CASACIÓN Nº 23910-2021 LIMA
Sumilla: Las pruebas válidamente obtenidas en un proceso  tendrán eficacia en otro, siempre que se garantice el derecho  de contradicción de la parte a quien se opondrán. Lima, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICAI. VISTOSLa causa número  veintitrés mil novecientos diez guion dos mil veintiuno, en  audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con la  participación de los señores Jueces Supremos González  Aguilar (presidente), Rueda Fernández, Bustamante del  Castillo, Barra Pineda y Dávila Broncano, luego de verificada  la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia:II.  Objeto del recurso de casaciónSon de conocimiento deesta Sala Suprema los recursos de casación interpuestos por  la parte demandada Procurador Adjunto a cargo de los  Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en  representación  del  Tribunal  Fiscal,  mediante  escrito  presentado el veintitrés de septiembre del dos mil veintiuno  (foja tres mil cuatrocientos veintitrés del cuaderno principal); y  por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria - SUNAT, mediante escrito del  veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno (foja tres mil  cuatrocientos cuarenta del cuaderno principal), contra la  sentencia de vista de fecha diez de abril de dos mil diecinueve  (foja tres mil trescientos noventa y dos del cuaderno principal  ), en los extremos en que confirmó i) las resoluciones  apeladas números tres, trece, veinticinco y cincuenta y tres; y  ii) la sentencia del once de agosto de dos mil diez (foja dos mil  ochocientos cuarenta y siete del expediente principal),  expedida por la Sala Transitoria Especializada en lo  Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia  de Lima, que declaró fundada en parte la demanda interpuesta  por Víctor Dionisio Joy Way Rojas y la demanda acumulada  interpuesta por Lilia Abdel Troncoso Assen de Joy Way.III.  Antecedentes3.1.  La  vía  administrativaEn  la  vía  administrativa, se emitieron resoluciones respecto del  demandante Víctor Dionicio Joy Way Rojas, cuya nulidad se  demanda:- Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05233-4-2003,  en el extremo que confirmó parcialmente las deudas tributarias  cobradas por la SUNAT y declaró nula e insubsistente la  acotación practicada y ordenó redeterminar (reliquidar) la  deuda tributaria por concepto de incremento patrimonial no  justificado- Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05229-4-2003,  que declaró infundado el recurso de apelación- Resolución de  Intendencia Nº 0260150000056/SUNAT, que resolvió declarar  fundada en parte la reclamación interpuesta por Víctor  Dionicio Joy Way Rojas, en cumplimiento a la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 05229-4-2003, en consecuencia ratifica y  ordena se prosiga con la cobranza de la resolución de  determinación en el saldo a favor del fisco por la suma de tres  millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos cuarenta y  cinco soles con cero céntimos (S/ 3’432,345.00).-Resolución  de Intendencia Nº 0260150000098/SUNAT, que resolvió  declarar fundada en parte la reclamación interpuesta por  Víctor Dionicio Joy Way Rojas, en cumplimiento de la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05233-4-2003, en  consecuencia ratifica y ordena se prosiga con la cobranza de  la suma de seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos cuatro  soles con cero céntimos (S/ 688,604.00); y deja sin efecto la  multa.Con relación a la demandante Lilia Abdel Troncoso  Assen de Joy Way, la administración expidió las siguientes  resoluciones, cuya nulidad se demanda:- Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 00012-3-3-2004, en el extremo que declaró  infundado el recurso de apelación- Resolución de Intendencia  Nº 0260150000162/SUNAT, que declaró fundada en parte la  reclamación interpuesta en cumplimiento de la Resolución del  Tribunal Nº 00012-3-2004, y en consecuencia ratificó y ordenó  se prosiga con la cobranza3.2. DemandaMediante escrito de  fecha veintitrés de diciembre de dos mil tres, Víctor Dionisio  Joy  Way  Rojas  interpone  demanda  contencioso  administrativa1, contra el Ministerio de Economía y Finanzas y  la SUNAT, cuyas pretensiones son las siguientes:En cuanto  a las rentas de fuente peruana:a) Respecto de las rentas  de cuarta categoría: Se dejen sin efecto las Resoluciones  del Tribunal Fiscal Nº 5229-4-2003 y Nº 5233-4-2003, en los  extremos en que se desconoce la calidad de rentas de cuarta  categoría a los ingresos provenientes de servicios de  promoción y consultoría que prestó a diversas corporaciones  estatales chinas, tal como consta en las declaraciones juradas  del impuesto a la renta de los años mil novecientos noventa y  seis a dos mil presentada a la SUNAT.Como pretensión de  plena jurisdicción, no impugna el reconocimiento del Tribunal  Fiscal de la validez de las declaraciones juradas del impuesto  a la renta de los ejercicios mil novecientos noventa y seis a  dos mil.En cuanto a las rentas de fuente extranjera:b)  Respecto de los intereses, dividendos y ganancias de capital,  solicita que se declare la nulidad parcial de la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 5229-4-2003, en cuanto imputa, en el  ejercicio mil novecientos noventa y seis, como renta de fuente  extranjera, intereses, dividendos y ganancias de capital que  no han sido percibidos por el recurrente y que se encuentran  abonados en las Cuentas 7201670 del Bank Hapoalim de  Suiza y 340189 del Merrill Lynch Bank de Suiza,  pertenecientes,  respectivamente,  a  dos  fideicomisos  denominados “Tristar Trust” y Trust “Espuma del Mar”,  constituidos en el extranjero.Asimismo, pide que se declare la  nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 5233-4- 2003 en los mismos extremos de la resolución anterior, en  cuanto imputa como renta suya los intereses, dividendos y  ganancias de capital de los ejercicios mil novecientos noventa  y siete a dos mil generados en la Cuenta 7201670 del BankHapoalim de Suiza y en la Cuenta 340189 del Merrill Lynch  Bank, aun cuando tales rentas no las ha percibido.En cuanto  al incremento patrimonial no justificado:c) Respecto de  los bienes en fideicomiso de los ejercicios mil novecientos  noventa y seis a mil novecientos noventa y nueve, pide que se  declare la nulidad parcial de las Resoluciones del Tribunal  Fiscal Nº 5229-4-2003 y Nº 5233-4-2003 en los extremos  siguientes:-En el ejercicio mil novecientos noventa y seis, en  cuanto la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 5229-4-2003 le  imputa como incremento patrimonial no justificado los  depósitos y valores (inversiones) que se registran en las  Cuentas 7201670 del Bank Hapoalim de Suiza y 340189 del  Merrill Lynch Bank de Suiza, de propiedad de dos fideicomisos  constituidos en el extranjero.-En el ejercicio mil novecientos  noventa y siete, en cuanto la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  5233-4-2003 le imputa como incremento patrimonial las  inversiones que se encuentran registradas en la Cuenta  50438068 del Bank Hapoalim de New York, de propiedad del  fideicomiso “Tristar Trust”, por el ejercicio mil novecientos  noventa y siete.-En los ejercicios mil novecientos noventa y  ocho y mil novecientos noventa y nueve, en cuanto la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 5233-4-2003 le imputa  como incremento en los ejercicios mil novecientos noventa y  ocho y mil novecientos noventa y nueve la variación de  saldos, la diferencia entre el saldo inicial y final en la Cuenta  7201671 del Bank Hapoalim de Suiza, por tratarse de una  cuenta inexistente y de propiedad del “Tristar Trust”.En  cuanto al patrimonio no sustentado de los ejercicios mil  novecientos noventa y seis a dos milSe dejen sin efecto las  Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 5229-4-2003 y Nº 5233-4- 2003 en los extremos que le imputan como incremento de  patrimonio los depósitos en la Cuenta del Banco Wiese 027- 001875-5, en la Cuenta 367090 del Banco Hapoalim de  Luxemburgo, venta del inmueble en La Molina, adquisición y  supuestas mejoras del inmueble ubicado en Pachacamac,  préstamos otorgados y pagos de créditos, respecto de los  cuales se aportan nuevos medios probatorios que acreditan la  improcedencia de la pretensión fiscal. Precisa que en los  ejercicios mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos  noventa y nueve la administración y el Tribunal Fiscal imputan  como incremento de patrimonio meros aumentos nominales  de valor en la Cuenta 7201671, que no constituyen  incrementos reales de patrimonio. En este punto, impugna la  interpretación que el Tribunal Fiscal ha realizado del inciso c  del artículo 93 de la Ley del Impuesto a la Renta, concordado  con el artículo 60 (último párrafo) del Reglamento de la Ley  del Impuesto a la Renta, en cuanto al método para el cálculo  del incremento patrimonial no justificado, que no se  encuentran conforme a ley.Aclara el demandante que la  pretensión de nulidad parcial alcanza también en iguales  extremos  a  las  Resoluciones  de  Intendencia  Nº  0260150000056/SUNAT y Nº 0260150000098/SUNAT, que  se han expedido en cumplimiento a las indicadas resoluciones  del  Tribunal  Fiscal.Asimismo,  como  pretensiones  subordinadas, solicita lo siguiente:Con referencia al punto c,  pide que se dejen sin efecto los reparos (deudas tributarias)  correspondientes a bienes en fideicomiso de los ejercicios mil  novecientos noventa y seis y mil novecientos noventa siete en  cuanto el Tribunal Fiscal ha hecho una inadecuada e  incompleta valoración de los medios probatorios acompañados  en el ejercicio mil novecientos noventa y seis. Asimismo, en el  ejercicio mil novecientos noventa y siete se complementan  medios probatorios ya acompañados anteriormente, que  desvirtúan tales reparos. En lo que respecta al punto b,  solicita que se deje