CASACIÓN Nº 20455-2022 LIMA
Lima, treinta y uno de agosto del dos mil veintidós VISTO  El  Expediente  Judicial  Electrónico  (EJE)  y  acompañados y el recurso de casación formulado por la  empresa demandante Corporación Guri S.A.C., con escrito  del diecisiete de mayo del dos mil veintidós (fojas doscientos  ochenta y siete a doscientos noventa y seis del Expediente  Judicial Electrónico – EJE) contra la sentencia de vista  contenida en la resolución número catorce, del uno de abril de  dos mil veintidós (fojas doscientos sesenta a doscientos  setenta y seis del EJE), que confirmó la sentencia de primera  instancia,  que  declaró  infundada  la  demanda.  CONSIDERANDO Requisitos de admisibilidad del recurso de  casación y resoluciones contra las que procede 1. La Ley Nº  27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso  Administrativo, del seis de diciembre del año dos mil uno, y  sus modificatorias, establece que procede el recurso de  casación contra las sentencias expedidas en revisión por las  Cortes Superiores y los autos expedidos por las Cortes  Superiores, que ponen fin al proceso1. 2. La referida Ley, no  prescribe los requisitos de admisibilidad y procedencia del  recurso de casación, y se remite a los requisitos regulados en  el Código Procesal Civil. En ese sentido, de manera supletoria,  el artículo 387 del mencionado código indica que este recurso  debe presentarse: 1. Contra las sentencias y autos expedidos  por las salas superiores que, como órganos de segundo  grado, ponen fin al proceso; 2. ante el órgano jurisdiccional  que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema  […]; 3. dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde el  día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más  el término de la distancia que corresponda; 4. adjuntado el  recibo de la tasa respectiva. […] Los requisitos de procedencia  3. En esta misma perspectiva, el artículo 388 del Código  Procesal Civil2, aplicable supletoriamente, ha previsto los  siguientes requisitos de procedencia: 1. Que el recurrente no  hubiera consentido previamente la resolución adversa deprimera instancia, cuando esta fuere confirmada por la  resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y  precisión la infracción normativa o el apartamiento del  precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la  infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el pedido  casatorio es anulatorio o revocatorio3. 4. El incumplimiento de  cualquiera de estos requisitos da lugar a la improcedencia del  recurso, según el artículo 392 del Código Procesal Civil.  Examen de admisibilidad 5. Se pasa a evaluar la admisibilidad  del recurso de casación. a) Impugna la sentencia de vista  emitida por la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de  Lima, la misma que pone fin al proceso. b) Ha sido presentado  ante la propia Sala Superior que emitió la resolución  impugnada. c) Corporación Guri S.A.C. ha presentado su  recurso de casación, dentro del plazo de diez días contados  desde el once de mayo de dos mil veintidós4 (día siguiente de  notificada físicamente la resolución que se impugna)5. d) La  empresa recurrente presentó adjunto a su recurso de casación  el arancel judicial por el derecho de casación, subsanada  posteriormente mediante escrito de fecha veinticinco de julio  de dos mil veintidós (foja trescientos cincuenta y siete del EJE  y ciento sesenta y uno a ciento sesenta y cinco del cuaderno  de casación). 6. En el caso, este colegiado señala su  conformidad con el cumplimiento de los requisitos de  admisibilidad previstos en la ley procesal. Por tanto, está  habilitado para efectuar el examen de procedencia. Examen  de procedencia 7. Antes de ingresar en el examen de  procedencia del recurso de casación, esta Sala Suprema  debe establecer que la finalidad de este recurso extraordinario  es la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso  concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la  Corte Suprema de Justicia, tal como lo prescribe el artículo  384 del Código Procesal Civil6. En este sentido, los requisitos  del recurso deben ser interpretados en el contexto de esta  finalidad. El no consentimiento de la resolución adversa 8. La  primera cuestión que debe examinar esta Sala Suprema es  que la empresa recurrente no haya consentido previamente la  resolución que les fue adversa de primera instancia, cuando  esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso. 9.  En el caso, se tiene que el Décimo Octavo Juzgado  Especializado  en  lo  Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de Lima,  emitió la sentencia contenida en la resolución número diez,  que declara infundada la demanda. Dicha resolución ha sido  apelada por la empresa recurrente, por lo que cumple con  este requisito. Indicación clara del pedido casatorio 10. En lo  que se refiere a los alcances del pedido casatorio, se  desprende que el recurso de casación del Tribunal Fiscal  tiene propósito anulatorio como principal y revocatorio como  subordinado. Así, cumple lo señalado en el inciso 4 del  artículo 388. Cuestión sub litis La administración tributaria  hizo una fiscalización y como tal reparos respecto a gastos  que no cumplían el principio de causalidad, también porque  no existiría fehaciencia en algunas adquisiciones hechas por  la empresa demandante, lo cual luego de ser reclamado ante  la Administración Tributaria y