CASACIÓN Nº 23153-2019 ICA
MATERIA: Pago de bono por función jurisdiccional y otros Sumilla. El derecho al debido proceso importa que los jueces,  al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones  objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión,  estas razones, deben provenir no sólo del ordenamiento  jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos  debidamente acreditados en el trámite del proceso, a través  de la valoración conjunta de los medios probatorios. Lima, seis de julio de dos mil veintidós VISTA, la causa número veintitrés mil ciento cincuenta y  tres, guion dos mil diecinueve, guion ICA, en audiencia  pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a  ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL  RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto  por el procurador público de la entidad demandada, Poder  Judicial, mediante escrito de fecha uno de agosto de dos  mil diecinueve (fojas ciento cincuenta a ciento sesenta)  contra la sentencia de vista de fecha nueve de julio de dos  mil diecinueve (fojas ciento veintinueve a ciento cuarenta y  tres), que revocó la sentencia apelada de fecha diecisiete  de mayo de dos mil diecinueve (fojas setenta y ocho a  cien), que declaró fundada en parte la demanda; en el  proceso ordinario laboral seguido por Neiva Augusta  Fernández Enciso, sobre pago de bono por función  jurisdiccional y otros. CAUSAL DEL RECURSO: Por  resolución del nueve de diciembre de dos mil veintiuno  (fojas ochenta a ochenta y cinco del cuaderno de casación),  se declaró procedente el recurso interpuesto por la  siguiente causal: infracción normativa del inciso 3 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú;  correspondiendo  a  este  Colegiado  Supremo  emitir  pronunciamiento  de  fondo  sobre  dicha  causal.  CONSIDERANDO: Primero. Desarrollo del proceso a)  Pretensión. Mediante escrito de demanda presentado el  trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas treinta y tres a  cuarenta y ocho) la demandante solicita se declare el  carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional a  partir del uno de enero de dos mil catorce, y como tal, parte  integrante de la remuneración mensual computable para el  pago de las gratificaciones de fiesta patrias y navidad, así  como para el cálculo de la compensación de tiempo de  servicios; se declare el carácter remunerativo de las  bonificaciones extraordinarias otorgadas mediante Decreto  Supremo número 045-2003-EF, Decreto Supremo número  016-2004, Decreto Supremo número 002-2016-EF, Decreto  de Urgencia número 017-2006, Ley número 29142, y como  tal parte integrante de la remuneración mensual computable  para el pago de las gratificaciones de fiestas patrias y  navidad, y compensación por tiempo de servicios; se  ordene el reintegro por gratificaciones por fiestas patrias y  navidad, desde el año dos mi siete al dos mil dieciocho porla suma ascendente a dieciséis mil quinientos sesenta y  ocho con 00/100 soles (S/ 16 568.00); se ordene el depósito  de la compensación por tiempo de servicios por los  periodos: i) Del doce de enero de dos mil siete al treinta de  abril de dos mil trece; ii) del uno de noviembre de dos mil  quince al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho  por la suma ascendente a trece mil ciento treinta y siete  con 64/100 (S/ 13 137.64); se ordene a la demandada, en  aplicación del inciso b) de la novena disposición  complementaria final y segunda disposición complementaria  modificatoria de la Ley número 30057, que cuando se  produzca su cese pague la compensación por tiempo de  servicios, por el periodo del uno de mayo de dos mil trece  al treinta y uno de octubre de dos mil quince por la suma  ascendente a seis mil novecientos dieciocho con 33/100  soles (S/ 6918.33); pago de indemnización vacacional por  los periodos desde el dos mil siete al dos mil dieciocho en  la suma de treinta y dos mil seiscientos noventa y dos con  00/100 soles (S/32 692.00); más intereses legales y pago  de costos del proceso. b) Sentencia de primera instancia.  El juez del Primer Juzgado Especializado de Trabajo de la  Corte Superior de Justicia de Ica, mediante sentencia de  fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas  setenta y ocho a cien), declaró fundada en parte la  demanda sobre el pago de bono por función jurisdiccional y  otros; en consecuencia, dispuso que la demandada pague  al actor la suma de diecisiete mil cuatro con 49/100 soles  (S/ 17 004.49), por los siguientes conceptos: i) Reintegro  de las gratificaciones legales desde fiestas patrias de dos  mil catorce hasta navidad de dos mil dieciocho, la suma de  siete mil ochenta y cinco con 00/100 soles (S/ 7 085.00); ii)  Reintegro de la compensación por tiempo de servicio del  doce de enero de dos mil siete al treinta de abril de dos mil  trece y del uno de noviembre de dos mil quince al treinta y  uno de octubre de dos mil dieciocho, la suma de seis mil  novecientos cuarenta y siete con 49/100 soles (S/6 947.49);  iii) indemnización vacacional correspondiente al período  dos mil siete a dos mil ocho en la suma de dos mil  novecientos setenta y dos con 00/100 soles (S/ 2 972.00).  