CASACIÓN Nº 20487-2019 LIMA
SUMILLA: Considerando el carácter vinculante de las  interpretación del Tribunal Constitucional y advirtiendo que  la interpretación efectuada por el juez está de acuerdo a la  Constitución, debemos señalar que esta interpretación no  contraviene el artículo 74 de la Constitución Política del Perú  y las normas IV (principio de reserva de ley), III (fuentes del  derecho tributario), VII (plazo supletorio para exoneraciones  y beneficios), VIII (interpretación de las normas de carácter  tributario) y VI (modificación y derogación de normas  tributarias) del título preliminar del Texto Único Ordenado  del Código Tributario, así como el artículo VI del título  preliminar del Código Procesal Constitucional (aplicación de  precedentes vinculantes). Lima, veintiuno de julio de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA  DE  LA  REPÚBLICA:I.  VISTOSEl  recurso  extraordinario de casación interpuesto por la entidad  demandante Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria - SUNAT (mediante su Procuraduría  Pública), presentado el diecisiete de junio de dos mil  diecinueve (folios 509-525 del Expediente Principal Nº  12895-2017-0-1801-JR-CA-20), contra la sentencia de vista  contenida en la resolución número treinta y dos, del veinte de  mayo de dos mil diecinueve (folios 489-504), que revocó la  sentencia apelada, contenida en la resolución número  veinticuatro, del dieciséis de enero de dos mil diecinueve  (folios 343-369), que declaró fundada la demanda; y,  reformándola, declaró infundada la demanda en todos sus  extremos.II. ANTECEDENTESDemandaMediante el escrito  del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria interpuso demanda contencioso administrativa(folios  21-58).  Señala  las  siguientes  pretensiones:-  Pretensión principal: Se declare la nulidad parcial de la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05632-3-2017, del cuatro de  julio de dos mil diecisiete, en el extremo que deja sin efecto  las Resoluciones de Determinación de números 012-003- 0016786, 012-003-0016945, 012-003-0016946, 012-003- 0017145 a 012-003-0017149, 012-003-0017187 a 012-003- 0017197 y 012-003-01017248 a 012-003-01017254, así  como las Resoluciones Multa de números 012-002-0014627,  012-002-0014721, 012-002-0014854, 012-002-0014862 y  012-002-0014884, relacionadas a los reparos por crédito por  reinversión.- Pretensión accesoria: Se ordene al Tribunal  Fiscal emitir nueva resolución confirmando la Resolución de  Intendencia Nº 0250140011429/SUNAT, del veintinueve de  diciembre de dos mil nueve.Contestación de la demandaEl  nueve de noviembre de dos mil diecisiete (folios 112-134), la  codemandada Universidad Científica Del Sur S.A.C., contesta  la demanda y solicita que la misma se declare infundada.El  ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Procurador  Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del  Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del  Tribunal Fiscal, en calidad de codemandado, contesta la  demanda (folios 74-92) y sostiene que la resolución  impugnada ha sido emitida conforme a ley.Sentencia de  primera  instanciaEl  Vigésimo  Juzgado  Especializado  Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, a través de su sentencia contenida en la resolución  número veinticuatro, del dieciséis de enero de dos mil  diecinueve (folios 343-369), declaró fundada la demanda. La  sentencia de primera instancia concluyó lo siguiente:La  naturaleza jurídica del crédito por reinversión en educación  corresponde a un beneficio tributario; por lo tanto, en virtud de  los principios de Reserva de ley y de Especialidad de la  norma, procede la aplicación de la Norma VII del Código  Tributario, de este modo tal beneficio tributario efectivamente  está sujeto a temporalidad por el plazo máximo de 3 años, no  existiendo justificación legal para admitir la existencia de la  prórroga  tácita.Sentencia  de  vistaLa  Sétima  Sala  Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub  Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de vista  contenida en la resolución número treinta y dos, del veinte de  mayo de dos mil diecinueve (folios 489-504), revocó la  sentencia apelada y, reformándola, declaró infundada la  demanda en todos sus extremos. Fundamentó su fallo en los  siguientes argumentos:SÉTIMO: Respecto a la vigencia del  crédito tributario por reinversión en educación, es de señalar  que a criterio de este Colegiado estuvo vigente hasta el año  2011, conforme a lo que seguidamente se expone. Como es  sabido, el referido beneficio tributario fue establecido por el  artículo 13 del Decreto Legislativo N° 882, publicado el 09 de  noviembre de 1996; posteriormente, el artículo 2 del Decreto  Legislativo N° 1087, publicado el 28 de junio de 2008, hace  alusión expresa al citado reintegro tributario y su base  normativa, de modo que es el propio Estado el que  explícitamente a través de una norma de rango legal,  reconoce que el indicado reintegro estuvo vigente al menos  hasta el año 2008. Después, en un tercer momento, mediante  el Artículo Único de la Ley 29766, publicada el 23 de julio de  2011, se “precisó” que el beneficio en cuestión caducó a la  entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1087; es decir, el  28 de junio de 2008, de modo que esta es la segunda norma  de jerarquía legal que expresa que el crédito tributario por  reinversión se encontró vigente hasta el ejercicio 2008, al  tratarse de la regulación de un tributo de periodicidad anual  como es el Impuesto a la Renta.Hasta acá se tiene que la  voluntad del Estado en cuanto a la vigencia del crédito  tributario por reinversión es clara y manifiesta: estuvo en vigor  hasta el 2008, por lo que sostener que su vigencia concluyó  en el año 1999 por aplicación de la Norma VII del Título  Preliminar del Código Tributario, resulta irrazonable e  incongruente por contradecir los propios actos de gobierno  concretados en dos normas con rango de ley emanadas del  Congreso y del Poder Ejecutivo, y también, por una exigencia  mínima de seguridad jurídica, la cual sería ignorada en caso  se pretenda desconocer el ordenamiento que el Estado dictó  y conforme al cual los ciudadanos legítimamente orientaron  su conducta.No obstante, ello, independientemente de la  voluntad estatal, cabe señalar que la Ley 29766, publicada el  23 de julio de 2011, pretende convalidar una aplicación  retroactiva de la misma, situación que se encuentra vetada  por el artículo 103 de la Constitución Política. En esa dirección,  la Ley 29766 del año 2011, declara que el crédito tributario por  reinversión habría caducado; esto es, concluido su vigencia,  en el año 2008, con la dación del Decreto Legislativo 1087.  Para ello apela al término “Precísase” en el sentido que  únicamente se encontraría puntualizando y/o interpretandouna disposición previamente existente del Decreto Legislativo  1087 que regularía la caducidad del reintegro tributario por  reinversión, lo cual determinaría que la Ley 29766 sería una  norma interpretativa (y no pasible por tanto de ser calificada  como retroactiva) y no una norma innovativa, la cual sí  implicaría establecer una nueva regulación que vulneraría la  prohibición de retroactividad. Al respecto, en aplicación de los  criterios señalados en la STC 0002-2006-PI/TC , puede  concluirse que la Ley 29766 en el extremo que dispone la  caducidad del beneficio tributario en el 2008 resulta ser una  norma de carácter innovativo y no interpretativo; siendo ello  así, no cabe su aplicación retroactiva -desde el año 2008- sino  desde su publicación -año 2011-, conforme a la Constitución;  y dado que disciplina un beneficio tributario vinculado al  Impuesto a la Renta, se tiene que se encontró vigente hasta  el año 2011.