apelado ante el Tribunal Fiscal,  este último confirma la decisión. En tal sentido la Corporación  Guri S.A.C., cuestiona la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  06105-2-2019, de fecha tres de julio de dos mil diecinueve,  que confirma la Resolución de Intendencia Nº 0650140001192/ SUNAT, que declaró infundada la reclamación formulada  contra las Resoluciones de Determinación Nº 062-003- 0003753 a N° 062-003-0003763 y las Resoluciones de Multa  Nº 062-002-0003608 a N° 062-002- 0003617. Ergo, la  cuestión litigiosa en instancia judicial, consistió en el análisis  de los reparos formulados por la Administración Tributaria y la  acreditación del principio de causalidad, la necesidad y  vinculación con la generación de renta gravada y que los  servicios observados se hubieran destinado a aquella y por  ende, a la generación de renta y mantenimiento de la fuente,  en el caso de las operaciones contenidas en los  comprobantes de pago por prestación de servicios y  adquisiciones de materiales, correspondientes a las  ejecuciones de diversas Obras. 11. Corporación Guri S.A.C.  interpone demanda contencioso administrativo contra la  citada Resolución del Tribunal Fiscal, la cual es declarada  infundada en primera instancia y confirmada en segunda  instancia. Infracción normativa denunciada por la empresa  Corporación Guri S.A.C. Primera infracción normativa 12. La  empresa recurrente la denomina: Error in procedendo El  argumento es el siguiente: Señala que la Sentencia de Vista  en el décimo quinto considerando incurre en vulneración del  debido proceso y su garantía de motivación de resoluciones,  pues no se ha valorado sus argumentos de manera conjunta,  y tan solo concluye que las facturas reparadas no cumplían  con el principio de causalidad, de conformidad con el artículo  18 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto Generala las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y el artículo 37  del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta,  sin que la Sala haya efectuado un adecuado análisis de las  normas invocadas. Debido a ello el Ad Quem resuelve  confirmando la sentencia de primera instancia. Segunda  infracción normativa 13. La empresa recurrente señala:  Aplicación incorrecta de las normas referidas al  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  relacionadas al Impuesto General a las Ventas de enero a  noviembre de 2010 y por la comisión de la infracción  tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario. Los argumentos son los  siguientes: a) Denuncia interpretación distinta del literal a) del  artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto  General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,  aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF, modificado por  Decreto Legislativo Nº 950, y sustenta señalando que las  operaciones contenidas en los comprobantes de pago por  prestaciones de servicios y adquisición de materiales de las  obras mencionadas, se encuentran debidamente sustentadas  en los comprobantes de pago, como adquisición de material,  los cuales son gastos necesarios que cumplen con el principio  de causalidad, toda vez que se presentó valorizaciones y  presupuestos de obra de servicios metrajes, partidas, servicio  de movimiento de tierras, facturas por adquisición de  materiales, tales como cables, cobre, pernos y porta medidor.  Esto permite concluir que el Ad Quem realiza una valoración  aislada de los medios probatorios aportados, sin tener en  cuenta que si no se hubiera contado con los referidos  materiales no se hubiera concluido las obras. Concluye  indicando que la inaplicación del referido dispositivo tiene  incidencia directa en la aplicación de la multa del numeral 1  del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, ya que de haberse aplicado de manera correcta el  dispositivo legal no se le hubiera impuesto las multas. b)  Concluye que el Ad Quem ha realizado una distinta  interpretación del dispositivo denunciado, y que la empresa  ha cumplido con los requisitos de la Ley para deducir los  gastos incurridos, y que estos tiene injerencia en la aplicación  de multas, que señala el numeral 1 del artículo 178 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario las mismas que  consideramos no están arregladas a derecho. Tercera  infracción normativa 14. La empresa recurrente señala:  Interpretación distinta del primer párrafo del artículo 37  del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la  Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF. El  argumento es el siguiente: También denuncia interpretación  distinta del primer párrafo del artículo 37 de la Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por  Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y sustenta indicando que  el juez no valoró las pruebas aportadas, para acreditar la  causalidad del gasto de las referidas obras, tales como las  valorizaciones y resúmenes de obras, que se encontraban  vinculadas con los subcontratos de obra, asimismo también  se presentó los “Informes emitidos por el Ingeniero Gilberto  Fiestas” que permiten apreciar el detalle de los trabajos  realizados por los proveedores, los avances de acuerdo a las  valorizaciones de obras y los pagos que se habían realizado  Las Guías de Remisión Remitente. Pronunciamiento del  colegiado sobre las infracciones denunciadas por la empresa  demandante  Corporación  Guri  S.A.C.  15.  