sin efecto la imputación como rentas, de  los intereses, dividendos y ganancias de capital, por cuanto la  SUNAT y el Tribunal Fiscal han interpretado inadecuadamente  las normas tributarias que disponen el gravamen de tales  rentas.Fundamentos de la demanda:a) Respecto a las  rentas de cuarta categoría (ejercicios mil novecientos  noventa y seis a dos mil): Las pruebas ofrecidas en etapa  administrativa no han sido valoradas adecuadamente por el  Tribunal Fiscal. El procedimiento administrativo tributario  contiene una limitación para la libre valoración de las  declaraciones de terceros (primer párrafo del artículo 125 del  Código Tributario), lo que ha impedido que las reiteradas  declaraciones que han prestado las entidades que le pagaron  tales honorarios hayan sido valoradas en su conjunto y en su  verdadera dimensión. En consecuencia, son pruebas que  conducen a la convicción de que tales rentas son de cuarta  categoría.b) Respecto a los intereses, dividendos y  ganancias de capital generados por los fideicomisos: La  pretensión consiste en que se declare nula la imputación de  rentas (intereses, dividendos y ganancias de capital), que  pertenecen legalmente a un tercero, el propietario fiduciario (o  trustee, en inglés). Se postula la nulidad parcial de las  Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 5229-4-2003 y Nº 5233-4- 2003, al fundamentar que tanto la SUNAT como el TribunalFiscal le imputan rentas que no ha percibido y que pertenecen  a un tercero, por lo que el cobro de impuestos sobre rentas  que no ha percibido viola su derecho de propiedad y el  derecho de no confiscatoriedad previsto en el artículo 74 de la  Constitución Política del Estado, al pretender gravar riquezas  no percibidas.c) Respecto al incremento no justificado de  bienes en fideicomiso (ejercicios mil novecientos noventa  y siete a mil novecientos noventa y nueve): En el ejercicio  mil novecientos noventa y siete, del fundamento de la  infracción de carácter procesal, en el sentido de que el  Tribunal Fiscal formula un punto controvertido que no fue  materia de grado, es decir, que la observación (“reparo” en  términos tributarios) no era punto controvertido en sede de  apelación. En efecto, la SUNAT planteó como controversia en  sede de apelación el hecho de que no se había probado que  las inversiones que figuraban en la Cuenta 7201671 del Bank  Hapoalim de Suiza eran transferencias desde la Cuenta  7201670 del Bank Hapoalim de Suiza. Su esfuerzo se  concentró en esta observación o reparo, que fue plenamente  probado en la etapa de apelación y aceptado por el Tribunal  Fiscal, no obstante lo cual el colegiado administrativo “fabrica”  una nueva observación en la página cincuenta y siete (57),  último párrafo, de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 5233-4- 2003 señalando que, si bien estaba acreditado ese punto  controvertido, no estaba acreditado que los fondos que  figuraban en la Cuenta 50438068 del Bank Hapoalim de New  York habían servido para comprar inversiones que figuraban  en la Cuenta 7201670. Con este nuevo punto controvertido, el  Tribunal Fiscal violó el debido proceso legal al restringir su  derecho de defensa, que estuvo abocado al punto  controvertido antes indicado, pero no a ese punto, que no fue  materia de grado. Asimismo, este fallo viola el non reformatio  in peius, contenido como principio de alcance general en el  artículo 370 del Código Procesal Civil y de aplicación  supletoria en materia tributaria, con arreglo a lo dispuesto en  la norma IX del título preliminar del Código Tributario.- Ejercicios mil novecientos noventa y siete a mil  novecientos noventa y nueve: Otra infracción de carácter  sustantivo que se le imputa como incremento patrimonial no  justificado (depósitos, bono, acciones), cuya propiedad legal  le pertenece al fiduciario o trustee pero no al recurrente, con  lo cual se viola flagrantemente el numeral 16 del artículo 2 y el  artículo 74 de la Constitución Política del Estado, referidos a  la prohibición de no confiscatoriedad, puesto que se le imputa  patrimonio que pertenece en propiedad fiduciaria a un tercero,  desconociendo los efectos jurídicos propios de una relación  jurídica de fideicomiso que no ha sido declarada nula y que no  adolece de ningún vicio que afecte su validez. De otro lado, se  ofreció como prueba la escritura de constitución del  fideicomiso denominado “Tristar Trust”, cuyo valor probatorio  fue negado por el Tribunal Fiscal porque supuestamente no  se ofreció en su debida oportunidad. Como quiera que esta  limitación probatoria en sede jurisdiccional es inadmisible, por  cuanto la Ley que Regula el Proceso Contencioso  Administrativo ha asumido el modelo de plena jurisdicción, y  no una simple instancia de casación, dicho medio probatorio  debe actuarse y valorarse.d) Incremento no justificado por  patrimonio no sustentado: Solicita se deje sin efecto el  extremo que le imputan como incremento de patrimonio los  depósitos en cuentas bancarias nacionales (Banco Wiese  Cuenta 027-001875-5) y extranjeras (Cuenta 367090),  adquisición y supuestas mejoras en el inmueble de  Pachacamac, venta de inmueble de La Molina, préstamos  otorgados y pagos de crédito. Su fundamento radica en que  no se han valorado adecuadamente en varios de estos casos  las pruebas ofrecidas (venta de casa de La Molina), en otros  que se han adjuntado nuevos medios probatorios (caso de los  depósitos en el Banco Wiese) y, en otros, la SUNAT no ha  adjuntado ningún medio probatorio (caso de las mejoras en el  inmueble de Pachacamac) y, finalmente, no se ha meritado un  criterio fundamental en esta materia, según el cual, si el  recurrente posee capacidad de ahorro y por lo tanto dispone  de capacidad económica que cubra cualquier adquisición de  bienes o depósitos no cabe imputar esos importes como no  justificados.Finalmente,  le  imputan  como  incremento  patrimonial el aumento nominal de valor de las inversiones en  la Cuenta 7201670, lo cual evidentemente es contrario a ley,  puesto que el incremento de patrimonio debe ser real para ser  objeto de gravamen.Un fundamento de carácter general y  netamente jurídico por los ejercicios mil novecientos noventa  y seis a dos mil, consiste en que el método de cálculo del  incremento no justificado que la SUNAT empleó con ese  propósito, no se ajusta a lo dispuesto por la Ley del Impuesto  a la Renta. Asimismo, impugnan el hecho de que no se haya  considerado como parte de la riqueza disponible los “gastos  operativos” otorgados por el ejercicio de la función congresal,  en tanto constituyen sumas de libre disposición.e) Incremento  patrimonial no justificado de bienes en fideicomiso: Sufundamento consiste en que ni la SUNAT ni el Tribunal Fiscal  han valorado correctamente las pruebas del ejercicio mil  novecientos noventa y seis, con relación a la Cuenta 340189.  Se complementan medios probatorios anteriores y se  adjuntan nuevas pruebas en el ejercicio mil novecientos  noventa y siete, que desvirtúan lo señalado por el Tribunal  Fiscal sobre la observación en la Cuenta 50438068 del Banco  Hapoalim de New York.f) Intereses, dividendos y ganancias  de capital generados por los fideicomisos: Su fundamento  radica en que el Tribunal Fiscal y la SUNAT han hecho una  inadecuada interpretación de la Ley del Impuesto a la Renta,  que conduce a gravar intereses, dividendos y ganancias que  no ha percibido, con lo cual se vulneran normas esenciales de  dicha norma para gravar este tipo de rentas. Asimismo, se  pretende gravar dividendos aun cuando la Ley del Impuesto a  la Renta señalaba en el numeral 1 del artículo 25 que tales  conceptos no se encontraban afectos al impuesto a la renta y  finalmente se gravan ganancias de capital sin probar una  condición indispensable que exige dicha norma, consistente  en probar que el que obtiene la ganancia tenga la condición  de habitual en la venta de acciones, valores y bonos, situación  que no ha sido probada por la administración tributaria ni el  Tribunal Fiscal.Se precisa que el presente proceso es uno  acumulado, con el Expediente Originario Nº 400-2004,  demanda instada por doña Lilia Abdel Troncoso Assen de Joy  Way2, solicitando la nulidad de la resolución del Tribunal  Fiscal Nº 00012-3-2004, del seis de enero de dos mil cuatro,  en el extremo en que declaró infundado su recurso de  apelación, pedido extensivo a la Resolución de Intendencia  Nº 0260150000162/SUNAT, del veinte de enero de dos mil  cuatro, la cual fue expedida por la SUNAT en cumplimiento a  lo dispuesto por el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 00012- 3-2004, materia de impugnación, que confirmó la cobranza  del impuesto a la renta del ejercicio mil novecientos noventa y  seis.La resolución anteriormente señalada se basa en la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05229-4-2003, que confirmó  la cobranza del impuesto a la renta del ejercicio mil  novecientos noventa y seis en contra de su cónyuge y por el  50% de tales deudas. Esta demandante reproduce en extenso  los fundamentos de la demanda de su cónyuge, el  codemandante Víctor Dionisio Joy Way Rojas. La acumulación  se peticionó por escrito de fecha dieciséis de junio de dos mil  cuatro, ordenándose la misma, mediante resolución número  doce de fecha dieciocho de agosto de dos mil cuatro, del  proceso Nº 400-04.3.3. Sentencia apeladaLa Sala Transitoria  Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte  Superior de Justicia de Lima emitió la sentencia de fecha once  de agosto de dos mil diez, que ha sido declarado fundada en  parte la demanda en lo que atañe al Expediente Originario  Nº 1812-2003, en consecuencia nulas parcialmente las  resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal Nº 05229-4-2003  y Nº 5233-4-2003, ambas del doce de septiembre de dos mil  tres, en los extremos que atribuyen al contribuyente rentas de  fuente extranjera a los intereses, dividendos y ganancias de  capital generados por los fideicomisos “Espuma del Mar” y  “Tristar”, asimismo, en cuanto a la atribución por parte de la  resolución del Tribunal Fiscal Nº 5229-4-2003 del incremento  patrimonial no justificado en el extremo que atribuye depósitos  y valores que se registran en las cuentas 7201670 del Bank  Hapoalim de Suiza y 340189 del Merrill Bank del mismo país.  