que recoge la Sentencia  Casatoria Nº 4392-2013. Agrega que la Sala pretende que se  tome como base para el cálculo del citado coeficiente lo  redeterminado por el impuesto a la renta de los ejercicios dos  mil nueve y dos mil diez (el mismo que fue rectificado por la  Compañía de forma posterior a la fecha de liquidación del  impuesto) y no el “impuesto calculado” del ejercicio anterior y  precedente al anterior determinado por el propio contribuyente  a la fecha de cumplimiento de la citada obligación, tal y como  la norma lo indica, situación que evidencia una clara  vulneración al principio de legalidad así como lo establecido  en el Precedente Vinculante Nº 4392-2013. c) Inaplicación  de la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario.  Sostiene que el Superior Jerárquico debe notar que en el  presente caso el Juzgado, y ahora la Sala, ha vulnerado lo  dispuesto por la Norma VIII del Título Preliminar del Código  Tributario toda vez que, contradictoriamente, se pretende  extender el supuesto del literal a) del artículo 85 de la Ley del  Impuesto a la Renta, el cual se refiere a que el coeficiente  aplicable a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta se  debe calcular en base al “impuesto calculado” del ejercicio  anterior, y no en base al impuesto redeterminado en un  momento posterior a la liquidación de dicho impuesto. El  Superior Jerárquico debe apreciar que la Norma VIII del Título  Preliminar del Código Tributario indica lo siguiente: “Al aplicar  las normas tributarias podría usarse todos los métodos de  interpretación admitidos por el Derecho. En vía de  interpretación no podrá crearse tributos, establecersesanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de  los señalados en la ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no  afecta lo señalado en el presente párrafo”. De la norma  expuesta es claro que el propio Código Tributario prohíbe la  interpretación extensiva de las normas tributarias, las mismas  que solo pueden ser interpretadas, de acuerdo a lo indicado  de forma expresa en ellas. No obstante, ello no ocurrió en el  presente caso, toda vez que la interpretación extensiva del  literal a) del artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta, la  Administración Tributaria pretende que el coeficiente aplicable  a los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero a  noviembre de dos mil once se calcule en base a un tributo del  ejercicio anterior, redeterminado en un momento posterior a la  fecha de liquidación del mismo, y no en base al “tributo  calculado”, como lo señala de forma expresa la norma citada  líneas arriba. d) Inaplicación del Precedente Vinculante  contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013.  Expresa que el Superior Jerárquico debe notar que la posición  expuesta hasta este punto encuentra sustento en el citado  precedente vinculante, el mismo que en la página Nº 21,  indica claramente lo siguiente: “(…) en el caso específico de  los abonos con carácter de pago a cuenta del impuesto a la  renta, la ley ha establecido el ejercicio gravable anterior como  un elemento para el coeficiente de cálculo de la cuota  mensual, estando indesligablemente vinculado a la cuota la  declaración o rectificatoria del ejercicio anterior existente al  momento del cálculo y pago”. De igual forma, en la página Nº  22 de la citada sentencia de casación, la Corte Suprema  indica que: “(…) en estricto las normas sancionan con la  aplicación de intereses moratorios cuando los pagos a cuenta  –fijados conforme al procedimiento de cálculo previsto en el  numeral a) del artículo 85 citado-, no se realizan oportunamente  – esto es, mensualmente y en los plazos legales- significando  que los pagos que deben cumplirse son aquellos que  establecidos conforme a la base y elementos de cálculo  existentes en la oportunidad del abono, independientemente  o no si hubiera una rectificación posterior al momento que  correspondía efectuarlos, empero si la rectificación se realiza  antes del plazo del abono, indefectiblemente modificará el  coeficiente de cálculo y la cuota a abonar, no así cuando la  rectificatoria es posterior incluso a la determinación del  impuesto definitivo”. Alega que la citada Sentencia ha indicado  claramente que el coeficiente aplicable a los pagos a cuenta  del impuesto a la renta se determina en base al “impuesto  calculado” al momento del abono. Por tanto, resulta evidente  que a la Compañía no se le puede exigir el cobro de intereses  por el no pago de una obligación que tiene como base una  modificación realizada con posterioridad al momento del  cumplimiento de la misma, situación que destaca la citada  sentencia y que pone en evidencia el propio literal a) del  artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, razón por la cual  ir en contra de lo indicado en ella implicaría una abierta  vulneración al principio de legalidad, tal y como lo ha expuesto  la Compañía, a lo largo de la presente demanda. e)  Interpretación errónea del numeral 1 del artículo 178 del  Código Tributario. Señala que si bien el Código Tributario  acoge un sistema para la determinación de la infracción de  tipo objetivo (artículo 165 del Código Tributario) también lo es  que dicho criterio de determinación ha sido rechazado por  reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional como  la sentencia recaída en el Expediente Nº 003-2005-PI/TC,  debido a que atenta, entre otros, contra el principio de  culpabilidad. Como se advierte, el Tribunal Constitucional ha  acogido la postura según la cual la Constitución exige que la  potestad sancionadora de la Administración Pública deba  respetar las garantías esenciales mínimas que le imponen los  principios del Derecho Penal, dentro de los cuales se  encuentran los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad,  presunción de inocencia, entre otros; asimismo, corresponde  mencionar que la propia Ley del Procedimiento Administrativo  General, en el numeral 3 de su artículo 230, que define al  principio de razonabilidad, alude al criterio de subjetividad  para la determinación de las infracciones al referirse  expresamente a la culpabilidad y a las circunstancias que  determinan el comportamiento del agente, cuando señala que  las autoridades administrativas están obligadas a tomar en  consideración, al momento de determinar la existencia de una  sanción “(…) la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio  causado, las circunstancias de la comisión de la infracción  (…)”. En tal virtud, cabe concluir que los supuestos de hecho  tipificados como infracción por el numeral 1 del artículo 178  del Código Tributario requieren siempre de la intencionalidad  o dolo por parte del contribuyente, lo que no se ha producido  en su caso; afirmar lo contrario, sería desvirtuar los alcances  del citado dispositivo. En atención a lo expuesto y dado que la  Compañía al liquidar originalmente sus pagos a cuenta del  impuesto a la renta de enero a noviembre de dos mil once, lohizo considerando los elementos de cálculo vigentes al  momento de su abono, es decir, bajo una interpretación  razonable del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta,  así como del artículo 34 del Código Tributario, no se verifica  con tal conducta intencionalidad alguna de faltar a su deber  de liquidar su obligación tributaria con arreglo a ley. En línea  con lo anterior, las multas imputadas bajo el entendido que al  reliquidar el ente fiscal los citados anticipos se habría  configurado la infracción de declarar cifras y datos falsos en la  determinación de los citados pagos a cuenta deben ser  declarados nulos. f) Inaplicación del artículo 234 de la Ley  Nº 27444. Señala que las resoluciones de multa deben ser  declaradas nulas debido a que fueron emitidas sin seguir el  procedimiento legal establecido en el artículo 234 de la Ley  del Procedimiento