CASACIÓN Nº 24071-2019 LA LIBERTAD
MATERIA: Homologación de remuneraciones y otros Sumilla. La simple constatación de una mayor antigüedad  de las trabajadoras en comparación con la demandante,  no es razón suficiente para justificar un trato remunerativo  diferenciado basado en causas objetivas y razonables; toda  vez que, el factor de la antigüedad no debería evaluarse de  manera aislada, pues resulta necesario analizar otro factores  determinantes como por ejemplo, la evolución o progresión  en la carrera dentro de la empresa y las funciones, cargos y  responsabilidades desempeñadas. Lima, doce de julio de dos mil veintidós VISTA, la causa número veinticuatro mil setenta y uno,  guion dos mil diecinueve, guion LA LIBERTAD, en  audiencia pública de la fecha; y producida la votación con  arreglo a ley se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA  DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación  interpuesto por la parte demandada, Mi Banco - Banco dela Microempresa, mediante escrito del seis de agosto de  dos mil diecinueve (fojas doscientos noventa y uno a  trescientos uno) contra la sentencia de vista del veintiocho  de junio de dos mil diecinueve (fojas doscientos sesenta y  cuatro a doscientos ochenta y uno) que confirmó y revocó  extremos de la sentencia apelada del ocho de marzo de  dos mil dieciocho (fojas ciento sesenta y tres a doscientos  cuatro) que declaró fundada en parte la demanda; en el  proceso seguido por Karla Ysabel Robles Rodríguez,  sobre  homologación  de  remuneraciones  y  otros.  CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución del once de  enero de dos mil veintidós (fojas ciento treinta a ciento  treinta y tres del cuaderno de casación) se declaró  procedente el recurso interpuesto por la siguiente causal: i)  Infracción normativa por interpretación errónea del numeral  1 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú.  Correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir  pronunciamiento  de  fondo  sobre  dichas  causales.  CONSIDERANDO: Primero. Desarrollo del proceso a)  La actora interpuso demanda mediante escrito del veintiséis  de junio de dos mil diecisiete (fojas noventa y dos a ciento  treinta) solicitando la homologación y el reintegro de la  remuneración básica, el pago de la remuneración variable,  el pago y reintegro de las horas extras, el reintegro de las  gratificaciones, el reintegro de la remuneración vacacional,  reintegro de la compensación por tiempo de servicios, el  reintegro de las utilidades, el pago de la canasta navideña,  el pago de la participación extraordinaria por utilidades;  más el pago de intereses legales, las costas y los honorarios  profesionales. b) El Sexto Juzgado de Trabajo Permanente  de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,  mediante sentencia del ocho de marzo de dos mil dieciocho  (fojas ciento sesenta y tres a doscientos cuatro), declaró  fundada en parte la demanda; en consecuencia, ordenó  que la empresa demandada, cumpla con pagar a favor de  la accionante la suma de ciento diecisiete mil setecientos  noventa y uno con 58/100 soles (S/ 117 791.58), por  concepto de pago de la remuneración variable, el pago de  la participación extraordinaria por utilidades, pago y  reintegro de las horas extras, el reintegro de la  compensación por tiempo de servicios, el reintegro de las  gratificaciones, el reintegro de la remuneración vacacional  y el reintegro de las utilidades; y, se declara fundada la  pretensión de pago de los intereses legales. Asimismo, se  reconoció que la parte accionante tiene el derecho al pago  de las costas del proceso. De igual forma, se determinan  los honorarios profesionales en la suma de diez mil y  00/100 soles (S/ 10 000.00); más el 5% de este monto para  el Colegio de Abogados de La Libertad; es decir, la suma  de quinientos y 00/100 soles (S/ 500.00); sin multa. Por  otro lado, se declaró infundadas las pretensiones de  homologación y el reintegro de la remuneración básica. c)  La Primera Sala Especializada Laboral de la citada Corte,  mediante Sentencia de Vista del veintiocho de junio de dos  mil diecinueve (fojas doscientos sesenta y cuatro a  doscientos ochenta y uno) revocó la sentencia en la que se  declara fundada en parte la demanda interpuesta sobre  pago de horas extras, periodo octubre de 2010 a octubre  de 2016, remuneración variable; reformándola se la declara  infundada la demanda respecto de este extremo. De igual  forma, revocaron la apelada en cuanto declara infundada el  reintegro  de  remuneraciones  por  homologación,  y  reformándola la declara fundada. Así