CASACIÓN Nº 19646-2019 LIMA
Sumilla: La aplicación de los intereses moratorios se  suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos  establecidos en los artículos 142, 150 y 152 hasta la emisión  de la resolución que culmine el procedimiento de reclamación  ante la administración tributaria o de apelación ante el  Tribunal Fiscal, siempre y cuando el vencimiento del plazo  sin que se haya resuelto la reclamación o apelación fuera por  causa imputable a dichos órganos resolutores. Lima, doce de julio de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA La causa número  diecinueve mil seiscientos cuarenta y seis, guion dos mil  diecinueve, Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la  fecha, integrada por por los señores Jueces Supremos  González  Aguilar  (presidente),  Rueda  Fernández,  Bustamante del Castillo, Barra Pineda y Dávila Broncano,  luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la  siguiente sentencia: Objeto del recurso de casación  Vienen a conocimiento de esta Sala Suprema los recursos  de casación interpuestos por la Superintendencia Nacional  de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), del  once de junio de dos mil diecinueve (fojas trescientos  setenta y seis a trescientos ochenta y tres), y por el  Procurador Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del  Ministerio de Economía y Finanzas en nombre del Tribunal  Fiscal, del cinco de junio de dos mil diecinueve (fojas  trescientos cincuenta y cuatro a trescientos setenta), ambos  contra la sentencia de vista del veintiocho de mayo de dosmil diecinueve (fojas trescientos cuarenta y uno a trescientos  cuarenta y siete), que confirmó la sentencia apelada del  treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas ciento  noventa y dos a doscientos dieciocho), en el extremo que  declaró fundada en parte la demanda interpuesta.  Antecedentes del recurso De la demanda La parte  demandante DE GUSTE GROUP S.A.C. interpone demanda  contencioso administrativo mediante escrito del doce de  abril de dos mil diecisiete (fojas veintidós a veintiocho),  subsanada mediante escrito del tres de marzo de dos mil  diecisiete (fojas treinta y seis a treinta y siete) y modificada  mediante escrito del veintiuno de abril de dos mil diecisiete  (fojas cuarenta a noventa y siete). Postula las siguientes  pretensiones: a) Pretensión principal: Se declare la nulidad  total de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11310-A-2016,  del dos de diciembre de dos mil dieciséis, mediante la cual  se ha desestimado el recurso de apelación presentado  contra la Resolución de Gerencia Nº 0003X4000/2013- 000283. b) Primera pretensión accesoria a la pretensión  principal: Se ordene a la SUNAT para que cumpla con  reembolsar a favor de DE GUSTE GROUP S.A.C. cualquier  importe que esta hubiera cobrado con ocasión de esta  controversia, incluidos los intereses legales que pudieran  haberse devengado. c) Primera pretensión subordinada a  la  pretensión  principal:  Se  apliquen  los  criterios  desarrollados por el Tribunal Constitucional en su Sentencia  Nº 04082-2012-PA/TC, y se disponga que la SUNAT efectúe  el cálculo de los intereses moratorios de la materia de  controversia en el presente caso, sin aplicar i) la regla de  capitalización de intereses contenida en el artículo 33 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario (en su versión  vigente hasta el año dos mil seis) y en la segunda disposición  complementaria final del Decreto Legislativo Nº 981; y ii) la  regla del cobro de intereses durante la etapa de impugnación  administrativa, contenida en el artículo 6 del Decreto  Legislativo Nº 981. d) Segunda pretensión subordinada a  la pretensión principal: Se disponga que la SUNAT  inaplique los intereses vinculados a las sanciones de multas  confirmadas  por  la  Resolución  de  Gerencia  Nº  0003X4000/2013-000283, toda vez que el Tribunal Fiscal ha  declarado que el interés moratorio tiene el carácter de  sanción, situación que determinaría que por un mismo hecho  se le sancione dos veces. Como fundamento de su demanda,  señala que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11310-A- 2016, del dos de diciembre de dos mil dieciséis, vulnera su  derecho a la debida motivación, toda vez que omite  pronunciarse sobre todos los medios probatorios ofrecidos.  Agrega que el Tribunal Fiscal infringe los principios de  verdad material y razonabilidad, al restar mérito probatorio a  las facturas, liquidaciones de compra y guías de remisión  presentadas por su parte, por el solo hecho de no cumplir  con las formalidades del Reglamento de Comprobantes de  Pago y la Ley del Impuesto a la Renta. En ese sentido,  añade que la resolución impugnada infringe el principio de  legalidad, toda vez que condiciona el otorgamiento del  drawback a la emisión de facturas, guías de remisión y  liquidaciones de cobranza emitidas cumpliendo todas las  formalidades del Reglamento de Comprobantes de Pago por  parte de sus proveedores, a pesar de que las normas que  regulan el otorgamiento del drawback no se verifica la  existencia de norma alguna que restrinja su otorgamiento a  las guías de remisión y facturas que cumplan con las  formalidades de ley. Señala que en cuanto a la pretensión  subordinada, los intereses moratorios de las resoluciones de  determinación y multa no deben comprender el periodo en  exceso del plazo legalmente establecido para resolver la  reclamación y apelación. Por lo tanto, solicita amparar su  demanda en los términos del caso signado con el Expediente  Nº 4082-2012-PAIT. Finalmente, señala que tampoco deben  cobrarse los intereses moratorios de las resoluciones de  multa en virtud del principio de non bis in idem, pues de  hacerlo se estaría ante una doble sanción. Sentencia de  primera instancia El Juez del Décimo Noveno Juzgado  Especializado en lo Contencioso Administrativo con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia  contenida en la resolución doce, del treinta y uno de octubre  de dos mil dieciocho (fojas ciento noventa y dos a doscientos  dieciocho), resolvió: […] FALLA: DECLARAND FUNDADA  EN PARTE la demanda obrante a folios 22 al 28, modificada  a folios cuarenta a noventa y siete en el extremo referido a la  primera pretensión subordinada respecto a la inaplicación  de los intereses moratorios computados por el exceso del  plazo en resolver los recursos de reclamación y apelación. E  INFUNDADA respecto a todo lo demás que ésta contiene.  […] De la sentencia de segunda instancia Conocidos en  grado los recursos de apelación interpuestos por la SUNAT  y el Tribunal Fiscal, la Sexta Sala Especializada en loContencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, mediante sentencia de vista contenida en la resolución  número veinte, del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve  (fojas trescientos cuarenta y uno a trescientos cuarenta y  siete), confirmó la sentencia apelada del treinta y uno de  octubre de dos mil dieciocho (fojas ciento noventa y dos a  doscientos dieciocho), en el extremo que declaró fundada en  parte la demanda. Del recurso de casación y auto calificatorio  Mediante los autos calificatorios del nueve de diciembre de  dos mil diecinueve, la Tercera Sala de Derecho Constitucional  y Social Transitoria declaró procedentes los recursos de  casación interpuestos según los siguientes detalles1: Causal  declarada procedente del recurso de casación de la  SUNAT a) Infracción normativa por inaplicación de los  artículos 2 y 3 del Decreto Supremo Nº 362-2015-EF,  concordado con la Cuarta Disposición Complementaria  Transitoria de la Ley Nº 30230. La parte recurrente  sostiene, que las disposiciones cuya infracción se denuncia  establecen que para los procedimientos de apelación en  trámite al trece de julio de dos mil catorce (la apelación de la  demandante fue presentada el doce de septiembre de dos  mil trece), la regla sobre no exigibilidad de intereses  moratorios introducida al artículo 33 del Código Tributario,  será aplicable si en el plazo de doce meses contados desde  la entrada en vigencia de la Ley Nº 30230, el Tribunal Fiscal  no resuelve las apelaciones. Agrega que de acuerdo con el  artículo 3 del Decreto Supremo Nº 362-2015-EF, se  encuentran comprendidos en los supuestos de dicha norma  aquellos procedimientos de apelación en trámite al trece de  julio de dos mil quince; en tales casos, al tributo o multa  pendiente de pago se le aplica la Tasa de Interés Moratorio  – TIM hasta dicha fecha, y a partir del catorce de julio de dos  mil quince se le aplica la variación del Índice de Precios al  Consumo – IPC de acuerdo con lo regulado en el artículo 2,  debiendo para ese efecto considerarse como fecha de  vencimiento del plazo para resolver la apelación, el trece de  julio de dos mil quince. Alega que la norma cuya inaplicación  solicita la demandante ha sido modificada con posterioridad  a la emisión del criterio acogido por las sentencias de mérito,  pero en ningún caso exonera del pago de intereses cuando  haya existido demora en la resolución del recurso de  apelación ante el Tribunal Fiscal. De este modo, arguye que  la inaplicación de los intereses moratorios, conforme al fallo  del Tribunal Fiscal, correspondería únicamente durante el  exceso de plazo del recurso de apelación, en el entendido  que, por norma el cobro de intereses por el exceso de plazo  en cuanto al recurso de reclamación ya estaba dispuesto.  