“Conforme al texto transcrito de la demanda, se  evidencia que si bien, en principio, la Administración Tributaria  aseveró que en aplicación de la Norma VII del Título Preliminar  del Código Tributario, el crédito tributario por reinversión  estuvo vigente hasta el año 1999; posteriormente, con la  dación del Decreto Legislativo 1087, del 28 de junio de 2008,  debe entenderse necesariamente que continuó su vigencia  hasta el ejercicio 2008, lo cual fue ratificado por la Ley 29766,  del 23 de junio de 2011; por tanto, es claro que para la entidad  accionante el mencionado beneficio tributario estuvo en vigor  hasta el 2008”.Hechos determinados por las instancias de  méritoDe acuerdo a los actuados, los hechos determinados  por las instancias de mérito son las siguientes:a) Mediante  Cartas de Presentación de números 080011269250-01-SUNAT,  08001126926001-SUNAT,  08001126927001SUNAT,  080011269280-01-SUNAT y 080011265380-01-SUNAT, la  administración tributaria comunicó a la codemandada  Universidad Científica del Sur S.A.C. el inicio de un  procedimiento de fiscalización respecto de sus obligaciones  tributarias del impuesto a la renta de los ejercicios dos mil  tres, dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil seis y dos mil  siete.b) Como resultado de dicha fiscalización, se determinó  reparos a la determinación del impuesto a la renta de los  ejercicios dos mil tres a dos mil siete, así como de los pagos  a cuenta del impuesto a la renta correspondientes a los  periodos marzo de dos mil cuatro, marzo a junio de dos mil  cinco, marzo a diciembre de dos mil seis y marzo a agosto de  dos mil siete, por aplicación indebida del crédito por  reinversión en educación. En ese sentido, se emitieron las  Resoluciones de Determinación de números 012-003- 0016786, 012-003-0016945, 012-003-0016946, 012-003- 0017145 a 012-003-0017149, 012-003-0017187 a 012-003- 0017197 y 012-003-01017248 a 012-003-01017254, así  como las Resoluciones Multa de números 012-002-0014627,  012-002-0014721, 012-002-0014854, 012-002-0014862 y  012-002-0014884.c)  Contra  los  referidos  valores,  la  contribuyente interpuso recurso de reclamación. Dicho  recurso fue resuelto mediante Resolución de Intendencia Nº  0250140011429/SUNAT, que declaró infundado el citado  recurso de reclamación.d) Contra la precitada resolución de  Intendencia, se interpuso recurso de apelación. Este fue  resuelto mediante la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05632- 3-2017, que resolvió confirmar la Resolución de Intendencia  Nº 0250140011429/SUNAT en el extremo referido a la  Resolución de Multa Nº 012-002-0014628; sin embargo, la  revocó en lo demás que contiene y dejó sin efecto las  Resoluciones de Determinación de números 012-003- 0016786, 012-003-0016945, 012-003-0016946, 012-003- 0017145 a 012-003-0017149, 012-003-0017187 a 012-003- 0017197, 012-003-0017248 a 012-003-0017254, y las  Resoluciones de Multa de números 012-002-0014627, 012- 002-0014628, 012-002-0014721, 012-002-0014854, 012- 002-0014862 y 012-002-0014884.Calificación del recurso  de calificaciónMediante resolución casatoria del veinticinco  de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró procedente el  recurso de casación presentado por SUNAT, respecto de las  siguientes causales:a) Infracción normativa de los numerales  3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú,  concordados con el artículo VII del título preliminar del Código  Procesal Civilb) Infracción normativa del artículo 74 de la  Constitución Política del Perú, de las normas IV, III, VII, VIII y  VI del título preliminar del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, así como del artículo VI del título preliminar del  Código Procesal Constitucional.c) Infracción normativa del  artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1087, de la Ley Nº 29766  y del artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 882III.  CONSIDERANDOSLos fines del recurso de casación1.  Debemos establecer en principio que la finalidad del recurso  extraordinario de casación es la adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la  jurisprudencia nacional establecida por la Corte Suprema de  Justicia, tal como puede interpretarse de lo dispuesto por el  artículo 141 de la Constitución Política de 1993 y el artículo384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de  la Ley Nº 29364.2. En este sentido, debemos establecer que  en un Estado constitucional esta finalidad nomofiláctica del  recurso de casación debe traducirse en la función que  ostentan las Salas Supremas, como órganos de vértice, para  establecer y fijar la interpretación de las disposiciones  normativas sobre la base de las buenas razones. Como  refiere Taruffo1, se puede colegir que es vital en la corrección  del procedimiento de elección y la aceptabilidad de los  criterios sobre los cuales se funda la interpretación de las  disposiciones normativas, que deben ser seguidas por todos  los jueces de la República.Marco normativo3. Considera esta  Sala Suprema que las disposiciones normativas que deben  tomarse en consideración para la solución del caso son las  siguientes:Decreto Legislativo Nº 882- Ley de Promoción de  la Inversión en la Educación, publicada el nueve de noviembre  de mil novecientos noventa y seisCapítulo IIDisposiciones  TributariasArtículo  13.-  Las  Instituciones  Educativas  Particulares, reviertan total o parcialmente su renta reinvertible  en sí mismas o en otras Instituciones Educativas Particulares,  constituidas en el país, tendrán derecho a un crédito tributario  por reinversión equivalente al 30 % del monto reinvertido.La  reinversión sólo podrá realizarse en infraestructura y  equipamientos didácticos, exclusivos para los fines educativos  y de investigación que corresponda a sus respectivos niveles  o modalidades de atención, así como para las becas de  estudios. […]Disposiciones finalesQuinta. - Lo dispuesto en  la presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente  de su publicación; con excepción de lo previsto en el Capítulo  II y el segundo párrafo de la Primera Disposición Final, los  cuales entraran en vigencia a partir del 1 de enero de  1997.”Decreto Legislativo Nº 1087- “Decreto Legislativo que  aprueba normas en educación para el mejor aprovechamiento  de los acuerdos de promoción comercial”, publicado el  veintiocho de junio de dos mil ochoArtículo 2.- Fomento a la  articulación entre la actividad productiva y la formación  técnica y profesional permanenteEl Estado fomenta la  articulación entre la actividad productiva y la formación  técnica y profesional permanente, propiciando vínculos entre  las empresas y las instituciones educativas públicas y  privadas, con el fin de impulsar la innovación científica y  tecnológica, la mejora de la calidad, el desarrollo de las  capacidades y la formación especializada de recursos  humanos competitivos.Los Centros de Educación Técnico  Productiva e Instituciones Superiores Tecnológicos Privados  que desarrollen actividades de formación técnica Profesional  en las áreas económicas-productivas de Agroindustria,  Metalmecánica, Gas, Energía, Minería, Pesquería y Artesanía,  que se encuentren dentro de los alcances de los beneficios  tributarios establecidos en el Decreto legislativo N° 882,  estarán exceptuados de lo dispuesto en el segundo párrafo  del numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 9772. Ley Nº 29766 - Ley que Precisa el Artículo 2 del Decreto  Legislativo Nº 1087, publicado el veintitrés de julio de dos mil  onceArtículo Único. PrecisiónPrecisase que lo beneficios  tributarios a los que hace referencia el artículo 2 del Decreto  Legislativo 1087, Decreto Legislativo que aprueba Normas en  Educación para el Mejor Aprovechamiento de los Acuerdos de  Promoción Comercial, respecto de aquellas entidades  educativas que no han sido incluidas en dicho artículo,  