CASACIÓN Nº 22191-2019 LIMA
Sumilla: En el presente caso, para realizar la reclasificación  arancelaria, es decir, para corregir la clasificación efectuada  por el contribuyente y determinar si este goza o no del  beneficio del reintegro, la Administración Tributaria debió  contar previamente con un informe de clasificación arancelario  emitido por la Intendencia Nacional Técnica Aduanera o  alguna otra entidad técnica competente; no obstante, no  lo hizo. En tal sentido, esta Sala Suprema concluye que  la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11101-3-2016, del  veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, no adolece de  vicio de nulidad que la invalide. Lima, veintiséis de mayo de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: I. VISTO El recurso decasación interpuesto por la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT (mediante  su Procuraduría Pública), presentado el diecinueve de junio  de dos mil diecinueve (folios 166 -175 del Expediente  Principal Nº 03576-2017-0-1801-JR-CA-21), contra la  sentencia de vista contenida en la resolución número trece,  del treinta de mayo de dos mil diecinueve (folios 148-160),  que revocó la sentencia de primera instancia, contenida en  la resolución número nueve, del treinta y uno de diciembre  de dos mil dieciocho (folios 94-114), que declaró fundada en  parte la demanda; y, reformándola, la declararon infundada  en todos sus extremos. II. Antecedentes Demanda 1.  Mediante el escrito del veintiocho de febrero de dos mil  diecisiete, la SUNAT interpuso demanda contenciosa  administrativa  (folios  8-23).  Señaló  las  siguientes  pretensiones: c) Pretensión principal: Se declare la nulidad  de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11101-3-2016, del  veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, que resuelve  revocar la Resolución de Intendencia Nº 126-014-0004437/ SUNAT, que confirmó las Resoluciones de Intendencia Nº  124-180-0011211/SUNAT y Nº 124-180-0011582/SUNAT,  que declararon improcedentes las solicitudes de reintegro  tributario del contribuyente, y ordena que la administración  tributaria proceda al reintegro solicitado. d) Pretensión  accesoria: Se ordene al Tribunal Fiscal emitir nueva  resolución confirmando la Resolución de Intendencia Nº  126-014-0004437/SUNAT. Contestación de la demanda 2.  La empresa codemandada Importadora Hunter Empresa  Individual de Responsabilidad Limitada no cumplió con  contestar la demanda. En tal sentido, mediante resolución  número cinco, del uno de junio de dos mil diecisiete, fue  declarada rebelde en aplicación de lo dispuesto en el artículo  458 del Código Procesal Civil. 3. El treinta y uno de marzo de  dos mil diecisiete, el Procurador Público Adjunto a cargo de  los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y  Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, en calidad  de codemandado, contesta la demanda y sostiene que la  resolución impugnada ha sido emitida conforme a ley.  Sentencia de primera instancia 4. El Vigésimo Primer  Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad  en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de  Justicia de Lima, a través de su sentencia contenida en la  resolución número nueve, del treinta y uno de diciembre de  dos mil dieciocho, declaró fundada en parte la demanda. La  sentencia de primera instancia sustentó su fallo señalando lo  siguiente: El Reintegro Tributario es el beneficio a favor de  los comerciantes de la Región Selva equivalente al importe  del impuesto pagado, respecto de los bienes contenidos en  el Apéndice del Decreto Ley número 21503 y los  especificados y totalmente liberados en el Arancel Común  anexo  al  Protocolo  modificatorio  del  Convenio  de  Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 1938, para  ser consumidos en la Región. […] Por tales razones, dada la  relevancia que tendría una reclasificación, basada en un  análisis técnico-científico, sobre los bienes sub litis del  contribuyente, sí resulta válido la exigencia de efectuarse un  buen estudio técnico conforme a las pautas establecidas en  la norma antes mencionada, salvo que exista justificación  razonable para no hacerlo luego que el Tribunal Fiscal  detectara la omisión de la administración tributaria. En ese  contexto, debe amparase la demanda en parte ordenando al  Tribunal Fiscal emitir nuevo pronunciamiento pues el acto  impugnado si incurre en vicio de nulidad previsto en el  numeral 2 del artículo 10 de la Ley 27444. Sentencia de vista  5. La Sétima Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Sub Especialidad Tributaria y Aduanera  de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia  de vista contenida en la resolución número trece, del treinta  de mayo de dos mil diecinueve (folios 148-160), revocó la  sentencia de primera instancia —que declaró fundada en  parte la demanda— y, reformándola, declaró infundada la  demanda en todos sus extremos. Fundamentó su fallo en los  siguientes argumentos: […], la Intendencia Nacional Técnica  Aduanera, es el órgano que presta atención de consultas y  orienta a los órganos de la institución aduanera, sobre los  regímenes, nomenclatura arancelaria, normas, acuerdos y  convenios internacionales y valoración aduanera entre  otros. Asimismo, su naturaleza técnica es exclusiva para la  administración tributaria en general, por tanto; conforme al  anotado artículo 139, las intendencias zonales de la  administración tributaria, pueden recurrir a ella cuando se  busca establecer categóricamente la calificación de  mercancías, sus características y usos. En ese sentido la  clasificación y reclasificación arancelaria de bienes a una  nomenclatura aduanera en zona de la amazonía vincula a  dicho órgano técnico. Asimismo, se verifica que el glosario  de fallos es una relación genérica de decisiones emitidas por  el Tribunal Fiscal que podrían calzar en determinados casosespecíficos, pero no en la totalidad de casos que se  presentan; dado que la particularidad de cada caso hace  imposible que un glosario abarque todos los casos que  resuelva el Tribunal Fiscal. Los hechos determinados por las  instancias de mérito 6. De acuerdo a la sentencia de primera  instancia y a la sentencia de vista, los hechos determinados  por las instancias de mérito son las siguientes: a) Mediante  el Formulario 4949, la empresa codemandada Importadora  Hunter E.I.R.L solicitó el reintegro del impuesto general a las  ventas de los periodos julio y mayo de dos mil quince. b) El  quince de agosto de dos mil quince, la administración  tributaria emitió la Resolución de Intendencia Nº 124-180- 0011211/SUNAT, que resolvió declarar improcedente la  solicitud de reintegro presentada por la contribuyente  respecto del periodo mayo dos mil quince. c) El quince de  octubre de dos mil quince, la administración tributaria emitió  la Resolución de Intendencia Nº 124-180-0011582/SUNAT,  que declaró improcedente la solicitud de reintegro  presentada por la contribuyente respecto del periodo julio  dos mil quince. d) El doce de agosto de dos mil dieciséis, la  administración tributaria emitió la Resolución de Intendencia  Nº 126-014-0004437/SUNAT, que declaró infundada la  reclamación interpuesta contra la Resolución de Intendencia  Nº 124-180-0011582/SUNAT y Resolución de Intendencia Nº  124-180-0011211/SUNAT. e) El dieciséis de setiembre de  dos mil dieciséis, la contribuyente interpuso recurso de  apelación contra Resolución de Intendencia Nº 126-014- 000443 7/SUNAT. f) El veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, el Tribunal Fiscal emite la Resolución Nº 11101-3- 2016, mediante la cual se revoca la Resolución de  Intendencia Nº 126-014-0004437/SUNAT, y dispone que la  administración proceda conforme lo expuesto en la  resolución  del  colegiado  administrativo.  III.  CONSIDERANDOS Los fines del recurso de casación 7.  