también, confirmaron  la misma, en cuanto declara fundada las horas extras del  periodo marzo de dos mil ocho a setiembre de dos mil diez,  reintegro de gratificaciones, reintegro de compensación por  tiempo de servicios, reintegro de vacaciones y utilidades,  reintegro de participación extraordinaria por utilidades;  siendo que, medicaron la suma de abono, en consecuencia,  ordenaron que la demandada cumpla con pagar a favor de  la demandante la suma de noventa y un mil cuatrocientos  noventa y tres con 48/00 soles (S/ 91 493.48). Se confirmó  el pago de los honorarios profesionales. Segundo. Sobre  la causal referida a la infracción normativa por  interpretación errónea del numeral 1 del artículo 26 de  la Constitución Política del Perú, debemos señalar que la  causal de interpretación errónea se presenta cuando el  juzgador ha elegido de manera correcta la norma que es  aplicable al caso específico; sin embargo, al momento de  aplicar dicha norma a los hechos acreditados en el proceso  le atribuye un sentido distinto al que le corresponde. La  citada norma legal dispone lo siguiente: “Artículo 26.- En  la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1.  Igualdad de oportunidades sin discriminación. (…)”  Tercero. El derecho a la igualdad ante la Ley, así como el  de igualdad de oportunidades se encuentra consagrado en  nuestra Constitución, en los artículos 2 y 26. El inciso 2 del  artículo 2 de la Constitución Política del Estado plasma elderecho fundamental de que toda persona tiene derecho a  la igualdad ante la ley, nadie puede ser discriminado por  motivo de origen, raza sexo, idioma, religión, opinión,  condición económica o de cualquier otra índole. Desde esa  perspectiva, cabe resaltar el hecho de que el artículo 2,  contiene una cláusula abierta cuando refiere la proscripción  de discriminación no solo por los motivos precisos que se  detallan sino “de cualquier otra índole”, situación en la que  se inscribe la demandante. Cuarto. Tal derecho de primer  orden se encuentra asimismo consagrado en diversos  instrumentos normativos internacionales, destacándose el  Convenio 111 de la OIT, así como la Recomendación 111  de la misma. Al respecto, se menciona que, en el marco de  este Convenio, el término “discriminación” comprenderá lo  siguiente: a) cualquier distinción, exclusión o preferencia  basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión  política, ascendencia nacional u origen social que tenga  por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o  de trato en el empleo y la ocupación; b) cualquier otra  distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto  anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en  el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el  Miembro interesado previa consulta con las organizaciones  representativas de empleadores y de trabajadores, cuando  dichas organizaciones existan, y con otros organismos  apropiados. Asimismo, se precisa que “Las distinciones,  exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones  exigidas  para  un  empleo  determinado  no  serán  consideradas como discriminación”. Quinto. El Tribunal  Constitucional mediante Sentencia recaída en el Expediente  número 4922-2007-PA/TC de fecha dieciocho de octubre  de dos mil siete, en su fundamento nueve, señala lo  siguiente: La igualdad ante la ley obliga a que el Estado  asuma una determinada conducta al momento de legislar o  de impartir justicia. Así el artículo 103° de la Constitución  Política del Perú, compromete al Estado a expedir leyes  especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas,  pero no por razón de la diferencias de las personas. En tal  sentido la igualdad de oportunidades en estricto, igualdad  de trato, obliga a que la conducta ya sea del Estado o de  los particulares, en relación a las actividades laborales, no  genera una diferenciación no razonable, y por ende,  arbitraria. Sexto. Asimismo, en el fundamento 23 de la  sentencia recaída en el expediente número 008-2005-AI, el  Tribunal Constitucional refiere respecto a la regla de no  discriminación en materia laboral que: La discriminación en  material laboral aparece cuando se afecta al trabajador en  sus características innatas como ser humano (lo propio y  privativo de la especie, o cuando se vulnera la cláusula de  no discriminación prevista por la Constitución. Asimismo, la  discriminación en material laboral, strictu sensu, se acredita  por los dos tipos de acciones siguientes: 1) por acción  directa, cuando la conducta del empleador forja una  distinción basada en una razón inconstitucional. En esta  hipótesis, la intervención y los efectos perseguibles se  fundamentan en un juicio y una decisión carente de  razonabilidad y proporcionalidad; y, 2) por acción indirecta,  cuando la conducta del empleador forja una distinción  basada en una discrecionalidad antojadiza y veleidosa  revestida con la apariencia de “lo constitucional”, cuya  intención y efecto perseguible, empero, son intrínsecamente  discriminatorios para uno o más trabajadores. Séptimo.  