CASACIÓN Nº 24999-2019 DEL SANTA
MATERIA: Reintegro de remuneraciones Sumilla. El derecho al debido proceso establecido en el  inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú comprende, entre otros derechos, el de obtener una  resolución fundada en derecho y exige que las sentencias  expliquen en forma suficiente las razones de su fallo, en plena  concordancia con el inciso 5 del artículo 139 del citado texto  constitucional. Lima, veintiséis de julio de dos mil veintidós VISTA, la causa número veinticuatro mil novecientos noventa  y nueve, guion dos mil diecinueve, guion DEL SANTA, en  audiencia pública de la fecha y luego de efectuada la votación  con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA  DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto  por la parte demandada, Sea Protein Sociedad Anónima,  mediante escrito de fecha treinta y uno de julio de dos mil  diecinueve (fojas setecientos quince a setecientos treinta)  contra la sentencia de vista de fecha quince de julio de dos  mil diecinueve (fojas setecientos seis a setecientos once) que  confirma la sentencia de primera instancia de fecha diez  de mayo de dos mil diecinueve (fojas setecientos cincuenta y  siete a seiscientos setenta y uno), que declara fundada la  demanda; en el proceso ordinario laboral seguido por la  Roger  Percy  Ramírez  Alva,  sobre  reintegro  deremuneraciones. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante  resolución de fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós  (fojas cincuenta y siete a sesenta y uno del cuaderno de  casación) esta Sala Suprema declaró procedente el recurso  interpuesto por la siguiente causal: i) Infracción normativa del  inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.  Correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento  de  fondo  al  respecto.  CONSIDERANDO:  Primero.  Antecedentes del caso a) Pretensión. Conforme se aprecia  del escrito de demanda de fecha veinticinco de septiembre de  dos mil dieciocho (fojas cincuenta y nueve a sesenta y seis) el  demandante  solicita  homologación  y  reintegro  de  remuneraciones por pago diminuto en el periodo comprendido  entre el uno de julio de dos mil siete al seis de octubre de dos  mil dieciséis por la suma de ciento treinta y cinco mil ciento  sesenta y cuatro con 70/100 soles (S/ 135 164.70), más el  pago de los intereses legales, costas y costos del proceso. b)  Sentencia de primera instancia. El Octavo Juzgado Laboral  de la Corte Superior de Justicia Del Santa, mediante sentencia  de fecha diez de mayo de dos mil diecinueve (fojas setecientos  cincuenta y siete a seiscientos setenta y uno), declara fundada  la  demanda  sobre  homologación  y  reintegro  de  remuneraciones; en consecuencia, se dispone que la  empresa demandada en el plazo de tres días cumpla con  abonar a favor del actor la suma de cincuenta y cinco mil  ciento sesenta y uno con 42/100 soles (S/ 55 161.42) por el  concepto de reintegro de remuneraciones, así como el pago  de los intereses legales; además reconozca a favor del  demandante como honorarios profesionales el 10% del monto  ordenado pagar, más el 5% para el Colegio de Abogados del  Santa, con costas en la suma de S/ 45.80 soles. c) Sentencia  de segunda instancia. El Colegiado de la Sala Laboral  Transitoria de la mencionada Corte Superior, por sentencia de  vista de fecha quince de julio de dos mil diecinueve (fojas  setecientos seis a setecientos once), confirmó la sentencia  que declara fundada la demanda sobre homologación y  reintegro de remuneraciones; en consecuencia, dispuso que  la empresa demandada en el plazo de tres días cumpla con  abonar a favor del actor la suma de cincuenta y cinco mil  ciento sesenta y uno con 42/100 soles (S/55,161.42) por el  concepto de reintegro de remuneraciones, así como el pago  de los intereses legales; además reconozca a favor del  demandante como honorarios profesionales el 10% del monto  ordenado pagar, más el 5% para el Colegio de Abogados del  Santa, con costas en la suma de S/. 45.80 soles. Segundo.  Infracción de orden procesal La causal denunciada está  referida a la infracción normativa del inciso 3 del artículo  139 de la Constitución Política del Perú, norma  constitucional que prescribe: Artículo 139°. - Principios de la  Administración de Justicia Son principios y derechos de la  función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido  proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser  desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni  sometida a procedimiento distinto de los previamente  establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de  excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto,  cualquiera sea su denominación. El inciso 3 del artículo 139  de la Constitución Política del Perú comprende un haz de  garantías judiciales, siendo dos los principales aspectos del  mismo: el debido