Debemos establecer, en principio, que la finalidad del  recurso extraordinario de casación es la adecuada aplicación  del derecho objetivo y la uniformidad de la jurisprudencia  nacional establecida por la Corte Suprema de Justicia, tal  como puede interpretarse de lo dispuesto por el artículo 141  de la Constitución Política de 1993 y el artículo 384 del  Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley  Nº 29364. 8. En este sentido, debemos establecer que en un  Estado constitucional, esta finalidad nomofiláctica del  recurso de casación debe ilustrarse en la función que  ostentan las Salas Supremas, como órganos de vértice,  para establecer y fijar la interpretación de las disposiciones  normativas sobre la base de buenas razones. Como refiere  Taruffo, es fundamental en la corrección del procedimiento  de elección y la aceptabilidad de los criterios sobre los  cuales se funda la interpretación de las disposiciones  normativas, que deben ser seguidas por todos los jueces de  la República1. Beneficio del reintegro tributario del impuesto  general a las ventas en la región selva 9. El Protocolo  Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera  Peruano Colombiano de 1938 (en adelante, PECO) es un  tratado internacional suscrito entre las Repúblicas del Perú y  de Colombia con el objeto de promover las actividades  económica, industrial y comercial de las respectivas áreas  amazónicas de las precitadas repúblicas. El artículo VI del  PECO establece lo siguiente: “Los dos países convienen en  exonerar totalmente de gravámenes a las importaciones de  productos originarios y provenientes de los territorios en que  tiene aplicación el presente Protocolo”. 10. Una característica  de dicho protocolo es el Arancel Común, a través del cual se  estableció una lista de mercancías y los gravámenes en él  pactados, cuya nomenclatura es la Nabandina. Este Arancel  Común se caracteriza por ser exclusivamente para el uso y  consumo en los territorios donde se aplica el protocolo. La  salida de las mercancías de la zona de aplicación observará  las disposiciones generales vigentes en cada país. Las  mercancías que no estén en el Arancel Común seguirán el  tratamiento arancelario que les corresponda, de acuerdo  con las respectivas legislaciones nacionales. 11. En armonía  con dicho protocolo, el veintiséis de mayo de mil novecientos  setenta y seis se emitió el Decreto Ley Nº 21503, el cual  estableció nuevas medidas en la aplicación de los regímenes  especiales del impuesto a los bienes y servicios. Con  relación a las empresas ubicadas en la región selva, señaló  lo siguiente: Artículo 7.- Se denominará “Región” para los  efectos del presente Capítulo el territorio comprendido por  los Departamentos de Loreto, San Martín, Amazonas y  Madre de Dios. Artículo 8.- Son requisitos para el goce de los  beneficios establecidos en este Capítulo que los fabricantes,  importadores, mayoristas o minoristas estén domiciliados en  la Región y realicen no menos del 75% de sus operaciones  en la misma. La Autoridad Política del lugar, en coordinación  con la Oficina respectiva de la Dirección General de  Contribuciones, certificará el cumplimiento de los requisitosindicados. Las personas jurídicas deberán estar constituidas  en la Región, tener en ella la administración de sus empresas  y estar inscritas en los Registros Públicos de la Región. No  son aplicación a las empresas públicas de comercialización  los requisitos de domicilio y porcentajes de operaciones que  señala este artículo. Artículo 9.- Está exonerada del impuesto  a los bienes y servicios: a) La importación de los bienes  especificados en el Apéndice de este Decreto Ley que se  destinen al consumo de la Región, así como de los insumos  que se utilicen en ella para la fabricación de dichos bienes.  b) La venta en la Región, para su consumo en la misma, de  los bienes especificados en el Apéndice, así como de los  insumos que se utilicen en ella para la fabricación de dichos  bienes. Artículo 11.- El mayorista o minoristas de la Región,  que  compre  bienes  especificados  en  el Apéndice,  provenientes de fabricantes, mayoristas o minoristas  afectos, del resto del país, tendrá derecho a un reintegro  equivalente al monto del Impuesto que éstos le hubieren  facturado de acuerdo a ley. Los fabricantes de la Región,  que produzcan bienes especificados en el Apéndice, gozarán  del reintegro tributario cuando adquieran del resto del país  los insumos a utilizarse en la producción de dichos bienes.  Tratándose de bienes o insumos comprados a fabricantes  que gocen de la deducción especial a que se refieren los  Capítulos I y II, el reintegro tributario será equivalente al 80%  del impuesto consignado en la factura de compra. 12. En  suma, el beneficio del reintegro tributario alcanza tanto a las  adquisiciones de bienes contenidos en el apéndice del  Decreto Ley Nº 21503, como a las de los bienes especificados  y totalmente liberados en el Arancel Común anexo al  Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación  Aduanera Peruano Colombiano de 1938 vigente, no siendo  requisito para el goce del mismo que los bienes que adquiera  el comerciante de la región de la selva se encuentren  comprendidos en ambos listados. 13. Con relación al  beneficio del reintegro tributario del impuesto general a  las ventas para la región selva, el artículo 46 del Texto  Único Ordenado de la Ley de Impuesto General a las Ventas,  aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF, señala lo  siguiente: Artículo 46.- Requisitos para el beneficio Para el  goce del reintegro tributario, los comerciantes de la Región  deberán cumplir con los requisitos siguientes: A Tener su  domicilio fiscal y la administración de la empresa en la  Región;  b)  Llevar  su  contabilidad  y  conservar  la  documentación sustentatoria en el domicilio fiscal; c)  Realizar no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de  sus operaciones en la Región. Para efecto del cómputo de  las operaciones que se realicen desde la Región, se tomarán  en cuenta las exportaciones que se realicen desde la  Región, en tanto cumplan con los requisitos que se  establezcan mediante Decreto Supremo, refrendado por el  Ministerio de Economía y Finanzas; d) Encontrarse inscrito  como beneficiario en un Registro que llevará la SUNAT, para  tal efecto ésta dictará las normas correspondientes. La  relación de los beneficiarios podrá ser materia de publicación,  incluso la información referente a los montos devueltos; y, e)  Efectuar y pagar las retenciones en los plazos establecidos,  en caso de ser designado agente de retención. Tratándose  de personas jurídicas, adicionalmente se requerirá que  estén constituidas e inscritas en los Registros Públicos de la  Región. Sólo otorgarán derecho al reintegro tributario las  adquisiciones de bienes efectuadas con posterioridad al  cumplimiento de los requisitos mencionados en los incisos  a), b) y d) del presente artículo. La SUNAT verificará el  cumplimiento de los requisitos antes señalados, procediendo  a efectuar el cobro del Impuesto omitido en caso de  incumplimiento. 14. Asimismo, el artículo 48 del Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas  señala lo siguiente: Artículo 48.- Reintegro Tributario Los  comerciantes de la Región que compren bienes contenidos  en el Apéndice del Decreto Ley Nº 21503 y los especificados  y totalmente liberados en el Arancel Común anexo al  Protocolo modificatorio del Convenio de Cooperación  Aduanera Peruano Colombiano de 1938, provenientes de  sujetos afectos del resto del país, para su consumo en la  misma, tendrán derecho a un reintegro equivalente al monto  del Impuesto que éstos le hubieran consignado en el  respectivo comprobante de pago emitido de conformidad  con las normas sobre la materia, siéndole de aplicación las  disposiciones referidas al crédito fiscal contenidas en la  presente Ley, en lo que corresponda. El monto del reintegro  tributario solicitado no podrá ser superior al dieciocho por  ciento (18%) de las ventas no gravadas realizadas por el  comerciante por el período que se solicita devolución. El  monto que exceda dicho límite constituirá un saldo por  reintegro tributario que se incluirá en las solicitudes  siguientes  hasta  su  agotamiento.  