caducaron a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo  1087 y respecto del impuesto a la renta al 31 de diciembre del  ejercicio 2008 por tratarse de un tributo de periodicidad anual. Los beneficios tributarios establecidos en el Decreto legislativo  882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, y  ratificados en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1087, para  los centros de educación técnico productiva e institutos  superiores tecnológicos privados precisados en la citada  norma, se sujetan a los términos y plazo de la norma VII del  título preliminar del Código Tributario.Jurisprudencia del  Tribunal Constitucional4. Sentencia del Pleno Jurisdiccional  del Tribunal Constitucional expedida en el Expediente Nº  0002-2006-PI/TC, del dieciséis de mayo de dos mil siete y  publicada en el diario oficial El Peruano el nueve de agosto de  dos mil siete, con relación a los elementos que identifican el  contenido de una norma interpretativa establece lo  siguiente:23. Como no es suficiente que una norma se  autodefina como interpretativa para que realmente lo sea, el  Tribunal Constitucional considera pertinente adoptar los tres  requisitos establecidos por la Corte Constitucional de  Colombia que deben satisfacer dicha clase de normas, sin los  cuales se desnaturalizan y carecen de la virtud de integrarse  a la norma interpretada:Primero, debe referirse expresamente  a una norma legal anterior. Segundo, debe fijar el sentido de  dicha norma anterior enunciando uno de los múltiples  significados plausibles de la norma interpretada, el cual pasa,  por decisión del propio legislador, a ser el significado autentico  que excluye las demás interpretaciones de la norma anterior.Tercero, no debe agregarle a la norma interpretada un  contenido que no estuviera comprendido dentro de su ámbito  material3.Evidentemente, cuando una norma cumple estos  requisitos, entonces es interpretativa y se integra a la norma  interpretada, pero cuando no los cumple debe ser entendida  como una norma innovativa.5. La Sentencia del Pleno  Jurisdiccional del Tribunal Constitucional 985/2021, derivado  del Expediente Nº 00156-2009 -AA/TC, del treinta de  noviembre de dos mil veintiuno, señala lo siguiente:§ 4.1.  Sobre la presunta vulneración del principio de irretroactividad  en la aplicación de las normas y el derecho de propiedad14.  El beneficio tributario de crédito por reinversión fue introducido  por el artículo 13 de la Ley de Promoción de la inversión en la  educación (Decreto Legislativo 882). La disposición referida  establece  lo  siguiente:“Las  Instituciones  Educativas  Particulares, que reinviertan total o parcialmente su renta  reinvertible en sí mismas o en otras Instituciones Educativas  Particulares, constituidas en el país, tendrán derecho a un  crédito tributario por reinversión equivalente al 30% del monto  reinvertido”.Conviene aquí precisar que el artículo 13 del  Decreto Legislativo 882 no dejó establecido el plazo de  vigencia del referido crédito tributario por reinversión de  utilidades.15. Dicho de otro modo, conforme a lo señalado en  la sentencia recaída en el Expediente 02053-2013-PA/TC,  publicada en el portal institucional con fecha 25 de julio de  2016, atendiendo a la conducta de la Sunat y a lo señalado  por el legislador en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1087  (cfr. fundamentos 18 a 20 de la citada sentencia) para el año  2008 todavía se encontraban vigentes los beneficios  tributarios previstos en el Decreto Legislativo 882.16. Al  respecto, Sunat sostiene que, en tal caso, resultaba aplicable  la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario, en  cuanto establece que la disposición que incluye beneficios  tributarios deberá especificar el plazo máximo de duración de  estos y que, si eso no sucede, se entenderá otorgado por tres  años.17. De lo expuesto se deduciría que el crédito tributario  por reinversión habría caducado tres años después de que  entrara en vigor el Decreto Legislativo 882 (31 de diciembre  de 1999). Sin embargo, como se verifica en autos, la  Administración Tributaria continuó admitiendo declaraciones  que incluían el aludido crédito tributario hasta el año 2008.18.  Por su parte, el legislador también entendía que el beneficio  aludido continuaba vigente, por cuanto en el artículo 2 del  Decreto Legislativo 1087 dispuso en el año 2008 que  determinadas instituciones educativas “[…] que se encuentren  dentro de los alcances de los beneficios tributarios  establecidos en el Decreto Legislativo 882” estarían  exceptuadas de la prórroga establecida por el numeral 3.1 del  artículo 3 del Decreto Legislativo 977 (que establecía una  normativa marco para la dación de exoneraciones, incentivos  o beneficios tributarios). En lo que aquí interesa, esta norma  evidencia que para el año 2008 el legislador consideró aún  vigentes los beneficios tributarios previstos en el Decreto  Legislativo 882, entre ellos, el de crédito por reinversión, sin  precisar margen temporal alguno.19. De ello se desprende  entonces que el crédito tributario por reinversión se encontraba  vigente al momento en que la parte demandante, mediante  Formulario 0664, 750488968, del 26 de diciembre de 2011  (fojas 48), presentó la Declaración Jurada Anual del Impuesto  a la Renta del ejercicio 2009 incluyéndolo.20. Ahora bien,  corresponde determinar a continuación si la cancelación  retroactiva de dicho beneficio tributario, dispuesta mediante  Ley 29766, publicada el 23 de julio de 2011, vulnera el  principio de irretroactividad en la aplicación de las normas y,  con ello, el derecho de propiedad de la parte recurrente. El  artículo único de la referida norma establece:“Precísase que  los beneficios tributarios a los que hace referencia el artículo  2 del Decreto Legislativo 1087, Decreto Legislativo que  aprueba Normas en Educación para el Mejor Aprovechamiento  de los Acuerdos de Promoción Comercial, respecto de  aquellas entidades educativas que no han sido incluidas en  dicho artículo, caducaron a la entrada en vigencia del Decreto  Legislativo 1087 y respecto del impuesto a la renta al 31 de  diciembre del ejercicio 2008 por tratarse de un tributo de  periodicidad anual”.21. Asimismo, el artículo 2 del Decreto  Legislativo 1087 prescribió, en lo que aquí importa, lo  siguiente:“Artículo 2.- […] Los Centros de Educación Técnico  Productiva e Institutos Superiores Tecnológicos Privados que  desarrollen actividades de Formación Técnica Profesional en  las  áreas  económicas-productivas  de  Agroindustria,  Metalmecánica, Gas, Energía, Minería, Pesquería y Artesanía,  que se encuentren dentro de los alcances de los beneficios  tributarios establecidos en el Decreto Legislativo Nº 882,  estarán exceptuados de lo dispuesto en el segundo párrafo  del numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 977”.  EXP. Nº 00156-2019-A22. Al respecto, cuando una norma  precisa algún aspecto del ordenamiento debe esclarecer el  alcance de la disposición previa de la que, naturalmente, sedesprenden diversos sentidos interpretativos posibles.23.  Para que una norma interpretativa pueda ser considerada  como tal, debe cumplir lo siguiente: a. Referirse a una norma  legal anterior. b. Fijar el sentido de la misma pronunciándose  por uno de los múltiples significados plausibles de la norma  interpretada. c. No incorporarle un contenido que no estuviera  comprendido dentro de su ámbito material.24. Conviene,  entonces, tener presente que la Ley 29766, aun cuando  comienza con la palabra “precísase”, no brinda en realidad  precisión alguna, limitándose a introducir, retroactivamente,  un plazo específico y que no había sido dispuesto previamente  para la caducidad de los beneficios tributarios aplicables a los  Centros de Educación Técnico Productiva e Institutos  Superiores  Tecnológicos  Privados,  beneficio  que  se  encontraba vigente como ya ha sido mencionado antes.25.  