CASACIÓN Nº 25088-2019 AYACUCHO
MATERIA: Indemnización por despido indirecto y otro Sumilla: La intencionalidad de causarle un perjuicio al  trabajador, al que hace referencia el literal c) del artículo  30° del Texto Único Ordenado de la Ley de Productivi dad  y Competitividad Laboral, no se circunscribe solo al aspecto  económico sino que abarca todos aquellos perjuicios  personales, familiares e, incluso, de salud que pueda padecer  este con objeto del traslado a un ámbito geográfico distinto al  que habitualmente prestaba servicios. Lima, diecinueve de julio de dos mil veintidós VISTA; la causa número veinticinco mil ochenta y ocho, guion  dos mil diecinueve, AYACUCHO, en audiencia pública de la  fecha; interviniendo como ponente el señor juez supremo Ato  Alvarado; y producida la votación con arreglo a ley, se emite  la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata  del recurso de casación interpuesto por el representante de la  demandada, Financiera Credinka Sociedad Anónima,  mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil  diecinueve, que corre en fojas ochocientos sesenta y siete a  ochocientos setenta y nueve, contra la Sentencia de Vista  contenida en la resolución del dos de julio de dos mil  diecinueve, que corre en fojas ochocientos cincuenta y tres a  ochocientos sesenta y dos, que confirmó en parte la  Sentencia apelada emitida el doce de abril de dos mil  diecinueve, que corre en fojas setecientos sesenta a  setecientos setenta y siete, que declaró fundada en parte la  demanda; en el proceso ordinario laboral seguido por la  demandante, Delia Quispe Ledesma, sobre indemnización  por despido indirecto y otro. CAUSALES DEL RECURSO:  Mediante resolución del doce de enero de dos mil veintidós,  que corre en fojas ochenta y siete a noventa y uno del  cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso  interpuesto por las causales siguientes: a) inaplicación del  artículo 5° del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR y b)  infracción normativa del artículo 16° inciso b) del DecretoSu  premo  Nº  003-97-TR  ,  correspondiendo  emitir  pronunciamiento  sobre  las  citadas  causales.  CONSIDERANDO: Primero. Del desarrollo del proceso a)  Pretensión demandada. De la demanda presentada el dos  de febrero de dos mil diecisiete, que corre en fojas ciento  quince a ciento cuarenta y nueve, se advierte que la  accionante peticiona, como pretensión principal, el pago de  ciento sesenta mil novecientos once con 05/100 soles (S/  160,911.05) por concepto de indemnización por despido  indirecto, reintegro de remuneraciones y compensación por  tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación  familiar, movilidad, bonificación al cargo, horas extras y  utilidades; asimismo, como pretensión accesoria, requiere se  liquiden las costas y costos del proceso, con los intereses  legales, moratorios, compensatorios y financieros respectivos.  b) Sentencia de primera instancia. La jueza del Juzgado  Mixto de la Provincia de Lucanas – Puquio de la Corte  Superior de Justicia de Ayacucho, a través de la Sentencia  emitida el doce de abril de dos mil diecinueve, que corre en  fojas setecientos sesenta a setecientos setenta y siete,  declaró fundada en parte la demanda, ordenando el pago de  cuarenta y cuatro mil ochenta con 39/100 soles (S/ 44,080.39)  por concepto de reintegro de remuneración, remuneración por  movilidad, reintegro de asignación familiar, horas extras,  compensación por tiempo de servicios, gratificaciones,  vacaciones y vacaciones truncas y participación en utilidades;  asimismo, declaró infundados los extremos de pago de  indemnización por despido indirecto, horas extras, utilidades  de los años dos mil quince y dos mil dieciséis y los intereses  financieros; tras considerar, respecto a la indemnización por  despido indirecto, que no corresponde su amparo al haberse  acreditado que la accionante renunció, en lugar de solicitar la  terminación del contrato de trabajo o darse por despedida,  conforme lo requiere el inciso b) del artículo 35° del Decreto  Supremo Nº 003-97-TR, tanto más, si no se ha comprobado  la existencia de actos de hostilidad que determinen que la  demandante presente su renuncia voluntaria. Sobre el  extremo de horas extras, concluye que estas no se han  acreditado; además, durante el período en el cual se  desempeñó como administradora de la agencia de Puquio no  le correspondía dicho concepto por ser personal de confianza.  