Cantidades que al ser abonadas deberán incluir los  intereses legales aplicables, cuyo cálculo se realizará en  ejecución de sentencia. Y declaró infundada e improcedente  la demanda respecto de los demás conceptos peticionados,  con costos y sin costas. c) Sentencia de segunda  instancia. El Colegiado de la Sala Laboral Permanente de  la citada Corte, mediante sentencia de vista de fecha nueve  de julio de dos mil diecinueve (fojas ciento veintinueve a  ciento cuarenta y tres), resolvió: confirmar la sentencia en  cuanto  declara  fundada  en  parte  la  demanda,  consecuentemente, revoca el extremo que declara  infundada y/o improcedente la demanda respecto a la  incidencia de las asignaciones extraordinarias y la  indemnización vacacional y dispone que la demandada le  pague a la accionante, la suma de diecisiete mil cuatro con  49/100 soles (S/ 17 004.49), y reformándola declararon  fundada la demanda en lo concerniente a la incidencia de  las asignaciones extraordinarias en el cálculo de los  beneficios demandados y el pago de la indemnización  vacacional por los períodos demandados; y, ordenaron que  la demandada pague a la actora la suma de sesenta y  cinco mil setecientos veinticinco con 60/100 soles (S/ 65  725.60); por los siguientes conceptos: i) reintegro de las  gratificaciones legales de fiestas patrias de dos mil catorce  hasta navidad del dos mil dieciocho, la suma de veinte mil  doscientos ochenta y tres con 67/100 soles (S/ 20 283.67)  aclarando que las asignaciones excepcionales han sido  calculadas desde julio de dos mil siete hasta diciembre de  dos mil dieciocho; ii) reintegro de la compensación por  tiempo de servicios, del doce de enero de dos mil siete al  treinta de abril de dos mil trece y del uno de noviembre de  dos mil quince al treinta y uno de octubre del dos mil  dieciocho, la suma de doce mil setecientos cuarenta y  nueve con 93/100 soles (S/ 12 749.93); iii) indemnización  vacacional correspondiente a los períodos dos mil siete –  dos mil ocho a dos mil diecisiete -dos mil dieciocho, la  suma de treinta y dos mil seiscientos noventa y dos con  60/100 soles (S/32 692.60), cantidades que al ser abonadas  deberán incluir los intereses legales aplicables, cuyo  cálculo se realizará en ejecución de sentencia. Subsistiendo  los extremos no impugnados conforme al artículo 370 del  Código procesal civil aplicable supletoriamente. Segundo.  Infracción normativa La infracción normativa podemos  conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas  en que incurre el Colegiado Superior al emitir una  resolución, originando con ello que la parte que se  considere afectada por la misma pueda interponer el  respectivo recurso de casación. La infracción normativa  comprende la interpretación errónea, la aplicación indebiday la inaplicación de normas de derecho material, incluyendo  otros tipos de normas como son las de carácter adjetivo.  Tercero. Delimitación del objeto de pronunciamiento  Conforme a la causal de casación declarada procedente, el  análisis debe circunscribirse a delimitar si se ha infringido o  no el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú, relacionado con la debida motivación que debe tener  una resolución, derecho que integra el debido proceso.  Asimismo, siguiendo lo establecido por el artículo III del  Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,  donde se tiene como fundamentos del proceso laboral, que  en todo proceso laboral los jueces deben evitar que la  desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado  del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad  real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma,  interpretando los requisitos y presupuestos procesales en  sentido favorable a la continuidad del proceso, y a la  observancia del debido proceso, la tutela jurisdiccional y el  principio de razonabilidad, lo mismo que nos permitirá  realizar un análisis pormenorizado del fondo de la litis,  mientras que se pretenda un resguardo de los derechos  humanos fundamentales. Así, de verificarse la infracción  normativa alegada, corresponderá a esta Sala Suprema  declarar fundado el recurso de casación interpuesto y la  nulidad de la resolución recurrida, de conformidad con el  artículo 39 de la Ley número 294971, Nueva Ley Procesal  del Trabajo; en sentido contrario, de no presentarse la  infracción alegada por la parte recurrente, el recurso  devendrá en Infundado. Cuarto. Sobre la causal relacionada  al debido proceso La causal de casación declarada  procedente es la infracción normativa del inciso 3 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú, el cual  establece: La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la  jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a  procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni  juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por  comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su  denominación. Al respecto, el inciso 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú comprende un haz de  garantías judiciales, siendo dos los principales aspectos de  este: el debido proceso sustantivo que concibe al proceso  como un instrumento o mecanismo para controlar la  razonabilidad de las leyes; y, el debido proceso adjetivo o  formal, que implica las garantías procesales que aseguran  los derechos fundamentales. Es decir que, en el ámbito  sustantivo, se refiere a la necesidad de que las sentencias  sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables;  mientras que el ámbito adjetivo alude al cumplimiento de  ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento,  para llegar a una solución judicial mediante la sentencia,  entre los distintos elementos integrantes del derecho al  debido proceso se comprenden los siguientes: a) Derecho  a un juez predeterminado por la ley (juez natural). b)  Derecho a un juez independiente e imparcial. c) Derecho a  la defensa y patrocinio por un abogado. d) Derecho a la  prueba. e) Derecho a una resolución debidamente  motivada. f) Derecho a la impugnación. g) Derecho a la  instancia plural. h) Derecho a no revivir procesos fenecidos.  