CASACIÓN Nº 20488-2019 LIMA
Sumilla: La prescripción tributaria es una institución jurídica  que modula los efectos de la inactividad de quien, siendo  titular de un derecho o de una facultad, no ejerce la acción  para exigirlos durante el lapso predeterminado por el artículo  43 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, lo que  conlleva a la pérdida de la posibilidad de accionar su ejercicio. Lima, dos de agosto de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:VISTALa causa número veinte  mil cuatrocientos ochenta y ocho, guion dos mil diecinueve,  Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, el  colegiado integrado por los señores Jueces Supremos  González Aguilar (presidente), Rueda Fernández, Bustamante  del Castillo, Barra Pineda y Dávila Broncano, luego de  verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente  sentencia:Objeto del recurso de casaciónVienen a  conocimiento de esta Sala Suprema los recursos de casación  interpuestos por el Procurador Público Adjunto del Ministerio  de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal  Fiscal, mediante escrito del veinte de junio de dos mil  diecinueve (fojas quinientos veintiocho a quinientos treinta y  siete); y por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria (SUNAT), mediante escrito del  veintiuno de junio de dos mil diecinueve (fojas quinientos  treinta y nueve a quinientos sesenta y siete), contra la  sentencia de vista del nueve de mayo de dos mil dieciocho  (fojas quinientos diez a quinientos veintitrés), que confirmó la  sentencia de primera instancia, del treinta y uno de octubre de  dos mil dieciocho (fojas trescientos setenta y cinco a trecientos  ochenta y nueve), que declaró fundada la demanda. Antecedentes  del  recursoDe  la  demandaLa  partedemandante Panificadora Bimbo del Perú S.A., interpone  demanda contencioso administrativo, mediante escrito del  veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (fojas ciento treinta y  ocho a ciento noventa y siete), postulando las siguientes  pretensiones:a) Pretensión principal: Se declare la nulidad  parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03820-3-2017  del tres de mayo de dos mil diecisiete, en el extremo que  confirmó la Resolución de Intendencia Nº 015-014-0010256,  que declaró infundada la reclamación interpuesta contra la  Resolución de Determinación Nº 012-003-0026791, que  disminuyó el saldo a favor relativo al impuesto a la renta del  ejercicio dos mil siete.b) Pretensión accesoria: Se declare la  nulidad de la Resolución de Intendencia Nº 015-014-0010256,  en cuanto declaró infundado el recurso de reclamación  interpuesto contra la Resolución de Determinación Nº 012- 003-0026791; así como la nulidad de ésta última resolución  en cuanto disminuyó indebidamente el saldo a favor relativo al  impuesto a la renta del ejercicio gravable dos mil siete; y, se  ordene a la autoridad tributaria que la determinación de la  pérdida arrastrable del ejercicio gravable dos mil siete: i) Se  considere el saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio  gravable dos mil dos, establecido en la Declaración Jurada  Rectificatoria de dicho tributo y periodo, por cuanto dicho  periodo ya se encontraba fiscalizado, aceptado y cerrado; ii)  no se modifique el saldo a favor del impuesto a la renta del  ejercicio gravable dos mil tres, debido a que la facultad de  determinación de la autoridad tributaria ya se encontraba  prescrita.Como fundamentos de su demanda señala que, la  administración tributaria no puede alterar en forma directa o  indirecta la situación jurídica que ha generado el acto  administrativo válidamente notificado en la esfera jurídica del  administrado, bajo cargo de incurrir en una afectación a la  estabilidad y la seguridad jurídica. Asimismo, alega que el  acto administrativo tributario emitido y notificado como  producto del inicio, desarrollo y conclusión de un procedimiento  administrativo de fiscalización, y consecuente determinación  de obligaciones tributarias, debe y tendrá el carácter de cierto,  preclusivo y definitivo. También, hace referencia al artículo 75  del Texto Único Ordenado del Código Tributario precisando  que una vez que concluya el procedimiento administrativo de  fiscalización, la administración tributaria estará habilitada  válidamente para emitir la correspondiente resolución de  determinación, resolución de multa u orden de pago. En ese  sentido, se genera la consecuente prohibición legal a la  administración tributaria de emitir otro acto administrativo  tributario por el mismo periodo y tributo fiscalizado.Alega que,  la pérdida neta del ejercicio dos mil dos que tomó como  referencia la autoridad tributaria para ajustar el importe de  pérdidas aplicable al ejercicio dos mil siete, fue determinada  anteriormente por la propia administración tributaria con  motivo de la fiscalización del impuesto a la renta del ejercicio  dos mil dos y dos mil tres, la misma que culminó en el año dos  mil cuatro con la presentación de la declaración jurada  presentada el treinta y uno de agosto y primero de diciembre  de dos mil cuatro. Y producto de la referida fiscalización se  aceptó los reparos efectuados, y se presentó una Declaración  Jurada Rectificatoria del impuesto a la renta del ejercicio dos  mil dos consignando como pérdida S/ 4’088,803.00 (cuatro  millones ochenta y ocho mil ochocientos tres con 00/100  soles) y el importe de pérdidas netas compensables al cierre  del ejercicio dos mil dos ascendía a S/ 31´621,234.00 (treinta  y un millones seiscientos veintiún mil doscientos treinta y  cuatro con 00/100 soles) dicha declaración rectificatoria no  fue observada por la administración. El referido periodo se  encuentra prescrito y cerrado, por lo que representa una clara  vulneración a la inmutabilidad de lo ya determinado por la  propia autoridad tributaria. Refiere que la administración  tributaria y el Tribunal Fiscal legitiman la facultad de la  administración de solicitar información de periodos prescritos  cuando aquella guarde relación con el periodo no prescrito  objeto de fiscalización. En el presente caso, la administración  modificó lo declarado en el ejercicio dos mil tres, que se  encontraba prescrito a efectos de determinar la pérdida  arrastrable del ejercicio dos mil siete, que no se encontraba  prescrito, de esta forma, se vulneró de forma indirecta la  prescripción del ejercicio dos mil tres.Sentencia de primera  instanciaEl  Décimo  Octavo  Juzgado  Contencioso  Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante  sentencia contenida en la resolución nueve, del treinta y uno  de octubre de dos mil dieciocho (fojas trescientos setenta y  cinco a trecientos ochenta y nueve), declaró fundada la  demanda y en consecuencia:1. Se declara la NULIDAD  PARCIAL de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03820-3- 2017 solo en el extremo referido al arrastre de la pérdida  tributaria compensable de ejercicios anteriores; y como  consecuencia de ello.2. Se declara la NULIDAD PARCIAL de  la Resolución de Intendencia Nº 015-014-0010256 solo en elextremo referido al arrastre de la pérdida tributaria  compensable de ejercicios anteriores.3. Se ORDENA a la  Administración Tributaria que para determinar la pérdida  arrastrable del ejercicio 2007 considere el saldo a favor del  Impuesto a la Renta de los ejercicios 2002 y 2003 tal como  fueron consignados en dichas declaraciones sin modificarlos  ni ajustarlos.Sentencia de segunda instanciaConocida en  grado de apelación, la Sétima Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, mediante la sentencia de