proceso sustantivo que concibe al proceso  como un instrumento o mecanismo para controlar la  razonabilidad de las leyes; y, el debido proceso adjetivo o  formal, que implica las garantías procesales que aseguran los  derechos fundamentales. Es decir que, en el ámbito  sustantivo, se refiere a la necesidad de que las sentencias  sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables;  mientras que el ámbito adjetivo alude al cumplimiento de  ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento,  para llegar a una solución judicial mediante la sentencia, entre  los distintos elementos integrantes del derecho al debido  proceso se comprenden los siguientes: a) derecho a un juez  predeterminado por la ley (juez natural), b) derecho a un juez  independiente e imparcial, c) derecho a la defensa y patrocinio  por un abogado, d) derecho a la prueba, e) derecho a una  resolución debidamente motivada, f) derecho a la  impugnación, g) derecho a la instancia plural, y h) derecho a  no revivir procesos fenecidos. Tercero. El Tribunal  Constitucional en su sentencia de trece de octubre de dos mil  ocho, al resolver el Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC, caso  Giuliana Llamoja, respecto a la debida motivación de las  resoluciones judiciales, en su sexto fundamento, ha expresado  lo siguiente: (…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal  Constitucional (Exp. Nº 1480-2006- AA/TC. FJ 2) ha tenido la  oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación  de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las  causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que  los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones,  (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigentey aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente  acreditados en el trámite del proceso. De igual forma, en el  séptimo fundamento de la referida sentencia ha señalado que  el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la  debida motivación de las resoluciones judiciales queda  delimitado, entre otros, por los supuestos siguientes: a)  inexistencia de motivación o motivación aparente, b) falta de  motivación interna del razonamiento, c) deficiencias en la  motivación externa: justificación de las premisas, d) motivación  insuficiente, e) motivación sustancialmente incongruente y f)  motivaciones cualificadas. Cuarto. A su turno, esta Sala  Suprema en la Casación número 15284-2018-CAJAMARCA,  de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en su fundamento  cuarto, ha establecido doctrina jurisprudencial con relación a  la infracción normativa denunciada y su configuración,  delimitando los supuestos en los que se infringe el derecho a  la debida motivación, estableciendo: Se considerará que  existe infracción normativa del numeral 3) del artículo 139° de  la Constitución Política del Estado, por falta de motivación o  motivación indebida de la sentencia o auto de vista, cuando la  resolución que se haya expedido adolezca de los defectos  siguientes: 1. Carezca de fundamentación jurídica. 2. Carezca  de fundamentos de hecho. 3. Carezca de logicidad. 4.  Carezca de congruencia. 5. Aplique indebidamente o  interprete erróneamente una norma de carácter procesal. 6.  Se fundamente en hechos falsos, pruebas inexistentes, leyes  supuestas o derogadas. 7. Se aparte de la Doctrina  Jurisprudencial de esta Sala Suprema, sin expresar  motivación alguna para dicho apartamiento. En todos los  supuestos indicados, esta Sala Suprema declarará la nulidad  de la sentencia o auto de vista, ordenando a la Sala Superior  emitir nueva resolución. Quinto. En ese sentido, el derecho a  la debida motivación de las resoluciones judiciales, reconocido  como principio de la administración de justicia por el inciso 5  del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, implica  que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que  pertenezcan, al emitir pronunciamiento poniendo fin a un  conflicto o a una incertidumbre jurídica, deben fundamentar  adecuadamente su decisión, pronunciándose sobre todos los  hechos  controvertidos,  expresando  y  justificando  objetivamente todas aquellas razones que los conducen a  adoptar determinada posición, aplicando la normativa  correspondiente al caso concreto; por lo tanto, habrá  motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista  fundamentación adecuada, suficiente y congruente entre lo  pedido y lo resuelto, entendiéndose por motivación suficiente  al mínimo exigible atendiendo a las razones de hecho o de  derecho indispensables para la justificación de la decisión  adoptada, aún si esta es breve o concisa. Sexto. Solución al  caso concreto La parte recurrente señala que, la sentencia de  vista confirma la sentencia de primera instancia en el extremo  referido al pago de reintegro de remuneraciones, sin tomar en  cuenta que el demandante solicitó que