En cuanto al derecho a una resolución debidamente  motivada, la cual también se encuentra reconocida en el  inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú, corresponde precisar que la necesidad de motivar las  resoluciones judiciales, y de hacerlo de manera razonabLey  ajustada a las pretensiones formuladas en el proceso,  forma parte de los requisitos que permiten la observancia  en un proceso concreto, del derecho a la tutela judicial  efectiva. Asimismo, el Tribunal Constitucional en su  sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al  resolver el expediente número 00728-2008-HC, respecto  de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en  su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: (…) Ya en  sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº  1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de  precisar que “el derecho a la debida motivación de las  resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas,  expresen las razones o justificaciones objetivas que los  llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones,  (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico  vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos  debidamente acreditados en el trámite del proceso. De  igual forma; en el séptimo fundamento de la referida  sentencia ha señalado que el contenido constitucionalmente  garantizado del derecho a la debida motivación de las  resoluciones judiciales queda delimitado, entre otros, por  los supuestos siguientes: a) inexistencia de motivación o  motivación aparente, b) falta de motivación interna del  razonamiento, c) deficiencias en la motivación externa:justificación de las premisas, d) motivación insuficiente, e)  motivación sustancialmente incongruente y f) motivaciones  cualificadas. En ese sentido, habrá motivación de las  resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación  jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por sí  misma la resolución judicial exprese una suficiente  justificación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o  concisa. Quinto. Posiciones del Tribunal Constitucional y  de la Corte Suprema respecto al bono por función  jurisdiccional, el bono fiscal, y el pago de las asignaciones  excepcionales El Tribunal Constitucional, ha notificado a  este Supremo Colegiado, la sentencia del Pleno de fecha  dieciséis de marzo del dos mil veintiuno, resolución  410/2021 recaída en el expediente número 04495-2019- PA/TC, con motivo de los seguidos por el procurador del  Ministerio Público contra la Segunda Sala Constitucional y  Social de la Corte Suprema, acción de amparo contra  resolución judicial dictada en los seguidos por Irma Josefina  Yabar Rayo sobre pago de Bono por Función Fiscal, en  donde se declara fundada la demanda de amparo y nula la  resolución, de fecha siete de setiembre del dos mil quince,  recaída en la casación número 1692-2015-LIMA. Y, como  quiera que la referida sentencia se ocupa del bono por  función fiscal, es necesario mencionar que tanto este bono  como el bono por función jurisdiccional poseen la misma  naturaleza, por lo que resulta necesario realizar una  motivación suficiente y razonada respecto de la sentencia  en mención, que señala: 4. Conforme a las normas citadas,  el Bono por Función Fiscal no tiene carácter pensionable ni  remunerativo y se financia a través de los recursos  ordinarios del Ministerio Público. No obstante, el Tribunal  Constitucional observa que al expedirse la resolución  casatoria cuestionada, de fecha 7 de septiembre de 2015,  la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social  Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República  resolvió el recurso al margen de lo establecido por la  normatividad  mencionada  y  omitiendo  los  criterios  expuestos por el Tribunal en relación con el carácter no  pensionable ni remunerativo del Bono por Función Fiscal  en las Sentencias 10714-2006-PC/TC, 05391-2006-PC/TC,  00442-2008-PC/TC, 04836-2008-PA/TC, 01713-2014-PC/ TC, entre otras. (…) 10. De ahí que la decisión de la  Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social  Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la  República resulta inconstitucional por no haber tomado  en cuenta la doctrina jurisprudencial del Tribunal  Constitucional relativa al carácter no pensionable ni  remunerativo del Bono por Función Fiscal y a que no  debe ser incluido en el cálculo de la Compensación por  Tiempo de Servicios, tal como lo solicitara el Ministerio  Público. En tal sentido, la resolución suprema cuestionada,  incurre en un déficit de motivación que afecta el contenido  constitucionalmente protegido de este derecho, por lo que  corresponde estimar la demanda. (Negrita nuestra) En el  mismo sentido, la sentencia recaída en el expediente  número 02119-2017-PA/TC de fecha veintinueve de  septiembre de dos mil veinte, declaró la nulidad de la  casación 557-2012-LIMA, emitida el nueve de enero de dos  mil catorce, que declaró Infundado el recurso del Ministerio  Público, disponiendo la inclusión del bono por función fiscal  como base de cálculo para la compensación por tiempo de  servicios de los cesantes. El Tribunal Constitucional declaró  fundada la demanda, considerando que los magistrados  emplazados afectaron el derecho a la debida motivación de  las resoluciones judiciales. Al respecto, uno de los  fundamentos del Tribunal Constitucional es que en su vasta  jurisprudencia ha establecido que el Decreto de Urgencia  número 038-2000, publicado el siete de junio de dos mil,  que aprobó el otorgamiento del bono por función fiscal,  dispuso que este concepto no tiene carácter pensionable ni  remunerativo, ni conforma la base para el cálculo de la  compensación por tiempo de servicios. (Véase Exp. 04357- 2011-AC/TC, Exp. 01713-2014- AC/TC, Exp. 04357-2011- AC/TC, entre otros). Sin embargo, analizando los  pronunciamientos tanto del Tribunal Constitucional y del  Poder Judicial, el presente caso evidencia que sobre la  naturaleza remunerativa del bono por función jurisdiccional  y el bono por función fiscal, hay dos posiciones  jurisprudenciales que deben ser analizadas a fin establecer  la que resulte razonable por buscar la tutela de los derechos  de la persona humana y concretar el mandato del artículo 1  de la Constitución Política del Perú. Sexto. La primera  posición jurisprudencial es la del Tribunal Constitucional,  que está expresada en sentencias emitidas en procesos de  cumplimiento (ver SSTC 10094-2005-PC/TC, 7971-2006- PC/TC, 4384-2007-AC/TC, 5198-2008-PC/TC, 2807-2010- PC/TC y 0847-2012-PC/TC, entre otras). Ahora bien, en  dichos procesos, los demandantes eran pensionistasque solicitaban como pretensión que en cumplimiento del  acto administrativo que les otorgó su pensión de cesantía  nivelada (Decreto Ley número 20530 – Ley número 23495)  se le incluya en ésta, el bono por función jurisdiccional que  percibían cuando eran trabajadores. Sobre