Por su parte, en lo que atañe a la Resolución Nº 5233-4-2003,  en cuanto imputa como incremento patrimonial las inversiones  registradas en la cuenta 50438068 del Bank Hapoalim de  New York correspondiente al ejercicio de mil novecientos  noventa y siete, asimismo, en cuanto imputa para el ejercicio  de mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa  y nueve la variación de saldos, así como la diferencia entre el  saldo inicial y final en la cuenta 7201671 del Bank Hapoalim  de Suiza; y fundada en parte la demanda en lo que atañe al  Expediente Originario Nº 400-2004, con lo demás que  contiene dicho extremo. Argumenta principalmente lo  siguiente:TERCERO:  Que,  asimismo,  en  cuanto  al  incremento patrimonial no justificado (literal c) de la parte  expositiva de la presente resolución) hay que señalar lo  siguiente: i) Que conforme se aprecia del expediente principal,  obra la sentencia sin número, de fecha veinte de octubre de  dos mil cinco, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte  Suprema de Justica en la cual se señaló respecto a las  cuentas correspondientes a los fideicomisos Espuma del Mar  y Tristar que:“[…] es preciso señalar que en relación al  Fideicomiso o Trust “Tristar” según aparece plasmado en el  Informe de Fiscalización de la SUNAT y en las pericias  judiciales actuadas en autos […] se ha establecido que el  sentenciado transfirió al referido Fideicomiso entre mil  novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y  nueve, parte de los montos recibidos de las corporaciones  chinas, transferencias que realizó desde su cuenta corriente  número treinta y seis setenta noventa en el Banco Hapoalimde Luxemburgo hacia la cuenta corriente número siete veinte  dieciséis setenta del Bank Hapoalim de Zurich, de la que es  titular el Trust Tristar; en tal virtud, al haberse utilizado  sumas ya reputadas como materia de la defraudación  tributaria para integrar el patrimonio del referido Trust, no  puede considerarse que dicho patrimonio ni las  transferencias de fondos que se hayan producido entre  las cuentas bancarias del mencionado Trust ni los retiros  que se hayan efectuado con cargo al mismo patrimonio  constituyan renta gravada […] habiéndose establecido que  en ningún caso la cuenta número treinta y cuatro cero ciento  ochenta y nueve del banco Merrill Lynch cuyo titular era  justamente el Trust Espuma del Mar recibió transferencia  alguna de las corporaciones chinas ni de terceras personas,  por lo que de la cuenta en mención no se derivan obligaciones  tributarias a cargo del sentenciado, y al igual que en el caso  de Trust Tristar no cabe admitir intereses, ganancias o  dividendos que puedan ser generadores de obligaciones  tributarias imputadas a Víctor Dionisio Joy Way Rojas  contrariamente a los que sí se han generado en las cuentas  personales de titularidad del propio Joy Way Rojas, por las  que sí debe responder como obligado tributario directo. […]ii)  Que habiendo dicha sentencia adquirido la calidad de cosa  juzgada, los hechos discutidos y definidos como ciertos en  ella, deben ser apreciados por el operador jurisdiccional  cuando se enfrenta nuevamente a tales hechos como en el  presente proceso, en ese sentido es relevante citar la doctrina  jurisprudencial respectiva del Tribunal Constitucional en la  sentencia de fecha treinta de marzo de dos mil siete recaída  en el expediente 1220-2007-HC/TC […].iii) Que siendo así,  tenemos que la sentencia de la Sala Penal Transitoria de la  Corte Suprema de fecha veinte de octubre de dos mil cinco,  definió sobre los conceptos relativos al Trust Tristar y  Espuma del Mar, que el primero al haber ya sido gravado  como depósito de las corporaciones chinas, gravarlo  significaría, una nueva imposición […] inaceptable; mientras  que el segundo no configuraría propiamente un ingreso  porque fue finalmente devuelto, razón por la cual ambas  calificaciones constituyen el antecedente lógico al que refiere  el Tribunal Constitucional máxime si se advierte que la  sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de  Justicia, tiene la calidad de cosa juzgada y viene de un  proceso en que se constituyó como parte civil la administración  tributaria […] por lo que no se puede dejar de tomar como  referente a dicha sentencia para efectos del presente proceso,  por tanto corresponde que se declare fundado el referido  extremo. […].3.4. Sentencia de vistaLa Sala Civil Permanente  de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante  sentencia de vista del diez de abril de dos mil diecinueve,  confirmó: i) las resoluciones apeladas números tres, trece,  veinticinco, y cincuenta y tres, señaladas en la parte  introductoria de la parte resolución; y ii) la sentencia de fecha  once de agosto de dos mil diez, emitida por la Sala Transitoria  Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte  Superior de Justicia de Lima (foja dos mil ochocientos  cuarenta y siete), que declaró fundada en parte la demanda  interpuesta por Víctor Dionisio Joy Way Rojas y la demanda  acumulada interpuesta por Lilia Abdel Troncoso Assen de Joy  Way. Sustenta esencialmente que:Tercero.- Que atendiendo  los fundamentos de las demandas, así como los recursos  impugnatorios interpuestos, se puede verificar que la  controversia en el presente caso tiene por objeto determinar si  los demandantes han incurrido en incremento patrimonial no  justificado que regula la Ley de Impuesto a la Renta, Decreto  Legislativo Nº 774, artículos 52 y 92, aplicables por razón de  temporalidad.Quinto.- Ahora bien, respecto del recurso  presentado por el Procurador Público adjunto a cargo de los  asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas,  corresponde señalar que:-Si bien el proceso penal seguido en  contra de Víctor Dionisio Joy Way Rojas, fue cuestionado a  través del proceso de amparo contra resolución judicial,  también lo es que, el Décimo Primer Juzgado Constitucional  de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha declarado  improcedente la demanda mediante sentencia recaída en la  resolución de fecha once de abril de dos mil catorce, la misma  que además fue declarada consentida mediante resolución  número veinte de fecha treinta de mayo de dos mil catorce;  por lo que, el cuestionamiento que se hace en función a la  calidad de cosa juzgada que ostenta el proceso penal seguido  contra Víctor Dionisio Joy Way Rojas, carece de sustento.- Mediante sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil  cinco emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte  Suprema de Justicia, se estableció que: “[…] es preciso  señalar que en relación al Fideicomiso o Trusts Tristar, según  aparece plasmado en el Informe de Fiscalización de la SUNAT  y en las pericias judiciales actuadas en autos obrantes a fojas  ocho mil doscientos cincuenta y cinco y ocho mil trescientos  sesenta y uno, se ha establecido que el sentenciado transfirióel referido Fideicomiso, entre mil novecientos noventa y cinco  y mil novecientos noventa y nueve, parte de los montos  recibidos de las corporaciones chinas, transferencias que  realizó desde su cuenta corriente número treinta y seis  setenta noventa en el Banco Hapoalim de Luxemburgo hacia  la cuenta corriente número siete veinte dieciséis setenta del  Bank Hapoalim de Zurich de la que es titular el Trust Tristar;  en tal virtud, al haberse utilizado sumas ya reputadas como  materia de defraudación tributaria para integrar el patrimonio  del referido Trust, no puede considerarse que dicho patrimonio  ni las transferencias de fondos que se hayan producido entre  las cuentas bancarias del mencionado trust ni los retiros que  se hayan efectuado con cargo al mismo patrimonio constituyen  renta gravada […] habiéndose establecido que en ningún  caso la cuenta número treinta y cuatro cero ciento  ochenta y nueve del Banco Merril Lynch cuyo titular era  justamente el Trust Espuma del Mar recibió transferencia  alguna de las corporaciones chinas ni de terceras  personas, por lo que de la cuenta en mención no se  derivan obligaciones tributarias a cargo del sentenciado,  y al igual que en el caso Trust Tristar no cabe admitir  intereses, ganancias o dividendos que puedan ser  generadores de obligaciones tributarias imputables a  Víctor Dionicio Joy Way Rojas contrariamente a los que sí se  han generado en las cuentas personales de titularidad del  propio Joy Way Rojas, por las que sí debe responder como  obligado tributario directo […]”.Sexto.- En ese sentido, si bien  es cierto el proceso penal y el proceso administrativo  obedecen a finalidades distintas, el propio Tribunal  Constitucional en la sentencia recaída en el Proceso Nº 1670- 2003-AA/TC ha precisado que ante la dualidad de procesos,  el órgano administrativo queda inexorablemente vinculado a  lo que en el proceso penal se ha declarado como probado o  improbado, motivo por el cual resulta evidente que lo  establecido en el proceso penal seguido contra el ahora  demandante Víctor Dionisio Joy Way resulta perfectamente  aplicable a lo analizado en el presente caso, consideraciones  por las cuales este agravio también es infundado.Séptimo.-  En cuanto a los agravios de la Superintendencia Nacional de  Administración Tributaria (SUNAT), corresponde señalar que,  tal como se ha señalado precedentemente, lo resuelto en el  proceso penal seguido contra Víctor Dionisio Joy Way tiene la  calidad de cosa juzgada, siendo coercible e inmutables sus  efectos; así también lo resuelto en dicho proceso resulta  inexorablemente aplicable a este proceso contencioso  administrativo, por lo que, los agravios formulados también  carecen de amparo”.Octavo.