Emitiendo  pronunciamiento calificatorio respecto a la primera infracción  denunciada, se aprecia que denuncia infracción al deber de  motivación, indicando que no se ha valorado sus argumentos  de manera conjunta, sin embargo, no describe los argumentos  que no habrían sido considerados por el Colegiado Superior,  ni tampoco demuestra la incidencia de tales argumentos en el  sentido de la decisión, sino más bien se advierte que, la  resolución de vista, cumple con expresar las razones de  hecho y derecho que justifican su decisión. Se puede concluir  que la empresa recurrente fundamenta su infracción normativa  en forma genérica, sin determinar con claridad y precisión a la  misma infracción ni la incidencia directa de la denuncia sobre  el pronunciamiento impugnado, por lo que no cumplen con las  exigencias de los numerales 2) y 3) del artículo 388 del Texto  Único Ordenado del Código Procesal Civil. 16. Con relación a  la segunda y tercera infracciones denunciadas, debe  precisarse que denuncia dos infracciones materiales, que la  denomina error in iudicando, en ese sentido se puede concluir  que los razonamientos están centrados en cuestionar la  valoración efectuadas de los medios probatorios efectuados  por las Instancias, para que se recalifique jurídicamente los  hechos, lo que implica un reexamen de los mismos, lo cual no  está permitido en sede casatoria, ya que “Las alegaciones  orientadas a cuestionar la valoración de los medios probatorios  efectuadas por las instancias de mérito resulta ajeno al debate  Casatorio”7, y “[…] no corresponde a la Sala [Suprema]  analizar las conclusiones a que llegan las instancias de méritosobre las cuestiones de hecho, ni las relativas a la valoración  de la prueba examinada en instancia”8, siendo factible  únicamente el control casatorio cuando se trata de la  infracción a las reglas que regulan la actividad probatoria,  respecto a la cual no se aprecia infracción alguna. En ese  sentido, se pretendería una revaloración de los medios  probatorios, y tal actividad no se condice con la naturaleza del  recurso de casación, en tanto que en este caso la Corte  Suprema no actúa como instancia de mérito, esto es, no  constituye una tercera instancia. Siendo así, corresponde  declarar improcedente la causal descrita. Se puede concluir  que la recurrente fundamenta su infracción normativa sin  determinarla con claridad y precisión, ni tampoco demuestra  la incidencia directa de la denuncia sobre el pronunciamiento  impugnado, por lo que no cumplen con las exigencias de los  numerales 2) y 3) del artículo 388 del Texto Único Ordenado  del  Código  Procesal  Civil.  DECISIÓN  Por  estas  consideraciones y de conformidad con el modificado artículo  392  del  Código  Procesal  Civil,  DECLARARON:  IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la  empresa demandante Corporación Guri S.A.C., con escrito  del diecisiete de mayo del dos mil veintidós (fojas doscientos  ochenta y siete a doscientos noventa y seis del Expediente  Judicial Electrónico – EJE) contra la sentencia de vista  contenida en la resolución número catorce, del uno de abril de  dos mil veintidós (fojas doscientos sesenta a doscientos  setenta y seis del EJE; y ORDENARON la publicación de la  presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a  ley, en los seguidos por Corporación Guri S.A.C. contra la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre impugnación de  resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y  devuélvanse los actuados. Interviene como ponente el señor  Juez Supremo (P) Wilbert González Aguilar. SS. GONZÁLEZ  AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL  CASTILLO, BARRA PINEDA, DÁVILA BRONCANO. 1  Esto se encuentra previsto en el artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley  Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y se mantiene en el  artículo 34 del Texto Único Ordenado vigente, aprobado por Decreto Supremo Nº  011-2019-JUS. 2  Artículo conforme modificación hecha por el artículo 1 de la Ley Nº 29364,  publicada el veintiocho de mayo del dos mil nueve. 3  Este artículo precisa, además, lo siguiente:  Si fuere anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si este último, se indicara  hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en  que debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos  pedidos, deberá entenderse el anulatozrio como principal y el revocatorio como  subordinado. 4  Véase Cargo de la Cedula de Notificación (foja trescientos sesenta del EJE). 5  El Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica:   Artículo 155-E. Notificaciones por cédula. - Sin perjuicio de la notificación  electrónica, las siguientes resoluciones judiciales deben ser notificadas solo  mediante cédula: La que contenga el emplazamiento de la demanda, la declaración  de rebeldía y la medida cautelar. La sentencia o auto que pone fin al proceso en  cualquier instancia. La resolución notificada por cédula surte efecto desde el  día siguiente de notificada. (el énfasis es nuestro). 6  Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, publicada el veintiocho de  mayo dos mil nueve. 7  Casación Nº 4813-2013-Lambayeque, publicado en el diario oficial “el peruano” el  primer de junio del dos mil quince. 8  Casación Nº 487-2008 Lima, Publicada en el diario oficial “el peruano” el cuatro de  septiembre del dos mil ocho, pp. 23090-23091. C-2136203-21