este tema,  tenemos el análisis efectuado por el Tribunal Constitucional,  que se limita a verificar si el acto administrativo tiene  virtualidad suficiente para ser un mandato, para lo que  primero acude a la norma que otorga el bono por función  fiscal que es el Decreto de Urgencia número 38-2000 cuyo  artículo 1 dispone que: “El Bono por Función Fiscal no  tendrá carácter pensionable ni remunerativo”, para después  argumentar que el Decreto de Urgencia número 114-2001:  “establece implícitamente la equivalencia, dada su misma  naturaleza, entre el bono por función fiscal y el bono por  función jurisdiccional para los magistrados del Poder  Judicial y del Ministerio Público” y sobre dicha base concluir  que “los bonos por función jurisdiccional no son de carácter  remunerativos ni pensionabLey son financiados por los  recursos administrados por el Poder Judicial” (STC 10094- 2005-PC/TC, fundamentos 6 y 7). Es decir, bajo este  criterio se niega el carácter remunerativo, y por ende,  pensionable del bono fiscal y jurisdiccional. En estricto, el  Tribunal Constitucional concluye que el bono por función  jurisdiccional no tiene carácter remunerativo porque así lo  señala el artículo 1 del Decreto de Urgencia número 38- 2000, sobre el bono por función fiscal, sin desarrollar  ningún otro argumento o razonamiento que justifique su  decisión. Séptimo. Además, debe subrayarse el contexto  procesal de las decisiones del Tribunal Constitucional en  relación a los procesos de cumplimiento emitidos, en  atención que, por su naturaleza procedimental resultaba  imposible discutir el carácter remunerativo del bono por  función fiscal, habiéndose desestimado dichas demandas  por no cumplir con el requisito legal del mandamus, es  decir con el mandato claro de la ley o acto administrativo, y  sin realizar un análisis de la verdadera naturaleza del bono  por función fiscal, limitándose a citar normas legales, sin  considerar aplicar el principio laboral de primacía de la  realidad, mediante el cual se hubiese determinado su  carácter  remunerativo  o  no.  Asimismo,  en  estos  pronunciamientos solo se dilucida si el bono por función  fiscal era pensionable, aplicando por extensión el artículo 1  del Decreto de Urgencia número 38-2000, en la medida  que el Decreto de Urgencia número 114-2001 no establece  que el bono por función jurisdiccional carecía de carácter  pensionable y/o remunerativo, lo cual fue reconocido en la  STC 10094-2005-PC/TC al sostener que ambos bonos  implícitamente son equivalentes, y por ello, ante el vacío  del Decreto de Urgencia número 114-2001, se extiende la  restricción del bono por función fiscal al bono por función  jurisdiccional. En ese sentido, debe resaltarse que el  Decreto de Urgencia en mención, solo establece que los  gastos operativos “no tienen carácter pensionable ni  remunerativo”, más no se ha establecido esta restricción al  bono por función jurisdiccional, lo cual permite concluir que  el legislador no tenía por finalidad limitar su carácter  remunerativo.  Octavo.  La  segunda  posición  jurisprudencial se encuentra plasmada en el II Pleno  Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral publicado en el  diario oficial El Peruano el 4 de julio de 2014 que, en el  Tema número 4, pregunta 4.2 acordó por unanimidad: El  Bono por función jurisdiccional y el Bono por función fiscal  tienen  naturaleza  remunerativa,  y  como  tal,  son  computables para el cálculo de la compensación por tiempo  de servicios, además de tener carácter de conceptos  pensionables, específicamente para el caso de los jueces y  fiscales. La motivación de este acuerdo es: El Bono por  función jurisdiccional y el bono por función fiscal tienen  naturaleza remunerativa. El artículo 194° de la Ley  Orgánica d el Poder Judicial establece que la compensación  por tiempo de servicios se calcula agregando a la  remuneración principal toda otra cantidad que perciban en  forma permanente, salvo las que tienen aplicación a un  determinado gasto que no sea de libre disposición. El bono  por función jurisdiccional y el bono por función fiscal se  perciben de manera mensual, permanente y sobre un  monto fijo, de manera que son computables para calcular la  compensación por tiempo de servicios, conforme con el  citado artículo 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  teniendo además el carácter de pensionables. Igualmente,  cabe resaltar que al amparo del artículo 22 del Texto Único  Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la  Casación Laboral número 10277- 2016-ICA se estableció  como “doctrina jurisprudencial de obligatorio cumplimiento”  que: El Bono por función jurisdiccional tiene naturaleza  remunerativa, pues, se percibe de manera mensual,  permanente y en un monto fijo, asimismo es de libredisposición para el trabajador, razón por la cual, debe ser  considerado como base de cálculo de las gratificaciones de  julio y diciembre y de la compensación por tiempo de  servicios. En este punto, esta Corte Suprema determinó  que el bono por función jurisdiccional, dado a sus  características, tiene naturaleza remunerativa. Noveno.  Los derechos laborales y las remuneraciones en el derecho  nacional, internacional y convencional Nuestra Constitución  Política del Estado, en su artículo 24 establece: “El  trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y  suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar  material y espiritual(…)”, en ese entendido todo trabajador,  sin distinción, tendrá el derecho de percibir una retribución  en virtud del trabajo o servicio realizado para un empleador,  pues, tal derecho posee naturaleza alimentaria, y tiene una  estrecha relación con el derecho a la vida, la igualdad y la  dignidad de la persona humana, al generar diversas  consecuencias o efectos para el desarrollo integral de la  persona. Al respecto, el autor Jorge Toyama Miyagusuku  (2005) explica que: “la remuneración no solamente es un  elemento esencial del contrato de trabajo sino que  constituye un derecho fundamental reconocido por el  artículo 24 de la Constitución de 1993”2. De