Tratándose  de  comerciantes de la Región que hubieran sido designadosagente de retención, el reintegro sólo procederá respecto de  las compras por las cuales se haya pagado la retención  correspondiente, según las normas sobre la materia. El  agente que solicite el reintegro sin haber efectuado y pagado  la retención o sin haber cumplido con pagar la retención  efectuada, correspondiente al período materia de la solicitud,  dentro de los plazos establecidos, no tendrá derecho a dicho  beneficio por las adquisiciones comprendidas en un (1) año  calendario contado desde el mes de la fecha de presentación  de la mencionada solicitud. El reintegro tributario, a elección  del comerciante de la Región, se efectuará mediante  cheques  no  negociables,  documentos  valorados  denominados Notas de Crédito Negociables, o abono en  cuenta corriente o de ahorros. Los comerciantes de la  Región, que tengan derecho al reintegro tributario podrán  optar por renunciar a dicho beneficio, siempre que lo  comuniquen a la SUNAT en la forma, plazo y condiciones  que ésta establezca. Asimismo, podrán cargar al costo o  gasto el monto del reintegro tributario a que tenían derecho  desde el primer día del mes en que fue presentada la  comunicación de renuncia al beneficio. Aquéllos que  habiendo renunciado al reintegro, solicitaran indebidamente  el mismo, deberán restituir el monto devuelto sin perjuicio de  las sanciones previstas en el Código Tributario. 15. De  acuerdo a las disposiciones normativas, se concluye que los  comerciantes que cumplan —entre otros requisitos— con  tener su domicilio fiscal en la región selva, que compren  bienes contenidos en el apéndice del Decreto Ley Nº 21503  o los especificados y totalmente liberados en el Arancel  Común anexo al Protocolo Modificatorio del Convenio de  Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 1938, y que  ingresen tales bienes a la anotada región para ser  consumidos en esta, tienen derecho al reintegro tributario  del impuesto general a las ventas consignado en los  comprobantes de pago que amparan la compra de los  precitados bienes. IV. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES  DECLARADAS  PROCEDENTES  Primera  infracción  normativa procesal 16. Infracción normativa del inciso 5  del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y de  los artículos 50 (inciso 6) y 122 (inciso 4) del Código  Procesal Civil 17. Las disposiciones normativas establecen  lo siguiente Constitución Política del Perú de 1993 Artículo  139.- Principios de la Administración de Justicia Son  principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 5. La  motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las  instancias, excepto los decretos de mero trámite, con  mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de  hecho en que se sustentan. Código Procesal Civil Artículo  50.- Deberes Son deberes de los Jueces en el proceso: […]  6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de  nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas  y el de congruencia. Artículo 122.- Contenido y suscripción  de las resoluciones Las resoluciones contienen: […] 4. La  expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena,  respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez  denegase una petición por falta de algún requisito o por una  cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en  forma expresa indicar el requisito faltante y la norma  correspondiente; 18. Los argumentos que sustentan la  infracción normativa son los siguientes: a) Alega que la Sala  Superior ha incurrido en una indebida motivación al no haber  señalado la base legal en que se sustenta la supuesta  obligación de la SUNAT de emitir informe técnico a cargo de  la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera - INTA para  realizar la reclasificación arancelaria de los productos  declarados por el contribuyente. b) Precisa que la Sala  Superior se adhiere a la decisión del Tribunal Fiscal en el  sentido de la obligatoriedad de emitir un informe técnico de  la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera; sin embargo,  no sustenta en qué norma legal aplicable al caso tributario  basa dicha obligación, es decir, no especifica las razones  por las cuales considera que, a afectos de que la SUNAT  efectúe la reclasificación arancelaria de los bienes  declarados erróneamente por el contribuyente que solicita la  devolución del impuesto general a las ventas, se requiere  necesariamente un informe de la Intendencia Nacional de  Técnica Aduanera o de algún otro órgano técnico, sin  considerar que el área de auditoría de la Intendencia  Regional Loreto se encuentra capacitada para efectuar  dicho análisis sin necesidad de recurrir a otro ente técnico.  c) No existe norma legal que obligue a la SUNAT a emitir un  informe adicional al expedido por la Intendencia regional  cuando se resuelvan las solicitudes de devolución del  impuesto general a las ventas o los recursos impugnatorios  de los contribuyentes, y tan es así que en la sentencia de  vista solo se hizo mención al Decreto Supremo Nº 115-2002- PCM, norma que además se encuentra derogada desde el  doce de mayo de dos mil catorce, esto es, antes de lapresentación de la solicitud de devolución, por lo que tal  norma no resulta aplicable al caso de autos. d) Finalmente,  señala que, siguiendo el razonamiento de la Sala Superior,  no existiría certeza sobre la correcta clasificación arancelaria  efectuada, por lo que, de ser así, la conclusión lógica debería  ser que se anule la resolución del Tribunal Fiscal materia de  impugnación y se ordene a la SUNAT emitir el informe  técnico que se considera indispensable. Sin embargo,  contrariamente a lo señalado, declara la validez de la misma  y ordena a la SUNAT otorgar el reintegro tributario solicitado  sin tener la certeza de que los productos por los cuales  solicita se encuentran comprendidos en el apéndice del  Decreto Ley Nº 21503 y están especificados y totalmente  liberados en el Arancel Común anexo al Protocolo  Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera  Peruano Colombiano de 1938. 19. Antes de realizar el  análisis de la infracción normativa de carácter procesal, es  pertinente señalar que, en el presente caso, el quince de  junio y el diecisiete de agosto de dos mil quince, la empresa  codemandada Importadora Hunter E.I.R.L presentó una  solicitud de devolución por reintegro tributario del impuesto  general a las ventas y del impuesto de promoción municipal  de los periodos julio y mayo de dos mil quince por los  importes de S/. 1983.00 (mil novecientos ochenta y tres  soles con cero céntimos) y S/. 4767.00 (cuatro mil setecientos  sesenta y siete soles con cero céntimos), respectivamente.  20. Al respecto, la empresa codemandada solicitó la nulidad  de las Resoluciones de Intendencia Nº 124-180-0011211/ SUNAT y Nº 124-180-0011582/SUNAT, dado que la partida  arancelaria a la que hacía referencia la administración  tributaria en el Anexo Nº 1 de las referidas resoluciones no  es la misma que declaró la empresa. 21. A su turno, la  administración tributaria señaló que realizó observaciones a  los productos adquiridos y verificó que los mismos no se  encontraban liberados en el Arancel Común anexo al  Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación  Aduanera Peruano Colombiano de 1938, ni detallados en el  apéndice del Decreto Ley Nº 21503. 22. Asimismo, precisa  que la codemandada ha considerado una incorrecta partida  arancelaria y que dicha situación fue rectificada por la  administración y con ello se determinó que no gozaba del  beneficio del reintegro. 