CASACIÓN Nº 19673-2019 LIMA
Sumilla: La suspensión de la aplicación de intereses  moratorios por el vencimiento del plazo máximo en  resolver en instancia administrativa, que señala el artículo  33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario y  sus modificatorias, debe ser aplicado conforme a los  criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en  las sentencias recaídas en los Expedientes N.° 4082- 2012-PA/TC (caso Medina de Baca) y N.° 4532-2013- PA/TC (Icatom), que desarrollan doctrina jurisprudencial,  conforme al artículo VI del título preliminar del Código  Procesal Constitucional (VII del anterior). Lima, dos de agosto de dos mil veintidós LA QUINTA SALA  DE  DERECHO  CONSTITUCIONAL  Y  SOCIALTRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  DE LA REPÚBLICA: VISTA La causa número diecinueve  mil seiscientos setenta y tres, guion dos mil diecinueve,  Lima, con los acompañados respectivos, en audiencia  pública llevada a cabo en la fecha, la Sala Suprema  integrada por los señores Jueces Supremos González  Aguilar (presidente), Rueda Fernández, Bustamante del  Castillo, Barra Pineda y Dávila Broncano, luego de  producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la  siguiente sentencia: I. Materia del recurso Se trata de los  recursos de casación calificados como procedentes  interpuestos  por  la  codemandada  Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  (SUNAT), del veinte de junio del dos mil diecinueve (fojas  cuatrocientos treinta y nueve a cuatrocientos sesenta y dos  del expediente judicial físico), y por el codemandado  Tribunal Fiscal, mediante el Procurador Público del  Ministerio de Economía y Finanzas, del veinticinco de junio  del dos mil diecinueve (fojas quinientos treinta y seis a  quinientos cincuenta y tres del expediente judicial físico),  contra la sentencia de vista del cinco de junio de dos mil  diecinueve (fojas cuatrocientos dieciocho a cuatrocientos  treinta y tres del expediente judicial físico), emitida por la  Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de  Lima, que confirmó en parte la sentencia de primera  instancia1 en cuanto declara infundada la demanda  respecto a la pretensión principal y a la primera pretensión  subordinada, y la revocó en el extremo que declaró  infundada la demanda en cuanto a la segunda pretensión  subordinada y, reformándola, declara fundada dicha  pretensión. 1.1. Causales del recurso de casación  Mediante resoluciones del veintinueve de septiembre de  dos mil veinte, (fojas doscientos ochenta y ocho a  doscientos noventa y nueve del cuadernillo de casación), la  Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria  de la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró  procedentes los recursos de casación. Se transcriben las  reseñas elaboradas en su oportunidad: 1.1.1. Causales  declaradas procedentes del recurso de casación de la  codemandada SUNAT a) Infracción al derecho de  motivación, cosa juzgada, normas que regulan el  recurso de queja en sede tributaria y derecho al plazo  razonable: Argumenta que se transgrede las reglas sobre  la cosa juzgada al resolver pretensiones sustancialmente  idénticas a las que aquí se ocupan (sobre intereses  moratorios), formuladas por el demandante en otro proceso  contencioso administrativo seguido contra las mismas  partes del proceso (Exp. N.° 2561-2011-0-1801-JR-CA-01),  pretensiones que fueron desestimadas mediante una  sentencia definitiva emitida por la Corte Suprema de  Justicia (CAS N.° 4544-2015-Lima). Se vulnera el derecho  a la motivación de resoluciones judiciales al no haber  efectuado un análisis fáctico y jurídico correcto, ni haber  expresado los fundamentos que justifiquen adecuadamente  su decisión. Por otro lado, sostiene que el extremo  impugnado se ha resuelto contra las normas que regulan el  recurso de queja en sede tributaria y el silencio  administrativo negativo, pues el demandante consintió la  duración del procedimiento de reclamación y de apelación  en sede tributaria, al no haber cuestionado este aspecto;  por consiguiente, no puede solicitar ahora la inaplicación  de los intereses moratorios durante ese plazo. Agrega que  se ha transgredido el contenido del derecho a un plazo  razonable, pues la Sala Superior se basó en una simple  subjetividad,  ya  que  otorgó  a  este  derecho  una  consecuencia que no se desprende de su contenido y  contrario a lo expuesto en la jurisprudencia del Tribunal  Constitucional quien ha establecido que la vulneración de  este derecho no resulta suficiente para sustentar, por sí  mismo, la pérdida de validez o eficiencia de los efectos  jurídicos de diverso orden, como son las reglas que regulan  los intereses moratorios. b) Contravención del principio  de razonabilidad y artículo 33 del Código Tributario,  concordante con el artículo 1242 del Código Civil y la  jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Señala que  las Sentencias del Tribunal Constitucional N.° 3184-2012- PA/TC y N.° 3373-2012-PA/TC establecieron que los  intereses moratorios a cargo del demandante le resultan  aplicables porque tienen naturaleza compensatoria y no  sancionatoria, es decir, que no deben ser inaplicados aun  cuando se hubiere afectado el derecho al plazo razonable  en la tramitación de un procedimiento. 1.1.2. Causales  declaradas procedentes del recurso de casación del  codemandado Tribunal Fiscal a) Inaplicación del  artículo 33 del Código Tributario modificado por el  artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 981 y artículo 7 de  la Ley N° 30230. Argumenta que al inaplicar esta norma sevulnera lo dispuesto por la Norma IV del Título Preliminar  del Código Tributario que recoge el principio de legalidad y  reserva de ley, pues prevé que solo por ley o decreto  legislativo, se pueden conceder exoneraciones y otros  beneficios tributarios, ya que de manera expresa el artículo  33 modificado por el artículo 6 del Decreto Legislativo N.°  981 establece que la suspensión de intereses no aplica en  la etapa de apelación ante el Tribunal Fiscal, entonces al  concederse un beneficio tributario no dispuesto por ley, se  vulnera la Norma IV del Título Preliminar del Código  Tributario. Asimismo, la Cuarta Disposición Complementaria  Transitoria de la Ley N.° 30230 estableció para las deudas  tributarias en procedimiento de apelación en trámite a la  fecha de entrada en vigencia de la norma, la regla sobre no  exigibilidad de intereses moratorios será aplicable en el  plazo de doce (12) meses contados desde la entrada en  vigencia de la ley; el Tribunal de Fiscal no resuelve las  apelaciones interpuestas, lo que implica que para  procedimientos de apelación en trámite la citada regla  empezó a ser aplicable el trece de julio de dos mil quince.  Siendo ello así, debido a que al trece de julio de dos mil  catorce el recurso de apelación interpuesto por el  demandante se encontraba en trámite, la suspensión de  intereses en dicha instancia solo debe computarse a partir  del trece de julio de dos mil quince hasta la fecha de  emisión de la resolución del Tribunal Fiscal, lo que ocurrió  el treinta de mayo de dos mil diecisiete. Por lo expuesto,  debe considerarse que las modificaciones introducidas en  el artículo 33 del Código Tributario resultaban necesarios  para resolver la segunda pretensión subordinada, sin  embargo, ello no ocurrió. b) Contravención del artículo  139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú,  apartamiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional  N° 4082-2012-PA/TC e inaplicación de las Sentencias  03184-2012-PA/TC y 03373-2012-PA/TC. Indica que el  Tribunal Constitucional estableció en su jurisprudencia la  validez constitucional del cobro de intereses moratorios  durante la tramitación de la apelación ante el Tribunal  Fiscal y la exención del pago de este concepto solo es  aplicable a los casos en que por resolución del mismo  Tribunal se ha dispuesto eso, tras verificarse la  inconstitucionalidad del tributo. En el presente caso, no se  ha discutido la constitucionalidad de ningún tributo, por  ende, correspondía que la Sala Superior resolviera en  coherencia con la jurisprudencia constitucional, aplicando  al caso de autos lo estipulado en el artículo 33 del Código  Tributario y sus modificaciones. Por lo expuesto, la  sentencia de vista aplicó indebidamente la Sentencia N.°  04082-2012-PA/TC a pesar que esta dispuso su carácter  excepcionalísimo; con lo cual se ha contravenido la  jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencias  03184-2012-PA/TC  y  03373-2012-PA/TC),  que  ha  confirmado la constitucionalidad del pago de intereses  moratorios. II. CONSIDERANDOS 1.1. Antecedentes  administrativos 1.1.1. Por medio de la Carta N.°  100023277450-01 SUNAT y diversos requerimientos, entre  ellos el Requerimiento N.° 0222110003355, la SUNAT  inició procedimiento de fiscalización al demandante Luis  Humberto Goyzueta Angobaldo. Dichos requerimientos  estuvieron referidos al cumplimiento de sus obligaciones  tributarias relacionadas al ejercicio dos mil cinco, entre las  cuales se encontraba la referida al incremento patrimonial  por justificar en la determinación del impuesto a la renta de  personas naturales del ejercicio dos mil cinco ascendente  al importe de S/ 1’500 560.00 (un millón quinientos mil  quinientos sesenta soles con cero céntimos), por abonos a  cuentas del sistema financiero, pago de tarjetas de crédito  del contribuyente, cuentas sin utilizar y cheque de gerencia  cobrado por el contribuyente. 1.1.2. Al finalizar la  fiscalización, la SUNAT estableció reparos a la renta  imponible del impuesto a la renta - personas naturales del  ejercicio dos mil cinco, por haber hallado incremento  patrimonial no justificado, por lo que emitió la Resolución  de Determinación N.° 024-003-0102260 y anexos (fojas  cuatrocientos setenta y dos, cuatrocientos setenta y cuatro  y  cuatrocientos  setenta  y  cinco  del  expediente  administrativo), por la que se determinó la deuda  ascendente a S/ 860,035.00 (ochocientos sesenta mil  treinta y cinco con cero céntimos). Así también, expidió la  Resolución  de  Multa  N.°  024-002-0134742  (foja  cuatrocientos setenta y uno del expediente administrativo),  girada por la comisión de la infracción tipificada en el  numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, por la suma de S/ 6,783.00 (seis mil  setecientos ochenta y tres con cero céntimos), valor que no  es materia de cuestionamiento en el presente proceso.  1.1.3. Contra dichos valores, el contribuyente interpuso  recurso de reclamación, el cual fue declarado fundado enparte con la Resolución de Intendencia N.