Asimismo, menciona que la no exigibilidad de intereses  moratorios introducida al artículo 33 del Código Tributario y  151 de la Ley General de Aduanas, será aplicable si en el  plazo de doce meses contados desde la vigencia de la Ley  Nº 30230, el Tribunal Fiscal no resuelve las apelaciones  interpuestas; situación que efectivamente ocurrió en el  presente caso, por cuanto la resolución del Tribunal Fiscal  materia de impugnación fue notificada a la demandante el  dieciséis de enero de dos mil diecisiete, pero ello no  implicaba la inexigibilidad del cobro de intereses moratorios  desde el doce de septiembre de dos mil catorce (un año  después de la fecha de interposición del recurso de apelación  por parte de la demandante), sino que conforme a lo  dispuesto por el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 362- 2015-EF, se debía aplicar la TIM hasta el trece de julio de  dos mil quince, y a partir del catorce de julio de dos mil  quince hasta el dieciséis de enero de dos mil diecisiete se  aplica la variación del IPC de acuerdo a lo establecido en el  artículo 2 de dicho cuerpo normativo. Manifiesta que de  haber aplicado el prenotado decreto supremo, el Colegiado  hubiera podido determinar, efectivamente, el período en el  cual correspondía aplicar la TIM y en el cual correspondía  aplicar el IPC. Causal declarada procedente del recurso  de casación del Tribunal Fiscal a) Infracción normativa  del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política;  aplicación indebida de la sentencia emitida en el  Expediente Nº 4082-2012-PA/TC; e inaplicación de las  sentencias dictadas en los Expedientes Nº 03184-2012- PA/TC y 03373-2012-PA/TC, entre otros. La parte  recurrente sostiene que en la sentencia del expediente Nº  1255-2003-AA/TC y en su resolución de aclaración, el  Tribunal Constitucional señaló que la decisión de eximir del  pago de intereses moratorios se aplica, únicamente al caso  materia de ese proceso y a las partes que lo tramitaron; y  que de conformidad con las normas legales pertinentes,  dicha sentencia no constituye precedente vinculante, por lo  que no es de obligatorio cumplimiento para los jueces que  resuelven casos similares. Agrega que en otros procesos de  amparo, como por ejemplo el expediente Nº 03373-2013-PA/ TC, el referido Tribunal indicó que la exención de interesesmoratorios por deuda tributaria impaga resulta aplicable,  única y exclusivamente a aquellos procesos donde esas  sentencias fueron emitidas, encontrándose vedado que  puedan ser aplicadas o extendidas a procesos distintos  como es el caso del presente proceso contencioso  administrativo. Añade que en la sentencia dictada en el  expediente Nº 3184-2012-PA/TC el Tribunal Constitucional  no solo circunscribe la exención de pagar intereses  moratorios a los casos donde se emitieron las sentencias  que dispusieron ello, sino también, establece que resulta  jurídicamente imposible pretender aplicar esa exoneración a  otros casos donde no se discute la constitucionalidad del  tributo que generó esos intereses. Manifiesta que como en el  presente proceso contencioso administrativo no se discute  la constitucionalidad de tributo alguno, se confirma que de  ninguna manera puede aplicarse la exención del pago de  intereses moratorios instituido en las sentencias del Tribunal  Constitucional. Refiere que si el Tribunal Constitucional  confirmó con su jurisprudencia la validez constitucional de la  norma que mantiene la aplicación de intereses moratorios  durante la tramitación de la apelación ante el Tribunal Fiscal  (artículo 33 del Código Tributario, en su versión modificada  por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 981), correspondía  entonces que la Sala Superior resuelva en coherencia con  esa jurisprudencia aplicando la norma legal en cuestión; al  respecto se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo VI  del título preliminar del Código Procesal Constitucional.  Indica que si las sentencias del Tribunal Constitucional que  dispusieron la exoneración del pago de intereses moratorios  no resultan aplicables al presente caso, y si la jurisprudencia  del mismo órgano confirmó la constitucionalidad de tales  intereses, resulta patente que estos sí son aplicables a la  causa presente. Arguye que la segunda instancia no respetó  los parámetros constitucionales, para el válido ejercicio del  control difuso; en ese sentido, no hizo el mínimo análisis de  interpretación de la disposición que inaplicó (segundo  párrafo del artículo 33 del Código Tributario, en su texto  modificado por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 981) ni  tampoco la sometió a un test de razonabilidad y  proporcionalidad para verificar su constitucionalidad. Señala  que la Sala Superior, sin mediar ningún examen ni expresar  alguna justificación, cambió el criterio que tuvo en otro  proceso que también estuvo referido a la aplicación de los  intereses moratorios (Expediente Nº 7626-2013); en el cual  precisó que no se pueden dejar de aplicar dichos intereses  generados después de vencido el plazo legal para que el  Tribunal Fiscal resuelva el recurso de apelación; sin  embargo, en el caso presente considera todo lo contrario,  lesionando así el principio de igualdad y el derecho a una  debida motivación, pues no ofrece ninguna razón para el  cambio  de  criterio.  CONSIDERANDOS  Primero:  Contextualizado el caso, deviene pertinente hacer referencia  a algunos apuntes acerca del recurso extraordinario de  casación, que delimitan la actividad casatoria de esta Sala  Suprema. 1.1. El recurso de casación es un medio  impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y  presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a  los “fines esenciales”, que es la adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la  jurisprudencia nacional establecida por la Corte Suprema de  Justicia, tal como puede interpretarse de lo dispuesto por el  artículo 141 de la Constitución Política del Estado y el  artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el  artículo 1 de la Ley Nº 29364. 1.2. Respecto a la causal de  infracción normativa, según Rafael de Pina: El recurso de  casación ha de fundarse en motivos previamente señalados  en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por  quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por  infracción de ley se refieren a la violación en el fallo de leyes  que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de  la resolución judicial con las pretensiones deducidas por las  partes, a la falta de competencia etc.; los motivos de la  casación por quebrantamiento de forma afectan (…) a  infracciones en el procedimiento. 2 1.3. Corresponde  mencionar, de manera preliminar, que la función nomofiláctica  del recurso de casación garantiza que los Tribunales  Supremos sean los encargados de salvaguardar el respeto  del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así  cualquier tipo de afectación a las normas jurídicas materiales  y procesales, y procurando, conforme menciona el artículo  384 del Código Procesal Civil, la adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto. 1.4. Conforme a la  naturaleza de las denuncias efectuadas en sede casatoria  declaradas procedentes en el auto calificatorio, es objeto de  pronunciamiento resolver si la sentencia de vista ha  infringido o no las normas que garantizan el derecho a la  debida motivación de las resoluciones judiciales como  derecho integrante del debido proceso. En este sentido,corresponde dilucidar si la sentencia impugnada incurrió en  infracción de los derechos fundamentales de carácter  procesal. De no establecer esta, se procederá en segundo  orden a analizar si la sentencia incurrió en infracciones de  las  normas  sustantivas  denunciadas.  Segundo:  Pronunciamiento  respecto  a  la  causal  procesal  denunciada por el Tribunal Fiscal El Tribunal Fiscal  denuncia infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de  la Constitución Política del Estado y aplicación indebida de  la sentencia emitida en el Expediente Nº 4082-2012-PA/TC;  e inaplicación de las sentencias dictadas en los Expedientes  Nº 03184-2012-PA/TC y Nº 03373-2012-PA/TC, entre otros.  2.1. Para efectos de la absolución de la causal señalada, es  necesario previamente determinar el contenido constitucional  y convencionalmente protegido del derecho fundamental a  la motivación. 2.1.1. La motivación de las resoluciones  judiciales se encuentra protegido en el numeral 5 del artículo  139 de la Constitución, que establece la exigencia ineludible  de que todas las decisiones judiciales se encuentren  debidamente sustentadas, expresando los fundamentos de  hecho y derecho. También, se encuentra reconocido en los  tratados internacionales sobre derechos humanos, como  garantía procesal en el numeral 1 del artículo 8 de la  Convención Americana de Derechos Humanos y en el  numeral 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos  Civiles y Políticos. Este derecho es uno de los derechos que  conforman el derecho fundamental al debido proceso3, el  cual también se encuentra reconocido en el numeral 3 del  artículo 139 de la Constitución Política del Estado, que  consagra como principio rector de la función jurisdiccional la  observancia del debido proceso, el cual, conforme a la  interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  exige  fundamentalmente que todo proceso o procedimiento sea  desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a las  personas involucradas en él, las condiciones necesarias  para defender adecuadamente y dentro de un plazo  razonable  los  derechos  u  obligaciones  sujetos  a  consideración. Dicho derecho ha sido desarrollado y  ampliado por parte del legislador en diversas normas con  rango de ley, tales como el artículo 7 del Texto Único  Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado  por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, que taxativamente  dispone: “En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda  persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las  garantías de un debido proceso”. 