Administrativo General. En efecto, de  acuerdo a lo señalado por la Norma IX del Código Tributario  se aplican supletoriamente en el ámbito tributario los principios  del Derecho Tributario y los principios del Derecho  Administrativo; por su parte, el artículo I de la Ley del  Procedimiento Administrativo General señala que las  disposiciones previstas en la referida ley son aplicables a  todas las entidades de la Administración Pública. Tal como se  puede apreciar, de la interpretación de ambos artículos se  puede concluir que las disposiciones previstas en la Ley del  Procedimiento Administrativo General son aplicables a las  acciones sancionadoras de la Administración Tributaria. Al  respecto, el artículo 234 de la Ley del Procedimiento  Administrativo General establece que previo a cualquier  acción  sancionadora  debe  haber  un  procedimiento  sancionador y que en el mismo deben respetarse las  siguientes garantías mínimas para el administrado: a) previo  a la imposición de la sanción, el administrado debe ser  notificado con los hechos que se le imputan y la posible  infracción que se le pudiera aplicar; y, b) el administrado, una  vez notificado con los hechos imputados y la posible infracción  debe contar con un plazo mínimo de cinco días, a efectos de  que pueda formular sus alegaciones de defensa. Así, toda vez  que los requisitos establecidos por el artículo 234 de la Ley  del Procedimiento Administrativo General son obligatorios  para la emisión de un acto administrativo sancionador,  entonces su inobservancia acarrea necesariamente una  causal de nulidad, conforme a lo previsto en el numeral 2 del  artículo 109 del Código Tributario y el numeral 2 del artículo  10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En el  presente caso, sostiene que la Administración Tributaria  vulneró las garantías establecidas en el artículo 234 de la Ley  del Procedimiento Administrativo General, toda vez que  ejerció su potestad sancionadora sobre la Compañía, sin  haber seguido un procedimiento sancionador previo a la  imposición de la sanción. g) Vulneración del principio de  tipicidad. Al respecto, se debe tener en cuenta que la  Compañía se le ha impuesto resoluciones de multa previstas  en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, bajo el  supuesto que la Compañía habría declarado cifras y/o datos  falsos en su declaración de los pagos a cuenta del impuesto a  la renta de enero a noviembre de dos mil once; sin embargo,  conforme al principio de tipicidad solo pueden ser sancionados  actos o actividades expresamente especificadas como  infracciones en las normas competentes, siendo ello así, no  pueden ser materia de sanción, aquellas conductas que no se  encuentren comprendidas en el supuesto de hecho del tipo  infractor. Señala que la infracción contenida en el numeral 1  del artículo 178 del Código Tributario se configura única y  exclusivamente cuando se verifican concurrentemente los  siguientes supuestos: a) presentar una declaración jurada  determinativa de la obligación tributaria que contenga cifras o  datos falsos; y, b) como consecuencia de dicha declaración  jurada, el contribuyente –indebidamente- obtiene un aumento  de saldos a favor y/o pérdidas, u obtenga una nota de crédito  negociable. Sostiene que la posición antes señalada se  encuentra recogida en la Resolución de Observancia  Obligatoria del Tribunal Nº 12988-1-2009, publicada en el  Diario Oficial El Peruano el 16 de diciembre de 2009. En dicha  resolución, se recogió el criterio establecido mediante el  Acuerdo de Sala Plena Nº 2002-10 del 17 de septiembre de  2002, dejando claramente establecido que la infracción  tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario  solo se configura con motivo de la presentación de una  declaración determinativa que omita información o consigne  información falsa que incida en la determinación de la  obligación tributaria. No obstante lo anterior, en el presente  caso, la Compañía en ningún momento ha declarado cifras  y/o datos falsos, sino que por el contrario la Compañía  siempre declaró aquello que consideraba que era la correcta  determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta  de enero a noviembre de dos mil once. Note el Superior  Jerárquico que el hecho que la determinación realizada por la  Compañía coincida con la realizada por la autoridad tributariano significa que la Compañía haya declarado falsamente, sino  que por el contrario, significa (en todo caso) que existe una  discrepancia entre ambas declaraciones pero en modo alguno  una declaración falsa, máxime si se tiene en cuenta que  nuestro sistema de declaración de la obligación tributaria es  uno en donde el propio contribuyente es quien tiene que  entender e interpretar las normas tributarias y en función de  esta presentar la declaración de la obligación que considera  correcta.  Fundamentos  de  esta  Sala  Suprema  CONSIDERANDOS Primero: Planteamiento del problema  1.1. De acuerdo a las causales por las que se ha declarado  procedente el recurso de casación de la empresa demandante  Airport, se advierte que se denuncia causales de infracción  normativa material, vinculadas a la aplicación de multa por  supuesta infracción de declarar coeficientes distintos a los  que corresponde en la determinación de los pagos a cuenta,  la aplicación del precedente vinculante contenido en la  Sentencia de Casación Nº 4392-2013 LIMA, inaplicación del  principio de reserva de ley y otros. 1.2. En relación al marco  normativo aplicable a los pagos a cuenta, corresponde  precisar que de acuerdo al artículo 85 del Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, vigente a la  fecha de ocurridos los hechos, los contribuyentes que  obtengan rentas de tercera categoría abonarán con carácter  de pago a cuenta del impuesto a la renta que en definitiva les  corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos  previstos por el Código Tributario, cuotas mensuales que  determinarán fijando la cuota sobre la base de aplicar a los  ingresos netos obtenidos en el mes, el coeficiente resultante  de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al  ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos  del mismo ejercicio. 1.3. Por su parte el artículo 34 del código  en  mención,  estableció  que  el  interés  moratorio  correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta no pagados  oportunamente, se aplicaría hasta el vencimiento o  determinación de la obligación principal, y a partir de ese  momento, los intereses devengados constituirían la nueva  base para el cálculo del interés moratorio. Asimismo, se  estableció en el artículo 60 que la determinación de la  obligación tributaria se iniciaba: i) por acto o declaración del  deudor tributario o ii) por la administración tributaria fuera por  propia iniciativa o por denuncia de terceros. 1.4. En el numeral  88.1 del artículo 88 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario se estableció que la declaración tributaria es la  manifestación de hechos comunicados a la administración  tributaria en la forma y lugar establecidos por ley, reglamento,  resolución de superintendencia o norma de rango similar, la  cual podrá constituir la base para la determinación de la  obligación tributaria, agrega que los deudores tributarios  deberán consignar en su declaración, en forma correcta y  sustentada, los datos solicitados por la administración  tributaria. Se presume sin admitir prueba en contrario, que  toda declaración tributaria es jurada; y en el numeral 88.2 del  artículo citado se establece que la declaración tributaria  sustitutoria o rectificatoria referida a la determinación de la  obligación tributaria podrá ser rectificada, dentro del plazo de  prescripción, presentando para tal efecto la declaración  rectificatoria respectiva. Transcurrido el plazo de prescripción  no podrá presentarse declaración rectificatoria alguna,  asimismo, la presentación de declaraciones rectificatorias se  efectuará en la forma y condiciones que establezca la  administración tributaria. Aunado a ello, la declaración  rectificatoria surtirá efecto con su presentación siempre que  determine igual o mayor obligación. En ese contexto, los  pagos a cuenta son pagos adelantados del impuesto a la  renta los cuales deben ser abonados de forma mensual hasta  la determinación final del impuesto a la renta que se realiza en  forma anual, es decir, son obligaciones impuestas por el  Estado a fin de obtener liquidez para el cumplimiento de sus  obligaciones, dichas obligaciones si bien están vinculadas al  impuesto a la renta son obligaciones independientes, con una  propia forma de cálculo, forma de declaración, de pago y de  plazo. 