CASACIÓN N° 25974-2021 LIMA
Materia: Acción Contencioso Administrativo Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación Artículo 48 de la Ley N° 24029 PROCESO ORDINARIO Lima, doce de agosto de dos mil veintidós VISTOS;  y,  CONSIDERANDO:  PRIMERO:  Viene  a  conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación  interpuesto por la Procuraduría Pública a cargo de losAsuntos Judiciales del Ministerio de Educación, de fecha  seis de abril de dos mil veintiuno, obrante a fojas ciento trece  del expediente principal, contra la sentencia de vista, de fecha  diecinueve de enero de dos mil veintiuno, obrante a fojas  noventa y tres, que: CONFIRMÓ la sentencia emitida en  primera instancia, de fecha diecinueve de junio de dos mil  veinte, obrante a fojas setenta y siguientes, en el extremo que  declaró fundada la demanda. Por lo que, conforme a lo  previsto en los artículos 34° y 35° del Texto Único Ordenado  de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso  Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 011- 2019-JUS concordante con el artículo 387º del Código  Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, aplicable  supletoriamente al caso de autos, se debe proceder a calificar  los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio  impugnatorio establecidos en los artículos 387° y 388° del  Código Procesal Civil, conforme a las modificaciones  dispuestas por la acotada Ley N° 29364. SEGUNDO: El  recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos  en el artículo 387° del Código Procesal Civil, pues se advierte  que: i) se impugna una resolución expedida por la Sala  Superior respectiva que, como órgano de segundo grado,  pone fin al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala que  emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro del  plazo de diez días de notificada la recurrente con la resolución  impugnada, y, iv) no adjunta tasa judicial por concepto de  casación, al encontrarse exonerado por ser una entidad del  Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 47 de la  Constitución Política. TERCERO: Antes de analizar los  requisitos de procedencia, resulta necesario precisar que el  recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario  que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente  jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración  probatoria; por ello, sus fines esenciales son la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la  uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema; para coadyuvar a dichos fines, la fundamentación  del recurso debe ser clara, precisa y concreta; debiendo  indicarse ordenadamente cuáles son las denuncias que  configuran la infracción normativa que incide directamente  sobre la decisión impugnada o desarrollando las razones por  las cuales se sostiene que se habría producido el apartamiento  inmotivado de un precedente judicial. CUARTO: En cuanto a  las causales del recurso, estas se encuentran contempladas  en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el  artículo 1 de la Ley N° 29364, en el cual se señala que: «El  recurso de casación se sustenta en la infracción normativa  que incida directamente sobre la decisión contenida en la  resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del  precedente judicial». Asimismo, los numerales 1 al 4 del  artículo 388 del Código Procesal Civil establecen los requisitos  de procedencia del recurso: i) que el recurrente no hubiera  consentido la sentencia de primera instancia que le fue  adversa, cuando esta fuera confirmada por la resolución  objeto del recurso; ii) se describa con claridad y precisión la  infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial;  así como, iii) demostrar la incidencia directa de la infracción  sobre la decisión impugnada; y, finalmente iv) indicar si el  pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO: El  recurso de casación interpuesto cumple con la exigencia  prevista en el citado artículo 388 numeral 1 del Código  Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la parte  recurrente interpuso recurso de apelación (obrante a fojas  ochenta) contra la sentencia de primera instancia, porque la  misma le resultó adversa. Asimismo, en cumplimiento del  numeral 4 del mencionado artículo la parte recurrente señala  que su pedido casatorio principal es anulatorio y de forma  subordinada revocatorio. SEXTO: De la revisión del recurso  de casación materia de calificación, esta Sala Suprema  distingue que se denuncian las siguientes causales casatorias:  i) Infracción normativa procesal respecto a los incisos 3)  y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú,  se ha infringido el principio del debido proceso y tutela jurídica  efectiva, en el sentido de omitir pronunciarse de un agravio  expuesto en su recurso de apelación y solo trasladar dicho  pronunciamiento al juzgado que verá la etapa de ejecución.  