CASACIÓN Nº 25309-2019 LIMA
MATERIA: Reintegro de remuneraciones y otros Sumilla. El derecho al debido proceso establecido en el  inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del  Perú comprende, entre otros derechos, el de obtener una  resolución fundada en derecho y exige que las sentencias  expliquen en forma suficiente las razones de su fallo, en plena  concordancia con el inciso 5 del artículo 139 del citado texto  constitucional. Lima, catorce de julio de dos mil veintidós VISTA; la causa número veinticinco mil trescientos nueve,  guion dos mil diecinueve, LIMA, en audiencia pública de la  fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la  siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del  recurso de casación interpuesto por la demandada, San  Miguel Industrias Pet Sociedad Anónima, mediante  escrito presentado el diez de julio de dos mil diecinueve  (fojas trescientos cuarenta y seis a trescientos sesenta y  ocho), contra la sentencia de vista de fecha trece de junio  de dos mil diecinueve (fojas trescientos seis a trescientos  treinta y cuatro), que revocó la sentencia apelada de fecha  trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas doscientos  sesenta y tres a doscientos setenta y cinco), que declaró  infundada la demanda, reformándola la declararon  fundada; en el proceso seguido por la parte demandante,  Sindicato de Trabajadores San Miguel Industrias Pet,  sobre reintegro de remuneraciones y otros. CAUSAL DEL  RECURSO: Por resolución de fecha doce de enero de dos  mil veintidós (fojas ciento ocho a ciento doce del cuaderno  de casación), se declaró procedente el recurso de casación  interpuesto por la demandada, por la siguiente causal: i)  Infracción normativa del inciso 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú. Por lo que, corresponde a  este Colegiado Supremo emitir pronunciamiento sobre dicha  causal. CONSIDERANDO: Primero. Antecedentes del caso  a) Pretensión. Conforme se advierte del escrito de demanda  presentado el catorce de febrero de dos mil diecisiete (fojas  treinta y seis a cuarenta y seis), el Sindicato de Trabajadores  San Miguel Industrias Pet solicita que se ordene el pago a  los sesenta y siete trabajadores afiliados de un reintegro de  remuneraciones de dos con 50/100 soles (S/ 2.50) con su  incidencia en el pago de gratificaciones, vacaciones y  compensación por tiempo de servicios ascendente a la suma  total de ciento noventa y seis mil quinientos once con 00/100  soles (S/ 196 511.00), que no fueron entregados a los  trabajadores desde el once de septiembre de dos mil catorce  hasta el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. b)  Sentencia de primera instancia. El juez del Quinto Juzgado  Especializado de Trabajo Permanente de Lima de la Corte  Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia de fecha  trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas doscientos  sesenta y tres a doscientos setenta y cinco), declaró  infundada la demanda interpuesta por el Sindicato de  Trabajadores San Miguel Industrias Pet contra la Empresa  San Miguel Industrias Pet S.A., exonerándose el pago de  costas y costos. c) Sentencia de segunda instancia. ElColegiado de la Octava Sala Laboral Permanente de la  citada Corte Superior, mediante sentencia de vista de fecha  trece de junio de dos mil diecinueve (fojas trescientos seis a  trescientos treinta y cuatro), revocó la sentencia de primera  instancia, en la cual se declaró infundada la demanda, por lo  que, reformándola, la declararon fundada, ordenándose que  la demandada cumpla con abonar la cantidad total de ciento  ochenta y tres mil doscientos ochenta y nueve con 22/100  soles (S/ 183 289.22) a los trabajadores demandantes, por  concepto de reintegro de remuneraciones y su incidencia en  los beneficios sociales. Segundo. Infracción normativa La  infracción normativa podemos conceptualizarla como la  afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado  Superior al emitir una resolución, originando con ello que la  parte que se considere afectada por la misma pueda  interponer el respectivo recurso de casación. La infracción  normativa comprende la interpretación errónea, la aplicación  indebida y la inaplicación de normas de derecho material,  incluyendo otros tipos de normas como son las de carácter  adjetivo. Tercero. Sobre la causal procesal declarada  procedente La causal declarada procedente está referida a  la infracción normativa del inciso 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú. La norma constitucional en  mención, prescribe: Artículo 139.- Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido  proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser  desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni  sometida a procedimiento distinto de los previamente  establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de  excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto,  cualquiera  sea  su  denominación.  (…)  El  Tribunal  Constitucional en la sentencia recaída en el expediente  número 4907-2005- HC/TC, de fecha ocho de agosto de dos  mil cinco, en sus fundamentos dos, tres y cuatro ha  expresado lo siguiente respecto al debido proceso: […] 2. El  artículo 139 de la Norma Suprema establece los principios y  derechos de la función jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la  observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 3.  En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo  tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable  determinadas garantías mínimas cuando este participa en  un proceso judicial, sino también con la propia validez de la  configuración del proceso, cualquiera que sea la materia que  en su seno se pueda dirimir, como puede ser la actividad  investigatoria realizada por el órgano jurisdiccional. De esta  forma, el debido proceso no solo es un derecho de  connotación procesal que se traduce, como antes se ha  dicho, en el respeto de determinados atributos, sino también  una institución compleja que desborda el ámbito meramente  jurisdiccional. 4. El artículo 4 del Código Procesal  Constitucional, recogiendo lo previsto en los instrumentos  internacionales, consagra el derecho al debido proceso  como atributo integrante de la tutela procesal efectiva,  que se define como aquella situación jurídica de una  persona en la que se respetan este y otros derechos  procesales de igual significación […]. [Énfasis propio] En  el séptimo fundamento de la referida sentencia de fecha  trece de octubre de dos mil ocho recaída en el Expediente  número  00728-2008-PHC-TC,  respecto  a  la  debida  motivación de las resoluciones judiciales, el Tribunal  Constitucional  ha  señalado  que  el  contenido  constitucionalmente garantizado del derecho a la debida  motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado  entre otros por los supuestos siguientes: a) Inexistencia de  motivación o motivación aparente, b) Falta de motivación  interna del razonamiento, c) Deficiencias en la motivación  externa: justificación de las premisas, d) Motivación  insuficiente, e) Motivación sustancialmente incongruente y f)  Motivaciones cualificadas. En ese sentido, habrá motivación  de  las  resoluciones  judiciales  siempre  que  exista  fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo  resuelto y por sí misma la resolución judicial exprese una  suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si esta  es breve o concisa. Cuarto. Delimitación del objeto de  pronunciamiento Conforme a la causal de casación  declarada procedente, el análisis debe circunscribirse a  delimitar si se ha infringido el inciso 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú, relacionado al debido  proceso. De advertirse la infracción normativa de carácter  procesal, corresponderá a esta Suprema Sala declarar  fundado el recurso de casación propuesto y la nulidad de la  resolución recurrida; de conformidad con el artículo 39 de la  Ley número 294971, Nueva Ley Procesal del Trabajo; en  sentido contrario, de no presentarse la afectación alegada  por la parte recurrente, la causal devendrá en infundada.  Quinto. Doctrina jurisprudencial En relación al derecho  constitucional reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú, esta Sala Suprema en laCasación número 15284-2018-CAJAMARCA de fecha  veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, ha establecido, con  la calidad de Doctrina Jurisprudencial, lo siguiente: Se  considerará que existe infracción normativa del numeral 3  del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, por  falta de motivación o motivación indebida de la sentencia o  auto de vista, cuando la resolución que se haya expedido  adolezca de los defectos siguientes: 1. Carezca de  fundamentación jurídica. 2. Carezca de fundamentos de  hecho. 3. Carezca de logicidad.Carezca de congruencia. 4.  Aplique indebidamente, inaplique o interprete erróneamente  una norma de carácter procesal. 