CASACIÓN Nº 21161-2018 LIMA
SUMILLA: La exigencia de una acreditación razonable de los  gastos deducibles no supone la imposición del cumplimiento  de ciertos requisitos (no exigidos por la ley) y la consiguiente  vulneración del principio de reserva de ley, sino que constituye  una exigencia vinculada a la potestad fiscalizadora de la  administración tributaria y a la propia naturaleza de los hechos  (gastos) susceptibles de verificación. De esta manera, el  conflicto está relacionado a un escenario de hechos (questio  facti), en el que la causalidad de los gastos efectuados por el  deudor tributario requiere ser acreditada y esta carga recae  esencialmente en el contribuyente, quien, en todo caso,  está en mejor posición para acreditar la causalidad de estos  gastos. De esta manera, serán los medios probatorios los que  permitan, tanto a la administración tributaria como al órgano  jurisdiccional, establecer si la causalidad de los gastos se  funda en bases cognoscitivas suficientes y adecuadas a fin  de que se considere como verdadera. Lima, diez de mayo de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:I. VISTOSLos recursos  extraordinarios de casación interpuestos por Citibank del Perú  S.A., presentado el catorce de agosto de dos mil dieciocho  (folios  1421-1492  del  Expediente  Principal  Nº  11670-2014-0-1801-JR-CA-19), y por los codemandados el  Tribunal Fiscal (mediante el Procurador Público Adjunto a  cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y  Finanzas), presentado el diez de agosto de dos mil dieciocho  (folios 1349-1366), y la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT (mediante su  Procuraduría Pública), presentado el ocho de agosto de dos  mil dieciocho (folios 1320-1345), contra la sentencia de vista  contenida en la resolución número cuarenta y siete, del  dieciocho de julio de dos mil dieciocho (folios 1293-1313), que  confirma la sentencia apelada contenida en la resolución  número treinta y seis, del treinta y uno de enero de dos mil  dieciocho (folios 947-975), que declara fundada en parte la  demanda.II. AntecedentesDemanda1. Mediante el escrito  del veintidós de diciembre de dos mil catorce, Citibank del  Perú S.A. interpone demanda contencioso administrativa  (folios  45-72).  Señala  las  siguientes  pretensiones:a)  Pretensión principal: Se declare la nulidad de la Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 11808-7-2014; de la Resolución de  Intendencia Nº 0150140006647; de la Resolución de  Determinación Nº 0120030002613, emitida por el impuesto a  la renta del ejercicio gravable mil novecientos noventa y siete;  y de la Resolución de Multa Nº 0120020002642, girada por la  comisión de la infracción tipificada en el numeral 2 del artículo  178 del Código Tributario.b) Pretensión accesoria: Se  ordene a la administración tributaria la devolución inmediata  de los pagos realizados por concepto de las resoluciones de  determinación y de multa.c) Pretensión subordinada a la  pretensión principal: Se declare: i) la inaplicación del cobro  de los intereses moratorios devengados durante todo el  procedimiento contencioso tributario y hasta la culminación  del presente proceso judicial, y ii) la inaplicación del cobro dela resolución de multa.d) Pretensión accesoria a la  pretensión subordinada: Se ordene a la administración  tributaria la devolución inmediata de los pagos realizados  vinculados a las resoluciones de determinación y multa. Contestación de la demanda2. El trece de febrero de dos mil  quince  (folios  160-212),  la  SUNAT,  en  calidad  de  codemandada, contesta la demanda y solicita que la misma  se declare infundada.3. El diecisiete de febrero de dos mil  quince (folios 218-246), el codemandado Procurador Público  Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de  Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal,  contesta la demanda y sostiene que la resolución impugnada  ha sido emitida conforme a ley.Sentencia de primera  instancia4. El Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo  Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, a través de su sentencia contenida en la resolución  número treinta y seis, del treinta y uno de enero de dos mil  dieciocho (folios 947-975), declaró fundada en parte la  demanda.La sentencia de primera instancia sustentó su fallo  señalando lo siguiente:La Resolución de Tribunal Fiscal Nº  11808-7-2014 no adolece de nulidad dado que el reparo por  gastos de recolocación fue correctamente confirmado en  tanto no se presentó documentación sustentatoria que  acreditara la necesidad de los gastos asumidos en los  periodos de agosto y setiembre de 1997 por concepto de  comida y alojamiento a favor del Sr. Smyth. Asimismo, el  reparo por concepto de amortización de intangibles fue  correctamente confirmado debido a que no se solicitó a la  SUNAT  la  modificación  del  plazo  de  amortización  contraviniendo lo establecido en el inciso d) del artículo 21°  del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Finalmente,  no corresponde eximir del pago de intereses moratorios  vinculados a la Resolución de Multa toda vez que éstos tienen  su origen en la negligencia del contribuyente al incurrir en la  infracción del numeral 2 del artículo 178° del Código Tributario  y no en la dilación del proceso, siendo que la configuración de  la referida infracción es de carácter objetivo, no siendo de  aplicación el principio de culpabilidad no recogido en el  ordenamiento tributario.Sentencia de vista5. La Sexta Sala  Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub  Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte  Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de vista  contenida en la resolución número cuarenta y siete, del  dieciocho de julio de dos mil dieciocho (folios 1293-1313),  confirma la sentencia apelada, del treinta y uno de enero de  dos mil dieciocho (folios 947-975), que declaró fundada en  parte la demanda. Fundamenta su fallo en los siguientes  argumentos:De conformidad con el Artículo 37° del Texto  Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, a fin de  establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de  la renta bruta los gastos necesarios para producirla y  mantener su fuente, en tanto la deducción no esté  expresamente prohibida por esta Ley. Asimismo, el inciso d)  del Artículo 21° del Reglamento de la mencionada Ley, refiere  que la amortización a que se refiere el inciso g) del Artículo  37°, se efectuará a partir del ejercicio en que se inicie la  producción o explotación. Una vez fijado el plazo de  amortización sólo podrá ser variado previa autorización de la  SUNAT. En el presente caso, los gastos por alojamiento y  alimentación incurridos por el Banco accionante a favor del  señor Richard Smyth, no constituyen gastos necesarios,  debido a la inexistencia del respaldo documentario que  pruebe tal aseveración, máxime, si durante el período  cuestionado no ejercía cargo alguno en la entidad  demandante. De otro lado, las sucesivas modificaciones  efectuadas por el Banco accionante en sus declaraciones  juradas rectificatorias del Impuesto a la Renta por el ejercicio  1997, no solo se efectuaron sin autorización de la SUNAT a la  que estaba obligado, sino que al modificar la tasa de  amortización, trajo como consecuencia, la modificación del  plazo de amortización respectiva.Los antecedentes en la vía  administrativa6. A efectos de establecer los hechos sobre los  que se emitió pronunciamiento en los órganos de mérito,  debemos señalar lo siguiente:a) El veinticuatro de abril de mil  novecientos noventa y ocho, la administración tributaria  notificó  la  Carta  Nº  980011004959-1-SUNAT  y  el  Requerimiento Nº 00184-P-06-98 (folios 23-24 del Expediente  Administrativo), mediante los cuales inició un procedimiento  de fiscalización respecto del impuesto a la renta del ejercicio  del año de mil novecientos noventa y siete; y, como  consecuencia de ello, formuló diversos reparos a la base  imponible del citado ejercicio, los cuales sustentaron la  emisión de la Resolución de Determinación Nº 012-03- 0000298 y la Resolución de Multa Nº 012-02- 0000911 (folios  1-3 del expediente administrativo).b) Posteriormente, el  contribuyente interpuso recurso de reclamación contra los  referidos valores (folios 25-30 del expediente administrativo).Dicho recurso fue resuelto mediante Resolución de  Intendencia Nº 015-4-14413, del treinta y uno de octubre de  dos mil uno (folios 38-74), que declaró infundado dicho  recurso.c) La precitada resolución de Intendencia fue apelada.  El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal Fiscal  mediante Resolución Nº 003872-3-2003 (folios 85-86 del  expediente administrativo), que declaró la nulidad del  Requerimiento Nº 00184-P-06-98, nulas la Resolución de  Determinación Nº 012-3-0000298 y la Resolución de Multa Nº  012-02-0000911, así como nula la Resolución de Intendencia  Nº 015-414413, debido a que la SUNAT no estuvo facultada a  fiscalizar el ejercicio del año mil novecientos noventa y siete a  la fecha de notificado dicho acto. Al atribuirse dicha facultad,  habría contravenido el procedimiento legal establecido por el  artículo 81 del Código Tributario aprobado por el Decreto  Legislativo Nº 816.d) Posteriormente, mediante Carta Nº  030011082620-011-SUNAT y los Requerimientos números  00171511 y 0000093799 (folios 131, 132 y 138 del expediente  administrativo), la SUNAT inició nuevamente un procedimiento  de fiscalización del impuesto a la renta del ejercicio mil  novecientos noventa y siete.e) Como resultado del  procedimiento de fiscalización, la SUNAT efectuó reparos al  impuesto a la renta del ejercicio mil novecientos noventa y  siete por concepto de gastos de recolocación y amortización  de intangibles. Asimismo, determinó la comisión de la  infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 178 del  Código Tributario, consignados en la Resolución de  Determinación Nº 012-003-0002613 y la Resolución de Multa  Nº  021-002-0002642  (folios  146-167  del  expediente  administrativo).f) El tres de febrero de dos mil cuatro, la  empresa demandante interpuso recurso de reclamación  (folios 170-183 del expediente administrativo). Dicho recurso  fue declarado infundado mediante la Resolución de  Intendencia Nº 0150140006647, del treinta y uno de agosto  de  dos  mil  siete  (folios  236-247  del  expediente  administrativo).g) El doce de octubre de dos mil siete, la  empresa demandante interpuso recurso de apelación contra  la Resolución de Intendencia Nº 0150140006647 (folios 291- 322 del expediente administrativo). Dicho recurso fue resuelto  por el Tribunal Fiscal mediante Resolución Nº 11808-7-2014  (folios 366-376 del expediente administrativo), la cual confirmó  lo resuelto por la administración tributaria.Calificación del  recurso de casación7. Mediante resolución casatoria del  diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declaró procedente  el recurso de casación presentado por Citibank del Perú S.A.  por las siguientes causales:Respecto al reparo denominado  “gastos por recolocación”:1) Inaplicación del numeral 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú2) Inaplicación  del artículo 197 del Código Procesal CivilRespecto del  reparo  denominado  “gastos  de  amortización  de  intangibles”:3) Inaplicación del artículo 197 del Código  Procesal Civil4) Inaplicación del numeral 5 del artículo 139 de  la Constitución Política del PerúRespecto del reparo  denominado “gastos por recolocación”:5)Interpretación  errónea del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta6)  Inaplicación del artículo 74 de la Constitución Política del Perú  y del artículo IV del título preliminar del Código Tributario, que  regula el principio de legalidad7) Inaplicación de la norma VIII  del título preliminar del Código Tributario y del precedente  vinculante contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392- 20138) Inaplicación del concepto de causalidad amplia,  reconocido por reiterados pronunciamientos de la Corte  Suprema de Justicia de la RepúblicaRespecto del reparo  denominado “gastos de amortización de intangibles”:9)  Interpretación errónea del artículo 33 de la Ley del Impuesto a  la Renta; del literal g) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a  la Renta; y del literal d) del artículo 21 del Reglamento de la  Ley del Impuesto a la Renta10) Vulneración de los principios  de verdad material e impulso de oficio11) Vulneración del  principio de capacidad contributivaRespecto de la multa  impuesta por la duración del presente proceso judicial:12)  Interpretación errónea del artículo 165 del Código Tributario13)  Vulneración del principio de culpabilidad14) Interpretación  errónea del numeral 2 del artículo 178 del Código Tributario8.  Mediante resolución casatoria del diecisiete de marzo de dos  mil veinte, se declaró procedente el recurso de casación  presentado por la SUNAT por las siguientes causales:1)  Interpretación errónea del artículo 33 del Código Tributario y  sus modificaciones2) Vulneración de los artículos 103 y 109  de la Constitución Política del Perú, debidamente concordados  con la norma X del título preliminar del Código Tributario, al no  considerar que las normas se aplican desde su vigencia3)  Vulneración del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú, por no dar respuesta a parte de su alegato  del recurso de apelación y por la aplicación indebida de la  sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente  Nº 04082-2012-PA/TC, así como la contravención de la  jurisprudencia del Tribunal Constitucional que confirmó laconstitucionalidad de la norma legal que la Sala Superior  inaplicó (Sentencias del Tribunal Constitucional Nº 03184- 2012-PA/TC  y  Nº  03373-2012-PA/TC,  entre  otras).9.  Asimismo, mediante resolución casatoria del diecisiete de  marzo de dos mil veinte, se declaró procedente el recurso de  casación presentado por el Procurador Adjunto a cargo de los  Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en  representación del Tribunal Fiscal, respecto de las siguientes  causales:1) Vulneración del artículo 33 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario y sus modificatorias por  interpretación y aplicación indebida2) Contravención de las  normas del debido proceso: vulneración de lo dispuesto en el  numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del  Estado, además de no efectuar el apartamiento de la  sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente  Nº 4082-2012-PA/TC y contravenir la jurisprudencia del  Tribunal Constitucional que confirmó la constitucionalidad de  la norma legal que la Sala Superior inaplicó (Sentencias del  Tribunal Constitucional Nº 03184-2012-PA/TC y Nº 03373- 2012-PA/TC, entre otras).III. CONSIDERANDOSLos fines del  recurso de casación10. Debemos establecer, en principio,  que la finalidad del recurso extraordinario de casación es la  adecuada aplicación del derecho objetivo y la uniformidad de  la jurisprudencia nacional establecida por la Corte Suprema  de Justicia, tal como puede interpretarse de lo dispuesto por  el artículo 141 de la Constitución Política del Estado y el  artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el  artículo 1 de la Ley Nº 29364.11. En este sentido, en un  Estado constitucional, esta finalidad nomofiláctica del recurso  de casación debe traducirse en la función que ostentan las  Salas Supremas, como órganos de vértice, para establecer y  fijar la interpretación de las disposiciones normativas sobre la  base de las buenas razones. Como refiere Taruffo1, se puede  colegir que es vital en la corrección del procedimiento de  elección y la aceptabilidad de los criterios sobre los cuales se  funda la interpretación de las disposiciones normativas, que  deben ser seguidas por todos los jueces de la República. Sobre el principio de causalidad12. Entiende esta Sala  Suprema que estamos ante un escenario en el que se ha  puesto en cuestión la causalidad del gasto2 o la vinculación  entre los gastos y la generación de rentas. Al respecto, la  doctrina señala lo siguiente3:La vinculación entre los gastos y  la generación de rentas se denomina —en doctrina— teoría  de la causa final o subjetiva, pues la deducción de gastos  debe tener como finalidad la generación de rentas; por otro  lado, la vinculación de los gastos con la actividad empresarial  es denominada en doctrina, teoría de la causa objetiva o  teoría de la conditio sine qua non, porque la deducción de  gastos está supeditada a su vinculación objetiva con las  actividades empresariales.En la doctrina alemana se ha  desarrollado la causalidad en ambos sentidos. “Los gastos  serían deducibles cuando, teniendo una conexión objetiva  con la actividad productiva (causa objetiva), hayan sido  realizados con la finalidad de obtener ingresos sujetos (causa  subjetiva)”. En esta última tesis, los gastos son necesarios  teniendo en consideración dos aspectos: La relación objetiva  entre el gasto y la actividad productiva, y la finalidad del  empresario al realizarlo. Se entiende, entonces, la causa  como finalidad, razón o motivo de obrar (causa finalis).Hay  una tercera teoría, planteada por el profesor Klaus Tipke, que  requiere una conexión objetiva y subjetiva entre el gasto y su  resultado; esta teoría de la causalidad es conocida como Die  Veranlassungs Theorie. Dicho planteamiento, que ha sido  aceptado en Alemania, tiene como punto fundamental que  todo acto humano radica en el motivo y que las actividades  empresariales son planificadas. El resultado —renta y gasto—  debe evaluarse a la luz de su causa o motivo y, como  consecuencia de ello, clasificarlo como productivo o  privado.13. En este sentido, para efectos de establecer si un  gasto puede ser deducible para efectos del impuesto a la  renta, deben observarse los siguientes criterios:a) Los gastos  deben tener como finalidad la generación de rentas (causa  subjetiva).b) Los gastos deben tener una vinculación objetiva  con las actividades empresariales (causa objetiva).14. De  esta manera, no todos los gastos que realice el contribuyente  pueden ser considerados como gastos deducibles del  impuesto a la renta, sino solamente aquellos en los que  razonablemente se haya acreditado una vinculación con las  actividades de la empresa y que tengan como finalidad la  generación de rentas. Dicho de otro modo, los gastos que no  estén vinculados a las actividades de la empresa y/o que no  tengan como finalidad la generación de rentas, no pueden ser  considerados como gastos deducibles.15. En este sentido, en  el ejercicio de su potestad fiscalizadora4, la administración  tributaria tiene la potestad de observar la determinación de la  obligación tributaria efectuada por el deudor tributario y, en la  hipótesis de encontrar inconsistencias o la presencia de  información que requiere ser verificada, comunicará tal hechoal deudor tributario, para que este pueda levantar tales  observaciones.16. Este levantamiento de las observaciones  en el caso de gastos deducibles del impuesto a la renta, entre  otros, implica señalar u ofrecer instrumentos o medios  probatorios que razonablemente acrediten la vinculación de  los gastos con las actividades productivas del deudor tributario  y que, además, tengan como finalidad la generación de  rentas. De esta manera, como señalamos anteriormente,  debemos asumir que no todo gasto declarado por el deudor  tributario puede ser deducible para efectos del impuesto a la  renta, sino solo aquellos en que razonablemente se haya  acreditado su vinculación a las actividades de la empresa y a  la generación de rentas.17. Asimismo, debemos señalar que  las exigencias de la administración tributaria a afectos de que  el contribuyente acredite la causalidad de los gastos, no  pueden ser irracionales. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso  de la acreditación de la denominada causalidad subjetiva, en  que los gastos deducibles, aun cuando están destinados a la  producción de rentas, pueden no conseguir este propósito.  No obstante, es importante asumir que han sido planificados  en función de la obtención de rentas y, en todo caso, es esta  planificación la que debe ser objeto de acreditación.18. La  exigencia de una acreditación razonable de los gastos  deducibles no supone la imposición del cumplimiento de  ciertos requisitos (no exigidos por la ley) y la consiguiente  vulneración del principio de reserva de ley, sino que constituye  una exigencia vinculada a la potestad fiscalizadora de la  administración tributaria y a la propia naturaleza de los hechos  (gastos) susceptibles de verificación.19. De esta manera, el  conflicto está relacionado a un escenario de hechos (questio  facti), en el que la causalidad de los gastos efectuados por el  deudor tributario requiere ser acreditada y esta carga recae  esencialmente en el contribuyente, quien, en todo caso, está  en mejor posición para acreditar la causalidad de estos  gastos. De esta manera, serán los medios probatorios los que  permitan, tanto a la Administración Tributaria como al Órgano  Jurisdiccional, establecer si la causalidad de los gastos se  funda en bases cognoscitivas suficientes y adecuadas a fin de  que se considere como verdadera.Sobre el principio de la  sana crítica o la apreciación razonada de los medios  probatorios20. La necesidad de valorar los medios  probatorios en el ámbito tributario no constituye un hecho  ajeno a la administración tributaria ni al órgano jurisdiccional,  en cuanto los medios probatorios son los instrumentos que  permiten establecer si las afirmaciones o enunciados en la  determinación tributaria efectuada por el deudor son  verdaderas, o están fundadas sobre bases cognoscitivas  suficientes y adecuadas a fin de que se consideren como  verdaderas. Refiere Taruffo5 al respecto:En esta perspectiva,  la prueba cumple con su función epistémica porque se  configura como el instrumento procesal que típicamente es  útil a los jueces para descubrir y conocer la verdad en torno a  los hechos de la causa. Específicamente, la prueba es el  instrumento que provee al juez la información que necesita  para establecer si los enunciados sobre los hechos se fundan  en cimientos cognoscitivos suficientes y adecuados al fin de  que se consideren como verdaderos. La función de la prueba  es, entonces, racional porque se ubica en el interior de un  procedimiento racional de conocimiento y está dirigida a la  formulación de juicios de verdad fundados en una justificación  racional.21. De esta manera, en un escenario administrativo o  jurisdiccional, en el supuesto de que el conflicto radique en los  hechos (questio facti), las afirmaciones o declaraciones del  deudor tributario requieren ser acreditadas y esta carga recae  usualmente en quien declara o afirma los hechos como ciertos  y/o en quien está en mejor posición para acreditar las  afirmaciones.22. La valoración de estos medios probatorios  no constituye un acto cuya valoración esté previamente  tasado por el legislador o dejada a la íntima convicción de los  jueces, sino que constituye un proceso racional en que el juez  o el órgano de la administración expone sus razones y justifica  las conclusiones que deriven del análisis de los medios  probatorios. Así, refiere el Código Procesal Civil:Artículo 197.