En efecto, de lo expuesto se deduce que no cumple el  supuesto enunciado en el literal “b”, por cuanto no opta entre  diversos sentidos interpretativos que puedan atribuirse a la  norma supuestamente interpretada. Tampoco coincide con lo  descrito en el literal “c”, ya que, efectivamente, incorpora un  contenido no enunciado en la disposición original.26. En  suma, además de no determinar un sentido interpretativo, la  disposición añade un límite temporal para la vigencia del  crédito por reinversión que no se encontraba en la norma  presuntamente precisada.27. De lo expuesto se desprende  que no se trataba de una norma propiamente interpretativa,  sino de una reforma a lo originariamente dispuesto en la  regulación sobre crédito por reinversión. Siendo ello así, esta  no podía ser aplicable retroactivamente, pues resultaba  aplicable el artículo 109 de la Constitución, en cuanto  establece: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su  publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de  la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”.28.  La Ley 29766 fue publicada en el diario oficial El Peruano el  23 de julio de 2011 y, como no precisa un plazo distinto, su  entrada en vigor se produjo al día siguiente, el 24 de julio del  2011.El carácter vinculante de las sentencias del Tribunal  ConstitucionalEl precedente6. El precedente, a partir del cual  el Tribunal ejerce el rol de legislador positivo, es una institución  que originalmente está vinculada al common law y no tiene  mucho tiempo adaptándose a nuestro sistema inscrito en una  tradición distinta, la del civil law. En este proceso de  adaptación, como es de prever, se vienen produciendo  conflictos y tensiones entre el Tribunal Constitucional y el  Poder Judicial que requieren de una respuesta, en el marco  de nuestro ordenamiento jurídico. Esta situación implica  transitar brevemente por los orígenes y las funciones que  cumple el precedente en el common law y su proyección a  nuestro sistema jurídico.7. Refiere Simón Whittaker4 que el  punto de partida del derecho anglosajón continúa siendo el  common law. No obstante, en este sistema, en el que se  privilegia el precedente, existe también un conjunto de leyes y  estas tienen una vigencia efectiva. Los jueces ingleses, desde  tiempos anteriores, han venido asumiendo que una ley del  Parlamento posee la virtud de modificar o incluso sustituir el  common law. No obstante, aun cuando el derecho legislado  es la fuente jurídica nacional suprema, el common law lo  precede pues configura el cuerpo normativo que reglamenta  un conjunto de hechos en defecto de cualquier otro.8. En esta  relación entre el common law y la ley —continua Whittaker—  es importante señalar que, en primer lugar, la legislación  parlamentaria es considerada excepcional o constituye  irrupciones aisladas, aun cuando domina un área sustantiva  del derecho en particular (derecho societario, inmobiliario). Si  bien a veces la ley deroga el common law, es más frecuente  que la complemente o la rectifique en alguno de sus atributos.  En segundo lugar, el common law significa que la naturaleza  material sobre la que se construyen muchas decisiones  judiciales inglesas difiere radicalmente de aquellos sistemas  jurídicos cuya base es la legislativa. En tercer lugar, el  common law legitima el rol de los jueces en el desarrollo  jurídico y pone de relieve la delicada línea que los jueces  ingleses deben evitar traspasar para no inmiscuirse en el  dominio del Parlamento.9. Esta institución del precedente  creada en el sistema del common law ha sido incorporada en  los ordenamientos propios del derecho continental, generando  las tensiones y los problemas propios de las importaciones de  instituciones jurídicas. Así, por ejemplo, se pueden generar  conflictos vinculados a la antinomia entre el precedente y la  ley, a las formas de aplicación o inaplicación de los  precedentes, conflictos de coherencia entre los mismos  precedentes, la vinculación de los jueces con el precedente,  conflictos entre jerarquías de precedentes, entre otros.10. El  Tribunal Constitucional, dentro de lo prescrito por el Código  Procesal  Constitucional5,  ha  venido  configurando  el  precedente constitucional en nuestro sistema jurídico,  convertido en una suerte de legislador positivo. Sobre el  precedente, señala el Tribunal Constitucional:El precedentees una regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto  que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla  general; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo  para la resolución de futuros procesos de naturaleza  homóloga. (STC. Nº 0024-2003-AI/TC)11. El propósito de  incorporar el precedente en nuestro ordenamiento está  vinculado a principios constitucionales, entre otros, a la idea  de predictibilidad, seguridad jurídica y el principio de igualdad  en la aplicación de la ley. Así, por ejemplo, la Corte  Constitucional colombiana señala sobre los fines del  precedente:Primera, la de preservar la seguridad jurídica y la  coherencia del orden jurídico, lo que obliga a los jueces y  tribunales a otorgar un significado estable a las normas  jurídicas, de manera que sus decisiones sean razonablemente  previsibles. Segunda, la de protección de los derechos  fundamentales y las libertades ciudadanas, así como la de  garantizar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible,  evitando variaciones injustificadas o caprichosas de los  criterios de interpretación. Tercera, la de preservar el valor  supremo de la igualdad, evitando que casos iguales, con  identidad de los supuestos fácticos, sean resueltos de manera  distinta. Cuarta, la de ejercer un control de la propia actividad  judicial, imponiendo a los jueces y tribunales una mínima  racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir el  problema que les es planteado de una manera que estarían  dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente  caracteres análogos.612. Debemos adicionar que, dentro de  un escenario de justificación de las premisas, un precedente  alivia la carga argumentativa que corresponde al juez. Por lo  general, las buenas razones y la calidad argumentativa de los  argumentos del precedente y de la propia doctrina vinculante,  proporcionan al juez una menor carga argumentativa.La  doctrina jurisprudencial y la interpretación constitucional  vinculante13. La idea de la doctrina jurisprudencial se acerca  más a la idea del precedente anglosajón. No es precisamente  el Tribunal Constitucional quien señala cuál fundamento o  punto de la resolución es el precedente. Esta tarea de algún  modo está encomendada al juez de destino, quien debe  aplicar el precedente frente a un caso concreto.14. Dentro de  esta idea del precedente regulado por el artículo VI del título  preliminar del Código Procesal Constitucional (los precedentes  en el sistema anglosajón no requieren propiamente el  respaldo del legislador), el Tribunal Constitucional ha venido  consolidando o ampliando —o ese es su objetivo— la tesis de  que todas las interpretaciones del Tribunal Constitucional  emitidas en los procesos constitucionales son también  vinculantes para los jueces.15. Uno de los argumentos a favor  de esta interpretación incide en lo dispuesto por el título  preliminar del Código Procesal Constitucional, que prescribe  que los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma  con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y  principios constitucionales conforme a la interpretación que  resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional7 y de la  doctrina jurisprudencial creada por el propio Tribunal  Constitucional.16. La Sentencia del Pleno 799/2020 (derivado  del Expediente Nº 03756-2018-PA/TC - Lima Ministerio  Público) ha puesto de manifiesto el carácter vinculante de sus  interpretaciones con los siguientes argumentos:7. Como se  sabe, la propia Constitución le ha conferido al Tribunal  Constitucional  la  responsabilidad  de  salvaguardar  la  supremacía constitucional y de la protección efectiva de los  derechos fundamentales (artículo 201). Sin embargo, ello no  significa desconocer que el primer nivel de protección de los  derechos fundamentales le corresponde a los jueces del  Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios.  