23. Igualmente, sostiene que no  resulta necesaria la emisión de un informe técnico para  efectuar la reclasificación arancelaria, dado que no existe  norma legal que la obligue a requerir dicho informe. También,  señala que no se está ante un procedimiento aduanero, sino  ante una solicitud de beneficio tributario y entre las normas  que lo regulan no hay una que exija la emisión de algún  informe técnico por la Intendencia Nacional Técnica  Aduanera. 24. El Tribunal Fiscal, a través de la Resolución  Nº 11101-3-2016 (resolución cuestionada en este proceso),  ha establecido que para realizar la reclasificación arancelaria  (por ende, corregir la clasificación efectuada por el  contribuyente y determinar si este goza o no del reintegro),  es preciso que la administración tributaria emplee un informe  de clasificación arancelario emitido por la Intendencia  Nacional Técnica Aduanera o alguna otra entidad técnica, y  que dicho informe debe contener dos etapas: la primera  referida al estudio merceológico y la segunda referida a la  clasificación propiamente dicha, requisitos que no se habrían  cumplido en el presente caso. 25. De lo antes señalado, esta  Sala Suprema deberá determinar si a la empresa  codemandada le correspondía el beneficio del reintegro del  impuesto general a las ventas. Para tal efecto, se deberá  determinar si para efectuar la reclasificación arancelaria la  administración tributaria debía valerse o no de un informe  técnico emitido por la Intendencia Nacional Técnica  Aduanera u otra entidad técnica. 26. De conformidad con el  artículo 6 de la Ley General de Aduanas, la autoridad  aduanera, en uso de su potestad aduanera, está facultada  para regular el ingreso y salida de mercancías dentro del  territorio aduanero y, como parte de esta facultad, entre  otras, se encuentra la acción de fiscalización y control de  mercancías, que comprende el reconocimiento físico de  las mismas. 27. De igual manera, como parte de sus  acciones de fiscalización y control, la autoridad aduanera  podrá analizar si la subpartida nacional declarada por el  importador al momento de efectuar su declaración es la  correcta, para lo cual realizará el procedimiento de  clasificación arancelaria, el que contiene dos acciones  claramente identificables: la primera etapa referida al  estudio merceológico, el cual recoge las características,  descripción y propiedades de las mercancías, describiéndolas  lo más detalladamente posible; y la segunda etapa referida  a la clasificación arancelaria propiamente dicha, para cuyo  efecto debe partirse de las conclusiones del estudio  merceológico y ubicar la mercancía en cuestión dentro del  Arancel de Aduanas. 28. Asimismo, el artículo 138 delReglamento  de  Organización  y  Funciones  de  la  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria,  aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, señala  que la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera es un  órgano directamente dependiente de la Superintendencia  Nacional Adjunta de Aduanas, y se encarga de administrar la  normatividad para la aplicación de los regímenes y  operaciones aduaneras, destinos aduaneros especiales o  de excepción, reglas de origen, tratados y convenios  internacionales relacionados a dicha normatividad, y de  conducir los sistemas de nomenclatura arancelaria y/o  valoración aduanera. 29. Igualmente, la Intendencia  Nacional Técnica Aduanera procesa las solicitudes de  exoneración de derechos y/o franquicias aduaneras, autoriza  el funcionamiento de los operadores de comercio exterior y  supervisa las actividades de las empresas verificadoras.  Absuelve, además, las consultas de carácter técnico de su  competencia. 30. Asimismo, a través del artículo 139 del  referido reglamento, se determina que, entre otras, es  función de este órgano lo siguiente: [...] i) Atender consultas  y orientar a los órganos de la Institución y usuarios del  servicio aduanero sobre los regímenes, operaciones y  destinos aduaneros especiales o de excepción, nomenclatura  arancelaria, normas de origen, acuerdos y convenios  internacionales, valoración aduanera, verificación previa al  embarque, registro de operadores del comercio exterior [...].  31. De esta manera, debemos concluir que la Intendencia  Nacional de Técnica Aduanera era el órgano que presta  atención de consultas y orienta a los órganos de la institución  aduanera, sobre los regímenes, nomenclatura arancelaria,  normas, acuerdos y convenios internacionales y valoración  aduanera, entre otros. Por lo tanto, conforme al artículo 139  precitado, las Intendencias Zonales de la administración  tributaria pueden acudir a dicha intendencia técnica para  que realice la clasificación o reclasificación arancelaria. 32.  En este contexto, en el presente caso, para realizar la  reclasificación arancelaria —es decir, para corregir la  clasificación efectuada por el contribuyente y determinar si  este gozaba o no del beneficio del reintegro la administración  tributaria, en consideración a lo dispuesto por los artículos  138 y 139 del Reglamento de Organización y Funciones de  la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria,  aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, y a los  principios  de  razonabilidad  e  interdicción  de  la  arbitrariedad2—, era razonable contar previamente con un  informe de clasificación arancelario emitido por la Intendencia  Nacional Técnica Aduanera o alguna otra entidad técnica  competente. No obstante, la administración tributaria, no  requirió este informe. 33. En los considerandos sétimo y  octavo de la sentencia de vista, es posible observar este  mismo razonamiento: SÉTIMO: […] Como se advierte, la  Intendencia Nacional Técnica Aduanera, es el órgano que  presta atención de consultas y orienta a los órganos de la  institución aduanera, sobre los regímenes, nomenclatura  arancelaria, normas, acuerdos y convenios internacionales y  valoración aduanera entre otros. Asimismo, su naturaleza  técnica es exclusiva para la administración tributaria en  general, por tanto conforme al anotado artículo 139, las  intendencias zonales de la administración tributaria, pueden  recurrir a ella cuando se busca establecer categóricamente  la calificación de mercancías, sus características y usos. En  ese sentido la clasificación y reclasificación arancelaria  de bienes a una nomenclatura aduanera en zona de la  amazonía vincula a dicho órgano técnico. [Énfasis  nuestro] OCTAVO: […] Al respecto y como ya señaláramos  en párrafos precedentes, la Intendencia Nacional Técnica  Aduanera es el órgano técnico que sirve de apoyo a la  administración tributaria en general, en ese sentido el  Tribunal Fiscal expresó que la Intendencia Regional de  Loreto - SUNAT, no empleó informes técnicos emitidos por la  INTA u órgano similar, para reclasificar las mercancías que  la contribuyente declaró, lo que produjo que no goce del  reintegro tributario. El anotado criterio es similar al expresado  por la A quo y compartida por este colegiado, dado que se  tratan de mercancías que en último grado deben ser  reclasificadas por la administración de manera correcta y  precisa, y en base al apoyo técnico brindado por la INTA, ello  con el fin de soslayar posibles errores que, podrían generar  un perjuicio económico tanto a la propia Sunat como al  contribuyente. Bajo esa línea de análisis, podemos concluir  que la INTA contiene un rol de órgano de garantía, al que  debe acudirse cuando corresponda. En el caso de autos, la  administración tributaria efectuó la reclasificación de bienes  de la contribuyente Importadora Hunter E.I.R.L. sin sustento  técnico, imprescindible para determinar con certeza que los  bienes adquiridos corresponden a la partida correcta. 34. En  este escenario, sobre el deber de motivación, esta Sala  Suprema debe señalar que es una garantía vinculada a lacorrecta administración de justicia y que además protege el  derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones  que el derecho suministra. Así, señala la Corte Interamericana  de Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera y otros  (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs.  