-  Valoración de la prueba. - Todos los medios probatorios son  valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su  apreciación razonada […].23. Esta Sala Suprema debe  señalar que esta disposición normativa está vinculada a  establecer la función racional que deben cumplir los medios  probatorios en la formulación de juicios de verdad y en su  justificación; sin embargo, no ha prescrito un método o algún  procedimiento que nos permita arribar a tal valoración. La  doctrina, no obstante, admite que en el sistema de la sana  crítica o de la apreciación razonada de los medios probatorios,  la justificación de los hechos puede ser realizada a través de  dos técnicas: la analítica y la globalizadora:[…] De todos  modos, no siempre se motiva (o justifica) con la precisión y  exhaustividad indicadas. Cabe diferenciar en principio dos  grandes técnicas o estilos de motivar: uno analítico y el otroglobalizador. La técnica analítica entiende que la motivación  ha de estructurarse en una exposición pormenorizada de  todas las pruebas practicadas, del valor probatorio que se les  ha asignado y de toda la cadena de inferencias que ha  conducido finalmente a la decisión. La técnica globalizadora,  en cambio, consiste, grosso modo, en una exposición  conjunta de los hechos, en un relato, una historia que los  pone en conexión en una estructura narrativa. 624. En este  sentido, la denuncia de la vulneración de este principio debe  suponer una actuación arbitraria o irracional del juzgador en el  proceso de valoración de los medios probatorios. Esta  afirmación, en consecuencia, deja de lado los cuestionamientos  de las partes a los enunciados o las conclusiones sobre  hechos (questio facti), en el que no se advierta una actuación  arbitraria, carente de toda justificación razonable del juzgador  al valorar los medios probatorios.IV. ANÁLISIS DE LAS  CAUSALES DECLARADAS PROCEDENTESRecurso de  casación presentado por Citibank del Perú S.A.Infracciones  normativas relacionadas al reparo denominado “gastos por  recolocación”Infracciones  de  carácter  procesalPrimera  infracción25. Inaplicación del numeral 5 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú26. La disposición normativa  establece lo siguiente:Constitución Política del Perú de  1993Artículo 139.- Principios de la Administración de  JusticiaSon  principios  y  derechos  de  la  función  jurisdiccional:[…]5. La motivación escrita de las resoluciones  judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de  mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los  fundamentos de hecho en que se sustentan.27. Como  argumento principal que sustenta la referida infracción  normativa, la recurrente señala que la sentencia de vista no  justificó las razones ni los motivos que la llevaron a concluir  que era necesario que Citibank del Perú S.A. cumpla con  requisitos no previstos en la ley a efectos de aceptar la  deducción de los gastos de recolocación del funcionario  Richard Smyth, asumidos por el banco. Esta situación es de  la mayor relevancia en la medida que es el único sustento  expuesto por la Sala para no aceptar la deducción solicitada  por el banco, razón por la cual la sentencia de vista debe ser  declarada nula.28. Sobre esta infracción, se debe señalar en  principio que sobre el deber de motivación la Corte  Interamericana de Derechos Humanos en el caso Apitz  Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso  Administrativo”) vs. Venezuela, refiere lo siguiente:77. La  Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de  la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”.  El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada  con la correcta administración de justicia, que protege el  derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones  que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las  decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.  En el mismo sentido: Caso Tristán Donoso Vs. Panamá.  Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193,  párr.152.29. En esta perspectiva, el Tribunal Constitucional en  el fundamento 6 del Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC,  respecto a la debida motivación, ha señalado lo siguiente:[…]  Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº  1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar  que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones  importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las  razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una  determinada decisión. Esas razones […] deben provenir no  sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino  de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite  del proceso.30. Asimismo, de acuerdo a lo señalado por el  Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1480-2006-AA/ TC, debemos establecer que el análisis de si en una  determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho  a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe  realizarse a partir de los fundamentos expuestos en la  resolución cuestionada.31. En el caso, como referimos  anteriormente, la recurrente señala que la sentencia de vista  no justificó las razones ni los motivos que la llevaron a concluir  que era necesario que Citibank del Perú S.A. cumpla con  requisitos no previstos en la ley, a efectos de aceptar la  deducción de los gastos de recolocación del funcionario  Richard Smyth, asumidos por el banco.32. Esta Sala Suprema  debe reiterar los fundamentos 11 a 18, que hacen referencia  al principio de causalidad, el cual señala que la exigencia de  una acreditación razonable de los gastos deducibles no  supone la imposición del cumplimiento de ciertos requisitos  (no exigidos por la ley) y la consiguiente vulneración del  principio de reserva de ley, sino que constituye una exigencia  vinculada a la potestad fiscalizadora de la administración  tributaria y a la propia naturaleza de los hechos (gastos)  susceptibles de verificación.33. Asimismo, aun cuando el  recurrente no esté de acuerdo con la justificación del órganojurisdiccional o con las conclusiones respecto de los hechos  (questio facti), el considerando octavo de la sentencia de vista  justifica las razones de la decisión en la inexistencia del  respaldo documentario. Así, señala:OCTAVO.- De lo expuesto  en los considerandos que anteceden, se desprende que los  gastos por alojamiento y alimentación incurridos por el Banco  accionante, no fueron necesarios para “contratar a un  ejecutivo de primer nivel en el mercado financiero regional”,  dado la inexistencia del respaldo documentario que pruebe tal  aseveración; siendo insuficiente el atribuirles la calidad de  inversiones relacionadas a las actividades propias e  inherentes al giro del negocio o que resulten razonables para  el  desenvolvimiento  de  la  empresa;  constituyendo  simplemente actos de liberalidad de la empresa, de acuerdo  con lo ya desarrollado; por tanto, procede desestimar el  agravio referida a dicho extremo.34. En este sentido, esta  Sala Suprema concluye que el recurrente no ha acreditado  que en el caso existe una infracción al deber de motivación de  las resoluciones judiciales, por lo que la infracción debe ser  declarada infundada.Segunda infracción35. Inaplicación del  artículo 197 del Código Procesal Civil36. La disposición  normativa  establece  lo  siguiente:Código  Procesal  CivilArtículo 197.- Valoración de la pruebaTodos los medios  probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta,  utilizando su apreciación razonada […].37. Como argumento  central que sustenta esta infracción normativa, el recurrente  señala que la sentencia de vista vulneró el derecho del banco  a la valoración adecuada y debidamente motivada de la  prueba, así como las máximas de la experiencia, debido a  que, de haberse aplicado correctamente ambos aspectos, la  Sala hubiera llegado a la conclusión de que: i) las pruebas  aportadas a lo largo del procedimiento administrativo y del  proceso judicial demostraban que los gastos de recolocación  del funcionario Richard Smyth, asumidos por el banco,  cumplían con el principio de causalidad; y ii) las actuaciones  del banco (entre las que se encuentran la asunción de los  gastos de recolocación del funcionario Richard Smyth) son  comunes en el giro del negocio del banco, y guardan relación  con la lógica y el sentido común.38. Los argumentos de este  recurrente inciden en señalar que en la sentencia de vista  hubo una vulneración del sistema de la sana crítica o  apreciación razonada de los medios probatorios prevista en el  artículo 197 del Código Procesal Civil.39. Al respecto, esta  Sala Suprema se remite a los considerandos 19 al 23 de esta  sentencia. En efecto, en el caso, no es posible observar un  cuestionamiento concreto del principio de la sana crítica o  valoración razonada de los medios probatorios (por ejemplo,  la omisión de la valoración de algún medio probatorio o la  valoración arbitraria de algún medio probatorio). El  cuestionamiento del recurrente Citibank del Perú S.A. está  formulado de manera genérica cuando expone que el órgano  jurisdiccional debió haber valorado de un modo distinto los  medios probatorios.40. Sobre esta causal, en principio, esta  Sala Suprema debe señalar que la valoración de los medios  probatorios (incluyendo la valoración de medios probatorios  que tiene sustento en la lógica y el sentido común) es ajena al  fin nomofiláctico del recurso de casación.41. Asimismo,  respecto al argumento del recurrente, quien señala que los  gastos realizados por la empresa son comunes en el giro del  negocio del banco y guardan relación con la lógica y el  sentido común, debemos asumir que implícitamente sugiere  la necesidad de que el Juez asuma las máximas de la  experiencia para inferir, a partir de estos hechos, que los  gastos en cuestión son deducibles del impuesto a la renta.42.  En este sentido, considera esta Sala Suprema que se debe  poner en cuestión la racionalidad que se le pueda otorgar al  sentido común (sin mayor justificación) o a las reglas de la  experiencia en la valoración de los medios probatorios. Así,  refiere Jordi Ferrer:[…] Las máximas son siempre citadas  genéricamente a mayor abundamiento, como una especie de  cláusula de estilo que obvia cualquier otro razonamiento. Y  cuando se mencionan, no significan otra cosa que una  referencia a una especie de imaginario colectivo que se toma  como ejemplo de consenso social o científico de cuál es el id  quod plerumque accidit. De ese modo se ha creado, como  dice Taruffo, un «insieme caotico e indeterminato» en torno a  este concepto, de manera que, incluso, como añade este  mismo autor, prácticamente nunca que se alude a una máxima  de experiencia dicha máxima posee esa naturaleza, puesto  que, en realidad, se está haciendo referencia en ocasiones,  como ya he dicho, a simples convenciones sociales que, por  cierto, están llenas de prejuicios y no atienden en absoluto al  método científico.43. Asimismo, cabe precisar que, en el  caso, la administración reparó al demandante los gastos de  recolocación incurridos a favor del señor Richard Smyth, los  cuales fueron calificados como actos de liberalidad, debido a  que, a la fecha en que se incurrió en ellos, esta persona no  formaba parte del personal del banco accionante (Anexos I yII de la Resolución de Determinación Nº 012-003-0002613,  folios 161-166 del expediente administrativo).44. También  debemos señalar que el demandante manifestó que el gasto  por recolocación reparado se encuentra relacionado con la  permanencia en el país del señor Richard Smyth, con  anterioridad a la fecha de suscripción del contrato de trabajo  respectivo. Añade que, el año mil novecientos noventa y siete,  el banco le ofreció al señor Richard Smyth la vicepresidencia  del Área de Riesgos Crediticios en el Perú y, con la finalidad  de que pueda conocer las posibles responsabilidades que  asumiría en caso de aceptar el cargo propuesto, el banco  estimó conveniente su presencia en el país. Así, el  demandante incurrió en una serie de gastos, tales como  alojamiento y comidas, principalmente, durante el tiempo de  su permanencia en el país. Además, el banco recurrente  consideró que los gastos antes mencionados estaban  relacionados con la contratación de personal (reclutamiento),  toda vez que fueron efectuados con el objeto de incorporar a  un profesional de primer nivel en el área de riesgos crediticios.  Asimismo, precisa que los gastos relacionados con la  contratación de funcionarios son erogaciones vinculadas con  la generación de rentas gravadas, dado que la contratación  de personal calificado es una actividad esencial para el  desarrollo de las actividades de las empresas, que permitiría  brindar a los clientes o usuarios un servicio de mejor calidad  y, por tanto, generar una mayor renta gravada.45. En principio,  aun asumiendo que el sentido común o las máximas de  experiencia fueran reglas que inevitablemente tuviera que  observar el órgano jurisdiccional, debemos señalar que el  propio recurrente incurre en una suerte de contradicción  lógica, en cuanto implícitamente reconoce que un monto de  estos gastos observados no deben ser considerados como  deducibles para el impuesto a la renta. Así, en el punto 3 del  Anexo I y en el Resultado del Requerimiento Nº 00093799  (folios 124 y 125 del expediente administrativo), la  administración tributaria observa la suma de S/ 33, 417.15  (treinta y tres mil cuatrocientos diecisiete soles con quince  céntimos) y este monto se obtiene restando al monto total de  S/ 43,354,52 (cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y  cuatro soles con cincuenta y dos céntimos), por el que  originalmente se hizo el reparo, lo que la empresa reconoce:  S/ 9,937.37 (nueve mil novecientos treinta y siete soles con  treinta y siete céntimos).. Dicho de otro modo, el banco  reconoce que no todos los gastos realizados pueden ser  deducibles para efectos del impuesto a la renta.46. Asimismo,  debemos señalar que los argumentos del recurrente no están  vinculados propiamente a cuestionar el sistema de valoración  de los medios probatorios adoptado por nuestro ordenamiento,  sino a la valoración de los medios probatorios efectuada en su  oportunidad por el órgano jurisdiccional.47. Por las  consideraciones antes expuestas, apreciamos que la  sentencia de vista no ha incurrido en infracción del numeral 5  del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y del  artículo 197 del Código Procesal Civil. En tanto la sentencia  se encuentra debidamente motivada y realizó una apreciación  razonada de las pruebas presentadas por el banco, la primera  y la segunda causal resultan infundadas.Infracciones de  carácter materialQuinta infracción48. Interpretación errónea  del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta49. La  disposición normativa establece lo siguiente:Ley del  Impuesto a la RentaArtículo 37.- A fin de establecer la renta  neta de tercera categoría se deducirá de la renta neta bruta  los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente,  en tanto la deducción no esté prohibida por ley.50. Como  argumento central que sustenta esta infracción normativa, el  recurrente señala que la sentencia de vista señala que no se  habría acreditado la causalidad de los gastos de recolocación  del funcionario Richard Smyth asumidos por el banco. Precisa  que la Sala consideró que en este caso no corresponde  deducir los gastos asumidos por el banco en la medida que  los mismos no habrían cumplido con el principio de causalidad,  toda vez que no se presentaron contratos previos y/o tratativas  en donde se señalase que el banco asumiría los gastos de  recolocación del señor Smyth. No obstante, el requisito  exigido por la Sala es uno no contemplado por el artículo 37  de la Ley del Impuesto a la Renta y, por lo tanto, vulnera el  principio de legalidad y la norma VIII del título preliminar del  Código Tributario.51. Antes de realizar el análisis de la  infracción normativa, este Supremo Tribunal se remite a lo  expuesto en los considerandos 11 al 18 y 34 al 43 de esta  sentencia.52. Asimismo, antes de ingresar en el análisis de  esta causal, esta Sala Suprema debe establecer que la idea  de aplicación de una disposición normativa implica no solo la  interpretación de una disposición normativa, sino también la  comprobación de los hechos de la causa (que en nuestro  sistema son aquellos determinados por las instancias de  mérito), la calificación del supuesto de hecho concreto del que  se trate y la decisión de la controversia. Así, refiereGuastini7:Aplicación e interpretación son cosas evidentemente  diferentes. Mientras que el verbo «interpretar» concuerda con  cualquier sujeto (ya que cualquiera puede desempeñar la  actividad interpretativa), el verbo «aplicar» concuerda solo  con aquellos sujetos que designan -precisamente- órganos  llamados de aplicación: principalmente jueces y funcionarios  administrativos (principalmente, pero no exclusivamente:  muchas normas constitucionales, para poner el ejemplo más  obvio,  son  aplicadas  por  los  supremos  órganos  constitucionales y algunas solo por ellos). Se puede decir de  un jurista, o de un ciudadano cualquiera, que «interpreta» el  derecho; pero no sería apropiado decir que un jurista, o un  ciudadano, «aplica» el derecho. Ver G. Tarello, «Ürientamenti  analitico-linguistici e teoría dell’interpretazione giuridica», en  U. Scarpelli (ed.), Diritto e analisi del linguaggio, Milano, 1976.  Por otra parte, el término «aplicación», especialmente si se  refiere a órganos jurisdiccionales, designa comúnmente un  conjunto de operaciones que no se extinguen con la  interpretación, ya que incluyen junto con la interpretación  propiamente dicha (y la construcción jurídica, claro): la  comprobación de los hechos de la causa, la calificación del  supuesto de hecho concreto del que se trate y la decisión de  la controversia.53. De esta manera, la denuncia de una causal  por errónea aplicación de una norma debe implicar, por lo  menos, los siguientes argumentos:a) La interpretación de la  disposición normativa cuya aplicación se pretendeb) La  descripción de los hechos determinados por las instancias de  mérito, los mismos que no pueden ser objeto de revaloración  en sede casatoriac) La calificación de los hechos de la causa  y la subsunción dentro del supuesto de hecho de la norma54.  En el caso, el recurrente ha reiterado los fundamentos  señalados como sustento de la primera y segunda infracción  normativa. Asimismo, ha centrado su análisis en la valoración  de los medios probatorios efectuada en la sentencia recurrida.  En tal sentido, esta Sala Suprema advierte que no se ha  acreditado que el recurrente haya realizado una interpretación  de la disposición normativa cuya aplicación se pretende y  tampoco ha precisado la incidencia directa de la infracción  sobre la decisión impugnada.55. Por las consideraciones  antes señaladas resulta infundada la quinta infracción  normativa denunciada por Citibank del Perú S.A.Sexta  infracción56.Inaplicación del artículo 74 de la Constitución  Política del Perú y del artículo IV del título preliminar del  Código Tributario, que regula el principio de legalidad57. Las  disposiciones  normativas  establecen  los  siguientes:Constitución Política del Perú de 1993Artículo 74.-  Principio de LegalidadLos tributos se crean, modifican o  derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por  ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades,  salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante  decreto supremo.