° 0260140072234/ SUNAT (foja quinientos siete del expediente administrativo),  del veintiséis de julio de dos mil doce, en el extremo de la  multa, que confirmó las observaciones por incremento  patrimonial. Dicha resolución, tras ser apelada, fue  confirmada por la Resolución del Tribunal Fiscal N.° 04688- 5-2017, del treinta de mayo de dos mil diecisiete. 1.2.  Antecedentes del proceso 1.2.1. Ante la decisión que  agota la vía administrativa, Luis Humberto Goyzueta  Angobaldo interpone demanda contencioso administrativa  (fojas ochenta y siete a ciento cuarenta y siete del  expediente administrativo) contra la SUNAT y el Tribunal  Fiscal. Peticiona lo siguiente: a) Pretensión principal: Se  declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N.°  04688-5-2017, del treinta de mayo de dos mil diecisiete,  que  confirma  la  Resolución  de  Intendencia  N.°  0260140072234/SUNAT, del veintiséis de julio de dos mil  doce, y ordena proseguir el cobro de la deuda contenida en  la Resolución de Determinación N.° 024-003-0102260 por  la suma de S/ 860,035.00 (ochocientos sesenta mil treinta  y cinco soles con cero céntimos). b) Primera pretensión  subordinada: Por plena jurisdicción, se revoque la  Resolución del Tribunal Fiscal N.° 04688-5-2017, que  confirma el cobro de la deuda, por vulnerar los principios de  reserva de ley, legalidad, presunción de veracidad, no  confiscatoriedad y capacidad contributiva. c) Segunda  pretensión subordinada: Solicita se aplique el criterio del  precedente expedido en la sentencia del Tribunal  Constitucional N.° 4082-2012-PA/TC, inaplicándose el  artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 981, y se suspenda la  aplicación de los intereses moratorios desde el vencimiento  del plazo máximo que tenía para resolver el Tribunal Fiscal.  Los fundamentos que sustentarían la demanda según cita  la sentencia de primera instancia son: 2.1 Sobre la  pretensión principal, la resolución impugnada no se  encuentra debidamente motivada en proporción a los  argumentos que fueron esgrimidos, ya que el Tribunal  Fiscal no se ha pronunciado de forma suficiente  respecto al Informe Contable elaborado por la empresa  auditora Corporate Service Consulting Sociedad Anónima  Cerrada referido al Análisis de la Documentación Contable  de los años dos mil dos a dos mil cinco de la empresa  Software Sociedad Anónima y las declaraciones del  Impuesto a la Renta del señor Luis Goyzueta Caravasi, con  la finalidad de acreditar que el padre del actor contaba  con los fondos necesarios para haber realizado los  préstamos bancarios dinerarios derivados del Contrato de  Mutuo celebrado con fecha veinte de octubre de dos mil  tres. Más aún cuando fue la Administración Tributaria, la  que señalo como fundamentos para sustentar su resolución  de intendencia, que el padre del demandante no contaba  con los recursos necesarios para realizar el préstamo  objeto de contrato de mutuo. 2.2. De determinarse que el  señor padre del actor encontraba en la capacidad  económica para realizar el préstamo al que hace referencia,  acreditaría que el préstamo que recibiera de su padre no  procede a considerar como ingresos presuntos del  recurrente los incrementos patrimoniales no justificados  resultantes de los préstamos que recibiera de terceras  personas. 2.3. Por tanto la resolución impugnada contiene  un vicio procesal de motivación insuficiente vulnerando así  el derecho al debido procedimiento y la debida motivación  de las resoluciones. 2.4. Respecto a la primera pretensión  subordinada, el incremento patrimonial no justificado es  considerado por la Ley del Impuesto a la Renta como un  nuevo supuesto de tipo de renta, y por tanto al ser un tipo  de renta, necesariamente su regulación debe encontrarse  en la ley y no en el reglamento, cuando dicha facultad sólo  corresponde a la ley, esto como correctamente ha señalado  el Tribunal Constitucional. El Tribunal Fiscal no ha advertido  que vía reglamento se está creando un nuevo hecho  imponible (tipo de renta), hecho que vulnera el Principio de  Reserva de Ley, Legalidad, Presunción de Veracidad, y  como consecuencia el Principio de Confiscatoriedad y  Capacidad Contributiva. 2.5 Respecto a la segunda  pretensión subordinada, el plazo que tenía el Tribunal  Fiscal para resolver el recurso de apelación venció el uno  de octubre de dos mil trece, sin embargo fue notificado con  lo resuelto por el colegiado el siete de junio de dos mil  diecisiete, esto es, casi cuatro años después de vencido el  plazo, tiempo en el cual, los intereses moratorios se han  elevado desproporcionalmente, por tanto solicita que los  intereses de la deuda tributaria se calcule hasta el día uno  de octubre de dos mil trece. 1.2.2. Sentencia de primera  instancia El Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo  Contencioso Administrativo con Sub Especialidad Tributaria  y Aduanera de Lima, mediante sentencia contenida en la  resolución número doce (fojas trescientos diez a trescientostreinta y cinco del expediente judicial físico), del dieciocho  de septiembre de dos mil dieciocho, declara infundada la  demanda en todos sus extremos. Sus argumentos son  los siguientes: 1) Con relación a la primera pretensión  principal,  la  administración  tributaria  determinó  el  incremento patrimonial no justificado del demandante en el  ejercido fiscal dos mil ocho, al contrastar el total de los  ingresos percibidos en el año fiscal dos mil cinco con sus  adquisiciones y/o desembolsos, que ascienden a S/ 1’500  560.00 (un millón quinientos mil quinientos sesenta soles  con cero céntimos). Señala la administración tributaria que  el contribuyente efectuó un mutuo de dinero en el que  recibió del mutuante (su padre) una suma de dinero sin  utilizar los medios de pago a que se refiere el artículo 5 del  Texto Único Ordenado de la Ley N.° 281942 (mediante  empresas del sistema financiero), lo cual es una mandato  legal, por lo cual el incremento patrimonial no ha sido  justificado debidamente, como tampoco lo ha sido la mayor  disponibilidad de ingresos para el pago de obligaciones o la  realización de consumos con la suma recibida del mutuante.  En tal sentido, señala el Juez que, de acuerdo al artículo 52  del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la  Renta, se presume que los incrementos patrimoniales cuyo  origen no puedan ser justificados por el deudor tributario  constituyen renta neta no declarada por este y tales  incrementos patrimoniales no podrán ser justificados, entre  otros, con ingresos provenientes de préstamos que no  reúnan las condiciones que señala el reglamento de la Ley  del Impuesto a la Renta. Además, de la revisión de los  mencionados contratos de mutuo, se aprecia que uno  carece de fecha cierta y el otro adquirió fecha cierta con  posterioridad al ejercicio fiscalizado, por lo que ninguno de  tales documentos se ajusta a lo previsto en el numeral 5 del  artículo 60-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la  Renta. De la misma forma, respecto a los abonos  efectuados por pagos a tarjetas de crédito y bancos por el  monto de S/ 95,961.00 (noventa y cinco mil novecientos  sesenta y un soles con cero céntimos), si bien el accionante  ha señalado que ha realizado dichos abonos con el  préstamo indicado y con el dinero de sus remuneraciones,  tales documentos no prueban el origen y la efectiva  realización del préstamo, pues no ha presentado medios  probatorios adicionales que demuestren fehacientemente  la operación efectuada, por lo que el reparo efectuado en  dicho extremo también se consideró con arreglo a derecho.  Según el Juzgado, lo mismo sucede con el cobro de cheque  de gerencia por la suma de S/ 61,402.00 (sesenta y un mil  cuatrocientos dos soles con cero céntimos), pese a  habérsele requerido expresamente en la vía administrativa.  Sobre la renta de quinta categoría, resulta arreglado a ley  el importe considerado como ingresos para la determinación  del incremento, toda vez que se consideró como fondos  disponibles el ingreso por concepto de remuneraciones  percibido por el recurrente, desde enero a diciembre del  año dos mil cinco, ascendente a S/ 35,899.00 (treinta y  cinco mil ochocientos noventa y nueve soles con cero  céntimos), que se verifica del certificado de rentas y  retenciones por rentas de quinta categoría del ejercicio dos  mil cinco, donde se observa el pago efectuado al recurrente  por su empleador Software Sociedad Anónima. Por tanto,  el importe ascendente a S/ 35, 899.00 (treinta y cinco mil  ochocientos noventa y nueve soles con cero céntimos), se  obtiene como renta no declarada a la cual se encontraba  obligada, y es parte del incremento patrimonial no  justificado,. Sobre la vulneración al principio del debido  proceso y motivación queda desvirtuado, puesto que de la  revisión de las resoluciones, advierte el Juzgado que la  administración se pronuncia sobre cada uno de los  argumentos esgrimidos por el actor. 2) Con relación a la  primera pretensión subordinada, se señaló que si bien el  actor indica sustentar su pedido en la vulneración del  principio de legalidad, presunción de veracidad, no  confiscatoriedad y capacidad contributiva, no expone los  argumentos destinados a dicho análisis. Pese a ello,  habiendo expuesto las razones por las que considera que  los reparos son nulos, los mismos que han sido desvirtuados  al analizar la pretensión principal, estos fundamentos  permiten determinar que los reparos han sido efectuados  conforme a ley, y el Juzgado no ampara esta pretensión por  cuanto se ha identificado que el demandante no ha  presentado medio probatorio alguno que desvirtúe la  procedencia de los reparos efectuados en instancia  administrativa, procedimiento administrativo en el que  además se corrobora la legalidad de lo resuelto por la  administración tributaria y el Tribunal Fiscal. Por tanto, se  observa el cumplimiento de obligaciones administrativas y  el respeto de los derechos fundamentales de los  administrados, razón por la cual no cabe amparar laprimera pretensión subordinada. 3) Con relación a la  segunda pretensión subordinada, sobre la aplicación de la  Sentencia del Tribunal Constitucional N.