Venezuela lo siguiente: 77. La Corte ha señalado que la  motivación “es la exteriorización de la justificación razonada  que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las  resoluciones es una garantía vinculada con la correcta  administración de justicia, que protege el derecho de los  ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho  suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas  en el marco de una sociedad democrática. En el mismo  sentido: Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción  Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27  de enero de 2009. Serie C No. 193, párr.152. 35. En el caso,  tal como señalamos en los puntos anteriores, esta Sala  Suprema advierte que la sentencia de vista materia de  casación no ha vulnerado el derecho a la debida motivación  de las resoluciones judiciales, toda vez que se ha cumplido  con emitir una decisión basada en los hechos probados y la  normativa aplicable, como se desprende del desarrollo  lógico jurídico que fluye a partir del sétimo y octavo  considerandos de la sentencia de vista. 36. En consecuencia,  la sentencia de vista no incurre en infracción normativa, por  lo que corresponde declarar infundada la causal denunciada.  Segunda infracción 37. Infracción normativa por  inaplicación del artículo IV del título preliminar del  Código Tributario. 38. La disposición normativa establece  lo siguiente: Código Tributario NORMA IV: PRINCIPIO DE  LEGALIDAD - RESERVA DE LA LEY Sólo por Ley o por  Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: a)  Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho  generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo  y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el  agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo  establecido en el Artículo 10; b) Conceder exoneraciones y  otros beneficios tributarios; […] 39. Los argumentos que  sustentan la infracción normativa son los siguientes: a)  Señala que, al momento de resolver la presente litis, se ha  dejado de aplicar la norma que denuncia y se ha concedido  beneficios tributarios sin respetar el principio de reserva de  ley al no haberse cumplido con todos los requisitos  establecidos. b) Precisa que, para acceder al beneficio de  reintegro tributario, la administración tributaria debe  constatar que los bienes por los que se solicita el reintegro  estén contenidos en el Protocolo Modificatorio del Convenio  de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano. Caso  contrario, debe denegarlo. Otorgar el reintegro tributario sin  verificar el cumplimiento de todos los requisitos o incluir  obligaciones fuera de la ley para otorgarlos vulneraría el  principio de reserva de ley. c) En el presente caso, la Sala  Superior  está  otorgando  el  reintegro  tributario  al  contribuyente únicamente al considerar que la SUNAT no  había sustentado la reclasificación arancelaria hecha a los  productos adquiridos, sin antes haber verificado si los bienes  por cuya adquisición se solicita el reintegro tributario se  encuentran contenidos en el apéndice del Decreto Ley Nº  21503 y los especificados y totalmente liberados en el  Arancel Común anexo al mencionado protocolo. d) Así,  refiere que existe una abierta contravención del principio de  reserva de ley, puesto que la Sala Superior ha concedido un  beneficio tributario sin verificar el cumplimiento de todos los  requisitos, únicamente por la falta de un informe técnico de  reclasificación elaborado por la Intendencia Nacional de  Técnica Aduanera, cuando ello solo podría llevar a que la  SUNAT emita nueva resolución basándose en un informe  técnico de dicha Intendencia. En ese sentido, de considerar  necesaria la emisión del informe técnico adicional a los  procedimientos practicados por la administración tributaria,  únicamente se podría ordenar a la SUNAT la emisión del  mismo, mas no el otorgamiento del beneficio tributario. El  principio de legalidad - reserva de ley 40. En principio,  debemos señalar que la potestad tributaria es el poder que  ostenta el Estado para proveerse de recursos o ingresos  públicos para el cumplimiento de sus funciones a través de  contribuciones obligatorias. Esta potestad tributaria, sin  embargo, no puede ser ejercida arbitrariamente, sino que  está sujeta a la observación de principios3 y los límites  establecidos en la Constitución, y en las normas  convencionales4 y en la ley (Constitución Financiera)5.  Señala el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en  el Expediente Nº 0042-2004-AI/TC6: 7. De acuerdo con  nuestra Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la  facultad del Estado para crear, modificar o derogar tributos,  así como para otorgar beneficios tributarios. Esta potestad  se manifiesta a través de los distintos niveles de Gobierno u  órganos del Estado -central, regional y local-. Sin embargo,es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta o  ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al  margen de los principios y límites que la propia  Constitución y las leyes de la materia establecen. La  imposición de determinados límites que prevé la Constitución  permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria  por parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de  otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida  arbitrariamente  y  en  detrimento  de  los  derechos  fundamentales de las personas. Por ello, se puede decir  que los principios constitucionales tributarios son  límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también  son garantías de las personas frente a esa potestad; de  ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la medida  que su ejercicio se realice en observancia de los  principios constitucionales que están previstos en el  artículo 74 de la Constitución, tales como el de legalidad,  reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos  fundamentales de las personas y el principio de interdicción  de la confiscatoriedad. [Énfasis nuestro] 41. Esta potestad  del Estado en materia tributaria, como refiere el Tribunal  Constitucional7, puede ser: a) Originaria, cuando se ejerce a  través del Congreso de la Republica, los gobiernos  regionales y locales b) Derivada, cuando la ejerce el Poder  Ejecutivo mediante Decretos Legislativos, previa delegación  de facultades 42. En este contexto, debemos señalar que el  principio de legalidad - reserva de la ley está regulado en  nuestra Constitución Política del Estado y en el Código  Tributario. Constitución Política del Perú de 1993 Artículo  74°.- Principio de Legalidad Los tributos se crean, modifican  o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente  por ley o decreto legislativo en caso de delegación de  facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan  mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los  Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir  contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su  jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al  ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de  reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos  fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener  carácter confiscatorio. Las leyes de presupuesto y los  decretos de urgencia no pueden contener normas sobre  materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de  periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año  siguiente a su promulgación. No surten efecto las normas  tributarias dictadas en violación de lo que establece el  presente  artículo.8  Código  Tributario  NORMA  IV:  PRINCIPIO DE LEGALIDAD - RESERVA DE LA LEY Sólo  por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se  puede: a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el  hecho generador de la obligación tributaria, la base para su  cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor  tributario y el agente de retención o percepción, sin