vista contenida en la  resolución número dieciséis, del nueve de mayo de dos mil  diecinueve (fojas quinientos diez a quinientos veintitrés),  confirmó la sentencia apelada del treinta y uno de octubre de  dos mil dieciocho (fojas trescientos setenta y cinco a  trescientos ochenta y nueve), que declaro fundada la  demanda interpuesta.Del recurso de casación y auto  calificatorioMediante autos calificatorios del veintiséis de  marzo de dos mil veinte, emitidos por la Tercera Sala de  Derecho Constitucional Social y Transitoria, se declaró  procedentes los recursos de casación interpuestos por las  partes recurrentes. Se transcriben las reseñas efectuadas en  su oportunidad:Del Procurador Público Adjunto a cargo de  los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y  Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal:a) La  infracción del artículo 43 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario.Alega que la Sala Revisora no ha tomado  en cuenta que el reajuste del saldo a favor de los ejercicios  anteriores arrastrables al ejercicio dos mil siete no transgrede  la norma citada, porque los créditos por saldo a favor no  forman parte de la determinación de la obligación tributaria,  toda vez que la noma denunciada sólo hace mención a la  imposibilidad de ejercer la facultad de la administración  tributaria para determinar la obligación tributaria, exigir pagos  y aplicar sanciones cuando transcurra el plazo de prescripción,  mas no respecto del saldo a favor que es materia de  compensación, pues ello no forma parte de la determinación  de la obligación tributaria, tal es así que el Código Tributario al  regular los plazos de prescripción diferencia expresamente la  prescripción de la acción para determinar la obligación  tributaria, de la acción para solicitar o efectuar la compensación  (crédito tributario). Sobre esta última la administración  tributaria en el marco de un procedimiento de fiscalización,  puede compensar de oficio los créditos a efecto de extinguir  obligaciones tributarias (numeral 2 del artículo 27 del Código  Tributario). Así pues durante el procedimiento de fiscalización  efectuado por el ejercicio gravable dos mil siete, la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria - SUNAT no efectuó un nuevo procedimiento de  fiscalización a los ejercicios dos mil dos y dos mil tres, ni  formulo reparos, es decir no realizo acciones para determinar  obligación tributaria alguna, ni para exigir pagos o aplicar  sanciones en relación a los referidos ejercicios, limitándose a  determinar la perdida tributaria compensable de los ejercicios  anteriores aplicable al ejercicio dos mil siete; finalmente  señala que la Sunat no está efectuando una nueva  determinación de la obligación tributaria sino que solo está  realizando un reajuste del cálculo, considerando la propia  información brindada por la demandante en su declaración  jurada respecto de las rentas exoneradas.b) La infracción  del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del  Estado.Refiere que la sentencia de vista ha incurrido en una  motivación aparente, al amparar una conducta que favorece  indebidamente a quien ni ha cumplido con liquidar  correctamente su deuda tributaria en relación al ejercicio dos  mil siete por un inadecuado arrastre de pérdidas, lo que  significaría permitir que la demandante obtenga provecho  económico; se debió advertir que la administración no efectuó  modificación alguna a los montos determinados por el propio  contribuyente mediante declaración jurada presentada para el  cálculo de las pérdidas netas compensables, pues tomo en  cuenta el monto consignado como pérdida no compensable y  lo declarado como renta exonerada por el propio demandante  para determinar si el saldo arrastrable del ejercicio dos mil  siete era correcto o no. Asimismo, no se ha tenido en cuenta  lo resuelto por Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 03820-3- 2017 al haber realizado un análisis incompleto y sesgado de  su  pronunciamiento.Causales  interpuestas  por  la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria:a) La infracción normativa por interpretación  errónea de los artículos 43, 59, 61, 63 y 75 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto  Supremo Nº 135-99-EF.Alega que las normas denunciadas  debieron ser interpretadas de manera sistemática y razonable  con el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta y artículo  29 de su reglamento, de ello se advertiría que la facultad de la  administración para determinar la obligación tributaria del  ejercicio dos mil siete no se encontraba prescrita y en esamedida, la administración podía y debía considerar el correcto  importe por perdidas tributarias no compensadas de ejercicios  anteriores ante el incumplimiento de la parte demandante y en  esa medida la administración procede con la reliquidación del  saldo, premunida con las facultades previstas por los artículos  59, 61, 63 y 75 citados sin que ello implique una nueva  fiscalización del impuesto a la renta dos mil dos o una  fiscalización del impuesto a la renta del dos mil tres, como  erradamente concluye la impugnada; además, señala que lo  expuesto tiene sustento en la jurisprudencia del Tribunal  Fiscal Nº 6638-9-2010, 11-5-2004, 322-1-2004 (…).b) La  arbitrariedad manifiesta incurrida en la sentencia de  vista, en contravención al debido proceso.Señala que la  sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0095-2012-AA/TC  aplicada en la sentencia impugnada es impertinente al  presente caso, porque se refiere a un caso aduanero y no a  un caso sobre impuesto a la renta y porque no señala sobre  las perdidas tributarias que pudieran existir a favor del  contribuyente y mucho menos sobre el ajuste que la  administración pueda realizar respecto de los importes que  tengan coincidencia en los períodos futuros.c) La infracción  de los numerales 3 y 5 de la Constitución Política del  Estado.Refiere que la sentencia de vista ha incurrido en una  motivación aparente, al realizar una interpretación errónea de  la facultad de fiscalización de la administración previstas en  los artículos 59, 61, 63 y 75 del Código Tributario, ha  inaplicado los artículos 50 de la Ley del Impuesto a la Renta y  29 de su reglamento, que la llevan a concluir de forma  equivocada que la administración pretende fiscalizar por  segunda vez un tributo renta del período dos mil dos y que su  facultad para determinar la obligación tributaria respecto de  los ejercicios dos mil dos y dos mil tres se encuentran  prescritos, lo que se encuentra alejado de los hechos, en la  medida que no se busca fiscalizar periodos ya prescritos, sino  determinar de manera correcta la obligación tributaria de  dicho impuesto en el ejercicio dos mil siete, concluye de  manera errada en la nulidad parcial de la Resolución del  Tribunal Fiscal y que la administración emita nuevo  pronunciamiento, cuando conforme lo ha advertido el  colegiado si ha realizado un correcto arrastre de la perdida  tributaria de la renta, por lo que no existe causa objetiva para  su nulidad parcial y mucho menos realizar un nuevo recalculo,  siendo  la  consecuencia  inmediata  la  dilación  del  procedimiento.CONSIDERANDOSPrimero: Contextualizado  el caso, deviene pertinente hacer referencia a algunos  apuntes acerca del recurso extraordinario de casación, que  delimitan la actividad casatoria de esta Sala Suprema.1.1. El  recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter  excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y  procedencia están vinculados a los “fines esenciales”, que es  la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto  y la uniformidad de la jurisprudencia nacional establecida por  la Corte Suprema de Justicia, tal como puede interpretarse de  lo dispuesto por el artículo 141 de la Constitución Política del  Estado y el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado  por el artículo 1 de la Ley Nº 29364.1.2. Respecto a la causal  de infracción normativa, según Rafael de Pina:El recurso de  casación ha de fundarse en motivos previamente señalados  en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por  quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por  infracción de ley se refieren a la violación en el fallo de leyes  que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la  resolución judicial con las pretensiones deducidas por las  partes, a la falta de competencia etc.; los motivos de la  casación por quebrantamiento de forma afectan […] a  infracciones en el procedimiento. 