[…]No surten efecto las normas tributarias  dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. Código TributarioNORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD  – RESERVA DE LA LEYSólo por Ley o por Decreto  Legislativo, en caso de delegación, se puede:a) Crear,  modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la  obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el  acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de  retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el  Artículo 10; […]58. Como argumentos que sustentan la  infracción normativa, el recurrente refiere lo siguiente:a)  Señala que la sentencia de vista adicionó requisitos no  previstos en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta,  a efectos de aceptar la deducción de los gastos de  recolocación del funcionario Smyth, tales como la presentación  de tratativas y/o la suscripción de un contrato de trabajo entre  el citado funcionario y el banco, con anterioridad a que el  señor Richard Smyth sea contratado y comience a  desempeñar sus funciones.b) Refiere que la Sala Suprema  debe apreciar que se ha demostrado que la única razón por la  cual la Sala Superior consideró que no corresponde deducir  los gastos de recolocación del señor Smyth, es que los  mismos no constan en tratativas y/o en la suscripción de un  contrato de trabajo suscrito entre el citado funcionario y el  banco, en donde se especifique que será dicha entidad  financiera quien asumirá los referidos gastos. Para este  recurrente, los requisitos no se encuentran especificados en  la norma que permite la deducción de dichos gastos para la  determinación del impuesto a la renta.c) Precisa que la  actuación de la Sala Superior no hace más que adicionar  requisitos no previstos en la Ley del Impuesto a la Renta, a  efectos de negarle la deducción solicitada, situación que  demuestra una clara inaplicación del principio de legalidad,  regulado en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú  y el artículo IV del título preliminar del Código Tributario.59. En  principio, esta Sala Suprema debe establecer que el  cuestionamiento incide en un escenario probatorio, respecto  al que el recurrente insinúa que las deducciones no debierantener mayores exigencias probatorias.60. Sobre el punto,  debemos señalar que cuando, en el ejercicio de sus  atribuciones como fiscalizador, la administración efectúe  observaciones sobre la causalidad de un gasto, es obligación  del deudor tributario acreditar esta causalidad. Esta  acreditación tiene lugar en un escenario de hechos y medios  probatorios y, en consideración al derecho a probar del  recurrente, este tiene una amplia potestad de ofrecer medios  probatorios que razonablemente acrediten la causalidad del  gasto.61. Por las consideraciones antes señaladas, resulta  infundada la sexta infracción normativa.Sétima infracción62.  Inaplicación de la norma VIII del título preliminar del Código  Tributario y del precedente vinculante contenido en la  Sentencia de Casación Nº 4392-201363. La disposición  normativa establece lo siguiente:Código TributarioNORMA  VIII: INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIASAl  aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos  de interpretación admitidos por el Derecho.En vía de  interpretación no podrá crearse tributos, establecerse  sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de  los señalados en la ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no  afecta lo señalado en el presente párrafo.64. Como  argumentos que sustentan la infracción normativa, el  recurrente refiere lo siguiente:a) Señala que la sentencia de  vista consideró de manera errada que el artículo 37 de la Ley  del Impuesto a la Renta contemplaba como requisito la  presentación de tratativas y/o la suscripción de un contrato de  trabajo entre el señor Smyth y el banco, a efectos de aceptar  la deducción de los gastos de recolocación del citado  funcionario. Agrega que el Superior Jerárquico debe apreciar  que además de no aplicarse el principio de legalidad, la Sala  Superior ha dejado de aplicar la norma VIII del título preliminar  del Código Tributario.b) Precisa que, en virtud de dicha  norma, es claro que el propio Código Tributario prohíbe la  interpretación extensiva de las normas tributarias, las mismas  que solo pueden ser interpretadas de acuerdo a lo indicado  de forma expresa en ellas, razón por la cual la inclusión de  requisitos no previstos en una norma trasgrede justamente la  prohibición expresa de no crearse supuestos distintos a los  expresados en la ley a efectos de cobrar tributos y/o pagar  beneficios tributarios.c) Añade que lo ocurrido en el caso del  banco es una clara muestra de interpretación extensiva por  parte de la Sala Superior del artículo 37 de la Ley del Impuesto  a la Renta, toda vez que se pretende adicionar requisitos no  contemplados en la citada norma a efectos de negarle la  deducción de gastos que cumple a cabalidad con el principio  de causalidad. Agrega que lo indicado hasta este punto es de  la mayor relevancia si se tiene en cuenta que, a la fecha, la  Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema  de Justicia de la República ha emitido el precedente vinculante  contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013.65. La  norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, sobre la  interpretación de las disposiciones tributarias, refiere lo  siguiente8:a) Para la aplicación de las disposiciones tributarias,  se pueden utilizar todos los métodos de interpretación  admitidos por el derecho.b) Mediante la interpretación, no  pueden crearse tributos, establecerse sanciones, concederse  exoneraciones ni extenderse las disposiciones tributarias a  personas o supuestos distintos de los señalados en la ley.66.  Esta Sala Suprema, dentro de las variadas concepciones  sobre la interpretación, debe señalar que Guastini9 refiere que  con la palabra “interpretación” nos referimos algunas veces a  la atribución de significado a un texto normativo y otras veces  a la calificación jurídica de un caso concreto (calificación que  luego da fundamento a la solución o a la propuesta de  solución de una controversia específica).En el primer caso, en  un escenario de ambigüedad y vaguedad, interpretar significa  atribuir un sentido a un texto o disposición normativa cuyo  resultado es precisamente la formulación de una norma,  como refieren Tarello y Guastini10. Dicho de otro modo, una  norma es el resultado de la interpretación de los textos o  disposiciones  normativas11.Señala  Guastini12  al  respecto:Podemos llamar “disposición” a todo enunciado  perteneciente a una fuente del derecho y reservar el nombre  de “norma para designar el contenido de sentido de la  disposición, su significado, que es una variable dependiente  de la interpretaciónEn este sentido, la disposición constituye  el objeto de la actividad interpretativa y la norma su resultado  […] La norma es una disposición interpretada […]”.67. En este  mismo sentido, debemos señalar también —de acuerdo con  Tarello— que con la palabra “interpretación” nos referimos  algunas veces a una actividad (o a un proceso), y otras al  resultado o producto de tal actividad13.68. En nuestro  ordenamiento, no existe una referencia expresa sobre lo que  debemos asumir por interpretación ni acerca de los métodos  de interpretación que deben ser utilizados en el proceso  interpretativo. Se suele mencionar a los clásicos métodos deinterpretación desarrollados por Savigny: literal, histórico,  teleológico-finalista, sistemático14; no obstante, debemos  señalar que este catálogo no constituye un enunciado  numerus clausus, sino un espacio abierto, en el que pueden  incluirse  otros  métodos  o  criterios  o  técnicas  de  interpretación15.69. No obstante, en un Estado constitucional,  estos métodos, técnicas o criterios de interpretación de las  disposiciones normativas o leyes, deben necesariamente  sujetarse, entre otros, a la Constitución Política del Estado y  al respeto de los principios y derechos fundamentales16.70.  En este escenario, la interpretación de la norma VIII del título  preliminar del Código Tributario, que prohíbe crear tributos,  establecer sanciones, conceder exoneraciones, o extender  las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos  de los señalados en la ley, en vía de interpretación, supone  observar los siguientes requisitos:a) La interpretación de esta  disposición normativa debe efectuarse en concordancia con  el principio constitucional de reserva de la ley desarrollado por  la norma IV del título preliminar del Código Tributario17 y por el  propio Tribunal Constitucional18, en cuanto a la potestad de  crear tributos, sanciones o la extensión de disposiciones  tributarias es una atribución que la debe ejercer el Poder  Legislativo (directamente o mediante delegación al Poder  Ejecutivo) y no el Poder Judicial a través de una actividad  interpretativa.b) Esta disposición normativa prohibitiva reduce  la actividad interpretativa del órgano jurisdiccional a efectos  de proscribir aquellas técnicas que permitan la creación de  tributos en vía de interpretación. En esta medida, se  proscriben algunas técnicas para construir normas implícitas,  como el argumento a contrario, la analogía o el argumento a  fortiori19.c) Debemos asumir también, aun cuando no esté  directamente vinculado al proceso o al acto de la interpretación  de una disposición normativa, que a través de la idea de la  creación judicial del derecho en los casos de conflictos  normativos y/o de lagunas normativas20, no pueden crearse  tributos, establecer sanciones, conceder exoneraciones, o  extender las disposiciones tributarias a personas o supuestos  distintos de los señalados en la ley.71. Esta afirmación no  prohíbe ni proscribe el uso del resto de los métodos, criterios  de interpretación y argumentos interpretativos aceptados en  nuestro sistema jurídico.72. Asimismo, sobre la inaplicación  del precedente vinculante en la Casación Nº 4392-2013- LIMA, esta Sala Suprema debe establecer que textualmente  señala:QUINTO: Precedente vinculante5.1. En la presente  sentencia casatoria para resolver el caso de autos, se han  desarrollado reglas jurídicas que deben establecerse como  reglas generales sirviendo de parámetro normativo para  casos similares futuros, en tanto contribuirá a la seguridad  jurídica, a ordenar y uniformizar la jurisprudencia, en temas de  derecho tributario, evitando pronunciamientos contradictorios  debido a diferentes interpretaciones de las disposiciones  tributarias; atribuyendo el artículo 37 del T.U.O. de la Ley  27584 a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema  fijar en sus resoluciones precedentes vinculantes en materia  contenciosa administrativa.5.2. Por lo que conforme a los  fundamentos del considerando 3.5 se establecen las  siguientes  reglas  con  carácter  de  precedentes  vinculantes:5.2.1. La Norma VIII del Título Preliminar del  Código Tributario no descarta la aplicación de la analogía  tampoco la interpretación extensiva ni restrictiva, admitidas en  el derecho para cierto tipo de normas; sino que el uso se  encuentra limitado por la prohibición del segundo párrafo de  la Norma anotada, resultando para ello muy importante que el  Juez seleccione el método adecuado al tipo de disposición  tributaria a interpretar.5.2.2. No resultan pertinentes la  interpretación extensiva ni la restrictiva para interpretar  disposiciones que restringen derechos, ni para normas que  establecen obligaciones como el caso de los pagos a cuenta  del Impuesto a la Renta previstos en el numeral a) del artículo  85 del T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta, y para los  casos de aplicación de intereses moratorios previstos en el  artículo 34 del T.U.O. del Código Tributario.73. En este  sentido, ni el texto que la Sala Suprema estableció como  precedente ni la ratio decidendi de la resolución casatoria  inciden en los argumentos del recurrente, en cuanto este  precedente está vinculado a la interpretación de normas  tributarias y no a la acreditación de hechos exigidos por la  administración tributaria en el ejercicio de su facultad  fiscalizadora.74.  Por  estas  consideraciones,  debemos  declarar infundada la causal denunciada.Octava infracción75.  Inaplicación del concepto de causalidad amplia, reconocido  por reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de  Justicia de la República76. Como argumento central que  sustenta esta infracción normativa, el recurrente señala que la  sentencia de vista inaplica los gastos de recolocación del  funcionario Richard Smyth, asumidos por el banco. Precisa  que el Superior Jerárquico debe apreciar que el banco es una  entidad que funciona bajo un soporte de capital humanoespecializado y con vasta experiencia en el sector, por lo que  fue vital la contratación de un ejecutivo como el señor Smyth  y, con ello, asumir los gastos previos a su contratación, lo cual  cumple con el principio de causalidad amplia que ha sido  desconocido por la Sala Superior, con lo cual transgrede los  reiterados pronunciamientos del Poder Judicial e incluso del  propio Tribunal Fiscal, que avalan un criterio de causalidad  amplia en la deducción de los gastos de los contribuyentes.77.  Al respecto, de conformidad con el inciso d del artículo 44 de  la Ley del Impuesto a la Renta, las donaciones y cualquier  otro acto de liberalidad en dinero o en especie no son  deducibles para la determinación de la renta imponible de  tercera categoría.78. Asimismo, del análisis señalado en los  considerandos 44 al 49 de la presente sentencia, la normativa  del impuesto a la renta prohíbe la deducción de un acto de  liberalidad, ya sea en dinero o en especie. Lo antes señalado  tiene su sustento en que el desembolso no tiene ninguna  vinculación ni directa ni indirecta con el mantenimiento o  producción de renta.79. En el caso, en el sétimo y octavo  considerandos de la sentencia de vista, la Sala Superior  concluyó de manera válida que los gastos por alojamiento y  alimentación en que incurrió el banco accionante no  cumplieron con el criterio de necesidad y tampoco estaban  acreditados de manera suficiente:SÉPTIMO. - En este orden  de ideas, se infiere que la Administración reparó la suma de  S/. 33 417,52, por considerar que corresponde a gastos de  liberalidad sobre la base de lo dispuesto en el inciso d) del  Artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, en cuanto  corresponde a gastos relacionados a hospedaje y alimentación  incurridos por el Banco demandante, a fin de cubrir la  permanencia del señor Smyth en territorio nacional desde el  mes de agosto de 1997 hasta antes de su contratación, el 01  de octubre de 1997.La objeción del Banco ante esta  controversia, se centra en que con la finalidad que pueda  conocer el señor Smyth las posibles responsabilidades que  asumiría en caso de aceptar la vicepresidencia del área de  riesgos crediticios en el Perú, se vio obligado a incurrir en  gastos como alojamiento y alimentación, con el propósito de  poder incorporar a un profesional de primer nivel en el área de  riesgos crediticios; concluyendo, que tales gastos eran  deducibles para la determinación de la renta neta al cumplir  con el principio de causalidad recogido en el Artículo 37° de la  Ley del Impuesto a la Renta.Ante lo expuesto, es de señalar  que de conformidad con lo establecido en el Artículo 33° del  TUO de la Ley 27584:“Salvo disposición legal diferente, la  carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos  que sustentan su pretensión. […]”En tal efecto, los  administrados en sede judicial, tienen la carga de demostrar  los hechos que alegan, y es que frente a una determinada  afirmación, resultan obligados a aportar los medios probatorios  que la sustenten, como lo sería la documentación o  información necesaria que respalde su dicho, evitando una  decisión en contra de sus intereses.Bajo este entendido, si  bien es cierto la demandante afirma que la necesidad del  gasto reposa en “contratar a un ejecutivo de primer nivel en el  mercado financiero regional en absoluto beneficio del giro del  negocio del banco”, y que por dicho motivo “ofreció al señor  Smyth la vicepresidencia del área de riesgos crediticios en el  Perú […] con la finalidad que pudiese conocer las  responsabilidades que asumiría en caso de aceptar el cargo  propuesto, así como las regulaciones prudenciales y de  supervisión bancaría vigentes en nuestro país en dicho  momento […] como consecuencia de ello, el Banco se obligó  a incurrir en una serie de gastos, tales como alojamiento  y comidas principalmente, durante el tiempo de  permanencia del señor Smith en nuestro país”; también lo  es, que de la revisión de la documentación que obra en  autos, el Banco no ha acreditado documentariamente la  existencia de esta supuesta sujeción a los desembolsos  por alojamiento y alimentación del señor Smyth mientras  estuviera en territorio nacional y antes de la suscripción  del  contrato  de  trabajo  respectivo;  así  como  documentación que respalde las supuestas tratativas que  existieron previamente a la llegada del señor Smyth al  territorio peruano, relacionadas a las obligaciones que  estarían a su cargo (vicepresidencia del área de riesgos  crediticios), el estado que se encontraba el área a asignar, así  como la respuesta de éste en establecer las condiciones de  su aceptación a dicho puesto. En igual sentido, no obra  medio probatorio alguno, sobre las supuestas actividades  que habría realizado durante los meses de agosto y  setiembre (siempre relacionadas con el cargo a ocupar),  antes de su contratación el 01 de Octubre de 1997, a fin de  inferir objetivamente, que éstas estuvieron destinadas a tomar  conocimiento de las funciones que asumiría de aceptar el  cargo, u otros medios probatorios que respalden su dicho. OCTAVO.- De lo expuesto en los considerandos que  anteceden, se desprende que los gastos por alojamiento yalimentación incurridos por el Banco accionante, no fueron  necesarios para “contratar a un ejecutivo de primer nivel en el  mercado financiero regional”, dado la inexistencia del respaldo  documentario que pruebe tal aseveración; siendo insuficiente  el atribuirles la calidad de inversiones relacionadas a las  actividades propias e inherentes al giro del negocio o que  resulten razonables para el desenvolvimiento de la empresa;  constituyendo simplemente actos de liberalidad de la  empresa, de acuerdo con lo ya desarrollado; por tanto,  procede desestimar el agravio referida a dicho extremo.80.  De lo antes expuesto, se aprecia que la SUNAT observó en el  presente caso que el contribuyente no había cumplido con  acreditar la necesidad del gasto por recolocación, lo cual fue  desarrollado en la misma línea por la sentencia de vista. Por  lo tanto, no se advierte una vulneración del principio de  causalidad (artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta).81.  Por tanto, la octava causal resulta infundada.Respecto del  reparo de “gastos de amortización de intangibles”Infracciones  de carácter procesalTercera infracción82. Inaplicación del  artículo 197 del Código Procesal Civil83. La disposición  normativa  establece  lo  siguiente:Código  Procesal  CivilArtículo 197.- Valoración de la pruebaTodos los medios  probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta,  utilizando su apreciación razonada […].84. Como argumento  central que sustenta esta infracción normativa, el recurrente  señala que la sentencia de vista no realizó una apreciación  razonada de las pruebas presentadas por el banco, debido a  que la Sala Superior escoge únicamente una prueba (la  declaración jurada original del impuesto a la renta de mil  novecientos noventa y siete), para resolver la controversia  vinculada al presente reparo. Agrega que ello constituye una  flagrante violación a la apreciación razonada de la prueba,  puesto que se dejó de valorar la contabilidad mediante la cual  se determinó el impuesto a la renta y la declaración jurada  rectificatoria del banco, de cuya valoración se aprecia cómo  es que el banco procedió a escoger el plazo de amortización  del intangible a cinco años y no a diez años, como erradamente  ha señalado la Sala Superior.85. En este escenario, de  acuerdo a los argumentos de la recurrente, la sentencia de  vista vulneró el sistema de la sana crítica o apreciación  razonada de los medios probatorios prevista en el artículo 197  del Código Procesal Civil.86. Al respecto, esta Sala Suprema  se remite a los considerandos anteriores, en que este Tribunal  analizó los alcances del principio de sana crítica. Asimismo,  esta Sala Suprema debe señalar que la valoración de los  medios probatorios es ajena al fin nomofiláctico del recurso de  casación.87. Sin perjuicio de lo antes señalado, esta Sala  Suprema señala los hechos relevantes para el análisis de la  presente infracción de naturaleza procesal:a) Mediante  Anexos I y II de la Resolución de Determinación Nº 012-003- 0002613 (folios 161-166 del expediente administrativo), la  administración reparó la amortización de los gastos  preoperativos del recurrente en el ejercicio mil novecientos  noventa y siete por la suma de S/ 109 932,00 (ciento nueve  mil novecientos treinta y dos soles con cero céntimos), dado  que el banco demandante había adoptado inicialmente un  plazo de amortización de diez años.b) Del Libro Mayor  presentado por el recurrente, la administración concluyó que  el saldo de la cuenta 191202 “Inv. Intang. Gast. De Prom. Pre  Oper al 31.12.97” ascendía a S/ 8 719 668,50 (ocho millones  setecientos diecinueve mil seiscientos sesenta y ocho soles  con cincuenta céntimos), importe que no incluiría la suma de  S/ 5 614 006,00 (cinco millones seiscientos catorce mil seis  soles con cero céntimos), vinculados al desarrollo del negocio  de la banca de consumo.c) Luego de la valoración de la  documentación presentada por el recurrente, la administración  concluyó que los ajustes efectuados al incrementar la  amortización de intangibles vinculados a la banca de consumo  fueron efectuados de manera extracontable, ya que en los  libros principales de contabilidad del ejercicio mil novecientos  noventa y siete no se observaron tales gastos.d) Añadió que,  con la primera declaración jurada del impuesto a la renta del  ejercicio mil novecientos noventa y siete, con número 23343,  del treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho,  se declaró como amortización de gastos preoperativos la  suma de S/ 561 401,00 (quinientos sesenta y un mil  cuatrocientos un