1.5. En relación al precedente vinculante, invocado por  la empresa recurrente es necesario tener presente las  disposiciones pertinentes; así el artículo 372 del Texto Único  Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso  Administrativo – Ley Nº 27584, señala: “Cuando la Sala  Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus  resoluciones  principios  jurisprudenciales  en  materia  contencioso  administrativa,  constituyen  precedente  vinculante. Los órganos jurisprudenciales podrán apartarse  de lo establecido en el precedente vinculante, siempre que se  presenten circunstancias particulares en el caso que conocen  y que motiven debidamente las razones por las cuales se  apartan del precedente. [...]” 1.6. En esa línea, se establece  en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  aprobada por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS señala que:  “Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia dela República ordenan la publicación trimestral en el Diario  Oficial “El Peruano” de las Ejecutorias que fijan principios  jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento,  en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser  invocados por los Magistrados de todas las instancias  judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como  precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por  excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados  a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia  del precedente obligatorio que desestiman y de los  fundamentos que invocan. […]”. 1.7. En ese contexto, se ha  establecido como precedente vinculante en la Casación Nº  4392-2013-LIMA, que: […] “5.2.1 La norma VIII del título  preliminar del Código Tributario no descarta la aplicación de la  analogía, tampoco la interpretación extensiva ni la restrictiva,  admitidas en el derecho para cierto tiempo de normas; sino  que el uso se encuentra limitado por la prohibición del  segundo párrafo de la norma acotada, resultando para ello  muy importante que el Juez seleccione el método adecuado al  tipo de disposición tributaria a interpretar; 5.2.2 No resultan  pertinentes la interpretación extensiva ni la restrictiva para  interpretar disposiciones que restringen derechos, ni para  normas que establecen obligaciones como el caso de los  pagos a cuenta del impuesto a la renta previstos en el numeral  a) del artículo 85 del T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta,  y para los casos de aplicación de intereses moratorios  previstos en el artículo 34 del T.U.O. del Código Tributario”  [sic] […] 1.8. Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el  artículo 165 del Texto Único Ordenado del Código Tributario  vigente para el presente caso, señala: “La infracción será  determinada  en  forma  objetiva  y  sancionada  administrativamente con penas pecuniarias, […]”. En ese  orden, se debe entender por determinación objetiva de una  infracción que al analizar su existencia se prescindirá de los  elementos de dolo o culpa, pues la infracción existe cuando  simplemente se cumplen los supuestos de hecho planteados  en la norma, en este sentido, las infracciones son calificadas  únicamente por los hechos materiales que las constituyen, lo  cual implica que si un contribuyente incumple con lo  establecido en la norma tributaria será sancionado por ello  independientemente de que su actuación haya sido dolosa o  culposa. 1.9. Se ha establecido en el numeral 1 del artículo  178 del Texto Único Ordenado del citado código que constituye  infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones  tributarias, no incluir en las declaraciones ingresos y/o  remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio  y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o  aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que  les correspondiera en la determinación de los pagos a cuenta  o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir  circunstancias en las declaraciones, que influyeran en la  determinación de la obligación tributaria; y/o que generaran  aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos  a favor del deudor tributario y/o que generaran la obtención  indebida de notas de Crédito Negociables u otros valores  similares. Segundo: Finalidad del recurso de casación 2.1.  Según lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal  Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, el  recurso de casación tiene por fines esenciales la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la  uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia (finalidad nomofiláctica y uniformizadora,  respectivamente). Esto ha sido precisado en las Casaciones  Nº 4197- 2007/La Libertad y Nº 615-2008/Arequipa3. Por  tanto, esta Sala Suprema, sin constituirse en una tercera  instancia procesal, debe cumplir su deber de pronunciarse  acerca de los fundamentos del recurso, por las causales  declaradas procedente. Tercero: Infracciones normativas  de carácter material 3.1. Se procederá a efectuar el análisis  conjunto de las infracciones contenidas en los literales a, b y  c del auto calificatorio, porque tienen argumentos en común,  sobre la interpretación que efectúa la empresa recurrente del  término “impuesto calculado”, que se encuentra contenido en  el articulo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto  a la Renta, para efectuar el cálculo del coeficiente para  determinar los pagos a cuenta, que habría sido declarado por  el contribuyente, y que posteriormente al ser rectificado, la  administración tributaria, ha tipificado como infracción por  aplicar un coeficiente calculado de forma distinta a la  establecida en la norma. 3.2. En relación a la infracción  normativa del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley  del Impuesto a la Renta, en esencia señala que para que se  configure la infracción señalada en el numeral 1 del artículo  178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, por  aplicar un coeficiente calculado de forma distinta a la  establecida en la norma, se debe recurrir a dicho dispositivo  de la ley del impuesto a la renta, porque este fija el  procedimiento para calcular el coeficiente para los pagos acuenta, y tiene en cuenta el “Impuesto Calculado”  correspondiente al ejercicio anterior. En ese sentido, la  empresa recurrente recalca que el impuesto calculado  señalado, es el que se tiene como cierto en ese momento, es  decir el autodeterminado por el contribuyente en la declaración  jurada del impuesto a la renta del ejercicio gravable anterior, y  en su caso la recurrente considera que habría efectuado el  cálculo según lo establecido en el artículo 85 del Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. 