2.1.2. El derecho al debido  proceso y la tutela jurisdiccional efectiva constituyen  principios consagrados en el inciso 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Estado, los cuales comprenden a  su vez, el deber de los jueces de observar los derechos  procesales de las partes y el derecho de los justiciables a  obtener una resolución fundada en derecho ante su pedido  de tutela en cualquiera etapa del proceso. De ahí que dichos  principios se encuentren ligados a la exigencia de la  motivación de las resoluciones judiciales, prevista en el  inciso 5 del referido artículo constitucional, esto es, que los  jueces y tribunales expliciten en forma suficiente las razones  de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos  y jurídicos que las determinaron. 2.1.3. De igual manera, el  Tribunal Constitucional estableció que: El derecho a la  debida motivación de las resoluciones importa pues que los  órganos judiciales expresen las razones o justificaciones  objetivas que la llevan a tomar una determinada decisión.  Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no  sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso,  sino de los propios hechos debidamente acreditados en el  trámite del proceso. A mayor abundamiento, el máximo  tribunal, en distintos pronunciamientos, ha establecido: […]  que el derecho a la debida motivación de las resoluciones  judiciales es una garantía del justiciable frente a la  arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones  judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho  de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona  el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 4  2.1.4. Aunado a ello, se debe precisar que este derecho no  tiene relevancia únicamente en el ámbito del interés  particular correspondiente a las partes involucradas en la  litis, sino que además tiene valoración esencial dentro del  sistema de justicia en su conjunto, dado que la debida  motivación de resoluciones constituye una garantía del  proceso judicial, por la cual es factible conocer cuáles son  las razones que sustentan la decisión tomada por el juez a  cargo del caso desarrollado. 2.1.5. Por ello, dicho derecho  constitucional ha sido desarrollado por diversas normas de  carácter legal como son los artículos 50 (inciso 6), y 122  (inciso 3 y 45) del Código Procesal Civil, por los cuales se  exige la fundamentación de los autos y las sentencias,  siendo que dicha motivación debe contar con una exposiciónordenada y precisa de los hechos y el derecho que las  justifican. 2.1.6. En cuanto a las patologías de la motivación  de las resoluciones judiciales, en el Expediente Nº 3943- 2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha precisado que el  contenido constitucionalmente garantizado de este derecho  queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:  a) Inexistencia de motivación o motivación aparente.  Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una  decisión debidamente motivada cuando la motivación es  inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el  sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que  sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones  de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un  cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin  ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación  interna del razonamiento. La falta de motivación interna  del razonamiento [defectos internos de la motivación] se  presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe  invalidez de una inferencia a partir de las premisas que  establece previamente el juez en su decisión; y, por otro  lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre  se presenta como un discurso absolutamente confuso  incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las  que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de  identificar el ámbito constitucional de la debida motivación  mediante el control de los argumentos utilizados en la  decisión asumida por el juez o Tribunal; sea desde la  perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia  narrativa. c) Deficiencias en la motivación externa;  justificación de las premisas: […] cuando las premisas de  las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas  respecto de su validez fáctica o jurídica. d) La motivación  insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de  motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de  derecho indispensables para asumir que la decisión está  debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este  Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar  respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la  insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará  relevante desde una perspectiva constitucional si es que la  ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos  resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está  decidiendo.  e)  La  motivación  sustancialmente  incongruente. El derecho a la debida motivación de las  resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las  pretensiones de las partes de manera congruente con los  términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo  tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración  del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no  cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera  de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento  total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las  pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate  judicial generando indefensión, constituye vulneración del  derecho a la tutela judicial y también del derecho a la  motivación de la sentencia (incongruencia omisiva) […]. 6  2.1.7. Por su parte, el Tribunal Constitucional, en el  fundamento 4 de la sentencia recaída en el Expediente Nº  03433-2013-PA/TC, ha señalado sobre la debida motivación  lo siguiente: El derecho a la debida motivación de las  resoluciones importa pues que los órganos judiciales  expresen las razones o justificaciones objetivas que la llevan  a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo  demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento  jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios  hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso.  2.1.8. Es así, que el derecho a la motivación de resoluciones  judiciales resulta indubitablemente conectado al principio de  congruencia, el cual implica por un lado que el  pronunciamiento emitido por el Juez se encuentre  únicamente referido a las pretensiones formuladas por las  partes, es decir, no se otorgue más ni menos de lo  peticionado y, además, que no se sustenten las decisiones  emitidas en hechos no aportados por los justiciables. 2.1.9.  La inobservancia de este principio constituirá el llamado  vicio de incongruencia, el mismo que ha sido entendido: […]  como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que  las partes han formulado sus pretensiones o sus argumentos  de defensa, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva,  cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre alegaciones  sustanciales formuladas oportunamente, la incongruencia  por exceso, cuando el órgano jurisdiccional concede algo no  planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada  y la incongruencia por error, en la que concurren ambos  tipos de incongruencia, dado que en este caso el  pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es  ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo  que  fue  formulado  como  pretensión  o  motivo  deimpugnación.7 2.1.10. En este contexto se analizará si la  Sala Superior ha emitido la sentencia de vista recurrida en  observancia a la normativa desarrollada en los considerandos  precedentes. 2.2. Bajo el desarrollo legal y jurisprudencial  efectuado, corresponde ahora analizar si la Sala Superior  cumplió o no con expresar las razones de hecho y de  derecho por las cuales confirmó la sentencia del treinta y  uno de octubre de dos mil dieciocho, específicamente la  pretensión subordinada que fue declarada fundada en parte,  que es materia de casación, referente a la suspensión de los  intereses moratorios y capitalizados. Esto implica dar  respuesta a los argumentos que expone la parte recurrente  como omisión por parte de la Sala Superior, atendiendo a la  denuncia del Tribunal Fiscal, referida a la infracción del  numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del  Estado. 2.3. Sobre la capitalización de intereses en  materia tributaria, el profesor Fernando Vidal Ramírez  comenta que se conoce también como anatocismo y que  consiste en la acumulación al capital de los intereses  devengados para formar otro capital que también devengue  intereses. Asimismo, refiere que cuando el acreedor puede  exigir el capital y los intereses acumulados, la deuda resulta  agobiadora para el deudor, por lo que la capitalización de  intereses solo es admitida con ciertas restricciones debido,  precisamente, a su onerosidad.8 El artículo 33 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto  Legislativo Nº 816 y modificado por la Ley Nº 27038,  determinaba que los intereses moratorios se calculan de la  siguiente manera: “[…] El interés diario acumulado al 31  de diciembre de cada año se agregará al tributo impago,  constituyendo la nueva base para el cálculo de los  intereses diarios del año siguiente” (Énfasis nuestro). De  esta norma, se evidencia que el legislador estableció la  capitalización de intereses para las deudas tributarias cuya  determinación era de forma anual, al permitir que el interés  moratorio generado en el año se incremente al capital  (tributo impago o multa), formando uno nuevo (tributo  impago + interés moratorio anual = nuevo capital). 