soles con cero céntimos, monto equivalente  al 10% de S/ 5 614 006,00).e) En tal sentido, la administración  tributaria concluyó que resultaba inaplicable el incremento de  la amortización de intangibles por S/ 109 932,00 (ciento nueve  mil novecientos treinta y dos soles con cero céntimos), dado  que el banco había adoptado inicialmente un plazo de  amortización de diez años para luego modificar tal plazo con  la sola presentación de la declaración jurada rectificatoria  del impuesto a la renta del ejercicio gravable mil  novecientos noventa y siete con número 00839550, del  veintiuno de enero de mil novecientos noventa y nueve.f)  En respuesta a lo solicitado por la administración tributaria, elrecurrente, mediante Requerimiento Nº 0093799 (folios 130  del expediente administrativo), con el propósito de sustentar  la suma declarada por S/ 6 598,241.00 (seis millones  quinientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta y un soles  con cero céntimos), de la Casilla 105 – Deducciones, para  determinar la renta imponible, de la declaración jurada  rectificatoria anual del impuesto a la renta de tercera  categoría del ejercicio mil novecientos noventa y siete,  con número 5005330, del dieciocho de enero del dos mil  dos, señaló que tal monto provenía de cuatro grandes rubros;  uno de ellos estaba referido a las “deducciones adicionales  por Amortización de Intangible”, ascendente a la suma de S/  109,932.00 (ciento nueve mil novecientos treinta y dos soles  con cero céntimos). Asimismo, precisó que, en el ejercicio mil  novecientos noventa y siete, incurrió en gastos preoperativos  y de expansión, vinculados al desarrollo del negocio de la  banca de consumo, los cuales optó por diferir en función de  determinados criterios contables relacionados con el devengo  de los mismos. Dichos gastos ascendían a S/ 5 614,006.00  (cinco millones seiscientos catorce mil seis soles con cero  céntimos), activados para ser amortizados en un plazo de  cinco (5) años en aplicación de la opción establecida en el  inciso g) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.g)  Precisó que en el ejercicio mil novecientos noventa y siete  correspondía tomar una amortización de S/ 1 122 801,00 (un  millón ciento veintidós mil ochocientos un soles con cero  céntimos), pero que por un error de cálculo solo se restó S/ 1  012 869,00 (un millón doce mil ochocientos sesenta y nueve  mil con cero céntimos). De esta manera, en la Declaración  Rectificatoria Nº 00839550, del veintiuno de enero de mil  novecientos  noventa  y  nueve,  el  banco  dedujo  adicionalmente el monto de amortización no considerado, el  que ascendía a S/ 109,932.00 (ciento nueve mil novecientos  treinta y dos soles con cero céntimos), conforme a lo ya  mencionado.88. En el caso, de conformidad con el artículo 37  del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta:A  fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá  de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y  mantener su fuente en tanto la deducción no esté  expresamente prohibida por esta ley.89. Asimismo, el inciso g  del citado artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del  Impuesto a la Renta señala lo siguiente:g) Los gastos de  organización, los gastos preoperativos iniciales, los gastos  preoperativos originados por la expansión de las actividades  de la empresa y los intereses devengados durante el período  preoperativo, a opción del contribuyente, podrán deducirse en  el primer ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el  plazo máximo de diez (10) años.90. Además, el inciso d del  artículo 21 del Reglamento del Texto Único Ordenado de la  Ley del Impuesto a la Renta señala lo siguiente:d) La  amortización a que se refiere el inciso g) del Artículo 37º de la  Ley, se efectuará a partir del ejercicio en que se inicie la  producción o explotación. Una vez fijado el plazo de  amortización sólo podrá ser variado previa autorización de la  SUNAT. El nuevo plazo se computará a partir del ejercicio  gravable siguiente a aquél en que fuera presentada la solicitud  por el contribuyente sin exceder en total el plazo máximo de  diez años.91. De la interpretación conjunta de las normas  precitadas, los gastos señalados en el inciso g del artículo 37  de la Ley del Impuesto a la Renta podrían ser amortizados en  un plazo máximo de diez (10) años. Asimismo, una vez fijado  y declarado dicho plazo, este puede ser modificado previa  autorización de la administración tributaria; de lo contrario,  dicha modificación no tendrá validez.92. Ahora bien, con  relación al referido reparo, la sentencia de vista señaló en su  considerando undécimo que:[…] el plazo de amortización se  encuentra directamente vinculado con la tasa de cálculo para  la amortización, y es que no resulta coherente que el plazo de  amortización no se modifique si se varía la tasa de  amortización conforme alega la demandante, ya que ambas  tienen estrecha implicancia y por tanto, se ven afectas cuando  una de ellas varía.93. Asimismo, en este mismo considerando  la Sala concluyó lo siguiente:De lo glosado en el párrafo  precedente, se infiere que la demandante ante este mismo  hecho, reconoció que existió una variación de la tasa de  cálculo para la amortización y por ende, se dejó señalado que  tal variación implicaba también la modificación del plazo,  opuesto a lo argumentado por el Banco en su presente  apelación.De esta manera, si bien la demandante estaba en  la disposición de modificar dicha tasa conforme a las normas  antes glosadas, también lo es, que previamente debió solicitar  y contar con la autorización de la SUNAT, extremo que no se  encuentra acreditado en el caso bajo análisis, debiendo  confirmarse la sentencia impugnada referida a este reparo.94.  De todo lo antes expuesto, esta Sala Suprema concluye que  el plazo de amortización fue modificado por el banco  recurrente mediante la presentación de una declaración  jurada rectificatoria sin contar previamente con la autorizaciónde la SUNAT. Es decir, el recurrente se limitó a presentar la  declaración jurada anual rectificatoria del impuesto a la renta  de tercera categoría correspondiente al ejercicio gravable mil  novecientos noventa y siete, Formulario 170, asignado al  Número de Orden 5005330, el dieciocho de enero de dos mil  dos, mediante la cual dedujo adicionalmente el importe de S/  109,932.00 (ciento nueve mil novecientos treinta y dos soles  con cero céntimos), correspondiente a la amortización de los  gastos intangibles que no fueron considerados. En ese  sentido, el recurrente no ha cumplido con lo establecido en el  inciso d del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto  a la Renta.95. Por las consideraciones antes señaladas, esta  Sala Suprema advierte que la sentencia de vista realizó una  apreciación razonada de las pruebas presentadas por el  banco, debido a que no solo se basó en la declaración jurada  original del impuesto a la renta de mil novecientos noventa y  siete, sino que para resolver la controversia vinculada al  presente reparo se verificó la contabilidad del recurrente, de  cuya valoración se determinó, en el décimo primer  considerando, que no cumplió con el requisito de autorización  de la administración tributaria:[…] Al respecto, es de señalar  que el Banco para amortizar sus gastos pre operativos,  determinó conforme se aprecia del Reporte “Gastos del  01/01/97 al 31/12/97 - Ticket 97APA” inserto a fojas 15, 15  vuelta y 16 del expediente administrativo, que el total de tales  gastos incurridos en el ejercicio 1997 ascendían a S/. 6  651 467,98, el que comprendía los “gastos del ejercicio  1997”21 por S/. 1037 461,54 y “cargas diferidas” por S/. 5  614 006,77; sin embargo, de acuerdo al asiento contable de  ajuste “1902 ACTIVO INTANGIBLE CONSUMER” inserto a  fojas  18  del  expediente  administrativo,  únicamente  contabilizó como gasto total, la suma de S/. 6 200 000,00,  presentándose una diferencia de S/. 451 468,31, la cual no  fue contabilizada como gastos pre operativo.96. Por tanto, la  causal resulta infundada.Cuarta infracción97. Inaplicación  del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú98.  La  disposición  normativa  establece  lo  siguiente:Constitución Política del Perú de 1993Artículo  139.- Principios de la Administración de JusticiaSon principios  y derechos de la función jurisdiccional:[…]5. La motivación  escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,  excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa  de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se  sustentan.99. Como argumento central que sustenta esta  infracción normativa, el recurrente señala que la sentencia de  vista resuelve la controversia relativa al presente reparo  sustentándose en una premisa falsa, como es que el banco  supuestamente habría deducido por concepto de amortización  de intangibles únicamente el importe de (quinientos sesenta y  un mil nuevos soles con cuatrocientos y un céntimos de sol),  el cual resultaría equivalente al 10% del gasto preoperativo en  que incurrió en el marco de la expansión del negocio de banca  de consumo durante el año mil novecientos noventa y  siete.100. Sobre la infracción denunciada, esta Sala Suprema  debe señalar que, sobre el deber de motivación, la Corte  Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Apitz  Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso  Administrativo”) vs. Venezuela, se ha pronunciado en el  siguiente sentido:77. La Corte ha señalado que la motivación  “es la exteriorización de la justificación razonada que permite  llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones  es una garantía vinculada con la correcta administración de  justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser  juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga  credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una  sociedad democrática. En el mismo sentido: Caso Tristán  Donoso  Vs.  Panamá.  Excepción  Preliminar,  Fondo,  Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009.  Serie C No. 193, párr.152.101. El Tribunal Constitucional, en  el fundamento 6 del Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC,  respecto a la debida motivación, ha señalado lo siguiente:[…]  Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº  1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar  que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones  importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las  razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una  determinada decisión. Esas razones […] deben provenir no  sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino  de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite  del proceso.102. No obstante, en un escenario de  concretización de este derecho fundamental, debemos  señalar que el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº  1480-2006-AA/TC señala que el análisis de si en una  determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho  a la debida motivación de las resoluciones judiciales, debe  realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la  resolución cuestionada. De esta manera, al Juez Supremo no  le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de laresolución, a efectos de constatar si esta es el resultado de un  juicio racional y objetivo donde el Juez Superior ha puesto en  evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de  un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la  interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o  inconsistencias en la valoración de los hechos.103. En el  caso, la sentencia de vista concluyó que:[…] la institución  financiera optó inicialmente, por la deducción por amortización  del intangible del 10%, lo que representa un plazo máximo de  diez (10) años, distinto a lo expresado por el Banco al  determinar que el plazo de amortización optado por medio de  la declaración original era de cinco (5) años, lo que  representaría una deducción por amortización del 20 %; para  luego, con la citada segunda declaración rectificatoria,  modificar la deducción al 11,96 % y, por tanto, también el  plazo de amortización.104. De lo antes expuesto, se advierte  que la Sala Superior realizó una interpretación distinta a la  expuesta por el recurrente. No obstante, dicha interpretación  se encuentra adecuadamente sustentada; por lo tanto, no se  advierte una falta de motivación. Sumado a ello, los  argumentos que sustentan la presente infracción normativa  procesal reiteran los argumentos que sustentan las  infracciones normativas sustanciales.105. En tal sentido, en la  sentencia de vista no es posible advertir una infracción al  deber de motivación, como denuncia el recurrente, por lo que  se debe declarar infundada la cuarta causal denunciada. Infracciones de carácter sustancialNovena infracción106.  Interpretación errónea del artículo 33 del Reglamento de la  Ley del Impuesto a la Renta; del literal g del artículo 37 de la  Ley del Impuesto a la Renta; y del literal d del artículo 21 del  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta107. Las  precitadas normas señalan lo siguiente:Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto a la RentaArtículo 37°- […]g) Los gastos de organización, los gastos preoperativos  iniciales, los gastos preoperativos originados por la expansión  de las actividades de la empresa y los intereses devengados  durante el período preoperativo, a opción del contribuyente,  podrán deducirse en el primer ejercicio o amortizarse  proporcionalmente en el plazo máximo de diez (10) años. Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del  Impuesto a la RentaArtículo 21°.- RENTA NETA DE  TERCERA CATEGORÍAd) La amortización a que se refiere el  inciso g) del Artículo 37º de la Ley, se efectuará a partir del  ejercicio en que se inicie la producción o explotación. Una vez  fijado el plazo de amortización sólo podrá ser variado previa  autorización de la SUNAT. El nuevo plazo se computará a  partir del ejercicio gravable siguiente a aquél en que fuera  presentada la solicitud por el contribuyente sin exceder en  total  el  plazo  máximo  de  diez  años.Artículo  33°.-  DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION DE LA RENTA  NETA  POR  LA APLICACION  DE  PRINCIPIOS  DE  CONTABILIDAD  GENERALMENTE  ACEPTADOSLa  contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad  generalmente aceptados, puede determinar, por la aplicación  de las normas contenidas en la Ley, diferencias temporales y  permanentes en la determinación de la renta neta. En  consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento condicione la  deducción al registro contable, la forma de contabilización de  Las operaciones no originará la pérdida de una deducción.  […]108. Como argumento central que sustenta esta infracción  normativa, el recurrente señala que la Sala Superior  desconoció la amortización contable para efectos de  determinar el monto total de amortización para el ejercicio de  mil novecientos noventa y siete. Agrega que la administración  tributaria debía aceptar la deducción de la amortización de  gastos preoperativos no contabilizada por el banco en el  ejercicio mil novecientos noventa y siete, por el monto de  ciento nueve mil nuevos soles con novecientos treinta y dos  céntimos de nuevo sol, al no haberse modificado el plazo de  amortización de los gastos preoperativos del ejercicio  gravable de mil novecientos noventa y siete. No obstante lo  anterior, tanto la autoridad tributaria como el Juzgado y la Sala  Superior  consideraron  que  mediante  la  declaración  rectificatoria presentada por el banco no se corrigió un error  de cálculo, sino que la presentación de la misma implicó una  modificación en el plazo de amortización de los gastos  preoperativos inicialmente establecido, situación que, de  acuerdo al literal c) del artículo 21 del Reglamento de la Ley  del Impuesto a la Renta, necesita de autorización expresa.109.  Con relación a la infracción normativa, esta Sala Suprema se  remite a los fundamentos señalados en los considerandos 68  a 75 de la presente sentencia.110. Asimismo, en el caso,  resulta pertinente partir de lo establecido por la Sala Superior  en la sentencia de vista:UNDÉCIMO. - Conforme se observa  del cuadro que antecede, a la Declaración Jurada Original  N° 23343, se adicionó la suma de S/. 620 000,00 por  “reversión amortización gastos pre operativos” (10% de S/. 6  200 000,00)22; de otro lado, se dedujo las sumas de S/. 1 037462,00 por “deducción gastos incurridos nuevas actividades”  y S/. 561 401,00 por “amortización cta. Intangibles Gastos Pre  Operativos 97”; esto es, se hizo la deducción del 100% (S/. 1  037 462,00) de los gastos pre operativos detallados en el  citado Reporte bajo “gastos del ejercicio 1997” y tasa el 10%  (S/. 561 401,00) de lo detallado, también en dicho Reporte  como “Cargas Diferidas”.Asimismo, se aprecia que con  motivo de la Segunda Declaración Jurada Rectificatoria N°  839550, es cuando la empresa añade la suma de S/. 109  932,00 bajo el concepto de “deducción por amortización de  intangible”, conforme también se aprecia de la última  declaración jurada presentada N° 50005330.Por tanto, se  concluye que la institución financiera optó inicialmente, por la  deducción por amortización del intangible del 10%, lo que  representa un plazo máximo de diez (10) años, distinto a lo  expresado por el Banco al determinar que el plazo de  amortización optado por medio de la declaración original era  de cinco (5) años, lo que representaría una deducción por  amortización del 20 %; para luego, con la citada segunda  declaración rectificatoria, modificar la deducción al 11,96 % y,  por tanto, también el plazo de amortización.Aunado a lo  precisado, es de citar lo resuelto por la presente Sexta Sala  Especializada  en  lo  Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros, en la  Resolución Número Diecinueve conteniendo la sentencia  de vista de fecha 25 de enero de 2018, recaída en el  Expediente N° 17640-2016, en el cual, CITIBANK DEL PERU  S.A. reconoció que por el ejercicio gravable de 1997 presentó  una declaración rectificatoria y que ésta “no suponía la  rectificatoria de los importes inicialmente declarados por el  contribuyente, sino un cambio en la tasa de amortización  aplicable para los ejercicios siguientes”. Ante ello, este  colegiado manifestó que “es de precisar que el plazo de  amortización se encuentra directamente vinculado con la  tasa de cálculo para la amortización, y es que no resulta  coherente que el plazo de amortización no se modifique  si se varía la tasa de amortización conforme alega la  demandante, ya que ambas tienen estrecha implicancia y  por tanto, se ven afectas cuando una de ellas varía”.De lo  glosado en el párrafo precedente, se infiere que la demandante  ante este mismo hecho, reconoció que existió una variación  de la tasa de cálculo para la amortización y por ende, se dejó  señalado que tal variación implicaba también la modificación  del plazo, opuesto a lo argumentado por el Banco en su  presente apelación.De esta manera, si bien la demandante  estaba en la disposición de modificar dicha tasa conforme a  las normas antes glosadas, también lo es, que previamente  debió solicitar y contar con la autorización de la SUNAT,  extremo que no se encuentra acreditado en el caso bajo  análisis, debiendo confirmarse la sentencia impugnada  referida a este reparo. […]111. De esta manera, tal y como lo  señala el órgano de segundo grado, en el presente caso el  plazo de amortización fue modificado por el banco recurrente  mediante la presentación de una declaración jurada  rectificatoria, sin contar previamente con la autorización de la  administración tributaria, tal como lo ha previsto el inciso d del  artículo 21 del Reglamento la Ley del Impuesto a la Renta.112.  De otro lado, si bien el requisito de solicitar autorización previa  de la SUNAT para variar el plazo de amortización no se  encuentra previsto en la ley, aquello no debería entenderse  como una desnaturalización de esta última. Ello, en tanto la  norma reglamentaria regula de forma razonable aspectos  procedimentales necesarios para una ordenada y controlada  amortización de los activos intangibles, considerando el  impacto de una variación de esa naturaleza.113. No se debe  soslayar también, para estos efectos, la trascendencia del  control tributario de la SUNAT, respecto del cumplimiento del  plazo de amortización respectivo.114. Por las consideraciones  expuestas, la novena infracción resulta infundada.Décima  infracción115. Vulneración de los principios de verdad material  e impulso de oficio116. Como argumento central que sustenta  esta infracción normativa, el recurrente señala que tanto el  principio de verdad material como el principio de impulso de  oficio se encuentran estrechamente relacionados y coadyuvan  a explorar soluciones y mecanismos de actuación compatibles  con el interés general, a fin de que la administración instruya  y resuelva cada procedimiento administrativo con celeridad,  certeza y veracidad. Agrega que, en virtud de los principios  reseñados, la administración se encuentra obligada a cumplir  e impulsar su actuación hacia la verdad objetiva y material de  los hechos relacionados al interés, obligación o derechos del  administrado en el caso concreto. Es decir, la administración  deberá asumir un rol activo en la conducción (inicio, desarrollo  y conclusión) del procedimiento administrativo sometido a su  competencia, situación que no ocurrió en el presente caso,  toda vez que la Sala Superior en ningún momento mostró  interés por conocer el verdadero monto de amortización del  año mil novecientos noventa y siete, al cual tenía derecho elbanco.117. Sobre el principio de verdad material e impulso de  oficio, resulta necesario señalar primero que es un principio.  