3.3. En relación  a la vulneración al principio de legalidad, señala que la Sala al  considerar negar su derecho a la devolución de las multas  relativas a los pagos a cuenta del impuesto a la renta de  enero a noviembre de dos mil once, y que no le era aplicable  la Sentencia Casatoria Nº 4392-2013-LIMA, no tuvo en cuenta  lo señalado en el literal a) del artículo 85 del Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto Renta, sobre el cálculo del  coeficiente que se debía efectuar en base al impuesto  calculado, sino consideró aplicar la multa aplicando como  base de cálculo el tributo redeterminado en el ejercicio  anterior. Eso quiere decir no recoge el supuesto de dicho  dispositivo, por lo que infiere también que se vulnera el  principio de legalidad establecido en el artículo 74 de la  Constitución Política del Perú, y el literal a) de la norma IV del  título preliminar del Código Tributario. 3.4. En relación a la  infracción por inaplicación de la norma VIII del título preliminar  del Código Tributario, el recurrente sustenta que se pretende  extender el supuesto del literal a) del artículo 85 del Texto  Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, que refiere  que el coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del impuesto  a la renta se debe calcular en base al “impuesto calculado” del  ejercicio anterior, para que dicho coeficiente sea calculado en  base al “impuesto redeterminado” posteriormente a la  liquidación de dicho impuesto, es decir se pretende efectuar  una interpretación extensiva , lo cual esta proscrito por la  norma VIII del Código Tributario. Y que no le sería posible  conocer que posteriormente dicho impuesto sea modificado  por la administración tributaria. 3.5. Se debe tener en cuenta  que las pretensiones planteadas por la empresa recurrente en  su demanda, y los fundamentos de hecho y derecho están  orientadas que se declare la nulidad de las resoluciones del  Tribunal Fiscal y de la administración tributaria que declaran  improcedente sus solicitudes de devolución de los pagos  indebidos y/o en exceso por concepto de las multas, a fin que  se le devuelva dichos conceptos. En esencia su argumento  central está referido a que el coeficiente de cálculo para los  pagos a cuenta del impuesto a la renta se determina sobre la  base del “impuesto calculado” cuya modificación producto de  una declaración rectificatoria presentada por el contribuyente  no genera interés moratorio según la mencionada Sentencia  de Casación Nº 4392-2013 LIMA. 3.6. Entonces los  fundamentos casatorios de la empresa recurrente buscaría  sustentar que el cálculo efectuado del coeficiente para  determinar los pagos a cuenta, ha sido efectuado de acuerdo  al procedimiento establecido del articulo 85 del Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, y siendo ello  acorde a ley, de acuerdo a su criterio, no se configura la  infracción del numeral 1 del artículo 178 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, porque se ha declarado el  impuesto calculado que se tuvo por cierto en el momento de  su declaración, y en base a ese se ha calculado el coeficiente  aplicable para los pagos a cuenta, que ha sido declarado en  su oportunidad. 3.7. Tales argumentos estarían dirigidos a  sustentar su pedido durante el proceso, que buscan obtener  la devolución de los pagos indebidos y/o exceso de multas  por infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario, pero no describe  de manera clara, precisa y concreta, como se materializa las  presuntas infracciones normativas denunciadas, sino más  bien a criterio de parte considera que en el inciso a) del  artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto  a la Renta, cuando se hace referencia al “impuesto calculado”,  se trataría de aquel que se tendría como cierto al momento de  su declaración4, y no al redeterminado luego mediante una  declaración rectificatoria, lo cual concluye de la interpretación  que hace de la Casación Nº 4392-2013 LIMA. 3.8. Entonces  de ello se puede advertir que en realidad se trataría de  cuestionar el criterio de las instancias, para que se asuma  como válida su tesis postulada, lo cual implicaría inclusive una  revaloración de medios probatorios, siendo que dicha  actividad no se condice con la naturaleza del recurso de  casación, en tanto que en este caso la Corte Suprema no  actúa como instancia de mérito, esto es, no constituye una  tercera instancia. En tal sentido la Corte Suprema ha dejado  sentado que: “Atribuir un sentido determinado a un hecho  conforme al mérito probatorio que se extraiga de una  determinada prueba constituye una facultad del juzgador  prevista en la ley procesal, por lo que la conclusión fáctica a  que arriba el juzgador sobre los hechos no pueda serreexaminada en sede casatoria por no ser actividad  constitutiva del recurso de casación.”5 Siendo así, corresponde  declarar infundada las causales descritas. 3.9. Sobre la  infracción contenida en el literal d del auto calificatorio, la  recurrente señala que este precedente establece que el  coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del impuesto a la  renta se determina en base al “impuesto calculado” al  momento del abono, entonces la aplicación de dicho  coeficiente, no puede traer como consecuencia, el pago de  intereses moratorios y/o sanciones por modificación posterior  al momento de cumplimiento de la misma. Dice que dicha  sentencia demuestra que el literal a) del artículo 85 del Texto  Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, está  referido a que el coeficiente para el pago a cuenta, se  determina con el impuesto calculado, y por ello concluye que  el precedente vinculante, que no se puede aplicar intereses  moratorios en pagos a cuenta, cuando los pagos fueron en su  oportunidad, y que las modificaciones posteriores no pueden  alterarlo. Concluye, que al igual que no se pueden aplicar  intereses moratorios, también no es posible aplicar sanciones.  3.10. Señala que la Sala considera en el considerando décimo  cuarto de la sentencia de vista que el precedente vinculante  recogido en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 LIMA, no  implica criterios en relación a las sanciones de multa que  pudieran originarse como producto de la modificación del  coeficiente producido con posterioridad al vencimiento de la  declaración jurada anual que sirvió de base para determinar  dicho coeficiente, en tanto que la citada casación no ha  analizado si el contribuyente incurrió o no en la infracción  prevista en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario que devienen en pagos  indebidos. 3.11. Ahora bien, para la aplicación del precedente  vinculante se debe tener en cuenta que el recurrente debe  establecer con claridad porque la Sala debe aplicar dicho  precedente, y precisar como el supuesto fáctico de dicho  precedente se aplica al caso concreto; a lo cual, además  conforme lo señala el Tribunal Constitucional, corresponde  sustentar que la razón6 del precedente sea aplicable a los  hechos del caso concreto. 3.12. La sentencia en Casación Nº  4392-2013-LIMA, invocada por la empresa recurrente,  estableció como precedente vinculante las reglas contenidas  en su considerando quinto: “5.2.1. La Norma VIII del Título  Preliminar del Código Tributario no descarta la aplicación de  la analogìa tampoco la interpretación extensiva ni la restrictiva,  admitidas en el derecho para cierto tipo de normas; sino que  el uso se encuentra limitado por la prohibición del segundo  párrafo de la Norma anotada, resultando para ello muy  importante que el Juez seleccione el método adecuado al tipo  de disposición tributaria a interpretar. 