CASACIÓN N° 28111-2018 LA LIBERTAD
Materia: PROCESO ESPECIAL Se debe tomar como declaración asimilada la resolución  emitida por la Oficina de Normalización Previsional – ONP  con fecha dos de enero de dos mil diecinueve, en aplicación  extensiva del artículo 221 del Código Procesal Civil. Lima, veintiuno de abril de dos mil veintidós LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa en audiencia  pública de la fecha; y, luego de verificada la votación con  arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA  DEL RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto ipor Patricia del Carmen Liza Reyes de Lezama (en calidad  de sucesora procesal del demandante José Liza Alfaro),  de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, obrante a  fojas doscientos treinta y cuatro, contra la sentencia de vista,  de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, obrante a  fojas doscientos veintiuno, que confirmó la sentencia de  primera instancia de fecha veinte de octubre de dos mil  quince, obrante a fojas ciento doce, que declaró infundada la  demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido  por la parte recurrente contra la Oficina de Normalización  Previsional – ONP sobre otorgamiento de Pensión de  Jubilación. II. CAUSALES DE CASACIÓN Mediante  resolución de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve,  obrante a fojas setenta y dos del cuaderno de casación, la  Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria  de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró  procedente el recurso de casación interpuesto, por las  causales de infracción normativa por interpretación  errónea del artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990,  modificado por la Ley Nº 29711 y apartamiento del  Precedente  Vinculante  dictado  por  el  Tribunal  Constitucional Expediente Nº 4762-2007-PA/TC, y por la  causal excepcional de infracción normativa del artículo 47  del Decreto Ley Nº 19990. III. ANTECEDENTES 1. Demanda  A través de escrito obrante a fojas trece, el demandante José  Liza Alfaro, interpuso demanda contra la Oficina de  Normalización Previsional – ONP, a fin de que se declare la  nulidad de las siguientes resoluciones: a) Resolución  Administrativa Nº 0000093707-2006-ONP/DC/DL 19990, de  fecha veintisiete de setiembre de dos mil seis y b) Resolución  Administrativa Nº 000001924-2008-ONP/GO/DL 19990, de  fecha cinco de marzo de dos mil ocho, mediante las cuales se  le denegaron su pensión de jubilación; y como consecuencia  se ordene a la emplazada otorgue pensión de jubilación en el  régimen especial de conformidad con el Decreto Ley Nº  19990, sin la aplicación del Decreto Ley N° 25967, ni la Ley Nº  26504, más el pago de devengados, intereses legales y  costos del proceso. 2. Sentencia de primera instancia Por  medio de la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil  quince, obrante a fojas ciento doce, el Segundo Juzgado de  Trabajo Permanente de Trujillo de la Corte Superior de  Justicia de La Libertad, declaró infundada la demanda, por  considerar, que el actor no acreditó el cumplimiento del  requisito establecido en el artículo 48 del Decreto Ley Nº  19990, esto es contar como mínimo con cinco (05) años de  aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones – SNP, pues  no existen medios probatorios adicionales e idóneos conforme  se ha indicado en la jurisprudencia vinculante del Tribunal  Constitucional, que acrediten fehacientemente los períodos  de aportaciones que el demandante alega tener, por ende, no  le corresponde percibir pensión de jubilación dentro del  Régimen especial del Decreto Ley N° 19990; en consecuencia,  corresponde desestimar la pretensión demandada, así como,  las pretensiones relacionadas con el pago de devengados e  intereses legales. 3. Sentencia de vista Por medio de la  sentencia de vista de fecha diecisiete de mayo de dos mil  dieciocho, obrante a fojas doscientos veintiuno, la Cuarta Sala  de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, confirmó la  sentencia de primera instancia que declaró infundada la  demanda, por considerar, que no corresponde al actor percibir  pensión de jubilación dentro del Régimen especial del Decreto  Ley N° 19990, al no haber acreditado los cinco (05) años de  aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, conforme a  lo establecido en el artículo 48 del Decreto Ley N° 19990, en  consecuencia,  corresponde  desestimar  la  pretensión  demandada, así como, las pretensiones relacionas con