Es así que traemos a colación lo establecido por Robert  Alexy23, cuando señala que:[…] los principios son normas que  ordenan que algo se realice en la mayor medida posible, de  acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas. De acuerdo  con esta definición, los principios son mandatos de  optimización que se caracterizan tanto por el hecho de que  pueden ser satisfecho en diferente grado, como por el hecho  de que la medida ordenada de su satisfacción no solo  depende de las posibilidades fácticas, sino también de las  posibilidades jurídicas.118. En esta perspectiva, el principio  de verdad material establecida en el título preliminar de la Ley  del Procedimiento Administrativo General, incide en que la  autoridad administrativa o el funcionario competente debe  verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus  decisiones, para lo cual debe adoptar todas las medidas  probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no  hayan sido propuestas por los administrados o hayan  acordado eximirse de ellas.119. Dentro de la idea de  optimización, entiende este colegiado que la búsqueda de la  verdad  material  como  principio  del  procedimiento  administrativo es una obligación que debe ser asumido por la  administración pública. De esta manera, la idea de una  resolución administrativa justa no puede prescindir de la  búsqueda de la verdad material en el procedimiento  administrativo.120. No obstante, tal situación no significa que  la administración pública deba asumir el rol que le corresponde  al administrado, que, teniendo todas las posibilidades de  aportar ciertos medios probatorios imprescindibles para llegar  a la verdad material y obtener una resolución justa, no lo hace  por su propia desidia o negligencia.121. En el caso, esta Sala  Suprema debe establecer que el órgano administrativo no  puede asumir el rol del administrado y que, en el caso, el  administrado estaba en mejor posición para acreditar la  amortización que fue observada por la administración y  respecto de la cual esta última no tenía mayores medios para  llegar a la verdad material.122. Por las consideraciones antes  señaladas, resulta infundada la presente causal.Décima  primera infracción123. Vulneración del principio de capacidad  contributiva124. Como argumento central que sustenta esta  infracción normativa, el recurrente señala que la Sala Superior  no ha tenido en cuenta que, al desconocer el verdadero  monto de amortización del ejercicio del año mil novecientos  noventa y siete, al cual tenía derecho el banco, en la práctica  lo obliga a deducir un importe menor al momento de  determinar el referido tributo. Precisa que el principio de  capacidad contributiva es la aptitud económica personal para  soportar las cargas públicas en mayor o menor grado, razón  por la cual se deben tener en cuenta las condiciones  particulares de cada uno de los individuos. Así, lo que se  busca con este principio es que los ciudadanos de un Estado  contribuyan a su sostenimiento en proporción a los ingresos y  rentas que respectivamente disfrutan, razón por la cual  desconocer una deducción relativa a la determinación del  impuesto a la renta —que por ende obliga a un contribuyente  a pagar un mayor impuesto—, no hace más que demostrar  una evidente vulneración al principio de capacidad  contributiva.125. Con relación esta infracción normativa de  carácter sustancial, esta Sala Suprema debe señalar que,  sobre el punto, el Tribunal Constitucional señala:[…] en la  RTC Exp. No 04014-2005-PA se ha referido a la capacidad  contributiva como “la aptitud de una persona para ser sujeto  pasivo de obligaciones tributarias, sustentado en base a  determinados hechos reveladores de riqueza. [E]l principio de  igualdad tributaria [...] va de la mano con la capacidad  contributiva, determinando, por un lado, que a igual  manifestación de riqueza se generalice la obligación de pago;  y, por el otro, que dicha obligación sea proporcional a la  capacidad contributiva del obligado” (f. j. 7).126. Entiende  esta Sala Suprema que el desconocimiento de una deducción  es ajeno al principio de capacidad contributiva, en la medida  que no pone en cuestión el principio de igualdad tributaria y el  de capacidad contributiva, en la medida que no se discute la  proporcionalidad con la que debe contribuir el recurrente, sino  un hecho probatorio.127. En tanto no se ha acreditado la  vulneración del principio de capacidad contributiva, debemos  declarar infundada esta causalMulta impuesta por la infracción  tipificada en el numeral 2 del artículo 178 del Texto Único  Ordenado  del  Código  TributarioDécima  segunda  infracción128. Interpretación errónea del artículo 165 del  Código Tributario129. La disposición normativa establece lo  siguiente:Código TributarioArtículo 165.- DETERMINACIÓN  DE LA INFRACCIÓN, TIPOS DE SANCIONES Y AGENTES  FISCALIZADORESLa infracción será determinada en forma  objetiva y sancionada administrativamente con penas  pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de  vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina deprofesionales independientes y suspensión de licencias,  permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas  por entidades del Estado para el desempeño de actividades o  servicios públicos. […]130. Como argumento central que  sustenta esta infracción normativa, el recurrente señala que  alegar que el citado artículo se puede interpretar en el sentido  de que no es necesario que toda conducta descrita en el  Código Tributario como infracción sea catalogada al amparo  de un régimen de responsabilidad objetiva, significaría afirmar  que cualquier tipo de infracción tributaria debería ser  sancionada de forma automática, con lo que se ejercería un  análisis mecánico literal del artículo 165 del mencionado  código, sin atender a las circunstancias especiales de cada  caso concreto ni evaluar la intencionalidad del administrado.  Así ha ocurrido en el presente caso, interpretándose  erróneamente el régimen de responsabilidad en el ámbito  tributario sancionador, y queriendo señalar que el mismo debe  operar de forma objetiva, cuando no es así.131. Con relación  a la infracción tributaria, el artículo 164 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, señala que es “[…] toda  acción u omisión que importe violación de normas tributarias,  siempre que se encuentre tipificada como tal en el presente  título o en otras leyes o decretos legislativos”.132.  Considerando la definición precitada, se entiende por  infracción toda conducta que signifique vulneración de las  disposiciones de orden tributario que establecen obligaciones.  Se entiende también que las conductas que configuran  infracciones deben estar claramente descritas en el  ordenamiento.133. Con relación a la infracción tributaria, esta  se produce cuando hay un incumplimiento de normas de  naturaleza tributaria que disponen deberes u obligaciones de  carácter formal o sustancial. Para ello, se entiende que la  conducta entendida como infractora ha sido tipificada  previamente como tal.134. Por su lado, el artículo 165 del  Texto Único Ordenado del Código Tributario precisa que: “La  infracción será determinada de manera objetiva y sancionada  administrativamente […]”. Ello significa que basta que  materialmente se verifique el incumplimiento de la obligación  tributaria. En otras palabras, basta que el supuesto descrito  en la disposición como infracción se verifique en la realidad, y  no es necesario que se analice el aspecto subjetivo del  infractor, es decir, no importan las razones o las finalidades  que el agente, eventualmente, perseguía.135. En efecto, para  que exista infracción no será necesario establecer que el  deudor tributario ha actuado con dolo o con culpa, pues basta  con probar la comisión del hecho previsto en la ley como  infracción para que esta quede configurada y proceda la  sanción administrativa correspondiente.136. En ese mismo  sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en el  fundamento 3 de la sentencia recaída en el Expediente Nº  3101-2003-AA/TC:Por su parte, el Código Tributario, norma  que contiene los principios y normas que rigen el ordenamiento  jurídico tributario, incorpora, en su artículo 165°, el principio  de determinación objetiva de la infracción tributaria, lo  que determina que, de verificarse alguna infracción  tipificada en la norma, automáticamente le corresponde  la sanción también establecida en la norma, sin que  medie alguna otra argumentación que no sea la  constatación del supuesto de hecho. [Énfasis nuestro]137.  Conforme a todo lo antes expuesto, no resulta necesario que  exista voluntad o intencionalidad (dolo o culpa) por parte del  sujeto para cometer una infracción, ni tampoco es necesario  que exista conocimiento de que la conducta que desarrolla  constituye una infracción tributaria a ser sancionada, pues  la comisión de esta se determina de manera objetiva y no se  requiere medir la intencionalidad de la conducta infractora. En  ese sentido, para determinar si se ha cometido una infracción  tributaria, bastará que la administración tributaria verifique si  la conducta realizada por el deudor tributario se subsume  dentro de la descripción normativa de una conducta tipificada  como infracción.138. En el caso, con relación a la multa por la  comisión de la infracción tipificada en el numeral 2 del artículo  178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, la  sentencia de vista, como se aprecia en su décimo segundo  considerando, resolvió conforme al criterio establecido por  esta Sala Suprema:De esta manera, en el caso resuelto bajo  la Casación citada, se determinó que la conducta del  accionante no tuvo por finalidad obtener indebidamente notas  de crédito, ni aumento indebido de saldos o créditos a favor,  toda vez que el monto declarado por esta “no determinó un  monto mayor ni menor, sino exactamente igual por la SUNAT,  esto es, la “suma no ha sido exagerada o aumentada por la  accionante, sino que ha sido declarada con total exactitud en  el monto que correspondía”; hecho que lo hace diferente del  presente caso. Y es que bajo el presente contexto, conforme  se observa del Anexo de la Resolución de Multa N° 012-002- 0002642 inserta a fojas 159 del expediente administrativo, se  determinó una diferencia en la determinación del saldo a favordel Impuesto a la Renta ascendente a S/. 40 854,00 producto  de los reparos antes desarrollados y confirmados en esta  resolución, por lo que no procede la aplicación de la  mencionada casación.139. Por lo antes expuesto, se concluye  que la infracción prevista en el inciso 2 del artículo 178 del  Código Tributario está condicionada a la declaración de cifras  o datos falsos. En este orden de ideas, en el presente caso, la  comisión de la infracción se determinó de manera objetiva  cuando el recurrente no consignó los valores reales en su  declaración anual del impuesto a la renta de tercera categoría  para el ejercicio año mil novecientos noventa y siete.140. Por  las consideraciones antes expuestas, la décimo segunda  infracción  normativa  resulta  infundada.Décimo  tercera  infracción141. Vulneración del principio de culpabilidad142.  Como argumento central que sustenta esta infracción  normativa, el recurrente señala que se vulneró el principio de  culpabilidad, toda vez que la sentencia de vista señaló que,  en el presente caso, no se debe evaluar la intencionalidad del  banco a efectos de imponerle la resolución de multa, con lo  que se desconoce que dicho principio constitucional es  aplicable  a  todos  los  procedimientos  administrativos  sancionadores.143. En el caso, debemos señalar que el  Código Tributario establece que las infracciones de carácter  tributario son determinadas de manera objetiva. Es decir, de  manera excepcional en el ámbito administrativo, este código  prescribe que las infracciones tributarias prescinden de la  idea de la culpabilidad:Artículo 165°. - DETERMINACIÓN  DE LA INFRACCIÓN, TIPOS DE SANCIONES Y AGENTES  FISCALIZADORESLa infracción será determinada en forma  objetiva y sancionada administrativamente con penas  pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de  vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de  profesionales independientes y suspensión de licencias,  permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas  por entidades del Estado para el desempeño de actividades o  servicios públicos.En el control del cumplimiento de  obligaciones tributarias administradas por la Superintendencia  Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, se presume la  veracidad de los actos comprobados por los agentes  fiscalizadores, de acuerdo a lo que se establezca mediante  Decreto  Supremo.144.  Recientemente  el  Tribunal  Constitucional, en la sentencia del pleno 201/2022 en el  Expediente Nº 00002-2021-PI/TC, ha señalado el carácter  excepcional de la responsabilidad administrativa objetiva:57.  Por tanto, este Tribunal Constitucional considera que la  imposición de una sanción administrativa en el marco de un  régimen de responsabilidad administrativa objetiva no  constituye, per se, un ejercicio irrazonable de la potestad  sancionatoria que ejerce la administración pública.145. De  esta manera, considerando que la responsabilidad objetiva  prescinde de la culpa, debemos asumir que, en el escenario  tributario, en consideración al desarrollo legal por parte del  legislador, es admitida la posibilidad de aplicar la sanción sin  considerar la esfera volitiva o la voluntad del obligado  tributario.146. Por estas consideraciones, al no haberse  acreditado la vulneración del principio de culpabilidad,  debemos declarar infundada la causal denunciadaDécimo  cuarta infracción147. Interpretación errónea del numeral 2 del  artículo 178 del Código Tributario148. La disposición  normativa señala lo siguiente:Código TributarioArtículo  178.-  INFRACCIONES  RELACIONADAS  CON  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIASConstituyen infracciones relacionadas con el  cumplimiento de las obligaciones tributarias:[…]2. Declarar  cifras o datos falsos u omitir circunstancias con el fin de  obtener indebidamente Notas de Crédito Negociables u otros  valores similares o que impliquen un aumento indebido de  saldos o créditos a favor del deudor tributario.149. Como  argumento central que sustenta esta infracción normativa, el  recurrente señala que la sentencia de vista realizó una  interpretación errónea del numeral 2 del artículo 178 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario, toda vez que la  sentencia de vista consideró que el banco se encontraba  incurso en dicha infracción y no tuvo en cuenta que la  conducta del banco no refleja una declaración de cifras y/o  datos falsos, menos aún un supuesto en que se haya tenido  la intención de aumentar el saldo a favor del impuesto a la  renta de mil novecientos noventa y siete, sino tan solo una  divergencia con lo que la autoridad tributaria considera que  debe ser la determinación del impuesto a la renta del citado  ejercicio, situación que por lo demás vulnera también el  principio de tipicidad.150. Al respecto, esta Sala Suprema  reitera que la infracción prevista en el inciso 2 del artículo 178  del Código Tributario está condicionada a la declaración de  cifras o datos falsos. En este orden de ideas, en el presente  caso, la comisión de la infracción se determinó de manera  objetiva cuando el recurrente no consignó los valores reales  en su declaración anual del impuesto a la renta de terceracategoría para el ejercicio año mil novecientos noventa y  siete. Por tanto, la sanción fue emitida en estricta observancia  del ordenamiento legal vigente y de los principios de legalidad,  razonabilidad y tipicidad consagrados en el artículo 230 de la  Ley Nº 27444.151. Por tanto, esta infracción normativa de  carácter sustancial denunciada resulta infundada.Recurso de  casación interpuesto por la SUNATPrimera infracción  normativa152. Vulneración del numeral 5 del artículo 139 de  la Constitución Política del Perú, por no dar respuesta a parte  de su alegato del recurso de apelación y por la aplicación  indebida —y la motivación inadecuada— de la sentencia del  Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 04082- 2012-PA/TC, así como la contravención de la jurisprudencia  del Tribunal Constitucional que confirmó la constitucionalidad  de la norma legal que la Sala Superior inaplicó (Sentencias  del Tribunal Constitucional Nº 03184-2012-PA/TC y Nº 03373- 2012-PA/TC, entre otras)153. La referida norma señala lo  siguiente:Constitución Política del Perú de 1993Artículo  139.- Principios de la Administración de JusticiaSon principios  y derechos de la función jurisdiccional:[…]5. La motivación  escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,  excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa  de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se  sustentan.154. Como argumento central que sustenta esta  infracción normativa, la recurrente señala que la Sala Superior  incurre en error de motivación al no haber dado respuesta a  uno de los agravios expuestos en su recurso de apelación,  esto es, la aplicación de las normas en el tiempo, lo que  generó que la administración sí hubiera resuelto dentro del  plazo establecido por ley. Agrega que la Sala Superior  considera que existe una norma que regula la aplicación de  intereses, pero en virtud del criterio fijado por el Tribunal  Constitucional en la sentencia del diez de mayo de dos mil  dieciséis, emitida en el Expediente Nº 04082-2012-PA/TC,  correspondía, a su juicio, la suspensión de intereses  moratorios. Afirma la recurrente que este criterio es errado y  que la Sala Superior, sin análisis alguno, dispuso la aplicación  indebida de aquella sentencia que, además, fue aplicada sin  ofrecer una motivación adecuada.155. En el caso, tal como se  ha señalado en los considerandos precedentes, estimamos  que la sentencia de vista se encuentra adecuadamente  sustentada; por lo tanto, no se advierte una falta de motivación.  Sumado a ello, los argumentos que sustentan la presente  infracción normativa procesal reiteran los argumentos que  sustentan las infracciones normativas sustanciales.156. En tal  sentido, en la sentencia de vista no es posible advertir la  existencia de una falta de motivación, como denuncia la  recurrente, por lo que se debe declarar infundada la causal  denunciada.Segunda infracción normativa157. Vulneración  de los artículos 103 y 109 de la Constitución Política del Perú,  debidamente concordados con la norma X del Título Preliminar  del Código Tributario, al no considerar que las normas se  aplican desde su vigencia158. Las referidas normas señalan  lo siguiente:Constitución Política del Perú de 1993Artículo  103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso  del derechoPueden expedirse leyes especiales porque así lo  exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la  diferencia de personas.Ninguna ley tiene fuerza ni efecto  retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto  por sentencia que declara su inconstitucionalidad.Artículo  109.- Vigencia y obligatoriedad de la LeyLa ley es obligatoria  desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial,  salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su  vigencia en todo o en parte.159. Como argumento central que  sustenta esta infracción normativa, la recurrente señala que el  Juez Superior, al emitir la sentencia de vista, no ha  considerado que la administración tributaria sí resolvió dentro  de los plazos establecidos por el legislador a través de las  modificatorias del artículo 33 del Código Tributario, dispuestas  tanto por el Decreto Legislativo Nº 981 como por la Ley Nº  30230, que establecieron un plazo para la suspensión de  intereses para los procesos que se encontraban en trámite a  la fecha en que entraron en vigencia las citadas normas. Esto  habría generado que se vulneren los artículos 103 y 109 de la  Constitución Política, así como la norma X del Título Preliminar  del Código Tributario, que recogen la teoría de los hechos  cumplidos para efectos de la aplicación de la norma.160. Esta  Sala Suprema debe señalar que el órgano jurisdiccional está  en la obligación de cumplir con el plazo razonable. Esta  obligación deriva, no solamente de las disposiciones legales  vigentes a partir del día siguiente de su publicación, sino de  las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos  Humanos —que constituyen decisiones vinculantes para los  jueces de la República—, tales como el caso Genie Lacayo  vs. Nicaragua, emitida en el año mil novecientos noventa y  siete24.161. Por lo tanto, la infracción normativa debe ser  declarada infundada.Tercera infracción normativa162.Interpretación errónea del artículo 33 del Código Tributario y  sus modificaciones163. La referida norma señala lo  siguiente:Código  TributarioArtículo  33.