5.2.2. No resultan  pertinente la interpretación extensiva ni la restrictiva para  interpretar disposiciones que restringen derechos, ni para  normas que establecen obligaciones como el caso de los  pagos a cuenta del Impuesto a la Renta previstos en el  numeral a) del artículo 85 del T.U.O de la Ley del Impuesto a  la Renta, y para los casos de aplicación de intereses  moratorios previstos en el artículo 34 del T.U.O. del Código  Tributario.” [sic] 3.13. De la fundamentación fáctica en la  Casación Nº 4392-2013-LIMA se tiene que: 1) La  administración tributaria emitió las Órdenes de Pago Nº 051- 01-0001653 a 051-01-0001662 y 051-01-0001669, por  concepto de intereses de pagos a cuenta del impuesto a la  renta correspondiente a los meses de marzo y mayo a  diciembre del periodo dos mil dos, y enero y febrero del  periodo dos mil tres; 2) El adeudo de intereses fue liquidado a  consecuencia de la presentación del contribuyente de una  declaración jurada rectificatoria en fecha diez de setiembre de  dos mil tres respecto del impuesto a la renta del ejercido dos  mil uno, esto es, con posterioridad al vencimiento de la  declaración anual; 3) La determinación de la obligación de los  pagos a cuenta se realizó sobre la base al monto del impuesto  a la renta liquidado en la declaración jurada previa, cumpliendo  la condición en forma pertinente y oportuna, sin observación  por parte de la administración; 4) Después de la cancelación  total de los pagos a cuenta y después de liquidado el total del  tributo perteneciente al periodo del pago anticipado del año  dos mil dos, se determinó una diferencia en el monto de la  declaración jurada del año dos mil uno que obligó a la  contribuyente a presentar una nueva declaración. 3.14. Dicho  precedente, tiene como objeto del proceso, la devolución de  intereses, que si bien devienen de los referidos pagos a  cuenta del impuesto a la renta, sin embargo el razonamiento  de la Sala Superior se efectúa dentro de un contexto distinto,  que es el de la devolución de multas que pretendió la  recurrente. Entonces se advierte que, al supuesto fáctico del  presente proceso, no le es aplicable las reglas del precedente  vinculante de la Casación Nº 4392-2013 LIMA, porque las  razones de la decisión son diferentes. 3.15. Se puede concluir  que la razón de los fundamentos no son las mismas. Esto hasido también sustentado por el Tribunal Constitucional en el  fundamento jurídico duodécimo de la Sentencia del  Expediente Nº 04119-2005-PA/TC: “[…] las sentencias no  sólo comprenden el fallo (o parte dispositiva), sino que lo más  trascendente en un Tribunal (…), son precisamente las  ‘interpretaciones’ que se ubican en la parte de la justificación  del fallo. Como se observado, dentro de la motivación hay que  ubicar la denominada ratio decidendi – o ‘hilo lógico’ del  razonamiento de los jueces-, que comprende en los sistemas  del common law tanto el principio de derecho como el hecho  relevante considerado por el Juez (holding), como también las  denominadas obiter dicta o razones subsidiarias. Son las  razones decisivas para el caso las que vinculan, mas no las  consideraciones tangenciales o de aggiornamento (obiter  dicta)”. 3.16. Se agrega a ello que según el artículo 386 del  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, la causal de  apartamento de precedente judicial, debe ser inmotivada,  situación que en el presente caso no existe, porque como la  propia recurrente lo ha reconocido, la Sala tiene el criterio que  el precedente no es aplicable, porque no está referido a la  aplicación de sanciones por infracciones, como lo indicaría el  colegiado superior en el fundamento décimo cuarto de la  sentencia de vista. 3.17. Sobre la infracción normativa  contenida literal e del auto calificatorio, señala que la Sala  interpretó de manera errada el numeral 1 del artículo 178 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario, porque la  conducta atribuida no está tipificada en dicho dispositivo,  pues no existe el requisito indispensable del dolo o intención.  3.18. Asimismo, dice que si bien el artículo 165 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario establece la  responsabilidad objetiva, el Tribunal Constitucional en la  sentencia recaída en el Expediente Nº 003-2005-PI/TC, ha  establecido que la potestad sancionadora de la Administración  Pública debe respetar las garantías mínimas que imponen los  principios del Derecho Penal, como los principios de  culpabilidad, legalidad, tipicidad, presunción de inocencia,  entre otros. Que de igual manera en el numeral 3 del artículo  230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley  Nº 27444, define el principio de razonabilidad, que alude al  criterio de subjetividad para la determinación de las  infracciones, cuando se refiere a la culpabilidad, y señala que  las autoridades administrativas están obligadas a determinar  la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las  circunstancias de la comisión de la infracción. Sobre ello  considera que: 1) Debe desterrarse cualquier sanción  tributaria que atienda exclusivamente al resultado de la  conducta; y, 2) La SUNAT debe acreditar la culpabilidad del  sujeto –aunque sea a título de mera negligencia– para la  aplicación de la sanción. Sostiene que el numeral 9 del  artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo  General, instituye, es decir considera que, con ello, se  evidencia que la inocencia se tendría que verificar de la  culpabilidad. Afirma que la infracción contemplada en el  numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, se refiere al concepto de falsedad, y este  está relacionado al engaño, fingimiento o simulación para  incurrir en la infracción, como también ha reconocido la  Casación Nº 1731-2007 LIMA, y la sentencia recaída en el  Expediente Nº 115-97. 3.19. Es importante decir que la Corte  Suprema ya ha instituido en fallos anteriores lo que se  entiende por la causal referida a la interpretación errónea, de  la siguiente manera: Constituye interpretación errónea de una  norma de derecho material cuando el juez da la norma  correctamente elegida un sentido equivocado, haciéndole  producir consecuencias que no resultan de su contenido […]7.  La interpretación errónea es la equivocación o error del  contenido o sentido de la norma en virtud del desconocimiento  de los principios de interpretación de las normas […]8. Sí para  promover el recurso de casación se invoca como causal la  interpretación errónea de una norma resulta obligatorio  cumplir con señalar en qué consiste la interpretación y cuáles  son las consecuencias que acarrea ese error así como  también señalar su correcta interpretación […]9. 3.20. Se  puede percibir que no obstante, la empresa recurrente  considera que la Sala habría interpretado erróneamente el  numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, por no tener en cuenta el aspecto sustantivo  de la conducta. Este elemento subjetivo que considera que  debe estar presente para la interpretación del dispositivo  infringido, no está descrito en el mismo, sino que para justificar  su propuesta de interpretación correcta, se remite a  Jurisprudencia de la Corte Suprema, y a los principios de  razonabilidad y presunción de inocencia o licitud, establecidos  en los incisos 3 y 9 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento  Administrativo General – Ley Nº 27444. 3.21. Al respecto, se  debe tener en cuenta que el artículo 229 de la Ley del  Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, fija el  ámbito de aplicación del procedimiento sancionador, y mandaen el punto 229.2 que las disposiciones en materia  sancionadora de la Ley del Procedimiento Administrativo  General, se aplican de manera supletoria a los procedimientos  especiales, que en el caso materia de análisis sería regulado  por la norma especial en materia tributaria, que entre otros se  encuentra la que regula la determinación de la infracción  tributaria, en el artículo 165 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, que ordena que las infracciones son de  carácter objetivo, lo cual es conforme a lo establecido en el  artículo 171 del mismo cuerpo normativo que regula los  principios de potestad sancionadora en materia tributaria. En  consecuencia,  se  demuestra  que  la  propuesta  de  interpretación correcta presentada por la empresa recurrente,  no tiene asidero legal. 