c) Sentencia de segunda instancia. Por su parte, el  Colegiado de la Sala Mixta Descentralizada Permanente de  Puquio de la misma Corte Superior de Justicia, confirmó en  parte la Sentencia apelada; revocando los extremos que  declaró infundado el pago de una indemnización por despido  indirecto y las horas extras, reformándolos declararon  fundado; asimismo, revocó el extremo que declaró fundado el  pago de utilidades correspondientes al año dos mil catorce;  reformándolo declararon infundado. El Colegiado Superior  advierte que la demandada no expresó la causa objetiva o la  necesidad urgente que sustente el traslado de la accionante a  la agencia de Andahuaylas, sin tener en consideración lo  alegado en las cartas de cese de actos de hostilidad  presentadas, en las cuales solicita que se tenga en cuenta el  estado de salud de su menor hijo; por lo que concluye que la  demandante ha sido objeto de un trato hostil por parte de la  demandada, lo que la obligó a presentar su renuncia. En  cuanto al reconocimiento de horas extras, manifiesta que si  bien la accionante ejerció el cargo de jefe de negocios, el cual  constituye un cargo de confianza; sin embargo, se encontraba  sujeta a fiscalización, por lo que, acreditándose el trabajo en  sobretiempo con los correos electrónicos presentados,  corresponde el pago por dicho concepto. Segundo. Análisis  de las causales declaradas procedentes En principio  corresponde precisar que la causal de inaplicación de una  norma de derecho material es denominada por la doctrina  como “error normativo de percepción”, el cual se presenta  cuando el órgano jurisdiccional no logra identificar la norma  pertinente para resolver el caso que está analizando, razón  por la cual no la aplica. En el caso de autos se declaró  procedente por la causal de inaplicación del artículo 5° del  Decreto Supremo Nº 007-2002-TR , dispositivo normativo  que  establece  lo  siguiente:  TRABAJADORES  NO  COMPRENDIDOS EN LA JORNADA MÁXIMA Artículo 5.-  No se encuentran comprendidos en la jornada máxima los  trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a  fiscalización  inmediata  y  los  que  prestan  servicios  intermitentes de espera, vigilancia o custodia. Tercero.  Jornada de trabajo La jornada de trabajo puede definirse  como el tiempo durante el cual el trabajador presta sus  servicios al empleador según lo pactado en el contrato de  trabajo, la cual puede desarrollarse en forma diaria, semanal,  mensual o, en algunos casos, anual. De acuerdo con el  artículo 2°del Convenio Nº 01, Convenio sobre las horas de  trabajo (industria) de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT), adoptado el veintiocho de noviembre de mil novecientos  diecinueve y ratificado por el Perú mediante ResoluciónLegislativa Nº 10195, del siete de febrero de mil novecientos  cuarenta y cinco, prescribe que “[...] la duración del trabajo del  personal no podrá exceder de ocho horas por día y de  cuarenta y ocho por semana […]”. La jornada de trabajo,  como  derecho  humano,  encuentra  reconocimiento  constitucional en los artículos 23° y 25° de nuestr a Carta  Magna, los cuales establecen que: “[…] Nadie está obligado a  prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento  […]” y “La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas  diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo  […]”. La justificación de establecer una jornada máxima de  ocho horas o cuarenta y ocho semanales la encontramos en  la necesidad fisiológica del ser humano de poder descansar y  reponer energías diariamente, así como destinar parte de su  día para compartirlo con su familia. Por lo que quedan  proscritas  todas  aquellas  jornadas  extenuantes  y  desproporcionadas, sustentadas en el arcaico argumento de  maximizar los ingresos económicos, pues ello solo contribuye  a generar padecimientos físicos, mentales o sociales en el  trabajador. La jornada de trabajo como derecho constitucional  de configuración legal, encuentra su desarrollo en el Decreto  Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y  Trabajo en Sobretiempo, su Texto Único Ordenado, aprobado  por el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR y su Reglame nto,  aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2002-TR,  publicados en el D iario Oficial “El Peruano” el uno de octubre  de mil novecientos noventa y seis, el cuatro de julio de dos mil  dos, respectivamente. Asimismo, se podrá establecer una  jornada menor a la legal por ley, convenio colectivo o por  decisión unilateral del empleador, conforme a lo dispuesto en  el artículo 1°del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR. Cuarto.  El artículo 5° del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, establece  que no se encuentran comprendidos en la jornada máxima los  trabajadores de dirección, aquellos que presten servicios sin  fiscalización inmediata y los que realicen labores intermitentes  de espera, vigilancia o custodia; por tanto, delimita en qué  supuestos los prestadores de servicios no podrán acceder al  pago de horas extras, por no encontrarse bajo control efectivo  del tiempo de trabajo por parte del empleador. Ello en razón a  que solo se podrá generar el derecho al pago de horas extras,  siempre que exista una jornada de trabajo establecida.  