2.4. Sin  embargo, el veinticuatro de diciembre de dos mil seis, se  publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo  Nº 969, el cual modificó el Texto Único Ordenado del Código  Tributario, en lo relativo a la capitalización de intereses,  estableciendo lo siguiente: “Los intereses moratorios se  aplicarán diariamente desde el día siguiente a la fecha de  vencimiento hasta la fecha de pago inclusive, multiplicando  el monto del tributo impago por la TIM diaria vigente. La TIM  diaria vigente resulta de dividir la TIM vigente entre treinta  (30)”. Con ello, a partir de ese año, se dejó de aplicar la  capitalización de intereses para deudas tributarias y  solamente se permitió la aplicación de intereses moratorios  calculados en atención a la tasa de interés diaria vigente,  separando así el capital (tributo omitido o multa) y el interés  moratorio (tasa diaria), para dejar de formar un solo núcleo  (tributo omitido/multa + interés moratorio = deuda tributaria).  2.5. En esta misma línea, la segunda disposición  complementaria final del Decreto Legislativo Nº 981,  publicado el quince de marzo de dos mil siete, estableció  sobre la capitalización de intereses lo siguiente: “[…] Para  efectos de la aplicación del presente artículo, respecto de  las deudas generadas con anterioridad a la entrada en  vigencia del Decreto Legislativo Nº 969, el concepto tributo  impago incluye a los intereses capitalizados al 31 de  diciembre de 2005, de ser el caso” (Énfasis nuestro), con  lo cual se amplía su rango de inaplicación a partir del  ejercicio de mil novecientos noventa y ocho (1998) hasta el  dos mil cinco (2005). 2.6. En el caso de autos, de la lectura  de la sentencia de vista recurrida, es posible identificar un  hilo argumentativo en el pronunciamiento emitido por la Sala  Superior, donde este colegiado da respuesta a los agravios  del recurso de apelación y justifica su decisión bajo las  siguientes premisas: QUINTO: Que, en examen de los  actuados administrativos y en lo concerniente a la exigibilidad  del pago de intereses moratorios en función a la oportunidad  en que fueron resueltos tanto por la Administración Tributaria  como por el Tribunal Fiscal los respectivos recursos de  reclamación y de apelación, interpuestos por la empresa  contribuyente, ahora demandante, cabe hacer la siguiente  disquisición: 1) en cuanto al recurso de reclamación, se  constata que el mismo fue presentado con fecha el seis de  noviembre del dos mil doce, según escrito de folios mil  cuatrocientos ochenta y cuatro a mil cuatrocientos  setenticuatro, el cual fue resuelto mediante Resolución de  Gerencia número 000 3X4000/2013-000283, emitida el  diecinueve de agosto del dos mil trece, cuyo ejemplar obra  de folios mil setecientos treintiocho a mil setecientos  dieciséis, incluido el Informe número 319-2013-3X4200 que  le  sirve  de  sustento,  que  lo  declaró  infundado,  correspondiendo puntualizar que no medió ningún actoprocedimental de la contribuyente entre las dos fecha  indicadas a excepción del escrito de fecha diecisiete de  diciembre del dos mil doce por el que presenta u ofrece  medios probatorios relativos a la aludida reclamación, lo que  permite determinar que la demora en la resolución del  mencionado recurso impugnativo obedeció a causa  imputable a la Administración Tributaria; sobre el particular,  es menester destacar que conforme a lo preceptuado en el  artículo 142 del Texto Único Ordenado del Código Tributario  aprobado por el Decreto Supremo número 135-99-EF,  modificado por Decreto Legislativo número 981, la  administración Tributaria debía resolver las reclamaciones  dentro del plazo máximo de nueve meses, incluido el plazo  probatorio, contado a partir de la fecha de presentación del  recurso de reclamación, sin embargo, en el caso de autos se  advierte que la Administración demoró en resolver el recurso  de reclamación planteado, excediendo e inobservando así el  indicado plazo legal, por lo que siguiéndose el criterio fijado  por el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha diez  de mayo del dos mil dieciséis, emitida en el expediente  número  04082-2012-PA/TC,  corresponde  disponer  la  inaplicación de la regla sobre cobro de intereses moratorios  por el tiempo de exceso frente al plazo de ley en que incurrió  la Administración al resolver el recurso impugnativo en  referencia; y 2) en lo que atañe al recurso de apelación,  se advierte que el mismo fue interpuesto el 12 de setiembre  del dos mil trece, a través del escrito de folios mil setecientos  sesentiocho a mil setecientos sesentitrés, generando la  emisión de la Resolución del Tribunal Fiscal 11310-A-2016,  del dos de diciembre del dos mil dieciséis, cuyo ejemplar  obra a folios mil ochocientos quince a mil ochocientos siete,  siendo menester puntualizar, que no medió ningún acto  procedimental de la contribuyente ni de la Administración  entre las dos fechas indicadas, lo que permite determinar  que la demora (equivalente a dos años y un mes) en la  resolución del mencionado recurso impugnativo obedeció a  causa imputable al Tribunal Fiscal; en torno a ello, cabe  señalar que durante el tiempo de tramitación del recurso de  apelación estuvo vigente el artículo 33, último párrafo del  acotado Código, incorporado por el Decreto Legislativo  número 981, publicado el quince de marzo del dos mil siete,  que preveía la inaplicabilidad de la suspensión de los  intereses moratorios a la etapa de la apelación ante el  Tribunal Fiscal, empero incidiéndose en el considerable  tiempo transcurrido entre la interposición del recurso de  apelación y la emisión de la resolución por parte del Tribunal  Fiscal, así como en el factor ya puntualizado relativo a que la  demora obedeció objetivamente a causa imputable a este  órgano resolutor, debe concluirse en la inobservancia del  plazo razonable en el caso concreto, acorde con el ya  invocado criterio establecido por el Tribunal Constitucional  en la sentencia de fecha diez de mayo del dos mil dieciséis,  emitida en el expediente número 04082-2012-PA/TC; ergo,  corresponde estimar la primera pretensión subordinada en  examen postulada por la empresa accionante, disponiéndose  la inaplicación de la regla sobre cobro de intereses  moratorios por el tiempo en exceso frente al plazo de ley en  que incurrieron tanto la Administración Tributaria como el  Tribunal Fiscal al resolver los recursos impugnativos  correspondientes, tal como lo ha decidido la A-quo con  acierto a través de la sentencia recurrida; SEXTO.- Que, por  otra parte, contrariamente a lo aducido por el Procurador  Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de  Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal,  al fundamentar su recurso impugnativo materia de alzada, el  criterio del Tribunal Constitucional fijado a través de la  invocada sentencia de fecha diez de mayo del dos mil  dieciséis , emitida en el expediente número 04082-2012-PA/ TC, si bien no constituye precedente vinculante, es de  observancia obligatoria por los Jueces de la República al  decidir en casos como el sub-judice, acorde con lo prescrito  en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal  Constitucional, conforme al cual los Jueces interpretan y  aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los  reglamentos  según  los  preceptos  y  principios  constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos  que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal  Constitucional en concordancia con lo preceptuado en la  primera Disposición Final de la Ley Orgánica del Tribunal  Constitucional, en cuya virtud los Jueces y Tribunales  interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley  y los reglamentos respectivos según los preceptos y  principios constitucionales, conforme a la interpretación de  los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el  Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo  responsabilidad; SÉTIMO.