5. Se fundamente en  hechos falsos, pruebas inexistentes, leyes supuestas o  derogadas. 6. Se aparte de la Doctrina Jurisprudencial de  esta Sala Suprema, sin expresar motivación alguna para  dicho apartamiento. En todos los supuestos indicados, esta  Sala Suprema declarará la nulidad de la sentencia o auto de  vista, ordenando a la Sala Superior emitir nueva resolución.  Sexto. Respecto a la congruencia procesal Es un principio  normativo que exige la identidad jurídica entre lo resuelto, en  cualquier sentido, por el Juez en la sentencia y las  pretensiones y excepciones planteadas por las partes2. Este  principio se encuentra recogido en el Artículo VII del Título  Preliminar y el artículo 50 del Código Procesal Civil, aplicable  supletoriamente al proceso laboral. Resulta ilustrativo citar  lo dispuesto en la Casación número 1266-2001-LIMA: Por el  principio de congruencia procesal, los jueces por un lado no  pueden resolver más allá de lo pedido ni cosa distinta a la  peticionada ni menos fundamentar su decisión en hechos  que no han sido alegados por las partes y por otro lado  implica que los jueces tienen la obligación de  pronunciarse  respecto  a  todas  las  alegaciones  efectuadas por los sujetos procesales tanto en sus  actos postulatorios, como de ser el caso, en los medios  impugnatorios planteados” (subrayado es nuestro). Séptimo.  Análisis del caso en concreto Al respecto, se advierte de  autos que el Sindicato de Trabajadores San Miguel Industrias  Pet solicita que se ordene a la Empresa San Miguel  Industrias Pet S.A. que cumpla con abonar el pago a los  sesenta y siete trabajadores afiliados de un reintegro de  remuneraciones de (dos con 50/100 soles) S/2.50 con su  incidencia en el pago de gratificaciones, vacaciones y  compensación por tiempo de servicios ascendente a la suma  total de ciento noventa y seis mil quinientos once con 00/100  soles (S/ 196 511.00) que no fueron entregados a los  trabajadores desde el once de septiembre de dos mil catorce  hasta el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete; toda vez  que, la demandada desarrolló una política salarial  antisindical, pues en forma paralela al pliego de reclamos en  marzo de dos mil quince (convenio colectivo suscrito el  diecinueve de marzo de dos mil quince) dio un aumento  general de remuneraciones por dos años de (dos con 50/100  soles) S/2.50 diarios, en forma retroactiva a la fecha de inicio  del pliego de reclamos para todos los trabajadores que no  pertenezcan al sindicato o se desafilien de él, aumento que  no se concedió a los afiliados al sindicato, lo cual constituyó  para  la  parte  demandante  un  tratamiento  salarial  diferenciado, desigual y discriminatorio. Octavo. Con  respecto a lo resuelto por las instancias de mérito, cabe  precisar que el Colegiado Superior revocó la sentencia de  primera instancia, en la cual se declaró infundada la  demanda del Sindicato de Trabajadores San Miguel  Industrias  Pet  sobre  reintegro  de  remuneraciones,  gratificaciones, vacaciones y compensación por tiempo de  servicios por aumento de dos con 50/100 soles (S/ 2.50)  diarios a sus trabajadores afiliados, del once de septiembre  de dos mil catorce al treinta y uno de enero de dos mil  diecisiete; exonerándose del pago de costas y costos  procesales; de esta manera, la reformaron declarándola  fundada, y se ordenó que la demandada cumpla con abonar  la cantidad total de ciento ochenta y tres mil doscientos  ochenta y nueve con 22/100 soles (S/ 183 289.22) a los  trabajadores demandantes, por concepto de reintegro de  remuneraciones y su incidencia en los beneficios sociales.  Noveno. En ese contexto, la demandada presenta recurso  extraordinario de casación señalando que la sentencia de  vista incurre en la infracción normativa de violación al  derecho al debido proceso en su manifestación del derecho  a la debida motivación de las resoluciones judiciales, pues  concluye que efectuar un pago a los trabajadores no afiliados  al sindicato, en las mismas condiciones que fue realizado a  los afiliados, constituiría una violación al principio de  igualdad por el supuesto trato salarial diferenciado, además  que, habría producido o incentivado la desafiliación  progresiva de los trabajadores. Décimo. Sobre el particular,  resulta oportuno señalar que en la audiencia de vista de la  presente causa, la parte demandante alegó que la Casación  Laboral número 16995-2016, del veinticuatro de octubre dedos mil diecisiete, resultaba ser un antecedente que debía  observarse para la resolución del caso de autos; sin  embargo, corresponde mencionar que no resulta aplicable  puesto que la materia que desarrolla se refiere a la  representatividad limitada de las organizaciones sindicales,  que les impide extender los efectos del convenio colectivo a  trabajadores no afiliados al sindicato. Décimo primero.  