CASACIÓN Nº 27744-2019 LIMA
MATERIA: Nulidad de despido Sumilla: Cuando el trabajador demandante alegue que  el despido del que ha sido objeto vulnera su derecho a  la libertad sindical, deberá aportar indicios razonables de  los que se pueda deducir una presunción no plena, que el  término de la relación laboral obedeció a su afiliación sindical  o a su participación en actividades sindicales; por su parte,  el empleador demandado solo podrá destruir esa presunción  de despido antisindical probando fehacientemente que su  decisión obedeció a un móvil razonable. Lima, diecisiete de agosto de dos mil veintidós VISTA; la causa número veintisiete mil setecientos cuarenta y  cuatro, guion dos mil diecinueve, LIMA; interviniendo como  ponente el señor juez supremo Ato Alvarado, en audiencia  pública de la fecha; y luego de efectuada la votación con  arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL  RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por  la parte demandada, Aris Industrial Sociedad Anónima,  mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos  mil diecinueve, que corre de fojas doscientos cincuenta y  nueve a doscientos sesenta y siete, contra la Sentencia de  Vista de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, que  corre de fojas doscientos dieciocho a doscientos veintinueve,  que confirmó la Sentencia emitida en primera instancia de  fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, que corre de  fojas ciento sesenta a ciento ochenta y tres, que declaró  fundada la demanda; en el proceso seguido por la parte  demandante, David Ricardo Vidal Vicencio, sobre Nulidadde despido. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución  de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, que corre  de fojas ochenta y cuatro a ochenta y ocho del cuaderno de  casación, se declaró procedente el recurso interpuesto por la  parte demandada, por la causal de: Infracción normativa por  Interpretación errónea de los incisos a) y c) del artículo 29° del  Texto Único Ordenado del Decreto L egislativo número 728,  Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por  Decreto Supremo número 003-97-TR. Correspondiendo  emitir pronunciamiento al respecto. CONSIDERANDO:  Primero: Antecedentes del caso A fin de establecer la  existencia de la infracción arriba señalada es necesario  plantear un resumen del desarrollo del proceso: 1.1.-  Pretensión: Se aprecia de la demanda que corre de fojas  ochenta y uno a noventa y cuatro, que el demandante  pretende la nulidad de su despido por las causales previstas  en los literales a) y c) del artículo 29° del Texto Único  Ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de  Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto  Supremo número 003-97-TR, la reposición al centro de  labores y puesto de trabajo, con el pago de las remuneraciones  dejadas de percibir desde la fecha de su despido hasta su  reposición, más costas y costos del proceso. 1.2.- Sentencia  de primera instancia: El Décimo Noveno Juzgado  Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior  de Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha veintitrés  de agosto de dos mil dieciocho, que corre de fojas ciento  sesenta a ciento ochenta y tres, declaró Fundada La  demanda,  ordenando  la  reposición  del  demandante,  señalando que se ha llegado a determinar como un indicio  razonable del despido del demandante se produjo por  participar en actividades sindicales e instaurar un proceso  judicial contra la demandada; estos indicios acreditan el  hecho lesivo del despido, es la demandada quien tiene que  demostrar que este hecho lesivo se sustente en elementos  objetivos, razonables y proporcionales. 1.3.- Sentencia de  segunda instancia: La Sétima Sala Laboral Permanente  de la misma Corte Superior de Justicia, emite la sentencia de  fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, que  corre de fojas doscientos dieciocho a doscientos  veintinueve, confirmando la sentencia apelada, al precisar  que la verdadera causa del despido del demandante fue por  su participación en actividades sindicales y en un proceso  contra el empleador, los que además determinan el nexo  causal que existe entre los actos y el proceso judicial antes  mencionados y el despido del demandante; lo que significa  que la demandada ha despedido al demandante por  represalia. Infracción normativa Segundo: La infracción  normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las  normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una  resolución, originando con ello que la parte que se considere  afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso  de casación. De la interpretación errónea de los incisos a) y c)  del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto  Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad  Laboral, aprobado por Decreto Supremo número 003-97-TR.  