° 4082-2012-PA/ TC, el órgano de primera instancia indicó que el abuso del  derecho es el ejercicio de un derecho reconocido y legal,  pero con una intención deliberada de provocar un daño a  otro; no lo ejercita únicamente una entidad pública, pues  puede también hacerlo una persona en calidad de  administrado o litigante. Así, el demandante denuncia que  la demora por parte del Tribunal Fiscal para resolver su  apelación y que la norma tributaria no haya previsto la  suspensión de los intereses moratorios en etapa de  apelación tributaria, configura un abuso de derecho; sin  embargo, no demuestra la intención deliberada de la  administración para ocasionarle un daño. Además, es el  mismo demandante quien teniendo la posibilidad de  realizar el pago de la deuda dentro del plazo establecido  por la administración a fin de evitarse las moras o su  incremento no lo realiza, y si deseaba que se ampare su  pretensión podía posteriormente solicitar la devolución de  lo indebidamente cancelado, lo cual no afectaba en nada  su acceso a cuestionar los actos administrativos emitidos  por la SUNAT o el Tribunal Fiscal, pues no es requisito el  pago de la deuda para interponer recursos administrativos  o judiciales. Además, pudo prever diligentemente evitar el  pago de intereses moratorios con el pago oportuno.  Asimismo, agrega el Juzgado que la Sentencia del Tribunal  Constitucional N.° 4082-2012-PA/TC fue emitida en un  proceso de amparo en el que se solicitó que se dejen sin  efecto los intereses moratorios y no la suspensión, como  sucede en el presente caso. Además, al no ser vinculante  dicha sentencia, resulta de aplicación únicamente para los  casos concretos, por lo que no resulta aplicable a este caso  la regla establecida por el Tribunal Constitucional. 1.2.3.  Sentencia de vista La Sexta Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en  Temas Tributarios y Aduaneros de Lima emitió la sentencia  de vista, del cinco de junio del dos mil diecinueve, por la  cual se confirma la sentencia emitida en primera instancia,  en cuanto a la pretensión principal y la primera pretensión  subordinada, y la revoca en el extremo de la segunda  pretensión subordinada, y, reformándola, declara fundada  esta pretensión. Entre sus argumentos se tiene: 1)  Respecto a la pretensión principal, al tratarse de un mutuo  de dinero en el que se advierte que el mutuario recibe un  monto de dinero del mutuante sin contemplar los medios de  pago establecidos por el artículo 5 del Texto Único  Ordenado de la Ley N.° 28194, cuando es obligatorio dicho  empleo, ello no puede sustentar el incremento patrimonial.  Así, con relación a los depósitos al sistema financiero por el  monto total de S/ 1’379,096.00 (un millón trescientos  setenta y nueve mil noventa y seis soles con cero céntimos),  en las cuentas en dólares del Banco de Crédito y Banco  Interbank, el actor, ante el requerimiento de la administración  tributaria, señaló en su escrito del uno de julio del dos mil  once que los abonos por la suma de S/ 1’379,096.00 (un  millón trescientos setenta y nueve mil noventa y seis soles  con cero cero céntimos) corresponden al dinero proveniente  del préstamo que solicitó a sus padres Luis Félix Goyzueta  Caravasi y Carmen Araceli Angobaldo Cárdenas de  Goyzueta, por la suma de US$ 950,000.00 (novecientos  cincuenta mil dólares americanos, de los cuales US$  556,000.00 fueron abonados a sus cuentas en el año dos  mil cinco), todo lo cual se acredita mediante el contrato de  mutuo celebrado el veinte de octubre de dos mil tres.  Agrega el demandante que en el ejercicio dos mil cinco no  realizó actividad empresarial, para lo cual adjuntó un  contrato de mutuo de fecha dieciséis de noviembre de  dos mil cuatro. De la revisión de los aludidos contratos, se  advierte que el primer contrato (veinte de octubre del dos  mil tres) no tiene fecha cierta, mientras que el segundo  contrato (dieciséis de noviembre del dos mil cuatro) sí  cuenta con firmas legalizadas por notario, pero todo ello  fue con fecha diez de febrero del dos mil once y los  abonos a las cuentas del demandante en el Banco de  Crédito y el Banco lnterbank fueron realizados en el año  dos mil cinco, por lo que no se cumple con lo dispuesto en  el numeral 5 de citado artículo 60-A del Reglamento de la  Ley del Impuesto a la Renta. Además, según reseña la Sala  Superior, el señor Luis Goyzueta Caravasi con fecha diez  de agosto y veintisiete de septiembre del dos mil once — absolviendo los Requerimientos N.° 0222110004407 y N.°  0222110006104— entre otros, afirmó que la mayoría de las  sumas otorgadas en préstamo de los años dos mil cuatro,  dos mil cinco y dos mil seis a su hijo (demandante) fueron  entregadas en efectivo, sin intermediación de entidad  financiera alguna, por lo que tampoco se cumple la  exigencia de la utilización de los medios de pagoestablecidos en la Ley N.° 28194. Por tanto, de lo  discernido, para el colegiado superior los mencionados  contratos de mutuo por sí no acreditan el origen de los  fondos depositados, a pesar de los requerimientos  efectuados  por  la  SUNAT,  y,  al  no  presentarse  documentación fehaciente que acredite los abonos,  corresponde que el importe de S/ 1’379,096.00 (un millón  trescientos setenta y nueve mil noventa y seis soles con  cero céntimos), se incluya como parte de incremento  patrimonial no justificado. Sobre la disposición de efectivo  para pagos de tarjetas de crédito por S/ 95,961.00 (noventa  y cinco mil novecientos sesenta y uno soles con cero cero  céntimos), en el Anexo N.º 01 del Resultado del  Requerimiento N.° 0222110003355, la entidad señaló que  no se presentó documentación que sustente el origen de  los fondos destinados para realizar los abonos a las tarjetas  de crédito por el total del mencionado monto, a pesar de  que el recurrente presentó el precitado escrito del uno de  julio del dos mil once, en el cual presenta los contratos de  mutuo del veinte de octubre del dos mil trece y dieciséis de  noviembre del dos mil cuatro, así como su certificado de  remuneraciones y de retenciones sobre rentas de quinta  categoría. Al respecto, señaló el colegiado superior que el  dinero utilizado para el pago de sus tarjetas de crédito,  proviene del préstamo que le realizaron sus señores  padres, así como del pago de sus remuneraciones por  parte de la empresa Software S.A. Empero, para la Sala  Superior, como se ha referido, dichos contratos de mutuo  no son documentos válidos para acreditar los préstamos  otorgados por los padres del demandante, por lo que  tampoco acredita el origen de los fondos observados  respecto al pago de sus tarjetas de crédito. Sobre el cobro  de cheque de gerencia por la suma de S/ 61,402.00  (sesenta y un mil cuatrocientos dos soles con cero  céntimos), en el Anexo N.° 01 del Resultado del  Requerimiento N.° 0222110003355, la SUNAT señaló que  no se presentó documentación que sustente el origen de  los fondos del anotado cheque de gerencia, lo que hace  que se le impute dicho importe de US$ 18,700.00 (dieciocho  mil setecientos dólares americanos) como incremento  patrimonial no justificado. Respecto a que el Tribunal Fiscal  no se ha pronunciado sobre el informe contable elaborado  por la empresa auditora CORPORATE SERVICE S.A.C.,  referido al análisis de la documentación contable de los  años dos mil dos a dos mil cinco de la empresa Software  S.A. y las declaraciones del impuesto a la renta del señor  Luis Goyzueta Caravasi (padre del actor), es de señalar  que con dichos medios probatorios el actor pretende  acreditar la capacidad económica de su señor padre Luis  Goyzueta Caravasi para realizar préstamos, lo que no es  materia de controversia en el caso de autos. Sin embargo,  lo que se discute en el presente caso es la carencia de  acreditación con documentos fehacientes del origen de los  fondos observados por parte del recurrente, a pesar de los  diversos requerimientos efectuados por la administración,  máxime si al propio demandante le correspondía la carga  de la prueba. 2) Respecto a la primera pretensión  subordinada, el demandante se ha limitado a señalar la  vulneración de los precitados principios a fin de peticionar  la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal impugnada;  sin embargo, en el presente caso, ha quedado determinada  la existencia de incremento patrimonial no justificado, y no  se evidencia vulneración alguna de los aludidos principios.  Máxime si el propio recurrente no ha cumplido con acreditar  tanto en sede administrativa como judicial, con medios  probatorios fehacientes, que los préstamos realizados a su  favor justifiquen los incrementos patrimoniales. Asimismo,  la Sala ha señalado que mediante una norma con rango de  ley se regulan aspectos esenciales del tributo, como el  hecho generador de la obligación tributaria, los sujetos, la  base imponible y la alícuota; sin embargo, su desarrollo  puede ser delegado a normas reglamentarias, siempre que  sus límites deriven de la propia norma con rango de ley, y  en tal reglamento se regulen aspectos complementarios a  lo regulado en la norma con rango ley, hecho que de  ninguna manera vulnera el principio de reserva de ley. En  esa línea, el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,  en su artículo 60-A, regula las condiciones para que los  préstamos justifiquen los incrementos patrimoniales. En  ese sentido, si bien es una norma reglamentaria, empero  en dicha norma también se han regulado aspectos  complementarios a los que se hallan regulados en la Ley  del Impuesto a la Renta, , por lo que no se evidencia  vulneración del principio de reserva de ley. Por tanto, para  la Sala Superior no se aprecia que la Resolución del  Tribunal Fiscal N.° 04688-5-2017, del treinta de mayo del  dos mil diecisiete, vulnere los principios de reserva de ley,  legalidad, presunción de veracidad, no confiscatoriedad ycapacidad contributiva. Por ende, en tanto la Resolución  del Tribunal Fiscal no ha incurrido en causal de nulidad, se  debe desestimar la primera pretensión subordinada de la  demanda y se confirma la sentencia materia de grado en  dicho extremo. 3) Respecto a la segunda pretensión  subordinada, referida a que se suspendan los intereses  moratorios por el exceso del plazo en que incurrió el  Tribunal Fiscal al resolver la apelación administrativa, el  actor tanto en la demanda como en el escrito de apelación  de sentencia, invocó el criterio establecido en la Sentencia  del Tribunal Constitucional N.° 4082-2012-PA/TC. En la  sentencia de mérito, la juez de la causa sostuvo que dicha  pretensión no puede ser amparada, dado que ninguna de la  sentencias invocadas por la recurrente constituyen  precedente vinculante, precisando que los fundamentos de  la Sentencia del Tribunal Constitucional N.° 4082-2012-PA/ TC que invoca el demandante son aplicables al caso en  concreto y no al presente caso y, por ello, a su criterio, no  resulta aplicable la regla emitida en dicha sentencia. Sin  embargo, conforme a los fundamentos 2 y 3 de la sentencia  recaída en el Expediente N.