- Teniendo en cuenta que ambos  recursos cuestionan, en el fondo, la remisión que la Sala  Superior hace respecto a lo resuelto por la Sala Penal  Transitoria de la Corte Superior de Justicia, es necesario  resaltar, por un lado, que el Tribunal Constitucional del Perú  en reiterada jurisprudencia ha establecido que […]. Lo que  significa que, en el supuesto de existencia de una dualidad de  procedimientos,  el  órgano  administrativo  queda  inexorablemente vinculado a lo que en el proceso penal se  haya declarado como probado o improbado […]”.Décimo.- En  ese  lineamiento,  […]  advirtiendo  que  más  allá  al  cuestionamiento que se hace de la sentencia penal citada, las  demandadas no han presentado prueba alguna que permita  obtener conclusiones contrarias a las del proceso penal en  mención, este Tribunal estima que los cuestionamientos  formulados  carecen  de  sustento.[Énfasis  nuestro]3.5.  Recurso de casación3.5.1. Los recursos de casación  interpuestos por la parte demandada, el Procurador Adjunto a  cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y  Finanzas, del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, y  por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria, del veintitrés de septiembre de dos  mil veintiuno, fueron declarados procedentes mediante auto  calificatorio - resolución suprema del once de mayo de dos mil  veintidós (foja cuatrocientos sesenta y nueve del cuaderno de  casación), por las siguientes causales:Del Procurador Adjunto  a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía  y Finanzasa) Contravención a las normas del debido proceso;  vulneración  del  artículo  139  numeral  5  de  la  ConstituciónSustenta señalando que la Sala ha incurrido en  una motivación insuficiente en la sentencia materia de grado,  tal como se aprecia del quinto y sexto considerando de la  sentencia. Como se puede apreciar —señala— la Sala  únicamente fundamenta su fallo en la sentencia del veinte de  octubre de dos mil cinco en el proceso de Defraudación  Tributaria seguido contra Víctor Dionisio Joy Way Rojas, sin  embargo, de la lectura de la sentencia de vista, no se aprecia  que la Sala haya efectuado algún análisis de identidad, ni  tampoco se aprecia que se señalen las razones por las cuales  se debe trasladar lo resuelto en dicho proceso penal al caso  de autos. Es más, el hecho de aplicar dicha sentencia  obtenida en el proceso penal sin mayor análisis alguno, elloimpide que la Sala haya realizado una correcta valoración de  las pruebas que constan en el expediente administrativo, que  corre como acompañado del expediente principal, las mismas  que demuestran que: i)El Trust Tristar si bien fue constituido  con dinero de los demandantes cuyo origen no fue justificado  por aquellos, no ha sido constituido con parte del dinero  proveniente del pago de las corporaciones chinas reputados  como incremento patrimonial no justificado de los referidos  demandantes y por tanto no se ha duplicado la determinación  de dicho incremento patrimonial no justificado Trust respecto  del cual los demandantes figuraban como beneficiarios; y ii) El  Trust “Espuma del Mar” ha sido constituido con dineros de los  demandantes cuyo origen no fue justificado por aquellos,  siendo ellos mismos beneficiarios de dicho Trust, dinero que  no provenía del pago de las corporaciones chinas reputados  como incremento patrimonial no justificado de los referidos  demandantes.  La  Sala,  de  haber  valorado  dicha  documentación, hubiera llegado a una conclusión muy distinta  a la que ha sido esgrimida en la sentencia de vista, materia de  casación.Por tanto, consideran que aún exista una sentencia  penal aplicable a un proceso en trámite; el juez de la causa en  trámite puede apartarse de lo resuelto en dicha sentencia  cuando esta ha fallado en forma equivocada siempre y  cuando lo sustente con las pruebas presentadas y actuadas  en el proceso en trámite, del mismo modo que el Tribunal  Constitucional puede apartarse de precedentes vinculantes  expresando los fundamentos de hecho y derecho que  sustenten el apartamiento de dicho precedente conforme el  artículo VII de la Ley Nº 28237 Código Procesal Constitucional.  En ese sentido, la Sala al emitir la sentencia de vista debió  comparar las pruebas que constan en el expediente  administrativo que corre acompañado del expediente principal  con lo resuelto por la sentencia del diez de octubre de dos mil  cinco emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte  Suprema de la República en el expediente Nº 18-2001-05 que  tiene calidad de cosa juzgada, y si de dicha comparación  resultaba que dicha sentencia ha fallado en forma equivocada,  el Juez de la causa en trámite debió resolver en base a lo  resuelto en los actuados administrativos que dieran lugar a las  RTFs controvertidas, sin embargo sin mayor análisis resolvió  únicamente tomando como base de sus fundamentos la  citada sentencia emitida en el proceso penal de defraudación  tributaria.Otra deficiencia de motivación de la sentencia  expedida por la Sala, la encuentran en el décimo considerando;  como se aprecia, la Sala se ampara en la sentencia del  Tribunal Fiscal Nº 1670-2003-AA/TC, sin embargo, tampoco  analiza y mucho menos motiva, por qué razón considera que  dicha sentencia resulta aplicable al presente caso, solo hace  mención de la misma. Es más, se limita a indicar que las  demandadas no han presentado pruebas que permitan  obtener conclusiones contrarias a las del proceso penal,  argumento que demuestra la falta de revisión y análisis por  parte de la Sala Superior respecto de los actuados  administrativos,  pues  justamente  de  los  expedientes  administrativos que dieran lugar a las RTFs números 05229- 4-2003, 5233-4-2003 y 00012-3-2004, y que han podido ser  revisados por la Sala, fluye que el reparo por incremento  patrimonial no justificado que fuera confirmado por el Tribunal  Fiscal se ajusta a ley. Por todo ello, nos encontramos frente a  una sentencia que no se encuentra motivada adecuadamente,  prueba de ello es que la Sala Superior no ha realizado un  análisis de los hechos ni tampoco de las pruebas que obran  en los actuados administrativos.b) Inaplicación del artículo 52  del Decreto Legislativo Nº 774 Ley del Impuesto a la  RentaSustenta esta causal, transcribiendo textualmente el  considerando sexto de la sentencia de vista, y pasa a sostener  que la Sala al emitir la sentencia de vista debió comparar las  pruebas que constan en el expediente administrativo con lo  resuelto por la sentencia del veinte de octubre de dos mil  cinco, más aún si como se ha señalado, las pruebas que  constan en el expediente administrativo, -las que no han sido  valoradas por la sentencia de vista-, demuestran que, en  efecto el Reparo por Incremento Patrimonial se encuentra  debidamente sustentado, puesto que el Trust Tristar y el Trust  “Espuma del Mar”, si bien fueron constituidos con dinero de  los demandantes cuyo origen no fue justificado por aquellos,  no ha sido constituido con parte del dinero proveniente del  pago de las corporaciones chinas reputados como incremento  patrimonial no justificado de los referidos demandantes. Por  tanto, de haberse realizado un análisis correcto de la prueba  que obran en los actuados administrativos y no limitarse a  fundamentar su decisión en la sentencia del veinte de octubre  de dos mil cinco emitida por la Sala Penal Transitoria de la  Corte Suprema, la sentencia de vista debió haber aplicado el  artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta calificando como  incremento patrimonial no justificado los depósitos y valores  de los fideicomisos o Trust Tristar y “Espuma del Mar”, así  como sus intereses, ganancias o dividendos y declararinfundada  la  demanda  en  dichos  extremos.De  la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributariaa) Reiterada arbitrariedad manifiesta en la que  incurre la sentencia de segundo grado, en agravio a su  derecho a un debido proceso, que infringe los incisos 3 y  5 del artículo 139 de la Constitución al no haber expresado  los fundamentos suficientes que justifiquen adecuadamente  su decisión y haber resuelto en contravención de la Sentencia  Casatoria Nº 9261-2016 Lima, emitida el cuatro de julio de  dos mil diecisiete por la Sala de Derecho Constitucional y  Social Permanente de la Corte Suprema de la República. Sustentan la casual señalando que, de la revisión de la  sentencia materia de grado se aprecia que, por todo sustento  de su decisión, la Sala Suprior invoca lo resuelto por el  Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Proceso  Nº 1670-2003-AA/TC. Sin embargo, no hace el más mínimo  análisis para verificar si lo resuelto en ese caso concreto  resulta aplicable a la controversia materia del presente  proceso, pues las partes son distintas y las peculiaridades  entre ese caso y la presente controversia son diferentes. La  Sala Superior simplemente no ofrece fundamento alguno al  respecto.En efecto como se puede apreciar en el considerando  sexto de la sentencia de vista, el a quo alude a supuestos en  los cuales, si bien los dispositivos y jurisprudencia que anota  concuerdan con lo que alegan, no son acreditados como  aplicables en el caso de autos, esto es, no se realiza el  ejercicio de analizar los fundamentos de hecho y derecho que  hacen que pueda afirmar lo indicado. La Sala Superior  tampoco analiza y mucho menos motiva, por qué razón  considera que resulta aplicable al presente caso la sentencia  del Tribunal Constitucional Nº 1670-2003-AA/TC la misma  que, como resulta fácilmente comprobable de su sola lectura,  se refiere a la aplicación del principio ne bis in ídem, respecto  del cual en líneas generales para poder ser aplicado al caso  concreto, no solo debe ser aludido en un proceso por el o los  magistrados a cargo del mismo, sino que requiere de un  proceso de análisis desarrollado por estos que acredite la  aplicación de dicho principio, situación que no se aprecia en la  sentencia de vista.Hay ausencia de motivación porque el a  quo no hace el más mínimo análisis ni explica las razones por  las cuales -en su opinión- se traslada lo resuelto en instancia  penal al caso de autos. Dicho de otro modo, la Sala no analiza  y mucho menos motiva por qué resultaría razonable asumir  plenamente lo resuelto en el proceso penal seguido.En  relación a la contravención de la Sentencia Casatoria Nº  9261-2016-Lima,  la  recurrente  cita  textualmente  el  considerando octavo de la indicada sentencia, señalando  que, como requisito mínimo y condición sine qua non resulta  necesario realizar el análisis que en este considerando hace  la Corte Suprema de los elementos de la sentencia penal que  se pretende vincular con el proceso contencioso administrativo  seguido, así como de los motivos por los cuales ello se  desestima; por ello la sentencia de vista contraviene lo  dispuesto en la Casación Nº 9261 Lima, pretendiendo  determinar una supuesta vinculación o identidad, fáctica o  subjetiva entre las anotadas resoluciones judiciales penales y  el procedimiento administrativo materia de controversia, sin  realizar un análisis previo como el efectuado en la aludida  sentencia casatoria, lo cual determina la infracción detectada.  