-  INTERÉS  MORATORIOEl monto del tributo no pagado dentro de los  plazos indicados en el Artículo 29 devengará un interés  equivalente a la Tasa de Interés Moratorio (TIM), la cual no  podrá exceder del veinte por ciento (20%) por encima de la  tasa activa del mercado promedio mensual en moneda  nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca  y Seguros el último día hábil del mes anterior.164. Como  argumentos que sustentan la infracción normativa, la  recurrente refiere lo siguiente:a) Señala que el Juez Superior  no ha tenido en consideración lo estrictamente establecido en  el artículo 33 del Código Tributario y sus modificaciones  introducidas por el Decreto Legislativo Nº 981 y la Ley Nº  30230, lo que ha generado que se efectúe una aplicación  errada o incorrecta de la norma, pues, si se hubiese realizado  un análisis correcto de la norma, el Juez Superior no hubiera  llegado a la conclusión a la que arribó. Agrega que la  interpretación correcta de la norma implicaba que se realice  su análisis. Aquella es clara al establecer la oportunidad y la  forma en la que la administración debía aplicar los intereses  moratorios y en qué supuestos se debía suspender su  aplicación.b) Refiere que, en este caso, se tiene que el  contribuyente no cumplió con pagar el monto correspondiente  del impuesto a la renta del ejercicio del año mil novecientos  noventa y siete, al cual se encontraba obligado, lo que generó  la aplicación de intereses moratorios por parte del tributo no  pagado y por la multa impuesta, conforme lo regulaba el  artículo 33 del Código Tributario vigente en el año mil  novecientos noventa y siete. Sin embargo, según afirma, el  contribuyente reclamó las resoluciones emitidas por la  administración el tres de febrero de dos mil cuatro, reclamo  que fue resuelto el treinta y uno de agosto de dos mil siete. En  dicha medida, cuando el proceso de reclamación se  encontraba en trámite, se modificó, en el año dos mil siete, el  artículo 33 del Código Tributario mediante Decreto Legislativo  Nº 981, el cual estableció que se suspendiera la aplicación de  intereses durante el plazo en exceso que la administración  demore en resolver dicho recurso, otorgándole a esta un  plazo para resolver los procesos en trámite de nueve meses  contados desde la entrada en vigencia de la norma. Caso  contrario, se aplicaría lo dispuesto en la modificación  dispuesta por el Decreto Legislativo Nº 981.c) Agrega que,  como producto de la modificación, la administración tributaria  tenía para resolver los procesos en trámite hasta el primero  de enero de dos mil ocho. Precisa que, en el presente caso, la  administración resolvió la reclamación del contribuyente el  treinta y uno de agosto de dos mil siete, dentro del plazo  otorgado por la norma. Por tal razón, no correspondía que se  aplique la suspensión de la aplicación de intereses moratorios,  en la medida que no era de aplicación lo dispuesto en la  modificación dispuesta por el Decreto Legislativo Nº 981.d)  Refiere que el demandante presentó recurso de apelación  ante el Tribunal Fiscal el doce de octubre de dos mil siete, el  mismo que fue resuelto el veintinueve de septiembre de dos  mil catorce; siendo que durante el plazo que estuvo en trámite  el recurso de apelación, entró en vigencia, en el año dos mil  catorce, la modificación del artículo 33 dispuesto por la Ley Nº  30230. Esta modificación establecía la suspensión de los  intereses durante el plazo en exceso que el Tribunal se tome  para resolver dispuesto en los artículos 142, 150 y 152 del  Código Tributario. Precisa que la citada norma también  estableció que el Tribunal tenía el plazo de doce meses para  resolver los procesos en trámite, contados desde la entrada  en vigencia de la norma (doce de julio de dos mil catorce);  caso contrario, se aplicaría la suspensión dispuesta por la Ley  Nº 30230.e) En esa medida, según refiere, el Tribunal Fiscal  tenía para resolver el proceso en trámite hasta el doce de julio  de dos mil quince y, en este caso, dicho Tribunal resolvió el  veintinueve de setiembre de dos mil catorce dentro del plazo  otorgado por el legislador, por lo que, no correspondía la  suspensión de los intereses, contrariamente a lo señalado por  el Juez Superior.165. Al respecto, el artículo 142 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario vigente a la fecha en  que se presentó el recurso de reclamación por el demandante,  señalaba como plazo máximo para resolver dicho recurso  seis meses contados a partir de la fecha de presentación del  recurso de reclamación.166. Del mismo modo, el artículo 150  del mencionado Código Tributario disponía que el plazo para  resolver la apelación era de seis meses contados a partir de  la fecha de ingreso de los actuados al Tribunal Fiscal. Dicho  plazo fue ampliado, según lo previsto por el artículo 37 del  Decreto Legislativo Nº 981, publicado el quince de marzo de  dos mil siete, a doce meses contados a partir de la fecha de  ingreso de los actuados al Tribunal Fiscal.167. Ahora bien, en  el presente caso, la administración tributaria emitió la  Resolución de Determinación Nº 012-003-0002613 (en la cualse redujo el saldo a favor del demandante de S/. 6’435,752 a  S/. 6’394,898) y la Resolución de Multa Nº 012-002-0002642,  por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 2  del artículo 178 del Código Tributario.168. Asimismo, el tres  de febrero de dos mil cuatro, el demandante interpuso recurso  de reclamación contra la Resolución de Determinación Nº  012-003-0002613 y la Resolución de Multa Nº 012- 002- 0002642. La administración tributaria resolvió, declarándolo  infundado, el recurso de reclamación mediante la Resolución  de Intendencia Nº 0150140006647 el treinta y uno de agosto  de dos mil siete. Como se advierte, la administración tributaria  superó largamente el plazo para resolver el recurso de  reclamación  (se  tomó  para  resolver  cuatro  años,  aproximadamente).169. Con relación al recurso de apelación  presentado contra la Resolución de Intendencia Nº  0150140006647, este fue presentado el doce de octubre de  dos mil siete. No obstante, fue resuelto mediante Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 11808-7-2014 el veintinueve de  setiembre de dos mil catorce. Como puede verificase, el  Tribunal Fiscal excedió largamente el plazo de doce meses  otorgado por el artículo 150 del Código Tributario (se tomó,  aproximadamente, siete años para resolver).170. Con  relación a la aplicación de los intereses moratorios por el  exceso del plazo para resolver los recursos impugnativos  (reclamación y apelación), el Tribunal Constitucional en los  fundamentos jurídicos 68 a 71 de la sentencia del Expediente  Nº 4082-2012-PA/TC, del diez de mayo del dos mil dieciséis  (caso Medina de Baca), sostuvo que no puede presumirse la  mala fe del contribuyente ni reprimirse con una sanción el  ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales, máxime  cuando el trámite del procedimiento se extendió por un largo  periodo de tiempo por razones ajenas a él.171. Por ello, el  cómputo de intereses moratorios durante el trámite del  procedimiento contencioso tributario lesiona el derecho a  recurrir en sede administrativa, así como el principio de  razonabilidad de las sanciones, por lo que debe suspenderse  el cómputo de los intereses moratorios por el tiempo en  exceso para resolver frente al plazo de ley.172. Asimismo, el  Tribunal Constitucional, en la Sentencia del Expediente Nº  4532-2013-PA/TC, del dieciséis de agosto del dos mil  dieciocho (caso Icatom), señaló25:[…] Ordenar que la entidad  emplazada  y  demás  entidades  competentes  en  el  conocimiento de casos similares, tomen en cuenta, en lo  sucesivo, los criterios establecidos en los fundamentos 51 a  53 de la presente sentencia”, que indican lo siguiente:  “Finalmente, advertida la existencia de controversias similares  a la dilucidada en el Expediente 04082-2012-PA/TC, este  Tribunal considera necesario, en aplicación del principio de  previsión de consecuencias, precisar los alcances de la  aplicación de esta decisión a casos sustancialmente iguales.  Con el criterio allí establecido no se ha pretendido revivir  procedimientos fenecidos ni mucho menos premiar a los  contribuyentes que mantienen obligaciones antiguas con la  Sunat. Ello en mérito a dos razones fundamentales: i) al  tratarse de un proceso de control concreto, los efectos de lo  resuelto sólo vinculan a las partes del mismo, y ii) el  razonamiento allí desarrollado no puede ser aplicado  retroactivamente, sino sólo a partir de la publicación de la  aludida sentencia” (fundamento 51); “En ese sentido, dicho  criterio no resulta aplicable a aquellos procedimientos  contencioso-tributarios que se encuentren concluidos, esto es  aquellos en los que los mecanismos de cobro de la deuda  tributaria se hayan agotado en sede administrativa sin que  haya existido de por medio recurso administrativo alguno que  fuera ejercido por el contribuyente en contra de estos actos de  cobranza, o que habiendo existido algún recurso, este haya  sido denegado sin que posteriormente el contribuyente haya  judicializado  su  cuestionamiento.  Asimismo,  tampoco  aplicable a aquellos procesos judiciales (contencioso  administrativos o procesos constitucionales) que, con  anterioridad a la publicación de dicha sentencia, cuenten con  resolución judicial firme respecto al cálculo de intereses  moratorios” (Fundamento 52); “Sí corresponderá, en cambio,  la aplicación de estos criterios en aquellos casos en los que,  luego de publicada la sentencia, ya sea que se trate de  procedimientos contencioso tributarios o procesos judiciales,  aún se encuentren en trámite o pendientes de resolución  firme, incluyendo para tal efecto la fase de ejecución del  procedimiento o proceso en la que se suele proceder a la  liquidación de los intereses moratorios.173. De lo antes  expuesto, esta Sala Suprema concluye que las sentencias  emitidas por el Tribunal Constitucional Nº 4082-2012-PA/TC y  Nº 4532-2013-PA/TC son aplicables al presente caso en tanto  constituyen doctrina jurisprudencial vinculante aplicable a  casos de materia controvertida similar, como el presente, que  trata de la suspensión de los intereses moratorios por el  exceso del plazo para resolver los recursos impugnativos por  la  administración  tributaria  y  Tribunal  Fiscal,  cuyodesconocimiento implica una transgresión del derecho a  recurrir de los contribuyentes así como del principio de  razonabilidad26.174. Asimismo, el Tribunal Constitucional en  los fundamentos 30 a 50 de la sentencia del Expediente Nº  4532-2013-PA/TC analizó la figura jurídica del plazo razonable  y señaló que la dilación al emitir la resolución no supone  automáticamente su vulneración, y que deben evaluarse otros  criterios para calificar la misma, tales como la complejidad del  asunto, la actividad o conducta del interesado, la conducta de  las autoridades administrativas y las consecuencias que la  demora produce en la situación jurídica del interesado.175.  En el caso, esta Sala Suprema concluye que la administración  tributaria y el Tribunal Fiscal no han acreditado alguna causa  que justifique el prolongado exceso del tiempo para resolver  los recursos de reclamación y apelación. En tal sentido, hubo  una dilación que afecta al demandante, debido a que se ha  producido un incremento de intereses moratorios por el  exceso del plazo para resolver los recursos de reclamación y  apelación, lo cual afecta el principio de razonabilidad.176. En  tal sentido y de conformidad con lo señalado por el Tribunal  Constitucional en la sentencia referida al Expediente Nº  04082-2012-PA/TC, los intereses moratorios devengados  respecto de los períodos que excedieron los plazos previstos  por los artículos 142 y 150 del Texto Único Ordenado del  Código Tributario deben ser inaplicables al recurrente.177.  Con relación a los intereses moratorios, la sentencia de vista  arribó, en su décimo tercer considerando, a la misma  conclusión que esta Sala Suprema:Ahora bien, en el caso de  autos, la recurrente interpuso recurso de reclamación contra  la Resolución de Determinación Nº 0120030002613 y la  Resolución de Multa Nº 0120020002642 el día 03 de febrero  de 2004 la misma que fue resuelta por la Administración  Tributaria recién el 31 de agosto de 2007 mediante la  Resolución de Intendencia Nº 0150140006647, e ingresado  posteriormente, ante el Tribunal Fiscal, los actuados de  apelación contra la citada resolución el 29 de noviembre de  200727, el cual finalmente emitió pronunciamiento el día 29 de  setiembre de 2014 a través de la Resolución Nº 11808-7- 2014. Siendo de advertir del contenido del expediente  administrativo, que durante el período en que el procedimiento  se encontró en etapa impugnatoria, no se observa mayor  actividad procesal desplegada por la parte accionante; por  tanto, teniendo en cuenta los hechos expuestos, así como las  normas y el criterio establecido por el Tribunal Constitucional  vinculados a la demora en resolver por la Administración  Tributaria así como por el Tribunal Fiscal de los respectivos  recursos impugnatorios interpuestos durante el procedimiento  contencioso tributario, resulta amparable lo dispuesto en la  apelada, dado que éstos emitieron pronunciamiento,  excediendo largamente los plazos establecidos a dicho  propósito.Finalmente, en cuanto a la suspensión de intereses  por todo el tiempo que demore el presente proceso judicial,  cabe precisar que conforme al último párrafo del Artículo 33°  aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF (sujeto  a sucesivas modificaciones en ninguna de las cuales se  modifica el último párrafo de la norma citada), siendo la  aplicable la Ley Nº 3023028 por su temporalidad, se determina  que “la suspensión de intereses no es aplicable durante la  tramitación de la demanda contenciosa administrativa”,  por lo que debe desestimarse dicho extremo y confirmarse la  sentencia apelada en el mismo.178. Por tanto, la causal  denunciada por la administración tributaria resulta infundada. Recurso de casación interpuesto por el Tribunal FiscalPrimera  infracción normativa179. Contravención de las normas del  debido proceso: vulneración de lo dispuesto en el numeral 5  del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, además  de no efectuar el apartamiento de la sentencia del Tribunal  Constitucional emitida en el Expediente Nº 4082-2012-PA/TC  y contravenir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que  confirmó la constitucionalidad de la norma legal que la Sala  Superior inaplicó (Sentencias del Tribunal Constitucional Nº  03184-2012-PA/TC y Nº 03373-2012-PA/TC, entre otras).180.  La disposición normativa establece lo siguiente:Artículo  139°. - PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE  JUSTICIASon  principios  y  derechos  de  la  función  jurisdiccional:[…]5. La motivación escrita de las resoluciones  judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de  mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los  fundamentos de hecho en que se sustentan.181. Como  argumento central que sustenta la infracción normativa,  señala que en virtud del criterio fijado por el Tribunal  Constitucional en la sentencia del diez de mayo de dos mil  dieciséis, emitida en el Expediente Nº 04082-2012-PA/TC,  correspondía la suspensión de los intereses moratorios. Sin  embargo, considera que dicho criterio es errado y que la Sala,  sin análisis ni sustento alguno, ha dispuesto la aplicación  indebida de aquella sentencia. Al respecto, señala que  mediante Sentencia Nº 1255-2003-AA/TC, el TribunalConstitucional precisó que la decisión de no amparar el pago  de  intereses  moratorios  se  debía  aplicar  única  y  exclusivamente al caso concreto en el cual dicha decisión fue  emitida (fundamento doce), debido a la naturaleza sui generis  del caso, lo que permite hacer esta distinción (fundamento  once), precisión esta que el Tribunal Constitucional ha venido  reiterando en diferentes resoluciones. Agrega que la sentencia  de vista no debió aplicar indebidamente una sentencia de  carácter excepcional expedida por el Tribunal Constitucional;  por el contrario, debió respetar la jurisprudencia de este  Tribunal, que confirmó la constitucionalidad de la norma legal  que la Sala Superior inaplicó (artículo 33 del Código  Tributario).182.Con relación a la primera infracción normativa,  esta Sala Suprema se remite a los fundamentos señalados en  el análisis del recurso de casación presentado por la  SUNAT.183. Por lo tanto, la causal denunciada resulta  infundada.Segunda infracción normativa184. Vulneración  del artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario  y  sus  modificatorias  por  interpretación  y  aplicación  indebida185.  La  disposición  normativa  establece  lo  siguiente:Texto  Único  Ordenado  del  Código  TributarioArtículo 33.- INTERÉS MORATORIOEl monto del  tributo no pagado dentro de los plazos indicados en el Artículo  29 devengará un interés equivalente a la Tasa de Interés  Moratorio (TIM), la cual no podrá exceder del veinte por ciento  (20%) por encima de la tasa activa del mercado promedio  mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la  Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil del  mes anterior.186. Como argumento central que sustenta esta  infracción normativa, la recurrente señala que la Sala no ha  tenido en consideración lo estrictamente establecido en el  artículo 33 del Código Tributario y sus modificaciones  introducidas por el Decreto Legislativo Nº 981 y la Ley Nº  30230, lo que ha generado que efectúe una aplicación errada  o incorrecta de la norma. Precisa que el contribuyente no  cumplió con pagar el monto correcto del impuesto a la renta  del ejercicio mil novecientos noventa y siete, al cual se  encontraba obligado, lo que generó la aplicación de intereses  moratorios por la parte del tributo no pagado y por la multa  impuesta, conforme lo regulaba el artículo 33 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario vigente en el año mil  novecientos noventa y siete.187. Al respecto es pertinente  precisar que la infracción normativa del artículo 33 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario ya fue analizada por  esta Sala Suprema en los considerandos anteriores de esta  sentencia. Por lo tanto, dado que los fundamentos que  sustentan dicha infracción normativa son idénticos a los ya  analizados, nos remitidos a los argumentos señalados en  dichos considerandos.188. Por tanto, la causal denunciada  por el Tribunal Fiscal resulta infundada.DECISIÓNPor tales  consideraciones y de conformidad con lo regulado en el  artículo  397  del  Código  Procesal  Civil,  DECLARARON:INFUNDADOS los recursos de casación  interpuestos por Citibank del Perú S.A., del catorce de agosto  de dos mil dieciocho (folios 1421-1492 del Expediente  Principal Nº 11670-2014-0-1801-JR-CA-19), y por los  codemandados Tribunal Fiscal (mediante el Procurador  Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del  Ministerio de Economía y Finanzas), del diez de agosto de  dos mil dieciocho (folios 1349-1366), y Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (mediante  su Procuraduría Pública), del ocho de agosto de dos mil  dieciocho (folios 1320-1345), contra la sentencia de vista  contenida en la resolución número cuarenta y siete, del  dieciocho de julio de dos mil dieciocho (folios 1293-1313), que  confirmó la sentencia apelada contenida en la resolución  número treinta y seis, del treinta y uno de enero de dos mil  dieciocho (folios 947-975), que declaró fundada en parte la  demanda.En consecuencia, NO CASARON la sentencia de  vista contenida en la resolución número cuarenta y siete, del  dieciocho de julio de dos mil dieciocho (folios 1293-1313)  emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y  Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad, en los seguidos  por Citibank del Perú S.A. contra la Superintendencia Nacional  de Aduanas y de Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal,  sobre acción contencioso administrativa. Notifíquese por  Secretaría y devuélvanse los actuados.Interviene como  ponente el señor Juez Supremo Bustamante del CastilloSS.  SS.GONZÁLEZ  AGUILAR,  RUEDA  FERNÁNDEZ,  BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA PINEDA, DÁVILA  BRONCANO.EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA  SUPREMA RUEDA FERNÁNDEZ, ES COMO SIGUE: Al  amparo del artículo 143 del Texto Único Ordenado de la Ley  Orgánica del Poder Judicial, la suscrita realiza voto singular  efectuando las siguientes precisiones, en relación a lascausales de inaplicación de la Norma VIII del Título Preliminar  del Código Tributario y del Precedente Vinculante recaído en  la Sentencia de Casación Nº 4392-2013-Lima, interpretación  errónea del artículo 165 del Código Tributario, vulneración del  principio de culpabilidad e interpretación errónea del numeral  2  del  artículo  178  del  Código  Tributario. FUNDAMENTOS:Primero.