- Que, de otro lado, los argumentos  que fundamentas los recursos impugnativos que originan la  alzada, referidos a que los intereses moratorios se generanúnica u exclusivamente por la verificación de una conducta  antijurídica del contribuyente, así como a que el transcurso  de un tiempo mayor al plazo legalmente previsto para  resolver encontraría justificación objetiva en la complejidad  del caso concreto siguiendo los criterios establecidos en la  sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil quince  emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente  número 00295-2012-PHC/TC, carecen en rigor de asidero  en el caso concreto en examen, pues, en principio, en  cuanto al primer argumento, es menester puntualizar que de  acuerdo a lo preceptuado en el artículo 28 del Código  Tributario, la deuda tributaria está constituida por el tributo,  las multas y los intereses, precisándose que estos últimos  están referidos al interés moratorio, y en concordancia con lo  dispuesto en el artículo 1242 del Código Civil, el interés  moratorio en el ámbito tributario tiene como finalidad  indemnizar el retardo en el pago del tributo; por ende la  demora de los órganos administrativos en resolver los  recursos de reclamación y de apelación, no debe generar,  per se, intereses moratorios, al no mediar causa objetiva  imputable al deudor tributario, de ahí que una pretensión en  contrario –como acontece con lo argüido por las  Procuradurías de la entidades coemplazadas en este  proceso- implicaría desnaturalizarlos; y en lo tocante al  segundo argumento , si bien en la invocada sentencia  recaída en el expediente número 00295-2012-PHC/TC el  Tribunal  Constitucional,  siguiendo  la  jurisprudencia  establecida a su vez por el Tribunal Europeo de Derechos  Humanos para determinar si, en cada caso concreto, se ha  producido o no la violación del derecho al plazo razonable  del proceso o a ser juzgado dentro de una plazo razonable,  ha precisado que se deben evaluar tres criterios (complejidad  del asunto, conducta procesal del interesado y conducta de  las autoridades judiciales encargadas de tramitar y de  resolver el proceso), no menos verdad es que estos criterios  – en particular el primero de los reseñados- no pueden ser  aplicados de manera directa al caso sub-judice, máxime si  para el ámbito tributario el derecho al plazo razonable ha  merecido un singular análisis y el establecimiento de un  específico criterio por parte del Tribunal Constitucional a  través de la sentencia de fecha diez de mayo del dos mil  dieciséis, emitida en el expediente número 04082-2012-PA/ TC, invocada como principal basamento de la decisiones  jurisdiccionales adoptadas tanto por la A-quo como por esta  Sala Superior, para lo cual se ha puesto énfasis en la  naturaleza jurídica de los intereses moratorios, destacada  con antelación, y su exigibilidad en un escenario en el que  medien causas objetivas imputables al deudor tributario,  mas no ajenas a éste – como lo serían las imputables a los  órganos administrativos resolutores, al configurarse demora  en la resolución de los respectivos recursos impugnativos y  excediendo los plazos legalmente fijados concebidos como  razonables-; OCTAVO.- Que, finalmente lo argüido por la  Procuraduría Pública de la SUNAT, en cuanto a que el  contribuyente que decida recurrir al proceso contencioso  administrativo a fin de solicitar tutela sobre su derecho al  plazo razonable, debe acreditar haber recurrido a la queja,  regulada en el artículo 155 del Código Tributario, como vía  previa para solucionar la omisión de pronunciamiento de la  administración, situación que no ha ocurrido en el presente  caso (sic), carece en rigor de asidero, ya que el recurso de  queja debe ser entendido como una facultad para el  administrado o contribuyente, es decir, es de carácter  potestativo, sin soslayar incluso lo que en pacífica doctrina  se sostiene acerca de que se trata no de un recurso per se,  sino de un remedio para corregir los defectos de tramitación  que se produzcan en un procedimiento administrativo  tributario, máxime si se tiene en cuenta que, por lo demás, la  queja no se halla prevista en el invocado Código como “vía  previa” o exigencia sine qua non para que el contribuyente ,  ante la demora de los órganos administrativos en resolver  los respectivos recursos impugnativos, quede habilitado  para el subsiguiente recurso o la acción contencioso  administrativa. 2.7. De esta argumentación, se observa que  la instancia de mérito señaló que correspondía aplicar los  criterios de violación del plazo razonable establecidos por el  Tribunal Constitucional, siguiendo además la jurisprudencia  establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  En consecuencia, la Sala Superior cumplió con exponer las  razones de hecho y de derecho por las cuales resolvió  confirmar la sentencia apelada, vale decir, sustentó  debidamente la decisión, permitiendo conocer cuál fue el  razonamiento lógico empleado. Por consiguiente, la  sentencia de vista contiene una suficiente motivación —en  los términos señalados en la sentencia del Tribunal  Constitucional recaída en el Expediente Nº 3493-2006-PA/ TC—, más allá de la discrepancia que pudieran tener las  partes con la justificación que ella contiene. 2.8. De formaespecífica, sobre el supuesto de motivación aparente  alegado por la parte recurrente, debemos señalar que, de  los argumentos manifestados por la Sala Superior, no se  evidencia que se hayan omitido las razones mínimas que  sustentan la decisión, ni tampoco un mero intento de dar  cumplimiento formal al mandato amparándose en frases sin  sustento fáctico o jurídico. Como ya ha sido indicado, el  colegiado superior cumplió con exponer los supuestos de  hecho  (capitalización  de  intereses)  y  de  derecho  (Constitución Política del Perú y segunda disposición  complementaria final del Decreto Legislativo Nº 981), ello a  efectos de optar por la declaración de nulidad de la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11310-A-2018, por la cual  se confirmó la decisión de la administración tributaria  contenida en la Resolución de Gerencia Nº 000 3X4000/2013- 000283. 2.9. Por lo tanto, la Sala Superior motivó  debidamente su decisión, razón por la cual no se evidencia  infracción del derecho a la debida motivación, en su vertiente  de inexistencia de motivación o de motivación aparente. En  consecuencia, corresponde declarar infundado el recurso  de casación interpuesto en este extremo. 2.10. Respecto a  la aplicación indebida de la sentencia emitida en el  Expediente Nº 4082-2012-PA/TC; e inaplicación de las  sentencias dictadas en los Expedientes Nº 03184-2012-PA/ TC y 03373-2012-PA/TC, entre otros. Respecto de las  sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas  en los expedientes N.OS 03184-2012-PA/TC y 03373-2012- PA/TC, precisa que el Tribunal Constitucional, confirmó la  validez constitucional de la norma que mantiene la aplicación  de intereses moratorios durante la tramitación de la  aplicación ante el Tribunal Fiscal. 2.11. Al respecto cabe  precisar, que lo efectuado por el Tribunal Constitucional en  las sentencias del Expediente Nº 4082-2012-PA/TC (caso  Medina Baca), ratificado en el Expediente Nº 4532-2013-PA/ TC (caso ICATOM), concluyen que corresponde la  suspensión de los intereses moratorios en los casos en que  la demora en resolver el procedimiento contencioso  administrativo no sea atribuible al administrado. Tan es así  que en el fundamento 71 de la sentencia del Expediente Nº  4082-2012-PA/TC (caso Medina de Baca) se señala: 71.  Debe inaplicarse a este caso el artículo 6 del Decreto  Legislativo Nº 981 en el extremo en que disponía el computo  de intereses moratorios durante el trámite del procedimiento  contencioso tributario, disponiéndose que la Sunat suspenda  el computo de los mismos en el tiempo de exceso frente al  plazo de ley incurrido por el Tribunal Fiscal al resolver el  procedimiento contencioso tributario. La referida sentencia  del Tribunal Constitucional Nº 4082-2012-PA/TC, el Tribunal  Constitucional analizó, desde la perspectiva del derecho de  acceso a los recursos en sede administrativa, la  constitucionalidad en dicho caso concreto del cobro de los  intereses generados durante el trámite del procedimiento  contencioso-tributario, incluida la capitalización de intereses  durante el tiempo en que estuvo vigente su exigencia en el  artículo 33 del Código Tributario. 2.12. En el caso sub judice,  no existía mayor complejidad y esta objetivamente  demostrado que las instancias administrativas demoraron  más de lo debido para resolver el tema objeto de conflicto,  afectándose de este modo el debido proceso y su vertiente  implícita del plazo razonable previsto en el artículo 139  inciso 3 de la Constitución Política del Perú, también  reconocido en artículo 8.1 de la Convención Americana  sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa  Rica, y ello tiene prevalencia sobre cualquier otra norma de  menor jerarquía. 2.13. Asimismo, el plazo razonable de  acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y  Políticos de la Convención Americana sobre Derechos  Humanos despliega sus efectos jurídicos a todo tipo de  procedimiento o proceso, lo cual significa que su vulneración  también contraviene normas de carácter internacional, e  implican un Control de Convencionalidad, a fin de  salvaguardar dicho derecho. Sobre el plazo razonable en el  mismo sentido señalado, el Tribunal Constitucional dice:  Este derecho se encuentra expresamente reconocido en el  artículo 3, literal c, del Pacto Internacional de Derechos  Civiles y Políticos y en el artículo 8, inciso 1, de la Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos.  Este  último  instrumento internacional establece que “toda persona tiene  derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un  plazo razonable, por un juez o tribunal competente,  independiente e imparcial, establecido con anterioridad por  la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal  formulada contra ella, o para la determinación de sus  derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de  cualquier otro carácter”. En ese sentido, está fuera de toda  duda que el contenido del derecho al plazo razonable del  proceso despliega sus efectos jurídicos a todo tipo de  procedimiento o proceso ya sea este de carácter penal,civil, laboral, administrativo, corporativo, etc. 9 (resaltado  nuestro, Expediente 01006-2016 PHC/TC Caso Vásquez  Pérez Y Otros Fundamento Jurídico 10.). Así pues, los  argumentos desarrollados en la sentencia de vista son  consecuentes  con  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional y la normativa internacional establecida por la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humano.  