Tercero: La normativa cuestionada en casación establece lo  siguiente: “Artículo 29º.- Es nulo el despido que tenga por  motivo: a) La afiliación a un sindicato o la participación en  actividades sindicales; c) Presentar una queja o participar en  un proceso contra el empleador ante las autoridades  competentes, salvo que configure la falta grave contemplada  en el inciso f) del artículo 25; ”. Delimitación del objeto de  pronunciamiento Cuarto: El tema en controversia está  relacionado a determinar si el despido es nulo por la  participación sindical del demandante como Secretario de  Relaciones  Exteriores  del  Sindicato  de  la  empresa  demandada, y por haber interpuesto demanda laboral sobre  reintegro de remuneraciones tramitada ante el Tercer Juzgado  de Paz Letrado de Lima, Expediente Nº 1930 -2017; o si por  el contrario, el despido es consecuencia del incumplimiento  de obligaciones al trabajo que suponen el quebrantamiento  de la buena fe, resistencia a las órdenes y/o la inobservancia  Reglamento Interno de Trabajo, previstas en el literal a) del  artículo 25°del Texto Único Ordenado de la Ley de Productiv  idad y Competitividad Laboral. Respecto a la Libertad Sindical  Quinto: La libertad sindical ha sido objeto de reconocimiento  como un derecho fundamental de la persona, en jurisprudencia  nacional y en instrumentos internacionales aprobados al  respecto, algunos de los cuales, dada su importancia,  mencionamos  en  las  líneas  siguientes:  Declaración  Universal de los Derechos Humanos, suscrita y proclamada  en París el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y  ocho por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su  Resolución número 217, aprobada por el Perú mediante  Resolución Legislativa número 13282 el nueve de diciembre  de mil novecientos cincuenta y nueve, que en su artículo  23°establece: “Artículo 23. 4. Toda persona tiene derecho afundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus  intereses”. El Tribunal Constitucional define la libertad sindical  en los términos siguientes: “26. Se la define como la capacidad  autodeterminativa para participar en la constitución y  desarrollo de la actividad sindical (STC Nº 008-2005-PI/TC,  fundamento 26)” Protección de la libertad sindical en el  derecho positivo nacional Sexto: La Constitución Política de  1993, en su inciso 1), artículo 28°, establece que el Estado:  “1. Garantiza la libertad sindical”. La libertad sindical también  es objeto de protección a nivel infraconstitucional por la  legislación laboral peruana, específicamente en el precitado  artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo  número 728: ”Artículo 29.- Es nulo el despido que tenga por  motivo: a) La afiliación a un sindicato o la participación en  actividades sindicales; (…)”. La falta grave laboral Séptimo:  Al mismo tiempo resulta pertinente definir la falta grave, en  relación a las obligaciones que tiene el trabajador respecto  del empleador y se caracteriza por ser una conducta contraria  a la que se deriva del cumplimiento cabal de aquellas1. Si bien  la falta grave imputada al trabajador hace emerger el derecho  del empleador a despedirlo, también es cierto que debe  tenerse presente lo previsto en el artículo 37° del Texto Único  Ordenado del Decreto Legislativ o 728, Ley de Productividad  y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo  003-97-TR, que señala que ni el despido ni el motivo alegado  se deducen o presumen, quien los acusa debe probarlos,  correspondiendo al empleador probar la causa de despido y  al trabajador la existencia de la misma cuando la invoque.  Medios probatorios de la nulidad de despido Octavo: La  dimensión y trascendencia de la sanción jurídica del despido  nulo, que otorga tutela restitutoria al trabajador, origina que la  carga probatoria a efectos de acceder a esta tutela sea de  difícil ejercicio o consecución, por lo que, la jurisprudencia ha  señalado la necesidad de mesurar dicha carga mediante el  empleo de la prueba indiciaria. Esta Sala Suprema en  cumplimiento a su finalidad de unificar la jurisprudencia  laboral, ha establecido como precedente vinculante en la  Casación Laboral número 12816-2015-LIMA de fecha ocho  de abril de dos mil dieciséis, respecto al despido nulo por  agravio a la libertad sindical, el siguiente criterio: “Cuando el  trabajador demandante alegue que el despido del que ha sido  objeto vulnera su derecho a la libertad sindical, deberá aportar  indicios razonables de los que se pueda deducir una  presunción no plena, que