- Respecto a la causal de  inaplicación de la Norma VIII del Título Preliminar del  Código Tributario y del Precedente Vinculante recaído en  la Sentencia de Casación Nº 4392-20131.1 Se advierte de  los fundamentos de la recurrente, que sus argumentos  medulares residen en que la sentencia de vista habría  vulnerado la Norma VIII del Código Tributario y el precedente  vinculante al haber efectuado una interpretación extensiva del  artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta pretendiendo  añadir requisitos no contemplados en la norma, como la  presentación de tratativas y/o la suscripción de un contrato de  trabajo entre el señor Smyth y el Banco, a efectos de negarle  la deducción de los gastos que cumple a cabalidad con el  principio de causalidad.1.2 Al respecto, es importante precisar  que ciertamente el Precedente Vinculante de la Sentencia de  Casación Nº 4392-2013 Lima, tiene establecidas reglas  vinculantes precisadas en la parte resolutiva de la sentencia  estableciendo  los  principios  jurisprudenciales  en  el  considerando 5.2 de la sentencia casatoria, que se encuentran  referidas a la interpretación de la Norma VIII del Título  Preliminar del Código Tributario sobre reglas de interpretación  de las normas tributarias:“5.2.1 La norma VIII del Título  Preliminar del Código Tributario no descarta la aplicación de  la analogía tampoco la interpretación extensiva ni la restrictiva,  admitidas en el derecho para cierto tipo de normas; sino que  el uso se encuentra limitado por la prohibición del segundo  párrafo de la Norma anotada, resultando para ello muy  importante que el Juez seleccione el método adecuado al tipo  de disposición tributaria a interpretar.5.2.2. No resultan  pertinentes la interpretación extensiva ni la restrictiva para  interpretar disposiciones que restringen derechos, ni para  normas que establecen obligaciones como el caso de los  pagos a cuenta del impuesto a la renta previstos en el numeral  a) del artículo 85 del T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta,  y para los casos de aplicación de intereses moratorios  previstos en el artículo 34 del T.U.O. del Código  Tributario.”Asimismo, resulta relevante puntualizar que: - El  precedente no ha excluido ni preferido en términos generales  algún método de interpretación respecto de normas tributarias,  sino en compatibilidad con la Norma VIII reitera la limitación  en la aplicación de interpretaciones restrictivas o extensivas  respecto de normas que restringen derechos o establecen  obligaciones. Denotando la responsabilidad del Juez de  seleccionar el método de interpretación más adecuado al tipo  de disposición a interpretar, entendiendo ello, cuidando de no  incurrir en la prohibición de la Norma VIII. - El precedente ha  precisado en referencia a las normas del inciso a) artículo 85  del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta,  y del artículo 34 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario que, para la interpretación de tales disposiciones  que imponen obligaciones, no corresponde utilizar la  interpretación extensiva ni restrictiva, ni analógica.Conforme  se tiene explicado en el obiter dicta de la sentencia casatoria  Nº 4392-2013-Lima, para realizar la interpretación de las  disposiciones legales denunciadas, si bien se acude al  método de interpretación literal, igualmente se utiliza el  método de interpretación sistemática, al ser disposiciones que  forman parte de cuerpos normativos dentro de un sistema  jurídico, por lo que, no es posible prescindir de la estrategia  argumentativa de interpretación sistemática29.1.3 En ese  orden y conforme a lo establecido en el precedente vinculante,  no se encuentra permitida la interpretación extensiva de  normas tributarias que restringen derechos o establecen  obligaciones, así como se encuentra proscrito en vía  interpretación extender las disposiciones tributarias a  personas o supuestos distintos señalados en la ley; y  conteniendo el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta  normas reglas, que señalan con carácter restrictivo supuestos  para la deducción de determinados gastos de la renta bruta  para establecer la renta neta de tercera categoría, ciertamente  una interpretación extensiva -incluyendo supuestos no  contemplados en la disposición normativa- infringiría las  reglas del precedente y la Norma VIII del Título Preliminar del  Código Tributario; circunstancia distinta es la interpretación  que se realiza del principio de causalidad, pues dentro de la  generalidad de la norma, al establecer la deducción de los  gastos necesarios para producir y mantener la fuente, no  contiene una lista cerrada, sino que para la deducción se  requiere aplicar el principio de causalidad –de aplicación en  sentido amplio-, pudiendo ser causalidad subjetiva o  causalidad objetiva.Sin embargo, en el caso concreto materia  de pronunciamiento, no se establece interpretación extensivade los supuestos normativos, en tanto lo que señala la  recurrente -de que se habrían añadido requisitos no  contemplados en la norma, como la presentación de tratativas  y/o la suscripción de un contrato de trabajo entre el señor  Smyth y el Banco, a efectos de negarle la deducción de los  gastos que cumple a cabalidad con el principio de causalidad-,  están referidos a la exigencia de acreditación del supuesto  normativo del artículo legal, vinculado al principio de  causalidad, requiriendo la recurrida que, para la deducción se  debe acreditar la causalidad de los gastos de recolocación del  funcionario asumidos por el Banco. Por lo que este extremo  del recurso de casación resulta infundado.Segundo.-  Interpretación errónea del artículo 165 del Código  Tributario, vulneración del principio de culpabilidad e  interpretación errónea del numeral 2 del artículo 178 del  Código  Tributario.2.1 Advirtiendo  conexidad  en  los  fundamentos de las causales indicadas respecto a que las  conductas infractoras no deben ser catalogadas en un  régimen de responsabilidad objetiva con sanción automática,  debiendo evaluar las circunstancias particulares de cada caso  y la intencionalidad del administrado-, es que resulta  pertinente su absolución en forma conjunta.2.2 Conforme a lo  que tenemos señalado en reiterada jurisprudencia, resulta  inexorable y vinculante la interpretación de las disposiciones  legales -incluso las tributarias- conforme con los derechos  fundamentales, así en la sentencia casatoria Nº 13233-2014  Lima en su considerando segundo 2.2, se establece  que:“Previo a la labor interpretativa del artículo que regula el  tipo infractor tributario4 en concordancia con el artículo 165,  resulta pertinente acudir al principio de legalidad y tipicidad  del procedimiento administrativo sancionador, considerando  que en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, las  disposiciones legales deben ser interpretadas en  compatibilidad  con  los  derechos  fundamentales,  reconocidos en la Convención Americana de Derechos  Humanos, en cuyo artículo 9° consagra los principios de  legalidad e irretroactividad como derechos y garantías de  los administrados, que constituyen límites a la potestad  administrativa sancionadora del Estado”.2.3 El Tribunal  Constitucional tiene interpretado que el principio de legalidad  en materia sancionatoria se encuentra reconocido en el  artículo 2 inciso 24, literal d de la Constitución que  establece:“Nadie será procesado ni condenado por acto u  omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente  calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como  infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la  ley”.Precisando en su reiterada jurisprudencia, que “los  principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre  otros, constituyen principios básicos del derecho  sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del  derecho penal, sino también en el del derecho  administrativo sancionador (...). (cfr. sentencias emitidas en  los Expedientes Nrs.° 02050-2002-AA/TC, 02192-2004-PA/ TC y 00156-2012-PHC/TC entre otras). (…). En un Estado  Constitucional, la imposición de sanciones semejantes sólo  puede considerarse válida si éstas reprimen una conducta  que haya sido tipificada de manera previa, expresa y precisa  en una norma con rango de ley.30 (El resaltado es nuestro).2.4  La Corte Interamericana de Derechos Humanos en  interpretación vinculante para el Estado Peruano31, ha  señalado que también la actuación de la administración  pública tiene límites infranqueables, como el respeto de los  derechos humanos, estando vinculada a las garantías de los  administrados.“126. En cualquier materia, inclusive en la  laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la  administración tiene límites infranqueables, siendo uno de  ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que  la actuación de la administración se encuentre regulada, y  ésta no puede invocar el orden público para reducir  discrecionalmente las garantías de los administrados. Por  ejemplo,  no  puede  la  administración  dictar  actos  administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados  la garantía del debido proceso.”32Asimismo, la Corte  Interamericana de Derechos Humanos ha definido en el Caso  García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú5, que en un Estado de  Derecho los principios de legalidad e irretroactividad presiden  la actuación de todos los órganos del Estado en sus  respectivas competencias, particularmente cuando ejercen  el poder punitivo (fundamento 187); en torno al principio de  legalidad, éste implica:a. La elaboración de los tipos supone  una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus  elementos y permita deslindarla de otros comportamientos no  sancionables (fundamento 188); lo que se vincula  estrechamente con el principio de tipicidad que exige una  descripción específica del hecho que constituye infracción.b.  La Convención Americana obliga a los Estados a extremar  las precauciones para que las sanciones se adopten con  estricto respeto a los derechos básicos de las personas yprevia una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de  la conducta ilícita (fundamento 189);c. Exige al Juez la  aplicación estricta de lo dispuesto en la ley, observando con  mayor rigurosidad la adecuación de la conducta de la persona  incriminada al tipo legal, de forma tal que no se incurra en la  penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico  (fundamento  190).2.5  El  procedimiento  administrativo  sancionador tributario, no se encuentra exento de lo  establecido en las interpretaciones constitucionales y  convencionales, tampoco de la observancia de los principios  de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, que  constituyen principios básicos del derecho sancionador,  conforme lo ha señalado el intérprete constitucional en su  reiterada jurisprudencia (citada en el considerando 2.3).El  procedimiento  administrativo  sancionador  en  nuestro  ordenamiento interno incluye acciones u omisiones dolosas o  culposas en cualquier grado de negligencia que estén  tipificadas y sancionadas como tales en la ley, que incluye a  las normas tributarias; así en el artículo 247.2 del Texto Único  Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General  establece su ámbito de aplicación a todos los procedimientos  establecidos  en  leyes  especiales  “incluyendo  los  tributarios”, los que también deben observar los principios  de la potestad sancionadora administrativa del artículo 248 de  la citada ley, el cual contempla además de los principios de  legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad – entre otros-, los principios de causalidad -la responsabilidad  debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa  constitutiva de infracción sancionable- presunción de licitud  -la autoridad debe presumir que los administrados han  actuado apegados a sus deberes “mientras no cuenten con  evidencia en contrario”-, y el principio de culpabilidad: “La  responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos  en que por ley o decreto legislativo se disponga la  responsabilidad administrativa objetiva”; lo cual lleva a afirmar  que la responsabilidad objetiva -proscrita en derecho penal-,  si bien es permitida en el ordenamiento administrativo  sancionador -así como en tributario-, no es la regla general,  sino la excepcionalidad, como también anota la doctrina  nacional33; en ese contexto normativo tampoco resulta  admisible una interpretación de las conductas infractoras en  tributario como responsabilidad objetiva, siendo la regla  general la responsabilidad subjetiva (que por cierto, cuando el  tipo sanciona el declarar datos erróneos se está refiriendo a la  negligencia -culpa, y en el caso de declarar datos falsos se  vincula con la intencionalidad - dolo); y por su parte la  responsabilidad objetiva requiere disposición clara y  expresa mediante norma de rango legal.2.6 Siendo que,  hay más de un caso de infracción tributaria en que el legislador  ha acogido acciones u omisiones culposas en grado de  negligencia, por lo que la exigencia para la autoridad  administrativa y para los jueces de instancia, es identificar los  elementos objetivos y subjetivos de la conducta infractora  imputada.Resultando “inconstitucionales aquellas sanciones  impuestas como reacción ante conductas que no están  claramente tipificadas como infracciones”34; consistiendo la  infracción tributaria en hacer lo prohibido por ley o dejar  de hacer lo que dispone la ley, que:“Tal infracción consistirá  en hacer lo prohibido, quebrantando una norma tributaria  prohibida o en dejar de hacer lo que la ley obliga, es decir, no  ejecutando un acto positivo que se tiene el deber jurídico de  efectuar. Todo lo anterior supone la existencia previa de una  norma de conducta descrita por la ley, sea en el sentido de  exigir una conducta o de prohibirla”35.En ese orden reiteramos  que, nos encontraremos ante una tipificación válida sólo  si se subsume la conducta en los elementos objetivos y  subjetivos del tipo claramente definidos y descritos en la  norma legal36. Habiendo supuestos infractores que tiene  como eje central de las infracciones que causan perjuicio  económico, el elemento subjetivo concurrente según cada  caso37, así como habrán otros que atienden a la  responsabilidad objetiva, dependiendo de los elementos  fijados en la norma legal, en tanto y de acuerdo a la Norma IV  inciso d) del Título Preliminar del Código Tributario que  reafirma en derecho tributario el principio de reserva de ley y  legalidad en derecho tributario, la atribución exclusiva de la  ley para establecer sanciones, y la exigencia de que la ley  debe tipificar definiendo con precisión las infracciones y  establecer sanciones.2.7 En control de convencionalidad y  constitucionalidad las normas legales del procedimiento  tributario sancionador deben interpretarse conforme a los  derechos fundamentales, principios de derecho antes  señalados  y  garantías  del  debido  procedimiento.En  concordancia con lo señalado, y en interpretación sistemática  del artículo legal 178 con las normas del artículo 165 del  mismo Código Tributario38 en el acápite que señala que la  infracción tributaria: “debe determinarse de manera objetiva,  encontramos una norma mandato dirigida a la autoridadtributaria, a quién le atribuye e indica cómo debe determinar la  infracción, esto es, determinarla en forma objetiva, mas no le  atribuye definir ni restringir los supuestos o elementos del tipo  infractor previstos en la ley.Reafirmando que la norma del  artículo 165 en compatibilidad convencional y constitucional,  implica que, cuando la autoridad administrativa tributaria  sancionadora determine una infracción, debe hacerlo de  manera objetiva, exigencia que tiene sustento en el principio  de  seguridad  jurídica,  reduciendo  el  grado  de  discrecionalidad administrativa en la aplicación del régimen  sancionador39,  significando  que  las  infracciones  administrativas tributarias se determinan tomando en  consideración los elementos del tipo fijados en norma legal,  que pueden incluir elementos objetivos y subjetivos, de tal  forma que la intencionalidad subjetiva debe ser evaluada  cuando forme parte de la descripción de la conducta  sancionada, a efectos de garantizar el principio de  tipicidad, legalidad, culpabilidad y responsabilidad en  materia sancionatoria tributaria en el marco del Estado  Constitucional de Derecho.Asimismo, si bien una vez  determinados los elementos y supuestos del tipo infractor, y  verificado en la constatación de los hechos comprobados la  comisión de la infracción, lo que corresponde es la aplicación  de la sanción -que por cierto tampoco se encuentra exenta de  las reglas de gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad  conforme a lo previsto en las normas aplicables-, ello no  significa que la comisión de la infracción se determine en  forma automática, sino que, conforme a las garantías del  debido procedimiento administrativo sancionador, requiere  verificar si se han dado los supuestos y elementos del tipo  infractor,  tanto  objetivos,  como  subjetivos  -cuando  correspondan-; lo cual se corrobora con la exigencia del  artículo 165 del Código Tributario, que en correcta  interpretación no establece la responsabilidad objetiva  (sumando, que no es posible una interpretación extensiva ni  incluir supuestos no comprendidos, conforme lo previsto en la  Norma VIII y en el precedente judicial vinculante), sino que,  como lo precisa la norma legal se reitera que, se trata de la  determinación de la infracción, la cual debe ser determinada  en forma objetiva, esto es, comprobada, establecida  objetivamente con la acreditación de los supuestos del tipo  infractor que lleven a determinar la comisión de la infracción,  y que impone un deber a la administración y establece un  derecho a favor del administrado, dentro de un debido  procedimiento administrativo sancionador con garantías;  llevando a enfatizar que no debe confundirse la determinación  objetiva, con la responsabilidad objetiva.En dicha línea  argumentativa, y conforme se tiene señalado en la sentencia  casatoria Nº 13233-2014 Lima, el enunciado normativo del  artículo 178 inciso 2 del Código Tributario, establece  infracciones relacionadas con el cumplimiento de las  obligaciones  tributarias:“Artículo  178.-  Infracciones  relacionadas con el cumplimento de las Obligaciones  Tributarias Constituyen infracciones relacionadas con el  cumplimiento de las infracciones tributarias (…) 2. “Declarar  cifras o datos falsos y omitir circunstancias con el fin de  obtener indebidamente Notas de Crédito Negociables u otros  valores similares o que impliquen un aumento indebido de  saldos o créditos a favor del deudor tributario.”Al respecto, en  el marco del principio de tipicidad en materia administrativa  sancionatoria desarrollado en los acápites precedentes en  concordancia con la norma pertinente del artículo 165, se  extraen los siguientes elementos concurrentes de la infracción  tributaria, que configuran la subsunción de la conducta en la  infracción tributaria, así tenemos que la comisión de la  anotada infracción:- Requiere como primer elemento la  presentación de una declaración en el marco del cumplimiento  de obligaciones tributarias ante la Superintendencia Nacional  de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, que  consigne cifras o datos falsos u omita circunstancias, respecto  a las operaciones realizadas por el contribuyente que  sustenten la acotada declaración. [Objetivo]- Importa como  segundo elemento, que la declaración sea presentada con el  fin de obtener indebidamente notas de crédito negociables u  otros valores similares o que impliquen un incremento de  saldos o créditos [Subjetivo], e;- Implica como tercer elemento,  que con dicha declaración sustentada en cifras o datos falsos  el contribuyente incremente de modo indebido, saldos  créditos a su favor. [Objetivo]En tal contexto, del análisis de  los elementos que describen el tipo infractor, se colige que el  mismo contiene dos elementos de carácter objetivo  (subsumiéndose dichos elementos en el supuesto de la  norma, con la simple materialización del hecho por parte del  obligado tributario, prescindiendo de su intencionalidad); y un  elemento de carácter subjetivo, consistente en la  intencionalidad subjetiva de obtener indebidamente notas de  crédito o valores similares o incremento de saldos o  créditos.6.1Asimismo, reseñados los elementos del tipoinfractor, y atendiendo a la distinción entre disposición y  norma12 (por la cual la primera remite al enunciado normativo  sin interpretar como fuente del derecho, y la segunda contiene  el resultado del enunciado ya interpretado por el operador  jurídico); de la interpretación jurídica del artículo precitado se  pueden extraer las siguientes normas de infracción:N1:  Declarar cifras o datos falsos con el fin de obtener  indebidamente notas de crédito negociables u otros valores  similares.N2: Omitir circunstancias con el fin de obtener  indebidamente notas de crédito negociables u otros valores  similares.N3: Declarar cifras o datos falsos con el fin de que  impliquen un aumento indebido de saldos o créditos a favor  del deudor tributario.N4: Omitir circunstancias con el fin de  que impliquen un aumento indebido de saldos o créditos a  favor del deudor tributario.En ese orden, se tiene identificadas  las normas y elementos del tipo infractor tributario que incluye  elementos objetivos y subjetivos, correspondiendo verificar de  los varios supuestos infractores, cuál es el imputado a la  entidad demandante.2.7 Es necesario subrayar, que cuando  se acude vía casación en función nomofiláctica se orienta a  un control de derecho de las premisas normativas de la  sentencia de vista impugnada, no es objeto de control las  premisas fácticas, ni se permite determinar hechos ni  revalorar pruebas; en ese orden corresponde acudir a los  hechos establecidos por la sentencia impugnada, referidos a  la base fáctica -consistente en las proposiciones fácticas  comprobadas y determinadas por los órganos jurisdiccionales  tras la valoración-.2.7.1 Al respecto, la sentencia de vista en  su considerando décimo segundo tiene establecido que la  conducta infractora sindicada, se encuentra referida a la  prevista en el numeral 2 del artículo 178 del Código Tributario  de acuerdo al texto legal siguiente:“Constituyen infracciones  relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones  tributarias: 2. Declarar cifras o datos falsos u omitir  circunstancias con el fin de obtener indebidamente Notas de  Crédito Negociables u otros valores similares o que impliquen  un aumento indebido de saldos o créditos a favor del deudor  tributario”.Sustenta la sentencia impugnada en que se habría  determinado de manera objetiva la comisión de la infracción,  señalando que:“la comisión de la infracción se determinó de  manera objetiva cuando el demandante no consignó los  valores reales en su declaración anual del Impuesto a la  Renta de Tercería Categoría para el ejercicio mil novecientos  noventa y siete, conclusión a la que se arribó como resultado  de la fiscalización iniciada al recurrente por el ejercicio en  mención; por tanto la sanción impuesta se encuentra  arreglada a ley, en estricta observancia de los principios de  legalidad, razonabilidad y tipicidad consagrados en el Artículo  230 de la Ley 27444, por lo que resulta irrelevante cualquier  argumento que pretenda eximir a la demandante de la multa  aplicada”.2.7.2 Ahora bien, de los fundamentos de la  sentencia de vista se extrae que la conducta atribuida se  refiere a “declarar cifras, datos falsos”, en tanto indica que la  conducta infractora de la demandante reside en que “no  consignó los valores reales en su declaración anual del  Impuesto a la Renta de Tercería Categoría para el ejercicio mil  novecientos noventa siete”, asimismo en relación a su  acreditación se sustenta en los actuados y determinado por la  administración como resultado de la fiscalización iniciada al  recurrente por el ejercicio fiscal; añadiendo en relación a otro  elemento del tipo infractor, que en el caso concreto de la  recurrente demandante: “se determinó una diferencia en la  determinación del saldo a favor del Impuesto a la Renta  ascendente a cuarenta mil ochocientos cincuenta y cuatro  soles con cero céntimos (S/. 