3.22. Se procederá, a realizar el  análisis conjunto de estas infracciones contenidas en los  literales f y g del auto calificatorio, porque se aprecia que  ambas están relacionadas por su carácter fáctico, y por el  momento en que estos argumentos han sido planteados.  3.23. Sobre la infracción por inaplicación del artículo 234 de la  Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General,  considera que las resoluciones de multa debieron ser  declaradas nulas debido a que fueron emitidas sin haberse  seguido un procedimiento administrativo sancionador previo,  tal y como lo exige la indicada norma, es decir que: 1) Previo  a la imposición de la sanción, el administrado debe ser  notificado con los hechos que se le imputan y la posible  infracción que se le pudiera aplicar, y 2) El administrado, una  vez notificado con los hechos imputados y la posible infracción  debe contar con un plazo mínimo de cinco días, a efectos de  que pueda formular sus alegaciones de defensa. La empresa  recurrente agrega que ello ha sido reafirmado por el Tribunal  Constitucional en los Expedientes Nº 04965-2008-AA y Nº  2192-2004-PA/TC y que el procedimiento de fiscalización no  ha respetado las garantías, señaladas en dicho dispositivo.  3.24. Sobre la infracción, por vulneración del principio de  tipicidad, decretada en el inciso 4) del artículo 230 de la Ley  del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444,  alega que sólo pueden ser sancionados actos o actividades  expresamente especificadas como infracciones en las normas  competentes. Dice que siendo ello así, no pueden ser materia  de sanción, aquellas conductas que no se encuentren  comprendidas en el supuesto de hecho del tipo infractor.  Señala que el Tribunal Fiscal ha dictado jurisprudencia  vinculante en la Resolución de Observancia Obligatoria del  Tribunal Nº 12988-1-2009, publicada en el Diario Oficial “El  Peruano” el dieciséis de diciembre de dos mil nueve, en la que  indica que sólo se configura la infracción tipificada en el  numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, con la presentación de una declaración  determinativa que omita información o consigne información  falsa que incida en la determinación de la obligación tributaria.  Y concluye que la compañía en ningún momento ha declarado  cifras y/o datos falsos, sino que por el contrario la compañía  siempre declaró aquello que consideraba que era la correcta  determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta  de enero a noviembre de dos mil once, y que tan solo existe  una discrepancia entre ambas declaraciones, pero en modo  alguno una declaración falsa, por lo que no correspondía que  se le aplique la sanción impuesta en el numeral 1 del artículo  178 del Texto Único ordenado del Código Tributario. 3.25. Del  análisis conjunto de ambas infracciones, se observa que sus  argumentos están referidos a aspectos fácticos dirigidos a  cuestionar actuaciones en la vía administrativa, sin tener en  cuenta que: “Este Supremo tribunal no está facultado a  debatir aspecto de hechos pues lo contrario significaría  revisar la situación fáctica establecida por las instancias de  mérito lo cual implica la revaloración de las pruebas resultando  dicha actividad ajena la finalidad prevista por el artículo 384  del Código Procesal Civil esto es la adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto así como la uniformidad de  la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia10”.  3.26. Por otro lado, estos argumentos no han sido expuestos  en la demanda que inició el proceso contencioso  administrativo, ni en el recurso de apelación, por lo que los  argumentos señalados, constituyen hechos nuevos no  planteados durante el proceso. Al respecto, en similar  pronunciamiento la Corte Suprema en la Casación Nº 5053- 2007-Lima, indicó que: “Las denuncias […] deben ser  rechazadas porque a través de ellas la recurrente pretende  promover un nuevo probatorio en relación a argumentos que  no fueron expuestos oportunamente por su defensa, es decir  en Sede Casatoria se exponen hechos nuevos no  mencionados al contestar la demanda, lo que resulta  improcedente en atención a la naturaleza jurídica del recurso  de Casación. Y a lo establecido en el artículo 384 del Código  Procesal Civil”. Por lo tanto, estas dos infracciones también  devienen en infundadas. DECISIÓN Por tales consideraciones  y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 397 delCódigo Procesal Civil, DECLARARON INFUNDADO el  recurso de casación interpuesto por la empresa demandante  Lima Airport Partners S.R.L., con escrito del de siete de junio  del dos mil diecinueve (fojas seiscientos setenta y nueve a  setecientos catorce del Expediente Judicial Físico). En  consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista contenida  en la resolución número veinte, expedida por la Séptima Sala  Especializada  en  lo  Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad en Tributario y Aduanero de la Corte de  Lima, expedida el veintisiete de mayo del dos mil diecinueve  (fojas seiscientos veintidós a seiscientos cuarenta y tres del  Expediente Judicial Físico), que confirma la sentencia de  primera instancia, que declaró infundada la demanda. Por  último, DISPUSIERON la publicación de la presente  resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley, en los  seguidos por Lima Airport Partners S.R.L. contra la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre impugnación de  resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y  devuélvanse los actuados. Interviene como ponente el señor  Juez Supremo (P) Wilbert González Aguilar. SS. SS.  GONZÁLEZ  AGUILAR,  RUEDA  FERNÁNDEZ.,  BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA PINEDA, DÁVILA  BRONCANO. EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA  SUPREMA RUEDA FERNÁNDEZ, ES COMO SIGUE: Lima,  veintiuno de junio de dos mil veintidós Al amparo del artículo  143 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder  Judicial, estando de acuerdo con el sentido de la decisión de  la ponencia, la suscrita realiza voto singular expresando los  siguientes fundamentos: I. VISTO 1.1. El recurso de casación  formulado por la empresa demandante Lima Airport Partners  S.R.L, contra la sentencia de vista contenida en la resolución  número veinte de fecha veintisiete de mayo del dos mil  diecinueve, que confirma la sentencia de primera instancia,  contenida en la resolución número dieciséis de fecha del  treinta y uno diciembre del dos mil dieciocho, que declaró  infundada la demanda. II. CONSIDERANDO PRIMERO:  Delimitación del objeto de pronunciamiento 1.1 Es  necesario precisar que en el presente caso es objeto de  pronunciamiento el recurso de casación formulado por la  parte demandante contra la sentencia de segunda instancia  que resolvió declarando infundada su demanda de nulidad de  la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06027-3-2017, de la  Resolución de Intendencia Nº 0150140012659; y de la  Resolución de Intendencia Nº 0121800009702/SUNAT, que  declararon improcedentes sus solicitudes devolución relativas  a los pagos indebidos y/o en exceso por concepto de las  multas emitidas por la supuesta comisión de la infracción  tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, vinculadas a los pagos a  cuenta del Impuesto a Renta de los periodos comprendidos  entre los meses de enero a noviembre del ejercicio dos mil  once. Por su parte la sentencia de vista decide declarar  infundada la demanda bajo el argumento principal que, para  determinar la aplicación de las multas establecidas en el  artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario,  no es relevante si la empresa siguió el procedimiento legal  para determinar la cuantía que debía abonar por pago a  cuenta, sino verificar si había obligación formal por la  compañía, y en caso de incumplimiento la atribución de la  sanción; sustenta