Así, conforme al artículo 138 de la Constitución, los jueces  administran justicia con arreglo a la Constitución y a las leyes,  puesto que ellos también deben garantizar una adecuada  protección de los derechos y libertades reconocidos por la  Constitución. En tal sentido, debe tenerse presente que todos  los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y los  tratados internacionales de derechos humanos (cfr. STC N°s.  00004-2004-CC,  fundamento  22  y  00206-2005-PA,  fundamento 5 entre otras).8. De lo expuesto se colige  entonces que tanto el Tribunal Constitucional como el Poder  Judicial están reconocidos constitucionalmente como órganos  jurisdiccionales que cumplen un rol importante y decisivo en la  consolidación democrática del Estado, en tanto solucionan  por la vía pacífica conflictos jurídicos suscitados entre los  particulares y entre estos y el propio Estado. En ese cometido,  desarrollan una labor inherente a su función jurisdiccional,  como es, la interpretación de disposiciones constitucionales y  legales generando con ello el desarrollo de la jurisprudencia.  Así, la interpretación que realizan los órganos de cierre del  sistema jurisdiccional, como son el Tribunal Constitucional y la  Corte Suprema, tiene la virtualidad de vincular tanto a los  órganos que la realizaron, así como a los jerárquicamente  inferiores, siempre que tal interpretación sea jurídicamentecorrecta.9. Sin embargo, en lo que corresponde a la  interpretación  constitucional  de  las  leyes  y  los  reglamentos en el ámbito de la jurisdicción constitucional,  la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional, como  órgano de control de la Constitución. Esto quiere decir que, si  bien se reconoce la pluralidad de intérpretes jurídicos de la  norma fundamental, el Tribunal Constitucional es el órgano  supremo de interpretación y sus criterios sobre lo que la  Constitución significa vincula a los poderes del Estado,  órganos constitucionales, entidades públicas, privadas y para  los ciudadanos (cfr. STC 0004-2004-CC, fundamento 19).  [Énfasis  nuestro]ANÁLISIS  DE  LAS  CAUSALES  DECLARADAS  PROCEDENTESPrimera  infracción17.  Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139  de la Constitución Política del Perú, concordados con el  artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil18.  Las  disposiciones  normativas  establecen  lo  siguiente:Constitución Política del Perú de 1993Artículo  139.- Principios de la Administración de JusticiaSon principios  y derechos de la función jurisdiccional[…]3. La observancia  del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona  puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la  ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente  establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de  excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto,  cualquiera sea su denominación.[…]5. La motivación escrita  de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto  los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley  aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. Código Procesal CivilArtículo VII.- Juez y DerechoEl Juez  debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque  no haya sido invocado por las partes o lo haya sido  erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio  ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido  alegados por las partes.19. Como argumento central que  sustenta la infracción normativa señala lo siguiente: La  precitada garantía ha sido transgredida debido a que la Sala  Superior vía interpretación dejó de aplicar la norma que regula  el plazo de vigencia del beneficio tributario de créditos por  reinversión en la educación (Ley Nº 29766 y Norma VII del  Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código  Tributario) y aplicó la sentencia recaída en el Expediente Nº  2053-2013-PA/TC, sentencia de amparo vinculante solo para  las partes del proceso, mas no vinculante para otros procesos.  El juzgador se encontraba obligado a realizar una  fundamentación jurídica y fáctica sobre lo alegado en el  recurso de apelación y debía declararse infundado.20. En  principio, debemos señalar que el derecho fundamental al  debido proceso, contenido en el inciso 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Estado, constituye un derecho  continente de diversos derechos fundamentales de orden  procesal. Así, refiere el Tribunal Constitucional:[…] por su  naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente  estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso  grupo  de  pequeños  derechos  que  constituyen  sus  componentes o elementos integradores, y que se refieren a  las estructuras, características del Tribunal o instancias de  decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus  principios orientadores, y a las garantías con que debe contar  la defensa.821. En ese orden de ideas, se tiene que:El  derecho al debido proceso supone el cumplimiento de las  diferentes garantías y normas de orden público que deben  aplicarse a todos los procesos o procedimientos, a fin de que  las  personas  estén  en  condiciones  de  defender  adecuadamente sus derechos ante cualquier acto estatal o  privado que pueda afectarlos. Su contenido presenta dos  expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter  formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver  con formalidades estatuidas, tales como las que establecen el  procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la  motivación, etc. En las de carácter sustantiva, están  básicamente relacionadas con los estándares de razonabilidad  y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. A  través de esto último, se garantiza el derecho que tienen las  partes en un proceso o procedimiento a que la resolución se  sustente en la interpretación y aplicación adecuada de las  disposiciones vigentes, válidas y pertinentes del orden jurídico  para la solución razonable del caso, de modo que la decisión  en ella contenida sea una conclusión coherente y razonable  de tales normas. 922. En suma, esta Sala Suprema debe  reiterar que el derecho al debido proceso y la tutela  jurisdiccional efectiva constituyen principios continentes  consagrados en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución  Política del Estado y que, entre otros, comprenden el deber de  los jueces de observar los derechos procesales de las partes  y el derecho de los justiciables a obtener una resolución  fundada en derecho ante su pedido de tutela en cualquiera  etapa del proceso. De ahí que dichos principios se encuentrenligados a la exigencia de la motivación de las resoluciones  judiciales, prevista en el inciso 5 del referido artículo  constitucional, esto es, que los jueces y tribunales expliciten  en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención  expresa de los elementos fácticos y jurídicos que las  determinaron.23. En esta perspectiva, la Corte Interamericana  de Derechos Humanos, en el caso Apitz Barbera y otros  (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs.  Venezuela, se ha pronunciado en el siguiente sentido:77. La  Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de  la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”.  