Análisis del caso en concreto Sobre el particular, en sede  casatoria la demandada alega que la Sala Superior ha  incurrido en la infracción normativa por interpretación  errónea del numeral 1) del artículo 26 de la Constitución  Política del Perú, pues considera que la interpretación que  se efectúa en la sentencia de vista es sesgada, en la  medida que no se ha considerado que en el ámbito laboral  una causa objetiva de diferenciación salarial puede estar  sustentada en la antigüedad de los trabajadores, siendo  este un criterio objetivo y válido para establecer diferencias  remunerativas; en ese sentido, teniendo en cuenta que el  vínculo laboral de la actora es menos antiguo, en  comparación con las trabajadoras cuya remuneración se  pretende homologar, la diferencia remunerativa es válida.  Octavo. En relación al extremo impugnado por la empresa  recurrente, sobre el reintegro de remuneraciones por  homologación solicitado por la actora, el Colegiado  Superior señala que la simple constatación de una mayor  antigüedad de las trabajadoras en comparación con la  demandante, no es razón suficiente para justificar un trato  remunerativo diferenciado basado en causas objetivas y  razonables; toda vez que, el factor de la antigüedad no  debería evaluarse de manera aislada, pues resulta  necesario analizar otro factores determinantes que se  relacionan con el factor de la antigüedad, como por  ejemplo, la evolución o progresión en la carrera dentro dela empresa y las funciones, cargos y responsabilidades  desempeñadas. Noveno. De esta manera, del análisis de  las boletas de pago, se observa que no se consideró a la  antigüedad como factor de diferenciación, esto es, ha  quedado acreditado en autos que, pese a ser una práctica  empresarial recurrente, en las boletas de pago de las  trabajadoras cuya homologación se pretende, no se  evidencia que se les otorgue algún concepto o complemento  remunerativo que esté referido al criterio de la antigüedad.  Asimismo, de autos se advierte que existen periodos en los  cuales la actora, pese a que realizó las mismas funciones  de Jefe de Banca de Servicios, en relación con la  trabajadora comparativa Bertha Paola Geirstein Gonzales,  y efectuó las mismas funciones de Jefe de Banca de  Servicios II, en relación con la trabajadora comparativa  Verónica  Guissel  Escudero;  percibió  diferentes  remuneraciones. Décimo. En consecuencia, este Supremo  colegiado concluye que no existe justificación válida en  cuanto al trato remunerativo diferenciado de la actora en  relación con las trabajadoras comparativas; en tal razón, la  Sala Laboral ha discernido y resuelto la controversia con  arreglo a derecho, de acuerdo a la pretensión de reintegro  de remuneraciones por homologación, que es materia de la  presente ejecutoria suprema. Por consiguiente, la causal  declarada procedente deviene en infundada. Por estas  consideraciones: DECISIÓN Declararon INFUNDADO el  recurso de casación interpuesto por la parte demandada,  Mi Banco - Banco de la Microempresa, mediante escrito  del seis de agosto de dos mil diecinueve (fojas doscientos  noventa y uno a trescientos uno); en consecuencia, NO  CASARON la sentencia de vista del veintiocho de junio de  dos mil diecinueve (fojas doscientos sesenta y cuatro a  doscientos ochenta y uno); DISPUSIERON la publicación  del texto de la presente sentencia en el Diario Oficial “El  Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido por Karla  Ysabel Robles Rodríguez, sobre homologación de  remuneraciones y otros; interviniendo como ponente el  señor juez supremo Malca Guaylupo; y los devolvieron.  S.S. ARÉVALO VELA, MALCA GUAYLUPO, PINARES  SILVA DE TORRE, ATO ALVARADO, CARLOS CASAS. LA  SECRETARIA DE LA SEGUNDA SALA DE DERECHO  CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  CERTIFICA que el sentido del voto suscrito del señor juez  supremo ARÉVALO VELA fue dejado oportunamente,  conforme se desprende de la copia de la tabla de votación,  en cumplimiento a lo establecido en el artículo 149 del  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder  Judicial, agregándose copia de la tabla de votación a la  presente resolución. C-2136194-323