que se ha cumplido el principio de legalidad,  porque la obligación está establecida en la Ley del Impuesto  a la Renta y al artículo 88 del Texto Único Ordenado Código  Tributario, cuyo incumplimiento acarrea la infracción tipificada  en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario; además expresa que no se ha vulnerado la  norma VIII del título preliminar del Código Tributario, ya que  no hay interpretación extensiva del supuesto normativo  descrito por el recurrente, y que es errado pretender la  aplicación del criterio de la Casación Nº 4392-2013, que  analizo los intereses moratorios por pagos a cuenta, y el caso  analizado se discute las multas por infracciones. Lo señalado  nos lleva a identificar que en presente caso el tema de la  demanda, lo debatido en las instancias de mérito y lo resuelto  en segunda instancia está referido en estricto a las  pretensiones de devolución por pagos indebidos y/o en  exceso por concepto de las multas emitidas por la supuesta  comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo  178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario,  vinculadas a los pagos a cuenta del Impuesto a Renta de los  periodos enero a noviembre de dos mil once. 1.2 La empresa  recurrente formula su recurso de casación por infracción de  normas sustantivas confluyendo el sustento de las causales  que de acuerdo a las normas y al precedente vinculante no  correspondería el pago de intereses moratorios, considerando  que la modificación posterior del impuesto a la renta, no  debería afectar el pago a cuenta debidamente cuantificado a  partir de los datos existentes al momento de liquidarse.SEGUNDO:  Sobre  las  infracciones  normativas  denunciadas 2.1 Enfatizamos el carácter vinculante de los  precedentes judiciales establecidos en sentencias de las  Salas Supremas, lo que cual se ha reiterado en las sentencias  de Casación Nº 4392-2013-Lima y Nº 21690-2019-Lima,  conforme a las normas del primer párrafo del artículo 22 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial11 y del artículo 36 del Texto  Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso  Administrativo, Ley Nº 2758412 que establecen que los  principios jurisprudenciales establecidos en las sentencias de  las Salas Supremas constituyen precedentes de obligatorio  cumplimiento para todas las instancias judiciales. Es medular  distinguir entre precedente y la sentencia que lo contiene, en  el sentido de que sólo es vinculante la parte de la sentencia  que contiene el precedente expresamente establecido, como  lo indican las normas legales arriba citadas que, el carácter  vinculante asiste a los principios jurisprudenciales  fijados en la ejecutoria suprema. 2.2 A efectos de que no  quede dudas, resulta necesario reiterar algunas precisiones  sobre los precedentes de la casación Nº 4392-2013 Lima13: -  Los precedentes se han constituido respecto de dos reglas  jurídicas establecidas con carácter vinculante en la parte  resolutiva de la sentencia, referidas a las reglas del  considerando 5.2 de la misma, que se encuentran referidas a  la interpretación de la norma VIII del Título Preliminar del  Código Tributario sobre reglas de interpretación de las normas  tributarias. - Los precedentes no han excluido ni preferido en  términos generales algún método de interpretación respecto  de normas tributarias, sino en compatibilidad con la norma VIII  reitera la limitación en la aplicación de interpretaciones  restrictivas o extensivas respecto de normas que restringen  derechos  o  establecen  obligaciones.  Denotando  la  responsabilidad del Juez de seleccionar el método de  interpretación más adecuado al tipo de disposición a  interpretar, entendiendo ello, cuidando de no incurrir en la  prohibición de la norma VIII. - Los precedentes no han  establecido el sentido interpretativo de las normas del inciso  a) artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto  a la Renta, ni del artículo 34 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, sino que han establecido como regla, que  para la interpretación de tales disposiciones que imponen  obligaciones, no corresponde utilizar la interpretación  extensiva ni restrictiva, ni analógica. 2.3 En ese orden, es  preciso descartar que el precedente hubiere establecido que  los pagos a cuenta no generan la aplicación de intereses  moratorios, tanto más que la sentencia Nº 4392-2013-Lima al  resolver el caso concreto –extremo que no es precedente  vinculante, y más bien es jurisprudencia por la reiteración en  otras ejecutorias-, tiene explicitado que los abonos con  carácter de pagos a cuenta generan intereses moratorios  cuando no son abonados oportunamente en los plazos  previstos en la ley (último párrafo del considerando 3.8). 2.4  En relación a la interpretación de las disposiciones del inciso  a) artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto  a la Renta, y del artículo 34 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, tiene previsto que tratándose de  disposiciones que imponen obligaciones, no corresponde  utilizar la interpretación extensiva ni restrictiva, ni analógica.  Es necesario destacar que, conforme se tiene explicado en el  obiter dicta de la Sentencia Casatoria Nº 4392-2013-Lima,  para realizar la interpretación de las disposiciones legales  denunciadas, si bien se acude al método de interpretación  literal, igualmente se utiliza el método de interpretación  sistemática, al ser disposiciones que forman parte de cuerpos  normativos dentro de un sistema jurídico, por lo que, no es  posible prescindir de la estrategia argumentativa de  interpretación sistemática14; que de acuerdo a la norma del  artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, se  identifican las normas vinculadas al caso que establecen la  obligación de pago de los intereses a los pagos a cuenta no  realizados oportunamente. La norma sanciona la conducta de  no pagar oportunamente, en ese sentido, el concepto de  intereses a que se refiere es el previsto en el artículo 33 del  mismo código, esto es, intereses moratorios15; conforme a la  norma identificada y a lo señalado el segundo párrafo del  considerando 3.8 de la Casación Nº 4392-2013 Lima, los  pagos a cuenta sí están afectos a la aplicación de intereses  moratorios: “pues si bien no tienen naturaleza de tributo, si  son obligaciones de abono al que la ley le ha atribuido el  carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta (conforme  al inciso a) del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley  de Impuesto a la Renta), y la norma del artículo 34 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario vinculado al caso,  establece que los abonos con carácter de pagos a cuenta,  a cargo de los contribuyentes que perciben rentas de  tercera categoría, generan intereses moratorios cuando  no son abonados oportunamente en los plazos previstos  en la ley. Cabe precisar en relación al supuesto de hechopara la aplicación de los referidos intereses moratorios, viene  a constituir el pago no oportuno, resultando no solo necesario  cumplir con el momento u oportunidad que se deben efectuar  los pagos, sino además con efectuar el pago, que en  interpretación sistemática con la norma del numeral 1) del  artículo 27 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, la  obligación tributaria se extingue con el pago, y este se  produce cuando se ha efectuado íntegramente la  prestación, y conforme lo prevé la norma del artículo 1220  del Código Civil de aplicación supletoria al amparo de la  norma III del Código Tributario -que permite la aplicación de  normas distintas a las tributarias, que no se les opongan ni  desnaturalicen, como sucede con la norma civil citada-;  corresponde enfatizar que en el caso de los pagos a cuenta,  la exigencia del pago, se vincula con el momento oportuno  y forma previstas legalmente, y en forma íntegra, con  efecto cancelatorio16. 