igual manera,  Mónica Pizarro (2018), con referencia a la remuneración,  menciona: Si bien la remuneración es reconocida como la  prestación principal a cargo del empleador, esta no es una  prestación simple, sino una prestación compleja cuyo  cumplimiento no implica únicamente el pago de un monto  determinado fijado por unidad de tiempo o por unidad de  obra. Por el contrario, en la mayoría de los casos la  remuneración incluye beneficios adicionales de origen  tanto autónomo como heterónomo y su pago genera,  además, otras obligaciones colaterales de índole laboral,  tributario y de seguridad social.3 En esa línea argumentativa,  la autora considera que la remuneración es una prestación  compleja que incluye beneficios adicionales de origen  autónomo y heterónomo, así como otras obligaciones  colaterales. De esta manera, en función de este derecho  fundamental, nadie se encontrará obligado a prestar  servicios sin retribución o sin su libre consentimiento, pues  la remuneración como tal constituye una contraprestación  por las labores del trabajador, siendo de libre disposición, y  con carácter claramente alimentario; su pago tendrá  prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador,  conforme al mandato reconocido en los artículos 23 y el  segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Política  del Perú. Décimo. Por otra parte, la tutela jurisdiccional  efectiva en el ámbito de los derechos laborales, no se  constriñe únicamente al texto constitucional formal, sino a  una protección en sentido material, en tanto la norma  fundamental y las disposiciones legales que se desarrollan  directamente en el marco de las relaciones de trabajo, se  integra con los tratados y acuerdos internacionales sobre  derechos humanos, todo ello conforma el denominado  "bloque de constitucionalidad y convencionalidad".  Estos últimos, se encuentran integrados en nuestro sistema  jurídico positivo, en razón al artículo 55 de nuestra  Constitución Política, donde se establece que: “Los  tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte  del derecho nacional.” En este sentido, la remuneración ha  sido  objeto  de  reconocimiento  como  un  derecho  fundamental de la persona en diversos los instrumentos  internacionales aprobados al respecto, algunos de los  cuales, dada su importancia, mencionaremos en las líneas  siguientes. Décimo primero. La Declaración Universal  de Derechos Humanos documento internacional que fue  aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa  número 13282 el nueve de diciembre de mil novecientos  cincuenta y nueve, reconoce que la remuneración  constituye un derecho humano de segunda generación,  denominado también derecho social, señalando las  siguientes premisas: “[…] 2. Toda persona tiene derecho,  sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.  3. Toda persona que trabajo tiene derecho a una  remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así  como a su familia, una existencia conforme a la dignidad  humana y que será completada, en caso necesario, por  cualesquiera otros medios de protección social […]”  Asimismo, el artículo 7 del Pacto Internacional de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece  que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar  remuneraciones en base a una equidad de obligaciones; en  donde no se permita apreciar una diferencia de las mismas  sin una causa justificada, en cuanto: Los Estados Partes en  el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al  goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias  que le aseguren en especial: a) Una remuneración que  proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Unsalario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin  distinciones de ninguna especie; en particular, debe  asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no  inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo  igual; ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para  sus familias conforme a las disposiciones del presente  Pacto; […]. En la Novena Conferencia Internacional  Americana, la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos emitió la Declaración Americana de los  Derechos y Deberes del Hombre, estableciendo en su  artículo XIV, respecto al derecho al trabajo y una justa  remuneración, lo siguiente: Artículo XIV. Toda persona  tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir  libremente su vocación, en cuanto lo permitan las  oportunidades existentes de empleo. Toda persona que  trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en  relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de  vida conveniente para sí misma y su familia. Además, el  Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre  Derechos  Humanos  en  materia  de  Derechos  Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San  Salvador”, establece en su artículo 7, referido a las  condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo,  lo siguiente: Los Estados partes en el presente Protocolo  reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el  artículo anterior supone que toda persona goce del mismo  en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo  cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones  nacionales, de manera particular: a. Una remuneración que  asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones  de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias  un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna  distinción;  […]  Del  análisis  de  los  Instrumentos  Internacionales reseñados, se verifica que existe consenso  en cuanto al acatamiento por parte de los Estados  miembros al respeto de la igualdad remunerativa, que se  refleja en el derecho a una remuneración equitativa y  suficiente, la cual se garantiza con el establecimiento de  pisos mínimos de percepción remunerativa, esto es, con el  establecimiento de una remuneración mínima. Décimo  segundo. A su vez, en el Convenio número 100 de la  Organización Internacional del Trabajo [en adelante  OIT], sobre igualdad de remuneraciones, aprobado