Ahora bien, sobre la solución del caso concreto, se observa  de la revisión de la sentencia de vista que no se evidencia  que se haya realizado el análisis correspondiente con  relación al criterio jurisprudencial uniforme de esta Suprema  Corte, en cuanto a que no implica una conducta antisindical  de las empresas extender los alcances de un convenio  colectivo a los trabajadores que no fueron parte del mismo,  ya que, no existe en la legislación peruana norma alguna  que impida al empleador a otorgar derechos similares a los  contenidos en un convenio colectivo a terceros, como un  acto derivado de la voluntad unilateral del empleador,  conforme se ha resuelto en las Casaciones Laborales  número 16403-2019, número 24304-2019, número 22237-  2018 y número 20956-2017. Por lo que, se puede concluir  que se ha trasgredido la debida motivación en la resolución  impugnada que conlleva a infringir el debido proceso.  Décimo segundo. En atención a lo expuesto, las omisiones  advertidas afectan la garantía y el principio del debido  proceso, que resguarda la motivación de las resoluciones  judiciales, ya que los argumentos brindados para amparar la  demanda adolecen de motivación indebida, lo que implica la  vulneración al inciso 3 del artículo 139 de la Constitución  Política del Perú. Consiguientemente, corresponde declarar  fundada la causal de orden procesal, en tal sentido, el  Colegiado Superior deberá emitir nuevo pronunciamiento,  fundamentando adecuadamente su decisión con arreglo a  ley, y observando las consideraciones que se desprenden de  esta ejecutoria suprema. Por estas consideraciones y de  conformidad con lo establecido además por el artículo 41 de  la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo:  DECISIÓN Declararon FUNDADO el recurso de casación  interpuesto por la demandada, San Miguel Industrias Pet  Sociedad Anónima, mediante escrito presentado el diez de  julio de dos mil diecinueve (fojas trescientos cuarenta y seis  a trescientos sesenta y ocho); CASARON la sentencia de  vista de fecha trece de junio de dos mil diecinueve (fojas  trescientos seis a trescientos treinta y cuatro); ORDENARON  que la Sala Laboral emita nuevo pronunciamiento,  fundamentando adecuadamente su decisión con arreglo a  ley y observando las consideraciones que se desprenden de  este pronunciamiento. DISPUSIERON la publicación de la  presente resolución en el diario oficial “El Peruano”,  conforme a ley; en el proceso seguido por la parte  demandante, Sindicato de Trabajadores San Miguel  Industrias Pet, sobre reintegro de remuneraciones y otros;  interviniendo como ponente el señor juez supremo Malca  Guaylupo; y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MALCA  GUAYLUPO, PINARES SILVA DE TORRE, ATO ALVARADO,  CARLOS CASAS. LA SECRETARIA DE LA SEGUNDA  SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL  TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  DE LA REPÚBLICA CERTIFICA que el sentido del voto  suscrito del señor juez supremo ARÉVALO VELA fue dejado  oportunamente, conforme se desprende de la copia de la  tabla de votación, en cumplimiento a lo establecido en el  artículo 149 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica  del Poder Judicial, agregándose copia de la tabla de votación  a la presente resolución. 1  Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo  Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado  Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la  resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver el proceso a la instancia  inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca,  si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados  por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida  a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema  dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un  nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara  nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió. 2  DEVIS ECHANDÍA, “Teoría General del Proceso”. Tomo I, 1984, páginas 49-50. C-2136194-332