perjuicio  de lo establecido en el Artículo 10º; b) Conceder  exoneraciones y otros beneficios tributarios; c) Normar los  procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos  en cuanto a derechos o garantías del deudor tributario; d)  Definir las infracciones y establecer sanciones; e) Establecer  privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria;  y, f) Normar formas de extinción de la obligación tributaria  distintas a las establecidas en este Código 43. Sobre el  contenido de este principio, el Tribunal Constitucional ha  señalado lo siguiente: Expediente Nº 02835-2010-PA/TC  33. El principio de legalidad en materia tributaria se traduce  en el aforismo nullum tributum sine lege, consistente en la  imposibilidad de requerir el pago de un tributo si una ley o  norma de rango equivalente no lo tiene regulado. Este  principio cumple una función de garantía individual al fijar un  límite a las posibles intromisiones arbitrarias del Estado en  los espacios de libertad de los ciudadanos, y cumple también  una función plural, toda vez que se garantiza la democracia  en los procedimientos de imposición y reparto de la carga  tributaria, puesto que su establecimiento corresponde a un  órgano plural donde se encuentran representados todos los  sectores de la sociedad. Así, conforme se establece en el  artículo 74° de la Constitución, la reserva de ley, es ante  todo una cláusula de salvaguarda frente a la posible  arbitrariedad del Poder Ejecutivo en la imposición de tributos.  Expediente Nº 2302-2003-AA/TC 32. […] En materia  tributaria, el principio de legalidad implica, pues, que el  ejercicio de la potestad tributaria por parte del Poder  Ejecutivo o del Poder Legislativo, debe estar sometida no  sólo a las leyes pertinentes, sino, y principalmente, a lo  establecido en la Constitución. 33. A diferencia de este  principio, la reserva de ley significa que el ámbito de la  creación, modificación, derogación o exoneración -entre  otros- de tributos queda reservada para ser actuada  mediante una ley. El respeto a la reserva de ley para laproducción normativa de tributos tiene como base la fórmula  histórica “no taxation without representation” —es decir, que  los tributos sean establecidos por los representantes de  quienes van a contribuir. Así, conforme se establece en el  artículo 74° de la Constitución, la reserva de ley, es ante  todo una cláusula de salvaguarda frente a la posible  arbitrariedad del Poder Ejecutivo en la imposición de tributos.  44. No obstante, el principio de legalidad - reserva de ley en  materia tributaria no tiene una visión unívoca en la doctrina  constitucional. En este sentido, puede entenderse como dos  principios con una configuración distinta, como establece el  Tribunal Constitucional9; como un solo principio en el que la  reserva de ley puede ser entendida como una concreción del  principio de legalidad10; o como una técnica de redacción de  disposiciones constitucionales, por la que el constituyente le  ordena al legislador que ciertos temas deben ser  desarrollados por una fuente específica: la ley11. 45. El  principio de legalidad - reserva de la ley, en materia tributaria  tiene asignado el cumplimiento de cuatro funciones12: a)  Desde una perspectiva democrática, este principio ha  respondido a la tradicional exigencia de la autoimposición o  consentimiento de los impuestos (nullum tributum sine lege  o no taxation without representation), conforme a la cual los  poderes públicos no pueden exigir unilateralmente a los  ciudadanos (ni estos estarán obligados) el pago de cualquier  prestación patrimonial y pública si, previamente, no ha sido  consentida ni regulada por normas jurídicas de mayor rango  jerárquico emanadas de representantes políticos legítimos.  b) Cumple una función de carácter garantista estrictamente  individual de la de la libertad patrimonial y personal del  ciudadano frente a las posibles pretensiones recaudatorias  arbitrarias del poder público, sobre todo con respecto a los  tributos, pues el sentido de la reserva de ley tributaria no es  otro que el de asegurar que la regulación de un determinado  ámbito vital de las personas dependa exclusivamente de la  voluntad de sus representantes. c) Preserva la unidad del  ordenamiento jurídico para garantizar la igualdad básica o el  tratamiento uniforme para los contribuyentes d) En tanto  principio de seguridad jurídica, aun no siendo un valor que  tenga una relación directa con los tributos, supone la certeza  de que el derecho posibilita que los contribuyentes puedan  conocer con precisión el alcance de sus obligaciones fiscales  y las consecuencias que pueden derivarse de su conducta.  46. De esta manera, para establecer si en el caso estamos  frente a una vulneración del principio de reserva de ley,  debemos observar que los elementos constitutivos del  tributo deben estar contenidos cuando menos en la norma  de rango legal que lo crea, es decir, el hecho generador  (hipótesis de incidencia tributaria), sujeto obligado, materia  imponible y alícuota. Sobre los elementos esenciales o  constitutivos del tributo, el Código Tributario ha señalado lo  siguiente: NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD -  RESERVA DE LA LEY Sólo por Ley o por Decreto Legislativo,  en caso de delegación, se puede: a) Crear, modificar y  suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación  tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el acreedor  tributario; el deudor tributario y el agente de retención o  percepción, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10º;  […] En este mismo sentido, sobre los elementos esenciales  que configuran el tributo, el Tribunal Constitucional ha  señalado lo siguiente: Expedientes (acumulados) Nº 001- 2004-AI/TC y Nº 002-2004-AI/TC 39. […] Debe precisarse  que para la plena efectividad del principio de legalidad, los  elementos constitutivos del tributo deben estar contenidos  cuando menos en la norma de rango legal que lo crea, es  decir, el hecho generador (hipótesis de incidencia tributaria),  sujeto obligado, materia imponible y alícuota. Expediente  Nº 2689-2004-AA 21. Asimismo, en cuanto a la creación del  tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente,  derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los  parámetros estén claramente establecidos en la propia Ley  o norma con rango de Ley. Para ello, se debe tomar en  cuenta que el grado de concreción de sus elementos  esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho  imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de los  elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la  entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la  materia. De este modo, la regulación del hecho imponible  en abstracto -que requiere la máxima observancia del  principio de reserva de ley-, debe comprender la  alícuota, la descripción del hecho gravado (aspecto  material), el sujeto acreedor y deudor del tributo  (aspecto personal), el momento del nacimiento de la  obligación tributaria (aspecto temporal), y el lugar de su  acaecimiento (aspecto espacial), según ha señalado este  Tribunal  (Expediente  Nro  2762-2002-AAlTC  y  Nro  3303-2003-AAlTC). El Tribunal Constitucional español13, en  las sentencias de números 37/1981 (fundamento jurídico 4),6/1983 (fundamento jurídico 4), 179/1985 (fundamento  jurídico 3), 19/1987 (fundamento jurídico 4), 233/1999  (fundamento jurídico 9); 63/2003 (fundamento jurídico 4),  150/2003 (fundamento jurídico 3) y 121/2005 (fundamento  jurídico 5), entre otras, sobre este principio ha señalado lo  siguiente: […] la reserva de ley hay que entenderla referida  a los criterios o principios con arreglo a los cuales se ha de  regir la tributación: la creación ex novo de un tributo y la  determinación de los elementos esenciales o configuradores  del mismo, que pertenecen siempre al plano o nivel de la ley  y no pueden dejarse nunca a la legislación delegada y  menos todavía a la potestad reglamentaria. 