El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada  con la correcta administración de justicia, que protege el  derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones  que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las  decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.  En el mismo sentido: Caso Tristán Donoso Vs. Panamá.  Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193,  párr.152.24. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en el  fundamento 6 del Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC,  respecto a la debida motivación, ha señalado lo siguiente:[…]  Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº  1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar  que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones  importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las  razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una  determinada decisión. Esas razones […] deben provenir no  sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino  de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite  del proceso.25. No obstante, en un escenario de concretización  de este derecho fundamental, debemos señalar que el  Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1480-2006-AA/ TC señala que el análisis de si en una determinada resolución  judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación  de las resoluciones judiciales, debe realizarse a partir de los  propios  fundamentos  expuestos  en  la  resolución  cuestionada.26. De esta manera, al Juez Supremo no le  incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la  resolución, a efectos de constatar si esta es el resultado de un  juicio racional y objetivo donde el Juez Superior ha puesto en  evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de  un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la  interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o  inconsistencias en la valoración de los hechos.27. Como  argumento central que sustenta la infracción normativa señala  lo siguiente: El deber de motivación ha sido transgredida  debido a que la Sala Superior vía interpretación dejó de  aplicar la norma que regula el plazo de vigencia del beneficio  tributario de créditos por reinversión en la educación (Ley Nº  29766 y norma VII del título preliminar del Texto Único  Ordenado del Código Tributario) y aplicó la sentencia recaída  en el Expediente Nº 2053-2013-PA/TC, sentencia de amparo  vinculante solo para las partes del proceso, mas no para otros  procesos. En concepto de la recurrente, el juzgador se  encontraba obligado a realizar una fundamentación jurídica y  fáctica sobre lo alegado en el recurso de apelación y debía  declararse infundado.28. En el caso, en el fundamento tercero  de la sentencia recurrida, la Sala de mérito ha descrito con  precisión la pretensión de la demanda. Asimismo, en el  fundamento sexto, ha delimitado que la materia de  controversia radica en determinar lo siguiente: i) si la vigencia  del beneficio tributario para el crédito por reinversión  establecido en el Decreto Legislativo Nº 882 estuvo sujeta al  plazo de tres años según el artículo VII del título preliminar del  Código Tributario; y ii) si la resolución del Tribunal  Constitucional recaída en el Expediente Nº 2053-2013-PA/TC  tiene o no la calidad de doctrina jurisprudencial vinculante.  Asimismo, debemos señalar que:NOVENO: […]En tal  escenario, puede afirmarse que los fundamentos de la  demanda no desvirtúan la posición del Tribunal Fiscal y de la  universidad emplazada puesto que, como se ha anotado, la  demandante sostiene que el reintegro tributario por  reinversión en educación se encontró vigente hasta el  ejercicio 2008, en tanto que, como también se ha subrayado,  el crédito tributario que fue desconocido por la  Administración Tributaria corresponde a los años 2003 a  2007; siendo ello así, puede afirmarse fundadamente que la  demandante actúa de modo incongruente en el caso concreto,  pues si bien en sede administrativa sostuvo que el beneficio  tributario tuvo vigencia hasta el año 1999, en sede judicial ha  sustentado que tal vigencia se extendió hasta el año 2008,  como se ha explicado, afirmación que convalidaría la legalidad  del proceder de la universidad emplazada al haber  considerado vigente dicho beneficio durante los años 2003,  2004, 2005, 2006 y 2007. En todo caso, en el supuesto  negado que, contra el tenor literal de su demanda, la  Administración Tributaria sostenga que el crédito tributario porreinversión estuvo en vigor hasta el año 1999, debe señalarse  que, de acuerdo a las consideraciones anteriores, este  Colegiado considera que ello no se sujeta a los hechos y el  derecho, los cuales demuestran su vigencia hasta el año  2011. […] [Énfasis nuestro]29. De esta manera, debemos  señalar que la Sala Superior ha expuesto las razones que  sustentaron la decisión de revocar la sentencia de primera  instancia que declaró fundada la demanda. Se cauteló y  respetó el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva aplicando  el derecho que corresponde al caso concreto, al debido  proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales, esto  último porque la sentencia de la Sala Superior cumple con  exteriorizar los motivos fácticos y jurídicos que determinaron  su decisión, en concordancia con el artículo VII del título  preliminar del Código Procesal Civil, constatándose además  que los fundamentos de hecho y de derecho son coherentes  y congruentes.30. Por tanto, corresponde declarar infundada  la  causal  procesal  denunciada.Segunda  infracción31.  Infracción normativa del artículo 74 de la Constitución Política  del Perú y las normas IV (principio de reserva de ley), III  (fuentes del derecho tributario), VII (plazo supletorio para  exoneraciones y beneficios), VIII (interpretación de las normas  de carácter tributario) y VI (modificación y derogación de  normas tributarias) del título preliminar del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, así como del artículo VI del  título preliminar del Código Procesal Constitucional (aplicación  de precedentes vinculantes)32. Las disposiciones normativas  establecen lo siguiente:Constitución Política del Perú de  1993CAPÍTULO  IV  DEL  RÉGIMEN  TRIBUTARIO  Y  PRESUPUESTALArtículo 74°. - Principio de LegalidadLos  tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una  exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en  caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas,  los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los  Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear,  modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de  éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la  ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar  los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto  de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo  puede tener carácter confiscatorio. Las leyes de presupuesto  y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre  materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad  anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a  su promulgación. No surten efecto las normas tributarias  dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. Texto Único Ordenado del Código TributarioNORMA III:  FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIOSon fuentes del  Derecho Tributario:a) Las disposiciones constitucionales;b)  Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y  ratificados por el Presidente de la República;c) Las leyes  tributarias y las normas de rango equivalente;d) Las leyes  orgánicas o especiales que norman la creación de tributos  regionales o municipales;e) Los decretos supremos y las  normas  reglamentarias;f)  La  jurisprudencia;g)  Las  