° 295-2012-PHC/TC, del  catorce de mayo del dos mil quince, el derecho al plazo  razonable es aplicable también en los procedimientos  administrativos. En ese contexto, se debe examinar si el  Tribunal Fiscal ha incurrido o no, en demora excesiva al  pronunciarse sobre la apelación administrativa presentada  por el demandante. A consideración del superior colegiado,  el imponer intereses moratorios a las deudas tributarias  busca compensar al acreedor tributario por la demora en el  pago; por tanto, la afectación al acreedor debe ser resarcida  con el patrimonio del deudor por su demora; por ende, en  principio, el cobro de intereses moratorios es constitucional.  Empero, dicho cobro de intereses moratorios debe ser  realizado en completa observancia de los principios  constitucionales que emanan del artículo 74 de la  Constitución Política del Estado y que son límites materiales  del poder tributario sobre los cuales se estructura el  sistema  tributario.  Dentro  de  tales  principios  constitucionales, destaca con especial relevancia el de no  confiscatoriedad, el cual, según el Tribunal Constitucional,  en el fundamento jurídico 42 de las sentencias del Tribunal  Constitucional recaídas en los Expedientes N.° 001-2004- AI/TC y N.° 002-2004-AI/TC (acumulados), informa y limita  el ejercicio de la potestad tributaria estatal, garantizando  que  la  ley  tributaria  no  afecte  irrazonable  y  desproporcionalmente  la  esfera  patrimonial  de  las  personas. El artículo 150 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, modificado por el artículo 37 del Decreto  Legislativo N.° 981, precisa que el Tribunal Fiscal resolverá  las apelaciones dentro del plazo de doce (12) meses  contados a partir de la fecha de ingreso de los actuados al  Tribunal. 4) De otro lado, el Tribunal Constitucional en la  sentencia del diez de mayo del dos mil dieciséis, recaída  en el Expediente N.° 04082-2012-PA/TC, ha dejado  sentado que no procede el cobro de intereses moratorios  durante el período que excede los plazos legales para  resolver los recursos impugnativos, por cuanto ello atenta  contra el derecho de recurrir en sede administrativa. En el  caso concreto, el demandante  interpuso  apelación  administrativa el dieciocho de septiembre del dos mil doce  (en  contra  de  la  Resolución  de  Intendencia  N.°  0260140072234/SUNAT), ingresaron los actuados al  Tribunal Fiscal el uno de octubre del dos mil doce, según  consta en el Oficio N.° 1087-2012-SUNAT/2l0401, y el  recurso finalmente fue resuelto por dicho tribunal  administrativo mediante la Resolución del Tribunal Fiscal  N.° 04688-5-2017 —impugnada en el presente proceso  judicial—, recién el treinta de mayo del dos mil diecisiete,  notificándose la precitada resolución del Tribunal Fiscal al  demandante el siete de junio del mismo año, según se  advierte del acuse de la notificación de la aludida resolución  del Tribunal Fiscal. Es decir, transcurrieron cincuenta y seis  meses y veintinueve días sin resolverse la apelación  administrativa. Esto es, se ha vencido todo plazo razonable,  no evidenciándose de los actuados administrativos que la  demora haya obedecido a alguna causa imputable al  demandante. 1.3. Delimitación de la materia a resolver  De la revisión de autos, se colige que la cuestión a resolver  en el recurso de casación se circunscribe a determinar si la  segunda instancia, en primer lugar, ha incurrido en  vulneración del debido proceso por infracción del derecho  a obtener resolución judicial motivada, contenido en los  numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política  del Perú; y, en su defecto, infracción normativa del artículo  33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, vigente  al momento de los hechos, de los dispositivos relacionados  a la aplicación de intereses moratorios luego del  vencimiento de los plazos máximos para resolver losrecursos de reclamación y apelación en instancia  administrativa tributaria, y apartamento inmotivado de  precedente judicial. III. Fundamentos de esta Sala  Suprema Primero: Análisis del caso El artículo 33 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario regula la  aplicación  de  intereses  moratorios  en  caso  de  incumplimiento del pago de los tributos en los plazos  establecidos. En este dispositivo, se ha regulado también  los supuestos de inaplicación de los intereses moratorios  en caso del exceso del plazo que tiene la administración  tributaria y el Tribunal Fiscal, en primera o en segunda  instancia respectivamente, para resolver diversos recursos,  siempre que la demora sea imputable a dichos órganos  resolutores. Estos supuestos han sido introducidos en este  artículo a lo largo del tiempo, con inicio de vigencias  temporales distintas, como desarrollaremos a continuación.  Mediante Decreto Legislativo N.° 981, publicado el quince  de marzo de dos mil siete y vigente a partir del uno de abril  del dos mil siete, se modifica el artículo 33 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto  Supremo N.° 135-99-EF, y se introduce en este artículo el  supuesto de la suspensión de la aplicación de los intereses  moratorios, al vencimiento del plazo máximo establecido  en el artículo 142 del mismo código, esto es, vencido el  plazo máximo que tiene la administración tributaria para  resolver las reclamaciones interpuestas, siempre y cuando  la demora sea atribuible a la administración tributaria.  Luego, se modifica nuevamente el artículo 33 del Texto  Único Ordenado Código Tributario, mediante Ley N.°  30230, del doce de julio de dos mil catorce, y se introduce  en este artículo el supuesto de la suspensión de la  aplicación de los intereses moratorios, al vencimiento del  plazo máximo establecido en los artículos 142, 150 y 152  del referido código, es decir, a la suspensión de intereses  moratorios por exceso del plazos para resolver las  reclamaciones. Se agrega ahora el supuesto de la  inaplicación de los intereses moratorios por el exceso de  plazo en resolver los recursos de apelación por el Tribunal  Fiscal. Posteriormente, se vuelve a modificar el artículo 33  del Texto Único Ordenado del Código Tributario con el  artículo 7 del Decreto Legislativo N.° 1263, publicado el  diez de diciembre del dos mil dieciséis, y se incorpora un  nuevo supuesto de inaplicación de intereses moratorios,  pero ahora por el exceso de plazo por la administración  tributaria para emitir la resolución cumplimiento, conforme  al artículo 156 del Código Tributario. La casuística  presentada durante las modificaciones de la legislación y el  cuestionamiento sobre el cobro de intereses moratorios por  circunstancias no atribuibles al contribuyente y sí al Estado,  trajeron como consecuencia que la aplicación de estos  dispositivos llegue a fueros del Tribunal Constitucional y  que haya sido sometida a análisis. Tan es así que se han  emitido  pronunciamientos  por  parte  del  colegiado  constitucional que han interpretado la aplicación de los  intereses moratorios conforme lo ha regulado en el tiempo  el artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario. El Tribunal Constitucional en los fundamentos  jurídicos 68 a 71 de la Sentencia del Expediente N.° 4082- 2012-PA/TC, del diez de mayo del dos mil dieciséis (caso  Medina de Baca), sostuvo que no puede presumirse la  mala fe del contribuyente ni reprimirse con una sanción el  ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales, máxime  cuando el trámite del procedimiento se extendió por un  largo periodo de tiempo por razones ajenas a él. Por ello, el  cómputo de intereses moratorios durante el trámite del  procedimiento contencioso tributario lesiona el derecho a  recurrir en sede administrativa, así como el principio de  razonabilidad de las sanciones, por lo que debe  suspenderse el cómputo de los intereses moratorios por el  tiempo en exceso frente al plazo de ley para resolver. Esto  ha sido corroborado en la Sentencia del Expediente N.°  4532-2013-PA/TC, del dieciséis de agosto del dos mil  dieciocho (caso Icatom) que señala3: (El resaltado es  nuestro) [...] Ordenar que la entidad emplazada y demás  entidades competentes en el conocimiento de casos  similares, tomen en cuenta, en lo sucesivo, los criterios  establecidos en los fundamentos 51 a 53 de la presente  sentencia”, que indican lo siguiente: “Finalmente, advertida  la existencia de controversias similares a la dilucidada en el  Expediente 04082-2012-PA/TC, este Tribunal considera  necesario, en aplicación del principio de previsión de  consecuencias, precisar los alcances de la aplicación de  esta decisión a casos sustancialmente iguales. Con el  criterio allí establecido no se ha pretendido revivir  procedimientos fenecidos ni mucho menos premiar a los  contribuyentes que mantienen obligaciones antiguas con la  Sunat. Ello en mérito a dos razones fundamentales: i) al  tratarse de un proceso de control concreto, los efectos delo resuelto sólo vinculan a las partes del mismo, y ii) el  razonamiento allí desarrollado no puede ser aplicado  retroactivamente, sino sólo a partir de la publicación de la  aludida sentencia” (fundamento 51); “En ese sentido, dicho  criterio no resulta aplicable a aquellos procedimientos  contencioso-tributarios que se encuentren concluidos, esto  es aquellos en los que los mecanismos de cobro de la  deuda tributaria se hayan agotado en sede administrativa  sin que haya existido de por medio recurso administrativo  alguno que fuera ejercido por el contribuyente en contra de  estos actos de cobranza, o que habiendo existido algún  recurso, este haya sido denegado sin que posteriormente  el contribuyente haya judicializado su cuestionamiento.  Asimismo, tampoco aplicable a aquellos procesos judiciales  (contencioso administrativos o procesos constitucionales)  que, con anterioridad a la publicación de dicha sentencia,  cuenten con resolución judicial firme respecto al cálculo de  intereses moratorios” (fundamento 52); “Sí corresponderá,  en cambio, la aplicación de estos criterios en aquellos  casos en los que, luego de publicada la sentencia, ya  sea que se trate de procedimientos contencioso  tributarios o procesos judiciales, aún se encuentren en  trámite o pendientes de resolución firme, incluyendo  para tal efecto la fase de ejecución del procedimiento o  proceso en la que se suele proceder a la liquidación de los  intereses moratorios” (fundamento 53). Esto permite  concluir que el criterio vertido en la sentencia del Tribunal  Constitucional N.