47. En el caso,  con relación al beneficio del reintegro del impuesto general a  las ventas en la región selva, en consideración al principio  de reserva de ley, debemos señalar que para acceder a  estas exoneraciones los artículos 46 y 48 del Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas  señalan que los comerciantes deben cumplir con tener su  domicilio fiscal en la región selva, comprar bienes contenidos  en el apéndice del Decreto Ley Nº 21503 o los especificados  y totalmente liberados en el Arancel Común anexo al  Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación  Aduanera Peruano Colombiano de 1938, y que ingresen  tales bienes a la anotada región para ser consumidos en  esta. Dicho de otro modo, con el cumplimiento de estos  requisitos, los contribuyentes tienen derecho al reintegro  tributario del impuesto general a las ventas consignado en  los comprobantes de pago que amparan la compra de los  precitados bienes. 48. En el caso, la empresa codemandada  solicitó el reintegro del impuesto general a las ventas de los  bienes importados que clasificó en la partida arancelaria  93.04.01.01. No obstante, la administración tributaria  determinó que no procedía el reintegro del impuesto general  a las ventas, dado que la empresa demandada no clasificó  correctamente los productos objeto de la solicitud de  reintegro del impuesto general a las ventas. En efecto, la  administración reclasificó la partida arancelaria de los  productos importados en la partida arancelaria 93.02.00.00 y  la subpartida nacional 9302.00.21.00. 49. Asimismo, la  administración señaló que no correspondía el reintegro  tributario, dado que dichos productos no se encontraban  incluidos en el beneficio de reintegro, al no estar en el  Arancel Común anexo al Protocolo Modificatorio del  Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano  de 1938, ni detallados en el apéndice del Decreto Ley Nº  21503. 50. No obstante, en el presente caso, la  administración, al momento de realizar la reclasificación  arancelaria, no la sustentó con un informe de clasificación  arancelario emitido por la Intendencia Nacional Técnica  Aduanera u otra entidad técnica competente que sustente su  validez. En efecto, para corregir la clasificación efectuada  por el contribuyente y determinar si este goza o no del  beneficio del reintegro, la administración debió emitir  previamente un informe de clasificación arancelario emitido  por la referida intendencia o alguna otra entidad técnica  competente; no obstante, no lo hizo. 51. En el caso, de  acuerdo a los argumentos señalados, esta Sala Suprema no  observa la existencia de algún supuesto de vulneración del  principio de reserva de ley, en la medida que el reintegro  está regulado por las disposiciones señaladas. 52. En  consecuencia, no ha sido acreditado que la Sala Superior  haya inaplicado el principio de reserva de ley, por lo que el  recurso de casación debe ser declarado infundado.  DECISIÓN Por tales consideraciones y de conformidad con  lo regulado en el artículo 397 del Código Procesal Civil,  DECLARARON: INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y  de Administración Tributaria (mediante su Procuraduría  Pública), presentado el diecinueve de junio de dos mil  diecinueve (folios 166 -175 del Expediente Principal Nº  03576-2017-0-1801-JR-CA-21), contra la sentencia de vista  contenida en la resolución número trece, del treinta de mayo  de dos mil diecinueve (folios 148-160), que revocó la  sentencia de primera instancia, contenida en la resolución  número nueve, del treinta y uno de diciembre de dos mil  dieciocho (folios 94-114), que declaró fundada en parte la  demanda; y, reformándola la declararon infundada en todos  sus extremos. En consecuencia, NO CASARON la sentencia  de vista contenida en la resolución número trece, del treinta  de mayo de dos mil diecinueve (folios 148-160), emitida por  la  Sétima  Sala  Especializada  en  lo  Contencioso  Administrativo con Sub Especialidad Tributaria y Aduanera  de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por último,  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en  el diario oficial El Peruano bajo responsabilidad, en los  seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria contra el Tribunal Fiscal y la  Importadora Hunter E.I.R.L., sobre acción contenciosoadministrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los  actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo  Bustamante del Castillo. SS. GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA  FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA  PINEDA, DÁVILA BRONCANO. 1  Esta no es la de asegurar la exactitud formal de la interpretación, lo que equivaldría  a hacer prevalecer la interpretación formalista, en cuanto fundada solo sobre  criterios formales, sino la de establecer cuál es la interpretación justa, o más justa,  de la norma sobre la base de directivas y de las elecciones interpretativas más  correctas (es decir, aceptables sobre la base de las mejores razones)”   Una nomofiláctica formalista no tiene sentido, pues no significaría “defensa  de la ley” sino defensa de una interpretación formal de la ley. Por otra parte, la  nomofiláctica como elección y defensa de la interpretación justa no significa que no  significa que, por esto, este sometida a criterios específicos y predeterminados de  justica material ni mucho menos a criterios equitativos con contenidos particulares.  Significa en cambio, la elección de la interpretación fundada en las mejores  razones, sean lógicas, sistemáticas o valorativas: bajo este perfil la nomofilaquia  es la corrección del procedimiento de elección y la aceptabilidad de los criterios  sobre los cuales aquella se funda para constituir el elemento esencial, más que la  naturaleza del resultado particular que de ella deriva  TARUFFO, Michele (2005) El vértice ambiguo. Ensayos sobre la casación civil.  Lima, Palestra Editores; p.129 2  Señala el Tribunal Constitucional al Respecto  En este sentido, la razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado a la justicia  y está en la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho. Se expresa  como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de las  facultades discrecionales, exigiendo que las decisiones que se tomen en ese  contexto respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias. Como  lo ha sostenido este Colegiado, esto “implica encontrar justificación lógica en los  hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los  poderes públicos” (Cfr. Exp. Nº 0006-2003-AI/TC). 3  Los principios de derechos humanos constituyen un marco que apuntala las  funciones clave de la política fiscal y la tributación: La movilización de los recursos  para financiar los derechos hasta ‘el máximo de los recursos disponibles’; la  redistribución de la riqueza para reducir la desigualdad de ingresos y otras  desigualdades; y la rendición de cuentas entre el estado y la ciudadanía. La política  fiscal puede contribuir también a la corrección de las deficiencias del mercado y  la protección de los bienes comunes, incluido el medio ambiente. Estos principios  contenidos en los tratados de derechos humanos, proveen los parámetros  normativos para someter las políticas fiscales y los presupuestos al escrutinio  de los derechos y tienen el potencial de cambiar la forma en que éstas políticas  se diseñan, formulan e implementan, con el objetivo de ponerlas al servicio del  desarrollo humano y de la realización de los derechos.  