resoluciones de carácter general emitidas por la Administración  Tributaria; y,h) La doctrina jurídica.Son normas de rango  equivalente a la ley, aquéllas por las que conforme a la  Constitución se puede crear, modificar, suspender o suprimir  tributos y conceder beneficios tributarios. Toda referencia a la  ley se entenderá referida también a las normas de rango  equivalente.NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD -  RESERVA DE LA LEYSólo por Ley o por Decreto Legislativo,  en caso de delegación, se puede:a) Crear, modificar y suprimir  tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria,  la base para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el  deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin  perjuicio de lo establecido en el Artículo 10;b) Conceder  exoneraciones y otros beneficios tributarios;c) Normar los  procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos  en cuanto a derechos o garantías del deudor tributario;d)  Definir las infracciones y establecer sanciones;e) Establecer  privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria;  y,f) Normar formas de extinción de la obligación tributaria  distintas a las establecidas en este Código.Los Gobiernos  Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y  suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o  exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites  que señala la Ley.Mediante Decreto Supremo refrendado por  el Ministro de Economía y Finanzas se regula las tarifas  arancelarias.Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro  del Sector competente y el Ministro de Economía y Finanzas,  se fija la cuantía de las tasas.En los casos en que la  Administración Tributaria se encuentra facultada para actuar  discrecionalmente optará por la decisión administrativa que  considere más conveniente para el interés público, dentro del  marco que establece la ley.NORMA VII PLAZO SUPLETORIO  PARA  EXONERACIONES  Y  BENEFICIOS.  […]Todaexoneración o beneficio tributario concedido sin señalar  plazo, se entenderá otorgado por tres (3) años. No hay  prórroga tácita. […]NORMA VIII: INTERPRETACIÓN DE  NORMAS TRIBUTARIASAl aplicar las normas tributarias  podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos  por el Derecho.En vía de interpretación no podrá crearse  tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones,  ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o  supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo dispuesto  en la Norma XVI no afecta lo señalado en el presente párrafo. Código Procesal ConstitucionalArtículo VII.- Precedente  Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la  autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante  cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de  su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional  resuelva apartándose del precedente, debe expresar los  fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la  sentencia y las razones por las cuales se aparta del  precedente.33. Como argumentos que sustentan la infracción  normativa, la recurrente refiere lo siguiente:a) Señala que la  Sala Superior revocó la sentencia de primera instancia sin  más explicación que el citar la sentencia del Tribunal  Constitucional recaída en el Expediente Nº 02053-2013-PA/ TC y señalar que está obligada a seguir dicho criterio  adoptado vía sentencia de cumplimiento, a partir de una  supuesta reiteración a la que se alude en el considerando  décimo primero de la sentencia de vista. No habría observado  que dicha conclusión es totalmente errada, ya que no toda  sentencia emitida por dicho órgano es considerada como  doctrina jurisprudencial vinculante, sino solo aquellas cuya  parte decisoria así lo establece, lo cual llevó a transgredir el  artículo 74 de la Constitución Política, así como lo dispuesto  en las normas III y VII del Código Tributario y en el artículo VI  del título preliminar del Código Procesal Constitucional, dado  que le aplicó una sentencia pese a que no tenía efectos  vinculantes.b) Agrega que vía interpretación de la sentencia  del Tribunal Constitucional no se puede extender el plazo de  vigencia del beneficio de crédito por reinversión en la  educación a la contribuyente para el ejercicio dos mil ocho,  puesto que se vulneraría el principio de reserva de ley y  legalidad. El ad quem debió analizar que conforme al artículo  74 de la Constitución Política del Estado y las normas IV y VII  del título preliminar del Código Tributario y la Ley Nº 29766, no  correspondía que se extienda el plazo de vigencia del  beneficio de crédito por reinversión por educación. En ese  sentido, si bien el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1087  indicó que el beneficio del crédito tributario por reinversión  caducó respecto del impuesto a la renta el treinta y uno de  diciembre de dos mil ocho, sin embargo tal situación no era  posible jurídicamente al no haberse extendido el plazo de  vigencia de dicho beneficio tributario de manera expresa  mediante la emisión de alguna norma con rango de ley, por lo  que expiró en diciembre de mil novecientos noventa y  nueve.34. Este Tribunal debe reiterar que en la Sentencia del  Pleno 799/2020 (derivado el Expediente Nº 03756-2018-PA/ TC - Lima Ministerio Público) se ha puesto de manifiesto el  carácter vinculante de sus interpretaciones.35. En este  sentido, la Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal  Constitucional 985/2021 derivado del Expediente 00156-2009  -AA/TC, del treinta de noviembre de dos mil veintiuno (antes  citado), establece cuál es la interpretación que debe otorgarse  a las disposiciones normativas tributarias en cuestión36. En  suma, considerando el carácter vinculante de las interpretación  del Tribunal Constitucional y advirtiendo que la interpretación  efectuada por el juez está de acuerdo a la Constitución,  debemos señalar que esta interpretación no contraviene el  artículo 74 de la Constitución Política del Perú y las normas IV  (principio de reserva de ley), III (fuentes del derecho tributario),  VII (plazo supletorio para exoneraciones y beneficios), VIII  (interpretación de las normas de carácter tributario) y VI  (modificación y derogación de normas tributarias) del título  preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, así  como el artículo VI del título preliminar del Código Procesal  Constitucional (aplicación de precedentes vinculantes).37.  Por estas consideraciones, corresponde declarar infundada la  causal invocada.Tercera infracción38. Infracción normativa  del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1087 - “Decreto  Legislativo que aprueba normas en educación para el mejor  aprovechamiento de los acuerdos de promoción comercial”,  de la Ley Nº 29766 - Ley que Precisa el Artículo 2 del Decreto  Legislativo Nº 1087, y del artículo 13 del Decreto Legislativo  Nº 882 - Ley de Promoción de la Inversión en la Educación.39.  Las disposiciones normativas establecen lo siguiente:Decreto  Legislativo Nº 1087Artículo 2.- Los Centros de Educación  Técnico Productiva e Institutos Superiores Tecnológicos  Privados que desarrollen actividades de Formación Técnica  Profesional  en  las  áreas  económicas-productivas  de  Agroindustria,  Metalmecánica,  Gas,  Energía,  Minería,Pesquería y Artesanía, que se encuentren dentro de los  alcances de los beneficios tributarios establecidos en el  Decreto Legislativo Nº 882, estarán exceptuados de lo  dispuesto en el segundo párrafo del numeral 3.1 del artículo 3  del Decreto Legislativo Nº 977.Decreto Legislativo Nº  882Artículo 13.- Las Instituciones Educativas Particulares,  que reviertan total o parcialmente su renta reinvertible en sí  mismas o en otras Instituciones Educativas Particulares,  constituidas en el país, tendrán derecho a un crédito tributario  por reinversión equivalente al 30% del monto reinvertido.40.  