En  consecuencia, corresponde declarar infundado el recurso  de casación interpuesto en este extremo, referido a la  aplicación indebida de la sentencia emitida en el Expediente  Nº 4082-2012-PA/TC; e inaplicación de las sentencias  dictadas en los Expedientes Nº 03184-2012-PA/TC y 03373- 2012-PA/TC, entre otros. Tercero: Pronunciamiento  respecto a la causal de infracción normativa por  inaplicación de los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo  Nº 362-2015-EF, concordado con la cuarta disposición  complementaria transitoria de la Ley Nº 30230,  denunciada por la SUNAT 3.1. Como fundamento de esta  causal, la parte recurrente sostiene que las referidas  disposiciones establecen que para los procedimientos de  apelación en trámite al trece de julio de dos mil catorce, la  regla sobre no exigibilidad de intereses moratorios  introducida en el artículo 33 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, será aplicable si en el plazo de doce  meses contados desde la entrada en vigencia de la Ley Nº  30230, el Tribunal Fiscal no resuelve las apelaciones.  Agrega que, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto  Supremo Nº 362-2015-EF, se encuentran comprendidos en  los supuestos de dicha norma aquellos procedimientos de  apelación en trámite al trece de julio de dos mil quince y que,  en tales casos, al tributo o multa pendiente de pago se le  aplica la tasa de interés moratorio - TIM hasta dicha fecha, y  a partir del catorce de julio de dos mil quince se le aplica la  variación del índice de precios al consumo – IPC, de acuerdo  con lo regulado en el artículo 2, debiendo para ese efecto  considerarse como fecha de vencimiento del plazo para  resolver la apelación el trece de julio de dos mil quince. 3.2.  Al respecto, el Tribunal Constitucional en reiterada  jurisprudencia ha señalado lo siguiente: a) En la sentencia  recaída en el Expediente Nº 2141-2012-HC/TC precisó que  el derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye  una manifestación implícita del derecho al debido proceso  establecida en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú y en el inciso 1 del artículo 8 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos. b) En el  Expediente Nº 2050-2002-AA/TC, ha precisado que el  derecho al plazo razonable tiene como finalidad impedir que  los investigados o procesados permanezcan largo tiempo  bajo investigación o proceso, y asegurar que este o aquella  se decidan dentro de un plazo razonable, ya que una demora  prolongada e injustificada puede llegar a constituir, por sí  misma, una violación de las garantías judiciales que  consagra el debido proceso. c) Por dicha razón, en el  Expediente Nº 03509-2009-PHC/TC, enfatizó que no solo  “no pueden existir zonas exentas de control constitucional”,  sino que “tampoco pueden haber plazos ni tiempos exentos  de control”. d) En una reciente Sentencia del Tribunal  Constitucional Nº 02051-2016-PA/TC, del doce de noviembre  de dos mil veinte, se ha señalado que la finalidad del cobro  de intereses moratorios frente a deudas tributarias está  dirigida a incentivar el pago oportuno de estas obligaciones  por parte de los contribuyentes, así como a indemnizar al  acreedor tributario por el no cobro oportuno de la deuda. No  existe causa objetiva y razonable que justifique una distinta  responsabilidad jurídica o tratamiento diferenciado en el  cumplimiento de este deber, respecto de los contribuyentes,  sean persona natural o jurídica dedicada a la actividad  empresarial, en tanto que con dicho cobro no se busca  sancionar un eventual provecho económico que pudiera  obtener el contribuyente, sino indemnizar al Estado por el no  pago oportuno de su acreencia. Este criterio resultaría  coherente con el que se estableció en la Sentencia del  Tribunal Constitucional Nº 00905-2001-PA/TC, donde se  reconoció que las personas jurídicas de derecho privado  también pueden ser titulares de derechos fundamentales, y  en la Sentencia Nº 01567-2006-PA/TC, donde se dejó  establecida su titularidad del derecho al debido proceso, no  solo en los procesos judiciales sino también en los  procedimientos administrativos. d.1) La referida sentencia,  respecto al principio de razonabilidad, señala que resulta  ser “un parámetro indispensable de constitucionalidad que  permite determinar la legitimidad de la actuación de los  poderes públicos, especialmente cuando esta afecta el  ejercicio de los derechos fundamentales”. Este principio se  encuentra regulado en el numeral 1.4 del artículo IV del título  preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento  Administrativo General, que reconoce que: […] cuando se  trate de una medida restrictiva de algún derecho deladministrado, la legitimidad de dicha actuación depende de  la concurrencia de dos aspectos fundamentales; de un lado,  que la medida haya sido adoptada dentro de los límites de la  facultad atribuida y, de otro, que en su aplicación se advierta  una debida proporción entre los medios a emplear y los fines  públicos que deba tutelar […].10 d.2) Respecto a la garantía  del plazo razonable, la desarrolla como un elemento del  derecho al debido procedimiento administrativo, en tanto  constituye una manifestación implícita del derecho al debido  proceso que despliega sus efectos jurídicos a todo tipo de  proceso o procedimiento, al estar reconocido por el inciso 3  del artículo 139 de la Constitución Política del Estado: “Así,  el plazo de un proceso o un procedimiento será razonable  sólo si es que aquél comprende un lapso de tiempo que  resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las  actuaciones procesales necesarias y pertinentes que  requiere el caso concreto […]”11. Es así que establece cuatro  criterios de evaluación a efectos de determinar si en el  ámbito de un procedimiento administrativo se ha producido o  no la violación del derecho al plazo razonable; ellos son: i)  La complejidad del asunto: naturaleza de la situación  fáctica que es materia de evaluación o fiscalización por la  administración (procedimiento administrativo ordinario o  sancionador), los alcances de la actividad probatoria para el  esclarecimiento de los hechos, la pluralidad de administrados  involucrados en el procedimiento, o algún otro elemento que  permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la  dilucidación  de  un  determinado  asunto  resulta  particularmente complicada y difícil. ii) La actividad o  conducta procedimental del administrado: si su actitud  ha sido diligente o ha provocado retrasos o demoras en el  procedimiento, por cuanto si la dilación ha sido provocada  por él no cabe calificarla de indebida. En ese sentido, habrá  que distinguir entre el uso regular de los medios  procedimentales que la ley prevé y la actitud obstruccionista  o la falta de cooperación del administrado, la cual estaría  materializada en la interposición de recursos que, desde su  origen y de manera manifiesta se encontraban condenados  a la desestimación. iii) La conducta de la administración  pública: se verifica el grado de celeridad con el que se ha  tramitado el procedimiento. Para ello, será preciso examinar  las actuaciones u omisiones de los órganos competentes  para la tramitación del procedimiento, como por ejemplo: lo  que ordinariamente se demora en resolver determinado tipo  de procesos; la admisión y/o la actuación de elementos  probatorios manifiestamente impertinentes; la reiterada e  indebida anulación por parte del ente o tribunal administrativo  de segundo grado respecto de las decisiones de la autoridad  administrativa de primer grado; la demora en la tramitación y  resolución de los medios impugnatorios, etc. iv) Las  consecuencias que la demora produce en la situación  jurídica del interesado: Se evalúa si el paso del tiempo en  el procedimiento incide o influye de manera relevante e  intensa en la situación jurídica (derechos y deberes) del  demandante. Ello con la finalidad de que el procedimiento  discurra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva  en un tiempo breve, si es que éste incide o influye de manera  relevante e intensa sobre la situación jurídica del  demandante.12 d.3) Adicionalmente, la misma sentencia el  Tribunal Constitucional ha dejado sentado que el criterio  utilizado no resultará aplicable a aquellos procedimientos  contencioso-tributarios que se encuentren concluidos,  especificando que se refiere a […] aquellos en los que los  mecanismos de cobro de la deuda tributaria se hayan  agotado en sede administrativa sin que hubiese existido de  por medio recurso administrativo alguno que fuera ejercido  por el contribuyente en contra de actos de cobranza; o que  habiendo existido algún recurso, este haya sido denegado  sin que posteriormente el contribuyente haya judicializado  su cuestionamiento […]. De la misma manera, se ha  pronunciado respecto a los procesos judiciales, indicando en  qué casos tampoco se aplica el criterio: “[…] tampoco resulta  aplicable a aquellos procesos judiciales (contencioso  administrativos o procesos constitucionales) que, con  anterioridad a la publicación de dicha sentencia, cuenten  con resolución judicial firme respecto al cálculo de intereses  moratorios. […]” d.4) Finalmente, señaló que sí corresponde  aplicar los criterios establecidos, […] en aquellos casos  en los que, luego de publicada la sentencia, ya sea que se  trate de procedimientos contencioso-tributarios o procesos  judiciales, aún se encuentren en trámite o pendientes de  resolución firme, incluyendo para tal efecto la fase de  ejecución del procedimiento o proceso en la que se suele  proceder a la liquidación de los intereses moratorios. […]  3.3. Esta Sala Suprema comparte el análisis efectuado por  el Tribunal Constitucional; por ello, considera que el análisis  realizado en la sentencia de vista resulta correcto, al  considerar que si bien los intereses previstos en el artículo33 y 181 del Texto Único Ordenado del Código Tributario  cumplen una finalidad constitucional —en tanto integran y  posibilitan el deber constitucional de contribuir, pues no solo  se genera para resarcir al Estado, sino también constituye  un mecanismo disuasivo del incumplimiento—, de ninguna  manera pueden constituir un perjuicio económico irrazonable  que puede constituirse inclusive en irreparable, si se carga  al contribuyente con los intereses moratorios de un tiempo  de demora injustificado en resolver, atribuible a la  administración. 