CASACIÓN Nº 19324-2021 LIMA
Materia: Recálculo de bonificación especial por preparación  de clases y evaluación – Artículo 48 de la Ley Nº 24029,  modificado por la Ley Nº 25212 PROCESO ESPECIAL Lima, veinte de julio de dos mil veintidós VISTOS; con los expedientes principal y administrativo, que  obra inserto en el primero; y CONSIDERANDO: PRIMERO:  Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de  casación de fecha 9 de noviembre de 20201, interpuesto por  la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación  contra la sentencia de vista de fecha 5 de marzo de 20202. Por  lo tanto, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos  de  admisibilidad  y  procedencia  del  referido  medio  impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código  Procesal Civil, modificados por la Ley Nº 29364, de  observancia obligatoria para el caso de autos, por remisión  normativa a través de los artículos 34 inciso 3 sub numeral3.1, y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley  del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el  Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS3. SEGUNDO: En  principio, precisamos que el derecho a los medios  impugnatorios constituye una de las manifestaciones  fundamentales de los derechos consagrados en los incisos 3  y 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, que  garantizan al justiciable que no sea privado de los recursos  previstos por el ordenamiento jurídico. Además, expresamos  que, al ser el derecho al recurso uno prestacional de  configuración legal, su ejercicio y dispensación están  supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos  que haya establecido el legislador para cada sector del  ordenamiento procesal. TERCERO: En cuanto a los  requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del  Código Procesal Civil, el medio impugnatorio propuesto  satisface dichas exigencias, a saber: 1) se recurre contra una  sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que, como  órgano de segundo grado, pone fin al proceso; 2) ha sido  presentado ante la Décima Sala Laboral de la Corte Superior  de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; 3) ha  sido interpuesto dentro del plazo de diez días de notificada la  parte recurrente con la resolución impugnada; y 4) no se  presenta tasa judicial pues la entidad impugnante se  encuentra exonerada, en aplicación del inciso g) del artículo  24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder  Judicial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-93-JUS,  modificado por la Ley Nº 27231. CUARTO: Sobre el requisito  de procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 388 del  Código Procesal Civil, verificamos que la impugnante cumplió  con este porque previamente interpuso recurso de apelación4  contra la sentencia de primera instancia que le resultó  adversa. Respecto al requisito previsto en el numeral 4 del  citado dispositivo, advertimos en la casación, materia de  calificación, pedido principal anulatorio parcial y subordinado  revocatorio5, por lo que esta exigencia también ha sido  cumplida. QUINTO: Antes de efectuar un análisis de los  demás requisitos de procedencia de los numerales 2 y 3 del  artículo 388 del precitado Código, precisamos que el recurso  de casación es un medio impugnatorio extraordinario de  carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones  eminentemente jurídicas, no en cuestiones fácticas o en  donde se exija una nueva valoración probatoria o revaloración  del acervo probatorio. En ese entendido, la fundamentación  del recurso debe ser clara, precisa y concreta, indicándose  ordenadamente cuál o cuáles son las infracciones normativas  denunciadas, ya que constituye la razón de la intervención de  esta Sala Suprema; además, debe argumentar y demostrar  que la norma que se denuncia como infringida va a influir en  la decisión adoptada, de forma tal que determine su anulación  o revocación. De este modo, debe haber una relación entre  las normas que se afirman infringidas y las cuestiones  analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de mérito.  SEXTO: En virtud de lo expuesto, se aprecia que la  Procuraduría Pública del Ministerio de Educación alega las  siguientes causales casatorias: a) Infracción de los incisos  3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú  Refiere que la Sala Superior infringió los principios del debido  proceso y tutela jurisdiccional efectiva, así como la motivación  escrita de las resoluciones judiciales, pues se observa gran  deficiencia en la exposición de los fundamentos emitidos, en  el extremo, que no se pronunció de manera expresa sobre  uno de los agravios esgrimidos en el escrito de la apelación,  al pretender que sea recién en la etapa de ejecución de  sentencia se emita un pronunciamiento respecto a que  conceptos se excluirán o incluirán para el cálculo de la  bonificación otorgada, con lo cual incurre en una omisión de  pronunciamiento que acarrea una motivación aparente. b)  Infracción de la “Ley Nº 25671 (sic)”, de los Decretos  Supremos N.os 081-93-EF, 019-94-PCM, 021-92-PCM, 261- 91-EF y 065-2003-EF y de los Decretos de Urgencia N.os  080-94, 090-96, 073-97 y 011-99 Sostiene que el Colegiado  Superior no se pronunció sobre su agravio referido a que  conceptos remunerativos deben descartarse para el cálculo  de la precitada bonificación, inaplicando así, las normas de  derecho material que corresponden al presente caso.  