por  Resolución Legislativa número 13284 del quince de  diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, ratificado  por nuestro país el uno de febrero mil novecientos sesenta,  y aplicable por mandato de la Cuarta Disposición Final y  Transitoria de la Constitución Política del Perú, señala: […]  el término [remuneración] comprende el salario o sueldo  ordinario,  básico  o  mínimo,  y  cualquier  otro  emolumento en dinero o en especie pagados por el  empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en  concepto del empleo de este último […]”. (El subrayado es  nuestro) De igual forma, a manera de referencia, el  Convenio número 95 de la Organización Internacional  del Trabajo, sobre protección del salario (1949), si bien no  ha sido ratificado por nuestro país, se asimila como  doctrina, el cual, define el salario en los términos siguientes:  (...) el término salario significa la remuneración o  ganancia, sea cual fuere su denominación o método de  cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada  por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un  empleador a un trabajador en virtud de un contrato de  trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya  efectuado o deba efectuar o por servicios que haya  prestado o deba prestar. (El subrayado es nuestro) Décimo  tercero. De todo ello, podemos conceptualizar a la  remuneración,  como  todo  pago  en  dinero  y  excepcionalmente en especie, que percibe el trabajador  por los servicios efectivamente prestados al empleador, la  misma que está constituida por la remuneración básica, así  como las retribuciones complementarias o indirectas que le  corresponde percibir por haber puesto su fuerza de trabajo  a disposición del empleador. Al efecto, en nuestra  normativa nacional, el artículo 6 del Texto Único Ordenado  del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y  Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo  número 003-97-TR, precisa de forma expresa que: Artículo  6. Constituye como remuneración para todo efecto  legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus  servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea forma  o denominación que tenga, siempre que sean de su  libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen  al trabajador directamente en calidad de alimentación  principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo  sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No  constituye remuneración computable para efecto de cálculo  de los aportes y contribuciones a la seguridad social asícomo para ningún derecho o beneficio de naturaleza  laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas  bajo la modalidad de suministro indirecto.” (El subrayado  es nuestro) Asimismo, el propio Tribunal Constitucional,  como máximo intérprete de la Constitución ha señalado en  la sentencia recaída en el Expediente número 0020-2012- P1/TC, respecto a los conceptos que integran la  remuneración, lo siguiente: En cuanto a los conceptos que  conforman la remuneración, el artículo 1 del Convenio 100  de la OIT, Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la  Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por  un Trabajo de Igual Valor, debidamente ratificado y suscrito  por el Perú, ha señalado que la remuneración comprende  el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier  otro emolumento en dinero o en especie pagados por el  empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en  concepto del empleo de este último, reflejando una  concepción totalizadora de la remuneración establecido en  la  Constitución.  Décimo  cuarto.  Control  de  convencionalidad  ex  officio  Ahora  bien,  resulta  importante remitirnos al artículo IV del Título Preliminar de  la Nueva Ley Procesal del Trabajo que señala: Los jueces  laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con  arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados  internacionales de derechos humanos y la ley.  Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los  convenios colectivos, según los principios y preceptos  constitucionales, así como los precedentes vinculantes  del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de  Justicia  de  la  República.  (Énfasis  nuestro).  Por  consiguiente, el juez laboral se encuentra facultado a  aplicar no solo al derecho interno, sino también al derecho  consagrado en los tratados internacionales de los que es  parte e interpretar las normas jurídicas teniendo en cuenta  los  lineamientos  trazados  por  estos  instrumentos  internacionales, ello en virtud a los artículos 26 y 27 de la  Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados4,  que establece la obligatoriedad de los Estados parte a dar  cumplimiento a los tratados internacionales en vigor.  Abundando en razones, es necesario establecer, que la  Décima Disposición Complementaria de la Ley número  29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo establece:  Conforme a lo establecido en la cuarta disposición final y  transitoria de la Constitución Política del Perú, los derechos  laborales, individuales o colectivos se interpretan de  conformidad con la Declaración Universal de Derechos  Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales  sobre la materia ratificados por el Perú, sin perjuicio de  consultar los pronunciamientos de los órganos de control  de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los  criterios o decisiones adoptados por los tribunales  internacionales constituidos según tratados de los que el  Perú es parte. Es por ello, que en razón a dicho mandato  de la norma procesal laboral, los jueces laborales se  encuentran  facultados  de  realizar  el  control  de  convencionalidad  ex  officio,  teniendo  en  cuenta,  adicionalmente a los tratados internacionales y los  pronunciamientos  emitidos  por  los  altos  tribunales  internacionales; por consiguiente, el reconocimiento de un  derecho fundamental por la Constitución Política del Perú  que, a su vez encuentra regulación en tratados o acuerdos  internacionales