° 4082-2012-PA/TC, revalidada por  sentencia del Expediente N.° 4532-2013-PA/TC, constituye  doctrina jurisprudencial vinculante aplicable a los casos  que traten similar materia controvertida sobre la suspensión  de los intereses moratorios una vez vencido el plazo para  que las entidades codemandadas resuelvan los recursos  de reclamación y apelación; que se sustentan en la  transgresión del derecho a recurrir de los contribuyentes, y  el principio de razonabilidad.4 Asimismo, el Tribunal  Constitucional en los fundamentos 30 a 50 de la sentencia  del Expediente N.° 4532-2013-PA/TC analiza la figura  jurídica del plazo razonable, y señala que la prolongación  del periodo en la emisión de la resolución no supone  automáticamente su vulneración, y que deben evaluarse  otros criterios para calificar la misma, tales como la  complejidad del asunto, la actividad o conducta del  interesado, la conducta de las autoridades administrativas  y las consecuencias que la demora produce en la situación  jurídica del interesado. En dicha sentencia, también  concluye  señalando  que:  Este  Tribunal,  considera  necesario instar a que las entidades emplazadas no  vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que  motivaron la interposición de la presente demanda. Más  aun cuando, [...], los procedimientos administrativos se  deben sustentar en virtud del principio de celeridad, según  el cual se debe alcanzar una decisión en tiempo razonable.  Dicho esto, según el artículo VII del título preliminar Código  Procesal Constitucional (este dispositivo está regulado  actualmente en el artículo VI del actual Código Procesal  Constitucional, aprobado por Ley N.° 31307), vigente al  momento de los hechos, aprobado con Ley N.° 28237, se  entiende sobre la doctrina jurisprudencial vinculante que:  [...] Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma  con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y  principios constitucionales, conforme a la interpretación de  los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el  Tribunal Constitucional. Esto concuerda con la primera  disposición final de la Ley N.° 28301 - Ley Orgánica del  Tribunal Constitucional, que dice: Los Jueces y Tribunales  interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de  ley y los reglamentos respectivos según los preceptos y  principios constitucionales, conforme a la interpretación de  los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el  Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo  responsabilidad. Al respecto, Adrián Coripuna5 señala: [...]  la doctrina jurisprudencial vinculante resalta de modo  especial una de las más importantes funciones que tiene la  jurisprudencia como es la función institucional. En efecto,  los altos tribunales de justicia tienen como una de las  principales funciones la de proveer a la sociedad de  criterios, orientaciones y principios que sirvan para crear la  regla que lleva a la solución de casos, de manera que en el  futuro los poderes públicos y ciudadanos puedan contar  con tales elementos que no hacen sino complementar el  ordenamiento jurídico. En igual sentido, el Tribunal  Constitucional en el fundamento quince de la sentencia  recaída en el Expediente N.° 04853-2004-PA/TC, entiende  como doctrina constitucional: a) las interpretaciones de la  Constitución realizadas por este Colegiado, en el marco de  su actuación a través de los procesos, sea de control  normativo o de tutela de los derechos fundamentales; b) lasinterpretaciones constitucionales de la ley realizadas en el  marco de su labor de control de constitucionalidad. En este  caso, conforme lo establece el artículo VI del Título  Preliminar del Código Procesal Constitucional, una ley  cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el Tribunal,  no puede ser inaplicada por los jueces en ejercicio del  control difuso, a menos, claro está, que el Tribunal sólo se  haya pronunciado por su constitucionalidad formal; c) las  proscripciones interpretativas, esto es, las “anulaciones”  de determinado sentido interpretativo de la ley realizadas  en aplicación del principio interpretativo conforme a la  Constitución. Se trata en este supuesto, de las sentencias  interpretativas, es decir las que establecen que determinado  sentido interpretativo de una disposición legislativa resulta  contrario a la Constitución, por lo que no debe ser usado  por los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional que  les corresponde. [Subrayado nuestro] Se colige que es un  mandato obligatorio para los jueces y tribunales acatar las  resoluciones que constituyan doctrina jurisprudencial  vinculante, a efectos de resolver las controversias  planteadas, y que pese a que un pronunciamiento pueda  no constituir precedente vinculante6, sí corresponde  considerarse como doctrina jurisprudencial, conforme a lo  dispuesto en el referido artículo VII del título preliminar del  Código Procesal Constitucional, porque en cuanto a tal  doctrina se sostiene que existen dos tipos: la denominada  vinculante y la ordinaria7. Segundo: De las infracciones  normativas Según lo establecido en el artículo 384 del  Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley  N.° 29364, el recurso de casación tiene por fines esenciales  la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso  concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por  la Corte Suprema de Justicia (finalidad nomofiláctica y  uniformizadora, respectivamente). Esto ha sido precisado  en las Casaciones N° 4197- 2007/La Libertad y Casación  N° 615-2008/Arequipa8. Por tanto, esta Sala Suprema, sin  constituirse en una tercera instancia procesal, debe cumplir  su deber de pronunciarse acerca de los fundamentos del  recurso, por las causales declaradas procedentes.  Asimismo, considerando que en los recursos de casación  objeto de análisis se han formulado infracciones normativas  contra normas de carácter procesal (error in procedendo) y  normas de carácter material (error in iudicando), y que  todas fueron declaradas procedentes, corresponde, en  primer  término,  que  esta  Sala  Suprema  emita  pronunciamiento respecto a la denuncia de carácter  procesal, toda vez que, de ser estimada, carecería de  objeto pronunciarse sobre las demás causales, al  encontrarse perjudicada la validez de los actos procesales.  Posteriormente, de ser el caso, se analizarán las  infracciones dirigidas a cuestionar normas de carácter  material.  Tercero:  Análisis  de  las  infracciones  normativas carácter procesal denunciadas por las  entidades codemandadas SUNAT9 y el Tribunal Fiscal10  Sobre las infracciones de carácter procesal denunciadas  por la SUNAT, se puede apreciar que las sustenta de la  siguiente manera: a) Debía resolverse sobre las reglas de  la cosa juzgada, ya que se habían resuelto (en la Sentencia  de Vista) pretensiones sustancialmente idénticas a las que  se invoca en el caso, formuladas por el mismo demandante  en otro proceso contencioso administrativo seguido por las  mismas partes en el Expediente N.° 2561-2011-0-1801-JR- CA-01, y que fueron desestimadas mediante sentencia  definitiva de la Corte Suprema en la Casación N.° 4544- 2015-Lima. b) La Sala no ha explicado por qué considera  aplicable la Sentencia del Tribunal Constitucional N.° 4082- 2012-PA/TC y no las de los Expedientes N.° 3184-2012-PA/ TC y N.° 3373-2012-PA/TC. c) El demandante consintió la  duración del procedimiento de apelación al no cuestionar  dicho aspecto, por lo cual no puede ahora solicitar la  inaplicación de los intereses moratorios, contraviniendo  sus actos propios y las normas de quejas y el silencio  negativo, que revela una falta de interés para obrar. d) La  Sala no solo debía tener en cuenta el plazo legal, sino  también el plazo razonable. Para defender esta idea, cita la  sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente N.°  0295-2012-PH/TC, que establece presupuestos a tener en  cuenta para evaluar el plazo razonable y agrega que fueron  varias cuestiones las que se impugnó, lo cual aunado al  silencio del contribuyente, permiten concluir que aceptó la  demora. Sobre estas infracciones, este colegiado considera  que es necesario señalar lo siguiente: a) La primera  cuestión señalada incorpora un hecho nuevo, no planteado  por la SUNAT al momento de contestar la demanda;  además, resultaría imprecisa, toda vez que no señala ante  qué Juzgado se habría tramitado tal proceso, la identidad  de las partes, la identidad de pretensiones, la identidad de  fundamento jurídico. Sin perjuicio de ello, se ha podidoverificar, según el aplicativo de Consulta de Expedientes  Judiciales del Poder Judicial, que el referido proceso habría  sido seguido por el Banco Internacional del Perú Sociedad  Anónima Abierta (Interbank) contra la SUNAT y el Tribunal  Fiscal en un proceso contencioso administrativo iniciado  ante el Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo  Contencioso Administrativo con Sub Especialidad Tributaria  y Aduanera de Lima, el cual fue resuelto de manera  definitiva por la Tercera Sala Suprema de Derecho  Constitucional y Social Transitoria con el recurso de  Casación N.° 4544-2015, el cinco de mayo del dos mil  diecisiete. b) Los fundamentos contenidos en los literales  b, c y d de las infracciones de carácter procesal  denunciadas, están dirigidos a cuestionar los criterios  desplegados por las instancias de mérito a fin de que se  asuma por válida la tesis postulada en el presente proceso.  En efecto, sus alegaciones están referidas a aspectos  fácticos, requeridos como presupuestos para evaluar el  plazo razonable, el silencio administrativo, la queja en  materia tributaria etc., sin tener en cuenta que “[…] no  corresponde a la Sala [Suprema] analizar las conclusiones  a que llegan las instancias de mérito sobre las cuestiones  de hecho, ni las relativas a la valoración de la prueba  examinada en instancia”11. c) También, el último argumento  referido al plazo razonable en el caso del vencimiento de  los plazos máximos para resolver por parte del Tribunal  Fiscal no ha sido planteado por la SUNAT al momento de  contestar la demanda, por lo cual debe tenerse en cuenta  lo que ya la Corte Suprema ha señalado en la Casación N.