Como argumento central que sustenta la infracción normativa,  la recurrente refiere que la Sala Superior interpretó  erróneamente el tercer párrafo del artículo 2 del Decreto  Legislativo Nº 1087, dado que en el mismo no se encuentran  comprendidas entidades educativas como la Universidad  Científica del Sur, como beneficiarias del crédito por  reinversión en la educación. Indica que este solo estuvo  vigente para los centros de educación técnica productiva e  institutos superiores tecnológicos privados que desarrollen  actividades de formación técnica profesional en las áreas  económicas productivas de agroindustria, metalmecánica,  gas, energía, minería, pesquería y artesanía, a lo cual se  refería el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 882. Concluye  que lo señalado por la Sala Superior desnaturaliza los  alcances del Decreto Legislativo Nº 1087.41. Al respecto, esta  Sala Suprema debe señalar que el Tribunal Constitucional en  la sentencia recaída en el Expediente Nº 05410-2014-PA/TC  Lima - Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. ha interpretado  que las disposiciones sobre reinversión son aplicables a las  universidades privadas:21. Este Tribunal entiende, conforme  a lo sustentado, que el legislador no podía, dentro del marco  constitucional vigente, disponer la caducidad retroactiva del  crédito por reinversión aplicable a las universidades  privadas.22. Por ello, si la demandante ha reinvertido sus  utilidades en infraestructura y equipamientos didácticos  exclusivos para los fines educativos y de investigación, algo  que naturalmente debe ser verificado por la administración  tributaria, tiene derecho a gozar del crédito tributario por los  periodos demandados —anteriores a la entrada en vigor de la  Ley 29766— y una interpretación contraria vulneraría su  derecho de propiedad.23. Con relación a la pretensión del  actor destinada a que se deje sin efecto cualquier acto futuro  que desconozca el citado crédito, es necesario señalar que, al  efectuar las acotaciones, la Administración Tributaria deberá  considerar lo establecido en la presente sentencia con  relación a la inaplicación de la Ley 29766 debido a su carácter  retroactivo. [Énfasis nuestro]42. Por estas consideraciones y  por lo señalado anteriormente, debemos declarar infundada  esta causal.DECISIÓNPor tales consideraciones y de  conformidad con lo regulado en el artículo 397 del Código  Procesal Civil, DECLARARON INFUNDADO el recurso de  casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria (mediante su  Procuraduría Pública), presentado el diecisiete de julio de dos  mil diecinueve (folios 509-525).En consecuencia, NO  CASARON la sentencia de vista emitida por la Séptima Sala  Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub  Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Justicia de Lima, contenida en la resolución  número treinta y dos, del veinte de mayo de dos mil diecinueve  (folios 489-504), que revoca la sentencia apelada —que  declaró fundada la demanda— y, reformándola, declara  infundada  la  demanda.Por  último,  ORDENARON  la  publicación de la presente resolución en el diario oficial El  Peruano conforme a ley, en los seguidos por la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria contra la Universidad Científica del Sur S.A.C. y el  Tribunal Fiscal, sobre acción contencioso administrativa.  Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Bustamante  del Castillo.SS.GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ,  BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA PINEDA, DÁVILA  BRONCANO. 1  Refiere Taruffo al respecto:  Esta no es la de asegurar la exactitud formal de la interpretación, lo que equivaldría  a hacer prevalecer la interpretación formalista, en cuanto fundada solo sobre  criterios formales, sino la de establecer cuál es la interpretación justa, o más justa,  de la norma sobre la base de directivas y de las elecciones interpretativas más  correctas (es decir, aceptables sobre la base de las mejores razones).  Una nomofiláctica formalista no tiene sentido, pues no significaría “defensa  de la ley” sino defensa de una interpretación formal de la ley. Por otra parte, la  nomofiláctica como elección y defensa de la interpretación justa no significa que no  significa que, por esto, este sometida a criterios específicos y predeterminados de  justicia material ni mucho menos a criterios equitativos con contenidos particulares.  Significa en cambio, la elección de la interpretación fundada en las mejores  razones, sean lógicas, sistemáticas o valorativas: bajo este perfil la nomofilaquia  es la corrección del procedimiento de elección y la aceptabilidad de los criteriossobre los cuales aquella se funda para constituir el elemento esencial, más que la  naturaleza del resultado particular que de ella deriva.  TARUFFO, Michele (2005). El vértice ambiguo. Ensayos sobre la casación civil.  Lima, Palestra Editores; p. 129. 2  Decreto Legislativo Nº 977, declarado inconstitucional por el numeral 2 de la parte  resolutiva de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00016-2007-PI/TC, del  tres de abril de dos mil nueve, publicada en El Peruano el siete de abril de dos mil  nueve. 3  Sentencia C-245/02, emitida por la Corte Constitucional de Colombia 4  WHITTAKER, Simon (2008). “El precedente en el derecho inglés: una visión desde  la ciudadela”. En Revista Chilena de Derecho, vol. 35, Nº 1; pp. 43-45. 5  Código Procesal Constitucional  Artículo VI. Precedente vinculante  Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa  juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia,  precisando el extremo de su efecto normativo, formulando la regla jurídica  en la que consiste el precedente. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva  apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de  derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del  precedente.  Para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante se  requiere la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional y el voto conforme de  cinco magistrados.  En los procesos de acción popular, la sala competente de la Corte Suprema de  la República también puede crear, modificar o derogar precedentes vinculantes  con el voto conforme de cuatro jueces supremos. La sentencia que lo establece  formula la regla jurídica en la que consiste el precedente, expresa el extremo de su  efecto normativo y, en el caso de su apartamiento, los fundamentos de hecho y de  derecho en que se sustenta. 6  RIVERA SANTIVÁÑEZ, José Antonio (2005): Carácter vinculante de las  resoluciones del Tribunal Constitucional. Recuperado de file:///C:/Users/ PJUDICIAL/Downloads/Dialnet-FundamentosSobreElCaracterVinculanteDeLasR esolucio-1986396.pdf 7  Artículo VII. Control difuso e interpretación constitucional  Cuando exista incompatibilidad entre la Constitución y otra norma de inferior  jerarquía, el juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para  resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la  Constitución.  Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya  sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción  popular.  Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los  reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la  interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional. 8  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 02467-2012-PA/TC, del primero de  diciembre de 2014. 9  FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. “El derecho a un juicio justo”. En VARIOS, Las  garantías del debido proceso (materiales de enseñanza). Lima, Instituto de  Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Embajada  Real de los Países Bajos; p. 17. C-2136204-30