ratificados por el Perú y aunado al  desarrollo jurisprudencial por los órganos supranacionales  competentes sobre este derecho, debe ser interpretado  conforme a la normativa internacional. En esa misma línea  de análisis, la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) al resolver el caso Trabajadores Cesados del  Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, contenido en la  Sentencia de 24 de noviembre de 20065, en su fundamento  ciento veintiocho ha señalado: 128. Cuando un Estado ha  ratificado un tratado internacional como la Convención  Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo  que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención  no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes  contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras  palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer  no sólo un control de constitucionalidad, sino también  “de convencionalidad” ex officio entre las normas  internas y la Convención Americana, evidentemente en  el marco de sus respectivas competencias y de las  regulaciones procesales correspondientes. Esta función no  debe  quedar  limitada  exclusivamente  por  las  manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso  concreto, aunque tampoco implica que ese control deba  ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos  formales y materiales de admisibilidad y procedencia de  ese tipo de acciones (…). (Énfasis nuestro) En esa línea  jurisprudencial, el Tribunal de la Corte Interamericana deDerechos Humanos establece, en principio, que las  autoridades internas del estado parte están sujetas al  imperio de la ley y obligadas a aplicar las disposiciones  vigentes en su ordenamiento jurídico; sin embargo, cuando  un Estado es parte de un tratado internacional como la  Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus  jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga  a velar por que los efectos de las disposiciones de la  Convención no se vean mermados por la aplicación de  normas contrarias a su objeto y fin. De ahí, que los jueces  y órganos vinculados a la administración de justicia en  todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio  un “control de convencionalidad” entre las normas  internas y los tratados internacionales suscritos, como es la  Convención Americana, realizando este acto en el marco  de sus respectivas competencias y las regulaciones  procesales correspondientes. Por consiguiente, el control  de convencionalidad es una obligación de toda autoridad  pública, y en esta tarea, los jueces y órganos vinculados a  la administración de justicia deben tener en cuenta no  solamente la Convención Americana y demás instrumentos  internacionales, sino también la interpretación que de estos  ha hecho la Corte Interamericana. Décimo quinto. En ese  contexto de convencionalidad, existe por ende la obligación  de aplicar el Convenio número 100 de la OIT cuyo artículo  1 literal a) ha definido que el término remuneración  “comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo,  y cualquier otro emolumento en dinero o en especie  pagados por el empleador, directa o indirectamente, al  trabajador, en concepto del empleo de este último”.  Evaluando los actuados se verifica que, el bono por función  jurisdiccional y fiscal son otorgados de forma permanente,  fija, y de libre disposición para el trabajador como  contraprestación por su labor desempeñada, quedando  comprendido dentro de la expresión “remuneración”  establecida en el convenio antes citado. Por lo tanto, los  Decretos de Urgencia número 38-2000 y número 114- 2001 deben ser interpretados de conformidad con el  Convenio número 100 de la OIT que, al haber sido  ratificado por el Perú, es una norma que integra nuestro  derecho interno por mandato del artículo 55 de la  Constitución Política y su Cuarta Disposición Final y  Transitoria. Asimismo, al analizar los conceptos de  asignaciones excepcionales, pese a que dichos conceptos  tengan en su nomenclatura el término “excepcional” o  “especial”, estos se han percibido de forma mensual,  permanente, de libre disposición y en montos fijos como  contraprestación por los servicios prestados, por ello, estos  conceptos también guardan las mismas características de  un concepto de naturaleza remunerativa, como se ha  establecido para el bono por función jurisdiccional y el bono  por  función  fiscal,  y  consecuentemente,  resultan  computables para el pago de los beneficios sociales.  Décimo sexto. Desde otra perspectiva de análisis, se  establece que las sentencias antes mencionadas emitidas  por el Tribunal Constitucional que establecen que el bono  por función fiscal no tendría carácter pensionario ni  remunerativo ni conformaría base para el cálculo de la  compensación por tiempo de servicios, no poseen la  calidad de precedente vinculante que obligue a los demás  organismos jurisdiccionales a asumir dicha posición, así  como  tampoco,  establecen  principios  y  preceptos  constitucionales, puesto que no están declarados en forma  expresa e inequívoca en las resoluciones expedidas por el  Tribunal Constitucional. Décimo séptimo. Solución al caso  concreto La parte recurrente en su recurso de casación  concluye que las instancias de mérito han resuelto bajo  aspectos genéricos la situación de hecho planteada en el  proceso, pues reconoce la naturaleza remunerativa del  bono por función jurisdiccional, en consecuencia, sus  incidencias en los beneficios sociales; sin tener en cuenta  que este criterio también incide en el cálculo de los  descuentos incurridos por la demandante, puesto que, para  los conceptos de minutos por tardanza, minutos de permiso  personal y días de falta originadas durante el periodo  peticionado en el proceso solo han sido calculados en base  a la remuneración computable, la cual no incluye ni bono,  ni las asignaciones. Al respecto, es preciso señalar que la  motivación está orientada a que el Juez proceda a enunciar  los fundamentos fácticos y jurídicos que lo llevaron a  adoptar una determinada decisión, haciendo un análisis de  los