°  5053-2007-Lima: Las denuncias […] deben ser rechazadas  porque a través de ellas la recurrente pretende promover  un nuevo probatorio en relación a argumentos que no  fueron expuestos oportunamente por su defensa, es decir  en Sede Casatoria se exponen hechos nuevos no  mencionados al contestar la demanda, lo que resulta  improcedente en atención a la naturaleza jurídica del  recurso de Casación. Y a lo establecido en el artículo 384  del Código Procesal Civil. Sin perjuicio de lo indicado, es  conveniente precisar que según el literal h) del artículo 92  del Texto Único Ordenado del Código Tributario, la queja  está regulada como un derecho del administrado por la  omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios  y otros; es decir, para corregir los defectos de trámite o  anormalidades y encauzarlos dentro del marco legal.  Asimismo, de manera similar, el silencio administrativo  negativo en materia tributaria ha sido reconocido como un  privilegio expresamente por el Tribunal Constitucional en la  sentencia interlocutoria12 del veintiséis de noviembre del  dos mil veinte, por el recurso de agravio constitucional  interpuesto por Banco Internacional del Perú S.A.A.  (Interbank). Señala dicho colegiado (fundamento jurídico 7  de la sentencia interlocutoria) que “el silencio administrativo  constituye  un  privilegio  del  administrado  ante  la  Administración, para protegerlo ante la eventual demora de  esta en la resolución de su petición o su recurso  administrativo. […]”. Esto significa que el uso de dicho  mecanismo procesal es una facultad — no una obligación—  que otorga la ley al administrado frente a omisiones de la  administración pública. Por ello, el no ejercicio de estos  derechos que la ley reconoce al administrado, de ninguna  manera puede justificar la demora de la administración  pública para cumplir sus obligaciones, tanto más si  conforme al principio de legalidad, en sentido general, este  “[…] se entiende como la subordinación de todos los  poderes públicos a leyes generales y abstractas que  disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia se  halla sometida a un control de legitimidad por jueces  independientes […]”13. El mencionado principio ha sido  desarrollado por el Tribunal Constitucional en el sentido de  que no es admisible tratar de imputar al contribuyente las  consecuencias de actos cuya responsabilidad recae en el  Estado,  ya  que  resulta  totalmente  lícito  que  el  comportamiento del contribuyente al esperar respuesta del  órgano administrativo, pues el administrado no tenía la  obligación de interponer queja o recurrir al silencio  administrativo, y la administración tributaria y el Tribunal  Fiscal por el contrario, sí tenían la obligación de ajustar su  conducta a la ley y a la Constitución. Por otro lado, el  Tribunal Fiscal sustenta su infracción de carácter procesal  en los siguientes fundamentos: a) La Sala no se apartó de  la Sentencia del Tribunal Constitucional N.° 4082-2012-PA/ TC e inaplicó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,  que se halla en las Sentencias N.° 03184-2012-PA/TC y N.°  03373-2012-PA/TC, que establecieron la validez del cobro  de los intereses moratorios durante el trámite de la  apelación. Alega que la Sentencia N.° 03184-2012-PA/TC  estableció que la excepción del pago de los intereses  moratorios se da solo en el caso de que el TribunalConstitucional haya verificado la inconstitucionalidad del  tributo, y en el presente caso es imposible pretender esa  exención  porque  no  se  estaría  discutiendo  la  constitucionalidad del tributo y, en conclusión, sería  indebida la aplicación de la Sentencia del Tribunal  Constitucional N.° 4082-2012-PA/TC. b) La Sala aplicó  control difuso de manera arbitraria, sin seguir los  lineamientos de diversa jurisprudencia del Tribunal  Constitucional. Sobre estos argumentos, este colegiado  supremo concluye lo siguiente: a) Con relación al primer  argumento, debe tenerse presente que habiéndose  denunciado una infracción de carácter procesal, como es la  vulneración del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú, referida al deber de motivación de  resoluciones  judiciales,  su  examen  debe  partir  necesariamente de los argumentos de la sentencia de vista  para corroborar la infracción que denuncia, ya que esta  infracción existe: […] cuando la resolución impugnada  padece de anomalía, exceso, error o vicio de derecho en el  razonamiento judicial decisorio, en el que incurrió el  juzgador, perjudicial para la resolución de la controversia y  nocivo para el sistema jurídico, que se debe subsanar  mediante funciones del recurso de casación.14 Sin embargo,  se advierte que el Tribunal Fiscal sustenta esta infracción  con argumentos de fondo que buscan cuestionar el criterio  de la Sala Superior, y que no pueden servir para sustentar  vulneración del deber de motivación denunciado, y que en  todo caso correspondería a un análisis de infracción  normativa de carácter material. b) En cuanto al segundo  argumento, es necesario remitirse a lo señalado por la  Sala: NOVENO: De la segunda pretensión subordinada.  […] Es así que en el procedimiento contencioso tributario  iniciado respecto de la deuda tributaria materia de litis, el  Tribunal Fiscal en la etapa de la apelación administrativa,  no ha emitido pronunciamiento dentro del tiempo necesario  y suficiente, por lo que de acuerdo al criterio interpretativo  del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente N.º  4082-2012-PA/TC y a los hechos expuestos, se evidencia  la vulneración del derecho al plazo razonable, y por  consiguiente, no resulta exigible el pago por intereses  moratorios devengados por las multas impuestas durante  la tramitación de la apelación administrativa que exceda  del plazo de 12 meses que tenía el Tribunal Fiscal para  resolver. Por tanto, al haberse acreditado la existencia de  manifiesta demora en la resolución del recurso de apelación  administrativa por parte del Tribunal Fiscal, corresponde  amparar la segunda pretensión subordinada planteada y  sólo respecto a este último extremo, debiéndose disponerse  la inaplicación de la regla sobre cobro de intereses  moratorios por el tiempo de exceso frente al plazo legal en  que incurrió el Tribunal Fiscal al resolver la apelación  administrativa. Como se aprecia en el extracto citado de la  sentencia de vista, la Sala Superior ha emitido su decisión  de fondo sustentado, en atención a los criterios  desarrollados ya por el Tribunal Constitucional y aplicando  directamente la doctrina jurisprudencial, de acuerdo con lo  contemplado en el artículo VI del título preliminar del  Código Procesal Constitucional (VII del anterior). Esto no  supone el ejercicio del control difuso —como alega el  Tribunal Fiscal—, que implica inaplicar un dispositivo por  su manifiesta incompatibilidad con la Constitución. Se  puede concluir que las infracciones de carácter procesal  denunciadas por las entidades codemandadas no han  podido ser corroboradas, en tanto que en su mayoría están  referidas a cuestionamiento de aspectos fácticos y de  criterio de la Sala, lo cual no podría sustentar la vulneración  del deber de motivación, establecido en el numeral 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Cuarto:  Análisis de las infracciones normativas de carácter  material denunciadas por las entidades codemandadas  SUNAT15 y Tribunal Fiscal16 Las infracciones de carácter  material en esencia se sustentan de la siguiente manera: a)  Sobre esta causal, la SUNAT señala que las Sentencias  del Tribunal Constitucional N.° 3184-2012-PA/TC y N.°  3373-2012-PA/TC  establecieron  que  los  intereses  moratorios a cargo del demandante le resultan aplicables  porque tienen naturaleza compensatoria y no sancionatoria,  es decir, que no deben ser inaplicados aun cuando se  hubiere afectado el derecho al plazo razonable en la  tramitación de un procedimiento. b) El Tribunal Fiscal  señala que inaplicar el artículo 33 del Texto Único Ordenado  del Código Tributario se vulnera lo dispuesto por la norma  IV del título preliminar del Código Tributario, que recoge el  principio de legalidad y reserva de ley, pues prevé que solo  por ley o decreto legislativo se pueden conceder  exoneraciones y otros beneficios tributarios, ya que de  manera expresa el artículo 33 modificado por el artículo 6  del Decreto Legislativo N.° 981 establece que la suspensiónde intereses no aplica en la etapa de apelación ante el  Tribunal Fiscal. Entonces, al concederse un beneficio  tributario no dispuesto por ley, se vulnera la norma IV del  título preliminar del Código Tributario. c) Se sustenta en la  cuarta disposición complementaria transitoria de la Ley N.°  30230  estableció  para  las  deudas  tributarias  en  procedimiento de apelación en trámite a la fecha de entrada  en vigencia de la norma, que la regla sobre no exigibilidad  de intereses moratorios será aplicable tras el plazo de doce  (12) meses contados desde la entrada en vigencia de la  ley. El Tribunal Fiscal no resuelve las apelaciones  interpuestas, lo que implica que para procedimientos de  apelación en trámite la citada regla empezó a ser aplicable  el trece de julio de dos mil quince. Siendo ello así, debido a  que al trece de julio de dos mil catorce el recurso de  apelación interpuesto por el demandante se encontraba en  trámite, la suspensión de intereses en dicha instancia solo  debe computarse a partir del trece de julio de dos mil  quince hasta la fecha de emisión de la resolución del  Tribunal Fiscal, lo que ocurrió el treinta de mayo de dos mil  diecisiete. Por lo expuesto, debe considerarse que las  modificaciones introducidas en el artículo 33 del Texto  Único  Ordenado  del  Código  Tributario  resultaban  necesarias  para  resolver  la  segunda  pretensión  subordinada; sin embargo, ello no ocurrió. Previamente es  pertinente señalar que la doctrina jurisprudencial se  encuentra en constante desarrollo, para responder de  manera dinámica a las necesidades de los tiempos y velar  por la defensa de derechos involucrados, siendo los de  contenido constitucional los que prevalecen por su  naturaleza. Tan es así que el mismo Tribunal Constitucional  señaló: La decisión de cambiar el rumbo de la jurisprudencia  en un tema puntual no es una práctica infrecuente tanto en  los sistemas del civil law, como en los sistemas que  organizan su sistema de fuentes a partir de pautas  jurisprudenciales como es el caso del common law. En  ambos, el argumento que respalda las mudanzas es el  mismo: la necesidad de que la jurisprudencia responda de  modo dinámico a las necesidades de cada tiempo y, por  virtud de ello, que el Derecho no se petrifique. De este  modo, aun en los sistemas donde el precedente es la  fuente principal de organización de su sistema jurídico, se  han previsto mecanismos no sólo para ‘evadir’ sus efectos  mediante la técnica del distinguishing en el caso de los  tribunales inferiores; sino incluso para ‘cambiarlo’ por un  nuevo precedente, en el caso del propio Tribunal que lo ha  establecido con efecto vinculante. Con relación al  overruling,  dentro  del  sistema  del  common  law  norteamericano (Juez Kennedy, en la sentencia Patterson  v. Malean Credit Union, 1989, 172), se ha sostenido lo  siguiente: Nuestros precedentes no son sacrosantos,  porque  nosotros  hacemos  Overruling  respecto  de  decisiones previas cuando la necesidad y prioridad así lo  establecen. No obstante, hemos sostenido que, “cualquier  salida de la doctrina de stare decisis demanda una especial  justificación”. En este sentido, la técnica del overruling  permite cambiar un precedente en su ‘núcleo normativo’  aplicando el nuevo precedente, ya sea al caso en análisis  (eficacia retrospectiva) o, en la mayoría de los supuestos, a  casos del futuro (prospective overruling). Precisamente, la  técnica del prospective overruling se utiliza cuando un  juzgador advierte a la población del inminente cambio que  va a realizar de sus fallos, sin cometer la injusticia ínsita en  una modificación repentina de las reglas que se  consideraban como válidas. El cambio de precedente es  también  una  práctica  habitual  en  los  Tribunales  Constitucionales de los sistemas del civil law.17 Eso es  relevante si se tiene en cuenta que los recurrentes  sostienen que debía de aplicarse el criterio de la  jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal  Constitucional de los Expedientes N.