VARIOS (2015). Política fiscal y derechos humanos en las Américas. Movilizar los  recursos para garantizar los derechos. Washington D.C, Autores; p. 10  https://www.cesr.org/sites/default/files/cidh_fiscalidad_ddhh_oct2015.pdf 4  La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene diversos casos vinculados  a la potestad tributaria del Estado, tales como el caso Acevedo Buendía y otros  (cesantes y jubilados de la Contraloría) vs. Perú; Chiriboga vs. Ecuador; Ivcher  Bronstein vs. Peru; Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, I.V. vs Bolivia  Señala Masbernat al respecto:  En efecto, la perspectiva usual de abordar esta materia es a través de los  derechos fundamentales y derechos constitucionales en el ámbito tributario, así  como de otros aspectos derivados de las normas constitucionales, limitaciones a la  potestad tributaria, tales como los principios materiales y formales de la tributación,  por ejemplo, la capacidad contributiva, reserva de ley en materia tributaria o la  exclusión de la discriminación arbitraria. A partir de esta variante, se ha derivado a  la idea de justicia tributaria y derechos humanos.  MASBERNAT, Patricio (2019). “Asuntos tributarios en la jurisprudencia de la Corte  Interamericana de Derechos Humanos”. En Díkaion, vol. 28, Nº 2; p. 409  https://doi.org/10.5294/dika.2019.28.2.8 5  […] La potestad tributaria del Estado está restringida únicamente a la obtención de  los recursos necesarios para la concreción de la misión estatal, debiendo realizarla  respetando los derechos fundamentales de las personas. Así es inconstitucional  y constituye una desviación de poder utilizar los instrumentos tributarios para la  obtención de un fin diverso de los autorizados por la Carta Magna o para establecer  un sistema socio-económico contrario al estatuido en la Ley Fundamental. Esto es  tal, ya que la irrupción del Estado en la vida individual y social está regulada en la  propia Carta Fundamental y deriva de los principios generales que esta contempla,  de las normas específicas relativas al Orden Publico, económico, como del respeto  que debe otorgarse a los derechos fundamentales.  RIBERA NEUMANN, Teodoro (2016). “La potestad tributaria del Estado”. En  Revista de Derecho Público, vol. 62; p. 24.   https://revistas.uchile.cl/index.php/RDPU/article/download/43193/45146/0 6  Véase el fundamento B) §3,7 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0042- 2004-AI/TC, del trece de abril de dos mil cinco. 7  16. […]   Conforme con lo que se ha señalado en los fundamentos precedentes, la  potestad tributaria la ejerce el Estado por atribución directa u originaria, a través  del Congreso de la República, los Gobiernos regionales, los Gobiernos locales  (artículo 74 de la Constitución); excepcionalmente, de forma derivada y previa  delegación de facultades, el Poder Ejecutivo puede ejercer dicha atribución a  través de un decreto legislativo.   claro que sólo en estos niveles de Gobierno, por previsión constitucional, se  puede ejercer la potestad tributaria; por lo que no es jurídicamente posible  que un órgano que no forme parte de este nivel de Gobierno pueda arrogarse  dichas facuItades, ni que quepa la posibilidad de que éstas sean delegadas aun organismo administrativo. El único supuesto de delegación de facuItades  tributarias que prevé nuestra Constitución es aquel en el cual el Congreso habilita  al Poder Ejecutivo para que legisle, dentro del plazo y en las materias establecidas  en la ley habilitante; debiendo entenderse por Poder Ejecutivo, únicamente, a los  órganos constitucionalmente encargados de aprobar un decreto legislativo, esto  es, al Consejo de Ministros y al Presidente de la República, de acuerdo con la  Constitución (artículos 104 y 125, inciso 2). Esta delegación de facultades, como  es evidente, no supone una transferencia de facultades absolutas, sino que está  sujeta a control tanto por parte del Poder Legislativo, así como por el propio  Poder Ejecutivo, en la medida que la Constitución (artículo 125, inciso 2) faculta  al Consejo de Ministros, para “aprobar los decretos legislativos y los decretos de  urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y  los decretos y resoluciones que dispone la ley”.  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0042-2004-AI/TC, del trece de abril de  dos mil cinco 8  Artículo modificado por Ley Nº 28390, publicada el diecisiete de noviembre de dos  mil cuatro. 9  32. Ahora bien, es bastante frecuente la confusión que existe entre el principio de  legalidad y el de reserva de ley.  Se debe partir de señalar que no existe identidad entre ellos. Así, mientras que  el principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la subordinación  de todos los poderes públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan  su forma de ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de  legitimidad por jueces independientes; la reserva de ley, por el contrario, implica  una determinación constitucional que impone la regulación, sólo por ley, de ciertas  materias.   Así, mientras el Principio de legalidad supone una subordinación del Ejecutivo  al Legislativo, la Reserva no sólo es eso sino que el Ejecutivo no puede entrar,  a través de sus disposiciones generales, en lo materialmente reservado por la  Constitución al Legislativo. De ahí que se afirme la necesidad de la Reserva, ya  que su papel no se cubre con el Principio de legalidad, en cuanto es sólo límite,  mientras que la Reserva Implica exigencia reguladora  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 2302-2003-AA/TC, del trece de abril de  dos mil cinco 10  En este sentido, y teniendo siempre en cuenta que la reserva de ley constituye  una concreción del principio genérico de legalidad, nosotros vamos a utilizar  indistintamente ambas expresiones como si fueran sinónimos, aunque en  ocasiones, la denominación de principio de legalidad sea más ajustada que la  indicada de reserva de ley.  ROMERO FLOR, Luis María (2013). “La reserva de ley como principio fundamental  del derecho tributario”. En Dixi, Nº 18; p. 52  https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/3722/fi_1397319032- revista%20dixi%2018.pdf?sequence=1 11  Sobre los significados del principio de reserva de la ley, la Corte Constitucional  Colombiana ha señalado lo siguiente en la Sentencia C-507/14:  La expresión reserva de ley tiene varios significados o acepciones, en primer lugar  se habla de reserva general de ley en materia de derechos fundamentales, para  hacer referencia a la prohibición general de que se puedan establecer restricciones  a los derechos constitucionales fundamentales en fuentes diferentes a la ley. Sólo  en normas con rango de ley se puede hacer una regulación principal que afecte los  derechos fundamentales. En segundo lugar la expresión reserva de ley se utiliza  como sinónimo de principio de legalidad, o de cláusula general de competencia  del Congreso, la reserva de ley es equivale a indicar que en principio, todos los  temas pueden ser regulados por el Congreso mediante ley, que la actividad de  la administración (a través de su potestad reglamentaria) debe estar fundada en  la Constitución (cuando se trate de disposiciones constitucionales con eficacia  directa) o en la ley (principio de legalidad en sentido positivo). Y en tercer lugar,  reserva de ley es una técnica de redacción de disposiciones constitucionales,  en las que el constituyente le ordena al legislador que ciertos temas deben ser  desarrollados por una fuente específica: la ley. En este último sentido todos los  preceptos constitucionales en los que existe reserva de ley imponen la obligación  que los aspectos principales, centrales y esenciales de la materia objeto de reserva  estén contenidos (regulados) en una norma de rango legal. Es decir, en la ley en  cualquiera de las variantes que pueden darse en el Congreso de la República,  decretos leyes, o decretos legislativos. Las materias que son objeto de reserva  de ley pueden ser “delegadas” mediante ley de facultades extraordinarias al  Ejecutivo para que sea éste quien regule la materia mediante decretos leyes.  Pero las materias objeto de reserva de ley no pueden ser “deslegalizadas”, esto  es, el legislador no puede delegar al Ejecutivo que regule esa materia mediante  reglamento, en desarrollo del artículo 189.11 de la Constitución. 12  ROMERO FLOR, op. cit., p. 53  13  Citado por ROMERO FLOR, op. cit., p. 55 C-2136203-25