el término de la relación laboral  obedeció a su afiliación sindical o a su participación en  actividades sindicales; por su parte el empleador demandado  solo podrá destruir esa presunción de despido antisindical  probando fehacientemente que su decisión obedeció a un  móvil razonable, como es caso de la comisión de una falta  grave o la presencia de una causa justa de extinción del  contrato de trabajo. No podrá invocar como causa razonable  para la terminación de la relación laboral el vencimiento del  plazo de contratos celebrados fraudulentamente con violación  de las leyes laborales”. Solución del caso concreto Noveno:  Respecto a la interpretación errónea del inciso a) del artículo  29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número  728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado  por Decreto Supremo número 003-97-TR. El Colegiado  Superior determinó que si bien la demandada imputó como  causal del cese del demandante la falta grave del trabajador  por el incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone  el quebrantamiento de la buena fe laboral, no logró acreditar  que dicha falta sea válida, desde que las pruebas para  sustentar el despido no resultan suficientes ni contundentes  para estimar la imputación. Décimo: Al respecto, se debe  tener en cuenta que la emplazada mediante carta de  imputación de cargos obrante de fojas seis a once, señala  que con fecha dos de agosto de dos mil diecisiete en el Turno  II siendo las 16.16, al demandante se le encontró laborando  en la planta PUM (Planta de usos múltiples), zona del Reactor  Nº 2 a sabiendas que el botón que acciona la alarm a que  controla la temperatura del Reactor Nº 2, no se encontraba  operativo, es d ecir, no sonaba, situación observada por el  Jefe de Turno Nolasco Tarrillo al revisar el área de trabajo  encuentra el nivel de temperatura del citado reactor en 93.2  grados centígrados, sin que se active la alarma incorporada  para prevenir accidentes. Ello en circunstancias en que el  botón pulsador si bien se encontraba con su protector de  silicona, debajo del pulsador se encontraba bloqueado por un  mondadientes que impedía que la alarma sonara pese a la  subida de la temperatura; de ello se puede inferir que la falta  imputada al trabajador es a consecuencia de la negligencia  en sus labores al no evaluar y reportar las condiciones de  funcionamiento anormal en la temperatura de la maquina  Reactor Nº 2 con el potencial peligro de un accidente grav e  de trabajo que involucrara a su persona, demás trabajadores  y la planta de producción en general, lo que se condice con  las pruebas aportadas al proceso, dado que estos hechos nopueden ser soslayados a efectos de determinar la conducta  gravosa desarrollada por el trabajador. Décimo Primero:  Ahora bien, el demandante ha sostenido que su despido es  un acto de represalia, porque la empresa tomó conocimiento  de su designación como Secretario de Relaciones Exteriores  del Sindicato de Trabajadores Textiles y Químicos de Aris  Industrial Sociedad Anónima, por el periodo que comprende  desde el uno de enero de enero de dos mil diecisiete al treinta  y uno de diciembre de dos mil dieciocho, a fin de realizar  actividades sindicales; sin embargo, de acuerdo a lo descrito  en el considerando precedente, ha quedado determinado que  el despido del demandante fue válido y obedeció a una falta  grave, tal es así, que su elección como Secretario de  Relaciones Exteriores no significa un blindaje absoluto que  impida que se pueda aplicar las sanciones respectivas por las  faltas cometidas a un dirigente sindical, pues, de lo contrario  se  estaría  limitando  irrazonablemente  las  facultades  sancionadoras que corresponden a todo empleador. Décimo  Segundo: En ese contexto, el demandante pretende hacer  valer el despido como uno prohibido o ilícito; sin embargo, en  el proceso ha quedado probado que al demandante se le ha  imputado una falta grave respecto de un hecho que encierra  gravedad por estar vinculado a la seguridad en el trabajo, lo  que generó su despido por una causa establecida en la Ley;  pues conforme se ha señalado el demandante cometió falta  grave por el incumplimiento de sus labores que hacen  irrazonable la subsistencia de la relación laboral. Décimo  Tercero: Así las cosas, no se ha acreditado que el despido  del demandante haya sido a consecuencia de haber  desarrollado actividades sindicales, ya que su proceder  calificó como falta grave establecida en la norma; por lo que,  al haber demostrado la demandada la causa justa imputable  para el despido, se concluye que tal acto no ha sido nulo ni  basado en un motivo prohibido, conforme ha quedado  establecido en autos. Décimo Cuarto: En ese