el  pago de devengados e intereses legales. IV. ANÁLISIS  PRIMERO: La Corte Suprema de Justicia de la República,  como órgano de casación ostenta atribuciones expresamente  reconocidas en la Constitución Política del Perú, desarrolladas  en el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica  del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017- 93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e  independencia en el ejercicio de la función casatoria que  desempeña en la revisión de casos. SEGUNDO: La infracción  normativa constituye un vicio de derecho en que incurre el  juzgador en una resolución, determinando que el caso sea  pasible de ser examinado por medio del recurso de casación,  siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido.  En tal sentido, se puede conceptualizar la infracción normativa  como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la  Sala Superior de Justicia al emitir una resolución que pone fin  al proceso, dando apertura a que la parte que se considere  afectada pueda interponer el recurso de casación. TERCERO:  Asimismo, la infracción normativa, subsume las causales que  fueron contempladas anteriormente en el Código Procesal  Civil en su artículo 386, relativas a interpretación errónea,  aplicación indebida e inaplicación de una norma de derechomaterial e, incluso, se incluyen otro tipo de normas como son  las de carácter adjetivo. Dentro del contexto, corresponde en  primer término, por cuestión de orden, emitir pronunciamiento  sobre la causal de naturaleza procesal, pues de ser amparada  ésta, por su efecto, carecería de objeto emitir pronunciamiento  sobre las demás. CUARTO: Es derecho fundamental del  ciudadano, el obtener de la administración pública decisiones  congruentes y coherentes, así como es obligación del Poder  Judicial efectuar el respectivo control jurídico conforme a lo  señalado anteriormente. Por ello, es posible afirmar que la  existencia de una vulneración de los principios del debido  proceso en detrimento de los derechos del demandante,  mereciendo un pronunciamiento por parte de esta Sala  Suprema dirigido a tutelarlos. En este sentido, teniendo en  consideración que en el presente caso únicamente se declaró  procedente el recurso de casación por causales de naturaleza  material, corresponde emitir pronunciamiento analizando  dichas causales, con el consiguiente efecto revocatorio, en  caso alguna fuese declarada fundada. Delimitación de la  controversia QUINTO: Estando a lo señalado, y en  concordancia con las causales por las que fue admitido el  recurso de casación, consistente en: infracción normativa  por interpretación errónea del artículo 70 del Decreto Ley  Nº 19990, modificado por la Ley Nº 29711 y apartamiento  del Precedente Vinculante dictado por el Tribunal  Constitucional Expediente Nº 4762-2007-PA/TC, y por la  causal excepcional de infracción normativa del artículo 47  del Decreto Ley Nº 19990; concierne a esta Sala Suprema  examinar las causales de naturaleza material; determinando  si la Sala Superior infringió o no las normas citadas, al  confirmar la sentencia apelada que declaró infundada la  demanda. Análisis SEXTO: Respecto a la causal de  Infracción normativa del artículo 70 del Decreto Ley N°  19990, modificado por la Ley N° 29711, debe indicarse lo  siguiente: 6.1. En cuanto al reconocimiento de los períodos de  aportación al Sistema Nacional de Pensiones, el Decreto Ley  Nº 19990 establece en su artículo 70 lo siguiente: “Artículo  70.- Para los asegurados obligatorios son períodos de  aportación los meses, semanas o días en que presten, o  hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar  las aportaciones a que se refieren los artículos 7 al 13, aun  cuando el empleador, o la empresa de propiedad social,  cooperativa o similar, no hubiese efectuado el pago de las  aportaciones. Son también períodos de aportación los de  licencia con goce de remuneración otorgada por enfermedad  o maternidad a los trabajadores del Sector Público Nacional  regidos por la Ley Nº 11377. Se consideran períodos de  aportación los siguientes: a) Los períodos durante los cuales  el asegurado haya estado en goce de subsidios de  enfermedad-maternidad; y b) Los períodos durante los cuales  el asegurado haya estado en goce de subsidios diarios por  incapacidad temporal otorgados de conformidad con lo  dispuesto en el Decreto Ley Nº 18846. (*) (*) Artículo  modificado por la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la  Ley N° 28991, publicada el 27 