la demandada cumpla  con reintegrar su remuneración desde el año dos mil quince  hasta la fecha del cese, respecto a los trece (13) trabajadores  y en especial del señor Miguel Gómez Vásquez, más aún  increíblemente, señala que corresponde estimar la demanda  otorgando los reintegros desde el año 2007 hasta el año y  2015, y el monto de los reintegros resultantes entre los años  2015 (septiembre) y 2016(octubre), sin ser posible que el  juzgador pueda determinar que se deba reintegrar las  remuneraciones desde el año 2007, toda vez que el  demandante al plantear su demanda así como en la audiencia  de juzgamiento, presentó como pretensión principal y  accesoria la homologación y reintegro de remuneraciones  desde el año 2015 hacía adelante, y en ningún momento el  demandante solicitó la homologación desde el año 2007, es  decir en segunda instancia se emitió una sentencia extra  petita, sentenciando fuera del derecho y fuera del ejercicio de  sus funciones del cargo. La Sala Superior, en su sentencia de  vista de fecha quince de julio de dos mil diecinueve (fojas  setecientos seis a setecientos once), ampara parcialmente lo  pretendido por el demandante, respecto a la homologación y  reintegro de remuneraciones; en consecuencia, dispone que  la empresa demandada en el plazo de tres días cumpla con  abonar a favor del actor la suma de cincuenta y cinco mil  ciento sesenta y uno con 42/100 soles (S/ 55 161.42) por el  concepto de reintegro de remuneraciones, así como el pago  de los intereses legales; además reconozca a favor del  demandante como honorarios profesionales el 10% del monto  ordenado pagar, más el 5% para el Colegio de Abogados del  Santa, con costas en la suma de cuarenta y cinco con 80/100  soles (S/ 45.80). De la revisión de la sentencia de vista, se  evidencia que el Colegiado Superior ha cumplido con precisar  las razones claras y precisas con relación a lo planteado y  discutido por las partes, toda vez que ha expuesto las  justificaciones fácticas y jurídicas que le permiten asumir un  criterio interpretativo en el que sustenta su ratio decidendi ydan validez a su decisión. Ello es así, pues el argumento que  la parte recurrente presenta en su escrito de casación es el  mismo que presentó en su recurso de apelación, a lo que  válidamente el Colegiado Superior en la sentencia de vista  indica que el demandante mediante su escrito postulatorio de  demanda (fojas cincuenta y nueve a sesenta y seis), solicitó el  reintegro de remuneraciones por pago diminuto respecto del  periodo comprendido desde el uno de julio de dos mil siete al  seis de octubre de dos mil dieciséis, máxime si dicho periodo  está fijado en el acta de registro de audiencia de conciliación  de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas  doscientos siete a doscientos ocho) dentro de las pretensiones  materia de juicio; cumpliendo de esta manera, con los  requisitos establecidos en el artículo 122 del Código Procesal  Civil, concordado con el artículo 31 de la Ley número 29497,  Nueva Ley Procesal del Trabajo. Séptimo. En este sentido, la  sentencia impugnada contiene el mínimo de motivación  exigible para asumir la decisión adoptada, pues lo objetivo es  que la decisión aparece justificada con argumentos concretos  y suficientes ceñidos estrictamente a lo aportado, mostrado y  debatido en el proceso, garantizando que el razonamiento  empleado guarde relación y sea congruente con el problema  que al juez correspondía resolver, al existir identidad jurídica  entre lo resuelto y las pretensiones planteadas. Por lo tanto,  se concluye que el Colegiado Superior no ha incurrido en vicio  alguno  que  atente  contra  las  garantías  procesales  constitucionales que comprende la normativa del inciso 3 del  artículo  139  de  la  Constitución  Política  del  Perú,  específicamente en su elemento integrante a la debida  motivación de las resoluciones judiciales; por lo que, la causal  invocada deviene en infundada. Por estas consideraciones y  de conformidad con lo establecido además por el artículo 41  de la Ley número29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo:  DECISIÓN Declararon INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto por la parte demandada, Sea Protein Sociedad  Anónima, mediante escrito de fecha treinta y uno de julio de  dos mil diecinueve (fojas setecientos quince a setecientos  treinta); en consecuencia, NO CASARON la sentencia de  vista de fecha quince de julio de dos mil diecinueve (fojas  setecientos seis a setecientos once). DISPUSIERON la  publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El  Peruano" conforme a ley; en el proceso seguido por el  demandante, Roger Percy Ramírez Alva, sobre reintegro de  remuneraciones; interviniendo como ponente el señor juez  supremo Malca Guaylupo; y los devolvieron. S.S. MALCA  GUAYLUPO, PINARES SILVA DE TORRE, ATO ALVARADO,  LÉVANO VERGARA, CARLOS CASAS C-2136194-329