sentido, se  verifica la infracción normativa por interpretación errónea del  inciso a) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto  Legislativo Nº 728, aprobado por el Decret o Supremo Nº 003- 97-TR, pues, de acuerdo a los considerandos que anteceden,  se advierte que el despido efectuado fue por causa justa  contemplada en la Ley; razones por la que corresponde  declarar fundada la causal invocada. Décimo Quinto:  Respecto a la interpretación errónea del inciso c) del artículo  29°del Texto Único Ordenado del Decreto L egislativo número  728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado  por Decreto Supremo número 003-97-TR. El demandante  considera que su despido es un acto de represalia de la  empresa por el proceso judicial de reintegros remunerativos,  admitido por el Tercer Juzgado de Paz Letrado el dieciséis de  marzo de dos mil diecisiete, habiéndose realizado la audiencia  de conciliación un día antes de notificada la carta de preaviso  de despido de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete y  por haber suscrito diversos reclamos de trabajadores en su  calidad de dirigente sindical. Décimo Sexto: Al respecto,  resulta importante tener en cuenta cronológicamente, el  tiempo en que se habría realizado dichos reclamos y proceso  judicial, a fin de verificar si existe nexo de causalidad entre los  mismos y el acto del despido. Evaluando los actuados, se  advierte que el único documento judicial que presenta el  demandante es el admisorio de la demanda interpuesta por el  demandante contra la empresa demandada por ante el Tercer  Juzgado de Paz Letrado emitido con fecha dieciséis de marzo  de dos mil diecisiete; es decir, es una resolución emitida cinco  meses antes de producido el cese del demandante ocurrido el  dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, por lo que no existe  nexo causal de proximidad temporal de este hecho con el acto  de despido, ni de causalidad sustantiva, porque el proceso  judicial que se viene ventilando no versa sobre una pretensión  que tenga relación con el mantenimiento de la relación laboral  con el demandante, por lo que no se advierte que un pedido  de reintegro remunerativo sea una razón suficiente para  amparar los argumentos del demandante respecto a que su  despido fue por haber participado en un proceso contra el  empleador. Esta situación de falta de vinculación directa se  repite con las diversas cartas dirigidas a la parte empleadora  de fechas ocho de febrero de dos mil diecisiete, treinta y uno  de marzo de dos mil diecisiete, diecinueve de diciembre de  dos mil dieciséis, entre otras, en que el demandante suscribe  acompañado de toda la dirigencia sindical, pues las mismas  se han realizado con una antigüedad de seis a siete meses  antes al cese del demandante y no reflejan nexo de causalidad  entre su contenido y el cese del demandante ocurrido en  circunstancias de comisión de falta grave por el trabajador  demandante. Décimo Sétimo. En consecuencia, se verifica  la infracción normativa por interpretación errónea del inciso c)  del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto  Legislativo Nº 728, aprobado por el Decret o Supremo Nº 003- 97-TR, pues, de acuerdo a los considerandos que anteceden,se advierte que el despido efectuado fue por causa justa  contemplada en la Ley; por esta razón corresponde declarar  fundada la causal invocada. Por estas consideraciones y de  conformidad con lo establecido además por el artículo 41°de  la Ley número 29497, Nueva Ley Proc esal del Trabajo.  DECISIÓN Declararon FUNDADO el recurso de casación  interpuesto por la parte demandada, Aris Industrial Sociedad  Anónima, mediante escrito presentado el diecinueve de  agosto de dos mil diecinueve, que corre de fojas doscientos  cincuenta y nueve a doscientos sesenta y siete; en  consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha  veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, que corre de fojas  doscientos dieciocho a doscientos veintinueve; y actuando  en sede de instancia: REVOCARON la sentencia emitida  en primera instancia de fecha veintitrés de agosto de dos mil  dieciocho, que corre de fojas ciento sesenta a ciento ochenta  y tres, que declaró fundada la demanda, reformándola la  declararon INFUNDADA; DISPUSIERON la publicación de  la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”  conforme a Ley; en el proceso laboral seguido por la parte  demandante, David Ricardo Vidal Vicencio, sobre Nulidad  de despido; y los devolvieron. S.S. MALCA GUAYLUPO,  PINARES SILVA DE TORRE, ATO ALVARADO, LÉVANO  VERGARA, CARLOS CASAS 1  Blancas Bustamante, Carlos, “El despido en el derecho laboral Peruano”, Jurista  Editores. Tercera Edición, p. 193 C-2136194-362