La Sala Superior estaba en la obligación de dar una  explicación válida de las razones que la conllevaron a la no  aplicación de dicha sentencia.b) Infracción normativa de  carácter material referida a la inaplicación de la Norma  VIII del Título Preliminar y artículo 148 del Código  Tributario, así como lo dispuesto en los artículos 51,52,57  inciso c), 59 y 92 de la Ley del Impuesto a la Renta. Sustenta la causal, señalando que ello radica en el hecho de  que en la sentencia de vista, no se ha apreciado ni valorado  siquiera los fundamentos por los cuales tanto SUNAT como el  Tribunal Fiscal repararon y confirmaron respectivamente, el  Impuesto a la Renta por los ejercicios mil novecientos noventa  y seis a dos mil a los demandantes. En la apelación llama la  atención, precisamente, que la sentencia de primer grado  había declarado fundada en parte la demanda, sustentando  dicho extremo de su resolución en la mera reproducción de la  decisión contenida en la sentencia S/N de fecha veinte de  octubre de dos mil cinco, emitida por la Sala Penal Transitoria  de la Corte Suprema de Justicia, esto es, que estaba  sustentando su decisión en el extremo apelado, en un  pronunciamiento emitido por jueces penales que resuelven en  materia penal y cuya única competencia es la de establecer la  responsabilidad penal con ocasión de la verificación de una  conducta típica, antijurídica y culpable, pero sin competencia  en materia contencioso administrativa para establecer cuándo  existe o no un gravamen tributario respecto de la realización  de un hecho imponible por determinada persona.En ese  sentido, la sentencia de vista incurre en la infracción normativa  vinculada con la inaplicación que radica en el hecho que en lasentencia de vista no se ha apreciado ni valorado siquiera los  fundamentos por los cuales tanto SUNAT como el Tribunal  Fiscal repararon y confirmaron, respectivamente, el impuesto  a la renta por los ejercicios mil novecientos noventa y seis a  dos mil a los demandantes. Lo resuelto en un proceso penal  en el cual recayó la sentencia que también la Sala Civil  Permanente de la Corte Suprema se limita a reproducir en su  sentencia de segunda instancia, es cosa juzgada y entonces  en virtud de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 1670- 2003-AA/TC que establecería que ante la dualidad de  procesos el órgano administrativo queda inexorablemente  vinculado a lo que en el proceso penal se haya declarado  como probado o improbado, en este caso sería siempre  aplicable el criterio de la Sala Penal de la Corte Suprema  sobre no gravamen con impuesto a la renta a Víctor Joy Way  Rojas, en relación con las rentas (intereses, ganancias y  dividendos) obtenidas o transferidas entre cuentas de los  Trust Tristar y “Espuma del Mar”. Al respecto, debe señalarse  que cuando SUNAT reparó (y el Tribunal Fiscal confirmó con  criterio técnico-jurídico dicho reparo vinculado) respecto al  impuesto a la renta por los ejercicios mil novecientos noventa  y seis hasta el dos mil, tales rentas evidentemente se hizo  aplicando el principio de primacía de la realidad, siendo  evidente que quien se beneficiaba de los fondos aportados y  obtenidos por dichos Trusts en el extranjero eran Víctor Joy  Way Rojas y esposa. Sin embargo, nada de esto ha sido  siquiera analizado por los Jueces Penales de la Corte  Suprema en la sentencia de fecha veinte de octubre de dos  mil cinco, evidentemente porque no era necesario para el fin  de determinar la responsabilidad penal del acusado  penalmente, lo que es completamente distinto en sede  contencioso administrativa en que sí se analiza la legalidad  del gravamen tributario.Como se puede apreciar, si bien la  Sala identificó las normas del impuesto general a la renta  aplicables al presente proceso, de forma inexplicable deja de  aplicarlos en contravención de las mismas, para señalar que  lo resuelto en el proceso penal seguido contra Víctor Dionicio  Joy Way Rojas tiene la calidad de cosa juzgada, así también  lo resuelto en dicho proceso resulta inexorablemente aplicable  a este proceso contencioso administrativo, por lo que los  agravios formulados también carecen de amparo, inaplicando  la Norma VIII del Título Preliminar (que regula la primacía de  la realidad en materia tributaria) y artículo 148 del Código  Tributario (sobre la imposibilidad de admitir prueba en sede  de apelación que no fue ofrecida en fiscalización pese a su  requerimiento por la Administración Tributaria y sin  justificación), así como lo dispuesto en los artículos 51,52 y 92  de la Ley del Impuesto a la Renta (sobre gravamen con renta  de fuente extranjera para los sujetos domiciliados así como el  criterio del percibido para su imputación en el ejercicio  respectivo y cuándo es que se entiende que hay renta  presunta por no haber podido sustentar incremento  patrimonial), si era posible o no gravar con impuesto a la  renta, en cabeza de Víctor Joy Way Rojas y esposa, las  ganancias derivadas, obtenidas y transferidas entre las  cuentas de los Trusts Tristar y “Espuma del Mar”, respecto de  los que, los demandantes precisamente fueron sus únicos  aportantes y únicos beneficiarios. Nada de esto ha sido  materia de pronunciamiento.c) Infracción normativa al  inciso 2 del artículo 234 de la Ley del Procedimiento  Administrativo General y el artículo 4 de la Ley Orgánica  del Poder JudicialSustenta la causal señalando que, en la  sentencia de vista la Sala Superior declaró que correspondía  confirmar la sentencia de primera instancia que declaró  fundada en parte la demanda interpuesta, bajo los argumentos  de los considerandos sexto, séptimo y octavo, no resulta  válida la aplicación prima facie del principio ne bis in ídem, y  de lo señalado en la sentencia recaída en el Proceso Nº 1670- 2003-AA/TC, emitida por el Tribunal Constitucional, toda vez  que ello requiere de un análisis para determinar la idoneidad  del principio y la jurisprudencia constitucional que se pretende  aplicar al caso concreto, en este caso, el proceso contencioso  administrativo; así pues, la sentencia de vista no cuenta con  el mínimo análisis respecto a la identidad del sujeto, hecho y  fundamento del proceso contencioso administrativo seguido,  con la sentencia penal que se pretende vincular, y así  sustentar su fallo. La Sala sostiene que la mera aplicación del  principio ne bis in ídem y lo señalado en la sentencia recaída  en el Proceso Nº 1670-2003-AA/TC, emitida por el Tribunal  Constitucional, determina que, en el supuesto de existencia  de una dualidad de procedimientos, el órgano administrativo  queda inexorablemente vinculado a lo que en el proceso  penal se haya declarado como probado e improbado,  interpretación que a todas luces resulta errónea, dado que a  partir de los dispositivos glosados se tiene que realizar  primero la verificación de la existencia de la supuesta dualidad  de procedimientos, conforme a lo ya expuesto y seguidamente  verificar los extremos de la sentencia penal que podrían tenerincidencia, no absoluta como ya hemos señalado, respecto  del proceso contencioso administrativo seguido, siendo todo  ello, debidamente fundamentado.IV. ANÁLISIS DE LA SALA  SUPREMAPrimero: Según lo establecido en el artículo 384  del Código Procesal Civil, el recurso de casación tiene por  fines esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo  al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional  por la Corte Suprema de Justicia (función nomofiláctica y  uniformizadora). Las Casaciones Nº 615-2008 Arequipa y  4197-2007 La Libertad, han precisado la finalidad de este  recurso.Segundo: La materia jurídica en discusión es el  “incremento patrimonial no justificado” y los alcances de lo  decidido en el proceso penal por defraudación tributaria en el  presente proceso contencioso administrativo. Se han debatido  las operaciones celebradas por los contribuyentes Víctor  Dionisio Joy Way Rojas, excongresista y ex Presidente del  Consejo de Ministros, en la década de mil novecientos  noventa, y su esposa, Lilia Abdel Troncoso de Joy Way, en la  referida década, específicamente en lo atinente a las  operaciones registradas en cuentas bancarias de bancos  europeos, a partir de lo establecido en el proceso penal  respecto de la existencia de un incremento patrimonial no  justificado por lo registrado en las cuentas en bancos  europeos, pertenecientes a los fideicomisos denominados  Trust Tristar y Trust “Espuma del Mar”, cuyo origen habría  sido