3.4. Corresponde precisar que el Decreto  Legislativo Nº 981 entró en vigencia el uno de abril de dos  mil siete e incorporó la suspensión de intereses moratorios  como consecuencia de la superación del plazo para resolver  el recurso de reclamación previsto en el artículo 142 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario: La aplicación  de los intereses moratorios se suspenderá a partir del  vencimiento de los plazos máximos establecidos en el  Artículo 142 hasta la emisión de la resolución que culmine el  procedimiento de reclamación ante la Administración  Tributaria, siempre y cuando el vencimiento del plazo sin  que se haya resuelto la reclamación fuera por causa  imputable a ésta. Durante el periodo de suspensión la deuda  será actualizada en función del Índice de Precios al  Consumidor. […] Del mismo modo, la tercera disposición  complementaria transitoria del decreto legislativo en  referencia, en cuanto a aquellos procedimientos de  reclamación que se hallaban en trámite a la fecha de entrada  en vigor de la misma, señaló: Tercera.- Suspensión de  intereses Para las deudas tributarias que se encuentran en  procedimientos de reclamación en trámite a la fecha de  entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, la  regla sobre no exigibilidad de intereses moratorios  introducida al artículo 33 del Código Tributario, será aplicable  si en el plazo de nueve (9) meses contados desde la entrada  en  vigencia  del  presente  Decreto  Legislativo,  la  Administración Tributaria no resuelve las reclamaciones  interpuestas. 3.5. Considerando que, en el presente caso, el  recurso de reclamación fue interpuesto el seis de noviembre  de dos mil doce, bajo la plena vigencia del Decreto  Legislativo Nº 981, y que fue resuelto el diecinueve de  agosto de dos mil trece, trece días después del vencimiento  del plazo máximo de nueve meses, corresponde aplicar los  criterios establecidos por el Tribunal Constitucional. En  consecuencia,  se  procederá  a  realizar  el  análisis  correspondiente: 3.5.1 La complejidad del asunto De la  revisión de los actuados administrativos apreciamos que: -  Mediante las Declaraciones Aduaneras de Mercancías de  números 118-2011-41-020545, 11-8-2011-41-035202, 118- 2011-41-044733,  118-2011-41-056913,  118-2011-41- 060855, 118-2011-41-074016, 118-2011-41-083787, 118- 2011-41-070960, 118-2011-41-095762, 118-2011-41-093543,  118-2011-41-103004  y  118-2012-41-004012,  la  parte  demandante, DE GUSTE GROUP S.A.C. exportó quinua  blanca, quinua tricolor, quinua negra, pasta de quinua,  kiwicha, hojuelas de kiwicha, kiwicha pop y frijol castilla. -  Mediante las Solicitudes de Restitución de Derechos  Arancelarios de números 235-2011-13-002900, 235-2011- 13-004032,  235-2011-13-004452,  235-2011-13-005007,  235-2011-13-006208, 235-2011-13-007211, 235-2011-13- 007477, 235-2012-13-000570, 235-2012-13-000870, 235- 2012-13-001672,  235-2012-13-001791  y  235-2012-13- 001969, la parte demandante DE GUSTE GROUP S.A.C.  solicitó acogerse al régimen de drawback. - Como  consecuencia de la fiscalización realizada, la administración  aduanera determinó que la demandante se acogió  indebidamente a dicho régimen en las doce (12) solicitudes  de restitución, con relación a la exportación de los diversos  productos, y emitió el Resultado de Requerimiento Nº  1451- 2012-SUNAT/382300, en el que indicó lo siguiente: La  demandante no acreditó que la materia prima adquirida  mediante liquidaciones de compra y facturas haya formado  parte del valor FOB de las mercancías exportadas con las  Declaraciones Aduaneras de Mercancías de números 118- 2011-41-020545,  118-2011-41-035202,  118-  2011-41- 056913, 118-2011-41-060855, 118-2011-41-O74016 y 118-  2011-41-083787. Las mercancías producidas por encargo,  según las Facturas de números 001-002159, 001- 000659,  001- 1002176, 001- 000947, 001- 002220 y 001- 002258, no  sirvieron para la exportación de las mercancías amparadas  en las Declaraciones Aduaneras de Mercancías de números  118-2011-41-035202, 118-2011-41-044733, 118-2011-41- 060855 y 118-2011-41-070960. En el caso de las  Declaraciones Aduaneras de Mercancías de números 118- 2011-41-020545,  118-2011-41-035202,  118-2011-41- 044733, 118-2011-41-056913, 118-2011-41-060855, 118- 2011-41-074016, 118-2011-41-083787, 118-2011-41-070960,  118-2011-41-095762, 118-2011-41-093543, 118-2011-41- 103004 y 118-2012-41-004012, la demandante no acreditóla incorporación de insumo importado en la producción de la  mercancía exportada. En cuanto a las guías de remisión que  presentó para acreditar su traslado al lugar de producción,  ellas no cumplen los requisitos legalmente establecidos. -  Por Resolución de Intendencia Nº 000-380000/2012- 000459 y Resolución de Gerencia Nº 000-382000/2012- 000213, del dieciocho de septiembre de dos mil doce, la  administración aduanera ordenó el reembolso de los montos  obtenidos por acogimiento indebido al régimen de drawback  e impuso una multa equivalente al 50% de dicho monto al no  haber acreditado la empresa el cumplimiento de los  requisitos establecidos para su acogimiento a dicho régimen,  por la infracción establecida por el numeral 3, literal c), del  artículo 192 de la Ley General de Aduanas, aprobada por  Decreto Legislativo Nº 1053 - La administrada interpuso  recurso de reclamación el seis de noviembre de dos mil  doce, contra la resolución de Intendencia y la resolución de  Gerencia. Fue resuelto por Resolución de Gerencia Nº 000  3X4000/2013-000283, del dieciocho de agosto de dos mil  trece, que declaró infundado el recurso de reclamación. - El  diecisiete de diciembre de dos mil doce, la administrada  ofrece medio probatorio. - La administrada interpone  recurso de apelación el doce de septiembre de dos mil  trece, que fue resuelto por Resolución del Tribunal Fiscal Nº  11310-A-2016, del dos de diciembre de dos mil dieciséis,  que confirmó la Resolución de Gerencia Nº 000 3X4000/2013- 000283. De la revisión del expediente administrativo, no se  aprecia que se trate de un procedimiento complejo. 3.5.2 La  actividad o conducta procedimental de la administrada  Los argumentos desplegados por la contribuyente en su  defensa resultan adecuados, pues se verifica que presentó  oportunamente  los  documentos  requeridos  por  la  administración y no se observa que haya presentado escritos  dilatorios luego de interpuestos sus recursos de reclamación  y de apelación Así, se puede advertir que su actuar no  demoró la conclusión del proceso. 3.5.3 La conducta de la  administración pública Teniendo en cuenta el análisis de  los dos primeros criterios, se concluye que no se trataba de  un procedimiento complejo y que la actuación de la  administrada fue adecuada y no provocó la demora de la  conclusión del procedimiento. a) Corresponde entonces  analizar primero la conducta de la SUNAT. El recurso de  reclamación se presentó el seis de noviembre de dos mil  doce y fue resuelto el diecinueve de agosto de dos mil trece.  Resulta evidente que el exceso de la demora en resolver de  trece días resulta imputable a la actuación de la  administración, y durante dicho lapso deben suspenderse  los intereses moratorios desde el siete de agosto del año  dos mil trece, de acuerdo al contenido del artículo 142 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario. b) En cuanto a  la conducta del Tribunal Fiscal, siguiendo la misma línea,  de los actuados administrativos tenemos que se interpuso el  recurso de apelación el doce de septiembre del año dos mil  trece, cuando aún no se encontraba vigente la Ley Nº 30232,  y fue resuelto el dos de diciembre de dos mil dieciséis. Si  bien en ese lapso de tiempo se emitió la Ley Nº 30230,  vigente desde el trece de julio del año dos mil catorce,  debemos señalar que la ley en referencia establece  medidas tributarias, simplificación de procedimientos y  permisos para la promoción y dinamización de la  inversión en el país. Esta ley fue publicada en el diario  oficial El Peruano el doce de julio del dos mil catorce. El  capítulo I, sobre actualización excepcional de las deudas  tributarias, buscaba la inaplicación de la capitalización de  intereses en los periodos vigentes, esto es, del año mil  novecientos noventa y ocho al dos mil cinco. Sobre el ámbito  de aplicación regulado en su artículo 1, se establece lo  siguiente:  Artículo  1.  Ámbito  de  aplicación  Están  comprendidas en el presente Capitulo todas las deudas  tributarias pendientes de pago a la fecha de entrada en  vigencia de la presente Ley, cuya recaudación o  administración estén a cargo de la Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria,  incluidas las deudas ante el Seguro Social de Salud  (ESSALUD) y la Oficina de Normalización Provisional (ONP),  respecto de las cuales se hubiere notificado o no órdenes de  pago o resoluciones de la Sunat, por la totalidad de la deuda.  