Asimismo, manifiesta que el artículo 48 de la Ley del  Profesorado otorga el beneficio reclamado sobre la base de la  remuneración total, mientras que los decretos invocados  prohíben taxativamente ser base de cálculo para cualquier  tipo de bonificación o asignación, de ahí que se acredita la  infracción alegada, pues la Sala de mérito debió haber  realizado un análisis detallado de cada concepto y determinar  si están comprendidos en el cómputo de la bonificación  especial mensual por preparación de clases y evaluación.  SÉPTIMO: Del examen de la causal alegada en el acápite a),  advertimos que, si bien la entidad recurrente indica las normas  que, a su criterio, se han infringido al emitirse la sentencia devista, expresa argumentos referidos a supuestos fácticos  debatidos y resueltos por los órganos de grado, que pretenden  cuestionar sus criterios, como si esta Suprema Sala se tratara  de una tercera instancia; propósito que evidentemente no se  condice con la naturaleza ni con los fines del recurso  extraordinario de casación previstos en el artículo 384 del  Código Procesal Civil. OCTAVO: Al respecto, cabe resaltar  que la instancia de mérito, dando respuesta a los agravios  expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la  emplazada (ahora recurrente), con previo análisis del  contenido normativo de Ley Nº 24029, modificada por la Ley  Nº 25212, y los Decreto Supremos N.os 019-90-ED y 051-91- PCM, determinó con motivación suficiente que la bonificación  especial por preparación de clases y evaluación prevista en el  artículo 48 de la citada ley, se calcula sobre la base de la  remuneración total y que la definición de aquellos conceptos  que no pueden ser parámetro de cálculo del acotado beneficio  deberá ser determinado en etapa de ejecución de sentencia.  NOVENO: Es importante precisar que lo señalado guarda  armonía con el criterio asumido por las Salas de la Corte  Suprema de Justicia de la República en uniforme y reiterada  jurisprudencia, tomando en consideración, principalmente, el  precedente vinculante recaído en la casación Nº 6871-2013  Lambayeque, de fecha 23 de abril de 2015, en cuyo décimo  tercero considerando la Segunda Sala de Derecho  Constitucional y Social Transitoria estableció lo siguiente:  “(…). Para determinar la base de cálculo de la Bonificación  Especial por preparación de clases y evaluación, se deberá  tener en cuenta la remuneración total o íntegra establecida en  el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado,  modificado por la Ley N° 25212 y no la remuneración total  permanente prevista en el artículo 10° del Decreto Supremo  N° 051-91-PCM”; lo cual es de obligatorio cumplimiento en  mérito de lo previsto en el artículo 36 del Texto Único  Ordenado de la Ley Nº 27584. Por lo tanto, esta causal resulta  improcedente. DÉCIMO: Ahora bien, en cuanto a la causal  alegada en el acápite b), observamos que la recurrente  identificó cuerpos normativos que habrían sido inaplicados  por la Sala de mérito, sin exponer –con precisión y claridad–  cuál o cuáles de los artículos contenidos en ellos deberían de  aplicarse al caso concreto, limitándose a efectuar una escueta  descripción de los alcances de la Ley Nº 25671, así como de  los Decretos Supremos N.os 081-93-EF, 019-94-PCM, 021-92- PCM, 261-91-EF y 065-2003-EF y los Decretos de Urgencia  N.os 080-94, 090-96, 073-97 y 011-99, a través de fundamentos  imprecisos que no cumplen con demostrar la probable  incidencia directa de la infracción de los referidos decretos  sobre lo resuelto por la Sala de mérito. En consecuencia,  corresponde declarar la improcedencia de la causal  examinada. Siendo así, se determina el incumplimiento de los  requisitos previstos en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del  Código Procesal Civil, por lo que el recurso de casación  deviene en improcedente. Por las razones antes expuestas,  al no haberse satisfecho los requisitos de fondo a que se  refiere el artículo 388 del Código Procesal Civil y en ejercicio  de la facultad conferida por el artículo 392 del mismo cuerpo  normativo, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de  casación de fecha 9 de noviembre de 2020, interpuesto por la  Procuraduría Pública del Ministerio de Educación contra  la sentencia de vista de fecha 5 de marzo de 2020;  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  diario oficial “El Peruano”; en el proceso seguido por Flavia  Domitila Morales Tineo contra la recurrente y otros, sobre  recálculo de bonificación especial por preparación de clases y  otras; y devolvieron los autos. Interviene como ponente el  Juez Supremo Mamani Coaquira. SS. TORRES VEGA,  ARAUJO SÁNCHEZ, GÓMEZ CARBAJAL, TEJEDA ZAVALA,  MAMANI COAQUIRA. 1  Obrante a fojas 170 del expediente principal. 2  Obrante a fojas 160 del expediente principal. 3  Antes previstos en los artículos 35 inciso 3 sub numeral 3.1, y 36 del Texto Único  Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. 4  Obrante a fojas 133 del expediente principal. 5  Ver puntos 4.1 y 4.2 del numeral 4, contenido en el apartado II del recurso de  casación a fojas 171 del expediente principal, respectivamente. C-2136195-182