determinado como proveniente de corporaciones chinas,  por concepto de servicios prestados por el contribuyente. Análisis de las causales denunciadas por el Procurador  Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio  de Economía y FinanzasTercero: Atendiendo a la  procedencia de causales por infracciones normativas  materiales y procesales, esta Sala Suprema debe emitir  pronunciamiento, en primer lugar, sobre la causal procesal  que en este caso está referida a la infracción normativa del  inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado,  que está vinculada al derecho a la motivación de las  resoluciones judiciales.En el recurso de casación, el  recurrente señala en resumen que la Sala Civil Permanente  ha incurrido en una motivación insuficiente en la sentencia  materia de grado, tal como se apreciaría del quinto y sexto  considerandos de la sentencia, donde el colegiado  fundamenta su fallo únicamente en la sentencia del veinte de  octubre de dos mil uno en el proceso de defraudación  tributaria seguido contra Víctor Dionisio Joy Way Rojas, y no  se aprecia que haya efectuado algún análisis de identidad ni  se aprecian las razones por las cuales se debe trasladar lo  resuelto en dicho proceso penal al caso de autos. Argumenta  que, al emitir la sentencia de vista, la Sala Civil Suprema  debió comparar las pruebas que constan en el expediente  administrativo que corre acompañado del expediente principal  con lo resuelto por la sentencia del diez de octubre de dos mil  cinco, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte  Suprema de la República en el Expediente Nº 18-2001-05,  que tiene calidad de cosa juzgada, y si de dicha comparación  resultaba que dicha sentencia ha fallado en forma equivocada,  el Juez de la causa en trámite debió resolver con base en lo  resuelto en los actuados administrativos que dieran lugar a las  resolución del Tribunal Fiscal controvertidas.Como otra  deficiencia señala que la Sala Civil Permanente se ampara en  la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 1670-2003-AA/TC;  sin embargo, tampoco analiza ni motiva por qué razón  considera que dicha sentencia resulta aplicable al presente  caso, solo hace mención de la misma y se limita a indicar que  los demandados no han presentado pruebas que permitan  obtener conclusiones contrarias a las del proceso penal. El  órgano se segunda instancia no habría realizado un análisis  de los hechos ni tampoco de las pruebas que obran en los  actuados administrativos.Cuarto: En primer lugar, al referirnos  al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales,  debemos remitirnos a la Constitución Política del Estado, que  establece:Artículo 139.- Principios de la Administración de  Justicia  Son  principios  y  derechos  de  la  función  jurisdiccional:[…]5.  La  motivación  escrita  de  las  resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto  los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley  aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.  [Énfasis nuestro]Del mismo modo, señalemos que en dicho  contexto  debemos  ineludiblemente  invocar  los  pronunciamientos  del  Tribunal  Constitucional  en  las  sentencias recaídas en los Expedientes Nº 3943-2006-PA/TC  (caso Juan de Dios Valle Molina) y Nº 00728-2008-PHC/TC  Lima (caso Giuliana Flor de María Llamoja Hilares), que  establecieron que no todo ni cualquier error en el que  eventualmente incurra una resolución judicial constituye  automáticamente  la  violación  del  contenido  constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de  las resoluciones judiciales, sino solo aquellos errores  relacionados al contenido constitucionalmente garantizado deeste derecho.El derecho a la motivación de resoluciones  judiciales se vulnera en los siguientes supuestos determinados  en el caso Giuliana Llamoja, a saber:a) inexistencia de  motivación o motivación aparenteb) falta de motivación  interna del razonamientoc) deficiencias en la motivación  externa,  justificación  de  las  premisasd)  motivación  insuficientee) motivación sustancialmente incongruentef) motivaciones cualificadasEn este caso, se denuncia que en la  expedición de la sentencia de vista, el colegiado habría  incurrido en motivación insuficiente, que se configura cuando  se vulnera el principio lógico de la razón suficiente, es decir,  cuando las conclusiones a las que arriba el juzgador no se  respaldan en pruebas fundamentales y relevantes, de las  cuales este debe partir en su razonamiento para lograr  obtener la certeza de los hechos expuestos por las partes y la  convicción que lo determine en un sentido determinado,  respecto de la controversia planteada ante la judicatura.Sin  embargo, el sustento de la presente causal está referido  concretamente a que no se ha realizado un análisis de los  hechos ni de las pruebas que obran en los actuados  administrativos. Refiere además que la sentencia de vista  debió comparar las pruebas que constan en el expediente  administrativo que corre acompañado del expediente principal  con lo resuelto por la sentencia del diez de octubre de dos mil  cinco emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte  Suprema de la República en el Expediente Nº 18-2001-05,  que tiene calidad de cosa juzgada, seguido contra el ahora  demandante Víctor Dionisio Joy Way Rojas, por el delito de  defraudación tributaria. El recurrente cuestiona de esta forma  la valoración de los medios probatorios efectuada en la  sentencia de vista y sus conclusiones, lo que no puede ser  objeto de análisis mediante el recurso de casación, ya que  desnaturalizaríamos los fines previstos en el artículo 384 del  Código Procesal Civil.En ese sentido, esta Corte Suprema ha  venido señalando en su jurisprudencia, que:[…] atribuir un  sentido determinado a un hecho conforme al mérito probatorio  que se extraiga de una determinada prueba constituye una  facultad del juzgador prevista en la ley procesal, por lo que la  conclusión fáctica a que arriba el juzgador sobre los hechos  no pueda ser reexaminada en sede casatoria por no ser  actividad  constitutiva  del  recurso  de  casación.3En  consecuencia, no es posible vía recurso de casación  reexaminar los hechos determinados por las instancias de  mérito ni revalorar los medios probatorios. Así lo establece la  Corte Suprema en la Casación Nº 2059-2012 La Libertad4,  que señala:Este Supremo tribunal no está facultado a debatir  aspecto de hechos pues lo contrario significaría revisar la  situación fáctica establecida por las instancias de mérito lo  cual implica la revaloración de las pruebas resultando dicha  actividad ajena la finalidad prevista por el artículo 384 del  Código Procesal Civil esto es la adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto así como la uniformidad de  la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Por estas consideraciones, la presente causal resulta  infundada.Quinto: Emitiendo pronunciamiento sobre la  inaplicación del artículo 52 del Decreto Legislativo Nº 774 -  Ley del Impuesto a la Renta, que se sustenta en que la Sala  al emitir la sentencia de vista debió comparar las pruebas que  constan en el expediente administrativo con lo resuelto por la  sentencia del veinte de octubre de dos mil cinco, más aún si  las pruebas constan en el expediente administrativo —las que  no han sido valoradas por la sentencia de vista— y demuestran  que, en efecto el reparo por incremento patrimonial se  encuentra debidamente sustentado-; esta Sala debe recordar  que la inaplicación de una disposición normativa como causal  de casación implica la existencia de una disposición normativa  que debió ser aplicada por el órgano jurisdiccional para la  solución del caso concreto. Esta norma, que eventualmente  debió ser aplicada para resolver el caso, debe tener incidencia  directa en la resolución recurrida. En este caso lo que se  denuncia es que la Sala debió comparar las pruebas del  expediente administrativo con lo resuelto en la sentencia de  fecha veinte de octubre del dos mil cinco, que, conforme a  autos, fue emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte  Suprema de la República en el Expediente Nº 18-2001-05,  seguido contra el ahora demandante Víctor Dionisio Joy Way  Rojas, por el delito de defraudación tributaria, y que no habría  sido valorada en la sentencia de vista.Ello evidencia que el  sustento no es pertinente para la causal denunciada de  infracción normativa por inaplicación del artículo 52 de la Ley  del Impuesto a la Renta, que señala que “Se presume que los  incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser  justificado por el deudor tributario, constituyen renta neta no  declarada por éste […]”, pues pretende este recurrente que  esta Sala Suprema compare las pruebas del expediente  administrativo con la sentencia del proceso penal por el delito  de defraudación tributaria seguido contra el hoy demandante  Víctor Dionisio Joy Way Rojas, que obviamente es también elresultado de una valoración probatoria en sede penal; sin  embargo, como ya lo señalamos anteriormente los temas  probatorios no se condicen con los fines del recurso de  casación.Además, la mencionada inaplicación no ha sido  formulada como agravio en el recurso de apelación, conforme  puede verse de la sentencia de vista, que en el acápite II,  titulado “Absolución de la apelación contra la sentencia”,  detalla los agravios correspondientes al Procurador Público  del Ministerio de Economía y Finanzas, que están más bien  relacionados con el proceso de amparo que interpuso la  SUNAT para que se dejen sin efecto las resoluciones emitidas  en el proceso penal seguido por dicha entidad del Estado  contra Víctor Dionisio Joy Way Rojas, y con la sentencia de  fecha veinte de octubre de dos mil cinco, expedida por la Sala  Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, señalando  que no adquirió la calidad de cosa juzgada por