1Segundo: Delimitación  del pronunciamiento casatorio2.1. Corresponde mencionar,  de manera preliminar, que la función nomofiláctica del recurso  de casación garantiza que los Tribunales Supremos sean los  encargados  de  salvaguardar  el  respeto  del  órgano  jurisdiccional al derecho objetivo, evitando cualquier tipo de  afectación a las normas jurídicas materiales y procesales, y  procurando, conforme menciona el artículo 384 del Código  Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo al  caso concreto.2.2. Previo al desarrollo de las causales que  fueron declaradas procedentes, es oportuno anotar que la  misma se generó como consecuencia del conflicto consistente  en determinar si correspondía o no que se declare la nulidad  de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03820-3-2017, del tres  de mayo de dos mil diecisiete, en el extremo que confirmó la  Resolución de Intendencia Nº 015-014-0010256, que declaró  infundada el recurso de reclamación planteado por la parte  recurrente.2.3. Las partes recurrentes han denunciado más  de una infracción de normas y derechos fundamentales de  carácter procesal, así tenemos que por su parte el Tribunal  Fiscal denunció la “Infracción del artículo 139 inciso 5 de la  Constitución Política del Estado”; en tanto que la SUNAT  denunció las infracciones por “La arbitrariedad manifiestaincurrida en la sentencia de vista, en contravención al debido  proceso” e “Infracción de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de  la Constitución Política del Estado”.2.4. Al respecto, debemos  precisar que la infracción procesal se configura cuando en el  desarrollo de la causa no se han respetado los derechos  procesales de las partes, se han soslayado o alterado actos  del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva  y/o el órgano judicial deja de motivar sus decisiones o lo hace  en forma incoherente, en evidente quebrantamiento de la  normatividad vigente y de los principios procesales. Ello hace  pertinente que, en principio, se analice las causales de orden  procesal y luego, de ser el caso, las causales de orden  material, dado el eventual efecto nulificante de aquella. Tercero: Análisis de las causales procesales3.1. Sobre el  derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional.El  derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional ha sido  objeto de interpretación por la Corte Interamericana de  Derechos Humanos (vinculante para el Perú en atención a la  Cuarta Disposición Final Transitoria de la Constitución Política  del Estado). El cual ha establecido:[…] en su jurisprudencia  que es consciente de que las autoridades internas están  sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a  aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.  Pero cuando un Estado es Parte de un tratado internacional  como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos  sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les  obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la  Convención no se vean mermados por la aplicación de las  normas contrarias a su objeto y fin […]2.3.2. En ese entender,  cabe señalar:que las garantías judiciales protegidas en el  artículo 8 de la Convención, también conocidas como  garantías procesales, este Tribunal ha establecido que para  que en un proceso existan verdaderamente dichas garantías,  es preciso que se observen todos los requisitos que sirvan  para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el  ejercicio de un derecho, es decir, las condiciones que deben  cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos  cuyos derechos u obligaciones están bajo la consideración  judicial3.Asimismo, es pertinente precisar que las garantías  procesales  mínimas  deben  observarse  en  cualquier  procedimiento cuya decisión pueda afectar derechos de las  partes;  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos:señala que es un derecho humano el obtener todas  las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no  estando la administración excluida de cumplir con este deber.  Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento  administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión  pueda afectar los derechos de las personas. 43.3. El numeral  3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado  consagra como principio rector de la función jurisdiccional la  observancia del debido proceso, el cual, conforme a la  interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  exige  fundamentalmente que todo proceso o procedimiento sea  desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a las  personas involucradas en él, las condiciones necesarias para  defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los  derechos u obligaciones sujetos a consideración. Del mismo  modo el artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos  del debido proceso legal, que se refiere al “conjunto de  requisitos que deben observarse en las instancias procesales  a efectos de que las personas estén en condiciones de  defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto  del Estado que pueda afectarlos”5.3.4. El derecho fundamental  al debido proceso, tal como lo ha precisado el Tribunal  Constitucional es un derecho continente, pues comprende, a  su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal.  Es así que señala:El derecho al debido proceso supone el  cumplimiento de las diferentes garantías y normas de orden  público que deben aplicarse a todos los procesos o  procedimientos, a fin de que las personas estén en  condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante  cualquier acto estatal o privado que pueda afectarlos. Su  contenido presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva.  En la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran  tienen que ver con formalidades estatuidas, tales como las  que establecen el procedimiento preestablecido, el derecho  de defensa y la motivación, etc. En las de carácter sustantiva  o, estas están básicamente relacionadas con los estándares  de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial  debe suponer. A través de esto último, se garantiza el derecho  que tienen las partes en un proceso o procedimiento a que la  resolución se sustente en la interpretación y aplicación  adecuada de las disposiciones vigentes, válidas y pertinentes  del orden jurídico para la solución razonable del caso, de  modo que la decisión en ella contenida sea una conclusión  coherente y razonable de tales normas. 63.5. Sobre el derecho  fundamental a la motivación.El derecho fundamental a ladebida motivación de las resoluciones judiciales se encuentra  reconocido en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución.  