Asi también, se da una afectación al principio de legalidad al  pretender que se liquide la bonificación reclamada sobre  todos los conceptos de pago que percibe la parte demandante  en el mes, sin diferenciar aquellos que tienen o no la  naturaleza de ser remunerativos. ii) Infracción normativa de  derecho material por la inaplicación de la Ley N° 25671,  Decreto Supremo N° 081-93, Decreto de Urgencia N° 080- 94, Decreto de Urgencia N° 090-96, Decreto Supremo N°  019-94-PCM, Decreto Supremo N° 021-92, Decreto  Supremo N° 261-91-EF, Decreto de Urgencia N° 073-97,  Decreto de Urgencia N° 011-99, Decreto Supremo N° 065- 2003 por cuanto la Novena Sala Laboral de Lima, ha omitidola aplicación de las mismas al desestimar el agravio formulado,  sin considerar que el propio texto de las referidas normas, las  excluye para ser utilizadas como base de cálculo para el  reajuste de beneficios, bonificaciones, asignaciones y  procede a trasladar dicho pronunciamiento al Juzgado  Ejecutor. iii) Infracción normativa de derecho material por  aplicación indebida del artículo 48° de la Ley N° 24029,  modificada por la Ley N° 25212, señala que tal dispositivo  solo es aplicable a docente en actividad; por lo que la  sentencia de vista transgrede la Ley N° 29944. iv) Infracción  normativa respecto a la Ley N° 28449, el cual establece que  el artículo 4 de la Ley N° 28449, estableció que: “está  prohibida la nivelación de pensiones con las remuneraciones  y con cualquier ingreso previsto para los empleados o los  funcionarios públicos” SÉPTIMO: Del examen de la causal  alegada en el acápite i, iii y iv), advertimos que, si bien la  entidad recurrente indica las normas que, a su criterio, se han  infringido al emitirse la sentencia de vista, expresa argumentos  referidos a supuestos fácticos debatidos y resueltos por los  órganos de grado, que pretenden cuestionar sus criterios,  como si esta Suprema Sala se tratara de una tercera instancia;  propósito que evidentemente no se condice con la naturaleza  ni con los fines del recurso extraordinario de casación  previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil.  OCTAVO: Al respecto, cabe resaltar que la instancia de  mérito, dando respuesta a los agravios expuestos en el  recurso de apelación interpuesto por la emplazada (ahora  recurrente), con previo análisis del contenido normativo de  Ley Nº 24029, modificada por la Ley Nº 25212, y los Decreto  Supremos N.os 019-90-ED y 051-91-PCM, determinó con  motivación suficiente que la bonificación especial por  preparación de clases y evaluación prevista en el artículo 48  de la citada ley, se calcula sobre la base de la remuneración  total y que la definición de aquellos conceptos que no pueden  ser parámetro de cálculo del acotado beneficio deberá ser  determinado en etapa de ejecución de sentencia, para lo cual  debe considerarse la periodicidad del tiempo y regularidad en  el monto, a fin de establecer el carácter remunerativo de cada  concepto. NOVENO: Es importante precisar que lo señalado  guarda armonía con el criterio asumido por las Salas de la  Corte Suprema de Justicia de la República en uniforme y  reiterada  jurisprudencia,  tomando  en  consideración,  principalmente, el precedente vinculante recaído en la  casación Nº 6871-2013 Lambayeque, de fecha 23 de abril de  2015, en cuyo décimo tercero considerando la Segunda Sala  de Derecho Constitucional y Social Transitoria estableció lo  siguiente: “(…). Para determinar la base de cálculo de la  Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación,  se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra  establecida en el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del  Profesorado, modificado por la Ley N° 25212 y no la  remuneración total permanente prevista en el artículo 10° del  Decreto Supremo N° 051-91-PCM” y en su fundamento  décimo cuarto se estableció lo siguiente: “(…) Por el principio  de progresividad y no regresividad de los derechos  fundamentales no puede desconocerse que la Bonificación  Especial por Preparación de Clases y Evaluación, que fue  reconocida a favor de los pensionistas del régimen del  Decreto Ley N° 20530, forme parte de la pensión (…)  debiendo únicamente corregirse la base de cálculo al haber  sido reconocida por la administración”, precisando más  adelante: “La demanda sustentada en un recálculo de la  Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación,  en la medida que el demandante lo viene percibiendo, no  constituye una nivelación pensionaria; se trata simplemente  de un recálculo de una bonificación (…)”. Por lo tanto, estas  causales resultan improcedentes; lo cual es de obligatorio  cumplimiento en mérito de lo previsto en el artículo 36 del  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584. DÉCIMO: Ahora  bien, en cuanto a la causal alegada en el acápite ii),  observamos que la recurrente identificó cuerpos normativos  que habrían sido inaplicados por la Sala de mérito, sin  exponer –con precisión y claridad– cuál o cuáles de los  artículos contenidos en ellos deberían de aplicarse al caso  concreto, limitándose a efectuar una escueta descripción de  los alcances de la Ley Nº 25671, así como de los Decretos  Supremos N.os 081-93-EF, 019-94-PCM, 021-92-PCM, 261- 91-EF y 065-2003-EF y los Decretos de Urgencia N.os 080-94,  090-96, 073-97 y 011-99, a través de fundamentos imprecisos  que no cumplen con demostrar la probable incidencia directa  de la infracción de los referidos decretos sobre lo resuelto por  la Sala de mérito. En consecuencia, corresponde declarar la  improcedencia  de  la  causal  examinada.  Por  estas  consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del  Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el  recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Pública  a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de  Educación, de fecha seis de abril de dos mil veintiuno,obrante a fojas ciento trece del expediente principal, contra la  sentencia de vista, de fecha diecinueve de enero de dos mil  veintiuno, obrante a fojas noventa y tres. DISPUSIERON la  publicación de la presente resolución en el diario oficial “El  Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso  administrativo seguido por Rosa Fedima Palacios Marigorda  contra la parte recurrente y otra, sobre nulidad de resolución  administrativa; y devolvieron los actuados. Interviene como  ponente la señora Jueza Suprema Tejeda Zavala. S.S.  TORRES VEGA, ARAUJO SÁNCHEZ, GÓMEZ CARBAJAL,  TEJEDA ZAVALA, MAMANI COAQUIRA. C-2136195-153