marzo 2007, que a su vez fue  modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29711, publicada el  18 junio 2011, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 70. Los  aportes, períodos de aportaciones y obligaciones del  empleador Para los asegurados obligatorios, son períodos  de aportaciones los meses, semanas o días que presten o  hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar  las aportaciones a que se refieren los artículos 7 al 13. Son  también períodos de aportaciones las licencias con goce de  remuneraciones otorgadas por ley o por el empleador, así  como los períodos durante los que el asegurado haya estado  en goce de subsidio. Corresponde al empleador cumplir con  efectuar la retención y el pago correspondiente por concepto  de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de  sus trabajadores. Sin embargo, es suficiente que el trabajador  pruebe adecuadamente su período de labores para considerar  dicho lapso como período de aportaciones efectivas al SNP.  De la misma forma, las aportaciones retenidas que no hayan  sido pagadas al SNP por el empleador son consideradas por  la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en el cómputo  del total de años de aportación, independientemente de las  acciones que realice la ONP para el cobro de las mismas,  conforme a ley. Son medios probatorios idóneos y  suficientes para demostrar períodos de aportaciones, los  certificados de trabajo, las boletas de pago de  remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o  de beneficios sociales, las constancias de aportaciones  de la Oficina de Registro y Cuenta Individual Nacional de  Empleadores Asegurados (ORCINEA), del Instituto  Peruano de Seguridad Social (IPSS) o de EsSalud y  cualquier documento público conforme al artículo 235 del  Código Procesal Civil. Carece de sustento el no  reconocimiento por parte de la ONP de períodos de  aportaciones acreditados con los medios antedichos,argumentando que estos han perdido validez, que hay una  doble condición de asegurado y empleador, o que, según la  Tabla Referencial de Inicio de Aportaciones por Zonas,  establecida por el IPSS, en esa zona aún no se empezaba a  cotizar.” 6.2. De lo expuesto, se tiene que el asegurado puede  acreditar los aportes que realizó al Sistema Nacional de  Pensiones, presentando los medios probatorios detallados en  la norma (artículo 70) u otros (STC N° 04762-2007-PA/TC)  que deberán ser sometidos a una valoración conjunta,  teniendo siempre en consideración que el fin del análisis  probatorio es garantizar la protección del derecho a la pensión  del asegurado; la documentación que servirá para acreditar  los aportes pueden ser presentados en original, copia  legalizada o fedateada; sin embargo, la sola presentación en  copia simple de los mismos no generan convicción el  juzgador1 de su validez. 6.3. En el presente caso, las  instancias de mérito han llegado a determinar que los medios  probatorios presentados por la demandante no logran  acreditar que su causante haya tenido el mínimo de cinco (05)  años de aportaciones requeridos en el artículo 48 del Decreto  Ley Nº 19990, para acceder a una pensión de jubilación  especial, dado que los medios probatorios que adjunta han  sido declarados inválidos, por no crear convicción ni certeza.  Sin embargo, debe considerarse que la Oficina de  Normalización Previsional – ONP, mediante el escrito de  fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, obrante a  fojas treinta y seis del cuaderno de casación, solicitó la  conclusión anticipada del proceso y el archivo del mismo,  presentando como anexo, la Resolución Nº 0000048-2019- ONP/DPR.GD/DL 19990, de fecha dos de enero de dos mil  diecinueve, obrante a fojas cuarenta y uno del cuaderno de  casación, a través de la cual disponen otorgar pensión de  jubilación en el régimen especial del Decreto Ley N° 19990 a  José Liza Alfaro, en la suma actualizada de trescientos  cuarenta y seis con 00/100 soles (S/ 346.00) y el monto de  ochenta y seis con 50/100 soles (S/ 86.50), por concepto de la  Bonificación por Edad Avanzada, a partir del dieciséis de abril  de dos mil siete, reconociéndole un total de quince (15) años  y ocho (08) meses de aportes al Sistema Nacional de  Pensiones; asimismo, el pago por concepto de pensiones  devengadas por el importe de cincuenta y nueve mil con  quinientos trece con 40/100 soles (S/ 59,513.40) y la suma de  once mil doscientos cuarenta y siete con 45/100 soles (S/  11,247.45) por concepto de intereses legales a favor del  demandante. Por lo tanto, se debe tomar como declaración  asimilada la resolución emitida por la Oficina de Normalización  Previsional – ONP con fecha dos de enero de dos mil  diecinueve, en aplicación extensiva del artículo 221 del  Código Procesal Civil. 