40,854,00) producto de los  reparos antes desarrollados y confirmados en esta resolución”.  De lo analizado, se extrae de los fundamentos de la sentencia  de vista que se identifica los elementos del tipo infractor,  establece los hechos que configuran la infracción incurrida  por la demandante, determinando objetiva y legalmente la  comisión de la infracción tributaria; en consecuencia,  resulta que, en este caso particular, no se ha acreditado  infracción a las normas y principios denunciados, no  resultando estimable el recurso de casación.Resultando  adecuado, reiterar lo desarrollado en este voto singular en  compatibilidad con el Estado Constitucional de Derecho, en  relación a las distinciones que deben efectuarse sobre la  responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva en el  procedimiento administrativo tributario sancionador, así como  no confundir la determinación o comprobación objetiva  señalada en el artículo 165 del Código Tributario, con la  responsabilidad objetiva que requiere determinación legal  expresa  conforme  a  la  normatividad  administrativa  sancionadora y en forma compatible con el respeto de los  derechos  fundamentales.MI  VOTO  ES:Declarar  INFUNDADOS los recursos de casación de Citibank del Perú  S.A., del Tribunal Fiscal, de la Sunat, y en consecuencia, NO  CASAR la sentencia de vista contenida en la resoluciónnúmero cuarenta y siete del dieciocho de julio de dos mil  dieciocho emitida por la Sexta Sala especializada en lo  contencioso administrativo con subespecialidad en temas  tributarios y aduaneros de la Corte Superior de Justicia de  Lima, que resolvió confirmar la sentencia apelada que declaró  infundada la demanda respecto de la pretensión principal, con  lo demás que contiene.- Jueza Suprema Rueda Fernández. RUEDA FERNÁNDEZ. 1  Esta no es la de asegurar la exactitud formal de la interpretación, lo que equivaldría  a hacer prevalecer la interpretación formalista, en cuanto fundada solo sobre  criterios formales, sino la de establecer cuál es la interpretación justa, o más justa,  de la norma sobre la base de directivas y de las elecciones interpretativas más  correctas (es decir, aceptables sobre la base de las mejores razones).  Una nomofiláctica formalista no tiene sentido, pues no significaría “defensa  de la ley” sino defensa de una interpretación formal de la ley. Por otra parte, la  nomofiláctica como elección y defensa de la interpretación justa no significa que no  significa que, por esto, este sometida a criterios específicos y predeterminados de  justicia material ni mucho menos a criterios equitativos con contenidos particulares.  Significa en cambio, la elección de la interpretación fundada en las mejores  razones, sean lógicas, sistemáticas o valorativas: bajo este perfil la nomofilaquia  es la corrección del procedimiento de elección y la aceptabilidad de los criterios  sobre los cuales aquella se funda para constituir el elemento esencial, más que la  naturaleza del resultado particular que de ella deriva.  TARUFFO, Michele (2005) El vértice ambiguo. Ensayos sobre la casación civil.  Lima, Palestra Editores; p.129. 2  En forma genérica, se puede afirmar que todas las deducciones están en principio  regidas por el principio de causalidad, o sea que sólo son admisibles aquellas  que guarden una relación causal directa con la generación de la renta o con el  mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad.  GARCIA MULLÍN, Juan (1980). Manual del impuesto a la renta. Santo Domingo,  Instituto de Capacitación Tributaria; p. 122. 3  Citado por VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Walker (2013). “El principio de causalidad  y el concepto de gasto necesario”. En Themis, Nº 64; pp.101-111. 4  Texto Único Ordenado del Código Tributario  Artículo 61.- FISCALIZACIÓN O VERIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN  TRIBUTARIA EFECTUADA POR EL DEUDOR TRIBUTARIO  La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario  está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que  podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información  proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o  Resolución de Multa. 5  TARUFFO, Michelle (2013). Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los  hechos. México D.F., Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; p. 101. 6  GASCÓN ABELLÁN, Marina (2004). La prueba Judicial: valoración racional y  motivación. Universidad de Castilla – La Mancha; p. 20.  https://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1MYBL04CF-7G0W1S-47L8/Prueba%20 Gascon.pdf 7  GUASTINI, Ricardo (2014). Interpretar y argumentar. Madrid, Centro de Estudios  Políticos y Constitucionales; p. 249. 8  NORMA VIII: INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS  Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación  admitidos por el Derecho. En vía de interpretación no podrá crearse tributos,  establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las  disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la  ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no afecta lo señalado en el presente párrafo.  Modificada por el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1121, publicado el dieciocho  de julio de dos mil doce. 9  Sobre el punto, refiere también Guastini:  Sin embargo, en la literatura se encuentra también un concepto más estricto de  interpretación. Varios autores distinguen la interpretación propiamente dicha,  entendida como solución de dudas sobre el significado, de la (mera) comprensión.  Es decir, según esta definición, se interpreta solo cuando no se comprende, y en  cambio cuando se comprende no se interpreta (“in claris non fit interpretatio”). Cfr.,  e.g., Wróblewski, 1983 y 1989; Marmor, 1992; Diciotti, 1999; Lifante, 1999 y 2010.  Esta manera de ver (comprometida con una teoría ingenua de la interpretación)  suena problemática por varias razones. Entre otras, la siguiente: la comprensión  inmediata de un texto parece ser nada más que una forma de interpretación –la  interpretación prima facie– distinta, en cuanto tal, de otras formas (distinta, en  particular, de la interpretación “all things considered”). Cfr. Diciotti, 1999, cap. IV.  GUASTINI, Riccardo (2015). “Interpretación y construcción jurídica”. En Isonomía,  Nº 43, p.12.  http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n43/n43a2.pdf 10  GUASTINI, “Interpretar…”, p. 26. 11  Esta idea es asumida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 010-2002- AI/TC, del tres de enero de dos mil tres.  6.2. La legitimidad de las sentencias interpretativas  34. La existencia de toda esta clase de sentencias del Tribunal Constitucional  es posible sólo si se tiene en cuenta que, entre “disposición” y “norma”, existen  diferencias (Riccardo Guastini, “Disposizione vs. norma”, en Giurisprudenza  Costituzionale, 1989, pág. 3 y ss.). En ese sentido, se debe subrayar que en todo  precepto legal se puede distinguir:  a) El texto o enunciado, es decir, el conjunto de palabras que integran un  determinado precepto legal (disposición); y,  b) El contenido normativo, o sea el significado o sentido de ella (norma). 12  GUASTINI, Riccardo (1999). Estudios sobre la teoría interpretación jurídica.  México DF, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; p. 11. 13  Por ejemplo, en enunciados del tipo “Tal disposición es ambigua de modo querequiere interpretación”, la palabra “interpretación” denota evidentemente una  actividad (podría ser sustituida por el sintagma “actividad interpretativa”). Por  el contrario, en enunciados del tipo “De tal disposición el Tribunal de Casación  hace una interpretación restrictiva”, la misma palabra claramente denota no una  actividad, sino más bien su resultado, es decir, un significado. La “interpretación”  en cuanto actividad es un proceso mental. La “interpretación” en cuanto producto  de tal proceso es más bien un discurso. Las distinciones que siguen se refieren a  la interpretación en cuanto actividad o proceso.  Tarello Citado por GUASTINI, “Interpretación…”, p. 13. 14  Así, señala el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 0 5854-2005-PA/TC, del  ocho de noviembre de dos mil cinco:  §4.Principios de interpretación constitucional  12. Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe  reconocerse ‘también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No  obstante, la particular estructura normativa de sus disposiciones que, a diferencia  de la gran mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a la lógica  subsuntiva (supuesto normativo - subsunción del hecho - consecuencia), exige  que los métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios  clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico)  […] 15  Dentro de las técnicas interpretativas, Guastini señala las siguientes:  I. Dos tipos fundamentales de interpretación  II. La interpretación declarativa  1. El argumento del lenguaje común  2. El argumento a contrario como argumento interpretativo  a) El argumento a contrario como argumento productor  b) El argumento a contrario y lagunas del derecho  III. La interpretación correctora en General  La argumentación de la interpretación correctora  La intención del Legislador  IV. La interpretación extensiva  1. El argumento a simili  2. El argumento a fortiori  V.La interpretación restrictiva  El argumento de la disociación  VI. Otras técnicas de interpretación correctora  La interpretación sistemática  La interpretación adecuadora  VII. Interpretación “histórica” e interpretación evolutiva.  GUASTINI, “Estudios…”, p. 25 16  La Corte Constitucional Colombiana señala al respecto en la Sentencia C-054/16:  10. La Corte advierte, en este orden de ideas, que los métodos tradicionales de  interpretación son, al menos en su versión original del siglo XIX, funcionales a la  mencionada concepción de la actividad legislativa. Esto es así si se tiene en cuenta  que los mismos están basados en la supremacía de la actividad del legislador y la  mencionada inexistencia de parámetros superiores a la legislación.  En efecto, el método sistemático apela a encontrar el sentido de las disposiciones a  partir de la comparación con otras normas que pertenecen al orden jurídico legal y  que guardan relación con aquella. Lo mismo sucede con el método histórico, pues  este intenta buscar el significado de la legislación a través de sus antecedentes  y trabajos preparatorios. De igual manera, el método teológico o finalista se  basa en la identificación de los objetivos de la legislación, de manera que  resulta justifica una interpretación del precepto legal, cuando ese entendimiento  concuerda con tales propósitos. Por último, el método gramatical es el que está  más profundamente vinculado con la hipótesis de infalibilidad de ese legislador  soberano, pues supone que en ciertas ocasiones las normas tienen un sentido  único, que no requiere ser interpretado. […]  En suma, los métodos tradicionales de interpretación están basados en el  reconocimiento del carácter incuestionado de la actividad de producción normativa  a cargo del legislador, fundada a su vez en la titularidad de soberanía que el  adscribe el modelo contractualista clásico de justificación del poder político.  Esta justificación, como es sencillo observar, contrasta con los fundamentos del  constitucionalismo contemporáneo, que impone a la Carta Política y en particular  a los derechos fundamentales, como límite y parámetro obligatorio de la función  legislativa. 17  Código Tributario  NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD - RESERVA DE LA LEY Sólo por Ley  o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: a) Crear, modificar  y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la  base para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el  agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo  10; b) Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios; c) Normar los  procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos en cuanto a derechos  o garantías del deudor tributario; d) Definir las infracciones y establecer sanciones;  e) Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria; y, f)  Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las establecidas  en este Código. Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear,  modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar  de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley. Mediante  Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se regula las  tarifas arancelarias. 18  Sentencia recaída en el Expediente Nº 02835-2010-PA/TC:  33. El principio de legalidad en materia tributaria se traduce en el aforismo  nullum tributum sine lege, consistente en la imposibilidad de requerir el pago  de un tributo si una ley o norma de rango equivalente no lo tiene regulado. Este  principio cumple una función de garantía individual al fijar un límite a las posibles  intromisiones arbitrarias del Estado en los espacios de libertad de los ciudadanos,  y cumple también una función plural, toda vez que se garantiza la democraciaen los procedimientos de imposición y reparto de la carga tributaria, puesto  que su establecimiento corresponde a un órgano plural donde se encuentran  representados todos los sectores de la sociedad.  Así, conforme se establece en el artículo 74° de la Constitución, la reserva de  ley, es ante todo una cláusula de salvaguarda frente a la posible arbitrariedad del  Poder Ejecutivo en la imposición de tributos. 19  Con la expresión “normas implícitas” me refiero a aquellas normas que no han  sido formuladas por autoridad normativa alguna: normas que no pueden ser  consideradas como significados (plausibles) o como implicaciones lógicas de  ninguna disposición normativa determinada. Por medio de la construcción de  normas implícitas los intérpretes llevan a cabo una actividad legislativa disimulada.  Y esto constituye la parte principal y más importante del trabajo de los juristas.  GUASTINI, “Interpretación…”, p. 36. 20  Sobre las lagunas normativas, señala Bulygin:  Estamos en condiciones de trazar un balance de las disquisiciones efectuadas.  La separación tajante entre la función del poder legislativo como creador de las  normas generales y el poder judicial como mero aplicador de esas normas resulta  insostenible. No por la crítica de Kelsen, es decir, no porque los jueces dicten  normas individuales que difícilmente puede considerarse como creación del  derecho, sino porque los jueces crean también normas generales. Esto ocurre no  sólo con los acuerdos plenarios de las cámaras de apelación o ciertas sentencias  del tribunal supremo. También los jueces ordinarios se ven obligados a crear  normas generales cuando se enfrentan con casos de lagunas o contradicciones  normativas y también en casos de lagunas axiológicas. (Como hemos visto, esto  último lo admite el mismo Kelsen.) Pero esta creación judicial de las normas  generales difiere en importantes aspectos de la creación legislativa.  […]  La creación judicial del derecho se produce tanto en los casos de lagunas  normativas como en los de conflictos de normas.  BULYGIN, Eugenio (2003). “Los jueces ¿Crean derecho?”. En Isonomía, Nº 18; pp.  24-25. 21  Foja 14 vuelta del expediente administrativo. 22  Véase la nota anterior. 23  ALEXY, Robert (2019). Ensayo sobre la teoría de los principios y el juicio de  proporcionalidad. Lima, Palestra Editores; p. 56. 24  Véanse las sentencias en el caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, párr. 79 y en el  caso Garibaldi vs. Brasil, párr. 134, entre otras. 25  Se cita el fundamento 53. Este criterio también ha sido corroborado con la  Sentencia del Expediente Nº 2051-2016-PA/TC, del doce de noviembre de dos mil  veinte (caso Paramonga), y la Sentencia del Expediente Nº 225-2017-PA/TC, del  veintiocho de enero de dos mil veintiuno (caso Telefónica). 26  Se podría aplicar también en el razonamiento el argumento a pari, cuyo significado  es “donde hay la misma razón, hay el mismo derecho”. Sobre ello, el Tribunal  Constitucional en el fundamento 9 de la Sentencia del Expediente Nº 1458-2007- PA/TC, razona:  Se precisa que el reclamo de la recurrente es idéntico al solicitado por los  recurrentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y siendo que el  Perú es un miembro integrante del tratado, se debe amparar la solicitud”. De igual  manera, en la Sentencia del Expediente Nº 4993-2007-PA/TC señala: “Sostiene  que la configuración de una violación del derecho de igualdad en la aplicación de  la ley, aparte de la necesidad de que se trate de un mismo órgano administrativo  que los haya expedido, es preciso que exista una sustancial identidad entre los  supuestos de hechos resueltos en forma contradictoria, cuya identidad no tiene  por qué ser plena, basta que existan suficientes elementos comunes como para  considerar que los supuestos de hecho enjuiciados son jurídicamente iguales y  que, por tanto, debieron merecer una misma aplicación de la norma. 27  De folios 333 del expediente administrativo. 28  Ley Nº 30230, publicada el doce de julio de dos mil catorce 29  Consideramos que las disposiciones legislativas no son aisladas sino integrantes  de un sistema jurídico, y a su vez forman conjuntos y subconjuntos, adquiriendo  significancia en razón de los mismos, por lo que la técnica argumentativa de  interpretación sistemática siempre debe estar presente, tanto más que nuestro  sistema se organiza y estructura en base y respeto de la primacía de las normas  constitucionales y derechos fundamentales; por otro aspecto, no es incompatible  con la interpretación literal y más bien contribuye a la atribución de significado a los  términos legales utilizados en una disposición legal. 30  STC N° 00020-2015-PI-TC, fecha 25 de abril de 2018, Fundamentos 37, 38. 31  Conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la constitución, y  al sometimiento expreso del Estado Peruano a la jurisdicción de la Corte  Interamericana, quedando vinculado a sus interpretaciones. 32  Corte IDH, “Sentencia de 2 de febrero de 2001 (fondo, reparaciones y costas)”,  Caso Baena Ricardo vs. Panamá, párr. 126, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ articulos/Seriec_72_esp.pdf. 33  Sin embargo, si bien reconoce de manera expresa una manifestación del Principio de  Culpabilidad, como es el Sub-Principio de Responsabilidad Subjetiva, no proscribe  la Responsabilidad Objetiva, siendo que la regla general en los procedimientos  administrativos sancionadores seria la responsabilidad subjetiva, mientras que  la excepción seria la responsabilidad objetiva cuando la ley o decreto legislativo  lo establezca , tal como dice Morón Urbina (2017) “Por último, al establecerse la  exigencia de la expresa habilitación por norma con rango de ley para la aplicación  de la responsabilidad objetiva, esta se convierte en una figura excepcional, siendo en  materia sancionadora la responsabilidad subjetiva” (página 451). Cita de Morón Urbina,  efectuada por FACUNDO NIÑO DE GUZMAN, Luis Miguel, RESPONSABILIDAD  OBJETIVA RELATIVA A PROPÓSITO DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA  CONSTITUCIONAL, En: https://doi.org/10.24265/voxjuris.2019.v37n1.08 34  MARTIN QUERALT, LOZANO SERRANO Carmelo, POVEDA BLANCO Francisco,  Derecho Tributario, Editorial Thomson, Arazandi, 12 Edición, Navarra 2007, página  220.35  RADOVI SCHOEPEN, Angela, Sistema Sancionatorio Tributario, Infracciones y  Delitos, Editorial Jurídica de Chile, página 53. 36  Como señala la doctrina: “para ser válida una tipificación de infracción, la autoridad  instructora debe subsumir la conducta en aquella falta que contenga claramente  descritos los elementos objetivos y subjetivos de la conducta”. MORÓN URBINA,  Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General,  Editorial Gaceta Jurídica, Décima Edición, 2014, Pág. 767. 37  CIVITAS, Biblioteca de Legislación, Leyes Generales del Derecho Financiero y  Tributario, Tomo II, Editorial Thomson, Civitas, España, 2008, página 24. 38  Artículo 165.- DETERMINACION DE LA INFRACCION, TIPOS DE SANCIONES Y  AGENTES FISCALIZADORES  La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente  con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos,  cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes  y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes  otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios  públicos.  En el control del cumplimiento de obligaciones tributarias administradas por la  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, se presume la  veracidad de los actos comprobados por los agentes fiscalizadores, de acuerdo a  lo que se establezca mediante Decreto Supremo. 39  CIVITAS, Biblioteca de Legislación, Leyes Generales del Derecho Financiero y  Tributario, Tomo II, Editorial Thomson, Civitas, España, 2008, página 711. C-2136204-34