medios probatorios aportados en el proceso. De la  revisión de la sentencia de segunda instancia materia de  impugnación, se advierte que el Colegiado Superior ha  confirmado la sentencia de primera instancia en el extremo  que reconoce el carácter remunerativo del bono por función  jurisdiccional y de las asignaciones excepcionales. Ahora  bien, efectuado el control de convencionalidad permitidopor las normas citadas en los considerandos precedentes,  y habiéndose determinado el carácter remunerativo del  bono por función jurisdiccional, este Supremo Tribunal  considera que la sentencia de vista venida en casación ha  sido emitida con arreglo a derecho; toda vez que, el  Colegiado Superior absolvió todos los alegatos de defensa  formulados por la demandada. Lo que nos lleva a inferir  que, la sentencia impugnada contiene el mínimo de  motivación exigible para asumir la decisión adoptada; pues  la decisión está justificada con argumentos concretos y  suficientes, garantizando que el razonamiento empleado  guarde relación y sea congruente con el problema que al  Colegiado le correspondía resolver. Cumpliendo de esta  manera, con los requisitos establecidos en el artículo 122  del Código Procesal Civil concordado con el artículo 31 de  la Ley número 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo – al  momento de expedir la sentencia. Siendo ello así, la  resolución en grado contiene los fundamentos facticos y  jurídicos referidos al caso y no carece de motivación o  motivación aparente o incongruencia, más aún si conforme  al tercer párrafo del artículo 176 del Código Procesal Civil,  las nulidades serán declaradas de oficio sólo cuando las  mismas sean insubsanables, situación que en el caso de  autos no se presenta. Décimo octavo. Descuentos sociales  y presupuesto Es necesario establecer que, tratándose de  una deuda social que la entidad demandada tiene con sus  servidores, a efectos de que se concretice el pago de la  misma, de una manera efectiva y responsable, y que no se  afecten los presupuestos públicos y cargas sociales, la  emplazada deberá presupuestar los abonos en el modo y  forma de ley, así como efectuar los descuentos a que  hubiere lugar en cada ocasión de pago a los trabajadores  ya sean de índole laboral, tributario, seguridad social y los  que correspondan. Décimo noveno. En ese sentido, no  resulta viable cuestionar la Sentencia de Vista por  vulneración  de  la  motivación  de  resoluciones,  consecuentemente no infringe el principio del debido  proceso por encontrarse subsumida a dicho principio; por  lo cual, no se ha infringido el inciso 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú, deviniendo en infundada la  causal declarada procedente. Por estas consideraciones y  de conformidad con lo establecido además por el artículo  41 de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del  Trabajo: DECISIÓN Declararon INFUNDADO el recurso de  casación interpuesto por la demandada, Poder Judicial,  mediante escrito de fecha uno de agosto de dos mil  diecinueve (fojas ciento cincuenta a ciento sesenta); NO  CASARON la sentencia de vista de fecha nueve de julio  de dos mil diecinueve (fojas ciento veintinueve a ciento  cuarenta y tres), ORDENARON que al momento de los  pagos se dé cumplimiento a lo ordenado en el décimo  octavo  considerando  de  la  presente  resolución.  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en  el diario oficial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso  ordinario laboral seguido por Neiva Augusta Fernández  Enciso sobre pago de bono por función jurisdiccional y  otros; interviniendo como ponente el señor juez supremo  Malca Guaylupo; y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA,  MALCA GUAYLUPO, PINARES SILVA DE TORRE, ATO  ALVARADO, CARLOS CASAS. LA SECRETARIA DE LA  SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA CERTIFICA que el sentido  del voto suscrito del señor juez supremo ARÉVALO VELA  fue dejado oportunamente, conforme se desprende de la  copia de la tabla de votación, en cumplimiento a lo  establecido en el artículo 149 del Texto Único Ordenado de  la Ley Orgánica del Poder Judicial, agregándose copia de  la tabla de votación a la presente resolución. 1  Artículo 39. Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa  la resolución recurrida y resuelva el conflicto sin devolver el proceso a la instancia  inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca,  si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados  por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida  a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema  dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un  nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara  nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió. 2  TOYAMA, J. (2005) Comentario al artículo 24° en La Constitución Comentada:  análisis artículo por artículo. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 3  Pizarro Díaz, M. (2018). La Remuneración Enfoque Legislativo, Jurisprudencial y  Doctrinario. Lima: Gaceta Jurídica S.A. pág. 49. 4  Artículo 26. Pacta sunt servanda: Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe  ser cumplido por ellas de buena fe.  Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados: Una parte  no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación  del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo  dispuesto en el artículo 46.5  El caso en referencia se contextualiza luego del autogolpe de Estado en 1992,  en que mediante el Decreto Ley N° 25640 del 21 de julio de 1992, se autorizó  la ejecución del proceso de racionalización del personal del Congreso de la  República. El 6 de noviembre de 1992, la recién creada Comisión Administradora  de Patrimonio del Congreso de la República emitió, en base a los resultados de  evaluaciones, dos resoluciones por las que fueron cesados 1110 funcionarios y  servidores del Congreso, entre los cuales se encontraban las 257 víctimas. Dichas  personas presentaron una serie de recursos administrativos que no tuvieron mayor  resultado. C-2136194-315