haberse  interpuesto demanda de amparo el veintitrés de octubre de  dos mil nueve. Por tanto, resulta coherente no encontrar en la  sentencia de vista impugnada pronunciamiento alguno  respecto de las infracciones denunciadas y que venimos  analizando. Por tanto, la presente causal resulta infundada. Análisis  de  las  causales  denunciadas  por  la  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración TributariaSexto: La SUNAT ha interpuesto  recurso de casación contra todos los extremos de la sentencia  de vista. Es decir, incluye el extremo que confirma las  resoluciones números tres, trece, veinticinco, y cincuenta y  tres, apeladas y concedidas en calidad de diferidas. Sin  embargo, de la lectura del recurso, no aparecen causales de  casación sustentadas sobre la decisión impugnada en este  extremo, y sobre los que se pronunciara la Sala Civil  Permanente de la Corte Suprema de la República, en su  actuación como órgano de segunda instancia, al desarrollar y  analizarlas a lo largo del numeral I del acápite “Materia de  Recurso”. Por ende, esta Sala Suprema se encuentra  impedida  de  emitir  pronunciamiento  alguno.Séptimo:  Respecto de las infracciones descritas en los literales a, b y  c, del acápite 3.5.1 del recurso de casación interpuesto por la  SUNAT, deben ser analizados en forma conjunta al  encontrarse relacionados entre sí, ya que remiten a un mismo  aspecto: la vulneración del derecho a la motivación adecuada;  la inaplicación de la norma VIII del título preliminar y el artículo  148 del Código Tributario, así como lo dispuesto en los  artículos 51, 52, 57 (inciso c) 59 y 92 de la Ley del Impuesto a  la Renta; y la interpretación errónea del inciso 2 del artículo  234 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el  artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sustenta  estas infracciones cuestionando que la sentencia de vista  impugnada haya invocado la Sentencia del Tribunal  Constitucional Nº 1670-2003-AA/TC, sin verificar si lo resuelto  en ese caso concreto resulta aplicable a la controversia  materia del presente proceso; la sentencia de vista no ofrece,  en su concepto, ningún fundamento, ni hace el mínimo  análisis ni explica las razones por las cuales se traslada lo  resuelto en instancia penal al caso de autos. La Sala Civil  Permanente no analiza ni motiva por qué resultaría razonable  asumir plenamente lo resuelto en el proceso penal.Sin  embargo, analizadas las infracciones, estimamos que no  resultan amparables, por cuanto en el considerando séptimo  de la sentencia de vista la Sala de grado, remitiéndose,  además, al considerando precedente, señala que:[…] lo  resuelto en el proceso penal seguido contra Víctor Dionicio  Joy Way Rojas tiene la calidad de cosa juzgada, siendo  coercible e inmutables sus efectos; así también lo resuelto en  dicho proceso resulta inexorablemente aplicable a este  proceso contencioso administrativo, por lo que lo agravios  formulados también carecen de amparo.De lo que inferimos  dos cuestiones jurídicas que ha descrito la sentencia de vista  impugnada:1) Que la sentencia de fecha veinte de octubre de  dos mil cinco, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte  Suprema de la República en el Expediente Nº 18-2001-05,  seguido contra el ahora demandante Víctor Dionisio Joy Way  Rojas, por el delito de defraudación tributaria, tiene calidad de  cosa juzgada, ello conforme al literal c del numeral 1 del  artículo 6 del Código Procesal Penal, que establece, entre  otras, la excepción de cosa juzgada, que se deduce cuando el  hecho punible ha sido objeto de una resolución firme, nacional  o extranjera contra la misma persona; por lo que no queda  duda que el ahora demandante Víctor Dionisio Joy Way Rojas  ya no puede ser juzgado por los mismos hechos y delitos en  un nuevo proceso penal; y 2) que la eficacia probatoria de  dicha sentencia penal —con autoridad de cosa juzgada— en  el presente proceso contencioso administrativo, tiene base  legal en el artículo 198 del Código Procesal Civil, que  establece: “Las pruebas obtenidas válidamente en un proceso  tiene eficacia en otro. […]”. Además, la Sala de grado precisó  que la parte demandada no ofreció prueba que rebatiese o  contradijera aquellas pruebas obtenidas en el proceso penal.Asimismo, en diferentes partes del sustento de la casación se  reclama la valoración de hechos y pruebas, así como la  comparación de las pruebas del expediente administrativo — sin mencionar ninguna— con la sentencia penal.La remisión  para contestar los agravios formulados por la Procuraduría  Adjunta a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de  Economía y Finanzas, están referidos a los fundamentos  contenidos en el considerando quinto, señalando que:[…] si  bien el proceso penal seguido en contra de Víctor Dionicio Joy  Way Rojas fue cuestionado a través del proceso de amparo  contra resolución judicial, también lo es que, el Décimo Primer  Juzgado Constitucional de Lima de la Corte Superior de  Justicia de Lima, ha declarado improcedente la demanda  mediante sentencia recaída en la resolución de fecha once de  abril de dos mil catorce, la misma que además fue declarada  consentida mediante resolución número veinte de fecha  treinta de mayo de dos mil catorce; por lo que, el  cuestionamiento que se hace en función a la calidad de cosa  juzgada que ostenta el proceso penal seguido contra Víctor  Dionicio Joy Way Rojas carece de sustento.En la parte  pertinente del mismo considerando, indica que:Mediante  sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil cinco, emitida  por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia,  se estableció que: “[…] es preciso señalar que en relación al  fideicomiso o Trust ‘Tristar’ según aparece plasmado en el  Informe de Fiscalización de la SUNAT y en las pericias  judiciales actuadas en autos […] se ha establecido que el  sentenciado transfirió el referido Fideicomiso entre mil  novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y  nueve, parte de los montos recibidos de las corporaciones  chinas, transferencias que realizó desde su cuenta corriente  número treinta y seis setenta noventa en el Banco Hapoalim  de Luxemburgo hacia la cuenta corriente número siete veinte  dieciséis setenta del Bank Hapoalim de Zurich, de la que es  titular el Trust Tristar; en tal virtud, al haberse utilizado sumas  ya reputadas como materia de la defraudación tributaria para  integrar el patrimonio del referido Trust, no puede considerarse  que dicho patrimonio ni las transferencias de fondos que se  hayan producido entre las cuentas bancarias del mencionado  Trust ni los retiros que se hayan efectuado con cargo al mismo  patrimonio constituyan renta gravada […] habiéndose  establecido que en ningún caso la cuenta número treinta y  cuatro cero ciento ochenta y nueve del banco Merrill Lynch  cuyo titular era justamente el Trust Espuma del Mar recibió  transferencia alguna de las corporaciones chinas ni de  terceras personas, por lo que de la cuenta en mención no se  derivan obligaciones tributarias a cargo del sentenciado, y al  igual que en el caso de Trust Tristar no cabe admitir intereses,  ganancias o dividendos que puedan ser generadores de  obligaciones tributarias imputadas a Víctor Dionisio Joy Way  Rojas contrariamente a los que sí se han generado en las  cuentas personales de titularidad del propio Joy Way Rojas,  por las que sí debe responder como obligado tributario directo  […].En consecuencia, se advierte que la sentencia de vista sí  se encuentra motivada, y una situación distinta es la  disconformidad de la recurrente con sus conclusiones.En  cuanto a la invocación de la Sentencia del Tribunal  Constitucional Nº 1670-2003-AA/TC, se precisa en el  considerando sexto de la sentencia de vista que:En ese  sentido, si bien es cierto el proceso penal y el proceso  administrativo obedecen a finalidades distintas, el propio  Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Proceso  Nº 1670-2003-AA/TC, ha precisado que ante la dualidad de  procesos el órgano administrativo queda inexorablemente  vinculado a lo que en el proceso penal se haya declarado  como probado o improbado, motivo por el cual resulta  evidente que lo establecido en el proceso penal seguido  contra el ahora demandante Víctor Dionisio Joy Way Rojas  resulta perfectamente aplicable lo analizado en el presente  caso, consideraciones por las cuales este agravio también es  infundado.Sin embargo, se denuncia como infracción sin que  la recurrente SUNAT desarrolle de una manera más amplia  por qué lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional  no resultaría aplicable a la controversia materia del presente  proceso. De esta forma, invoca el control de derecho que  corresponde a la Sala Suprema y pide que esta cumpla sus  fines previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil,  pero se limita a señalar que la Sala “sin verificar si lo resuelto  en ese caso concreto resulta aplicable a la controversia  materia del presente proceso, simplemente no se ofrece  ningún fundamento”, cuando correspondía determinar con  claridad y precisión la infracción que denuncia y además la  incidencia directa de la infracción en la decisión del fallo, que  implica que la relevancia de la infracción determinaría  modificar  aquella  decisión.Las  demás  infracciones  denunciadas no fueron objetadas como agravios en el recurso  de apelación de la SUNAT, conforme puede verse del numeral  II del acápite “Absolución de la apelación contra la sentencia”,siendo que, en sus agravios, invocando los considerandos  tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo y noveno de la sentencia  de primera instancia, se concretan en que la recurrida solo se  fundamenta en la sentencia de fecha veinte de octubre de dos  mil cinco, y alega que únicamente podría resultar vinculante la  institución de la cosa juzgada al caso de autos, si los