° 3184-2012-PA/TC y  N.° 3373-2012-PA/TC, y no la jurisprudencia de la sentencia  del Tribunal Constitucional N.° 4082-2012-PA/TC. Sin  embargo, no tienen en cuenta que la jurisprudencia que  proponen son del treinta y uno de octubre del dos mil trece  (caso del Expediente N.° 3373-2012-PA/TC) y del  veintinueve de enero del dos mil catorce (caso del  Expediente N.° 3184-2012-PA/TC), por lo que no resultarían  aplicables en el caso de la resolución administrativa  impugnada en el presente proceso, ya que la Resolución  del Tribunal Fiscal N.° 04688-5-2017, del treinta de mayo  del dos mil diecisiete, fue expedida luego de que el Tribunal  Constitucional expidiera el cambio de criterio mediante  Sentencia del Tribunal Constitucional N.° 4082-2012-PA/ TC, del dieciséis de mayo del dos mil dieciséis. Es decir, no  tiene asidero lo sustentado por las entidades recurrentes  sobre la aplicación del criterio de las sentencias del Tribunal  Constitucional recaídas en los Expedientes N.° 3184-2012-PA/TC y N.° 3373-2012-PA/TC, por haber quedado  superadas por el cambio de criterio del Tribunal  Constitucional.  Precisado ello, se analizarán  estas  infracciones  conjuntamente,  porque  se  refieren  al  dispositivo del artículo 33 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario y sus modificatorias, sobre la suspensión  de la aplicación de los intereses moratorios por el  vencimiento del plazo máximo de la ley para resolver por la  administración  tributaria.  Los  intereses  moratorios  devengados  por  circunstancias  no  atribuibles  al  contribuyente han sido analizados en fueros del Tribunal  Constitucional,  lo  cual  ameritó  pronunciamientos  sustentados en el principio de razonabilidad de las  sanciones y el derecho a recurrir en sede administrativa,  que  constituyen  doctrina  jurisprudencial  vinculante,  conforme al artículo VII del título preliminar del Código  Procesal Constitucional vigente al momento de los hechos,  que establece que: [...] Los Jueces interpretan y aplican las  leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos  según los preceptos y principios constitucionales, conforme  a la interpretación de los mismos que resulte de las  resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional Esto  es conforme a la primera disposición final de la Ley N.°  28301 - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que dice:  Los Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y  toda norma con rango de ley y los reglamentos respectivos  según los preceptos y principios constitucionales, conforme  a la interpretación de los mismos que resulte de las  resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en  todo tipo de procesos, bajo responsabilidad. Por tanto, la  aplicación de la doctrina jurisprudencial es un mandato  obligatorio para los jueces y tribunales, aunque el  pronunciamiento pueda no constituir precedente vinculante  (con carácter general y efecto normativo), esto conforme a  lo dispuesto en el citado artículo VII del título preliminar del  Código Procesal Constitucional, ya que la doctrina puede  ser de dos tipos: vinculante y ordinaria18. En tal sentido, el  Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia del  Expediente N.° 4082-2012-PA/TC el diez de mayo de dos  mil dieciséis (caso Medina de Baca), que ha dispuesto la  suspensión del cómputo de los intereses moratorios por el  tiempo en exceso frente al plazo de ley para resolver,  cuando el trámite del procedimiento se extendió por un  largo periodo de tiempo por razones ajenas al contribuyente.  Se sustenta en el razonamiento de que no puede reprimirse  con sanción el ejercicio legítimo de los derechos  constitucionales del contribuyente, como el derecho a  recurrir en sede administrativa, porque ello lesiona el  derecho a recurrir, además del principio de razonabilidad  de las sanciones. Este criterio ha sido ratificado por la  sentencia del Expediente N.° 4532-2013-PA/TC, del  dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (caso Icatom), que  ha dispuesto ordenar que la entidad emplazada (en el caso  concreto) y las demás entidades competentes en el  conocimiento de casos similares (Expediente N.° 4082- 2012-PA/TC), tomen en cuenta, en lo sucesivo, los criterios  establecidos, y ha establecido que dichos criterios son  aplicables a los procesos judiciales, aun cuando se  encuentren en trámite o pendientes de resolución firme.  Este criterio ha sido posteriormente ratificado en las  sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en el  Expediente N.° 2051-2016-PA/TC, del doce de noviembre  de dos mil veinte (caso Paramonga), y Expediente N.° 225- 2017-PA/TC, del veintiocho de enero de dos mil veintiuno  (caso Telefónica). El artículo 33 del Texto Único Ordenado  del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.°  135-99-EF, modificado por el artículo 6 del Decreto  Legislativo N.° 981, publicado el quince de marzo de dos  mil siete y vigente a partir del uno de abril del dos mil siete,  señalaba: […] La aplicación de los intereses moratorios se  suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos  establecidos en el artículo 142 hasta la emisión de la  resolución que culmine el procedimiento de reclamación  ante la Administración Tributaria, siempre y cuando el  vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la  reclamación fuera por causa imputable a ésta. Durante el  periodo de suspensión la deuda será actualizada en función  del Índice de Precios al Consumidor. […] La suspensión de  intereses no es aplicable a la etapa de apelación ante el  Tribunal Fiscal ni durante la tramitación de la demanda  contencioso administrativa […]. Posteriormente, esta  disposición normativa fue modificada también por la Ley  N.° 30230, publicada el doce de julio de dos mil catorce,  que señala: […] La aplicación de los intereses moratorios  se suspenderá a partir del vencimiento de los plazos  máximos establecidos en los artículos 142, 150 y 152 hasta  la emisión de la resolución que culmine el procedimiento de  reclamación ante la Administración Tributaria o de apelaciónante el Tribunal Fiscal, siempre y cuando el vencimiento del  plazo sin que se haya resuelto la reclamación o apelación  fuera por causa imputable a dichos órganos resolutores. Si  se aplicara el artículo 33 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario, modificado por el Decreto Legislativo N.°  981 y el Decreto Ley N.° 30230, referidos a la suspensión  de la aplicación de los intereses moratorios por haberse  excedido los plazos máximos para resolver los medios  impugnatorios  formulados  en  el  procedimiento  administrativo, conforme a las modificaciones y su vigencia  en el tiempo, los intereses moratorios no serían aplicables  a la recurrente por el principio de temporalidad resguardado  en el artículo 109 de nuestra Constitución Política —la ley  es obligatoria desde el día siguiente de su publicación— y  por la prohibición constitucional de aplicación retroactiva  de la ley, establecida en el artículo 103 de la Carta Magna,  pues la formulación de los medios impugnatorios y la  omisión de emitir la resolución de cumplimiento se  produjeron con anterioridad a la entrada en vigencia de la  anotada norma tributaria. De ocurrir lo indicado en el  párrafo anterior, la aplicación de los intereses moratorios  durante el plazo de impugnación administrativa sería  susceptible de afectar derechos o intereses legítimos de  los administrados, porque podría impedir o restringir la  posibilidad de impugnar en sede administrativa dichas  resoluciones, y no se puede presumir dolo o mala fe en el  legítimo ejercicio del derecho de impugnar, más aún si la  tramitación del procedimiento administrativo se extendió  por un largo periodo por razones ajenas al administrado,  como ocurrió en el presente caso. Entonces, se puede  concluir que el cómputo de los intereses moratorios durante  el procedimiento contencioso tributario lesiona el derecho a  recurrir en sede administrativa y, por ende, también la  razonabilidad de su aplicación. El razonamiento de las  sentencias señaladas19 concluyen que corresponde la  suspensión de los intereses moratorios en los casos en que  la demora en resolver el procedimiento contencioso  administrativo no sea atribuible al administrado. Tan es así  que en el fundamento 71 de la sentencia del Expediente  N.° 4082-2012-PA/TC (caso Medina de Baca) se señala:  71. Debe inaplicarse a este caso el artículo 6 del Decreto  Legislativo N.° 981 en el extremo en que disponía el  computo de intereses moratorios durante el trámite del  procedimiento contencioso tributario, disponiéndose que la  Sunat suspenda el cómputo de los mismos en el tiempo de  exceso frente al plazo de ley incurrido por el Tribunal Fiscal  al resolver el procedimiento contencioso tributario.  