6.4. En ese sentido, corresponde  precisar que en el marco de la aplicación de la Ley N° 30927,  Ley que faculta a la Oficina de Normalización Previsional para  conciliar, desistirse, transigir o allanarse en los procesos  judiciales en materia previsional del Régimen Pensionario  establecido por el Decreto Ley N° 19990, al contar con mejor  posición y acceso al bagaje probatorio se descarta una  afectación del principio de la prohibición de la reforma en  peor; y por el contrario, dicha conducta debe ser entendida  como una forma de colaboración de la emplazada con la  Administración de Justicia, para la solución del presente  conflicto. En consecuencia, se advierte que en el presente  proceso debe ser estimada la causal de infracción normativa  del artículo 70 del Decreto Ley N° 19990; careciendo de  objeto analizar la causal de infracción normativa del artículo  47 del Decreto Ley N° 19990. SÉPTIMO: Este Supremo  Tribunal considera que en ejercicio de la facultad conferida  por el artículo 396 párrafo primero del Código Procesal Civil y  considerando el reconocimiento de los años de aportación y  consiguiente otorgamiento de pensión de jubilación del  régimen especial por parte de la entidad emplazada,  corresponde casar la sentencia de vista y actuando en sede  de instancia revocar la sentencia apelada que declaró  infundada la demanda y reformándola declararla fundada,  con el propósito de otorgarle seguridad jurídica al demandante,  a fin de que no se vea supeditado a decisiones administrativas  posteriores que controviertan nuevamente lo resuelto en este  proceso. V. DECISIÓN Por estas consideraciones y según lo  dispuesto por el artículo 396 del Código Procesal Civil,  declararon FUNDADO el recurso de casación, interpuesto por  Patricia del Carmen Liza Reyes de Lezama (en calidad de  sucesora procesal del demandante José Liza Alfaro), de  fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, obrante a  fojas doscientos treinta y cuatro; en consecuencia, CASARON  la sentencia de vista de fecha diecisiete de mayo de dos mil  dieciocho, obrante a fojas doscientos veintiuno; y, actuando  en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada de  fecha veinte de octubre de dos mil quince, obrante a fojas  ciento doce, que declaró infundada la demanda; y,  REFORMÁNDOLA declararon fundada la misma; enconsecuencia, NULA la Resolución Administrativa Nº  0000093707-2006-ONP/DC/DL 19990, de fecha veintisiete de  setiembre de dos mil seis y la Resolución Administrativa Nº  000001924-2008-ONP/GO/DL 19990, de fecha cinco de  marzo de dos mil ocho. ORDENARON que la entidad  demandada cumpla con lo dispuesto en la Resolución Nº  0000048-2019-ONP/DPR.GD/DL 19990, de fecha dos de  enero de dos mil diecinueve, obrante a fojas cuarenta y uno  del cuaderno de casación; y se otorgue a la parte accionante  pensión de jubilación en el régimen especial del Decreto Ley  N° 19990, en la suma actualizada de trescientos cuarenta y  seis con 00/100 soles (S/ 346.00) y el monto de ochenta y seis  con 50/100 soles (S/ 86.50), por concepto de la Bonificación  por Edad Avanzada, a partir del dieciséis de abril de dos mil  siete, reconociéndole al causante de la recurrente un total de  quince (15) años y ocho (08) meses de aportes al Sistema  Nacional de Pensiones – ONP; asimismo, el pago por  concepto de pensiones devengadas por el importe de  cincuenta y nueve mil quinientos trece con 40/100 soles (S/  59,513.40) y la suma de once mil doscientos cuarenta y siete  con 45/100 soles (S/ 11,247.45) por concepto de intereses  legales a favor de la demandante. DISPUSIERON la  publicación de la presente resolución en el diario oficial “El  Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por la parte  recurrente contra la Oficina de Normalización Previsional  – ONP, sobre otorgamiento de pensión de viudez. Avocándose  a la presente causa el Colegiado Supremo que suscribe.  Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Gómez  Carbajal. S.S. TORRES VEGA, ARAUJO SÁNCHEZ,  GÓMEZ  CARBAJAL,  TEJEDA  ZAVALA,  MAMANI  COAQUIRA. 1  Extremo precisado en la resolución de aclaración de la Sentencia del Tribunal  Constitucional Nº 04762-2007-PA/TC, de fecha 16 de octubre de 2008, fundamento  7 literal a. C-2136195-48