hechos  materia de juzgamiento hubieran sido conocidos por otro  órgano jurisdiccional de naturaleza contencioso administrativa,  mas no por un órgano judicial penal y sobre el proceso de  amparo interpuesto; lo que ha sido contestada en el  considerando séptimo ya analizado líneas arriba. Por tanto,  esta Sala Suprema concluye que la Sala de grado no ha  emitido pronunciamiento sobre los dispositivos legales que  sustentan las causales por inaplicación de la norma VIII del  título preliminar y el artículo 148 del Código Tributario, así  como lo dispuesto en los artículos 51, 52, 57 (inciso c), 59 y  92 de la Ley del Impuesto a la Renta y por interpretación  errónea del inciso 2 del artículo 234 de la Ley del Procedimiento  Administrativo General y el artículo 4 de la Ley Orgánica del  Poder Judicial. Por tanto, la presente casual también resulta  infundada.Octavo: De todo lo expuesto, esta Sala Suprema  puede advertir que en realidad se trataría de cuestionar el  criterio de las instancias de mérito para que se asuma como  válida la tesis postulada por la administración tributaria y del  Procurador Adjunto encargado de los Asuntos Judiciales del  Ministerio de Economía y Finanzas, ello en tanto la sentencia  de primera instancia partió de lo establecido por la Sala Penal  Transitoria en el proceso penal seguido por el delito de  defraudación tributaria, contra Víctor Dionisio Joy Way Rojas,  en el cual se determinó que dichas cuentas estaban a nombre  de fideicomisos, cuyo contenido patrimonial provenía de  ingresos por servicios brindados a corporaciones chinas.  Tales aportes eran materia del proceso penal de defraudación  tributaria y no se había detectado algún aporte de agentes  terceros en algunas de las cuentas que suponga renta  gravable para el contribuyente.Así pues, era cuestión  controvertida determinar el origen y quién era el verdadero  titular de los fondos e inversiones provenientes de la Cuenta  340189 del Merryl Linch Bank y la Cuenta 7201670 del Bank  Hapoalim, y los órganos de mérito concluyeron que no había  montos que considerar como incremento patrimonial, así  como que no existía incremento patrimonial no justificado que  ameritase la aplicación del artículo 52 de la Ley del Impuesto  a la Renta, que prevé que “Se presume que los incrementos  patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el  deudor tributario, constituyen renta neta no declarada por  éste”. Por lo tanto, para el órgano jurisdiccional de primera  instancia, no existía elemento alguno que pueda entenderse  como incremento patrimonial no justificado por tal concepto,  lo que ha sido confirmado por la sentencia de vista objeto de  impugnación.A su vez, cuestionar el criterio de las instancias  de mérito implicaría también una revaloración de medios  probatorios, y tal actividad no se condice con la naturaleza del  recurso de casación, en tanto que, en este caso, la Corte  Suprema no actúa como instancia de mérito, esto es, no  constituye una tercera instancia.V. DECISIÓNPor tales  consideraciones, de conformidad con el artículo 397 del  Código Procesal Civil, DECLARARON INFUNDADOS los  recursos de casación interpuestos por la parte demandada  Procurador Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del  Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del  Tribunal Fiscal, mediante escrito presentado el veintitrés de  septiembre de dos mil veintiuno (foja tres mil cuatrocientos  veintitrés del cuaderno principal), y por la Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, mediante  escrito de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno  (foja tres mil cuatrocientos cuarenta del cuaderno principal).  En consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de  fecha diez de abril de dos mil diecinueve (foja tres mil  trescientos noventa y dos del cuaderno principal) en el  extremo que confirma la sentencia de fecha once de agosto  de dos mil diez, expedida por la Sala Transitoria Especializada  en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de  Justicia de Lima; y DISPUSIERON la publicación de la  presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a  ley, en los seguidos por Víctor Dionisio Joy Way Rojas y Lilia  Abdel Troncoso Assen de Joy Way contra el Tribunal Fiscal y  la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria,  sobre  acción  contencioso  administrativa.  Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Barra  Pineda.SS.GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ,  BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA PINEDA, DÁVILA  BRONCANO. FUNDAMENTOS ADICIONALES DE LA  SEÑORA JUEZA SUPREMA RUEDA FERNÁNDEZ, ES  COMO SIGUE: -Al amparo del artículo 143 del Texto Único  Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la suscrita  realiza voto singular con fundamentos adicionales, estandode acuerdo con el sentido del voto de la doctora Dafne Barra  Pineda por que se declare infundado el recurso de  casación:PRIMERO.- Sobre las causales de casación1.1  Se advierte del presente caso, que las causales de infracción  normativa denunciadas por las recurrentes, se vinculan con la  controversia del caso en relación a los hechos alegados por  las emplazadas -de incremento patrimonial injustificado-,  asimismo, sobre sus discrepancias sobre la valoración  probatoria y estructura fáctica establecida por las instancias  de mérito, y específicamente en razón las valoraciones sobre  lo resuelto en el proceso penal.1.2 Al respecto es pertinente  anotar que, cuando las casantes acuden en función  nomofiláctica, el objetivo de la misma es el control de derecho,  más no es control de las premisas fácticas, siendo que en  este caso se advierte que los recursos de casación residen  esencialmente en sus discrepancias con las valoraciones  probatorias y hechos determinados; por lo que no resultan  estimables.1.3 Asimismo, es importante incidir en lo señalado  por la ponente en relación que la sentencia de vista ha  cumplido con las exigencias de motivación y de valoración, en  congruencia con el petitorio de segunda instancia y lo que es  objeto  de  pronunciamiento,  expresando  las  razones  esenciales de su decisión judicial, teniendo identificada la  controversia del caso, en relación a “determinar si los  demandantes han incurrido en incremento patrimonial no  justificado que regula la Ley de Impuesto a la Renta, Decreto  Legislativo Nº 774, artículos 52 y 92, aplicables por razón de  temporalidad.; asimismo ha expresado sus fundamentos y  valoraciones en relación a lo resuelto en el proceso penal  seguido en contra de Víctor Dionisio Joy Way Rojas, con  calidad de cosa juzgada; y sus valoraciones en relación al  Fideicomiso o Trusts Tristar, el Informe de Fiscalización de la  SUNAT y en las pericias judiciales, datos fácticos referidos a  que “está establecido que el sentenciado transfirió el referido  Fideicomiso, (…), parte de los montos recibidos de las  corporaciones chinas, transferencias que realizó desde su  cuenta corriente (…), hacia la cuenta corriente (…), de la  que es titular el Trust Tristar; (…), anotando: “que se hayan  efectuado con cargo al mismo patrimonio constituyen renta  gravada”, además la recurrida acoge que, “de la cuenta en  mención no se derivan obligaciones tributarias a cargo  del sentenciado, y al igual que en el caso Trust Tristar no  cabe admitir intereses, ganancias o dividendos que  puedan ser generadores de obligaciones tributarias  imputables a Víctor Dionicio Joy Way Rojas contrariamente  a los que sí se han generado en las cuentas personales de  titularidad del propio Joy Way Rojas, por las que sí debe  responder  como  obligado  tributario  directo  (…)”.1.4  Adicionalmente a lo antes expuesto, conforme advierte la  ponencia se advierten serias deficiencias en la formulación  de las causales sustantivas y el desarrollo de las mismas  que conllevan la carencia de amparo jurídico de las  denuncias casatoria: 1) no hay coherencia entre las  denuncias de inaplicación y los sustentos orientados a  discrepar de la base fáctica y valoración probatoria, 2) los  recursos incurren en contradicción, pues alegan inaplicación  de normas empero, sustentan las causales en que las  normas si deben ser aplicadas –alegando respecto del  artículo 148 del Código Tributario, la imposibilidad de admitir  prueba en sede de apelación que no fue ofrecida en  fiscalización pese a su requerimiento por la Administración  Tributaria y sin justificación; y lo dispuesto en los artículos  51,52 92 de la Ley del Impuesto a la Renta sobre gravamen  con renta de fuente extranjera-.1.5 En relación a la sentencia  casatoria N° 9261-2016 Lima, citada en el recurso casatorio  (proceso en que la demandante es persona jurídica, los  hechos están referidos a otros actos, no hay coincidencias  con el caso de ahora -en relación al proceso penal y su  vinculación con la parte actora-, y el voto singular en  casación sustenta infracción al derecho fundamental a la  motivación  por  incongruencia  omisiva,  motivación  insuficiente, y vulneración al debido proceso); no guardando  similitud con el presente caso.Por lo que, los recursos de  casación en suma resultan infundados.Por los fundamentos  expuestos, mi voto es porque se declare INFUNDADOS los  recursos de casación formulados por las emplazadas, contra  la sentencia de vista; en los seguidos sobre impugnación de  Resolución Administrativa.- Señora Jueza Suprema Rueda  Fernández.S.RUEDA FERNÁNDEZ. 1  Expediente Originario Nº 1812-2003 (foja quinientos noventa y tres a seiscientos  treinta y cuatro del expediente principal). 2  Foja mil novecientos cuarenta y ocho a mil novecientos ochenta y cinco del  principal y foja ciento sesenta del cuadernillo de casación 3  Casación Nº 137-2000 Lima, publicada en el diario oficial El Peruano, en fecha 223  de marzo de dos mil. 4  Publicada en el diario oficial El Peruano, el dos de febrero de dos mil trece. C-2136204-38