También, es evidente que no se ha respetado el plazo  razonable. Resulta relevante citar estas ideas del profesor  argentino Ricardo Daniel Palermo20, en un artículo  relacionado al plazo razonable en el derecho aduanero: a)  La garantía del plazo razonable, entendido como  herramienta básica para evitar la prolongación indefinida e  injustificada de causas judiciales o administrativas, tiene en  el ordenamiento argentino carácter constitucional, y por  ello debe ser aplicado, de corresponder, por cualquier  autoridad estatal, perteneciente a cualquiera de los tres  poderes del Estado, con independencia del término de  prescripción de las acciones. b) De acuerdo al texto  constitucional,  la  incorporación  de  las  normas  convencionales se considera con carácter complementario  a las declaraciones, derechos y garantías de la primera  parte de la Constitución, a las que no modifican ni derogan  en modo alguno, por la cual en el derecho argentino es  posible aplicar la garantía del plazo razonable a las  personas de existencia ideal, sin perjuicio del artículo 1  inciso 2 de la Convención Interamericana de San José. […]  f) Reviste fundamental interés, para determinar cuándo un  plazo ha dejado de entenderse como racional o razonable,  computar la complejidad del caso a decidir, y la actividad  que en el proceso haya desempeñado la parte que lo alega.  En el primer supuesto, la relación es inversa, es decir a  menor complejidad del caso, mayor irrazonabilidad de la  eventual demora; en el segundo, se trata de una relación  directa, es decir que a mayor actividad de la parte  interesada en el proceso, mayor será la irrazonabilidad de  la tardanza injustificada. g) En el derecho aduanero la  garantía adquiere plena vigencia, y de acuerdo a lo  expresado en b), resulta aplicable a personas de existencia  ideal que actúen como agentes del comercio exterior  (agente de transporte aduanero, transportista, importador,  exportador, etc.). En el caso concreto, las partes no han  denunciado complejidad y está objetivamente demostrado  que la instancia administrativa demoró más de lo debido  para resolver el tema objeto de conflicto, con lo que afectó  el debido proceso y su vertiente implícita del plazo  razonable previsto en el inciso 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú, también reconocido enartículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos  Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y ello tiene  prevalencia sobre cualquier otra norma de menor jerarquía.  El plazo razonable de acuerdo al Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana  sobre Derechos Humanos despliega sus efectos jurídicos a  todo tipo de procedimiento o proceso —lo cual significa que  su vulneración también contraviene normas de carácter  internacional. Su aplicación implica un control de  convencionalidad, a fin de salvaguardar dicho derecho.  Sobre el tema, en el mismo sentido señalado, el Tribunal  Constitucional  dice:  Este  derecho  se  encuentra  expresamente reconocido en el artículo 3, literal c, del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el  artículo 8, inciso 1, de la Convención Americana sobre  Derechos Humanos. Este último instrumento internacional  establece que “toda persona tiene derecho a ser oída, con  las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por  un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,  establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación  de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para  la determinación de sus derechos y obligaciones de orden  civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. En ese  sentido, está fuera de toda duda que el contenido del  derecho al plazo razonable del proceso despliega sus  efectos jurídicos a todo tipo de procedimiento o  proceso ya sea este de carácter penal, civil, laboral,  administrativo, corporativo, etc.21 [Énfasis nuestro]. Así  pues, los argumentos desarrollados en la sentencia de  vista son consecuentes con la jurisprudencia vinculante  establecida por el Tribunal Constitucional y la normativa  internacional establecida por la Corte Interamericana de  Derechos Humanos, por lo cual devienen infundados los  recursos de casación interpuestos por la SUNAT y el  Tribunal Fiscal en estos extremos. IV. DECISIÓN Por tales  consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 397 del Código Procesal Civil, modificado por el  artículo 1 de la Ley N.° 29364, DECLARARON INFUNDADO  el recurso de casación interpuesto por la codemandada  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración Tributaria, del veinte de junio del dos mil  diecinueve  (fojas  cuatrocientos  treinta  y  nueve  a  cuatrocientos sesenta y dos del expediente judicial físico);  e INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el  codemandado Tribunal Fiscal, mediante el procurador  público del Ministerio de Economía y Finanzas, el  veinticinco de junio del dos mil diecinueve (fojas quinientos  treinta y seis a quinientos cincuenta y tres del expediente  judicial físico). En consecuencia, NO CASARON la  sentencia de segunda instancia, del cinco de junio de  dos mil diecinueve (fojas cuatrocientos dieciocho a  cuatrocientos treinta y tres del expediente judicial físico),  emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios  y Aduaneros de Lima. Por último, DISPUSIERON la  publicación de la presente resolución en el diario oficial El  Peruano conforme a ley, en los seguidos por Luis Humberto  Goyzueta Angobaldo contra la Superintendencia Nacional  de Aduanas y de Administración Tributaria y el Tribunal  Fiscal, sobre impugnación de resolución administrativa.  Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.  Interviene como ponente el señor Juez Supremo (P) Wilbert  González Aguilar. SS. SS. GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA  FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA  PINEDA, DÁVILA BRONCANO. 1  La sentencia apelada fue emitida por el Vigésimo Primer Juzgado Especializado  en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad Tributaria y Aduanera de  Lima, está contenida en la resolución número doce, del dieciocho de septiembre del  dos mil dieciocho (fojas trescientos diez a trescientos treinta y cinco del Expediente  Judicial Físico) y declaró infundada la demanda en todos sus extremos. 2  Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía. 3  Esto también ha sido corroborado con la Sentencia del Expediente N.° 2051-2016- PA/TC, del doce de noviembre de dos mil veinte (caso Paramonga), y la Sentencia  del Expediente N.° 225-2017-PA/TC, del veintiocho de enero de dos mil veintiuno  (caso Telefónica). 4  Se podría aplicar también en el razonamiento el argumento a pari, cuyo significado  es “donde hay la misma razón hay el mismo derecho”. Sobre ello, el Tribunal  Constitucional en el fundamento 9 de la sentencia del Expediente N.° 1458- 2007-PA/TC, razona: “Se precisa que el reclamo de la recurrente es idéntico al  solicitado por los recurrentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  y siendo que el Perú es un miembro integrante del tratado, se debe amparar la  solicitud”. De igual manera, en la sentencia del Expediente N.° 4993-2007-PA/TC,  señala: “Sostiene que la configuración de una violación del derecho de igualdad  en la aplicación de la ley, aparte de la necesidad de que se trate de un mismo  órgano administrativo que los haya expedido, es preciso que exista una sustancial  identidad entre los supuestos de hechos resueltos en forma contradictoria, cuya  identidad no tiene por qué ser plena, basta que existan suficientes elementoscomunes como para considerar que los supuestos de hecho enjuiciados son  jurídicamente iguales y que, por tanto, debieron merecer una misma aplicación de  la norma.” 5  CORIPUNA, Adrián J. (2007). “La jurisprudencia vinculante de los Altos Tribunales  como límite al principio de independencia judicial”. En CARPIO MARCOS,  Edgar y GRANDEZ CASTRO, Pedro (coordinadores), Estudios del precedente  constitucional, Lima, Editorial Palestra; p. 120. 6  Con carácter general y efecto normativo. 7  Cfr. SALAS VÁSQUEZ, Pedro. Doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal  Constitucional. Análisis y Comentarios, Gaceta Jurídica, Lima, 2017, p. 34 8  Ambas fueron publicadas en el diario oficial El Peruano el treinta y uno de marzo  de dos mil ocho 9  Infracción del derecho de motivación y del principio de cosa juzgada, y de las  normas que regulan el recurso de queja en sede tributaria y derecho al plazo  razonable. 10  Contravención del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú,  apartamiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional N.° 4082-2012-PA/TC e  inaplicación de las Sentencias N.° 03184-2012-PA/TC y N.° 03373-2012-PA/TC. 11  Casación N.° 487-2008 Callao, publicada en el diario oficial El Peruano el cuatro  de septiembre del dos mil ocho 12  Sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional N° 3129-2019-PA/TC,  (recurso de agravio constitucional interpuesto por Banco Internacional del Perú  SAA - Interbank), del veintiséis de noviembre de dos mil veinte. https://www.tc.gob. pe/jurisprudencia/2020/03129-2019-AA%20Interlocutoria.htm#:~:text=El%20 silencio%20administrativo%20constituye%20un,petici%C3%B3n%20o%20su%20 recurso%20administrativo. 13  Sentencia del Tribunal Constitucional de Expediente N° 2302-2003-AA/TC, de  fecha trece de abril del dos mil cinco, fundamentos jurídico treinta y dos. 14  Casación N.° 1805-2014 Madre de Dios, publicada en el diario oficial El Peruano  el dos de mayo del dos mil dieciséis, pp. 76082 15  Contravención del principio de razonabilidad y artículo 33 del Código Tributario,  concordante con el artículo 1242 del Código Civil y la jurisprudencia del Tribunal  Constitucional. 16  Inaplicación del artículo 33 del Código Tributario modificado por el artículo 6 del  Decreto Legislativo N° 981 y artículo 7 de la Ley N.° 30230. 17  Sentencia del Tribunal Constitucional N.° 3361-2004-AA/TC, del doce de agosto  del dos mil cinco. 18  Cfr. SALAS VÁSQUEZ, op. cit., p. 34 19  Sentencias del Expediente N.° 4082-2012-PA/TC (caso Medina Baca), ratificado  en el Expediente N.° 4532-2013-PA/TC (caso Icatom), así como en el Expediente  N.° 2051-2016-PA/TC (caso Paramonga) y la sentencia del Expediente N.° 225- 2017-PA/TC (caso Telefónica). 20  PALERMO, Ricardo Daniel (2021). “El ‘plazo razonable’ en el derecho aduanero”.  https://www.mercojuris.com/39937/el-%e2%80%9cplazo-razonable%e2%80%9d- en-el-derecho-aduanero-%e2%80%93-dr-ricardo-daniel-palermo/ 21  Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 01006-2016 PHC/TC  Caso Vásquez Pérez y Otros, de fecha veinticuatro de enero del dos mil dieciocho,  Fundamento Jurídico 10 C-2136203-20