Asimismo, respecto del objetivo de la norma, en su artículo  2 estipula lo siguiente: Artículo 2. Actualización excepcional  de deudas tributarias Se establece la actualización  excepcional de las deudas tributarias pendientes de pago,  cualquiera fuera el estado en que se encuentren: cobranza,  reclamación, apelación al Tribunal Fiscal o impugnada ante  el Poder Judicial; en aplazamientos y/o fraccionamientos de  carácter general o particular perdidos, incluido el supuesto  de incumplimiento de pago de cuotas; eliminando la  capitalización aplicable desde el 31 de diciembre de 1998  hasta el 31 de diciembre de 2005. En su cuarta disposicióncomplementaria transitoria estableció: CUARTA. Recursos  de apelación interpuestos antes de la vigencia de la presente  Ley Para las deudas tributarias que se encuentran en  procedimientos de apelación en trámite a la fecha de entrada  en vigencia de la presente Ley, la regla sobre no exigibilidad  de intereses moratorios introducida al artículo 33 del Código  Tributario y al artículo 151 del Decreto Legislativo 1053, será  aplicable si en el plazo de doce (12) meses contados desde  la entrada en vigencia de la presente Ley, el Tribunal Fiscal  no resuelve las apelaciones interpuestas. […] Cierto es  también que se debe privilegiar el derecho al plazo razonable  desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos  Humanos13 y que se encuentra reconocido en el artículo 8 de  la Convención Americana, el cual se encuentra íntimamente  ligado con el recurso efectivo, sencillo y rápido, reconocido  también en su artículo 25. Asimismo, habiendo considerado  los cuatro aspectos para determinar en cada caso concreto  el cumplimiento de esta regla, como son la complejidad del  asunto, la conducta de las autoridades, la actividad procesal  del interesado y la afectación generada en la situación  jurídica de la persona involucrada en el proceso. Asimismo  como se ha señalado precedentemente el concepto de plazo  razonable también ha sido recogido por nuestro Tribunal  Constitucional en la misma línea, al haber reconocido que se  encuentra inmerso en el artículo 139.3 de nuestra  Constitución, dentro de lo que se considera como principio y  derecho al debido proceso, en tanto el derecho al plazo  razonable del proceso es otro de los componentes de la  garantía del debido proceso legal. 3.5.4 Las consecuencias  que la demora produce en la situación jurídica del  interesado En este caso, corresponde evaluar que el paso  del tiempo transcurrido en segunda instancia administrativa  hasta la emisión de la resolución del Tribunal Fiscal que  resuelve el recurso de apelación, causa grave perjuicio  económico en la administrada y si bien la aplicación de los  intereses moratorios busca persuadir a los contribuyentes  de cumplir oportuna y correctamente con sus obligaciones,  ello no significa perjudicar su desarrollo económico, que  finalmente se refleja también en el desarrollo económico del  país. Por ello, se debe buscar un equilibrio que se traduzca  en contribuyentes y administración responsables, cada uno  desde su posición en la economía del país y dentro de los  procedimientos administrativos, ordinarios, fiscalizadores o  sancionadores, en los que participan. 3.6. Transitados los  cuatro criterios de evaluación, se concluye que no  corresponde amparar la infracción denunciada, ya que el  plazo para resolver el recurso de apelación era de doce  meses de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario, esto es, vencía  el doce de septiembre del año dos mil catorce. Las  sentencias de mérito tomaron la fecha en que el expediente  administrativo ingresó al Tribunal Fiscal, esto es, el veintiuno  de octubre del año dos mil trece, y considerando que  tampoco se cumplió con la regla establecida por la cuarta  disposición complementaria transitoria de la Ley Nº 30232,  el plazo de los doce meses se cumplió el veintiuno de  octubre de dos mil catorce. El Decreto Supremo Nº 362- 2015-EF señala en su artículo 3, respecto a la actualización  de la deuda a la que se refiere la cuarta disposición  complementaria transitoria de la Ley Nº 30230: […] 3.1 Se  encuentran  comprendidos  en  la  Cuarta  Disposición  Complementaria Transitoria aquellos procedimientos de  apelación en trámite al 13 de julio de 2014 que no hubieran  sido resueltos y respecto de los cuales no se hubiera  notificado la resolución que resuelve la apelación al 12 de  julio de 2015. En tales casos, al tributo o multa pendiente de  pago se le aplica la TIM hasta el 13 de julio de 2015 y a partir  del 14 de julio de 2015 se le aplica la variación del IPC de  acuerdo a lo establecido en el artículo 2°, debiendo para  este efecto considerarse, como fecha de vencimiento del  plazo para resolver la apelación, el 13 de julio de 2015. 3.2  En los casos en los que se hubiera emitido la resolución que  resuelve la apelación antes del 13 de julio de 2015, sin haber  sido notificada antes de dicha fecha, no es de aplicación la  variación del IPC, debiendo utilizarse la TIM. […] De acuerdo  a lo señalado, se desprende que el recurso de apelación  interpuesto por la administrada se resolvió el dos de  diciembre de dos mil dieciséis, es decir, como ya se señaló,  fuera del plazo que establece la Ley Nº 30230. En  consecuencia, al haberse infringido la regla dada,  corresponde aplicar la norma desde su entrada en vigencia.  En consecuencia, corresponde declarar infundada la  infracción denunciada, por los argumentos desarrollados en  la presente resolución. DECISIÓN Por estas consideraciones,  DECLARARON INFUNDADO los recursos de casación  interpuestos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y  de Administración Tributaria el once de junio de dos mil  diecinueve (fojas trescientos setenta y seis a trescientosochenta y tres), y por el Procurador Adjunto a cargo de los  Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas,  en nombre del Tribunal Fiscal, del cinco de junio de dos mil  diecinueve (fojas trescientos cincuenta y cuatro a trescientos  setenta). En consecuencia, NO CASARON la sentencia de  vista del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve (fojas  trescientos cuarenta y uno a trescientos cuarenta y siete),  que confirmó la sentencia apelada del treinta y uno de  octubre de dos mil dieciocho (fojas ciento noventa y dos a  doscientos  dieciocho),  emitida  por  la  Sexta  Sala  Especializada en lo Contencioso Administrativo con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima, en los seguidos por DE  GUSTE GROUP S.A.C. contra el Tribunal Fiscal y la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria; y DISPUSIERON la publicación de la presente  resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley.  Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.  Interviene como Jueza Suprema ponente la magistrada  Dávila Broncano. SS. SS. GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA  FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA  PINEDA, DÁVILA BRONCANO. 1  Se transcriben las reseñas elaboradas en su oportunidad. 2  De Pina, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones  Jurídicas Hispano Americana; p. 222. 3  El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es parte del  derecho al debido proceso, consagrado en el numeral 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Estado como uno de los principios y derechos de la  función jurisdiccional. Exige que en todas las instancias judiciales se cumplan  necesariamente todas las garantías, requisitos y normas de orden público que  han sido establecidos, a fin de generar que todas las personas estén en reales  condiciones de poder defender de manera apropiada sus derechos. Así, el  debido proceso es una garantía procesal de inexorable cumplimiento en tanto su  observancia permite la efectiva protección de otros derechos fundamentales y el  acceso a la justicia.  4  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 03433-2013-PA/TC, del dieciocho de  marzo de dos mil catorce. 5  Constitución Política del Perú  Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:   […]   3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.   Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley,  ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada  por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al  efecto, cualquiera sea su denominación.   […]  5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,  excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de  los fundamentos de hecho en que se sustentan. 6  Sentencia del Tribunal Constitucional. Nº 00728-2008-PHC/TC- LIMA, del trece de  octubre de dos mil dieciocho. 7  CASACION Nº 2813-2010- LIMA, del dos de junio de dos mil once. p.3. 8  VIDAL RAMÍREZ, Fernando. “La capitalización de intereses”. Derecho PUCP (26);  p. 83.  http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/12846/13419 9  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04082-2012-PA/TC, del veinticuatro de  enero de dos mil dieciocho. 10  1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa,  cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o  establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los  límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los  medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo  estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 11  Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 295-2012-PHC/TC, del catorce de  mayo de dos mil quince, fundamento 3. 12  Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. 04532-2013-PA/TC, del dieciséis de  agosto de dos mil dieciocho. Fundamento 33. 13  Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Argüelles y otros Vs. Argentina,  sentencia de veinte de noviembre de dos mil catorce C-2136203-19