También, encuentra amparo en los tratados internacionales  sobre derechos humanos: está incluido como garantía  procesal en el artículo 8 de la Convención Americana sobre  Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos. Este derecho fundamental es  uno de los derechos que conforman el derecho fundamental  al debido proceso, el cual se encuentra, a su vez, reconocido  en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú.3.6. El derecho a la motivación ha sido objeto de  interpretación por la Corte Interamericana de Derechos  Humanos, que establece que es un derecho que permite  verificar la materialización del derecho a ser oído y que la  argumentación de un fallo demuestra que los alegatos y  pruebas han sido debidamente tomados en cuenta, analizados  y resueltos7, que es un derecho a ser juzgado por las razones  que el derecho suministra:[…] la motivación es la  exteriorización de la justificación razonada que permite llegar  a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una  garantía vinculada con la correcta administración de justicia,  que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por  las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad  de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad  democrática […].3.7. El derecho a la motivación además  garantiza a las partes el acceso a una respuesta del juzgador  que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos  que justifiquen lógica y razonablemente la decisión, sobre la  base de los hechos acreditados en el proceso y del derecho  aplicable al caso, y que resulten congruentes con las  pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de  la controversia.3.8. En ese sentido, cabe precisar que el  derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva  constituyen principios consagrados en el inciso 3 del artículo  139 de la Constitución Política del Estado, los cuales  comprenden, a su vez, el deber de los jueces de observar los  derechos procesales de las partes y el derecho de los  justiciables a obtener una resolución fundada en derecho ante  su pedido de tutela en cualquier etapa del proceso. De ahí  que dichos principios se encuentren ligados a la exigencia de  la motivación de las resoluciones judiciales, prevista en el  inciso 5 del referido artículo 139, esto es, que los jueces y  tribunales expliciten en forma suficiente las razones de sus  fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y  jurídicos que las determinaron.Aunado a ello, se debe precisar  que este derecho no tiene relevancia únicamente en el ámbito  del interés particular correspondiente a las partes involucradas  en la litis, sino que además tiene valoración esencial dentro  del sistema de justicia en su conjunto, dado que la debida  motivación de resoluciones constituye una garantía del  proceso judicial, que hace que sea factible conocer cuáles  son las razones que sustentan la decisión tomada por el juez  a cargo del caso desarrollado.3.9. Así también, la aludida  exigencia de motivación suficiente permite al Juez que  elabora la sentencia percatarse de sus errores y precisar  conceptos, lo que facilita la crítica interna y el control posterior  de las instancias revisoras8, todo ello dentro de la función  endoprocesal de la motivación. Paralelamente, permite el  control democrático de los jueces, que obliga, entre otros  hechos, a la publicación de la sentencia, a la inteligibilidad de  la decisión y a la autosuficiencia de la misma9. En tal virtud,  los destinatarios de la decisión no son solo los justiciables,  sino también la sociedad, en tanto los juzgadores deben  rendir cuenta a la fuente de la que deriva su investidura10, todo  lo cual se presenta dentro de la función extraprocesal de la  motivación.3.10. La justificación racional de lo que se decide  es, entonces, interna y externa. La primera es tan solo  cuestión de lógica deductiva, sin importar la validez de las  propias premisas. La segunda exige ir más allá de la lógica en  sentido estricto11 y tiene implicancias en el control de la  adecuación o solidez de las premisas, lo que admite que las  normas contenidas en la premisa normativa sean aplicables  en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la  expresión de una proposición verdadera12. En esa perspectiva,  la justificación externa requiere: i) que toda motivación sea  congruente, por lo que no cabe que sea contradictoria; ii) que  toda motivación sea completa; y iii) que toda motivación sea  suficiente, lo que significa que es necesario expresar las  razones jurídicas que garanticen la decisión13.3.11. Bajo este  desarrollo legal y jurisprudencial, corresponde analizar si la  Sala Superior cumplió o no con expresar las razones de  hecho y de derecho por las cuales confirmó la sentencia  apelada, que declaró infundada la demanda en todo sus  extremos, lo cual implica dar respuesta a los argumentos que  exponen las partes recurrentes.3.12. Se advierte que los  recursos de casación refieren supuestos defectos de  motivación de la sentencia de vista y manifiestan que el  Tribunal Constitucional ha señalado que el contenidoconstitucionalmente protegido de este derecho comprende la  prohibición de que se emitan resoluciones judiciales sin  motivación alguna en relación a alguno de los extremos de los  casos que resuelven. Sobre ello, el Tribunal Constitucional,  mediante el Expediente Nº 3943-2006-PA/TC, ha señalado lo  siguiente:a) Inexistencia de motivación o motivación aparente.  Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión  debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o  cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da  cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de  que no responde a las alegaciones de las partes del proceso,  o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato,  amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o  jurídico.3.13. Respecto a la infracción alegada por la SUNAT  en el literal b) arbitrariedad manifiesta incurrida en la  sentencia de vista, en contravención al debido proceso.Se  alega que la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 009555- 2012-AA/TC aplicada en la sentencia impugnada es  impertinente al presente caso, porque se refiere a un caso  aduanero y no a un caso sobre impuesto a la renta y porque  no señala sobre las perdidas tributarias que pudieran existir a  favor del contribuyente y mucho menos sobre el ajuste que la  administración pueda realizar respecto de los importes que  tengan coincidencia en los períodos futuros.Sentencia del  Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 00955- 2012-AA/TC,  fundamento  jurídico  7,  comparte  esta  interpretación al señalar que: “(…). La determinación de la  obligación tributaria (en el presente caso aduanera) se limita  a establecer cuál es el monto adeudado, mientras que el  procedimiento de ejecución coactiva se utiliza para ejecutar lo  resuelto en el procedimiento de determinación de la deuda.  (…)”En el presente caso la mencionada sentencia, no fue un  factor determinante, para que la Sala arribe a la conclusión;  por lo tanto corresponde declarar infundada las causales  denunciadas por la SUNAT contenida en el literal b) La  arbitrariedad manifiesta incurrida en la sentencia de vista, en  contravención del debido proceso.3.14. El Tribunal Fiscal  argumenta que la Sala Superior en la sentencia de vista  incurrió en una motivación aparente, al amparar una conducta  que favorece indebidamente a quien no ha cumplido con  liquidar correctamente su deuda tributaria en relación al  ejercicio dos mil siete por un inadecuado arrastre de pérdidas. Asimismo, la SUNAT refiere que la sentencia de vista ha  incurrido en una motivación aparente, al realizar una  interpretación errónea de la facultad de fiscalización de la  administración previstas en los artículos 59, 61, 63 y 75 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario, ha inaplicado los  artículos 50 de la Ley del Impuesto a la Renta y 29 de su  reglamento, que la llevan a concluir de forma equivocada que  la administración pretende fiscalizar por segunda vez un  tributo, renta del período dos mil dos y que su facultad para  determinar la obligación tributaria respecto de los ejercicios  dos mil dos y dos mil tres se encuentran prescritos.A efectos  de verificar si la impugnada —sentencia de vista— ha  incurrido en vulneración al derecho a la motivación de las  decisiones judiciales, corresponde acudir a los propios  fundamentos de la sentencia de vista:3.15. En ese propósito  tenemos que, en la sentencia recurrida, (fojas quinientos diez  a quinientos veintitrés), la Sala de mérito en el considerando  segundo ha descrito la pretensión de la demanda; en el  fundamento quinto hace referencia a la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 03820-3-2017 que dio origen a la  controversia en el caso en cuestión, en el cual resolvió  confirmar la Resolución de Intendencia N.°0120030026791,  respecto a la Resolución de Determinación Nº 012-003- 0026791; en el fundamento sexto ha delimitado los  argumentos del recurso impugnativo que motivó la alzada,  referido al arrastre de la pérdida neta compensable de  ejercicios anteriores aplicada en el ejercicio dos mil siete,  realizando un ajuste en las pérdidas declaradas en los  ejercicios gravables dos mil dos y dos mil tres, por concepto  de ingresos exonerados como deducciones, y si operó la  prescripción de la facultad de la administración tributaria para  determinar la obligación tributaria y su cobro respecto a los  ejercicios gravables dos mil dos y dos mil tres, en cuya virtud  sólo corresponderá dilucidar en esta instancia si tal reparo  está debidamente justificado y ajustado a derecho. Encaminados en el propósito aludido, debe decirse que, en  cuanto a la justificación interna, se observa que el orden  lógico seguido por el colegiado superior es como  sigue:Premisa normativaEl artículo 43, 59, 61, 63 y 75 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado  mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF, establece lo  siguiente:Artículo 43.- PLAZOS DE PRESCRIPCIÓNLa  acción de la Administración Tributaria para determinar la  obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago y  aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años, y a los seis  (6) años para quienes no hayan presentado la declaraciónrespectiva. [...].” “Artículo 59.- DETERMINACION DE LA  OBLIGACION TRIBUTARIA Por el acto de la determinación  de la obligación tributaria: a) El deudor tributario verifica la  realización del hecho generador de la obligación tributaria,  señala la base imponible y la cuantía del tributo. b) La  Administración Tributaria verifica la realización del hecho  generador de la obligación tributaria, identifica al deudor  tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo.  Artículo 61.- FISCALIZACION O VERIFICACION DE LA  OBLIGACION TRIBUTARIA EFECTUADA POR EL DEUDOR  TRIBUTARIO La determinación de la obligación tributaria  efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o  verificación por la Administración Tributaria, la que podrá  modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la  información proporcionada, emitiendo la Resolución de  Determinación, Orden de Pago o Resolución de Multa.  Artículo 63.- DETERMINACION DE LA OBLIGACION  TRIBUTARIA SOBRE BASE CIERTA Y PRESUNTA Durante  el período de prescripción, la Administración Tributaria podrá  determinar la obligación tributaria considerando las bases  siguientes: […]. Artículo 75.- RESULTADOS DE LA  FISCALIZACION O VERIFICACION Concluido el proceso de  fiscalización o verificación, la Administración Tributaria emitirá  la correspondiente Resolución de Determinación, Resolución  de Multa u Orden de Pago, si fuera el caso. No obstante,  previamente a la emisión de las resoluciones referidas en el  párrafo anterior, la Administración Tributaria podrá comunicar  sus  conclusiones  a  los  contribuyentes,  indicándoles  expresamente las observaciones formuladas y, cuando  corresponda, las infracciones que se les imputan, siempre  que a su juicio la complejidad del caso tratado lo justifique.  [...].Posteriormente, el Reglamento de la Ley del Impuesto a la  Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 122-9414, señala lo  siguiente:Artículo 29º.- COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS DE  TERCERA CATEGORIAPara efectos de la aplicación del  Artículo 50º de la Ley, se tendrán en cuenta las siguientes  disposiciones:Para efectos de la aplicación del Artículo 50º de  la Ley, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones: […]  c) Rentas exoneradas Los contribuyentes que obtengan  rentas exoneradas en el ejercicio deberán considerarlas a fin  de reducir la pérdida del mismo ejercicio. En caso que el  contribuyente no arroje pérdidas por el ejercicio y solo cuente  con pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores, las  rentas exoneradas no afectarán estas últimas pérdidas. La  pérdida neta compensable del ejercicio estará conformada  por las pérdidas del ejercicio reducidas por los importes  señalados en el primer párrafo, en su caso, y las pérdidas  netas compensables de ejercicios anteriores, de existir. […]. Asimismo. El Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a  la Renta aprobado por Decreto Supremo Nº 054-99-EF,15 el  cual señala:Artículo 50.- Los contribuyentes domiciliados en  el país podrán compensar la pérdida neta total de tercera  categoría de fuente peruana que registren en un ejercicio  gravable, con arreglo a alguno de los siguientes sistemas: a)  Compensar la pérdida neta total de tercera categoría de  fuente peruana que registren en un ejercicio gravable  imputándola año a año, hasta agotar su importe, a las rentas  netas de tercera categoría que obtengan en los 4 (cuatro)  ejercicios inmediatos posteriores computados a partir del  ejercicio siguiente al de su generación. El saldo que no resulte  compensado una vez transcurrido ese lapso, no podrá  computarse en los ejercicios siguientes. b) Compensar la  pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana que  registren en un ejercicio gravable imputándola año a año,  hasta agotar su importe, al cincuenta por ciento (50%) de las  rentas netas de tercera categoría que obtengan en los  ejercicios inmediatos posteriores. En ambos sistemas, los  contribuyentes que obtengan rentas exoneradas deberán  considerar entre los ingresos a dichas rentas a fin de  determinar la pérdida neta compensable. [...].Premisa  fácticaLa Sala Superior advierte que la administración  tributaria determinó el reparo por el arrastre de la pérdida neta  compensable de los ejercicios anteriores a aplicarse en el  ejercicio gravable dos mil siete, por lo cual procedió a realizar  un ajuste a las pérdidas declaradas en los ejercicios dos mil  dos y dos mil tres, por concepto de ingresos exonerados  declarados  como  deducciones  en  las  respectivas  declaraciones juradas; precisando que ya había operado la  prescripción respecto a la facultad de determinación para  dicho ejercicio y tributo de conformidad con el artículo 43 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado  mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF.ConclusiónEn el  presente caso estando a los hechos descritos y a la  normatividad antes glosada, el Colegiado Superior concluye  que:“[…] la prescripción de la facultad de determinación de la  obligación tributaria implica que no proceda la modificación de  lo ya determinado en algún período o ejercicio, ya sea a  través de una fiscalización o de algún ajuste al montoadeudado, siendo que en el presente caso la facultad de  fiscalizar los ejercicios de los años 2002 y 2003 en función al  ejercicio gravable 2007, ya había prescrito en el año 2010; por  lo cual no resultan amparables dichos agravios […]163.16.  