2.5 En ese orden de lo antes señalado,  y conforme a la base fáctica de la sentencia de vista, en el  caso particular la demandante no ha logrado demostrar el  abono oportuno y completo de los pagos a cuenta del  impuesto a la renta, tanto más que la recurrente no ha  aportado elementos que sustenten que la primera declaración  y la aplicación del coeficiente estaban correctos, sino que se  limita sostener el no pago de los intereses moratorios y como  consecuencia de ello, la no imposición de la multa. Al respecto  la suscrita considera que conforme se tiene determinado de  las normas legales y en el precedente judicial vinculante, los  intereses se aplican cuando el pago no se realiza en forma  oportuna, conforme a ley y con efecto cancelatorio; y que en  relación a la sanción, consideramos que el artículo 178  inciso 2 del Texto Único Ordenado del Código Tributario,  debe interpretarse en el marco de un Estado Constitucional  de Derecho, de conformidad con los principios de reserva de  ley, legalidad, tipicidad y responsabilidad, en virtud del cual  se garantiza que la conducta típica se encuentre prevista en  norma legal previa, cierta y expresa, que la ley precise los  elementos del tipo infractor, y que la conducta sancionada  debe tratarse de una acción u omisión, por responsabilidad  objetiva y/o subjetiva. Las infracciones tributarias incluyen  las acciones u omisiones dolosas o culposas en cualquier  grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas  como tales en la ley, en ese sentido y como anota la  doctrina17, la infracción tributaria consiste en hacer lo  prohibido por ley o dejar de hacer lo que dispone la ley; en  esa línea, la fórmula del tipo infractor del inciso 1 del artículo  178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario – relacionado al caso- establece, prevé, tipifica taxativamente  los actos que constituyen infracciones relacionadas con el  cumplimiento de las obligaciones tributarias, al declarar  cifras y datos que no correspondían e influyeron al aplicar  coeficientes que resultaron distintos a los que les  corresponde en la determinación de los pagos a cuenta, por  lo que la norma y la interpretación acogida no vulnera  derechos fundamentales, y en lo que respecta a la comisión  de la infracción en relación a la ausencia de intencionalidad,  se advierte que la recurrente alega ello para desvirtuar su  responsabilidad determinada en las instancias, sin que  hubiera aportado ni demostrado a su favor tales  circunstancias en sede administrativa ni judicial, por lo que  no puede pretender en sede casatoria que se evalúen tales  alegaciones ni se redeterminen hechos, por tratarse de una  sede en estricto de control de derecho en función  nomofiláctica por denuncia de infracciones normativas. MI  VOTO ES: Declarar INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de  vista contenida en la resolución número veinte de fecha  veintisiete de mayo del dos mil diecinueve, que confirma la  sentencia de primera instancia, contenida en la resolución  número dieciséis de fecha del treinta y uno diciembre del dos  mil dieciocho, que declaró infundada la demanda.- Jueza  Suprema Rueda Fernández. RUEDA FERNÁNDEZ. 1  Cabe precisar que se hace la transcripción literal de las causales denunciadas. 2  Actual artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el proceso  Contencioso Administrativo, según el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS. 3  Ambas fueron publicadas en el diario oficial El Peruano, el treinta y uno de marzo  de dos mil ocho. 4  Que luego sería aplicado para el cálculo del coeficiente para determinar el monto  correspondiente a los pagos a cuenta. 5  Casación Nº 137-2000-Lima 6  Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente Nº 4119-2005-PA/TC, de  fecha veintinueve de agosto del dos mil cinco, en su fundamento doce. 7  Casación Nº 165-2000-Lima, publicada en el diario oficial “El Peruano” el veintisiete  de marzo del dos mil. 8  Casación Nº 272-1995-Ayacucho, publicada en el diario oficial “El Peruano” el  treinta de diciembre de mil novecientos noventa y siete. 9  Casación Nº 4003-2006-Callao, publicada en el diario oficial “El Peruano” el treinta  y uno de enero de dos mil siete.10  Casación Nº 2059-2012-La Libertad, publicado en el diario oficial “El Peruano” el  dos de febrero de dos mil trece. 11  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial.   Artículo 22.- Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la  República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial “El Peruano” de  las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio  cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser  invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que  sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que  por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar  adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que  desestiman y de los fundamentos que invocan. 12  Artículo 36.- Principios jurisprudenciales. Cuando la Sala Constitucional y  Social de la Corte Suprema fije en sus resoluciones principios jurisprudenciales  en materia contencioso administrativa, constituyen precedente vinculante. Los  órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el precedente  vinculante, siempre que se presenten circunstancias particulares en el caso que  conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se apartan del  precedente. 13  “5.2. Por lo que, conforme a los fundamentos del considerando 3.5 se establecen  las siguientes reglas generales con carácter de precedentes vinculantes:  5.2.1. La norma VIII del título preliminar del Código Tributario no descarta la  aplicación de la analogía tampoco la interpretación extensiva ni la restrictiva,  admitidas en el derecho para cierto tipo de normas; sino que el uso se encuentra  limitado por la prohibición del segundo párrafo de la Norma anotada, resultando  para ello muy importante que el Juez seleccione el método adecuado al tipo de  disposición tributaria a interpretar.  5.2.2. No resultan pertinente la interpretación extensiva ni la restrictiva para  interpretar disposiciones que restringen derechos, ni para normas que establecen  obligaciones como el caso de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta previstos  en el numeral a) del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto  a la Renta, y para los casos de aplicación de intereses moratorios previstos en el  artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código Tributario”. 14  Consideramos que las disposiciones legislativas no son aisladas sino integrantes  de un sistema jurídico, y a su vez forman conjuntos y subconjuntos, adquiriendo  significancia en razón de los mismos, por lo que la técnica argumentativa de  interpretación sistemática siempre debe estar presente, tanto más que nuestro  sistema se organiza y estructura en base y respeto de la primacía de las normas  constitucionales y derechos fundamentales; por otro aspecto, no es incompatible  con la interpretación literal y más bien contribuye a la atribución de significado a los  términos legales utilizados en una disposición legal. 15  “artículo 33.- Interés moratorio  El monto del tributo no pagado dentro de los plazos indicados en el artículo 29  devengará un interés equivalente a la Tasa de Interés Moratorio (TIM), la cual no  podrá exceder del veinte por ciento (20%) por encima de la tasa activa del mercado  promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia  de Banca y Seguros el último día hábil del mes anterior […]. 16 17  RADOVI SCHOEPEN, Angela, Sistema Sancionatorio Tributario, Infracciones  y Delitos, Editorial Jurídica de Chile, página 53. MARTIN QUERALT, Martín,  LOZANO SERRANO, Carmelo, POVEDA BLANCO, Francisco, Derecho Tributario,  Editorial Thomson, Arazandi 12 Edición, Navarra 2007, página 220. C-2136203-18