Quinto. Solución al caso concreto La parte recurrente refiere  que, en el caso de autos, la demandante no se encuentra  dentro de la jornada ordinaria de trabajo por realizar labores  correspondientes a un trabajador de confianza que no se  encontraba bajo fiscalización directa, pues escogía sus  propios horarios para viajar, verificar los créditos de sus  analistas, entre otras funciones que desempeñaba; por lo  tanto, no le corresponde el pago de horas extras. Habiendo  incurrido el Colegiado Superior en una interpretación errónea  del artículo 5° del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR. Sexto.  Al respecto, es preciso citar el contenido del artículo 11° del  Decreto Supremo Nº 008-2002-TR, Reglamento del Texto  Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y  Trabajo en Sobretiempo, el cual prevé lo siguiente: No se  encuentran comprendidos en la jornada máxima los  trabajadores  de  confianza,  cuyas  características  se  encuentran definidas en el Artículo 43 de la Ley de  Productividad y Competitividad Laboral aprobada por Decreto  Supremo N° 003-97-TR, exceptuándose de lo previsto en  este artículo, a los trabajadores de confianza sujetos a un  control efectivo del tiempo de trabajo. (El sombreado es  propio) Si bien la norma citada determina que los trabajadores  de confianza no se encuentran comprendidos en la jornada  máxima de trabajo; en su último párrafo establece la excepción  de aquella clase de trabajadores que se encuentren sujetos a  fiscalización efectiva de sus funciones por parte del empleador,  de tal manera, que si en el caso que se compruebe que el  tiempo de labores del trabajador de confianza se encontraba  bajo control del empleador, corresponderá el pago de las  horas extras acreditadas en el decurso del proceso. Séptimo.  Así, tenemos que la demandante ingresó a prestar servicios  en el cargo de oficial de negocios junior, del cinco de agosto  de dos mil catorce al treinta y uno de julio de dos mil quince;  posteriormente, le asignaron el cargo de oficial de negocios II  a partir de noviembre de dos mil catorce, para luego encargarle  el puesto de jefa de negocios en la agencia Puquio, del uno  de junio de dos mil quince hasta el veintisiete de diciembre de  dos mil dieciséis, conforme se puede advertir del Memorándum  Nº 1255 GH/CREDINKA-2016, que corre en fojas nueve,  fecha a partir de la cual retornó al cargo de oficial de negocios  II. En ese contexto, de las boletas de pago que corren en fojas  cincuenta y cinco a sesenta y ocho y trescientos treinta y dos  a trescientos treinta y nueve, se aprecia que la demandante,  mientras desempeñó el cargo de jefa de negocios, tenía la  categoría de trabajador sujeto a fiscalización. Si bien la parte  recurrente manifiesta que tal categorización se debió a un  error, dicho argumento queda desvirtuado con los registros decontrol de ingreso y salida que corren en fojas cuatrocientos  veintiuno a cuatrocientos veintiocho; instrumentales que  permiten concluir a este Colegiado Supremo que la jornada  de trabajo de la accionante en el cargo de jefa de negocios se  encontraba sujeta a fiscalización directa, por tanto, le  corresponde el pago de trabajo realizado en sobretiempo, tal  como lo ha decidido el Colegiado Superior al emitir  pronunciamiento,  no  habiendo  aportado  la  empresa  demandada medios probatorios que resulten idóneos para  rebatir tal conclusión. Por consiguiente, al evidenciarse una  correcta interpretación de la norma invocada por parte de la  instancia de mérito, la causal bajo análisis deviene en  infundada. Octavo. En relación a la causal de infracción  normativa del inciso b) del artículo 16°del Decreto  Supremo Nº 003-97-TR, Tex to Único Ordenado del  Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y  Competitividad Laboral, debemos decir, que el referido  dispositivo normativo establece lo siguiente: “Artículo 16.