Aprecia esta Sala Suprema que la aludida inferencia es  adecuada, pues la conclusión tiene como antecedente la  subsunción de la premisa fáctica en las premisas normativas  utilizadas para resolver la controversia. Es decir, las razones  expuestas por la Sala Superior sustentan la decisión de  confirmar la sentencia de primera instancia, que declaró  fundada la demanda. Pues, en la sentencia se cauteló y  respetó el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva aplicando  el derecho que corresponde al caso concreto, al debido  proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales, esto  último porque la sentencia de la Sala Superior cumplió con  exteriorizar los motivos fácticos y jurídicos que determinaron  su decisión, y se constata además que los fundamentos de  hecho y de derecho son coherentes y congruentes. Asimismo,  la infracción alegada sobre contravención al debido proceso  por hacer mención en la sentencia de vista del Tribunal  Constitucional recaída en el expediente Nº 00955-2012-AA/ TC, no fue un factor determinante para que la Sala Superior  arribe  a  la  conclusión  mencionada  en  el  párrafo  precedente.3.17. Finalmente, este Supremo Tribunal no  puede soslayar que los recursos de casación contienen  fundamentos que denotan y expresan cuestionamientos y  discrepancias con los fundamentos de la sentencia de vista,  aspectos que no son atendibles en vía de casación al no  tratarse de una instancia de mérito. Asimismo, tampoco es  posible variar los hechos determinados por la sentencia  recurrida, en tanto la casación, en su función nomofiláctica, se  orienta a un control de derecho y no de hechos. Por tanto,  habiendo determinado que la sentencia de vista no ha  incurrido en las infracciones normativas denunciadas,  corresponde declarar infundadas las causales denunciadas  por la SUNAT sobre “La arbitrariedad manifiesta incurrida en  la sentencia de vista, en contravención al debido proceso” y  “La infracción de los numerales 3 y 5 de la Constitución  Política del Estado”; y, por el Tribunal Fiscal sobre la  “Infracción del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política  del Estado”.Cuarto: Atendiendo a que las partes recurrentes  denunciaron también causales de naturaleza material,  corresponde ahora pronunciarse respecto a la causal  planteada por el Tribunal Fiscal sobre “La infracción del  artículo 43 del Texto Único Ordenado del Código Tributario”; y  por la SUNAT sobre “Infracción normativa por interpretación  errónea de los artículos 43, 59, 61, 63 y 75 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto  Supremo Nº 135-99-EF”. Al respecto, es necesario precisar  que el contenido de las normas invocadas ha sido mencionado  en el considerando 3.15 de la presente resolución.4.1. El  tema controvertido planteado por la SUNAT y el Tribunal  Fiscal, se vincula con el hecho que la Sala Superior habría  efectuado una interpretación errónea de las normas en  comento. Al respecto, la doctrina ha señalado que:Habrá  interpretación errónea cuando la Sala Jurisdiccional en su  resolución le da a la norma un sentido que no tiene: aplica la  norma pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente.  La interpretación errónea de la norma es una forma de violarla  […] la interpretación errónea de una norma sustantiva por la  Sala Especializada, al resolver el litigio, importa denunciar la  atribución de un sentido que no tiene la norma o de restringir  o extender indebidamente sus alcances17.4.2. Antes de  ingresar al análisis de la causal de la infracción normativa  planteada, es necesario precisar, que, para la interpretación  de las normas en cuestión, se debe tener en consideración  que dentro del marco del Estado Constitucional de Derecho,  las disposiciones legales deben ser interpretadas en  compatibilidad con los derechos fundamentales, reconocidos  en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la  cual en el literal b) de su artículo 29 consagra que:Ninguna  disposición de la presente Convención puede ser interpretada  en el sentido de […] limitar el goce y ejercicio de cualquier  derecho o libertad que pueda estar reconocido de  acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados  Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte  uno de dichos Estados. (Énfasis agregado)Acorde con la  precitada norma convencional, es menester poner de relieve  que, para la efectivización de la labor interpretativa, esta debe  estar armonizada con el principio de legalidad recogido en el  artículo 918 de la mencionada Convención y en el artículo 7419  de la Constitución, concibiéndose este principio en aspecto  límite para el Estado, en especial en lo referente a la potestad  tributaria.4.3. Asimismo, la interpretación de las disposiciones  de carácter tributario debe tomar en consideración lo  siguiente:i) La norma VIII del título preliminar del TUO Texto  Único Ordenado del Código Tributario sobre la interpretación  de las disposiciones tributarias, refiere lo siguiente20:d) Para la iaplicación de las disposiciones tributarias, se pueden utilizar  todos los métodos de interpretación admitidos por el  Derechoe) Mediante la Interpretación no pueden crearse  tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones,  ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o  supuestos distintos de los señalados en la ley.ii) En ese  sentido, debemos señalar también —de acuerdo con Tarello—  que con la palabra “interpretación” nos referimos a algunas  veces a una actividad (o a un proceso), y otras al resultado o  producto de tal actividad21.iii) En este escenario, la  comprensión inmediata de un texto normativo, no siempre es  posible debido a la naturaleza propia del lenguaje (Las leyes  se construyen con un lenguaje usualmente prescriptivo). Esto  ocurre, por ejemplo, cuando se requiere de la comprensión  del título preliminar del Texto Único Ordenado del Código  Tributario que prohíbe crear tributos, establecer sanciones,  conceder  exoneraciones,  extender  las  disposiciones  tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados  en la ley, en vía de interpretación.4.4. En materia tributaria,  prevalece el principio de reserva de ley, que se recoge en la  Constitución Política del Estado cuando en su artículo 74  establece:Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o  derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por  ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades,  salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante  decreto supremo.Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos  Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y  tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los  límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad  tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y  los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de  la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio.  […].Por su lado, y siendo una norma de desarrollo  constitucional, el Texto Único Ordenado del Código Tributario  establece en su norma IV del título preliminar que:Sólo por  Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se  puede […] Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el  hecho generador de la obligación tributaria, la base para su  cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario  y el agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo  establecido en el Artículo 10.4.5. Teniendo en cuenta las  posiciones en debate, no resulta suficiente utilizar el método  de interpretación literal, por ello pasaremos a utilizar el  método de interpretación sistemática de las normas,  considerando que resulta ser el idóneo en este caso; en tanto  queremos extraer del texto de la norma cuya infracción se  invoca, un enunciado cuyo sentido se encuentre acorde con  el contenido general del ordenamiento al que pertenece.  Porque interpretarla de manera aislada, sólo con los términos  que expresa, con articulación sintáctica, nos puede llevar a  conclusiones inexactas o contrarias a su verdadera intención;  ya que el artículo normativo a analizar forma parte de un todo,  y no puede tener un significado distinto de las demás, sino  que sobre todo debe ser racional, coherente y objetivo.4.6.  Así, antes de resolver la presente causal, es conveniente  mencionar que la administración tributaria emitió la Resolución  de Determinación N.°012-003-002679122 del siete de  diciembre de dos mil once, emitida por el impuesto a la renta  del ejercicio dos mil siete, en la que se efectuó el arrastre de  la pérdida compensable de ejercicios anteriores (dos mil dos  y dos mil tres), aplicables al ejercicio dos mil siete ascendiente  a S/ 43’300,393.00 (cuarenta y tres millones trescientos mil  trecientos noventa y tres con 00/100 soles) a S/ 37’231,065,00  (treinta y siete millones doscientos treinta y un mil sesenta y  cinco con 00/100 soles).De lo señalado, la administración  tributaria mediante Resolución de Determinación Nº 12-003- 0026791, del siete de diciembre de dos mil once, reparó el  arrastre de la pérdida tributaria compensable a los ejercicios  anteriores, disminuyendo las pérdidas compensables de  ejercicios anteriores aplicables al ejercicio dos mil siete, el  mismo que fue materia de recurso de reclamación23, siendo  resuelto a través de la Resolución de Intendencia Nº  0150140010256 del veintisiete de abril de dos mil doce;  declarando infundado el recurso interpuesto, el cual fue  apelado24 y resuelto mediante Resolución del Tribunal Fiscal  Nº 03820-3-201725 del tres de mayo de dos mil siete, que  confirma el extremo apelado —saldo a favor del impuesto a la  renta de tercera categoría correspondiente al ejercicio  gravable dos mil siete—.4.7. De acuerdo al considerando 4.5  de la presente resolución, la parte demandante presentó su  declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio dos mil  dos y dos mil tres, efectuada el treinta y uno de agosto y el  primero de diciembre de dos mil cuatro. Asimismo, la  administración tributaria al reliquidar la pérdida tributaria  aplicable al ejercicio dos mil siete, modificó los resultados de  los ejercicios dos mil dos y dos mil tres, el cual ya habría  prescrito en el periodo dos mil diez.4.8. Respecto al caso en  concreto, Giuliani sostiene que:“La determinación de laobligación tributaria consiste en el acto o conjunto de actos  emanados de la Administración, de los particulares o de  ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada  caso particular, la configuración del presupuesto de hecho, la  medida de lo imponible y el alcance de la obligación”.26Cabe  señalar que el artículo 59 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario27, establece que, por el acto de determinación  de la obligación tributaria, no solo el deudor sino también la  administración tributaria ostenta la facultad de verificar la  realización del hecho generador de la obligación tributaria,  identificar al deudor tributario, así como la cuantía del  tributo.4.9. Asimismo, el instituto de la prescripción en materia  tributaria permite liberar al deudor de la obligación tributaria  (deuda tributaria y no tributaria), como consecuencia del  cumplimiento del plazo establecido por mandato legal para  que la administración requiera su cobro. En dicho sentido, se  aprecia que la prescripción es una forma de extinción de la  potestad tributaria acorde con el principio de legalidad antes  mencionado. Es importante enfatizar que, en nuestro modelo  constitucional, el régimen tributario se encuentra a cargo de la  administración tributaria, que, a su vez, es la responsable de  requerir oportunamente el cumplimiento de la deuda  (recaudación tributaria), dentro del periodo legalmente  establecido para su ejecución, observando cada uno de los  principios y derechos que la Constitución establece.4.10.  Ahora bien, es importante señalar que el artículo 43 del  mencionado Texto Único Ordenado del Código Tributario  establece cuales son los plazos de prescripción de la deuda  tributaria —cuatro, seis o diez años dependiendo del supuesto  aplicable—, mientras que el artículo 44 establece los términos  para el inicio de su contabilización y el artículo 45, las formas  de interrupción de la prescripción.Si bien es cierto que las  mencionadas características son reglas generales, estas  permiten conocer con precisión el inicio de la contabilización  del plazo que tiene la administración tributaria para que, en  ejercicio de su potestad tributaria, reclame al recurrente la  deuda generada por la obligación del pago de impuestos.4.11.  En este sentido, las características legales atribuidas por el  legislador a la prescripción tributaria permiten identificar en  ella una herramienta jurídica razonable para el cobro de la  deuda tributaria a favor de la recaudación fiscal, quedando  incluso garantizado este si se presentan los supuestos legales  de interrupción de su plazo. La regulación de dicha norma se  identifica como una garantía a favor del contribuyente, pues le  permite, por mandato legal —cumpliendo los requisitos que la  ley establece—, liberarse de dicha deuda al cumplirse el plazo  establecido, castigando así la inactividad de la administración  pública con la extinción de su potestad tributaria (capacidad  estatal de determinación y cobro de la obligación  tributaria).4.12. Es importante precisar que la prescripción  tributaria es una institución jurídica que modula los efectos de  la inactividad de quien, siendo titular de un derecho o de una  facultad, no ejerce la acción para exigirlos durante el lapso  predeterminado por la ley, lo que conlleva la pérdida de la  posibilidad de accionar su ejercicio. Es importante enfatizar  que la inactividad de la administración tributaria no puede ser  “ad infinitum”, tal es así que el artículo 43 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario regula la prescripción como  una forma de extinción de la potestad tributaria.4.13. En el  presente caso, la prescripción extintiva es una institución  jurídica en virtud de la cual quien tenía derecho a exigir  determinada prestación pierde esa posibilidad por el paso del  tiempo. El obligado se libera del deber de cumplimiento  cuando quien tiene la posibilidad de exigírsela no actúa  diligentemente; siendo esta una institución de esta naturaleza,  el cual persigue una finalidad clara que consiste en evitar que  el ejercicio de la potestad de demandar el cumplimiento de un  deber quede abierto indefinidamente.4.14. Al respecto, en la  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4272-2006-AA/TC,  fundamento jurídico 5, se señala:[…] la prescripción extintiva  se encuentra relacionada de modo inescindible con el  principio de seguridad jurídica. Al respecto sostuvo que: “[…]  la figura jurídica de la prescripción no supone la denegatoria  del derecho en cuestión, sino, en todo caso, la restricción del  remedio procesal para exigirlo, lo cual no debe olvidarse,  constituye también la defensa de otro bien constitucional en la  medida que se protege por esta vía la seguridad jurídica”.  284.15. En el ámbito tributario, el transcurso del plazo legal  específicamente establecido en el Código Tributario extingue  la acción por parte de la administración tributaria para exigir  legítimamente un derecho al deudor, en el presente caso la  parte demandante presentó su declaración jurada del  impuesto a la renta del ejercicio dos mil dos y dos mil tres,  efectuada el treinta y uno de agosto y el primero de diciembre  de dos mil cuatro. Asimismo, la administración tributaria en el  periodo dos mil diez modificó lo declarado —ejercicio dos mil  dos y dos mil tres— de un periodo ya prescrito.Dicho, en otros  términos, la prescripción limita temporalmente el alcance de lapotestad tributaria de la administración frente a los  contribuyentes de modo que el transcurso del plazo legal  impide que se requiera coercitivamente el cumplimiento de las  obligaciones  presuntamente  omitidas.Respecto  a  jurisprudencia del Tribunal Fiscal en las Resoluciones N. os6638-9-2010, 11-5-2004, y 322-1-2004, alegada por la  SUNAT, cabe precisar que no es precedente vinculante en  sede jurisdiccional.En tal medida, esta Sala Suprema no  advierte que la Sala Superior haya incurrido en las infracciones  normativas analizadas. Por lo tanto, resultan infundados los  recursos de casación por las causales de infracción normativa  por la interpretación errónea planteada por el Tribunal Fiscal  sobre la “Infracción del artículo 43 del Texto Único Ordenado  del Código Tributario”; y, por la SUNAT sobre “La infracción  normativa por interpretación errónea de los artículos 43, 59,  61, 63 y 75 del Texto Único Ordenado del Código Tributario,  aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF”.DECISIÓNPor  tales consideraciones, de conformidad con el artículo 397 del  Código Procesal Civil, DECLARARON: INFUNDADO el  recurso de casación interpuesto por el Procurador Público  Adjunto del Ministerio de Economía y Finanzas, en  representación del Tribunal Fiscal, mediante escrito del veinte  de junio de dos mil diecinueve (fojas quinientos veintiocho a  quinientos treinta y siete); e, INFUNDADO el recurso de  casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria, mediante escrito del  veintiuno de junio de dos mil diecinueve (fojas quinientos  treinta y nueve a quinientos sesenta y siete). En consecuencia,  NO CASARON la sentencia de vista del nueve de mayo de  dos mil dieciocho (fojas quinientos diez a quinientos veintitrés),  emitida por la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima; en los  seguidos por Panificadora Bimbo del Perú S.A. contra el  Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y  de Administración Tributaria, sobre nulidad de resolución  administrativa, y ORDENARON la publicación de la presente  resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley.  Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Dávila  Broncano.SS.  SS.GONZÁLEZ  AGUILAR,  RUEDA  FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA  PINEDA, DÁVILA BRONCANO. 1  DE PINA, Rafael. (1940). Principios de derecho procesal civil. México D.F.,  Ediciones Jurídicas Hispano Americana; p. 222. 2  Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, del veintiséis de noviembre de  dos mil diez; párr. 225 3  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (27 de noviembre de  2013). “Caso J. vs. Perú”, párr. 258. 4  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2 de febrero de 2001),  “Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá”, párr. 127. 5  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (24 de setiembre de dos  mil 2020), “Caso Casa Nina vs. Perú”, párr. 88. 6  FAÚNDEZ, Héctor (1996). “El derecho a un juicio justo”. En Las garantías  del debido proceso (Materiales de Enseñanza), Lima, Instituto de Estudios  Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Embajada Real de  los Países Bajos; p. 17. 7  FAÚNDEZ, Héctor (1996). op cit.; p. 17. 8  ALISTE SANTOS, Tomás Javier (2013). La motivación de las resoluciones  judiciales. Madrid, Marcial Pons; p. 157-158.  GUZMÁN, Leandro (2013). Derecho a una sentencia motivada. Buenos Aires,  Astrea; pp. 189-190. 9  IGARTUA SALAVERRÍA, Juan (2014). El razonamiento en las resoluciones  judiciales. Lima-Bogotá, Palestra-Temis; p 15. 10  TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN - MÉXICO  (2006). La motivación de la sentencia civil; pp. 309-310. 11  ATIENZA, op. cit., p. 61 12  MORESO, Juan José y VILAJOSANA, Josep María (2004). Introducción a la Teoría  del Derecho. Madrid, Marcial Pons Editores; p. 184. 13  GARTUA SALAVERRÍA, Juan (2014). El razonamiento en las resoluciones  judiciales. Lima-Bogotá, Palestra-Temis; p. 26. 14  Sustituido por el Decreto Supremo Nº 134-99-EF 15  Sustituido por el artículo 30 del Decreto Legislativo Nº 945, publicado el veintitrés  de diciembre de dos mil tres. 16  Véase a fojas 522 del expediente principal 17  CARRIÓN LUGO, Jorge (2003). El recurso de casación en el Perú. Lima, Editora  Jurídica GRIJLEY; p. 5 18  Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado  por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos  según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la  aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión  del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se  beneficiará de ello. 19  Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una  exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación  de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto  supremo.20  NORMA VIII: Interpretación de normas tributarias  Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación  admitidos por el Derecho. En vía de interpretación no podrá crearse tributos,  establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la  ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no afecta lo señalado en el presente párrafo.  (Modificado por el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1121, publicado el dieciocho  de julio de dos mil doce). 21  Tarello Citado por GUASTINI, Riccardo (2014). Interpretar y argumentar. Isonomía,  Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; p. 31. 22  Véase a fojas 4841 a 4847 del expediente administrativo 23  Obrante a fojas 4882 a 4891 del expediente administrativo 24  Obrante a fojas 4990 a 4999 del expediente administrativo 25  Obrante a fojas 5046 a 5054 del expediente administrativo 26  GIULIANI FONROUGE, Carlos (2001). Derecho financiero. Tomo I. Buenos Aires,  Ediciones Depalma, p. 501. 27  Artículo 59.- Determinación de la obligación tributaria. Por el acto de la determinación  de la obligación tributaria: a) El deudor tributario verifica la realización del hecho  generador de la obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía del  tributo. b) La Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador  de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y  la cuantía del tributo. 28  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4272-2006-AA/TC, doce de noviembre de  dos mil siete. C-2136204-31