-  Son causas de extinción del contrato de trabajo: […] b) La  renuncia o retiro voluntario del trabajador […]”. Noveno. Al  respecto, tenemos que la renuncia es el acto unilateral del  trabajador de poner fin a la relación laboral sin necesidad que  se fundamente en causa alguna, únicamente con el  cumpliendo de las formalidades previstas por el artículo  18°del Texto Único Ordenado del Decret o Legislativo Nº 728,  Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por  el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, por lo que su eficacia no  se encuentra vinculada a la aceptación por parte del  empleador, sino a la pura y simple manifestación de la  voluntad del prestador de servicios. La renuncia tiene un  sustento constitucional en el inciso 15) del artículo 2° y el  artículo 23° de nuestra Carta Magna, este último pr escribe  que: “[…] Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución  o sin su libre consentimiento […]”; es decir, que el trabajador  en uso de su libertad de trabajo puede decidir a favor de quién  continúa prestando sus servicios. Décimo. La parte recurrente  manifiesta que la Sala Superior incurre en un grave error al no  tener en cuenta que: La renuncia es la decisión que toma el  trabajador, de manera libre y por propia iniciativa, de dar por  terminada la relación laboral. La libertad en la decisión implica  que es voluntaria; toda manifestación de voluntad para ser  válida y surtir efectos requiere no haber sido hecha por error,  dolo, violencia o intimidación […]. Décimo primero. En el  caso de autos, la demandante alega que el término de la  relación laboral se produjo como consecuencia del acto de  hostilidad sufrido por parte de su empleador consistente en  trasladarla a un lugar distinto del habitual donde prestaba  servicios y que dicho proceder le ocasionaba un perjuicio de  índole familiar, al verse obligada a trasladar a su menor hijo a  otra localidad, lo que implica una afectación al interés superior  del niño. Décimo segundo. Los actos de hostilidad son todas  aquellas acciones unilaterales del empleador dirigidas a  modificar las condiciones de trabajo con el único objeto de  generar un perjuicio en el trabajador y, por lo general,  conseguir que este último ponga fin a la relación de trabajo.  Los actos de hostilidad se encuentran tipificados en el artículo  30° del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y  Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº  003-97-TR, dentro de los cuales importa para la solución del  presente caso el establecido en el literal c), concerniente al  “[…] traslado del trabajador a lugar distinto de aquel en el que  preste habitualmente servicios, con el propósito de ocasionarle  perjuicio […]”. Décimo tercero. De autos se advierte que la  demandante desempeñó los cargos de oficial de negocios  junior, oficial de negocios II y jefa de negocios, siempre  prestando servicios en la agencia de Puquio; sin embargo,  mediante el Memorándum Nº 1256 GH/CREDINKA-2016, del  veintisie te de diciembre de dos mil dieciséis, que corre en  fojas once, la demandada comunica la decisión de rotar a la  accionante a la agencia de Andahuaylas, tomando como  fundamento de tal decisión que “[…] como colaboradores de  FINANCIERA  CREDINKA  somos  susceptibles  a  ser  trasladados, reubicados, rotados o desplazado de un puesto  laboral a otro […]”. Así, del escrito de contestación de la  demanda que corre en fojas ciento treinta y cuatro a ciento  setenta, la emplazada manifiesta que no existirían actos de  hostilidad, pues su accionar responde al uso de su ius  variandi, en virtud del cual puede modificar unilateralmente  las condiciones en las cuales se presta el servicio, tanto más  si no puede existir un perjuicio económico, puesto que la  demandante verá triplicado el monto percibido como  remuneración en la agencia de Andahuaylas. Décimo cuarto.  Este Colegiado Supremo en la Casación Laboral Nº 1 5201-  2016 LA LIBERTAD, al referirse al ius variandi ha precisado lo  siguiente: […] es la capacidad que le otorga al empleador la  facultad de modificar y adoptar la ejecución del contrato de  trabajo cuando es de duración larga e indefinida, para ir  adaptando sus prestaciones a las necesidades mudables deltrabajo que debe ser prestado, a los cambios estructurales y  organizativos de la empresa, los tecnológicos y a los cambios  o perfeccionamientos en la cualificación profesional del  trabajador. Esto último, siempre que las decisiones sean  razonables y se justifiquen en las necesidades del centro  laboral. Es decir, que el ius variandi del empleador encuentra  como límites la razonabilidad de la medida implementada y  las necesidades del centro de trabajo; es así, que todo acto  que no se encuentre sustentado en una causa objetiva  constituirá un uso abusivo del mismo que menoscaba y  denigra los derechos fundamentales de los trabajadores.  Décimo quinto. El Colegiado Superior funda su decisión de  amparar el pago de una indemnización por despido indirecto  al considerar que la demandada no expresó la causa objetiva  o la necesidad urgente que sustentó el traslado de la  accionante a un lugar distinto del habitual en donde prestaba  servicios (agencia de Andahuaylas) sin tener en cuenta lo  expresado en las cartas de cese de actos de hostilidad  presentadas, en las cuales solicita que se tenga en cuenta el  estado de salud de su menor hijo; por lo que concluye que  existe un trato hostil por parte de la demandada, lo que la  obligó a la accionante a presentar su renuncia. Décimo  sexto. En la Casación Nº 505-2012-LIMA, se ha establecido  sobre el elemento subjetivo del cese de acto de hostilidad  invocado, “propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador”,  que se satisface ofreciendo los indicios y medios de prueba  idóneos que permitan advertir que el ejercicio de la facultad  de dirección o ius variandi por parte del empleador no se ha  sujetado a los límites que impone el principio de razonabilidad,  sino que por el contrario, haciendo uso abusivo del mismo  menoscaban y denigran los derechos fundamentales de los  trabajadores; lo que justifica la necesidad de exigir la  acreditación de dicha conducta sin que ello suponga dejar en  estado de indefensión al trabajador afectado, ya que el Juez  en el caso en concreto, atendiendo a las particularidades del  mismo deberá ponderar y atenuar las exigencias de prueba,  más no así su eliminación. Décimo séptimo. De autos, obra  la Carta de Cese de Actos de Hostilidad del veintiocho de  diciembre de dos mil dieciséis, la cual se sustenta en su  situación familiar de su menor hijo, quien conforme al Informe  Psicológico que corre en fojas ciento ocho a ciento once,  presenta características socioemocionales que requieren de  su especial cuidado, por lo que el traslado a un lugar distinto  del habitual provocaría que su condición se vea perjudicada.  Por lo tanto, al no recibir respuesta por parte de la emplazada,  presenta la Carta de Renuncia que corre en fojas cuarenta y  cinco a cuarenta y seis, en la cual precisa que esta responde  a las actitudes hostiles de su empleadora, que han ocasionado  un perjuicio a su persona por lo que procede a renunciar por  despido indirecto, conforme al inciso c) del artículo 30° del  Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y  Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº  003-97-TR. Cabe precisar, que la intencionalidad de causarle  un perjuicio al trabajador al que hace referencia el literal c) del  artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley de  Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el  Decreto Supremo Nº 003-97-TR, no se circunscribe solo al a  specto económico sino que abarca todos aquellos perjuicios  personales, familiares e, incluso, de salud que pueda padecer  este con objeto del traslado a un ámbito geográfico distinto al  que habitualmente prestaba servicios. Décimo octavo. En  ese sentido, este Colegiado Supremo concluye que se ha  acreditado el perjuicio de índole familiar sufrido por la  demandante con la decisión de trasladarla de la agencia de  Puquio a la agencia de Andahuaylas; quedando acreditado el  acto de hostilidad, el cual es equiparable a un despido,  careciendo de validez la Carta de Renuncia presentada, al no  constituir una manifestación simple de la voluntad del  trabajador, tanto más, si la emplazada no ha acreditado la  razonabilidad de la medida adoptada ni la necesidad objetiva  del centro de labores que justifique la rotación de la trabajadora  a un ámbito geográfico distinto al que prestaba servicios  habitualmente; tal como ha concluido el Colegiado Superior  en su pronunciamiento contenido en la resolución impugnada;  razón por la cual, al no advertirse la infracción del dispositivo  normativo bajo análisis, la causal bajo análisis deviene en  infundada. Por estas consideraciones, la Segunda Sala de  Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte  Suprema de Justicia de la República: HA RESUELTO: 1.  Declarar INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por  el representante de la demandada, Financiera Credinka  Sociedad Anónima, mediante escrito presentado el veintidós  de julio de dos mil diecinueve, que corre en fojas ochocientos  sesenta y siete a ochocientos setenta y nueve. 2. NO  CASARON la Sentencia de Vista contenida en la resolución  del dos de julio de dos mil diecinueve, que corre en fojas  ochocientos cincuenta y tres a ochocientos sesenta y dos. 3.  DISPUSIERON la publicación del texto de la presenteresolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a lo  dispuesto en el artículo 41° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley  Procesal del Trabajo. 4. NOTIFICAR la presente Sentencia a  la demandante, Delia Quispe Ledesma, y a la parte  demandada, Financiera Credinka Sociedad Anónima,  sobre indemnización por despido indirecto y otro; y los  devolvieron. S.S. MALCA GUAYLUPO, PINARES SILVA DE  TORRE, ATO ALVARADO, LÉVANO VERGARA, CARLOS  CASAS C-2136194-330